DECISION En virtud de las precedentes consideraciones, este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, con competencia en el Territorio de los estados Cojedes, Aragua y Carabobo, con sede en San Carlos, administrando justicia, en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1. COMPETENTE para conocer el recurso contencioso administrativo de anulación interpuesto por el profesional del derecho NESTOR ALFONSO RONDON GONZÁLEZ. 2. ADMITE el presente recurso contencioso administrativo de anulación conforme a lo establecido en el artículo 174 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.

En consecuencia, este JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÒN DE JUICIO DE LA SECCIÒN DE ADOLESCENTES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO COJEDES, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DSE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, ACUERDA: Diferir la celebración del Juicio Oral y Privado, fijando nueva oportunidad para el día JUEVES DIEZ 10 DE JUNIO DE 2010, A LAS 08:30 de la mañana.- Se ordena Librar la correspondiente Boleta de citación al testigo presente, verificándose con ella la presencia en esta sala. Notifíquese a los abogados privados, a la victima y a los expertos.- Quedan las partes presentes notificadas. Líbrese las correspondientes Boletas. Cúmplase lo ordenado. Es Todo, termino, se leyó y conformes firman, siendo las 10:30 de la mañana.

ESTE TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCION DE EJECUCION DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL DE ADOLESCENTES DE ESTE CIRCUITO JUDICIAL PENAL ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY ACUERDA: PRIMERO: Revisar la Medida pero sin modificarla ni sustituirla, acordando MANTENER LA MEDIDA DE PRIVACION DE LIBERTAD, por el lapso de Dos (02) Años cinco (05) meses y veintisiete (27) días de conformidad con lo establecido en el artículo 620 literal "f" y articulo 628 ambos de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, impuesta al sancionado SE SUPRIME IDENTIDAD BAJO EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. DERECHO AL HONOR, REPUTACIÓN PROPIA, IMAGEN, VIDA PRIVADA E IDENTIDAD FAMILIAR. PARÁGRAFO SEGUNDO., por la comisión del delito ABUSO SEXUAL A NIÑO EN LA MODALIDAD DE VIOLACION, previsto en el artículo 259 de la ley orgánica de protección al niño niña y a.....

ESTE TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCION DE EJECUCION DEL SISTEMA DE RESPONSABILIDAD PENAL DE ADOLESCENTES DE ESTE CIRCUITO JUDICIAL PENAL ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY ACUERDA: PRIMERO: Revisar la Medida pero sin modificarla ni sustituirla, acordando MANTENER LA MEDIDA DE PRIVACION DE LIBERTAD, por el lapso de Dos (02) Años cinco (05) meses y veintisiete (27) días de conformidad con lo establecido en el artículo 620 literal "f" y articulo 628 ambos de la Ley Orgánica para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes, impuesta al sancionado SE SUPRIME IDENTIDAD BAJO EL ARTÍCULO 65 DE LA LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES. DERECHO AL HONOR, REPUTACIÓN PROPIA, IMAGEN, VIDA PRIVADA E IDENTIDAD FAMILIAR. PARÁGRAFO SEGUNDO., por la comisión del delito ABUSO SEXUAL A NIÑO EN LA MODALIDAD DE VIOLACION, previsto en el artículo 259 de la ley orgánica de protección al niño niña y a.....

Por lo antes expuesto, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, se declara INCOMPETENTE en razón a la cuantía para conocer la demanda propuesta por el ciudadano MIGUEL EDUARDO ALEMAN contra su cónyuge ciudadana MARIA FARFAN BLANCO cuyo tramite se ha solicitado a través del procedimiento de jurisdicción voluntaria, previsto en los artículos 640 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, contenida en estos autos y acuerda remitir las presentes actuaciones al órgano competente para ello en razón a la cuantía, Juzgado de Municipio del Municipio San Carlos y Rómulo Gallegos de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes.- Publíquese, regístrese, déjese copia certificada de la presente decisión para ser agregada al libro respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 .....

