Por los razonamientos antes expuestos, este Tribunal Primero Superior del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR, el Recurso de Apelación, formulado por el Abogado GUSTAVO ENRIQUE PINEDA, inscrito por ante el I.P.S.A. bajo el numero15.970, apoderado judicial de los ciudadanos: MIRNA COROMOTO PEROZA SANCHEZ, MARIA CAROLINA REINA CABALLERO, ANTONIO MIGUEL GARCIA AVILA, ANA MERCEDES BOLIVAR PEREZ, JOSE DECIDERIO VILLANUEVA, AMADOR ANTONIO RUIZ CHIRIVELLA, MIGUEL ANGEL ESCORCHE FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL VARGAS GALINDEZ, CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ MEDINA, MARIA EPIFANIA ARCIA, BEATRIZ JOSEFINA HERNANDEZ DE QUEVEDO, ISIDORO PEREZ, CARLOS RAMON PATIÑO VELAZQUEZ, EDUARDO RAFAEL AULAR y BELKIS DEL CARMEN VILLAREAL DE RIOS, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-10.989.749, V-11.961.796, V-7.536.922, V-10.326.460, V-4.096.261, V-11.963......

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL Nº 1, DE LA SECCIÓN DE RESPONSABILIDAD PENAL DEL ADOLESCENTE, DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO COJEDES, ADMINISTRÁNDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, pasa a pronunciarse y los hace en los siguientes términos: PRIMERO: APRUEBA EL ACUERDO CONCILIATORIO con las obligaciones pactadas anteriormente detalladas, por el plazo de DIEZ (10) MESES, en la causa seguida a los adolescentes: SE OMITE LA IDENTIDAD DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 56 PARAGRAFO 2 DE DE LA LEY ORGANICA DE PTOTECCION DEL NIÑO NIÑA Y ADOLESCENTE. SEGUNDO: SE ACUERDA SUSPENDER EL PROCESO A PRUEBA, quedando en consecuencia, interrumpida la prescripción de la acción penal por el plazo acordado, conforme a lo establecido en los Artículos 566 y 567 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, culminando el mismo el día 15 DE AGOSTO DE 2010. TERCERO: Se acuerda mantener la c.....

NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, este tribunal acuerda SUSPENDER EL PROCESO A PRUEBA POR EL LAPSO DE DIEZ (10) MESES, quedando en consecuencia, interrumpida la prescripción por el plazo acordado, conforme a los establecido en los Artículos 566 y 567 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Se advierte a los Adolescentes imputados y a sus representantes legales que no podrá cambiar de domicilio sin la previa autorización de este Tribunal. Transcurrido como haya sido, el plazo fijado, se convocará a las partes a una Audiencia Especial Oral y Privada, a objeto de verificar el cumplimiento o no por parte de los Adolescentes de las obligaciones contraídas y la procedencia o no del Sobreseimiento Definitivo en la presente Causa, de conformidad con lo establecido en el Artículo 568 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Se deja constancia que las partes fueron debidamente notificadas .....

En fuerza de las consideraciones antes expuestas, este TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES, obrando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara INADMISIBLE la demanda propuesta seguida por el ciudadano PEDRO ANTONIO ALVARADO, titular de la Cédula de Identidad Nº 2.346.709, contra los Sucesores de ALFREDO ARAUJO FRANCO, por PRESCRIPCION ADQUISITIVA y en consecuencia se declara la extinción de la pretensión propuesta, sin sentenciarse el fondo de la controversia. Así se decide. Notifíquese a las partes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil, en la forma prevista en el artículo 233 ejusdem. Publíquese, Regístrese, déjese copia certificada de la presente decisión para ser agregada al libro respectivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedi.....

Siendo así, dichas informaciones atraídas de las actas, y en virtud que se evidencia que al oferido de autos le fue entregado el cheque objeto de la Oferta Real de Pago que le hiciese la compañía oferente, con motivo de la relación laboral que sostuvo con la empresa KAYSON COMPANY VENEZUELA, S.A., a quien le corresponde suscribir el presente fallo como Directora del Proceso, dados como están los extremos de Ley para que se imparta la debida homologación, actuando de conformidad con los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, concatenados con el Parágrafo Único del artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, los artículos 9, 10 y 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, Parágrafo Primero del último de los señalados, el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil, artículo 1.713 y siguientes del Código Civil y 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y POR AUTORIDAD DE LA LEY SE IMPAR.....

Siendo así, dichas informaciones atraídas de las actas, y en virtud que se evidencia que al oferido de autos le fue entregado el cheque objeto de la Oferta Real de Pago que le hiciese la compañía oferente, con motivo de la relación laboral que sostuvo con la empresa KAYSON COMPANY VENEZUELA, S.A., a quien le corresponde suscribir el presente fallo como Directora del Proceso, dados como están los extremos de Ley para que se imparta la debida homologación, actuando de conformidad con los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, concatenados con el Parágrafo Único del artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, los artículos 9, 10 y 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, Parágrafo Primero del último de los señalados, el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil, artículo 1.713 y siguientes del Código Civil y 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y POR AUTORIDAD DE LA LEY SE IMPAR.....

Ante los razonamientos expuestos, vista la solicitud presentada por el ciudadano ENZO ANTONIO LIBERTO ALVAREZ, suficientemente identificado y estudiado el caso cuestionado, este Tribunal resuelve: "Declarar bastantes y suficientes las probanzas evacuadas para asegurarle al solicitante el derecho de propiedad sobre las mencionadas bienhechurías, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil y al principio constitucional de tutela judicial efectiva contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dejando a salvo los derechos de terceros".

Ante los razonamientos expuestos, vista la solicitud presentada por el ciudadano EDITO JOSÉ SANDOVAL, suficientemente identificado y estudiado el caso cuestionado, este Tribunal resuelve: "Declarar bastantes y suficientes las probanzas evacuadas para asegurarle al solicitante el derecho de propiedad sobre las mencionadas bienhechurías, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil y al principio constitucional de tutela judicial efectiva contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dejando a salvo los derechos de terceros".

Ante los razonamientos expuestos, vista la solicitud presentada por la ciudadana DAMELYS COROMOTO SANDOVAL HERNANDEZ, suficientemente identificada y estudiado el caso cuestionado, este Tribunal resuelve: "Declarar bastantes y suficientes las probanzas evacuadas para asegurarle a la solicitante el derecho de propiedad sobre las mencionadas bienhechurías, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil y al principio constitucional de tutela judicial efectiva contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dejando a salvo los derechos de terceros".

Ante los razonamientos expuestos, vista la solicitud presentada por la ciudadana EYDAS MARIA BARRIOS PARRAGA, suficientemente identificada y estudiado el caso cuestionado, este Tribunal resuelve: "Declarar bastantes y suficientes las probanzas evacuadas para asegurarle a la solicitante el derecho de propiedad sobre las mencionadas bienhechurías, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil y al principio constitucional de tutela judicial efectiva contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dejando a salvo los derechos de terceros".