CAPITULO I DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA CAUSA Actuaciones del Superior: De conformidad con lo preceptuado en el artículo 243, ordinal 3º del Código de Procedimiento Civil se procede hacer una síntesis de la controversia:Se inicia la presente controversia, en virtud de la demanda de Simulación de Venta por Colación – Acción por Colación, incoada por los ciudadanos: Khaled Daniel ZiabIrched, Juaida Carolina ZiabIrched, y Abir Jackeline Ziab Irched, venezolanos, mayor de edad, titulares de la cédula de identidad Nº V- 14.770.967; V-14.770.966 y V-16.157.804, procesalmente domiciliados en la Calle pichincha entre Mariño y Boyacá, casa Nº 3-23, de la ciudad de San Carlos, municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes, teléfono: 0412-4525272, correo electrónico: ziabkhaled@gmail.com; asistidos del profesional del derecho, ciudadano abogado Rodolfo Antonio Rodríguez Lozada, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-11.964.141, debidamente Inscrito por ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 193.745, con domicilio en la Calle Páez (final), casa Nº 13-6, de la ciudad de San Carlos estado Cojedes, teléfono celular: 0412-7482318, correo electrónico: rodolfoantoniorodriguezlozada1@gmail.com; en contra de la ciudadana Yojaina Soledad ZiabIrched, venezolana, soltera, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-17.888.882, con domicilio en la Urb. Alto Llano, edificio 5, piso 2, apartamento Nº 2-C” de la ciudad de San Carlos, municipio Ezequiel Zamora del Estado Cojedes. Teléfono: 0424-4506176. Por auto de fecha 19 de enero del año 2026, se dejó expresa constancia que se recibió del Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, expediente Nº11.830, de lo cual la suscrita secretaria dio cuentas a la ciudadana jueza. Por auto de fecha 19 d Enero del 2026, este tribunal tomó razón de su entrada, signándosele al presente asunto el Nº 1490, y en consecuencia esta alzada dejó transcurrir un lapso de cinco (05) días de despacho siguientes, para que las partes si así lo consideren soliciten la constitución de asociados. Mediante auto de fecha 27 de enero del 2026, se dejó constancia que venció el lapso para que las partes soliciten la constitución de asociados; asimismo, se fijó lapso de diez (10) días de despacho siguientes, para que las partes inmersas en la presente controversia consignen sus escritos de informes. En fecha 28 de enero del 2026, la parte demandada consignó escrito de informes contentivo de cinco (05) folios útiles y un (01) anexo. En la misma fecha, por Auto del tribunal se ordenó agregarlo a las actas del expediente, dejando constancia que el mismo fue presentado dentro del lapso correspondiente. En fecha 10 de febrero del 2026, la parte actora consignó escrito de informes contentivo de catorce (14) folios útiles y un (01) anexo. En la misma fecha, por Auto del tribunal se ordenó agregarlo a las actas del expediente, dejando constancia que el mismo fue presentado dentro del lapso correspondiente. Mediante auto de fecha 11 de febrero del 2026, se dejó constancia que venció el lapso para la consignación de informes en la presente causa, y enconsecuencia se dejó transcurrir el lapso de ocho (08) días de despacho para que las partes consignen escrito de Observación a los Informes. En fecha 13 de febrero del 2026, mediante diligencia, la parte demandante solicitó copias simples de los folios que van del 158 al 177 del presente expediente. En la misma fecha, el tribunal mediante auto acordó lo solicitado y ordenó agregar dicha diligencia a las actas que conforman el presente expediente. En fecha 20 de febrero del 2026, la parte demandada, consignó escrito de Observación a los Informes, contentivo de cuatro (04) folios útiles. En la misma fecha, el tribunal mediante auto, ordenó agregarlo a las actas del expediente y dejó constancia que el mismo fue presentado dentro del lapso procesal correspondiente. En fecha 23 de febrero del 2026, la parte actora, a través de apoderado judicial, consignó diligencia mediante la cual solicitó la expedición de copias simple del escrito de informe presentado por la parte demandada. En la misma fecha el tribunal mediante auto respectivo, acordó lo solicitado y ordenó agregarlo a lo autos que conforman el presente expediente. En fecha 25 de febrero del 2026, la parte actora, consignó escrito de Observación a los Informes, contentivo de catorce (14) folios útiles. En la misma fecha, el tribunal mediante auto, ordenó agregarlo a las actas del expediente y dejó constancia que el mismo fue presentado dentro del lapso procesal correspondiente. Mediante auto de fecha 26 de febrero del 2026, se dejó constancia que venció el lapso para la consignación de observaciones en la presente causa, y en consecuencia se dejó transcurrir el lapso de treinta (30) días continuos para dictar sentencia. En fecha 03 de marzo del 2026, mediante diligencia, la parte demandada solicitó copias simples del escrito presentado por la parte demandante. En la misma fecha, por auto de este juzgado, se acordó lo solicitado y se ordenó agregar dicha diligencia a las actas del expediente. En fecha 26 de marzo del 2026, mediante auto este Tribunal a los fines de garantizar lo principios constitucionales y hacer uso de los medios de Resolución de Conflictos que puedan hacer uso los Jueces de la República con el fin de garantizar y dar respuesta a las partes a través de la conciliación, este Tribunal acuerda fijar audiencia especial la cual se llevara a cabo el día lunes 06 de abril de 2026, a las 10:00 am. En fecha 06 de abril del 2026, mediante auto se deja constancia que para la celebración del Acto de Audiencia Especial, solo se asistió la ciudadana Yojaina Soledad ZaibIrched, asistida por los abogados Edgar Vera y Juan Paulo Rodríguez, identificados en autos, dejando constancia de la No comparecencia de los ciudadanos Khaled Daniel ZiabIrched, Juaida Carolina ZiabIrched, yAbirJackelineZiabIrched, ni por medio de su Apoderado Judicial alguno. Este Tribunal da por finalizado el acto. En fecha 06 de abril del 2026, mediante auto este Tribunal difiere por una sola vez el pronunciamiento de la sentencia por el lapso de treinta (30) días siguientes a este. En fecha 06 de abril del año 2026, la parte demandante a través de su Apoderado Judicial Rodolfo Antonio Rodríguez Lozada, a los fines de manifestar que este tribunal pauto una audiencia conciliatoria entre las partes, sin que la parte demandante hubiera intervino o tenido conocimiento de tal solicitud, y siendo que mis representados no se niegan a resolver la presente controversia a través los medios de resolución de conflictos, por lo que INSTO a la parte demandada a comunicarse con esta representación judicial. Para iniciar una conciliación seria y justa que permita fin a la controversia. CAPÍTULO II CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Quedando planteado el problema, pasa esta Juzgadora a realizar las siguientes observaciones: Alegatos de la parte demandada en su escrito de Apelación: (…omissis…) “Horas de despacho del día de hoy nueve (09) de diciembre del dos mil veinticinco, comparece por ante este Tribunal, el abogado en ejercicio Edgar Vera Bravo. Inscrito en el I.P.S.A Nº 212.150 y en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada, expone: estando dentro del lapso legal para apelar como en efecto lo hago del auto de fecha cinco de diciembre del presente año donde el tribunal se pronuncia donde no procede la recusación, es todo, terminó, se leyó y conformes firman…” En la oportunidad de presentar los informes, la parte demandada, expresó lo siguiente: (… Omissis…) PRIMERO. PUNTO PREVIO Ciudadana Juez en fecha dos (02) de diciembre de año 2025, se consignó por ante el Tribunal A- quo diligencia mediante la cual expresamente se Recusa al experto Avalador designado y/o juramentado para la práctica de las diligencias que como funcionario auxiliar le fueron encomendadas por el mencionado Tribunal, pero también en dicha diligencia se le hizo saber al tribunal de la causa que no se había dado estricto cumplimiento al contenido de la sentencia dictada por este Juzgado Superior de fecha 17 de octubre de 2025, expediente Nº 1.457 por cuanto la parte promoverte en diligencia de fecha 10/11/2025 (folios 41 al 43 pieza 03 del expediente 11.830), DESISTIO de la Prueba de Experticia de Avaluó Económico para la fecha de las operaciones de compra – venta de los inmuebles que allí se identifican, toda vez que el presente asunto en el cual ya se presentaron los informes se encuentra en estado de sentencia lo cual fue también solicitado por la parte actora en la mencionada diligencia de fecha 10/11/2025, la cual se consigna en copia certificada,constante de cuatro (04) folios útiles marcada con la letra “A”, no obstante se observa que este Tribunal A-Quo no hizo pronunciamiento alguno sobre lo solicitado por la parte actora y promoverte de la prueba de experticia en cuanto al desistimiento de la referida prueba y ordeno la designación y juramentación del experto, así como la práctica del informe de avaluó económico, sin siquiera motivar, es decir, negar o admitir e desistimiento solicitado, sin embargo dicta un auto que como se señala está totalmente desmotivado aunado al hecho de que se designa a la misma persona o técnico que practico el anterior informe de avaluó económico que fue declarado nulo por este Tribunal superior Jerárquico. Ahora bien, el Tribunal A-Quo en su sentencia de fecha 05/12/2025(folios 95 al 101 pieza 03 del expediente principal) expresa que hasta esa fecha no ha continuado transcurriendo el lapso para dictar sentencia criterio que no comparto, señalando también el Tribunal A-Quo que hasta tanto no se cumpla la evacuación de la prueba de experticia ordenada sigue suspendido el lapso para dictar sentencia por considerar que representa un elemento de convicción antes de dictar el fallo, pero que en tal caso debió hacerlo mediante auto para mejor proveer, visto el desistimiento de la parte actora a dicha prueba, lo cual tampoco consta en el expediente. Ciudadana Juez, tal y como consta en autos y se ha venido señalando, la referida prueba de DESISTIDA antes de su evacuación por la parte actora y promoverte de la misma, ya no pertenecía al proceso en virtud de Principio de Comunidad de la Prueba, tal y como lo establece la Jurisprudencia y a norma adjetiva pero sin embargo el Tribuna de la causa, no se pronuncia sobre este particular y procede según el referido auto a dar cumplimiento a lo ordenado por este Tribunal Superior, lo cual hubiese sido comprensible en el caso de no haber ocurrido el desistimiento de la referida prueba, no constando en autos motivación alguna sobre estos señalamientos. Sobre este particular, resulta plausible, destacar y como valor agregado a las razones esgrimidas señalar un extracto de a sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Casación Civil, de fecha primero (01) de junio de dos mil diez (2010), expediente Nº AA20-C-2009-000574. Ciudadana Jueza en principio, la renuncia a una prueba promovida es un acto dispositivo de la parte que, una vez aceptado por el tribunal implica que esta prueba específica no formara parte del acervo probatorio. Sin embargo la experticia aunque promovida por la parte puede ser considerada por el juez como un medio de prueba imprescindible para la verificación de hechos complejos o técnicamente relevantes, y puede ser ordenada aun de oficio por el Juez, según lo previsto en el artículo 451 del CPC (vid sent SCC del TSJ del 12 /12/2024 expediente 24-457) A criterio de quien aquí suscribe el Tribunal, ante la renuncia de la parte, tenía dos caminos: 1.- Aceptar la renuncia y continuar el proceso sin la experticia, si consideraba que el resto del acervo probatorio era suficiente para fallar. 2- Considerar la experticia necesaria para formar su convicción sobre los hechos (el avaluó económico del inmueble) y ordenarla de oficio, haciendo uso de su potestad probatoria. Se observa que presuntamente el Tribunal haya optado por la segunda vía es decir, considerar la prueba de avaluó como necesaria para la decisión, su actuación debió enmarcarse en el Auto para mejor Proveer o en la potestad oficiosa del artículo 451 CPC y es aquí donde se plantea la interrogante central, es siel Tribunal debió dictar el auto para mejor proveer en los términos de artículo 514 del CPC. Sobre este particular, necesario es dilucidar cuál es la Naturaleza y Oportunidad del Auto para mejor Proveer entendiendo éste como una facultad probatoria del juez, no una obligación que se ejerce después de presentados los informes y antes de dictar sentencia, dentro de un lapso perentorio de quince (15) días de despacho y su finalidades que el sentenciador pueda completar su conocimiento sobre los hechos despejar dudas o insuficiencias que le impidan formarse una clara convicción, sin que ello signifique una derogatoria de principio dispositivo. De allí que, el artículo 514 del CPC establece expresamente que el tribunal acordar en dicho auto: “4º que se practique alguna experticia sobre los puntos que fije el tribunal o se amplié aclare la que existiere en autos” Pues bien, en el presente caso, el proceso había seguido su curso, se habían presentado los informes en primera instancia y las observaciones a los mismos y estaba transcurriendo el lapso para sentenciar la causa, cuando se produjo la sentencia interlocutoria dictada por este superior órgano jurisdiccional en fecha 05 /12/2025 (folios 95 al 101 pieza 03) en la cual se ordeno la evacuación de la experticia bajo las formalidades establecidas en el código de procedimiento civil, donde posteriormente la parte promoverte de la prueba, la renuncia antes de su evacuación, cuestión que el tribunal A-Quo omitió pronunciamiento sobre la renuncia de la prueba y acto seguido dicto un acto procediendo a designar de nuevo al mimo experto y ordenar la práctica de la prueba. Sobre este aspecto, cabe destacar que si el tribunal considero que la experticia era necesaria para fallar. La vía procesal idónea para ordenar la práctica de una experticia de oficio una vez que, el proceso se encuentra en la fase de sentencia (después de informes) es el Auto para Mejor Proveer previsto en el artículo 514 ordinal 4º del CPC circunstancia que no se produjo es decir ocurrió una omisión del Auto para Mejor Proveer, cuestión esta que el tribunal al dictar un auto acordando la designación del experto sin motivar y in dictar el auto para mejor proveer incurrió en una omisión que afecta la transparencia y el control procesal. El auto para mejor proveer no solo permite ordenar la prueba, sino que también otorga a las partes la facultad de hacer las observaciones pertinentes respecto de las actuaciones practicadas antes del fallo. La omisión de este auto en esta etapa procesal constituye un quebrantamiento de formas sustanciales del proceso al privar a las partes de la oportunidad de hacer observaciones sobre la nueva prueba ordenada de oficio (vid sentencia Sala de Casación Civil del TSJ del 12/12/2025 expediente 22-031) Por otro lado, ciudadana juez la actuación del Tribunal es doblemente cuestionable. En primer lugar en cuanto a la omisión del Auto para Mejor Proveer: si el Tribunal consideraba la experticia esencial para su convicción debió dictar el auto para mejor proveer en el lapso legalmente establecido (después de informes) y en segundo lugar: la designación del mismo experto de la entidad pública municipal cuyo informe le fue anuladoes una actuación que contraviene directamente la orden de Superior y el principio de imparcialidad, debido a que el informe anterior fue anulado precisamente porque el procedimiento de nombramiento de experto y evacuación vicio el proceso (vid sentencia SCC del TSJ del 23/02/2017 expediente 16-514) De manera que, al designar al mismo experto que ya había una opinión unilateral y oficiosa el tribunal no solo desobedece la reposición, sino que reitera la violación al debido proceso y alderecho a la defensa en perjuicio de la tutela judicial efectiva, ya que, el experto tiene un criterio formado lo que podría configurar una causal de recusación a, al menos una grave irregularidad que afecta la validez de la prueba (ver sentencia de la Sala Civil del TSJ del 12/11/2024 expediente 24-457) La omisión de este auto, sumada a la falta de motivación y a la designación del mismo experto cuyo informe fue anulado constituye una grave violación de las normas procesales y del despacho a la defensa de las partes y en consecuencia la actuación del tribunal de primera instancia es susceptible de ser impugnada por quebrantamiento de formas sustanciales el proceso ya que la designación oficiosa y unilateral del experto, especialmente uno cuyo dictamen ya fue declarado nulo, afecta la validez de la prueba y la estabilidad del juicio (Vid sentencia SCC del TSJ del 23/02/2017 expediente 16-514) En fuerza de los argumentos expuesto solicito la procedencia con lugar del punto previo expuesto y como consecuencia de ello debe proceder él a quo a sentenciar la causa por decisión de este superior Tribunal por considerar que ha transcurrido el lapso perentorio para que de manera oficiosa él a quo pudiera evacuar la prueba de experticia haciendo uso de lo preceptuado en el artículo 451 del Código de Procedimiento Civil o haber dictado, auto para mejor proveer en conformidad a articulo 514 ejusdem y así debe ser establecido. SEGUNDO: DE LOS FUNDAMENTOS A LA RECUSACION CIUDADANA Juez a todo evento y sin que lo planteado de seguidas involucre