DISPOSITIVA En mérito de lo antes expuesto, este Juez Superior I de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, Administrando Justicia en el nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, salvaguardando el derecho constitucional de las partes a un juez imparcial, principio consagrado en el artículo 49 numeral 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela: DECLARA CON LUGAR la INHIBICION propuesta por la Jueza Suplente de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal MARÍA MERCEDES OCHOA, en el asunto signado con el Nº HP21-R-2016-000155, contentivo del recurso de apelación de auto presentado por los Abogados Vialexy Josefina Casadiego Jiménez y Alberto José Nelo Pargas Defensores Privados, en la causa seguida en contra de los ciudadanos ANZONI ISMAEL TOVAR VILLEGAS, RUPERTO ANTONIO JIMÉNEZ CAMACHO, DANNY JESÚS SEQUERA PÉREZ Y ÁNGEL ANTONIO CARREÑO FLORES, por la presunta comisión de los delitos .....

IV.- Decisión.- Por lo antes expuesto, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la circunscripción judicial del estado Cojedes, administrando justicia en nombre de las ciudadanas y ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, conforme a derecho, declara: Primero: Con Lugar la presente demanda Mero Declarativa de Unión Estable de Hecho (Concubinaria) intentada por el ciudadano Alí Ramón Romero, en contra de los ciudadanos Zulay Mercedes Rodríguez Abad, Guillermo Antonio Rodríguez Abad, Zulima del Valle Rodríguez Abad, jean Carlos Rodríguez Abad, Soraida Antonia González Abad y Alí Alexander Romero Abad, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad números V.6.349.515, V. 10.485.057, V. 13.593.515, V. 14.613.295, V. 15.630.866 y V. 18.850.286, en su condición de Herederos Conocidos de la De cujus, ciudadana Dolores Gicela Abad (+) identificada en vida con la Cédula de Identidad núm.....

Aunado a ello el principio de economía procesal persigue la optimización de los recursos empleados en la Administración de justicia; por lo que se plantea de aquellas demandas que no reúnen los requisitos mínimos, y la posibilidad de declarar LA INADMISIBILIDAD, lo cual se decide en el caso in commento. Es por lo que, con base a esta necesidad de tutela judicial efectiva que implica una respuesta oportuna, con celeridad y sencillez, y una verdadera obligación de los órganos jurisdiccionales analizar las pretensiones de los justiciables y procurar dar esa respuesta lo más breve posible. Y es por lo que para el justiciable, constituye una ventaja el hecho de que el Juez sabiendo de ante mano que la acción, en los términos planteados debe ser rechazada no espere la tramitación de un largo proceso para concluir, pudiendo haber dictado la decisión antes de iniciado el proceso, como en el presente caso, en virtud de que el ciudadano, WILMER EZEQUIEL APARICIO GONZALEZ, titular de la ce.....

En orden a los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, declara PRIMERO: HA LUGAR LA CONSTITUCIÓN DEL GRUPO ECONÓMICO ALEGADO Y LA TRANSFERENCIA DEL ACCIONANTE. SEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR la presente demanda. Y así se decide.

Por la razones expuestas en la presente medida y en torno al articulado legal y constitucional supra reseñado en la misma, este Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, a fin de prestar una tutela preventiva e idónea, y tomando en cuenta que la presente decisión tiene carácter eminentemente de protección, asegurativa y provisional, tal como se dispone en la norma contenida en el articulado de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y la jurisprudencia vinculante emanada de la Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia, en concordancia con la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, que tienen como fin proteger y garantizar la seguridad y soberanía de la producción agroalimentaria del Estado venezolano, decide: PRIMERO: Se DECLARA COMPETENTE para conocer de la presente solicitud autónoma de Medida Cautelar de .....

Por las razones de hecho y de derecho expuestas, el TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN CARLOS Y RÓMULO GALLEGOS, TINACO Y LIMA BLANCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara CON LUGAR la Solicitud de Divorcio 185-A interpuesta por la ciudadana Carmen Mayeli Fuentes Contreras, contra el ciudadano Gilberto Enrique Quintero Pire, titulares de las cédulas de identidad Nº V-11.963.311 y Nº 11.990.981, respectivamente. En consecuencia, se declara disuelto el vinculo matrimonial que los unía y que contrajeran ante el Registro Civil del Municipio San Carlos, hoy Ezequiel Zamora del estado Cojedes, en fecha trece (13) de Julio del año mil novecientos noventa y dos (1992), Y así se decide.

Por todo lo anteriormente expuesto, este Juzgado Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos, Tinaco y Lima Blanco de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: CON LUGAR la solicitud de divorcio, presentada por los ciudadanos JOSE MANUEL FERRREIRA OJEDA y MARIA LAURA LUCENA MATUTE, con fundamento en lo previsto en el artículo 185-A del Código Civil. En consecuencia se declara el divorcio de los cónyuges ya identificados y queda disuelto el vínculo matrimonial que los unía. Así se decide.- Publíquese y regístrese. Déjese copia certificada de esta decisión por Secretaría.

este TRIBUNAL DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO ANZOÁTEGUI DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, sin perjuicio de terceros de igual o mejores derechos y a tenor de lo dispuesto en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, Resuelve: "Declarar bastantes y suficientes" las probanzas evacuadas para asegurarle a la ciudadana MAYELIS JOSEFINA LEON LUQUE, venezolana, mayor de edad, divorciada, titular de la Cédula de Identidad Número V-6.366.085, domiciliada en la Avenida Páez, Sector Santa Isabel, casa sin número, Parroquia San Diego de Cojedes, Municipio Anzoátegui, estado Cojedes; el derecho de propiedad sobre las mencionadas bienhechurías, cuyos linderos y demás especificaciones se indican en la solicitud.

Este Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Anzoátegui de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley; resuelve: Primero: Homologar el acuerdo celebrado entre los ciudadanos Mayra Yuliana Rodríguez Justo y Josué Eleazar Malpica Roa, titulares de la cédula de identidad Nros. V- 16.040.138 y V-14.272.968, respectivamente, respecto a la forma de pago de la obligación de manutención fijada en beneficio del niño de autos, garantizándole su interés superior establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente. Segundo: se insta al ciudadano Josué Eleazar Malpica Roa, antes identificado, a dar cumplimiento al acuerdo homologado por este Tribunal en fecha veintiséis (26) de julio de 2010, así como al planteado en este acto. Tercero: se insta a la ciudadana Mayra Yuliana Rodríguez Justo, para que tramite la revisión de la Obligación de Manutenci.....

este Tribunal resuelve: "Declarar bastantes y suficientes las probanzas evacuadas para asegurarle al(a) solicitante ciudadano(a) JORGE RAFAEL MORLOY SILVA, el derecho de propiedad sobre las mencionadas bienhechurias, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil y al principio constitucional de tutela judicial efectiva contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dejando a salvo los derechos de terceros". Devuélvase originales con sus resultas a la parte interesada. Publíquese, Regístrese y déjese copia de la presente decisión. No hay condenatorias en costra en virtud de la naturaleza del fallo.