Por lo todos los razonamientos y argumentos antes expuestos, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la circunscripción judicial del estado Cojedes, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por Autoridad de la Ley, conforme a Derecho, declara: INCOMPETENTE por la materia a este Órgano Objetivo Judicial para conocer de la presente demanda por PARTICIÓN Y LIQUIDACIÓN DE COMUNIDAD CONYUGAL intentada por la ciudadana MARY EMILIA ROJAS SILVA contra el ciudadano CARLOS FERNANDO FEO LEÓN, todos identificados en actas, en consecuencia, DECLINA la competencia al juzgado de primera instancia de sustanciación, mediación y ejecución del circuito judicial de protección del niños, niñas y adolescentes de la circunscripción judicial del estado Cojedes que corresponda por distribución, en la oportunidad legal correspondiente .- No hay condenatoria en costas en virtud a la naturaleza del presente fallo.-

Por lo antes expuesto, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la circunscripción judicial del estado Cojedes, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, conforme a derecho, acuerda Ex Officio (De oficio) REVOCAR POR CONTRARIO IMPERIO los autos de fecha tres (3), diez (10) y diecisiete (17) de mayo de 2010, dejándose efectivo el auto de fecha treinta y uno (31) de mayo de 2010, se ACUERDA COMPUTAR EL LAPSO DE SUSPENSIÓN CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 233 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL EL DÍA SIGUIENTE DEL AUTO DICTADO DE FECHA TREINTA Y UNO (31) DE MAYO DE 2010, el cual no es otro que la consignación de recibo de Instituto Postal Telegráfico de Venezuela (IPOSTEL), donde hace constar que las boletas de notificación libradas a los ciudadanos FADY CHAFIC y NÉLIDA BOLIVIA SEQUERA, fueron entregadas en su domicilio y recibidas por el apoderado judicial VICENTE GUATACHE MÉNDEZ.-

Por las razones expuestas, este Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara CON LUGAR el cobro de prestaciones sociales incoado por YEISON JOSE BRAVO SARMIENTO, JUAN JAVIER BRAVO SARMIENTO, RANDOLPH YSIDRO FLORES ALVARADO, PASCUAL FARFAN AVILA, JOSE RAFAEL DELGADO ARTEAGA, JORGE RAFAEL DELGADO ARTEAGA, ANGEL RAFAEL DELGADO JIMENEZ, FERNANDO JOSE HURTADO BOLIVAR y JOSE CECILIO TOVAR CASTELLANOS, plenamente identificados en autos, representados judicialmente por los Abgs. MILKO JOSE BLANCO ALVAREZ y RAFAEL FERNANDO FALCON RODRIGUEZ, identificados en las actuaciones contra la empresa SERENOS YARE VIGILANCIA PRIVADA, C.A, representada por el ciudadano CARLOS ANDRES FERNANDEZ, y la condena al pago de la cantidad de CIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRECIENTOS CUARENTA Y CUATRO BOLIVARES FUERTES CON SETENTA Y DOS CENTI.....

Ante los razonamientos expuestos, vista la solicitud presentada por el ciudadano LUDGERO PAULINO SILVA ANDRADES GOMEZ, antes identificado, y estudiado el caso cuestionado, este Tribunal resuelve: "Declarar bastantes y suficientes las probanzas evacuadas para asegurarle al solicitante el derecho de propiedad sobre las mencionadas bienhechurías, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil y al principio constitucional de tutela judicial efectiva contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dejando a salvo los derechos de terceros".

Ante los razonamientos expuestos, vista la solicitud presentada por la ciudadana MARIA OSWALDA MENA DE BURGOS, arriba suficientemente identificado y estudiado el caso cuestionado, este Tribunal resuelve: "Declarar bastantes y suficientes las probanzas evacuadas para asegurarle a la solicitante el derecho de propiedad sobre las mencionadas bienhechurías, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil y al principio constitucional de tutela judicial efectiva contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dejando a salvo los derechos de terceros".