este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, de conformidad con lo establecido en el artículo 518 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, HOMOLOGA EL CONVENIMIENTO sobre Régimen de Convivencia Familiar suscrito por los ciudadanos Jaczulmer Gabriela Casadiego Salas y Luis José Rosales Martínez, venezolanos, mayores, de edad, titulares de la cedula de identidad Nº V.- 18.502.400 y V.- 16.771.165, en beneficio de la niña SE OMITE NOMBRE, de siete (07) años de edad. Procédase como en sentencia pasada con autoridad de COSA JUZGADA FORMAL conforme a lo dispuesto en el artículo 262 del Código de Procedimiento Civil. Expídase por Secretaria copia certificada de la presente decisión y entréguese a las partes. Consérvese el asunto en el archivo s.....

este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, de conformidad con lo establecido en el artículo 518 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, HOMOLOGA EL CONVENIMIENTO sobre Régimen de Convivencia Familiar suscrito por los ciudadanos Miguel Antonio Balza Balza y Yismeldis Coromoto Camacho Vásquez, venezolanos, mayores, de edad, titulares de la cedula de identidad Nº V.- 25.776.076 y V.- 16.424.731, en beneficio del niño SE OMITE NOMBRE, de dos (02) años de edad. Procédase como en sentencia pasada con autoridad de COSA JUZGADA FORMAL conforme a lo dispuesto en el artículo 262 del Código de Procedimiento Civil. Expídase por Secretaria copia certificada de la presente decisión y entréguese a las partes. Consérvese el asunto en el archivo sede .....

Por las razones antes expuestas, este Tribunal de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara EXTINGUIDA LA INSTANCIA, por haber operado la PERENCION en el presente juicio de ACCIÓN POSESORIA POR DESPOJO, incoada por el ciudadano ROMAN BERRIO RENGIFO, de conformidad con lo previsto en el artículo 182 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en concordancia con el artículo 267 ordinal 3º del Código de Procedimiento Civil. No hay condenatoria en costas dada la naturaleza de la presente decisión. Notifíquese a las partes de la presente decisión. Publíquese, regístrese, déjese copia certificada de la presente decisión para ser agregada al libro respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal de Primera Instancia Ag.....

Por la razones expuestas en la presente medida y en torno al articulado legal y constitucional supra reseñado en la misma, este Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela en conformidad con lo establecido con los artículos 305 y 306 en aras de consolidar la paz social en el campo y garantizar la seguridad y soberanía agroalimentaria de la nuestra y futuras generaciones, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la oposición planteada por el Defensor Publico Primero Agrario abogado Segundo Castillo, actuando en representación de los ciudadanos: José Ángel Díaz Morillo, Yris del Valle García, Danny Efraín Díaz Morillo, Andrys Daniela Ballestero Arteaga y María Emiliana Morillo Rojas, contra la decisión proferida por este Tribunal en fecha 20 de noviembre de 2013. SEGUNDO: SE RATIFICA LA MEDIDA DE PROTECCIÓN AUTONOMA A TODA LA PRODUCCIÓN BOVINA DESARROLLADA POR LA SOCIEDAD M.....

-III- DECISIÓN Ante los razonamientos expuestos, vista la solicitud presentada por los ciudadanos JACINTO JOSÉ LINARES ROJAS Y EUDIMAR PERAZA BOCANEY, suficientemente identificados, y estudiado el caso cuestionado, este Tribunal resuelve: "Declarar bastante y suficiente la probanza evacuada para asegurarle a los solicitantes el derecho de propiedad sobre las mencionadas bienhechurías, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 937, dejado a salvo en todo caso los derecho de tercero sobres unas bienhechurías edificadas a su propia expensa con dinero de su peculio personal, en un terreno propiedad del Municipio Rómulo Gallegos del Estado Cojedes, cuyos linderos, formas de construcción y demás determinaciones se especifican debidamente en la petición del Código de Procedimiento Civil y al principio constitucional de tutela judicial efectiva, contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dejando a salvo los derechos de terceros.....

Por las razones antes expuestas, este TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN CARLOS Y RÓMULO GALLEGOS, TINACO Y LIMA BLANCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES, Administrando Justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA INADMISIBLE LA DEMANDA por Cobro de Bolívares por Intimación, intentada por los ciudadanos Yelitza del Carmen Quintero Nieves, Andrés Leodan Silva Jaureguez y Marcelo Antonio Álvarez Pacheco, asistidos por la Abogada Milagro Josefina Hernández Quintero, Inpreabogado Nº.136.324, contra el ciudadano Carlos Adrián Quiroz,, arriba identificados; por cuanto no reúne los requisitos exigidos por la ley.

Por las razones de hecho y de derecho expuestas, el TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN CARLOS Y RÓMULO GALLEGOS, TINACO Y LIMA BLANCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, sin perjuicio de terceros de igual o mejores derechos y a tenor de lo dispuesto en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, declara las presentes actuaciones TITULO SUPLETORIO SUFICIENTE DE PROPIEDAD, a favor de los ciudadanos Javier Gustavo Ramos Cabaña y Anggie Elizabeth Blanco Mena, antes identificados, sobre las bienhechurías cuyos linderos y demás especificaciones se indican en la solicitud.

Por las razones de hecho y de derecho expuestas, el TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN CARLOS Y RÓMULO GALLEGOS, TINACO Y LIMA BLANCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, sin perjuicio de terceros de igual o mejores derechos y a tenor de lo dispuesto en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, declara las presentes actuaciones TITULO SUPLETORIO SUFICIENTE DE PROPIEDAD, a favor de la ciudadana Carmen Esther Ortega Yépez, antes identificada, sobre las bienhechurías cuyos linderos y demás especificaciones se indican en la solicitud.

Por las razones de hecho y de derecho expuestas, el TRIBUNAL SEGUNDO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN CARLOS Y RÓMULO GALLEGOS, TINACO Y LIMA BLANCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, sin perjuicio de terceros de igual o mejores derechos y a tenor de lo dispuesto en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil, declara las presentes actuaciones TITULO SUPLETORIO SUFICIENTE DE PROPIEDAD, a favor del ciudadano Enzo Coromoto Gimon Mena, antes identificado, sobre las bienhechurías cuyos linderos y demás especificaciones se indican en la solicitud.

De conformidad la última parte del artículo 384 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en concordancia con el articulo 524 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal DECRETA la ejecución de la sentencia y le concede al obligado de manutención, ciudadano ANIBAL OSCAR MARTINEZ CASTRO, ya identificado, un lapso de diez (10) días para su cumplimiento voluntario, deberá pagar a la solicitante la cantidad de la cantidad de DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES BOLÍVARES CON NUEVE CENTIMOS (Bs. 12.653,09) por concepto de obligación de manutención atrasada, correspondiente a los meses de agosto hasta diciembre de 2014, deuda atrasada y la bonificación de fin de año correspondiente al año 2014 según lo manifiesta el escrito presentado por la Consejera de Protección antes identificada. La cantidad arriba indicada deberá ser depositada en la cuenta de ahorros Nº. 1750221250061836474 del Banco Bicentenario. Transcurrido dicho lapso sin que se hubiese cumplido .....