Ante los razonamientos expuestos vista la solicitud presentada por la ciudadana ANA JUDITH DIAZ, antes identificada y estudiado el caso cuestionado, este Tribunal resuelve: "Declarar bastantes y suficientes las probanzas evacuadas para asegurarle a la solicitante el derecho de propiedad sobre las mencionadas bienhechurías, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil y al principio constitucional de tutela judicial efectiva contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dejando a salvo los derechos de terceros". Devuélvase originales con sus resultas a la parte interesada, previa certificación por secretaría.

Como corolario de lo anteriormente expuesto este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad que le confiere la Ley, conforme a derecho, declara SIN LUGAR la oposición a la admisión de las pruebas presentadas por el ciudadano ORLANDO JOSÉ AULAR, parte demandada, asistido del abogado JOSÉ GREGORIO VARGAS, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº. 28.020, formulada por la abogada EUGENIA MUÑOZ DE MONTIEL, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº. 108.041, Apoderada Judicial de la parte demandante. Así se decide-.

Por lo antes expuesto, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, conforme a derecho, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la presente querella interdictal de amparo por perturbación incoada por la sociedad mercantil MATERIALES SALERNO, C.A., mediante apoderado judicial abogado LUIS ALBERTO MADURO HERNANDEZ, en contra de la sociedad mercantil INDAGRA, C.A., y la asociación cooperativa COOPINDAGRA, R.L., representadas por apoderados judiciales.- SEGUNDO: REVOCA la medida provisional de amparo a la posesión dictada en fecha 09 de junio de 2006 por este Órgano Jurisdiccional, en virtud de de la precedente declaratoria.- TERCERO: Se condena en costas a la parte querellante de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.