aceptación o convalidación de lo delatado en el punto previo del presente escrito de informes pero de seguida a establecer los fundamentos de la recusación planteada de la forma siguiente: En fecha 05 de diciembre del año 2005 el Tribunal a-quo procedió a dictar auto mediante el cual se pronuncia sobre la Recusación del Experto designado y/o juramentado por este Tribunal ciudadano JOSE GREGORIO LANDAETA VALERO, la cual se propuso mediante diligencia de fecha 02 de diciembre del año 2025, y en cuya sentencia niega la recusación propuesta de cuyo auto se apela en la oportunidad correspondiente procediendo el aquo a oír la actividad recursiva de apelación en un solo efecto. En el contexto del auto de fecha 05/12/2025 procedió el órgano objetivo jurisdiccional a pronunciarse sobre la recusación propuesta utilizando para ello como fundamento de su decisión la transcripción de un extracto de la sentencia explicativa dictada por este Tribunal Superior de fecha 17 de octubre de 2025 en los siguientes términos: (Sic) “Así mismo en sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Transito Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, de fecha 17 de octubre de 2025, se ordeno lo siguiente “al verificarse de la sentencia interlocutoria dictada previamente que este juzgado Superior ordenó”. se fije el acto de nombramiento de los expertos de conformidad con lo preceptuado en el artículo 452 de Código de Procedimiento Civil”, lo anterior permite dejar entrever la naturaleza procesal de lo que por mandato de esta superioridad ha sido dictado, lo que busca es en términos generales dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 452 del Código de Procedimiento Civil acto procesal este ha de imperar sobre cualquier otra actuación que de este se dimane sin embargo verificado y delatado por esta instancia que el Juez a-quo incumplió con la designación de los auxiliares de justicia que van acompañar ese medio probatorio promovido en su oportunidad legal tal y como lo prevé el artículo 452 del código de Procedimiento Civil es por lo que se configura a solicitud realizadapor el apelante tal y como fue decidido, que por notoriedad judicial el asunto principal se encuentra en etapa sentencia estando a lugar la práctica del mismo para luego de incorporarla el juez decida de fondo, cuando el fin último es la practica a derecho de la experticia por lo que se puede agregar en la aclaratoria solicitada “que al acta levantada en fecha 10 de marzo de 2025 por no haber celebrado dicho nombramiento como lo preceptúa la norma procesal, no se considera válida para ser valorada en la definitiva dicha experticia presentada por el experto designado en dicho auto ciudadano José Gregorio Landaeta, titular de la cedula de identidad Nº 9.267.931como evaluador profesional“(Negrillas y subrayado del Tribunal). En la misma sentencia de fecha 05/12/2025 en su última parte el AQuo expone lo siguiente: … Del correcto acatamiento de lo dictado en la anterior sentencia parcialmente transcrita se desprende que el mandato de la alzada es la evaluación de la experticia de conformidad con el artículo 452 del código de procedimiento civil, no encontrándose causal procedente para recusación del experto propuesto que comprenda lo establecido en el artículo 82 del código de procedimiento civil en consecuencia se Niega la recusación propuesta. Así se decide cúmplase” Ciudadana Jueza tal y como se desprende del dictamen de A-Quo no se evidencian las motivaciones que tuvo para negar lo solicitado, limitándose solo a mencionar que lo correcto era acatar lo dictado en la sentencia dictada por este mismo tribunal lo cual ciertamente es así, lo cual salvo lo expuesto en el particular primero de este escrito en cuanto a la renuncia a dicha prueba de su evacuación por la parte actora y promoverte de la prueba, no está en discusión por cuanto tal y como lo señala la sentencia y su aclaratoria dictada por este Tribunal Superior en fecha 17/10/2025 expediente 1.457 el A-Quo incumplió con la designación de los auxiliares de justicia en contravención del procedimiento establecido en el Código de Procedimiento Civil, pero la cuestión esta ciudadana Juez es en la falta de motivación para desestimar la Recusación en donde solo se limitó a exponer que no encontró causal procedente de las establecidas en el articulo 82 ejusdem, desconociendo sentencias vinculantes de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo d Justicia al respecto. A tal efecto ciudadana Juez, la Sala Constitucional del más alto Tribunal de la República en sentencia Nº 2.140 de fecha 07 del mes de agosto de dos mil tres (2003) ratificada por la misma Sala en fecha 09 del mes de marro de dos mil veintitrés (2023).en donde se reconoció que estas causales no abarcan todas las conductas que pueda desplegar el Juez a favor de una de las partes ya que como indica la misma los textos legaos envejecen y resultan anacrónicos para comprender nuevas situaciones jurídicas. En ese sentido transcribo parcialmente la referida sentencia a fines ilustrativos. Al hilo de lo anterior, a los fines de regular la incapacidad personal del juez el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil establece los supuestos de incapacidad subjetiva de los funcionarios judiciales y en este propósito consagra las causales de inhibición y recusación, las cuales nuestra jurisprudencia ha entendido que no tienen carácter taxativo. En efecto esta Sala Constitucional ha establecido mediante sentencia Nº 2.140 del 7 de agosto de 2003. Ponencia del Magistrado Doctor Arcadio Delgado Rosales. Ciudadana Juez como se indico ut supra el Tribunal de la causa efectivamente acata la decisión dictada por este Tribunal Superior en cuanto a proceder conforme a derecho en el nombramiento de expertos lo cual se llevo a efecto en el sentido de que la parte actora nombro su experto y mi representada el suyo, siendo que elTribunal A-Quo efectúa nuevamente la solicitud de experto de la Oficina de Catastro Alcaldía del Municipio San Carlos de Austria del estado Cojedes según oficio Nº 180-2.025 en fecha 19/11/2025 recibiendo respuesta a dicha solicitud en fecha 27 de noviembre del año 2.025 mediante la cual informan y cito textualmente …”Informa que dicha institución por cuanto es el único funcionario con el que cuentan en función a lo requerido por este Tribunal, designa al experto ciudadano José Gregorio Landaeta Valero (Calculista Evaluador II) a los fines de evacuar EXPERTICIA DE AVALUO ECONOMICO para que determine el valor del mencionado referencial, en moneda de curso legal de los inmuebles a continuación se describen …” Fin de la cita. ¿Como puede ver ciudadana Jueza el órgano administrativo requerido por el Tribunal para la designación y nombramiento del experto se excusa en que solo existe un solo funcionario con la capacidad para realizar la experticia solicitada, lo cual pueda ser que sea verdad, pero es acaso el Tribunal de la causa no tiene dentro de su grupo de funcionarios auxiliares, una terna o panel de expertos que puedan realizar este trabajo? Se evidencia ciudadana juez al ratificar en el cargo a este funcionario el cual ya ha hecho un pronunciamiento previo, y que ya en referida sentencia (aclaratoria) de fecha 17/10/2025 ha quedado Nulo y sin efecto, no solo la experticia sino en la misma se dice que dicha experticia no será valorada en la sentencia definitiva y que fue presentada por el mismo ciudadano José Gregorio Landaeta titula de la cedula de identidad Nº v-9.261-7.931 el cual es el mismo designado por el Tribunal, en acatamiento de supuestos por supuesto de la mencionada sentencia de fecha 17/10/2025 para que sea este mismo funcionario auxiliar de justicia quien realice nuevamente la experticia, sobre los mismos bienes lo que conllevaría a que este repitiese un acto que ya fue no solo cuestionado en el escrito de informes presentado por la parte demandada, sino que el mismo fue declarado como no valido por esta superioridad con nombre, apellido, numero de cedula y profesión. No obstante lo anterior debe precisarse que al designar al mismo experto que ya había emitido una opinión unilateral y oficiosa el Tribunal no solo desobedece la resolución del Superior órgano jurisdiccional sino que reitera la violación al debido proceso y al derecho a la defensa en perjuicio de la tutela judicial efectiva, ya que el experto tiene un criterio formado, lo que configura causal de recusación o al menos una grave irregularidad que afecta la validez de la prueba,(ver sentencia de la Sala Civil del TSJ del 12/12/2024 expediente 24-457)con el valor agregado que la parte promovente de la prueba ya la había renunciado antes de su evacuación lo que cobra fuerza los fundamentos expuestos en el punto previo y que aquí se reiteran. Ciudadana Jueza, del cumulo de actuaciones presentadas anexas al expediente de copias certificadas se describen todas y cada unas de las actuaciones presentadas por el Recusado durante su irrita designación primigenia de donde se desprende que el funcionario auxiliar designado ya ha formulado y adelantado criterio sobre el supuesto valor de los bines sujetos a su conocimiento como experto lo cual coloca en desventaja no solo a mi representada sino también el criterio que pudiesen tener los otros expertos designados a los cuales también les compete la realización de un trabajo que pudiera verse comprometido por la repetición de una experticia declarada sin efecto mediante sentencia firme. Como puede observar ciudadana Juez, o expresa el texto citado, la imparcialidad tiene una dimensión objetiva referida a la confianzaque debe reflejar el Tribunal para con todas las partes y en aplicación al caso especifico el funcionario auxiliar designado y/o juramentado por el Tribunal ha intervenido de manera directa en el juicio y ha expresado opinión sobre actuaciones que posteriormente fueron declaradas invalidas lo cual compromete su imparcialidad en el futuro dictamen que pueda hacer. Por último solicito respetuosamente la admisión de presente escrito de informes y que el mismo sea apreciado al momento de dictar sentencia definitiva de fondo declarando con lugar la Recusación hecha contra el funcionario auxiliar designado y/o juramentado ciudadano JOSÉ GREGORIO LANDAETA VALERO, titular de la cedula de identidad Nº V-9.267.931, calculista Avalador II. En la oportunidad de presentar los informes, la parte demandante, expresó lo siguiente: (…Omissis…) 1. DE LA CONTRADICCION AL PUNTO PREVIO; A los fines de contradecir lo alegado por la representación judicial de la parte recurrente en su escrito de informes, es necesario señalar las actuaciones contenidas en el expediente 11.830 en que lleva el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, las cuales fueron dictadas por el A-Quo y las partes del proceso no ejercieron recurso alguno las cuales señalo a continuación. En fecha 05 de agosto del año 2025, el juzgado a-quo dicta un auto que es el siguiente: “…Por cuanto la presente causa se encuentra en etapa de sentencia este Tribunal ordena suspender dicho lapso en el estado en que se encuentra hasta tanto se cumpla la evacuación de la prueba ordenada. Por lo tanto, hasta que se cumpla con la presente prueba de experticia, sigue suspendido el lapso para dictar sentencia…” En sentencia de fecha 17 de octubre del año 2025, emitida por este tribunal en el expediente 1457, el cual hace la aclaratoria solicitada en los términos siguientes: “…todo lo cual, permite determinar respecto del caso que nos ocupa que, lo solicitado por la parte demandada dista de configurarse procedente en derecho al verificarse de la sentencia interlocutoria dictada previamente que este Juzgado Superior ordenó “…se fija el acto de nombramiento de los expertos de conformidad con lo preceptuado en el artículo 452 del Código de Procedimiento Civil…” (Sic) lo que permite dejar entrever que la naturaleza procesal de lo que por mandato de este superioridad ha sido dictado, lo que se busca es, en termino generales dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 452 del Código de Procedimiento Civil, acto procesal este, que ha de imperar sobre cualquier otra actuación que de este se dimane, sin embargo verificado y delatado por esta instancia que al Juez a-quo incumplió con la designaciones de los auxiliares de justicia que van acompañar este medio probatorio promovido en su oportunidad legal tal y como lo prevé el artículo 452 del Código de Procedimiento Civil es por lo que se configura la solicitud realizada por el apelante tal y como fue decidido, que por notoriedad judicial el asunto principal se encuentra en etapa de sentencia, estando alugar la práctica del mismo para luego de incorporada el juez decida de fondo cuando el fin último es la practica a derecho de la experticia por lo que se pueda agregar, en la aclaratoria solicitada “que el acta levantada en fecha 10 de maro del 2025, por no haber celebrado dicho nombramiento como lo preceptúa la norma procesal no se considera válida para ser valorada en la definitiva dicha experticia presentado por el experto designado en dicho auto ciudadano José Gregorio Landaeta titular de la cedula de identidad Nº 9.267.931 como evaluador profesional” Es por lo que a los fines de no causar inseguridad jurídica, considera esta instancia que lo más ajustado en derecho, agregar cualquier omisión que pueda aclararles a las partes la inquietud surgida, aun y cuando pueda inferir quien suscribe que es de pleno derecho por lo que por lo que se declarar: Procedente la solicitud de aclaratoria interpuesta el 13 de octubre de 2025, mediante diligencia constante de un (01) folio presentada por el abogado Edgar Rafael Vera Bravo titular de a cedula de identidad Nº V-9.530.238 inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo en Nº 212.15 apoderado judicial de la parte demandada ciudadana Yojaina Soledad Ziab Irched, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-17.888.882 respecto a la anulación del auto u oficio de nombramiento del experto designado dirigido a la alcaldía, la fijación de auto mediante el cual se nombra los expertos, la anulación del auto mediante el cual s designo un solo experto, por lo que dicha solicitud queda de la siguiente manera “en consecuencia se ordena se fije el acto de nombramiento de los expertos de conformidad con lo preceptuado en el artículo 452 del Código de procedimiento Civil, por lo que el acta levantada en fecha 10 de marzo de 2025, no se considera válida, en consecuencia no se valora en la sentencia definitiva la experticia presentada por el experto designado en dicho auto ciudadano José Gregorio Landaeta, titular de la cedula de identidad Nº 9.267.931 como T.S.U en evaluador profesional “Así se decide…” (Destacado y Subrayado de esta Defensa). Luego de recibir el juzgado a-quo expediente 1457 de este tribunal y antes de la admisión de la prueba de experticia, introduje diligencia de fecha 10 de noviembre del año 2025 en cual, en nombre de mis representados DESISTI de la prueba de experticia que este mismo tribunal en el expediente 1457 mediante interlocutoria definitiva de fecha 06 de octubre de 2025, ordenó la evacuación nuevamente de la Prueba de Experticia de AVALUO ECONOMICO en virtud de que mis representados no cuentan con la capacidad económica para pagar los honorarios o expensas de los expertos privados que haya lugar de designar para la práctica de la referida prueba, además del hecho cierto que mi representados cuentan con pruebas suficientes en el citado expediente para demostrar a pretensión deducida. Es así que en fecha 13 de noviembre del año 2025, el Juzgado aquo en respuesta a la diligencia de fecha 10 de noviembre, dicta un auto en el cual expone: “…Revisadas las actas procesales que conforman el presente asunto y asimismo vista diligencia presentada en fecha diez (10) denoviembre del presente año por el abogado Rodolfo Antonio Rodríguez Lozada, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-11.964.143 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 193.745 actuando en este acto como apoderado judicial de los ciudadanos Khaled Daniel ZiabIrched, Juaida Carolina ZiabIrched, y AbirJackelineZiabIrched, venezolanos, mayors de edad, titulares de la cédula de identidad Nº V-14.770.967; V-14.770.966 y V-16.157.804, respectivamente parte demandante en el presente juicio, mediante la cual expone: “..en nombre de mis apoderados DESISTO de la prueba de experticia de AVALUO ECONOMICO para la fecha de las operaciones de compra – venta de los inmuebles que se demanda la simulación y que forman parte del acervo hereditario que se llama a colación..” A los fines de proveer lo antes peticionado esta Juzgadora pasa hacer las siguientes consideraciones: De acuerdo con lo contemplado en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil que establece “los Jueces tendrán por norte de sus actos la verdad…” así como los preceptos contenidos en el artículo 514 del Código de Procedimiento Civil siendo que esta prueba es de relevancia para el presente asunto es pertinente antes de proceder esta Juzgadora a dictar sentencia, hacer uso de la facultad que le confiere la norma antes señalada, concatenados con los artículos 2,21, 26,49, 51 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela este Tribunal ordena el cumplimiento de la sentencia dictada por el Jugado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y del Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes de fecha 17 de octubre de 2025. Que declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada identificada en autos, en consecuencia “ordena se fije el acto de nombramiento de los expertos de conformidad con la preceptuado en el artículo 452 del Código de Procedimiento Civil en consecuencia se ordena: PRIMERO; evacua EXPERTICIA DE AVALUO ECONOMICO para la fecha de las operaciones de compra – venta de los inmuebles que se identifican a continuación: 1. INMUEBLE constituido por una Parcela de Terreno y parte de las mejoras y Bienhechurías sobre construidas consistente en los locales comerciales Nº 2, 2-A, 3, 4, 5 SALON DE DEPOSITO Y VIVIENDA FAMILIAR ubicado en la Avenida Bolívar cruce con calle Carabobo de esta ciudad con un área de terreno de CUATROCIENTOS NOVENTA TRES METROS CON CINCUENTA CENTIMETROS CUADRADOS (493, 50MTS2) todo lo cual infiere de plano de conjunto en escala 1.75 elaborado por el topógrafo Pedro Flores y que fue agregado al cuaderno de comprobantes bajo el nro 174 y 1del documento protocolizado bajo el nro 38, Folios 161 al 172 Tomo 3, Protocolo Prime Segundo Trimestre del año 2002 de fecha 5 de junio del 2002 de fecha 5 de junio de 2002 terrenos y bienhechurías estos cuyos linderos particularmente son NORTE: con terrenos que son o fueron propiedad de Benito Mata, hoy propiedad de Ángelo Destefano SUR: Avenida Bolívar. ESTE: con terrenos y bienhechurías propiedad de Luiangulo y Li Jian Rong, OESTE: con calle Carabobo de esta ciudad. Lote de terreno y bienhechuríasestas que conforman parte de un lote de terreno y bienhechurías de mayor extensión. Alineada generalmente así: NORTE: Constituido ejido ocupado por Benito mata, SUR. Con la avenida bolívar ESTE: con casa de amado Hernández OESTE: con cale Carabobo. 