En base a los razonamientos de hecho y de derecho antes expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: INADMISIBLE la acción de amparo constitucional interpuesta por la ciudadana Marielba Castillo, de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.

DECISIÓN Por las razones supra expuestas, es por lo que este Tribunal de Ejecución, con fundamento en el artículo 479 numeral 1º del Código Orgánico Procesal Penal, y por cuanto el ciudadano Henry José Leal Acosta, en su carácter de propietario de la empresa denominada: CARPINTERÍA "DON PABLO", ubicada en Agua Blanca, estado Portuguesa; aún no ratificado la Oferta de Trabajo supra referida, formulada al penado ciudadano DANNYS SAÚL MARTÍNEZ SILVA, titular de la cédula de identidad Nº 15.868.234; estima, que lo procedente en esta oportunidad es citar al ciudadano Henry José Leal Acosta a los fines de la ratificación, o no, de dicha oferta. Todo esto es a los fines de precisar la veracidad de la misma.

DECISIÓN Por todas las razones supra expuestas, es por lo que este Tribunal en funciones de Ejecución, con fundamento en los artículo artículos 479 numeral 1º, y, 483, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, estima, que en esta oportunidad lo procedente es Convocar a una Audiencia Especial, a los fines de debatir en relación a las consecuencias procesales del resultado DESFAVORABLE que arrojaron los supra referidos Informes Psico-sociales de los penado de autos. En consecuencia, se fija como fecha para la realización de la Audiencia Especial a los fines de Resolver sobre el fondo de este asunto el día MARTES, 09 DE FEBRERO DE 2010 A LAS DIEZ HORAS DE LA MAÑANA; por cuanto el Tribunal, por la importancia del asunto a debatir, considera necesaria la realización de dicha audiencia.

En consecuencia, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, conforme a derecho, declara que se configuró la Pérdida de Interés de la peticionante en la actuación, tal como lo establece el artículo 64 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y se ordena su archivo. Así se decide.-

Por las razones expuestas, éste Tribunal Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la Ley y conforme a derecho declara: EXTINGUIDA LA INSTANCIA POR HABER OPERADO LA PERENCIÓN en el juicio que por COBRO DE BOLÍVARES 8PROCEDIMIENTO POR INTIMACIÓN), intentó la Sociedad Mercantil BANESCO, C.A., Banco Universal, contra los ciudadanos LUIS ALEXANDER TREJO BRUZUAL y JHONNY LECA PEREIRA, todos identificados en actas. Así se declara.

Por las razones de hecho y de derecho antes expuestos, este Juzgado de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la presente solicitud de Rectificación de Partida de Nacimiento presentada por la ciudadana MARIA DEL CARMEN HURTADO, debidamente asistida por la abogado en ejercicio YOLANDA BETANCOURT, suficientemente identificadas. En consecuencia, se ordena la Rectificación de la Partida de Nacimiento Nº 90, de los Libros de Nacimiento llevados por ante el Registro Principal del estado Cojedes, correspondiente al año 1948, y en tal sentido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 774 del Código de Procedimiento Civil, se ordena insertar en la referida partida de nacimiento, la nota correspondiente en donde se exprese como apellido de la solicitante "HURTADO", que es lo correcto; y no "URTADO", como erróneamente .....

Por las razones antes expuestas, este Juzgado de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la solicitud de Divorcio fundamentada en el artículo 185-A del Código Civil, y en consecuencia DISUELTO el vínculo matrimonial que unía a los ciudadanos LUIS ALBERTO MONASTERIOS MARTINEZ y AMARELIS DEL CARMEN ESQUEDA MOGOLLON, contraído el día 10 de febrero de 2001, por ante la Prefectura del Municipio Autónomo San Carlos del estado Cojedes.-

Ante los razonamientos expuestos, vista la solicitud presentada por el ciudadano JOSÉ HERMENEGILDO MORA SALAZAR, suficientemente identificado y estudiado el caso cuestionado, este Tribunal resuelve: "Declarar bastantes y suficientes las probanzas evacuadas para asegurarle al solicitante el derecho de propiedad sobre las mencionadas bienhechurías, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil y al principio constitucional de tutela judicial efectiva contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dejando a salvo los derechos de terceros".

Por las razones antes expuestas, este Juzgado de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la solicitud de Divorcio fundamentada en el artículo 185-A del Código Civil, y en consecuencia DISUELTO el vínculo matrimonial que unía a los ciudadanos CELIS MATUTE RAWILL FRANCOIS Y RIVAS GARCIA BRENYIR LUZ, contraído el día 29 de Abril de 1996, por ante la Prefectura del Municipio Autónomo San Carlos del estado Cojedes.-

Ante los razonamientos expuestos, vista la solicitud presentada por el ciudadano REINALDO ARGIMIRO PEREZ SUAREZ, suficientemente identificado y estudiado el caso cuestionado, este Tribunal resuelve: "Declarar bastantes y suficientes las probanzas evacuadas para asegurarle al solicitante el derecho de propiedad sobre las mencionadas bienhechurías, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil y al principio constitucional de tutela judicial efectiva contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dejando a salvo los derechos de terceros".