Por lo antes expuesto, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado Zenobio Ojeda Sola en su carácter de Defensor Privado de los acusados, en contra de la decisión dictada en fecha 08 de Octubre de 2009, por el Juzgado de Primera Instancia en funciones de Control N° 01 de este Circuito Judicial Penal. SEGUNDO: Se RECTIFICA la pena impuesta a los ciudadanos SANCHEZ LUNA TAIRO JESUS y RODRIGUEZ VICTOR JOSE, titulares de las Cédulas de Identidad Nº 15.901.887 y 7.066.260 respectivamente, por lo que queda en definitiva la pena a imponer en OCHO (8) AÑOS DE PRESIDIO, más las penas accesorias contempladas en el artículo 13 del Código Penal, por la comisión de los delitos de ROBO DE VEHICULO AUTOMOTOR, AGAVILLAMIENTO Y PRIVACIÓN ILEGITIMA DE LIBER.....

Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR, el Recurso de Apelación, formulado por el abogado EDDIEZ SEVILLA, inscrito por ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 70.023, apoderada judicial de la parte actora ciudadanos: ALI ANTONIO APARICIO ORTA, ANDRES AVELINO OVIEDO GALLARDO, JOSE GREGORIO RUIZ RODRIGUEZ, JULIAN ANTONIO GUTIERREZ GRINZONES, MARIA DELFINA JASPEZ PERALTA, PEDRO AGUSTIN FARFAN, JUAN CARLOS SARMIENTO, SAMUEL ALVARADO CUYA, JUAN ANTONIO NIEVES, LUIS ALBERTO BOLIVAR ZAPATA y CARMELO ALEJANDRO RACERO PALACIO, titulares de la cédula de identidad Nros. V-8.442.936, 8.673.346, 15.359.592, 11.150.418, 12.368.532, 10.985.705, 10.985.185, 24.248.076, 14.602.877, 16.992.182 y E-81.814.191, respectivamente, en contra la decisión emanad.....

DECISIÓN Por todas las razones supra expuestas es por lo que estima el Tribunal de Ejecución con fundamento en el artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y, en el artículo 479 numeral 1º del Código Orgánico Procesal Penal; que, por la circunstancia determinada y precisada en el supra referido INFORME MÉDICO PSIQUIÁTRICO según el cual el paciente: CASTRO ARISMENDI, JOSÉ GREGORIO, presenta TRASTORNO MENTAL ORGÁNICO POR CONSUMO DE MÚLTIPLES SUSTANCIAS; lo que es un indicativo que el susodicho, actualmente, no está apto para asistir a una audiencia de imposición de cómputo de la pena en el contexto del presente caso, ni tampoco, para afrontar las consecuencias procesales que se deriven de dicha imposición. Lo procedente es por tanto, según el criterio de este juzgador, es establecer un tiempo de espera procesalmente prudente, a los fines de que el penado-paciente, a través de la aplicación del tratamiento ambulatorio prescrito supra, logre una mejoría s.....

Este juzgador coincide con los argumentos de la sentencia dictada en fecha 13 de enero de 2010, por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, en el sentido de que de autos se desprende que efectivamente la ciudadana YILFRAN DANIELA HERRERA APONTE, nació el 31 de julio de 1991, lo que devela que para el momento de la presentación de la solicitud de Homologación por parte del representante del Ministerio Publico, la beneficiaria había alcanzado los 18 años, por lo que necesariamente debe ser conocida por este Juzgado que es el competente por la materia, por tratarse el acuerdo cuya homologación se solicita, de materia permitida por el articulo 282 del Código Civil. Por las razones expuestas, este Tribunal administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, asume la competencia para conocer la solicitud Homologación de Acuerdo de Obligació.....

Por los razonamientos legales y doctrinarios antes expuestos, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la circunscripción judicial del estado Cojedes, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, conforme a derecho, se declara Ex Officio (de oficio) INCOMPETENTE por la materia y por el territorio para conocer de la presente solicitud presentada por el ciudadano NELSÓN ALFONSO MÉNDEZ RODRÍGUEZ, asistido de abogada, ambos suficientemente identificados en actas. Así se decide.-

En consecuencia, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, conforme a derecho, declara la PÉRDIDA DE INTÉRES de la peticionante en la actuación al haberse configurado la perención, y en consecuencia, ordena el archivo de la presente solicitud. Así se decide.-

DISPOSITIVA DEL FALLO Siendo así lo anteriormente indicado, y como quiera que de autos se desprende que en el presente juicio, se constata que transcurrió holgadamente mas del lapso establecido en los artículos antes señalados, es decir, tres (03) año, siete (07) meses y nueve (09) días en que la parte accionante, quien debería ser la mas interesada haya impulsado el proceso, no lo hizo, es por lo que este Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, con sede en la ciudad de San Carlos, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el juicio que por cobro de Prestaciones Sociales interpusiera el ciudadano CARLOS YOEL CHIRINOS GUTIERREZ, titular de la cédula de identidad No- 16.159.354, quien fue asistido por la Abg. GRACIELA NUÑEZ BENITEZ, identificada en las actas, contra la empresa C.....

DISPOSITIVA DEL FALLO Siendo así lo anteriormente indicado, y como quiera que de autos se desprende que en el presente juicio, se constata que transcurrió holgadamente mas del lapso establecido en los artículos antes señalados, es decir, tres (03) año, siete (07) meses y nueve (09) días en que la parte accionante, quien debería ser la mas interesada haya impulsado el proceso, no lo hizo, es por lo que este Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, con sede en la ciudad de San Carlos, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el juicio que por cobro de Prestaciones Sociales interpusiera el ciudadano DAVID EDUARDO SILVA VARGAS, titular de la cédula de identidad No- 13.593.871, quien fue asistido por la Abg. GRACIELA NUÑEZ BENITEZ, identificada en las actas, contra la empresa CONSE.....

Por todo lo antes expuestos y vista la solicitud presentada por el ciudadano ORLANDO ENRIQUE NATERA, antes identificado y estudiado el caso cuestionado, este Tribunal resuelve: "Declarar bastantes y suficientes las probanzas evacuadas para asegurarle a los ciudadanos, ORLANDO ENRIQUE NATERA, LUIS ALBERTO, MERY DORINA, ROSARIO JOSEFINA, JESÚS ALEXANDER, GLADYS MERCEDES y ODALIS TIBISAY, la cualidad de UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS de la ciudadana MARIA FRAINO MUÑOZ, con vocación hereditaria y derechos sobre el acervo de bienes quedantes al fallecimiento de la nombrada ciudadana, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil y al principio constitucional de tutela judicial efectiva contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dejando a salvo los derechos de terceros".

Ante los razonamientos expuestos, vista la solicitud presentada por el ciudadano JUAN DE DIOS SEQURA OJEDA, arriba suficientemente identificado y estudiado el caso cuestionado, este Tribunal resuelve: "Declarar bastantes y suficientes las probanzas evacuadas para asegurarle al solicitante el derecho de propiedad sobre las mencionadas bienhechurías, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil y al principio constitucional de tutela judicial efectiva contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dejando a salvo los derechos de terceros".