2.- INMUEBLE constituido por una parcela de terreno y las bienhechurías en las construidas ubicada en la avenida bolívar cruce con calle Carabobo esta ciudad de San Carlos jurisdicción del Municipio Autónomo San Carlos estado Cojedes. Siendo sus linderos los siguientes: NORTE: Terreno Ejido ocupado por el ciudadano Benito mata SUR: Avenida Bolívar ESTE: Casa propiedad amado Hernández OESTE: calle Carabobo 3.- INMUEBLE constituido por un (01) apartamento distinguido con el numero 2-C situada en la plata segundo piso del edificio nro 5 ubicado en el lote de terreno distinguido como lote III A que forma de la etapa II del Conjunto Residencial Alto Llano ubicado en la urbanización Cantaclaro entre la avenida principal de cantaclaro calle 1 y avenida 3 de la ciudad de san carlos estado Cojedes cuyo apartamento tiene una superficie aproximadamente de ochenta y tres metros cuadrados con noventa y dos decímetros cuadrados (83.92 mts2) y está comprendido dentro de los siguientes linderos y medidas particulares: NORTE: zona de escalera y vacio de 6.10ML SUR. Fachada lateral derecha en 7.30 ML con aéreas verdes ESTE: fachada posterior de 12.00 ML con áreas verdes OESTE: apartamento 2092,00 ML SEGUNDO: de conformidad con el artículo 452 del Código de Procedimiento Civil se fija para el segundo día de despacho siguiente a este, acto de nombramiento de expertos. Así se decide…”(Dictado y Subrayado de esta defensa) De auto antes transcrito se desprende que no admitió el desistimiento planteado sino que decidió atacar el orden dado por el mismo tribunal mediante sentencia de fecha 17 de octubre de 2025 del expediente 1457. Luego en fecha 17 de noviembre del año 2025, el Juzgado a-quo dicta auto en el cual revoca por contrario imperio el auto del 13 de noviembre del año 2025 y ordena la evacuación de la experticia de avaluó económico para la fecha de las operaciones de compra – venta de los inmuebles y fija el segundo día de despacho siguiente a la fecha de conformidad con el artículo 452 del Código de Procedimiento Civil se fija para el segundo día de despacho siguiente a este, acto de nombramiento de expertos. Visto que el tribunal a-quo ordenó la evacuación de la prueba de experticia y fijo el segundo día para que tuviera lugar el acto de expertos a todo evento, y de conformidad con lo establecido en los artículos 2,21,26,49,51 y 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es decir TUTELA DUDICIAL EFECTIVA , comparecí en fecha 19 de noviembre del año 2025, en el cual se designo para el cargo de experto al profesional de la ingeniería a JOSE ALEJANDRO SANCHEZ BETANCOURT quien es venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro V- 5.743.023 domiciliado en la avenida salías casa Nº 7-48 sector centro de la ciudad de san Carlos Municipio Autónomo Ezequiel Zamora del estado Cojedes- con teléfono personal numero 0414- 4127452 y correo electrónico in.top.sanzgmail.com inscrito en el colegio de ingenieros de Venezuela bajo el nro C.I.V:Nº213.214 einscrito en la asociación civil de evaluadores profesionales venezolanos (ASAPROVE)bajo el nro 3.593 para que realice la experticia sobre los inmuebles distinguidos con los números 1,2,3 debidamente identificados en el auto de admisión de la prueba de experticia de fecha 17 de noviembre del año 2025. Acto éste, que incomodo al representante legal de la parte demandada quien pretendía que el nombramiento de nuestro experto no fuera recibido por el tribunal a-quo por el desistimiento ya había negado implícitamente pero que si admitiera el nombramiento de su experto, que obviamente es contrario a los postulados de acceso a la justicia y que el proceso sea en igualdad de condiciones para las partes en el proceso. Es oportuno reiterar ciudadana magistrada de los referidos autos (13 y 17 de noviembre del año 2025) la representación judicial de ambas partes NO EJERCIMOS RECURSO ALGUNO subsanado y convalidado dicho autos, ambos estuvimos conforme con ello, ahora pretende la representación judicial de la parte aquí recurrente, obtener un pronunciamiento expreso, sin haber ejercido los recursos que les permite la ley, situación esta que si constituye vulneración del derecho de la defensa y del debido proceso de mis representados por tal motivo pido a este Tribunal atenerse al recurso de apelación sobre la negativa de la recusación ejercida contra el auxiliar de justicia que es el auto del cual apeló y que dio origen la apertura este expediente. Ahora bien, el recurrente alega como punto previo de su escrito de informe, que el Juzgado a-quo no dio estricto cumplimiento a la sentencia de fecha 17 de octubre de 2025, del expediente 1457 en el cual si expreso: “…se ordena se fije el acto de nombramiento de los expertos de conformidad con lo preceptuado en el artículo 452 del Código de Procedimiento Civil…” Es así, que el Juzgado a-quo en acatamiento de la sentencia dictada por este tribunal de fecha 17 de octubre de 2025, en el expediente 1457 el cual ordenó la Evacuación de la Experticiade Avaluó Económico para la fecha de las operaciones de compra – venta de los inmuebles debidamente descritos y fija el segundo día de despacho siguiente a la fecha del 17 de noviembre del año 2025de conformidad con el artículo 452 del Código de Procedimiento Civil se fijo para el segundo día de despacho siguiente a ese, acto de nombramiento de expertos Siendo que el lapso para dictar la sentencia de merito en el Juzgado a-quo se encuentra suspendida por auto de fecha 05 de agosto de 2025, hasta tanto se decidiera el recurso de apelación en contra de la prueba de experticia la cual fue ordenada por este tribunal mediante sentencia definitiva de fecha 17 de octubre del año 2025, en e expediente 1457 y la misma fue acatada por mediante autos de fechas 13 y 17 de noviembre de 2025por lo tanto no estaba y ni está obligado el Juzgado a –quo en emitir un auto para mejor proveer pues solamente estaba acatando la orden dada por este tribunal mediante sentencia de fecha 06 y 17 de octubre de 2025, en el expediente 1457.El auto para mejor proveer en es una facultad discrecional y no obligatoria del Juez de acuerdo con los artículos 514 y 401 del Código de Procedimiento Civil para ordenar tras los informes diligencias probatorias (experticias, inspecciones, interrogatorios) orientadas a esclarecer puntos dudosos o decisivos, buscando la verdad material antes de la sentencia que no aplica en el presente caso, puesto que fue una orden dada por este mismo tribunal mediante la sentencia de fecha 17 de octubre de 2025. En relación al alegato que se había desistido de la prueba de experticia y el juzgado a-quo no se pronunció al respecto, es necesario señalar que el desistimiento o renuncia de una prueba solo requiere que sea previa a su evacuación sin que requiera algún otro presupuesto de validez, pero el sentenciador está facultado para hacer evacuar la prueba de considerarlo necesario y siempre que se trate de alguno de los supuestos permitidos por la ley, sin embargo reitero que la juez a-quo estaba obligada a ordenarla en acatamiento a la sentencia a la sentencia dictada por este tribunal de fecha 17 de octubre de 2025, en el expediente 1457 por lo tanto ordenó la EVACUACION de la experticia de avaluó económico para la fecha de las operaciones de compra – venta de los inmuebles debidamente descritos en el referido auto, fijando el segundo día de de despacho siguiente a la fecha del 17 de noviembre del año 2025, el acto de nombramiento de expertos de conformidad con el artículo 452 del Código de Procedimiento Civil. Siendo así, es falso de toda falsedad que en la sentencia dictada por este tribunal de fecha 17 de octubre del año 2025, en el expediente 1457 haya prohibido designar un experto de la Oficina de Catastro de la Alcaldía del Municipio Autónomo San Carlos, estado Cojedes, solamente señaló que el acta levantada en fecha de 10 de marzo del 2025, por no haber celebrado dicho nombramiento como lo preceptúa la norma procesal, no se considera válida para ser valorada en la definitiva dicha experticia. Con lo cual contradice lo alegado por la representación de la parte recurrente, pues solamente ordena a tribunal a-quo que el acta de informe consignado por el experto no se considera válida para ser valorada en la sentencia definitiva. Es con base en los razonamientos previamente expuestos que los alegatos de representante legal de la parte demandada en su escrito de informe como punto previo deben ser declarados IMPROCEDENTES por encuadra con los hechos y los funcionarios expuestos en el escrito de informes. II.- DE LA IMPROCEDENCIA DE LA RECUSACION CONTRA DEL AUXILIAR DE JUSTICIA. En fecha 05 de diciembre del año 2025, el juzgado a-quo dicta el auto que constituye el objeto del presente recurso de apelación en los términos siguientes: “Revisadas como han sido las actas procesales que conforman el presente asunto, este Tribunal observa: Encontrándose este Tribunal en sustanciación de evacuación de experticia ordenada y designación del tercer experto, se recibió oficio remitido por la oficina de CATASTRO de la Alcaldía del municipio autónomo de San Carlos de Austria (riela al folio 82 de la presente pieza) donde consignan como perito avalador al ciudadano José Gregorio Landaeta Valera,titular de la cedula de identidad Nº 9.267.931 siendo el único profesional que reúne los requisitos necesarios. Sin embrago las partes en el proceso han expuesto: En diligencia de fecha 02 de diciembre de 2025, el abogado Edgar Rafael Vera Bravo, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-9.530.238 e inscrito en el IPSA bajo el Nº 212.150 actuando como apoderado judicial de la parte demandada en el presente juicio, señalo: “…en sentencia dictada por el tribunal superior en lo civil y mercantil de esta circunscripción judicial dictamino que la experticia presentada por el experto designado no debe ser valorada en la sentencia y existe el riesgo que de que este mismo experto presente de forma idéntica el informe invalido aunado a la animadversión que podría evidenciarse en el ánimo del experto en contra de mi representada PROPONGO FORMAMELMENTE ANTE EL MENCIONADO EXPERTO SU RECUSACION…” Igualmente vista diligencia de fecha 04 de diciembre de 2025, por el abogado Rodolfo Antonio Rodríguez Lozada, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 11.964.143 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 193.745, actuando en este acto como apoderado judicial de la parte demandante en el presente juicio en la cual solicita se declare improcedente la recusación interpuesta por el apoderado judicial de la parte demandada por cuanto: “…se basa en una supuesta animadversión del experto en contra de su representada, cuyo causal no se encuentra no se encuentra contenida en ninguna de las causales transcritas del artículo 82 del Código de procedimiento Civil” Seguidamente en fecha 04 de diciembre de 2025, el abogado Edgar Rafael Vera Bravo venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 9.530.238 e inscrito en el IPSA Bajo el Nº 212.150 presenta escrito de replica y petición de sentencia en el cual señala: “ciudadana Juez esta representación a todo evento y sin menoscabo de sus derechos al debido proceso y al derecho a la defensa ratifica su posición de recusación y pido se desestime tales alegatos esbozados por la contraparte en su diligencia de fecha hoy 04 de diciembre de 2025, no obstante a que esta representación no comparte la realización de tal experticia por cuanto al haber sido renunciada por la demandante y promovente de la prueba y habiendo sido presentado los informes del resto de las pruebas presentadas de ambas partes es decir, hace rato que paso el acto de informes ha de interferirse que ya el expediente se encuentra desde hace casi 3 meses en estado de sentencia en donde transcurrieron con creses los lapsos perentorios para que se pueda proceder por este órgano objetivo jurisdiccional hacer uso de la potestad a que hace referencia el artículo 514 del Código de Procedimiento Civil y con ello pretender que se repita una prueba que ya fue renunciada y los lapsos de manera perentoria transcurrieron. En consecuencia además de lo peticionado pido a este Tribunal dicte sentencia en la presente causa por encontrarse en la referida fase procesal”A hilo de las actuaciones presentadas este tribunal considera prudente traer a colación lo dictado en auto de fecha 05 de agosto de 2025, que riela los folios 31 y 32. “…por cuanto la presente causa se encuentra en etapa de sentencia este tribunal ordena suspender dicho lapso en el estado en que se encuentra hasta tanto se cumpla la evacuación de la prueba ordenada” por lo tanto se cumpla con la presente prueba de experticia sigue suspendido el lapso para dictar sentencia. Es por lo que desde dicha fecha hasta la presente, no ha continuado transcurriendo lapso para dictar sentencia por no haberse aun evacuado la prueba de experticia ordena por el juzgado superior y que este tribunal considera que representa un elemento de convicción antes de dictar el fallo, en el uso de las facultades del juez contenidas en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil: Los jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procuraran conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse a las normas del derecho, a menos que la ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de estos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados. El juez puede fundar su decisión en los conocimientos de hecho no alegados ni probados. El juez puede fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común o máximas de experiencias. En la interpretación de contratos o actos que presenten oscuridad, ambigüedad o deficiencia, los jueces se atenderán a propósito y a la intención de las partes o de los otorgantes teniendo en mira las exigencias de la ley de la verdad y de la buena fe. Asimismo en sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo civil, mercantil, bancario y del tránsito de la circunscripción judicial del estado Cojedes de fecha 17 de octubre de 2025, se ordeno lo siguiente: “al verificarse de la sentencia interlocutoria dictada previamente que este Juzgado superior ordeno:”…se fije el acto de nombramiento de los expertos de conformidad con lo preceptuado en el artículo 452 del Código de Procedimiento Civil…” (sic) lo que permite dejar entrever que la naturaleza procesal de lo que por mandato de esta superioridad ha sido dictado, por lo que se busca es, en términos generales dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 452 del Código de Procedimiento Civil, acto procesal esta que ha de imperar sobre cual otra actuación que de este se dimane sin embargo verificado y delatado por esta instancia que el juez a-quo incumplió con la designación de los auxiliares de justicia que van acompañar ese medio probatorio promovida en su oportunidad legal, tal y como lo prevé el artículo 452 del Código de Procedimiento Civiles por lo que configura la solicitud realizada por el apelante tal y como fue decidido que por notoriedad judicial el asunto principal se encuentra en etapa de sentencia estando a lugar la práctica del mismo para luego de incorporada el juez decida de fondo, cuando el fin último es la practica a derecho de la experticia por lo que lo que se puede agregar en la aclaratoria solicitada “que el acta levantada en fecha10 de marzo de 2025, por no haber celebrado dicho nombramiento como lo preceptúa la norma procesal no se considera valida para ser valorada en la definitiva dicha experticia presentada por el experto designado en dicho auto ciudadano José Gregorio Landaeta titular de la cedula de identidad NºV-9.267.931 como evaluador profesional” (Negrita y subrayado del tribunal). Del correcto acatamiento de lo citado en la anterior sentencia parcialmente transcrita se desprende que el mandato es la evacuación de a experticia de conformidad con e artículo 452 del Código de Procedimiento Civil no encontrándose causal procedente para recusación del experto propuesto que comprenda lo establecido en e artículo 82 del Código de Procedimiento Civil en consecuencia se Niega la recusación propuesta. Así se decide, cúmplase…” Del transcrito auto se observa en primer lugar que está debidamente motivado respondiendo cada uno de los alegatos expuestos por las partes y bajo el fundamento que la recusación planteada en contra de auxiliar de justicia de designado por el Director de Catastro de la Alcaldía de Municipio Autónomo San Carlos, estado Cojedes de fecha 27 de noviembre de 2025 en el cual designan al Experto JOSE GREGORIO LANDAETA VALERO el cual es único que reúne los requisitos exigidos por el Tribunal el cual no se encuentra incurso en ninguna de las causales taxativas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo alega el referido abogado EDGAR VERA que él como defensa de la demandada de autos ya había lo atacado en el escrito de informes que presento en este Juzgado aduciendo igualmente que como quiera que ya lo había impugnado e ese escrito de informes eso “…podría generar en el experto animadversión en contra de su representada…” sin embargo ciudadana juez para que proceda la recusación de un funcionario judicial debe estar circunscrita en algunas de las causales taxativas señalada en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil que establece: Artículo 82: los funcionarios judiciales sean ordinarios, accidentales o especiales, incluso en asuntos de jurisdicción voluntaria pueden ser recusados por algunas de las causas siguientes: 1º por parentesco de consanguineidad con alguna de las partes, en cualquier grado en la línea recta y en la colateral hasta cuarto grado inclusive. Procede también la recusación por ser cónyuge de recusado el apoderado o asistente de una de las partes. 