Por todo lo antes expuestos y vista la solicitud presentada por las ciudadanas ROSALBA DEL CARMEN LEÓN, ANGELES ESTHER DIAZ AGUILAR, DIRANGEL DIAZ AGUILAR y MARIANGEL DIAZ AGUILAR, antes suficientemente identificadas, y estudiado el caso cuestionado, este Tribunal resuelve: "Declarar bastantes y suficientes las probanzas evacuadas para asegurarle a las ciudadanas, ROSALBA DEL CARMEN LEÓN, ANGELES ESTHER DIAZ AGUILAR, DIRANGEL DIAZ AGUILAR y MARIANGEL DIAZ AGUILAR, la cualidad de ÚNICAS Y UNIVERSALES HEREDERAS del ciudadano LUIS MARTÍN DÍAZ MIRELES, con vocación hereditaria y derechos sobre el acervo de bienes quedantes al fallecimiento del nombrado ciudadano, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil y al principio constitucional de tutela judicial efectiva contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dejando a salvo los derechos de terceros".

Por los fundamentos de hecho y de derecho que han quedado expuestos, este Juzgado de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: Que el escrito de Cuestión Previa, presentado en fecha 16 de junio de 2010, por las abogadas NOHELIA ARTEAGA GOMEZ y GERALDIN ARTEAGA GOMEZ, en su carácter de Apoderadas Judiciales de la parte demandada, fue consignado extemporáneamente por tardío. Se condena en costas a la parte demandada, de conformidad con lo establecido en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. Por cuanto la presente decisión fue dictada dentro del lapso previsto en la Ley, no se hace necesaria la notificación de las partes.

Ante los razonamientos expuestos, vista la solicitud presentada por el ciudadano ANTONIO JOSÉ DELGADO, arriba suficientemente identificado y estudiado el caso cuestionado, este Tribunal resuelve: "Declarar bastantes y suficientes las probanzas evacuadas para asegurarle al solicitante el derecho de propiedad sobre las mencionadas bienhechurías, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil y al principio constitucional de tutela judicial efectiva contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dejando a salvo los derechos de terceros".