DECISIÓN Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio El Pao de San Juan Bautista de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, resuelve: Primero: Declarar Bastantes y Suficientes las probanzas evacuadas, para asegurarle al los solicitante, ciudadano Francisco Antonio Castillo, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número V-9.538.680, el derecho de propiedad sobre el inmueble descrito plenamente en su solicitud, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil y al principio constitucional de tutela judicial efectiva contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dejando a salvo los derechos de terceros.

Por las razones antes expuestos este Juzgado de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de Municipio el Pao de San Juan Bautista de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA EL SOBRESEIMIENTO del Titulo Supletorio presentado por la ciudadana Eliana Nathali Quintero Gil, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-18.183.173, el cual fue evacuado por este juzgado en fecha 03 de febrero del año 2017. ASI SE DECIDE.- Se ordena el archivo del mismo.-

DECISIÓN Por los razonamientos anteriormente expuestos, este Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio El Pao de San Juan Bautista de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, resuelve: Primero: Declarar Bastantes y Suficientes las probanzas evacuadas, para asegurarle al la solicitante, ciudadana Miriam Josefina Salas Aular, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número V-13.442.975, el derecho de propiedad sobre el inmueble descrito plenamente en su solicitud, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil y al principio constitucional de tutela judicial efectiva contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dejando a salvo los derechos de terceros.