2º por parentesco de afinidad de la cónyuge del recusado con cualquiera de las partes dentro del segundo grado si vive la cónyuge y no está divorciada o separada de cuerpo o si, habiendo muerto o declarándose el divorcio o la separación de cuerpos existen hijos de ella con el recusado. 3º por parentesco de afinidad del recusado con el cónyuge de cualquiera de las partes, hasta el segundo grado inclusive en caso de vivir la cónyuge que cause la afinidad sin estar divorciada o separada de cuerpos o en caso de haber hijos de la misma con la parte aunque la cónyuge haya muerto o se halle divorciada o separada de cuerpo.4º por tener el recusado su cónyuge o alguno de sus consanguíneos o afines dentro de los grados indicados, interés directo en el pleito. 5º por existir una cuestión idéntica que deba decidirse en otro pleito en el cual tengan intereses las mismas personas indicadas en el número anterior. 6º si e recusado o su cónyuge fueron deudores de plazo vencido de alguno de los litigantes o de su cónyuge 7º si el recusado, su cónyuge y sus hijos tuvieran pleito pendiente ante el tribunal en el cual el litigante sea el juez. 8º si en los cinco años procedentes se ha seguido juicio criminal entre una de las mismas personas y uno de los litigantes, su cónyuge o hijos. 9º por haber dado el recusada recomendación o prestado su patrocinio a favor de alguno de los litigantes sobre el pleito en que se recusa. 10º por existir pleito civil entre el recusado o alguno de sus parientes dentro de los grados indicados y el recusante si se ha principiado antes de la instancia en que ocurre la recusación y si no han transcurrido doce meses a partir del término del pleito entre los mimos. 11º por ser recusado dependiente, comensal, tutor o curador, heredero presunto o donatario de alguno de los litigantes. 12º por tener el recusada sociedad de intereses o amistad intima con alguno de los litigantes. 13º por haber recibido el recusado de alguno de ellos servicios de importancia que empeñen su gratitud. 14º por ser el recusado administrador de cualquier establecimiento público o particular relacionado directamente con e pleito. 15º por haber el recusado manifestado su opinión sobre lo principal del pleito o sobre la incidencia pendiente antes de la sentencia correspondiente siempre que el recusado sea el juez de a causa. 16º por haber sido el recusado testigo o experto en e pleito siempre que sea Juez en el mismo. 17º por haber intentado contra el Juez queja que se haya admitido aunque se le haya absuelto siempre que no hayan pasado doce meses de dictada la determinada final. 18º por enemistad entre el recusado y cualquiera de los litigantes demostrada por hechos que, sanamente apreciados hagan sospechable la imparcialidad del recusado. 19º por agresión, injuria o amenaza entre el recusado y alguno de los litigantes ocurridas dentro de los doce meses procedentes al pleito. 20º por injurias o amenazas hechas por el recusado o alguno aun después de principiado el pleito. 21º por haber el recusado recibido dadiva de alguno de los litigantes después de comenzado el pleito. 22º por haber fallado la causa de un ascendiente, descendiente o hermano del recusado. La recusación no solamente debe encuadrar en alguna de las causales antes transcritas, sino que además debe acompañar prueba suficiente que demuestre su legado, el cual no consta en el presente asunto, pues e hecho de que lo haya impugnado en un escrito de informes, no es prueba suficiente para recusar al auxiliarde justicia por lo tanto y conforme con el artículo 506 del código de Procedimiento Civil, la carga de la prueba recae en este caso en la parte accionada pues se basa en un supuesta “animadversión del experto” en contra de su representada cuya causales transcritas del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil. Es oportuno señalar en este estado que en fecha 19 de noviembre de 2025, ambas partes acudimos al acto de nombramiento de expertos, designando tanto la parte demandante como demandado el profesional en la materia para que ejerzan las funciones que les recomienda el tribuna, solamente falto ese día la designación del experto del tribunal quien nos indico que e tribunal no cuenta con una terna de este tipo de funciones judiciales y que por lo tanto iba a oficiar a la Dirección de Catastro de la Alcaldía del Municipio AutónomoSan Carlos estado Cojedes para que le designaran un experto. Obviamente que el nuevo acto de designación de los expertos auxiliares deben de cumplir con lo establecido en los artículos 452 y siguientes del Código de Procedimiento Civil quienes deben emitir cada uno un informe de la experticia por cada uno realizado y consignarlo en el expediente para que las partes puedan hacer las observaciones que consideren convenientes en el caso por lo tanto, el hecho que el experto José Gregorio Landaeta Valero haya presentado un informe anterior el cual alega la parte recurrente en su escrito de informe que la sentencia dictada por este tribunal de fecha 17 de octubre de 2025, en el expediente 1457 ANULÓ y dejó SIN EFECTO la experticia realizada por el experto José Gregorio Landaeta Valero, no genera ningún tipo de vulneración a la imparcialidad que dice cuestionar pues ese experto debe consignar un nuevo informe que respalde sus argumentos los cuales no sabemos a ciencia cierta cuál va ser, pues aun no la ha presentado. Además de lo anterior la valoración de la prueba de experticia en el proceso civil venezolano se rige por el sistema de la sana crítica donde el juez no está vinculado automáticamente al dictamen parcial pudiendo apartarse de él si no le convence conforme al artículo 1.427 del Código de procedimiento Civil. Es un medio para aportar conocimiento técnicos sobre hechos específicos por lo tanto el juez puede o no estar de acuerdo con lo expresado por el experto con lo cual no genera ningún tipo de vulneración a las formas procesales denunciadas. Como consecuencia de los razonamientos antes expuestos solicito en nombre de mis representados se declare sin lugar la recusación interpuesta en fecha 02 de diciembre de 2025, por el abogado EDGAR VERA en su condición de representante legal de la parte demandada. Finalmente el recurso de apelación ejercido por la representación judicial de la parte demandada contra el auto de fecha 05 de diciembre del año 2025, dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial debe ser declarado SIN LUGAR y debe ser CONFIRMADO el auto apelado ES JUSTICIA en la ciudad de San Carlos.En la oportunidad de presentar escrito de Observación a los Informes, la parte demandada, expresó lo siguiente: (…Omissis…) Ciudadana Juez, tal y como se narró en el escrito de informes presentado por mi representada, en fecha dos (02) de diciembre de 2025, se consigno por ante el tribunal a-quo diligencia mediante la cual expresamente se recusa al experto avaluador designado y/o juramentado para la práctica de las diligencias que como funcionario auxiliar le fueron encomendadas por el mencionado tribunal y se le hizo saber al tribunal de la causa que no se había dado estricto cumplimiento al contenido de la sentencia dictada por este juzgado superior de fecha 17 de octubre de 2025, expediente 1457 toda vez que la parte promovente de dicha prueba, en diligencia de fecha 10/11/2025 (folios 41 al 43 pieza 03 del expediente 11.830) DESISTIO de la prueba de experticia de avalúo económico para la fecha de las operaciones de compraventa de los inmuebles que allí se identifican y ratifico que el tribunal a-quo no hizo pronunciamiento alguno sobre lo citado por la parte actora y promovente de la prueba de experticia en cuanto al desistimiento de la referida prueba ahora bien la parte actora en su escrito de informes (ver folio 162) señala…”Del auto antes descrito, se desprende que no admitió el desistimiento planteado sino que decidió acatar el orden dado por este mismo tribunal mediante sentencia de fecha 17 de octubre de 2025 del expediente 1457..” fin de la cita. Ciudadana juez tal y como ha sido reconocido por la norma, la doctrina y la jurisprudencia que las sentencias deben valerse de por sí solas, no debe haber duda que de lo que el sentenciador decidió para dar cumplimiento así al principio de exhaustividad y en el presente caso el a-quo omitió por completo hacer pronunciamiento expreso y valorar la diligencia mediante la cual la parte actora DESISTIA de la prueba de experticia al no formular el a-quo un exhaustivo análisis de este desistimiento en el auto de fecha 13/11/2025. Como puede observarse de la referida decisión mediante la cual e tribunal de la causa ordena la realización de la prueba de experticia económica ya referida, no se desprende que este haya hecho pronunciamiento expreso sobre la NO ADMISION DEL DESISTIMIENTO a la prueba presentada por la parte actora en su diligencia de fecha 10/11/2025 tal y como pretende la parte actora indicar en su escrito de informe en tal sentido ratificamos a este digno tribunal superior se sirva pronunciar sobre este punto delatado. Así como tampoco es cierto lo indicado por el actor en el mencionado escrito de informes cuando señala que el a-quo ya había negado implícitamente el desistimiento hecho, (ver folio 163) en virtud de la violación del principio de exhaustividad que debe tener la sentencia ya anteriormente referido. Más adelante señala el actor en su escrito de informes señala que el tribunal de la causa no estaba obligado a emitir o dictar auto para mejor proveer pues lo importante era acatar la orden dada por este tribunal superior. Ahora bien, es cierto que debía el tribunal de la causa dar estricto cumplimiento de la decisión dictada por este tribunal superior ya que precisamente la apelación formulada en su momento y que dio origen a la referida decisión era por cuanto el tribunal de la causa no había cumplido con el procedimiento establecido para el nombramiento de expertos pero esto no implica que el a-quo al dar acatamiento de la referida decisión de fecha 17/10/2025 omitiera como lo hizo en pronunciarse sobre el desistimiento ya tantas veces señalado, porcuanto la referida prueba de experticia económica promovida fue renunciada antes de su evacuación y de acuerdo a la doctrina y la jurisprudencia la misma no corresponde al proceso pues su admisión quedo sin efecto por su desistimiento siendo que él, Tribunal debió haber expresado detalladamente los motivos que había tenido para no oír e desistimiento efectuado no haciendo ninguna mención en relación a esta solicitud de la parte actora y trayendo como consecuencia que la parte actora llegue a conclusiones erradas. En tal sentido reitero que efectivamente si era necesario el Auto para mejor proveer, previsto en el articulo 514 ordinal 4º del CPC circunstancia que no se produjo ya que si el tribunal consideró que la experticia era necesaria para fallar, la vía procesal idónea para ordenar la practica era la de una experticia de oficio una vez que el proceso se encuentra actualmente en la fase de sentencia ya que las partes habíamos presentado los informes. CAPITULO SEGUNDO: Ciudadana juez la parte actora señala en su escrito de informes (ver folio 164) lo siguiente “Siendo así es falso de toda falsedad que en la sentencia dictada por este tribunal de fecha 17 de octubre de 2025, en el expediente 1457, haya prohibido (negritas propias) designar un experto de la oficina de catastro de la Alcaldía del Municipio Autónomo San Carlos estado Cojedes…” fin de la cita. A este respecto debo hacer las siguientes consideraciones: desconozco las motivaciones que tuvo la parte actora al hacer este señalamiento por cuanto efectivamente ni en la referida sentencia de este tribunal superior de fecha 17 de octubre de 2025, expediente 1457 ni en los informes presentados por mi representada ni en ninguna otra actuación hecho este señalamiento en tal sentido no entiendo la indicación maliciosa y sin soporte hecha por la parte actora a este respecto, en todo caso reitero lo indicado en el escrito de informes presentado en el cual se señala que al designar al mismo experto que ya había emitido una opinión unilateral y oficiosa el tribunal de la causa no solo desobedece la resolución de este superior órgano jurisdiccional al aceptar del órgano administrativo municipal la designación del mismo experto avaluador con la excusa de que es el único experto con el aval con que cuentan, cuyo dictamen pericial había sido declarado sin valor por este superior jerárquico sino que reitera la violación al debido proceso y al derecho a la defensa en perjuicio de a tutela judicial efectiva ya que e experto tiene un criterio formado lo que configura causal de recusación a, al menos una grave irregularidad que afecta la validez de la prueba. La parte actora en su extenso escrito de informes continua señalando que las únicas causales por las cuales se puede recusar a algún funcionario judicial son las establecidas en el artículo 82 del código de procedimiento civil desconociendo con esto la doctrina y la jurisprudencia que han indicado entre otras causales sobre la imparcialidad de que debe tener la administración de justicia y en el presente caso sobre este auxiliar de justicia que pretende ratificar el A-quo como experto el cual ya ha intervenido de manera directa en el juicio y ha expresado opinión sobre actuaciones que posteriormente fueron declaradas invalidas por este tribunal superior en sentencia de fecha 17 de octubre de 2025, expediente 1457 lo cual compromete su imparcialidad en el futuro dictamen que pueda hacer, siendo que en la diligencia de fecha 02/12/2025 presentada ante A-quo mediante la cual se recuso al experto juramentado y/o designado se expreso o técnico que practico al anterior informe de avalúo económico que fue declarado nulo por este tribunal superior jerárquico por cuanto ya este funcionario auxiliar o técnicodesignado por la Alcaldía del Municipio Ezequiel Zamora, había hecho pronunciamiento el cual fue anulado, siendo ello así, mal podría nuevamente pretender juramentar a dicho técnico quien ya ha opinado al fondo del asunto que le fue sometido a su conocimiento también se señalo en la diligencia de recusación que e informe presentado por este experto de nombre José Gregorio Landaeta Valero plenamente identificado en autos, había sido atacado por esta representación judicial lo cual consta e he escrito de informes del juicio principal presentado en la oportunidad legal ante el A-quo y que todas luces dicho experto seguramente repetirá en los mismos términos es decir, una corta y pegue y como quiera que esta representación impugno no solo la irrita designación sino el informe en su totalidad podría generar en dicho experto animadversión contra mi representada poniendo en duda su actuación lo cual supondría en favorecer a la parte actora y en desventaja y en detrimento de los intereses de mi representada ya plenamente identificada. Más adelante a parte actora en su escrito de informes (ver folios 170) señala que el hecho de que este funcionario auxiliar de justicia de nombre JOSE GREGORIO LANDAETA VALERO plenamente identificado haya presentado un informe anterior, no genera ningún tipo de vulnerabilidad a la imparcialidad y señala que este experto debe consignar un nuevo informe y expresa el actor que no sabemos a ciencia cierta cuál va ser pues aun no lo ha presentado. A este respecto debo señalar total desacuerdo con la aseveración hecha por el actor, pues precisamente al no saber cual será e informe o si hará un corte y pegue del anterior. O si va a presentar uno distinto es precisamente la duda que se presenta para ambas partes y en tal sentido es mejor que sea otro experto y no el recusado se vaya a contradecir a lo ya decidido según su experiencia y