Por las razones expuestas y previa lectura acordada por Secretaría estando conforme por los manifestantes, éste Tribunal de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, conforme a derecho considera PROCEDENTE la solicitud de Separación de Cuerpos presentada por los ciudadanos LALAGUNA NATERA RICARDO y LIMA VILLANUEVA ADRIALY EMPERATRIZ, venezolanos, mayores de edad, cónyuges entre sí, ambos comerciantes, titulares de las cédulas de identidad Números 13.733.600 y 18.320.861, respectivamente, domiciliados el primero en la urbanización Rómulo Gallegos, calle Doña Bárbara, casa Nº A-20, y la segunda en la Avenida Ricaurte, Edificio Lima, primer piso, apartamento Nº 01, ambos de ésta ciudad de San Carlos, estado Cojedes, y en consecuencia los declara SEPARADOS DE CUERPOS, a partir del día de hoy 04 de junio de 2009, bajo las condiciones estip.....

Ante los razonamientos expuestos, vista la solicitud presentada por el ciudadano CARLOS LAMAS AULAR, suficientemente identificada y estudiado el caso cuestionado, este Tribunal resuelve: "Declarar bastantes y suficientes las probanzas evacuadas para asegurarle al solicitante el derecho de propiedad sobre las mencionadas bienhechurías, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil y al principio constitucional de tutela judicial efectiva contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dejando a salvo los derechos de terceros".

Ante los razonamientos expuestos, vista la solicitud presentada por la ciudadana JOSEFA ESTHER MORALES RODRIGUEZ, arriba suficientemente identificada y estudiado el caso cuestionado, este Tribunal resuelve: "Declarar bastantes y suficientes las probanzas evacuadas para asegurarle a la solicitante el derecho de propiedad sobre las mencionadas bienhechurías, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil y al principio constitucional de tutela judicial efectiva contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dejando a salvo los derechos de terceros".