V DECISIÓN Por las razones expuestas esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, actuando en sala Única administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento: PRIMERO: DECLARA CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la profesional del derecho Abg. Whenddy Sabrina Jordán, actuando en su carácter de Defensora Privada, de los ciudadanos: Adrián Leonardo Hernández y Cintia Gregoria Rojas Molina, contra la decisión dictada SEGUNDO: DECLARA LA NULIDAD ABSOLUTA de la sentencia definitiva declarada el 18 de noviembre del año 2009, por le juzgado de jucio N° 1 de este Circuito Judicial Penal y cuyo fallo in extenso fue publicada el 01 de diciembre de 2009, mediante la cual se condenó a los ciudadanos: a los ciudadanos: Adrián Leonardo Hernández Masabet: titular de la cédula de identidad N° 18.230.770, y Cinta Gregoria Rojas Molina: titular de la cedula de ide.....

DISPOSITIVA Por los razonamientos antes expuestos, esta Sala Accidental Nº 23 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento: Único: Habiendo decaído el objeto por el cual fue interpuesto el recurso de apelación por la Fiscal Tercera Auxiliar del Ministerio Público de Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, en colaboración con la Fiscalía Segunda del Ministerio Público abogada Joalice Jiménez Pinto, es decir, en contra de la decisión que acordó sustituir la medida de privación judicial preventiva de libertad por la medida cautelar de detención domiciliaria de conformidad con lo establecido en el artículo 264 en relación al artículo 256 ordinal 1° del Código Orgánico Procesal Penal, a favor del acusado del ciudadano Jesús Alberto Mora Antequiz, por la presunta comisión de los delitos de Robo Agravado, Porte Ilíc.....

DECISIÓN Por todas las razones supra expuestas es por lo que este Tribunal en funciones de Ejecución, con fundamento en los artículos 5 y 479 numeral 1º del Código Orgánico Procesal Penal; y, en vista de que en esta oportunidad no procede el otorgamiento del Beneficio de la Suspensión Condicional de la Ejecución de la pena por falta de los requisitos de procedibilidad, tal como se constató supra. Por cuanto el tribunal ha constatado la no acreditación en autos de la constancia u oferta de trabajo, ni, del Informe Psicosocial Favorable del mencionado ciudadano. De tal manera que, en virtud de todo lo anterior, estima el Tribunal que en esta oportunidad, no están acreditados en autos de manera concurrente los requisitos exigidos en el artículo 493 de la Ley procesal fundamental vigente para la fecha de la sentencia ---18/04/2006---. Ni, mucho menos, los requisitos exigidos en el artículo 493 del Código Orgánico Procesal Penal actualmente vigente. Ni, tampoco, tal como se constató s.....

DECISIÓN Por todas las razones de hecho y de derecho, supra expuestas, este Tribunal Único en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, con fundamento en los artículos 479 numeral 1º; 482; 484; 500 aparte segundo y numerales 1, 2, 3 y 4, relacionado con el 494 numerales 9 y 10; 506; 507; 510; todos son del Código Orgánico Procesal Penal. Artículos 4º; 5º; 7º; 61º; 64 literal "c"; 69º; todos son de la Ley de Régimen Penitenciario. Es del criterio que en esta oportunidad lo procedente es ACORDAR A FAVOR DEL CIUDADANO: DEIBIS RAFAEL ALVARADO DÍAZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 18.322.642, residenciado en el Sector Rural La Castillera, Municipio Falcón, estado Cojedes; la Medida Alternativa de Cumplimiento de Pena, consistente en la LIBERTAD CONDICIONAL; por cuanto estima el juzgador que en este caso están llenas de manera concurrente todas y cada de las circunstancias exigidas en el artículo 500 del Código Orgánico Procesa.....