conocimiento sobre la materia que dice tener aunado al hecho cierto de que no creo que el experto modifique o cambie algo en la referida experticia económica que como se indico fue declarada sin valor alguno por este mismo tribunal superior en su sentencia de fecha 17/10/2025 expediente 1457. Por último respetuosamente la admisión del presente escrito de observaciones a los informes presentados por la parte actora y que el mismo sea apreciado al momento de dictar sentencia definitiva de fondo declarando CON LUGAR la recusaciónhecha contra el funcionario auxiliar designado y/o juramentado ciudadano JOSE GREGORIO LANDAETA VALERO titular de la cedula de identidad Nº 9.267.931 calculista avaluador II, DE LA RATIFICACION DEL ESCRITO DE INFORMES PRESENTADO EN TIEMPO HABIL En efecto ciudadana juez ratifico en este acto todos los alegatos expuestos en el escrito presentado por ante este despacho en tiempo hábil, por cuanto contradicen los alegatos presentados por la parte recurrente en su escrito de informes. DE LA CONTRADICCION A LAS OBSERVACIONESPRESENTADAS POR LA PARTE RECURRENTE A los fines de contradecir lo alegado por la representación judicial de la parte recurrente en su escrito de observaciones que el juzgado a-quo omitió pronunciamiento alguno en cuanto al desistimiento de la prueba de experticia de avalúo económico de los inmuebles suficientemente descritos en autos, es necesario ratificar que las actuaciones contenidas en e expediente 11.830que lleva el juzgado primero de primera instancia en lo civil, mercantil, del tránsito bancario de la circunscripción judicial del estado Cojedes. En fecha 13 de noviembre de año 2025. En respuesta a la diligencia por mi suscrita de fecha 10 de noviembre de 2025 en e cual expone: “…Revisadas las actas procesales que conforman el presente asunto y asimismo vista diligencia presentada en fecha diez (10) de noviembre del presente año por el abogado Rodolfo Antonio Rodríguez Lozada, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-11.964.143 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 193.745 actuando en este acto como apoderado judicial de los ciudadanos Khaled Daniel ZiabIrched, Juaida Carolina ZiabIrched, y AbirJackelineZiabIrched, venezolanos, mayors de edad, titulares de la cédula de identidad Nº V-14.770.967; V-14.770.966 y V-16.157.804, respectivamente parte demandante en el presente juicio, mediante la cual expone: “…en nombre de mis apoderados DESISTO de la prueba de experticia de AVALUO ECONOMICO para la fecha de las operaciones de compra – venta de los inmuebles que se demanda la simulación y que forman parte del acervo hereditario que se llama a colación..” A los fines de proveer lo antes peticionado esta Juzgadora pasa hacer las siguientes consideraciones: De acuerdo con lo contemplado en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civilque establece “los Jueces tendrán por norte de sus actos la verdad…” así como los preceptos contenidos en el artículo 514 del Código de Procedimiento Civilsiendo que esta prueba es de relevancia para el presente asunto es pertinente antes de proceder esta Juzgadora a dictar sentencia, hacer uso de la facultad que le confiere la norma antes señalada, concatenados con los artículos 2,21, 26,49, 51 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela este Tribunal ordena el cumplimiento de la sentencia dictada por e Jugado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y del Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes de fecha 17 de octubre de 2025. Que declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada identificada en autos, en consecuencia “ordena se fije el acto de nombramiento de los expertos de conformidad con la preceptuado en el artículo 452 del Código de Procedimiento Civil en consecuencia se ordena: PRIMERO; evacua EXPERTICIA DE AVALUO ECONOMICO para la fecha de las operaciones de compra – venta de los inmuebles que se identifican a continuación: 1. INMUEBLE constituido por una Parcela de Terreno y parte de las mejoras y Bienhechurías sobre construidas consistente en los locales comerciales Nº 2, 2-A, 3, 4, 5 SALON DE DEPOSITO Y VIVIENDA FAMILIAR ubicado en la Avenida Bolívar cruce con calle Carabobo de esta ciudad con un área de terreno de CUATROCIENTOS NOVENTA TRES METROS CON CINCUENTA CENTIMETROS CUADRADOS (493, 50MTS2) todo lo cual infiere de plano de conjunto en escala 1.75 elaborado por el topógrafo Pedro Flores y que fue agregado al cuaderno de comprobantes bajo el nro 174 y 1del documento protocolizado bajo el nro 38, Folios 161 al 172 Tomo 3, Protocolo Prime Segundo Trimestre del año 2002 defecha 5 de junio del 2002 de fecha 5 de junio de 2002 terrenos y bienhechurías estos cuyos linderos particularmente son NORTE: con terrenos que son o fueron propiedad de Benito Mata, hoy propiedad de Ángelo Destefano SUR: Avenida Bolívar. ESTE: con terrenos y bienhechurías propiedad de Luiangulo y Li Jian Rong, OESTE: con calle Carabobo de esta ciudad. Lote de terreno y bienhechurías estas que conforman parte de un lote de terreno y bienhechurías de mayor extensión. Alineada generalmente así: NORTE: Constituido ejido ocupado por Benito mata, SUR. Con la avenida bolívar ESTE: con casa de amado Hernández OESTE: con cale Carabobo. 2.- INMUEBLE constituido por una parcela de terreno y las bienhechurías en las construidas ubicada en la avenida bolívar cruce con calle Carabobo esta ciudad de San Carlos jurisdicción del Municipio Autónomo San Carlos estado Cojedes. Siendo sus linderos los siguientes: NORTE: Terreno Ejido ocupado por el ciudadano Benito mata SUR: Avenida Bolívar ESTE: Casa propiedad amado Hernández OESTE: calle Carabobo 3.- INMUEBLE constituido por un (01) apartamento distinguido con el numero 2-C situada en la plata segundo piso del edificio nro 5 ubicado en el lote de terreno distinguido como lote III A que forma de la etapa II del Conjunto Residencial Alto Llano ubicado en la urbanización Cantaclaro entre la avenida principal de cantaclaro calle 1 y avenida 3 de la ciudad de san carlos estado Cojedes cuyo apartamento tiene una superficie aproximadamente de ochenta y tres metros cuadrados con noventa y dos decímetros cuadrados (83.92 mts2) y está comprendido dentro de los siguientes linderos y medidas particulares: NORTE: zona de escalera y vacio de 6.10ML SUR. Fachada lateral derecha en 7.30 ML con aéreas verdes ESTE: fachada posterior de 12.00 ML con áreas verdes OESTE: apartamento 2092,00 ML SEGUNDO: de conformidad con el artículo 452 del Código de Procedimiento Civil se fija para el segundo día de despacho siguiente a este, acto de nombramiento de expertos. Así se decide…”(Dictado y Subrayado de esta defensa) Del auto antes transcrito se evidencia el pronunciamiento debidamente motivado del juzgado a-quo con lo cual desdice e alegato de la parte recurrente aunado a hecho que la parte recurrente no ejerció recurso alguno contra ese auto ni el dictado en fecha 17 de noviembre de 2025, pretendiendo en este mismo expediente un pronunciamiento al respecto sin haber ejercido los recursos que les permite la ley, situación esta que si constituye vulneración del derecho de la defensa y del debido proceso de mis representados por tal motivo pido a este tribunal atenerse al recurso de apelación sobre la negativa de la recusación ejercida contra el auxiliar y que dio origen la apertura este expediente y así solicito sea declarado por este tribunal. DE LA IMPROCEDENCIA DE LA RECUSACION CONTRA DEL AUXILIAR DE JUSTICIA En fecha 05 de diciembre del año 2025, e juzgado a-quo dicta el auto que constituye el objeto del presente recurso de apelación en los términos siguientes:“Revisadas como han sido las actas procesales que conforman el presente asunto, este Tribunal observa: Encontrándose este Tribunal en sustanciación de evacuación de experticia ordenada y designación del tercer experto, se recibió oficio remitido por la oficina de CATASTRO de la Alcaldía del municipio autónomo de San Carlos de Austria (riela al folio 82 de la presente pieza) donde consignan como perito avalador al ciudadano José Gregorio Landaeta Valera, titular de la cedula de identidad Nº 9.267.931 siendo el único profesional que reúne los requisitos necesarios. Sin embrago las partes en el proceso han expuesto: En diligencia de fecha 02 de diciembre de 2025, el abogado Edgar Rafael Vera Bravo, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-9.530.238 e inscrito en el IPSA bajo el Nº 212.150 actuando como apoderado judicial de la parte demandada en el presente juicio, señalo: “…en sentencia dictada por el tribunal superior en lo civil y mercantil de esta circunscripción judicial dictamino que la experticia presentada por el experto designado no debe ser valorada en la sentencia y existe el riesgo que de que este mismo experto presente de forma idéntica el informe invalido aunado a la animadversión que podría evidenciarse en el ánimo del experto en contra de mi representada PROPONGO FORMAMELMENTE ANTE EL MENCIONADO EXPERTO SU RECUSACION…” Igualmente vista diligencia de fecha 04 de diciembre de 2025, por el abogado Rodolfo Antonio Rodríguez Lozada, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 11.964.143 e inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 193.745, actuando en este acto como apoderado judicial de la parte demandante en e presente juicio en la cual solicita se declare improcedente la recusación interpuesta por el apoderado judicial de la parte demandada por cuanto: “…se basa en una supuestaanimadversión del expertoen contra de su representada, cuyo causal no se encuentra no se encuentra contenida en ninguna de las causales transcritas del artículo 82 del Código de procedimiento Civil” Seguidamente en fecha 04 de diciembre de 2025, el abogado Edgar Rafael Vera Bravo venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 9.530.238 e inscrito en el IPSA Bajo el Nº 212.150 presenta escrito de replica y petición de sentencia en el cual señala: “ciudadana Juez esta representación a todo evento y sin menoscabo de sus derechos al debido proceso y al derecho a la defensa ratifica su posición de recusación y pido se desestime tales alegatos esbozados por la contraparte e su diligencia de fecha hoy 04 de diciembre de 2025, no obstante a que esta representación no comparte la realización de tal experticia por cuanto al haber sido renunciada por la demandante y promovente de la prueba y habiendo sido presentado los informes del resto de las pruebas presentadas de ambas partes es decir, hace rato que paso el acto de informes ha de interferirse que ya el expediente se encuentra desde hace casi 3 meses en estado de sentencia en donde transcurrieron con creses los lapsos perentorios para que se pueda proceder por este órgano objetivo jurisdiccional hacer uso de la potestad a que hace referencia el artículo 514 del Código deProcedimiento Civil y con ello pretender que se repita una prueba que ya fue renunciada y los lapsos de manera perentoria transcurrieron. En consecuencia además de lo peticionado pido a este Tribunal dicte sentencia en la presente causa por encontrarse en la referida fase procesal” A hilo de las actuaciones presentadas este tribunal considera prudente traer a colación lo dictado en auto de fecha 05 de agosto de 2025, que riela los folios 31 y 32. “…por cuanto la presente causa se encuentra en etapa de sentencia este tribunal ordena suspender dicho lapso en el estado en que se encuentra hasta tanto se cumpla la evacuación de la prueba ordenada” por lo tanto se cumpla con la presente prueba de experticia sigue suspendido el lapso para dictar sentencia. Es por lo que desde dicha fecha hasta la presente, no ha continuado transcurriendo lapso para dictar sentencia por no haberse aun evacuado la prueba de experticia ordena por e juzgado superior y que este tribunal considera que representa un elemento de convicción antes de dictar el fallo, en e uso de las facultades del juez contenidas en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil: Los jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procuraran conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse a las normas del derecho, a menos que la ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de estos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados. El juez puede fundar su decisión en los conocimientos de hecho no alegados ni probados. El juez puede fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común o máximas de experiencias. En la interpretación de contratos o actos que presenten oscuridad, ambigüedad o deficiencia, los jueces se atenderán a propósito y a la intención de las partes o de los otorgantes teniendo en mira las exigencias de la ley de la verdad y de la buena fe. Asimismo en sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo civil, mercantil, bancario y del tránsito de la circunscripción judicial del estado Cojedes de fecha 17 de octubre de 2025, se ordeno lo siguiente: “al verificarse de la sentencia interlocutoria dictada previamente que este Juzgado superior ordeno:”…se fije el acto de nombramiento de los expertos de conformidad con lo preceptuado en el artículo 452 del Código de Procedimiento Civil…” (sic) lo que permite dejar entrever que la naturaleza procesal de lo que por mandato de esta superioridad ha sido dictado, por lo que se busca es, en términos generales dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 452 del Código de Procedimiento Civil, acto procesal esta que ha de imperar sobre cual otra actuación que de este se dimane sin embargo verificado y delatado por esta instancia que el juez a-quo incumplió con la designación de los auxiliares de justicia que van acompañar ese medio probatorio promovida en su oportunidad legal, tal y como lo prevé el artículo 452 del Código de Procedimiento Civil es por lo que configura la solicitud realizada por el apelante tal y como fue decidido que por notoriedad judicial el asunto principal se encuentraen etapa de sentencia estando a lugar la práctica del mismo para luego de incorporada el juez decida de fondo, cuando el fin último es la practica a derecho de la experticia por lo que lo que se puede agregar en la aclaratoria solicitada “que el acta levantada en fecha 10 de marzo de 2025, por no haber celebrado dicho nombramiento como lo preceptúa la norma procesal no se considera valida para ser valorada en la definitiva dicha experticia presentada por el experto designado en dicho auto ciudadano José Gregorio Landaeta titular de la cedula de identidad NºV-9.267.931 como evaluador profesional” (Negrita y subrayado del tribunal). Del correcto acatamiento de lo citado en la anterior sentencia parcialmente transcrita se desprende que el mandato es la evacuación de a experticia de conformidad con e artículo 452 del Código de Procedimiento Civil no encontrándose causal procedente para recusación del experto propuesto que comprenda lo establecido en e artículo 82 del Código de Procedimiento Civil en consecuencia se Niega la recusación propuesta. Así se decide, cúmplase…” Del transcrito auto se observa en primer lugar que está debidamente motivado respondiendo cada uno de los alegatos expuestos por las partes y bajo el fundamento que la recusación planteada en contra de auxiliar de justicia de designado por el Director de Catastro de la Alcaldía de Municipio Autónomo San Carlos, estado Cojedes de fecha 27 de noviembre de 2025 en el cual designan al Experto JOSE GREGORIO LANDAETA VALERO el cual es único que reúne los requisitos exigidos por el Tribunal el cual no se encuentra incurso en ninguna de las causales taxativas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil. Sin embargo alega el referido abogado EDGAR VERA que él como defensa de la demandada de autos ya había lo atacado en el escrito de informes que presento en este Juzgado aduciendo igualmente que como quiera que ya lo había impugnado e ese escrito de informes eso “…podría generar en el experto animadversión en contra de su representada…” sin embargo ciudadana juez para que proceda la recusación de un funcionario judicial debe estar circunscrita en algunas de las causales taxativas señalada en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil que establece: Artículo 82: los funcionarios judiciales sean ordinarios, accidentales o especiales, incluso en asuntos de jurisdicción voluntaria pueden ser recusados por algunas de las causas siguientes: 1º por parentesco de consanguineidad con alguna de las partes, en cualquier grado en la línea recta y en la colateral hasta cuarto grado inclusive. Procede también la recusación por ser cónyuge de recusado el apoderado o asistente de una de las partes. 2º por parentesco de afinidad de la cónyuge del recusado con cualquiera de las partes dentro del segundo grado si vive la cónyuge y no está divorciada o separada de cuerpo o si, habiendo muerto o declarándose el divorcio o la separación de cuerpos existen hijos de ella con el recusado. 3º por parentesco de afinidad del recusado con el cónyuge de cualquiera de las partes, hasta el segundo grado inclusive en casode vivir la cónyuge que cause la afinidad sin estar divorciada o separada de cuerpos o en caso de haber hijos de la misma con la parte aunque la cónyuge haya muerto o se halle divorciada o separada de cuerpo. 4º por tener el recusado su cónyuge o alguno de sus consanguíneos o afines dentro de los grados indicados, interés directo en el pleito. 5º por existir una cuestión idéntica que deba decidirse en otro pleito en el cual tengan intereses las mismas personas indicadas en el número anterior. 