Por las razones antes expuestas, este Juzgado de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la solicitud de Divorcio fundamentada en el artículo 185-A del Código Civil, y en consecuencia DISUELTO el vínculo matrimonial que unía a los ciudadanos JUAN JOSÉ PÉREZ y CARMEN OLIVA NATERA, contraído el día dieciocho (18) de diciembre de 1981, por ante la Prefectura del Distrito San Carlos, estado Cojedes.

En consecuencia por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, NIEGA la medida preventiva de Secuestro solicitada por la parte actora, ciudadana ALIDA JOSEFINA RUIZ, debidamente representada por la abogada en ejercicio RAMONA MARGARITA VELÁZQUEZ GARCÉS, suficientemente identificados, por cuanto no se encuentran llenos los extremos de ley. Así se decide.

Por las razones antes expuestas, este Juzgado de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la solicitud de Divorcio fundamentada en el artículo 185-A del Código Civil, y en consecuencia DISUELTO el vínculo matrimonial que unía a los ciudadanos DARÍA AGUILAR y JOSÉ ANTONIO MENDOZA, contraído el día 12 de febrero de 1988, por ante la Primera Autoridad Civil del Municipio Rómulo Gallegos, estado Cojedes.

Ante los razonamientos expuestos, vista la solicitud presentada por el ciudadano CRUZ ANIBAL MENDOZA COLINA, suficientemente identificado, y estudiado el caso cuestionado, este Tribunal resuelve: "Declarar bastantes y suficientes las probanzas evacuadas para asegurarle al solicitante el derecho de propiedad sobre las mencionadas bienhechurías, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil y al principio constitucional de tutela judicial efectiva contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dejando a salvo los derechos de terceros".