Por las razones antes expuestas, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad que le confiere la Ley, conforme a derecho, en virtud del vicio señalado en el cuerpo de este fallo y por cuanto el mismo a juicio de este juzgador, viola normas adjetivas de orden público, lo que implica un menoscabo del derecho a la defensa y del debido proceso, ANULA Y DEJA SIN EFECTO TODAS LAS CITACIONES PRACTICADAS EN LA PRESENTE CAUSA, y en consecuencia, SUSPENDE EL CURSO DE LA PRESENTE CAUSA, hasta que la parte demandante, solicite nuevamente la citación de todos los codemandados, conforme lo establece el artículo 228 del Código de Procedimiento Civil y en consecuencia. Así se decide.

Por las razones expuestas, éste Tribunal Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela, conforme a Derecho y por autoridad de la Ley, considera PROCEDENTE la Conversión en Divorcio de la Separación de Cuerpos de los ciudadanos: JUAN GABRIEL SÁNCHEZ SALAZAR y DAYANA BEANNEY CORONADO MORILLO, Venezolanos, mayores de edad, cónyuges entre sí, titulares de las Cédulas de Identidad Nº V-16.159.087 y V-18.974.212, respectivamente. Así se decide. En consecuencia, se declara DISUELTO el vínculo conyugal que los unía desde el día veintitrés (23) de octubre de 2003, contraído por ante la Prefectura Civil del Municipio Autónomo San Carlos del estado Cojedes. Por cuanto los cónyuges no manifestaron en su solicitud haber adquirido bienes, el Tribunal no hace especial pronunciamiento por no existir bienes que liquidar. Así se declara.-

En consecuencia, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, conforme a derecho, declara que se configuró la Pérdida de Interés del peticionante en la actuación, en consecuencia, se declara Perimida la presente solicitud y se ordena su archivo. Así se decide.-

Por lo que mal pudiera esta juzgadora, como garante al debido proceso, admitir la demanda presentada, cuando la parte accionante, no subsanó lo ordenado. Por lo que, en virtud del principio de autoridad, que se entiende concebida a favor del Juez al otorgarle la potestad de evitar que se tramiten demandas, cuando lo considere que ello sería inútil dado los términos en que la misma ha sido planteada. Así se decide. En virtud de lo expuesto este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA LA INADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA, de conformidad con lo establecido en los Artículos 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. En la sala de Audiencia de este Tribunal Segundo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, a los primeros .....

Ahora bien como todo Acto judicial genera efectos legales la transacción no es la excepción, es por lo que nos trasladamos a los contextos legales: El Código Civil Venezolano Vigente en su artículo 1.718 establece "La transacción tiene entre las partes la misma Fuerza de la Cosa Juzgada", principio este que podemos concatenar con el principio desarrollado en el Reglamento de la L.O.T. en su Artículo 10 cuando preceptúa que "La Transacción celebrada por ante un Juez o Inspector del Trabajo competente, debidamente homologado tendrá efecto de cosa juzgada". SEGUNDO: En consecuencia oída como ha sido la solicitud de Homologación por las partes involucradas en la presente transacción, este Despacho acuerda lo siguiente: Por ser todos estos principios Laborales, y Sociales, normas de orden público, los mismos no pueden ser relajados por convenios particulares de acuerdo a lo establecido en el Artículo 6 del Código civil Venezolano vigente, por lo que celebrada la presente transac.....

este Juzgado del Municipio Falcón de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, administrando justicia en nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley conforme a lo previsto en el articulo 375 eiusdem., homologa el convenimiento celebrado en fecha 17 de junio de 2009, entre las partes antes identificadas, por observarse que los acuerdos a que han llegado los mismos, no son contrarios a derecho, versan sobre derechos disponibles y no lesionan los derechos e intereses legítimos del (los) niño(a) antes mencionado(a), este Juzgado da por consumado el acto e imparte su aprobación. De igual manera este Juzgado acuerda notificar al Ministerio Público del estado Cojedes y a la Defensorìa del Municipio Falcón del estado Cojedes.-

Planteados los hechos de tal manera, y por cuanto la obligación alimentaría es una obligación de tracto sucesivo, sujeta a un termino que consiste en que, la madre realice el requerimiento y cuantificación del monto, para sufragar los gastos de ropa y calzado, es decir la estimación del monto requerido convirtiéndose en una deuda liquida definida indicando el monto que debe cancelar el obligado alimentario; y no constando en autos que, lo hubiere efectuado; se considera improcedente lo solicitado, ya que emana de tal diligencia que el demandado dió cumplimiento voluntario dentro del lapso concedido para ello, supuesto previsto en el artículo 526 del Código de Procedimiento Civil, al expresar que se procederá a la ejecución forzada si el demandado no diere cumplimiento voluntario. Por lo antes expuesto y dado que es necesaria la cuantificación del monto requerido para cubrir gastos de ropa y calzado y/o gastos medico y medicinas, se ordena a la actora proceda a estimar la suma que am.....

devuelta a solicitud del Tribunal comitente

devuelta por falta de impulso procesal

En virtud de los razonamientos antes expuestos, esta Sala Accidental Nº 01 de la Corte de Apelaciones Sección de Responsabilidad Penal del Adolescente del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, hace los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la defensa pública penal especializada y, SEGUNDO: CONFIRMA la decisión recurrida mediante la cual se impone al adolescente (identidad omitida) la sanción de LIBERTAD ASISTIDA por el lapso de un (1) año, por la comisión del delito de LESIONES PERSONALES CULPOSAS GRAVES, previsto y sancionado en el artículo 422, ordinal 2º, en concordancia con el artículo 417 ambos del Código Penal, en perjuicio del ciudadano MIGUEL ANGEL TORREALBA PIÑA, de conformidad con los artículos 620 literal "d" en concordancia con el artículo 626 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Así se .....