6º si e recusado o su cónyuge fueron deudores de plazo vencido de alguno de los litigantes o de su cónyuge 7º si el recusado, su cónyuge y sus hijos tuvieran pleito pendiente ante el tribunal en el cual el litigante sea el juez. 8º si en los cinco años procedentes se ha seguido juicio criminal entre una de las mismas personas y uno de los litigantes, su cónyuge o hijos. 9º por haber dado el recusado recomendación o prestado su patrocinio a favor de alguno de los litigantes sobre el pleito en que se recusa. 10º por existir pleito civil entre el recusado o alguno de sus parientes dentro de los grados indicados y el recusante si se ha principiado antes de la instancia en que ocurre la recusación y si no han transcurrido doce meses a partir del término del pleito entre los mimos. 11º por ser recusado dependiente, comensal, tutor o curador, heredero presunto o donatario de alguno de los litigantes. 12º por tener el recusado sociedad de intereses o amistad intima con alguno de lo litigantes. 13º por haber recibido el recusado de alguno de ellos servicios de importancia que empeñen su gratitud. 14º por ser el recusado administrador de cualquier establecimiento público o particular relacionado directamente con e pleito. 15º por haber el recusado manifestado su opinión sobre lo principal del pleito o sobre la incidencia pendiente antes de la sentencia correspondiente siempre que el recusado sea el juez de a causa. 16º por haber sido el recusado testigo o experto en e pleito siempre que sea Juez en el mismo. 17º por haber intentado contra el Juez queja que se haya admitido aunque se le haya absuelto siempre que no hayan pasado doce meses de dictada la determinada final. 18º por enemistad entre el recusado y cualquiera de los litigantes demostrada por hechos que, sanamente apreciados hagan sospechable la imparcialidad del recusado. 19º por agresión, injuria o amenaza entre el recusado y alguno de los litigantes ocurridas dentro de los doce meses procedentes al pleito. 20º por injurias o amenazas hechas por el recusado o alguno aun después de principiado el pleito. 21º por haber el recusado recibido dadiva de alguno de los litigantes después de comenzado e pleito. 22º por haber fallado la causa de un ascendiente, descendiente o hermano del recusado.La recusación no solamente debe encuadrar en alguna de las causales antes transcritas, sino que además debe acompañar prueba suficiente que demuestre su legado, el cual no consta en el presente asunto, pues e hecho de que lo haya impugnado en un escrito de informes, no es prueba suficiente para recusar al auxiliar de justicia por lo tanto y conforme con el artículo 506 del código de Procedimiento Civil, la carga de la prueba recae en este caso en la parte accionada pues se basa en un supuesta “animadversión del experto” en contra de su representada cuya causales transcritas del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil. Es oportuno señalar en este estado que en fecha 19 de noviembre de 2025, ambas partes acudimos al acto de nombramiento de expertos, designando tanto la parte demandante como demandado el profesional en la materia para que ejerzan las funciones que les recomienda el tribuna, solamente falto ese día la designación del experto del tribunal quien nos indico que e tribunal no cuenta con una terna de este tipo de funciones judiciales y que por lo tanto iba a oficiar a la Dirección de Catastro de la Alcaldía del Municipio Autónomo San Carlos estado Cojedes para que le designaran un experto. Obviamente que el nuevo acto de designación de los expertos auxiliares deben de cumplir con lo establecido en los artículos 452 y siguientes del Código de Procedimiento Civil quienes deben emitir cada uno un informe de la experticia por cada uno realizado y consignarlo en el expediente para que las partes puedan hacer las observaciones que consideren convenientes en el caso por lo tanto, el hecho que el experto José Gregorio Landaeta Valero haya presentado un informe anterior el cual alega la parte recurrente en su escrito de informe que la sentencia dictada por este tribunal de fecha 17 de octubre de 2025, en el expediente 1457 ANULÓ y dejó SIN EFECTO la experticia realizada por el experto José Gregorio Landaeta Valero, no genera ningún tipo de vulneración a la imparcialidad que dice cuestionar pues ese experto debe consignar un nuevo informe que respalde sus argumentos los cuales no sabemos a ciencia cierta cuál va ser, pues aun no la ha presentado. Además de lo anterior la valoración de la prueba de experticia en el proceso civil venezolano se rige por el sistema de la sana crítica donde el juez no está vinculado automáticamente al dictamen parcial pudiendo apartarse de él si no le convence conforme al artículo 1.427 del Código de procedimiento Civil. Es un medio para aportar conocimiento técnicos sobre hechos específicos por lo tanto el juez puede o no estar de acuerdo con lo expresado por el experto con lo cual no general ningún tipo de vulneración a las formas procesales denunciadas. Como consecuencia de los razonamientos antes expuestos solicito en nombre de mis representados se declare sin lugar la recusación interpuesta en fecha 02 de diciembre de 2025, por el abogado EDGAR VERA en su condición de representante legal de la parte demandada. Finalmente el recurso de apelación ejercido por la representación judicial de la parte demandada contra el auto de fecha 05 de diciembre del año 2025, dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de estaCircunscripción Judicial debe ser declarado SIN LUGAR y debe ser CONFIRMADO el auto apelado ES JUSTICIA en la ciudad de San Carlos. CAPÍTULO III MOTIVACIONES PARA DECIDIR Esta Alzada como órgano superior asume el conocimiento pleno de la controversia, y en tal sentido, tiene plena jurisdicción sobre el asunto recurrido, lo que le permite descender a las actas procesales y revisar todo lo acontecido durante el desarrollo del iter procesal, y para resolver la situación jurídica planteada, este Tribunal, procederá al estudio de la actas procesales que conforman el expediente, y todo en base al artículo 12 de Código de Procedimiento Civil que expresamente señala lo siguiente: “…Los Jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procuraran conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse a las normas del derecho, a menos que la ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de estos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados. El Juez debe fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común o máximas de experiencia…” De las actuaciones antes discriminadas, se observa, que el presente juicio se fundamenta principalmente en el Recurso de apelación interpuesto por la ciudadana Yojaina Soledad Ziab Irched, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-17.888.882, debidamente representada por el abogado Edgar Rafael Vera Bracho, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-9.530.238, debidamente Inscrito por ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 212.150, de este domicilio, contra el auto dictado por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, en fecha 05 de Diciembre del año 2025, en el cual declaró: “… Omissis… (Extracto del auto) “…Revisadas las actas que conforman el presente asunto, este tribunal observa, encontrándose este tribunal en sustanciación de evacuación de experticia ordenada y designación de tercer experto se recibió oficio remitido por la Oficina de Catastro de la Alcaldía del Municipio Autónomo de San Carlos de Austria (riela l folio 32 de la presente pieza)donde designan como perito evaluador al ciudadano José Gregorio Landaeta Valero titular de la cedula de identidad Nº V-9.267.931 siendo el único profesional que reúne los requisitos necesarios. En diligencia de fecha 02 de diciembre de 2025, mediante el cual el Apoderado judicial de la parte demandada, abogado Edgar Vera, inscrito en el I.P.S.A bajo el N° 212.150, solicita: “En sentencia dictada por el Tribunal Superior en lo Civil y Mercantil de esta Circunscripción Judicial dictaminó que la experticia presentada por el experto designado no debe servalorado en la sentencia y existe el riesgo de que este mismo experto presente de forma idéntica el informe invalido a la animadversión que podría evidenciarse en el ánimo del experto en contra de mi representada. PROPONGO FORMAMELTE ANTE EL MENCIONADO EXPERTO SU RECUSACION” Y así mismo vista las diligencia por el Abogado Rodolfo Antonio Rodríguez Lozada Apoderado Judicial de la parte demandante, inscrito en el I.P.S.A. N° 193.745, mediante la cual solicita se declare improcedente la recusación interpuesta por el apoderado judicial de la parte demandada. Así mismo en sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes de fecha 17 de octubre de 2025 se ordenó lo siguiente: “al verificarse de la sentencia interlocutoria dictada previamente que este Juzgado superior ordeno:”…se fije el acto de nombramiento de los expertos de conformidad con lo preceptuado en el artículo 452 del Código de Procedimiento Civil…” (sic) lo que permite dejar entrever que la naturaleza procesal de lo que por mandato de esta superioridad ha sido dictado, por lo que se busca es, en términos generales dar cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 452 del Código de Procedimiento Civil, acto procesal esta que ha de imperar sobre cual otra actuación que de este se dimane sin embargo verificado y delatado por esta instancia que el juez a-quo incumplió con la designación de los auxiliares de justicia que van acompañar ese medio probatorio promovida en su oportunidad legal, tal y como lo prevé el artículo 452 del Código de Procedimiento Civil es por lo que configura la solicitud realizada por el apelante tal y como fue decidido que por notoriedad judicial el asunto principal se encuentra en etapa de sentencia estando a lugar la práctica del mismo para luego de incorporada el juez decida de fondo, cuando el fin último es la practica a derecho de la experticia por lo que lo que se puede agregar en la aclaratoria solicitada “que el acta levantada en fecha 10 de marzo de 2025, por no haber celebrado dicho nombramiento como lo preceptúa la norma procesal no se considera válida para ser valorada en la definitiva dicha experticia presentada por el experto designado en dicho auto ciudadano José Gregorio Landaeta titular de la cedula de identidad NºV-9.267.931 como evaluador profesional” (Negrita y subrayado del tribunal). De correcto acatamiento de lo dictado en la anterior sentencia parcialmente transcrita, se desprende que el mandato de alzada es la evacuación e la experticia de conformidad con el artículo 452 del Código de Procedimiento Civil no encontrándose causal procedente para recusación del experto propuesto, que comprenda lo establecido en el artículo 82 del código de Procedimiento Civil en consecuencia se Niega la recusación propuesta. Así se decide…” (Sic)(Resaltado propio superior). Corresponde a este Juzgado Superior pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte demandada contra el auto ut supra transcrito, dictado por el Juzgado Primero de PrimeraInstancia en fecha, mediante el cual el tribunal aclara en qué términos fue realizada la designación del experto para la práctica de la experticia de conformidad con el artículo 451 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, y niega la recusación propuesta. La parte apelante ciudadana: Yojaina Soledad Ziab Irched, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-17.888.882, debidamente representada por el abogado Edgar Rafael Vera Bracho, IPSA Nº212.150, fundamenta su disconformidad alegando que el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil Mercantil del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes designó al mismo experto evaluador al ciudadano: José Gregorio Landaeta Valero, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad NºV-9.267.931, que participó en un acto anterior el cual fue anulado por este Superior, pretendiendo equiparar dicha situación a una causal de recusación de la designación. Debe este Juzgado precisar, como hecho notorio judicial (sobre el particular, debe destacarse de forma preliminar, que la notoriedad judicial conlleva a que el Juez pueda conocer una serie de hechos que tienen lugar en el Órgano Jurisdiccional, donde presta su magisterio o en otro Juzgado, permitiéndole saber qué juicios cursan en su Tribunal, así como sentencias dictadas por otros Tribunales y cuál es su contenido; conocimiento que no adquiere como particular sino derivado del ejercicio de sus funciones. (Criterio reiterado en diversas sentencias de la sala de casación civil en sentencia Nº000639 de fecha: 22/10/2025, con ponencia de la magistrada Carmen Eneida Alvaes) cuyas piezas fueron facilitadas a esta alzada en original), que en fecha 06 de octubre del 2025, este mismo Tribunal Superior declaró la nulidad de una designación previa del experto en la presente causa bajo los siguientes términos: “… Omissis…. De las actuaciones antes discriminadas, se observa, que el presente juicio se fundamenta principalmente en el Recurso de Hecho interpuesto por la ciudadana Yojaina Soledad ZiadIrched, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-17.888.882, debidamente asistida por el abogado Edgar Rafael Vera Bracho, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 9.530.238, debidamente Inscrito por ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 212.150, de este domicilio, contra elauto emitido por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, en fecha 07 de mayo del año 2025, en el cual Declaró: “… Omissis… (Extracto del auto) “…Revisadas las actas que conforman el presente asunto, y así mismo visto la diligencia que riela al folio ciento catorce (114) de la pieza dos (2) mediante el cual el Apoderado judicial de la parte demandada, abogado Edgar Vera, inscrito en el I.P.S.A bajo el N° 212.150, solicita: Se revoque por contrario imperio todas las actuaciones inherentes a la designación y nombramiento del experto identificado en autos y se proceda de conformidad con lo establecido en el artículo 454 ejusdem: Y como consecuencia de ello se Reponga la causa al estado de que se fije oportunidad para la audiencia para nombramiento de expertos de conformidad con lo establecido en el artículo 452 del Código de Procedimiento Civil y en tal virtud se declaren nulas todas las actuaciones practicadas, Solicitud que hago conforme a lo indicado en el artículo 206 ejusdem. Y así mismo vista las diligencia que riela al folla 115 y 116 de la pieza dos (02), de este expediente, presentada por los Apoderados Judiciales: abogada DaisyGarcíaMéndez, inscrita en el I.P.S.A. N° 103.957, la primera, y por el abogado Rodolfo Rodríguez, Inscrito en el I.F.S.A bajo el N° 193.745, la segunda, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales de la parte demandante mediante la cual rechazan dicha solicitud. Este consecuencia este Tribunal observa, si bien es cierto que se realizo dicha Designación del experto de conformidad con lo establecido en el artículo 453 del Código de Procedimiento Civil, siendo que el mismo fue proporcionado por la institución imparcial municipal oficiada, quien posee las debidas credenciales que comprueban los conocimientos prácticos en la materia a que se refiere la experticia, de lo cual la parte interesada y promovente de dicha prueba, no realizo objeción alguna. En ese mismo orden, cabe señala que respecto al auto de Admisión de la prueba de experticia en cuestión, fue interpuesto recurso de Apelación mediante escrito que riela al folio 53 al 57 de la pieza dos (02) del presente asunto, de lo cual aun no consta resulta alguna por lo que este Tribunal niega lo solicitado. Así se indica.