/Este Tribunal en funciones de Control N° 1 del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ACUERDA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACION DE LIBERTAD, de conformidad con el artículo 256 ordinal 1° Detención Domiciliaria en la dirección antes señalada, a favor del ciudadano ENDER PASTOR ARRIECHI, identificado plenamente en actas, por la presunta comisión del delito de HURTO CALIFICADO, previsto y sancionado en el Artículo 453 Numerales 4 y 6 del Código Penal, Así como la continuación de la causa por el procedimiento abreviado y la aprehensión en flagrancia, se le ordena la practica del examen Médico Forense al ciudadano mencionado en marras. Líbrese Boleta de Detención Domiciliaria y los oficios correspondientes, remitiéndosele las actuaciones al juez de juicio a fin de que cumplidas las formalidades de ley fije la audiencia para la celebración del juicio oral y público.

/este Tribunal en funciones de Control N° 1 del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ACUERDA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACION DE LIBERTAD, al ciudadano JOSÉ MIGUEL GARRIDO, antes identificado, de conformidad con el artículo 256 Ordinales 3ero del Código Orgánico Procesal Penal, presentación cada 8 días por ante la Taquilla Externa de Presentación de Imputados de éste Circuito Judicial Penal, a partir del día 10.10.2005, así como la continuación de la causa por el procedimiento Abreviado y la Aprehensión en Flagrancia, por la presunta comisión del delito de POSESION DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el Artículo 36 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en perjuicio del Estado Venezolano.

/este Tribunal en funciones de Control N° 1 del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ACUERDA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA PRIVACION DE LIBERTAD, de conformidad con el artículo 256 ordinal 1°, Detención Domiciliaria a favor de la ciudadana JOSÉ PASTOR ESCALONA AGUILAR, por la presunta comisión del delito de OCULTAMIENTO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, previstos y sancionados en el Artículo 34 de la Ley Orgánica Sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, Así como la continuación de la causa por el procedimiento ordinario y la aprehensión en flagrancia, se ordena la Practica de el examen médico a los fines de determinar el grado de adicción alcohólica que pueda presentar el imputado de autos y se fija la practica de la prueba anticipada para el día 20.10.2005, a las 2:00 horas de la tarde. Notifíquese a las partes. Regístrese, Cúmplase.

Este Tribunal OTORGA EL PERMISO DE SUPERVISIÓN ESPECIAL solicitado para el penado RAMÓN EDUARDO TORREALBA PERAZA, titular de la cédula de identidad Nº 16.000.367, contemplado en el artículo 50 del Reglamento Interno que rige los Centros de Tratamientos Penitenciarios, quien permanecerá domiciliado en la calle 14 con carrera 2, casa s/n, Barrio Pueblo Nuevo, Barquisimeto, Estado Lara, con presentaciones cada quince (15) días ante el Delegado de Prueba, debiendo éste informar al Tribunal en relación al régimen de presentaciones, cumpliendo las siguientes condiciones: no consumir bebidas alcohólicas, no consumir sustancias psicotrópicas, no portar armas, evitar andar a altas horas de la noche, evitar andar en sitios prohibidos o locales donde se expendan bebidas alcohólicas; de violentar una de estas recomendaciones será considerada como causal para revocar el permiso otorgado y así se decide. Ofíciese al Director del Centro de Tratamiento Comunitario “Dra. Nidia Hernández”. .....

Por lo antes expuesta este Tribunal de Control N° 07 del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, administrando Justicia en Nombre de la República y por autoridad de la Ley DECRETA LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, contra el ciudadano RICARDO JOSÉ TORRES HERRERA, titular de la cédula de identidad N° 2.268.761, anteriormente identificado por la comisión del delito de Robo Genérico y uso de adolescente para delinquir artículo 264 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente y en donde aparece como victima un ciudadano de nombre José Augusto Bullones Segovia y por cuanto están dados los presupuestos de los artículo 250, 251 y 252 todos del Código Orgánico Procesal Penal y la misma la cumplirá en el Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental del Estado Lara. Mantengase Privación Judicial Preventiva de Libertad. Cúmplase.

En consecuencia este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, especialmente por los artículos 936 y 937 ejusdem y dejando a salvo los derechos que terceras personas puedan tener, APRUEBA la mencionada justificación y declara TITULO SUPLETORIO DE POSESION Y DOMINIO, a favor de IVAN GABRIEL FUENMAYOR y GLADIS JOSEFINA FUENMAYOR, antes identificados, sobre las bienhechurías que se determinan suficientemente en el presente decreto, el cual no podrá ser registrado sin la autorización del propietario del terreno sea un ente público o privado, conforme al acuerdo del primero de abril de 1970, dictado por la Corte Suprema de Justicia en la Sala Político Administrativa.

En consecuencia este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, especialmente por los artículos 936 y 937 ejusdem y dejando a salvo los derechos que terceras personas puedan tener, especialmente aquellas derivadas de la comunidad de gananciales de estricto orden público, a favor del cónyuge de la solicitante APRUEBA la mencionada justificación y declara TITULO SUPLETORIO DE POSESION Y DOMINIO, a favor de JOSE ISAAC TERAN DELGADO, antes identificado, sobre las bienhechurías que se determinan suficientemente en el presente decreto, el cual no podrá ser registrado sin la autorización del propietario del terreno sea un ente público o privado, conforme al acuerdo del primero de abril de 1970, dictado por la extinta Corte Suprema de Justicia (hoy Tribunal Supremo de Justicia) en la Sala Político Administrativa.

En consecuencia este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, especialmente por los artículos 936 y 937 ejusdem y dejando a salvo los derechos que terceras personas puedan tener, APRUEBA la mencionada justificación y declara TITULO SUPLETORIO DE POSESION Y DOMINIO, a favor de VIELA MARGARITA GONZALEZ LEON, antes identificada, sobre las bienhechurías que se determinan suficientemente en el presente decreto, el cual no podrá ser registrado sin la autorización del propietario del terreno sea un ente público o privado, conforme al acuerdo del primero de abril de 1970, dictado por la Corte Suprema de Justicia en la Sala Político Administrativa.

En consecuencia este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, especialmente por los artículos 936 y 937 ejusdem y dejando a salvo los derechos que terceras personas puedan tener, APRUEBA la mencionada justificación y declara TITULO SUPLETORIO DE POSESION Y DOMINIO, a favor de ROSA DEL CARMEN GARCIA LOPEZ, antes identificada, sobre las bienhechurías que se determinan suficientemente en el presente decreto, el cual no podrá ser registrado sin la autorización del propietario del terreno sea un ente público o privado, conforme al acuerdo del primero de abril de 1970, dictado por la Corte Suprema de Justicia en la Sala Político Administrativa.

En consecuencia este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, especialmente por los artículos 936 y 937 ejusdem y dejando a salvo los derechos que terceras personas puedan tener, APRUEBA la mencionada justificación y declara TITULO SUPLETORIO DE POSESION Y DOMINIO, a favor de THAIS BEATRIZ MACHADO MONTIEL, antes identificada, sobre las bienhechurías que se determinan suficientemente en el presente decreto, el cual no podrá ser registrado sin la autorización del propietario del terreno sea un ente público o privado, conforme al acuerdo del primero de abril de 1970, dictado por la Corte Suprema de Justicia en la Sala Político Administrativa.