Se dictó SENTENCIA DEFINITIVA, mediante la cual se declaró SIN LUGAR el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto en fecha 9 de enero de 2014, por la ciudadana Agnet Josefina Chirinos Ochsner, asistida de abogado, contra la decisión dictada en fecha 20 de diciembre de 2013, por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. Se declaró SIN LUGAR las pretensiones de Nulidad de dación en pago y de simulación intentadas por la ciudadana Agnet Josefina Chirinos, contra las sociedades mercantiles, C.A. Central Banco Universal, hoy Banco Bicentenario, A.F.C. Allied Fund Corporation A.V.V. y el ciudadano Silfredo Pastor Pinto Torrealba. Quedó asi CONFIRMADA la sentencia apelada. Se condenó en costas a la parte actora. Se ordenó la NOTIFICACIÓN de las partes, de conformidad con lo dispuesto en los artículo 251 y 233 del Código de Procedimiento Civil.

Por tal razón, a partir de la instalación de la Audiencia Preliminar debe tenerse como interviniente en la presente causa al ciudadano Ramón Octavio Velásquez Castillo. Y así se decide

En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas este Juzgado Sexto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confiere la Ley declara: PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, y como consecuencia de ello la extinción del proceso.

este Tribunal, de conformidad con lo previsto en los artículos 253 y 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 2, 5, y 6 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, HOMOLOGA el presente ACUERDO y le da el carácter de Cosa Juzgada.

este TRIBUNAL QUINTO DE PRIMERA INSTANCIA DE SUSTANCIACIÓN, MEDIACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela administrando justicia y por autoridad de la Ley, declara y decide: Se imparte la HOMOLOGACIÓN de los acuerdos alcanzados por las partes en el proceso de mediación, todo de conformidad con lo establecido en los artículos 253 y 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo y el artículo 19 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, dándole efecto de COSA JUZGADA, dándose por concluido el presente proceso. ASÍ SE DECIDE. Se agrega al expediente copia fotostática de cheque que en este acto recibe LA DEMANDANTE en virtud del acuerdo aquí contenido.

IV DECISIÓN Por las razones expuestas, este Tribunal Superior en lo civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, actuando en sede constitucional, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: su COMPETENCIA para conocer la presente acción de amparo constitucional interpuesta en fecha 22 de mayo de 2015, por los ciudadanos OSWALDO SIRA GIMENEZ y ZULAY COROMOTO SIRA GIMENEZ, titulares de las cédulas de identidad Nros. 7.399.018 y 4.384.252, respectivamente, actuando en su condición de representantes y trabajadores de la empresa "EL RINCÓN DEL VIAJERO DE LARA C.A.", inscrita ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, anotado bajo el N° 14, Tomo 100-A, de fecha 28 de noviembre de 2005, asistidos en este acto por el abogado Rafael Antonio Zabaleta Sanabria, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 185.835; contra la DIRECCI.....

IV DECISIÓN Por las razones expuestas, este Tribunal Superior en lo civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, actuando en sede constitucional, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: Su COMPETENCIA para conocer la presente acción de amparo constitucional interpuesta por los ciudadanos MARIA DE LOS ANGELES MARCHAN CASTELLANOS, JOSE GREGORIO CALDERON GARCIA, RUDY ALEXANDER DAVILA AZUAJE, LAURA LESLIE CRESPO PEREZ, JOSE DANIEL MIQUELENA CORTEZ, YARITZA YAMILET GONZALEZ SUAREZ, MELANI JOSEFINA PEREZ HERNANDEZ, LEONIDAS PEREZ, DILSA JOSEFINA SARCOS LINARES, CARMEN PASTORA RIVERO PARRA Y MARIA OLIMPIA RAMIREZ BURGOS, titulares de la cédula de identidad Nros. 15.264.423, 18.288.046, 13.119.089, 20.348.725, 17.018.748, 14.067.704, 20.044.865, 2.687.550, 9.311.609, 12.702.375, 12.705.028, asistidos por el abogado Freddy José Pérez Mogollón , inscrito en el Instituto de Previsión Social .....

Se declaró SIN LUGAR la demanda de PENSION DE ALIMENTOS por cuanto en el presente caso no existe obligación alimentaria por parte del ciudadano FELIX JOSÉ CARRASCO VÉLIZ hacia la ciudadana FLOR DE MARÍA ALVAREZ, debido a que el vínculo matrimonial que existió entre ambos fue disuelto, resultando entonces improcedente la demanda por Pensión de Alimentos, aunado al hecho que la parte demandante tenía la carga probatoria de demostrar su incapacidad de cubrirse por sí sola de sus necesidades vitales y no lo hizo.

Este juzgado observa que no fue debidamente demostrado el domicilio tal y como se ordenó en autos. En consecuencia, se declara la INADMISION SOBREVENIDA, por ser imposible seguir adelante con la presente solicitud.

Por todo lo antes expuesto, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, en uso de las atribuciones legales, declara INADMISIBLE el recurso de apelación interpuesto por la Abg. Xiolimar Mujica Rodríguez, en su condición de Defensora Privada de los ciudadanos Willian Guillermo Betancourt Sánchez y Carlos Eduardo Sosa, contra la decisión dictada en fecha 17-04-2015 y fundamentada 20-04-2015, por el Tribunal de Primera Instancia en Función de Control Nº 09 del Circuito Judicial Penal, mediante el cual mantuvo la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad a los ciudadanos Willian Guillermo Betancourt Sánchez y Carlos Eduardo Sosa; de conformidad con lo previsto en el artículo 428 en su tercer aparte del Código Orgánico Procesal Penal.