- …” (Sic)(resaltado propio de esta superioridad). Ahora bien, se evidencia en el recorrido procesal del presente expediente que del Recurso de Apelación interpuesto surge de la negativa del Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, de revocar tal y como la parte demanda, hoy apelante, así lo solicitó en su diligencia de fecha 28 de abril del 2025 que riela al folio 61 de este expediente, toda vez que, de acuerdo a sus alegatos, el tribunal recurrido debió obrar conforme a lo establecido en el artículo 451 y subsiguientes del Código de Procedimiento Civil respectivamente, es por ello que esta Superioridad se ve en la obligación de emitir pronunciamiento referente a lo explanado por el Tribunal a-quo así como a los argumentos establecidos por las partes hoy actuantes en el presente recurso, siendo necesario a fines ilustrativos establecer que la figura del Recurso de Apelación fue prevista por el legislador, a fin de que un Tribunal de Superior Jerarquía revise los pronunciamientos formulados por los juzgados de la causa, con ocasión de las apelaciones que se interpongan contra los fallos producidos por éstos, garantizando así el principio de la doble instancia e impidiendo la posibilidad que aquellos frustren las posibles impugnaciones que se realicen contra sus pronunciamientos, siendo así la actividad natural del Juzgado Superior la de revisar las actuaciones del tribunal de la causa, única y exclusivamente, en lo que respecta al pronunciamiento del motivo particular que haya dado origena la interposición del recurso de apelación ejercido ante éste, e instruyendo, en principio, la correcta ejecución de las actuaciones procesales que de acuerdo a los principios deontológicos que exige la investidura de juzgamiento del juez o jueza a-quo al momento de hacer sus respectivos pronunciamientos. En este sentido, la parte recurrente acciona el proceso en esta segunda instancia procesal en vista de la negativa del tribunal de la causa al negar lo solicitado por esta, quien en su momento solicita que de acuerdo al artículo 452 y 454 del Código de Procedimiento Civil se “revoque por contrario imperio todas las actuaciones inherentes a la designación y nombramiento del experto identificado en autos y se proceda de conformidad con lo establecido en el artículo 454ejusdem; y como consecuencia de ello se reponga la causa al estado de que se fije oportunidad para la audiencia para nombramiento de expertos de conformidad con lo establecido en el artículo 452 del Código de Procedimiento Civil y en tal virtud se aclaren nulas todas las actuaciones practicadas”, por cuanto el tribunal a-quo, vista tal solicitud, para proveer sobre ello, consideró que “…se realizó dicha designación del experto de conformidad con lo establecido en el artículo 453 del Código de Procedimiento Civil, siendo que el mismo fue proporcionado por la institución parcial municipal oficiada, quien posee las debidas credenciales que comprueban los conocimientos prácticos en la materia a que se refiere la experticia, de lo cual la parte interesada y promovente de dicha prueba, no realizó objeción alguna…”(sic). Omissis…. Ahora bien, en lo que respecta al caso que hoy nos ocupa, el recurrente alega que, lo peticionado ante el tribunal a quo se ciñe a que se revoque por contrario imperio todas las actuaciones efectuadas por el tribunal de la causa, inherentes a la designación y nombramiento del experto investido por el Tribunal a-quo como calculista avaluador, a los fines de que éste realizara y consignara en su debido momento los informes contentivos de dos (02) avalúos; el primero, sobre un inmueble constante de un Apartamento ubicado en el segundo piso del edificio Nº 5, distinguido con el Nº 2-C, Lote de terreno III-A Etapa del conjunto Residencial Altollano, ubicado en la urbanización Cantaclaro, entre Avenida Principal, calle Nº 1 y Avenida 3, de la ciudad de San Carlos del estado Cojedes; y el Segundo atinente a Terreno – Locales Comerciales y Vivienda, ubicados en la Avenida Bolívar cruce con calle Carabobo S/N, sector centro, de la ciudad de San Carlos del estado Cojedes; y que como consecuencia de esto, tal solicitud es realizada a los fines de que se reponga la causa al estado de que se fije oportunidad para la audiencia en la que han de nombrarse expertos de conformidad con lo establecido en los artículos 452 y 454 del Código de Procedimiento Civil respectivamente, que taxativamente establecen lo siguiente: (…omissis…)Art. 452 “Admitida la prueba, el Juez fijará una hora del segundo día siguiente para proceder al nombramiento de los expertos.” Art. 454 “Cuando la experticia haya sido acordada a pedimento de parte, las partes concurrirán a la hora señalada para hacer el nombramiento, debiendo en este caso presentar la constancia de que el experto designado por ellas aceptará el cargo. En dicho acto las partes manifestarán si están deacuerdo en que se practique por un solo experto y tratarán de acordarse en su nombramiento. En caso de que las partes hayan convenido en un solo experto pero no se acordaren en su nombramiento, el experto será designado por el Juez. Si no convinieren en que se practique por un solo experto, cada una de las partes nombrará un experto y el Juez nombrará un tercero, siempre que con respecto a este último no se acordaren en su nombramiento. (sic). De lo anterior, se tiene que la normativa transcrita establece la forma procesal de operar en caso de que alguna de las partes haya promovido la práctica de una experticia; o si de oficio, el Tribunal ordenare la misma, toda vez que esta consiste en la aportación al juez de la opinión de personas expertas sobre la materia controvertida, y que su razón de ser está en la evidencia de que el Juez no puede poseer todos los conocimientos científicos, que requiere la apreciación de las diversas cuestiones que se plantean en los diversos litigios, lo que conlleva a saber también que, para suplir esto, se recurre a los expertos en la materia, quienes ilustran al Juez sobre el particular, y por ello, este asesoramiento constituye la experticia o prueba pericial propiamente dicha. Añade Emilio Calvo Baca en la obra “Código de Procedimiento Civil” en el cometario alusivo al artículo 451, sobre el tema que “…los expertos determinan las causas y efectos de los hechos y las razones de orden técnico que pueden pasar desapercibidas a primera vista. Así se puede comprobar de visu la rajadura que presenta un muro, pero no la causa de la misma, la inminencia de que el muro se derrumbe; esto sería materia de la experticia.”Además de ello, se colige con lo anterior que, tanto la norma como la doctrina patria, establecen acerca del nombramiento de los expertos que, acordada como haya sido la experticia, el juez debe fijar una hora del segundo día siguiente para el nombramiento de estos; acto que debe concatenarse con las formalidades propias de lo pautado por la norma civil sustantiva en su artículo 1.423 y 1.424 respectivamente, y que por lo tanto, no hacerlo tal como lo expresa la comentada norma, se incurriría en un quebrantamiento sustancial del proceso, que a todas luces es violatorio del orden público, pudiendo generar en lo sucesivo la nulidad de todas las actuaciones que se puedan desarrollar en este juicio, inclusive, cualquier sentencia, llamase definitiva o incidental. Así se precisa. - En tal sentido, alegado esto por la recurrente, presenta además una serie de probanzas para demostrar sus dichos, que si bien es cierto que la naturaleza de la acción principal lo que pretende es demostrar la Simulación de Venta de unos bienes inmuebles, que a la luz de lo que la parte demandante esgrime, se constituyen como parte del acervo hereditario del que forman parte tanto los demandantes de autos como la demandada en la presente acción; y que además, lo que se pretende de manera conexa es traer a “colación” jurídicamente hablando, la masa hereditaria de la que todos son “legítimamente titulares”;no es menos cierto que,si una de las partes, tal como se ha desarrollado en el presente asunto, solicitó como medio de pruebas la práctica de una experticia, o que en su defecto, el tribunal de oficio la haya ordenado,esta debe practicarse tal y como así lo establece taxativamente la norma procesal civil a partir de su artículo 451 en aras del cumplimiento y garantía del debido proceso, sustentando el proceso sobre la naturaleza del Principio procesal del Orden Público, toda vez que la norma procesal civil es precisa al determinar las formas en que el proceso debe llevarse a cabo. Omissis… Es por lo que quien aquí decide considera que el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial incurrió en un error procesal al negar lo solicitado por la parte demandada, de recovar por contario imperio todas las actuaciones inherentes a la designación y nombramiento del experto avaluador identificado en las actas, por cuanto debió prever el debido cumplimiento de las garantías procesales para dar por satisfecho el Principio del Derecho a la Defensa, cimentado sobre los pilares de los Valores Superiores, la Tutela Judicial Eficaz y el Debido Proceso estatuidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 2, 26 y 49 respectivamente, a los fines de dar por satisfecho el ordenamiento procesal estatuido en el artículo 451 y subsiguientes del Código de Procedimiento Civil y producir certeza en el juez respecto a los puntos controvertidos en cuanto a la naturaleza que reviste la presente acción. En virtud a los razonamientos que se han venido esgrimiendo y de acuerdo a la importancia que tienen los preceptos jurisprudenciales en el Derecho Civil actual se debe dejar establecido que estas no son más que un medio por el cual el Estado Venezolano a través del Poder Judicial garantiza la materialización de la justicia, para ello, esta Superioridad garantiza en todo momento la materialización de la justicia con altos parámetros de idoneidad, integridad, preparación, eficacia, eficiencia y visión futurista en la resolución de conflictos e intereses con prudencia y cautela a la hora de establecer criterio referente a las jurisprudencias esgrimidas por el Tribunal Supremo de Justica, resultando de este análisis la idoneidad en la cualforzosamente debe diferirdel criterio sostenido por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes. Bajo las consideraciones expuestas, esta alzada declara: CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la ciudadanaYojaina Soledad ZiabIrched, venezolana, soltera, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-17.888.882, con domicilio en la Urb. Cantaclaro, Residencias Alto Llano, Apartamento “C” del municipio San Carlos del Estado Cojedes, representada por el ciudadano abogado Edgar Rafael Vera Bravo, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-9.530.238, debidamente Inscrito por ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 212.150, con domicilio en la Calle “Los Silos” CC Multicentro Los Llanos, Piso 1 Oficina PA8, contra del auto proferido por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, en fecha 07 de mayo del año 2025; en consecuencia, se ordena se fije el acto de nombramiento de los expertos de conformidad con lo preceptuado en el artículo 452 del Código de Procedimiento Civil; Se condena en Costas a la parte perdidosa del presente recurso de conformidad con el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil. Se ordena notificar a las partes, y que se haga uso de los medios electrónicos, cumpliendo con lo estipulado en la sentencia de la Sala de Casación Civil Nº 386, de fecha 12 de agosto del año 2022. Así se decide. CAPITULO III DECISIÓN En consecuencia, este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la ciudadana Yojaina Soledad ZiabIrched, venezolana, soltera, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-17.888.882, con domicilio en la Urb. Cantaclaro, Residencias Alto Llano, Apartamento “C” del municipio San Carlos del Estado Cojedes, representada por el ciudadano abogado Edgar Rafael Vera Bravo, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-9.530.238, debidamente Inscrito por ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 212.150, con domicilio en la Calle “Los Silos” CC Multicentro Los Llanos, Piso 1 Oficina PA8, contra del auto proferido por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, en fecha 07 de mayo del año 2025;en consecuencia, se ordena se fije el acto de nombramiento de los expertos de conformidad con lo preceptuado en el artículo 452 del Código de Procedimiento Civil; Se condena en Costas a la parte perdidosa del presente recurso de conformidad con el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil. Se ordena notificar a las partes, y que se haga uso de los medios electrónicos, cumpliendo con lo estipulado en la sentencia de la Sala de Casación Civil Nº 386, de fecha 12 de agosto del año 2022. Así se decide… Omissis…” Es imperativo aclarar a las parte recurrente de autos, el alcance de dicha decisión ut supra citada, la revocatoria de la designación del experto fue declarada "por vicio de procedimiento" (error in procedendo), debido a que el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil del Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, no garantizó el derecho de las partes a designar sus propios expertos, limitándose únicamente a la designación de un perito evaluador judicial. En aquel momento, este Superior observó la vulneración a la tutela judicial efectiva, Derecho a la Defensa y al Debido Proceso (Art. 26 y 49 Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), pues la ley exige la conformación de un cuerpo colegiado de tres (3) expertos (uno por cada parte y uno por el tribunal) o, en su defecto, el cumplimiento estricto del mecanismo de insaculación si no hay acuerdo. El Artículo 454 del Código de Procedimiento Civil dispone: “Cuando la experticia haya sido acordada a pedimento de parte, las partes concurrirán a la hora señalada para hacer el nombramiento, debiendo en este caso presentar la constancia de que el experto designado por ellas aceptará el cargo. En dicho actolas partes manifestarán si están de acuerdo en que se practique por un solo experto y tratarán de acordarse en su nombramiento. En caso de que las partes hayan convenido en un solo experto pero no se acordaren en su nombramiento, el experto será designado por el Juez. Si no convinieren en que se practique por un solo experto, cada una de las partes nombrará un experto y el Juez nombrará un tercero, siempre que con respecto a este último no se acordaren en su nombramiento”. La ley mediante esta disposición busca que, ante la falta de consenso, exista un cuerpo colegiado que brinde mayor objetividad y pluralidad de criterios técnicos al juzgador. La doctrina patria (autores como Arístides Rengel Romberg y Ricardo Henríquez La Roche) sostiene que la peritación es un “medio de prueba indirecto” y una actividad de auxilio judicial. El sistema de tres expertos permite que las opiniones técnicas se contrasten entre sí. Se busca evitar que el destino de un proceso dependa exclusivamente de la visión única de un individuo, mitigando el margen de error humano o técnico. Los expertos no "sentencian", sino que proporcionan máximas de experiencia técnica de las que el juez carece. Al ser tres, se facilita la formación de una "mayoría" en caso de discrepancia en los informes. El incumplimiento en las formalidades del nombramiento de los expertos puede generar una indefensión y, por ende, la nulidad de la prueba. Es una garantía del debido proceso cuando no hay convenio entre las partes. Si el juez nombra a un solo experto sin que conste el acuerdo previo de los litigantes, se incurre en un vicio de procedimiento que afecta a las garantías fundamentales, es decir; la validez de la experticia, la tutela judicial efectiva, derecho a la defensa y al debido proceso. Estas garantías fundamentales, revisten eminente carácter de orden público, expresión que según su autorizada doctrina, apoyada en criterios autorales y constitucionales y reiterada en distintos criterios jurisprudenciales a lo largo de los años, significa lo puntualizado en la decisión del 10 de agosto de 2000, en el juicio de Inversiones y Construcciones U.S.A. C.A., contra Corporación 2150 C.A., expediente nº.99-340 de la sala de casación civil, cuando sobre el punto se estableció: “...los principios relativos a la defensa de orden constitucional y el debido proceso, imponen al juzgador dar aplicación a los principios procesales de saneamiento, relevancia o trascendencia, de nulidad esencial y el de Obligatoriedad de los Procedimientos Establecidos en la Ley, y como bien lo indica el procesalista, DEVIS ECHANDIA, “…La ley nos señala cuáles son los procedimientos que se han de seguir para cada clase de proceso o para obtener determinadas declaraciones judiciales, sin que les sea permitido a los particulares, aun existiendo acuerdo entre todos los interesados en el caso, ni a las autoridades o a los jueces MODIFICARLOS O PRETERMITIR SUS TRÁMITES”.(DEVISECHANDIA, Hernando. Compendio de Derecho Procesal. Editorial ABC: Tomo I, Décima Edición. Pág. 39, Bogotá 1985) (Mayúsculas, negritas y subrayado de la Sala) En lo referente al concepto de orden público, esta Sala, elaboró su doctrina sobre el concepto de orden público, con apoyo en la opinión de Emilio Betti, así: “…Que el concepto de orden público representa una noción que cristaliza todas aquellas normas de interés público que exigen observancia incondicional, y que no son derogables por disposición privada. La indicación de estos signos característicos del concepto de orden público, esto es, la necesidad de la observancia incondicional de sus normas, y su consiguiente indisponibilidad por los particulares, permite descubrir con razonable margen de acierto, cuándo se está o no en el caso de infracción de una norma de orden público. (…Omissis…). A estos propósitos es imprescindible tener en cuenta que si el concepto de orden público tiende a hacer triunfar el interés general de la sociedad y del Estado frente al particular del individuo, para asegurar la vigencia y finalidad de determinadas instituciones de rango eminente, nada que pueda hacer o dejar de hacer un particular y aun una autoridad, puede tener la virtud de subsanar o de convalidar la contravención que menoscabe aquel interés, lo que equivaldría a dejar en manos de los particulares o autoridades, la ejecución de voluntades de Ley que demandan perentorio acatamiento”(G.F. Nº 119. V. I., 3ª etapa, pág. 902 y S. Sentencia de fecha 24 de febrero de 1983) (Subrayado y negritas de la Sala). Mas recientemente, el Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional conceptualizó, en materia de Amparo Constitucional, el comportamiento que debe asumir el juez cumpliendo con la función tuitiva del orden público, de esta manera decidió: “…Sin embargo, no escapa a esta Sala, como ya le ocurrió a la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia y que plasmó en fallo del 24 de abril de 1998 al cual luego se hace referencia, que el conocimiento de unos hechos que no fueron alegados como supuestos de hecho de las normas constitucionales denunciadas como infringidas, pueden y deben producir otras situaciones a ser tomadas en cuenta por los sentenciadores, ya que a pesar de ser ajenas a la pretensión de amparo, siempre que sean cuestiones de orden público, sobre las cuales el juez puede de oficio resolver y tomar decisiones, si constata que las mismas no lesionan derecho de las partes o de terceros. Cuando los afectados por las decisiones han sido partes en el juicio donde se constatan los hechos contrarios al orden público, y ellos son generadores de esos hechos, el derecho a la defensa y al debido proceso no se les está cercenando si de oficio el juez cumpliera con la función tuitiva del orden público, ya que es la actitud procesal de las partes las que con su proceder denota la lesión del orden público, entendido éste como el ‘…Conjunto de condiciones fundamentales de vida social instituidas en una comunidad jurídica, las cuales, por afectar centralmente la organización de ésta, no pueden ser alteradas por voluntad de los individuos…’ (Diccionario Jurídico Venezolano D & F, pág. 57). La ineficacia de esas condiciones fundamentales generaría el caos social….”