Por todos los razonamientos anteriormente expuestos, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY DECLARA: UNICO: Se declara INCOMPETENTE para conocer y dirimir lo conducente y en consecuencia DECLINA LA COMPETENCIA a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

En fuerza de las consideraciones antes expuesta, este Tribunal PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la ley, declara CON LUGAR la acción MERO DECLARATIVA propuesta por MERCEDES SALAS y en consecuencia declara: PRIMERO: Que entre MERCEDES SALAS venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Número V-2.341.356 y JOAQUIN OSWALDO CARVAJAL DIAZ, fallecido en El Pao-Estado Cojedes en fecha 22 de diciembre de 2007, quien era venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la Cédula de Identidad N° V-1.333.499, existió una UNION ESTABLE DE CONCUBINATO que se inicio en el año 1.961 y culminó el día del fallecimiento de JOAQUIN OSWALDO CARVAJAL DIAZ. SEGUNDO: No hay especial condenatoria en costas dada la naturaleza de la presente sentencia. Notifíquese a las partes. Publíquese, regístrese, déjes.....

DISPOSITIVA DEL FALLO Siendo así lo anteriormente indicado, y como quiera que de autos se desprende que en el presente juicio, se constata que transcurrió holgadamente mas del lapso establecido en los artículos antes señalados, es decir, tres (03) años, siete (07) meses y veintiún (21) días en que la parte accionante, quien debería ser la mas interesada haya impulsado el proceso, no lo hizo, es por lo que este Tribunal Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, con sede en la ciudad de San Carlos, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el juicio que por cobro de Prestaciones Sociales interpusiera el ciudadano YEAN CARLOS TENEPE MORONTA, titular de la cédula de identidad No- 17.556.630, en contra de la Sociedad Mercantil FARMACIA TAMANACO, C.A. ASI SE DECIDE. REGISTRESE, PUBLIQUESE.....

Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara la PÉRDIDA DEL INTERÉS PROCESAL en la solicitud presentada por el ciudadano WILLIAM VITELIO DELGADO, debidamente asistido por el abogado en ejercicio JOSÉ C. COLMENAREZ CH., y en consecuencia terminada la misma y se ordena el archivo de la presente solicitud. Así se decide.

Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara la PÉRDIDA DEL INTERÉS PROCESAL en la solicitud presentada por la ciudadana KATIUSKA MARGARITA ARRAEZ DELGADO, debidamente asistida por el abogado en ejercicio ARGENIS RAFAEL PÉREZ, y en consecuencia terminada la misma y se ordena el archivo de la presente solicitud. Así se decide.

Ante los razonamientos expuestos, vista la solicitud presentada por la ciudadana MORAIMA GREGORIA BRAVO HERRERA, arriba suficientemente identificada y estudiado el caso cuestionado, este Tribunal resuelve: "Declarar bastantes y suficientes las probanzas evacuadas para asegurarle a la solicitante el derecho de propiedad sobre las mencionadas bienhechurías, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil y al principio constitucional de tutela judicial efectiva contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dejando a salvo los derechos de terceros".

Por la razones de hecho y de derecho, este Juzgado de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CONSUMADA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la presente causa, de conformidad con lo establecido en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. No hay condenatoria en costas por imperio del artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.

Ante los razonamientos expuestos, vista la solicitud presentada por el ciudadano FREDDY JOSÉ ORTEGA COLINA, arriba suficientemente identificado y estudiado el caso cuestionado, este Tribunal resuelve: "Declarar bastantes y suficientes las probanzas evacuadas para asegurarle al solicitante el derecho de propiedad sobre las mencionadas bienhechurías, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil y al principio constitucional de tutela judicial efectiva contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dejando a salvo los derechos de terceros".

Por la razones de hecho y de derecho, este Juzgado de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara CONSUMADA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la presente causa, de conformidad con lo establecido en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. No hay condenatoria en costas por imperio del artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.

Ante los razonamientos expuestos, vista la solicitud presentada por el ciudadano FRANCISCO ALVAREZ, arriba suficientemente identificado y estudiado el caso cuestionado, este Tribunal resuelve: "Declarar bastantes y suficientes las probanzas evacuadas para asegurarle a la solicitante el derecho de propiedad sobre las mencionadas bienhechurías, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil y al principio constitucional de tutela judicial efectiva contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dejando a salvo los derechos de terceros".