DECISIÓN Por todas las razones supra expuestas es por lo que este Tribunal en funciones de Ejecución, con fundamento en las disposiciones legales supra referidas y, en el artículo 479 numeral 1º del Código Orgánico Procesal Penal, según el cual al tribunal de ejecución le corresponde la ejecución de las penas, en consecuencia, conoce de todo lo concerniente a la libertad del penado las fórmulas alternativas de cumplimiento de pena. Es del criterio, a los fines de tener el juzgador un mejor basamento técnico científico al pronunciarse sobre la medida alternativa de cumplimiento de pena, Régimen Abierto solicitada, que lo procedente en esta oportunidad es ACORDAR LA PRÁCTICA DE UN NUEVO INFORME PSICOSOCIAL al penado DANNIS SAUL MARTÍNEZ SILVA, titular de la cédula de identidad Nº 18.868.234, que permita aclarar el punto relacionado con uno de los criterios utilizados por el Equipo Técnico Evaluador, en los supra referidos dos primeros Informes, ---del 01de Julio de 2008, y, del 16 de .....

Ante los razonamientos de hecho y de derecho aquí expuestos, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la circunscripción judicial del estado Cojedes, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confiere la Ley, conforme a derecho, HOMOLOGA la transacción celebrada por el abogado JOSÉ ELÍAS PINTO OJEDA, procediendo en este acto en nombre y representación de la sociedad de comercio AGROPECUARIA LAST C.A y el ciudadano CESAR SANCHEZ ALVARADO, actuando con el carácter de ADMINISTRADOR de COMPAÑÍA ANONIMA GALEY, asistido por el abogado JOSÉ ELÍAS PINTO OJEDA, quien igualmente actúa como apoderado judicial de la referida sociedad de comercio COMPAÑÍA ANONIMA GALEY, suficientemente identificada en autos, por una parte y por la otra, el abogado DONATO ANTONIO PINTO MALDONADO, actuando en su carácter de apoderado judicial de las demandadas reconvinientes, que lo son las sociedades de comercio.....

En consecuencia, a quien le corresponde suscribir el presente fallo como Directora del Proceso, en virtud de que esclarecidos los hechos planteados en la litis y dados como están los extremos de Ley para que se imparta la debida homologación, actuando de conformidad con los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, concatenados con el Parágrafo Único del artículo 3 de la Ley Orgánica del Trabajo, los artículos 9, 10 y 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, Parágrafo Primero del último de los señalados, el artículo 255 del Código de Procedimiento Civil, artículo 1.713 y siguientes del Código Civil y 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y POR AUTORIDAD DE LA LEY SE IMPARTE LA HOMOLOGACIÓN en la presente causa, se ordena el cierre del expediente, dándole el efecto de Cosa Juzgada. Remítase para el Archivo Sede para su guardia y custodia y una vez cumplido el tiempo legal sea remitido.....

Por las razones expuestas este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PARCIALMENTE CON LUGAR, la demanda incoada por la ciudadana: MARÍA YOLANDA CAMACARO SANCHEZ, venezolana mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 8.657.668, contra el MUNICIPIO AUTÓNOMO ROMULO GALLEGOS DEL ESTADO COJEDES.

Por todo lo antes expuestos y vista la solicitud presentada por el abogado ciudadano RUBEN DARIO LABASTIDA CARVAJAL, Apoderado Judicial de la ciudadana MARIA DE LOS SANTOS MORALES DE PINTO, como su legítima esposa, antes identificada y estudiado el caso cuestionado, este Tribunal resuelve: "Declarar bastante y suficiente la probanza evacuada para asegurarle a la ciudadana, MARIA DE LOS SANTOS MORALES DE PINTO, la cualidad de UNICO Y UNIVERSAL HEREDERA del ciudadano VICTOR JOSÉ PINTO, con vocación hereditaria y derechos sobre el acervo de bienes quedantes al fallecimiento del nombrado ciudadano, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil y al principio constitucional de tutela judicial efectiva contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dejando a salvo los derechos de terceros".

Ante los razonamientos expuestos, vista la solicitud presentada por el ciudadano HUMBERTO JAVIER POLO, suficientemente identificado y estudiado el caso cuestionado, este Tribunal resuelve: "Declarar bastantes y suficientes las probanzas evacuadas para asegurarle al solicitante el derecho de propiedad sobre las mencionadas bienhechurías, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 937 del Código de Procedimiento Civil y al principio constitucional de tutela judicial efectiva contenido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dejando a salvo los derechos de terceros".