(Sentencia de la Sala Constitucional de fecha 9 de marzo de 2000, exp. Nº 00- 0126)...”Considera esta Juzgadora que la figura del auxiliar de justicia trasciende la mera colaboración técnica. En el marco de un Estado Social de Derecho y de Justicia, su rol es el de un órgano de auxilio judicial cuya labor permite al sentenciador alcanzar la verdad procesal en áreas ajenas al Derecho. Por ello, este sistema asegura que la prueba pericial mantenga un equilibrio entre la celeridad procesal (cuando hay acuerdo) y la seguridad jurídica (cuando el Juez debe intervenir ante la falta de consenso). Ahora bien, al ordenarse la revocatoria y ordena designar a los tres (03) expertos, el efecto jurídico es la eliminación del acto viciado para que se realice conforme a derecho. La nulidad recayó sobre el acto procesal de nombramiento, no sobre la idoneidad personal o técnica del ciudadano que ostenta la condición de auxiliar de justicia. La parte apelante ciudadana: Yojaina Soledad Ziab Irched, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-17.888.882, debidamente representada por el abogado Edgar Rafael Vera Bracho, IPSA Nº212.150, incurre en un error conceptual al considerar que la anulación del procedimiento de designación "inhabilita" per se al experto para ser nombrado nuevamente. No existe en nuestro ordenamiento jurídico una prohibición que impida que un experto, cuyo nombramiento fue anulado por errores formales del tribunal, pueda ser seleccionado nuevamente si el nuevo proceso de designación cumple con todas las garantías legales. Ahora bien, se observa que la reclamante ciudadana: Yojaina Soledad Ziab Irched, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-17.888.882, debidamente representada por el abogado Edgar Rafael Vera Bracho, IPSA Nº212.150, intenta impugnar la designación bajo argumentos que pretenden mimetizar una recusación. Sin embargo, el Código de Procedimiento Civil establece taxativamente las causales de recusación para los auxiliares de justicia, a saber: Artículo 82: “Los funcionarios judiciales, sean ordinarios, accidentales o especiales, incluso en asuntos de jurisdicción voluntaria, pueden ser recusados por alguna de las causas siguientes: 1º Por parentesco de consanguinidad con alguna de las partes, en cualquier grado en la línea recta, y en la colateral hasta cuarto grado inclusive, o de afinidad hasta el segundo, también inclusive. Procede también la recusación por ser cónyuge del recusado el apoderado o asistente de una de las partes. 2º Por parentesco de afinidad de la cónyuge del recusado con cualquiera de las partes, dentro del segundo grado, si vive la cónyuge y no está divorciada o separada de cuerpos, o si, habiendo muerto o declarándose el divorcio o la separación de cuerpos, existen hijos de ella con el recusado.3º Por parentesco de afinidad del recusado con el cónyuge de cualquiera de las partes, hasta el segundo grado inclusive, en caso de vivir la cónyuge que cause la afinidad sin estar divorciada o separada de cuerpos, o en caso de haber hijos de la misma con la parte, aunque la cónyuge haya muerto o se halle divorciada o separada de cuerpos. 4º Por tener el recusado, su cónyuge o alguno de sus consanguíneos o afines, dentro de los grados indicados, interés directo en el pleito. 5º Por existir una cuestión idéntica que deba decidirse en otro pleito en el cual tengan interés las mismas personas indicadas en el número anterior. 6º Si el recusado o su cónyuge fueren deudores de plazo vencido de alguno de los litigantes o de su cónyuge. 7º Si el recusado, su cónyuge y sus hijos tuvieren pleito pendiente ante el Tribunal en el cual el litigante sea el Juez. 8º Si en los cinco años precedentes se ha seguido juicio criminal entre una de las mismas personas y uno de los litigantes, su cónyuge o hijos. 9º Por haber dado el recusado recomendación, o prestado su patrocinio en favor de alguno de los litigantes, sobre el pleito en que se le recusa. 10º Por existir pleito civil entre el recusado o alguno de sus parientes dentro de los grados indicados, y el recusante, si se ha principiado antes de la instancia en que ocurre la recusación, y si no han transcurrido doce meses a partir del término del pleito entre los mismos. 11º Por ser el recusado dependiente, comensal, tutor o curador, heredero presunto o donatario, de alguno de los litigantes. 12º Por tener el recusado sociedad de intereses, o amistad íntima, con alguno de los litigantes. 13º Por haber recibido el recusado, de alguno de ellos, servicios de importancia que empeñen su gratitud. 14º Por ser el recusado administrador de cualquier establecimiento público o particular relacionado directamente con el pleito. 15º Por haber el recusado manifestado su opinión sobre lo principal del pleito o sobre la incidencia pendiente, antes de la sentencia correspondiente, siempre que el recusado sea el Juez de la causa. 16º Por haber sido el recusado testigo o experto en el pleito, siempre que sea Juez en el mismo. 17º Por haber intentado contra el Juez queja que se haya admitido, aunque se le haya absuelto, siempre que no hayan pasado doce meses de dictada la determinación final. 18º Por enemistad entre el recusado y cualquiera de los litigantes, demostrada por hechos que, sanamente apreciados, hagan sospechable la imparcialidad del recusado. 19º Por agresión, injuria o amenazas entre el recusado y alguno de los litigantes, ocurridas dentro de los doce meses precedentes al pleito. 20º Por injurias o amenazas hechas por el recusado o alguno de los litigantes, aun después de principiado el pleito. 21º Por haber el recusado recibido dádiva de alguno de los litigantes, después de comenzado el pleito. 22º Por haber fallado la causa de un ascendiente, descendiente o hermano del recusado. La doctrina ha establecido que la capacidad subjetiva del funcionario jurisdiccional reside en su aptitud moral para administrar justicia; ya que está revestido de poder general para hacerlo y de esta facultad pueda concretarse al caso individual de que se trata, ha de saber si, no como titular de la jurisdicción,sino como individuo humano puede servir a la tarea que se encarga imperiosamente. La ley presupone que los funcionarios están atados, como todos sus semejantes por vínculos personales como el afecto o desafecto, el interés patrimonial o el simplemente intelectual; por ello establece los supuestos que impiden a ejercer la jurisdicción, o les permite abstenerse de hacerlo. Es por ello que para garantizar su excepcional misión, la ley permite a los propios funcionarios mediante la declaración de su impedimento, separarse del análisis de la causa. Cuando esto no acontece por voluntad de la persona en quien concurre el obstáculo impediente de su parcialidad, los interesados de desvirtuarlo del asunto puesto en su examen se encuentran facultados para hacerlo por la vía de la recusación. La recusación es el acto por el cual la parte contra quien obra el impedimento exige la exclusión del juez o funcionario judicial del conocimiento o intervención en el asunto, por estar vinculado con las partes o con el objeto del proceso. La recusación constituye el instituto procesal concebido por el Legislador para que las partes actuantes en un proceso como lo dice el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, puedan recusar a “los funcionarios judiciales sean ordinarios, accidentales o especiales e incluso en asunto de jurisdicción voluntaria”; por ello evidentemente no autoriza a la parte o a su apoderado en juicio para utilizarla como mecanismo o medio, como lo dicen algunos glosistas legales, para quitarle el expediente al Juez que resulta incomodo. Las causales de recusación e inhibición contenidas en el artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, se reúnen en veintidós (22) ordinales, que son las vinculaciones que califica la ley como razones suficientes, fundadas en una presunción iure et de iure, de incompetencia subjetiva; o más propiamente dicho, de inhabilidad del funcionario judicial, para intervenir en el pleito. Este artículo 82 del Código de Procedimiento Civil no es una lista de sugerencias, sino un conjunto de causales y si la conducta o situación encaja perfectamente en uno de los 22 numerales procede de inmediato la recusación, aunque es criterio actual que aunque el artículo 82 es la base, si existe una situación que aunque no esté escrita literalmente en el artículo 82, pone en duda evidente la objetividad del funcionario, en este caso el experto avaluador designado, se puede invocar la protección constitucional para recusar . En el caso de marras, el escenario donde se impugna al experto avaluador simplemente porque fue designado anteriormente en un acto que fue anulado, la recusación carece de asidero legal por las siguientes razones: 1. Si examinamos los 22 numerales del artículo 82, en ninguno se establece que sea causal de recusación el hecho de que un experto haya sido nombrado previamente en el mismo proceso. La nulidad del acto anterior (por falta de designación de los expertos de las partes) es un error del Tribunal, no una tacha de moralidad o capacidad del perito.2. Confusión entre "Error de Procedimiento" y "Falta de Idoneidad". La parte que recusa está cometiendo un error de técnico procesal; atacó la forma en que el tribunal constituyó el tribunal de expertos (solo nombró a uno en lugar de tres). Ataca la subjetividad del experto (su parcialidad). El hecho de que el perito haya aceptado un cargo en un proceso que luego se anuló no lo vuelve parcial, ni enemigo, ni interesado en el pleito. 3. El Perito como Auxiliar de Justicia; el perito no es parte en el juicio. Su función es estrictamente técnica. Para que una recusación contra él prospere basándose en una "actuación anterior", tendría que demostrarse que en esa actuación emitió una opinión extrajudicial o que tiene un interés económico personal en el resultado, según el numeral 15 del artículo 82 (Hacer recomendaciones a las partes). El simple cumplimiento de una orden judicial previa no constituye "prejuicio". Aunque el nombramiento anterior fue anulado, la idoneidad técnica del experto permanece intacta. Si el experto cumple con los requisitos del artículo 453 del Código de Procediendo Civil (ser profesional en la materia o tener conocimientos prácticos), el juez puede volver a seleccionarlo en el nuevo acto de designación, siempre que esta vez sí se permita a las partes designar a los suyos para completar la terna. Así se determina. La recusación del experto evaluador, es improcedente porque la ley venezolana no castiga al auxiliar de justicia por los errores procedimentales del juzgado. Al no existir una causal en el artículo 82 que prohíba la nueva designación de un perito tras una revocatoria o nulidad en la causa, la pretensión de la parte apelante debe ser desestimada por falta de fundamento legal, pues la parte apelante no consignó elementos de convicción que demuestren que el perito tenga un impedimento legal. Su queja se limita a la reiteración del nombre, indicando “animadversión del experto” lo cual es insuficiente para descalificar al auxiliar de justicia, especialmente cuando la nueva designación sí cumplió con la estructura tripartita que la ley exige. Paro lo cual ilustramos: Artículo 471 CPC: Una parte no podrá recusar al experto que haya nombrado, o aquel que nombre el Juez en su lugar, sino por causa superviniente. Requisitos Principales (Causales) Las causas para recusar a un perito están taxativamente previstas, siendo las más comunes: Parentesco: Consanguinidad o afinidad dentro del cuarto grado con alguna de las partes o sus abogados. Interés en el proceso: Tener el perito, su cónyuge o parientes directos, interés directo o indirecto en el resultado del juicio. Enemistad o Amistad: Amistad íntima o enemistad manifiesta con cualquiera de las partes. Pleito pendiente: Tener un juicio pendiente con alguna de las partes. Relación de dependencia: Ser el perito deudor, acreedor, fiador, dependiente (empleado) o comensal de alguna de las partes.Prejuicio: Haber emitido opinión, dictamen o recomendación sobre el asunto en cuestión con anterioridad. Procedimiento y Requisitos de Forma Plazo: La recusación debe proponerse el mismo día de su nombramiento o en los dos días subsiguientes. Forma: Se debe presentar por escrito, mediante diligencia ante el Juez de la causa. Contenido: El escrito debe expresar claramente la causa o motivo legal que se invoca. Pruebas: Se deben presentar o indicar los elementos de convicción que demuestren la falta de imparcialidad. (Visión general creada por IA) Que, de lo antes ilustrado, pues nos hace ver que no están llenos los extremos de ley para acordar la recusación del experto como bien lo ilustro la jueza a-quo. Así se determina. Aunado a lo expresado por esta Juzgadora, no es capricho del administrador de justicia, la designación del auxiliar de justicia, que en el caso que nos ocupa, corresponde a un perito experto evaluador, por lo que el tribunal dirige el acto procesal y al que le corresponde designar por parte del tribunal, procede a solicitar a los órganos publico sean ellos quienes manifiesten que profesional tienen en el área que corresponda la experticia, que se deba aplicar y son ellos los que facilitan los datos del profesional, en este caso esa oficina de catastro a la que la juez a-quo solicito el profesional como apoyo institucional, no siendo impugnado el informe emanado por el Perito Evaluador José Landaeta, considerando necesario refrescar que: Solicitud de Aclaratoria o Ampliación (Art. 468 CPC) Cuando: El mismo día de la presentación del informe pericial o dentro de los tres días de despacho siguientes. Cómo: Se solicita al juez que ordene al perito aclarar puntos ambiguos o ampliar detalles omitidos en su dictamen. Finalidad: Resolver dudas técnicas sin invalidar el informe completamente. 2. Impugnación de la Experticia (Contradicción) Si la aclaratoria no es suficiente, se debe impugnar el fondo de la pericia. Plazo: Generalmente dentro de los tres (3) días de despacho siguientes a la consignación del informe (según interpretación analógica del Art. 249 CPC). Fundamentos: Se deben presentar por escrito las razones técnicas, científicas o de imparcialidad por las que el informe es erróneo. Impugnación por Tacha: Si se alega que el perito actuó con dolo, cohecho o falsedad, puede abrirse un incidente de tacha (proceso por separado o incidental). 3. Aportación de Contrapericia La forma más eficaz de desvirtuar el informe es presentar un informe pericial contradictorio elaborado por un experto de parte. Este informe debe analizar los mismos hechos y poner en evidencia los errores, omisiones o sesgos del informe oficial. 4. Recurso de Apelación (Contra la sentencia) Si el juez, al dictar sentencia, se basa en la pericia impugnada y no motiva por qué desestima las observaciones de la parte, se puede apelar la sentencia final. (Visión general creada por IA)De lo antes señalado, no se desprende que las partes hayan atacado el informe presentado por el experto designado por el tribunal, ahora bien, siendo que en la oportuna que subió las actuaciones a esta instancia superior, en atención al mismo, solo fue alegado el no cumplimiento de las formas procesales que no cumplieron, de conformidad a lo previsto en el artículo 452 del Código de Procedimiento Civil, para la designación del mismo, no correspondiendo anuncio alguno del informe levantado, siendo que el mismo pasa a un estudio de evaluación por parte del juez en la sentencia definitiva, en la cual van a existir tres experticias, para valorar y poder sacar las convicciones correspondientes a derecho. Así se determina. Ahora bien, a los fines de darle cumplimiento a los principios constitucionales de acceso a la justicia, Tutela Judicial efectiva, debido Proceso, celeridad procesal y repuesta oportuna, tomando como premisa, los criterios de justicia y de razonabilidad señalados ut supra, y con especial atención y acatamiento a lo dispuesto en los Artículos 2, 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que obligan al Juez a interpretar las Instituciones Jurídicas, tomando en consideración los actuales principios que fundamentan el Sistema de Derecho, y que persiguen hacer efectiva la Justicia, inevitablemente este Órgano Jurisdiccional, debe declarar SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada se confirma en todas sus partes el auto dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la circunscripción Judicial del Estado Cojedes en fecha 05 de diciembre del año 2025. Se condenatoria em costas. Se ordena notificar a la parte actora. Así se decide. -