REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA





EN SU NOMBRE: EL
JUZGADO SUPERIOR AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL
ESTADO COJEDES

-I-
De las Partes
Recurrente: JESÚS MANZO NÚÑEZ, venezolano, mayor edad, productor agropecuario, titular de la Cédula de Identidad Nº V-358.876 y de este domicilio.
Apoderados Judiciales: EDGAR DARIO NÚÑEZ ALCANTARA, RAYDA GIRALDA RIERA LIZARDO, JORGE CARLOS RODRIGUEZ BAYONE y EDGAR DARIO NÚÑEZ PINO, venezolanos, mayores de edad, titulares de la Cédula de Identidad Nº V-3.372.200, V-9.829.134, V-7.532.782 y V-14.464.297 respectivamente, Abogados e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nº 14.006, 48.867, 27.316 y 110.961 en su orden y domiciliados procesalmente en el Escritorio Jurídico Núñez Alcántara & Asociados, situado en el Centro Comercial y Profesional El Añil, Piso uno, Oficina 19, Urbanización Prebo, Avenida Andrés Eloy Blanco, Valencia estado Carabobo.
Recurrido: Acto Administrativo dictado por el Directorio del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (I.N.Ti.), en Sesión N° 289-09, Punto de Cuenta N° 224, de fecha 22 de septiembre de 2009.
Co-apoderada Judicial: YSABEL ESTRELLA MASABE RODRIGUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-7.106.618, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 55.538.
Motivo: RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD.
Decisión: SENTENCIA DEFINITIVA.
Expediente: Nº 791-10.
-II-
Antecedentes
El presente juicio se inició con motivo del Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, interpuesto por ante este Tribunal el 24 de febrero de 2010, por el Abogado JORGE CARLOS RODRIGUEZ BAYONE, Co-apoderado Judicial del Ciudadano JESUS MANZO NÚÑEZ.
En fecha 01 de marzo de 2010, se le dio entrada al Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad.
En fecha 01 de marzo de 2010, se admitió el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, se declaró Inadmisible la Solicitud de Medida de Amparo Constitucional y se ordenó la notificación de la Procuraduría General de la República, del Instituto Nacional de Tierras (I.N.Ti.), en la persona de su Presidente, así como la notificación de los terceros que hayan sido notificados o participado en vía administrativa.
En fecha 09 de marzo de 2010, el Abogado JORGE CARLOS RODRIGUEZ BAYONE, con el carácter de autos, consignó los fotostatos necesarios para que previa certificación se practiquen las notificaciones ordenadas.
En fecha 07 de octubre de 2010, se recibió resultas de la comisión conferida al Juzgado Décimo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas.
En fecha 26 de octubre de 2010, el Abogado JORGE CARLOS RODRIGUEZ BAYONE, con el carácter de autos, consignó escrito de impugnación de la sustitución del poder presentado por los Apoderados Judiciales de la parte recurrida.
En fecha 02 de diciembre de 2010, se recibió resultas de la comisión conferida al Juzgado Primero de Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del estado Lara.
En fecha 03 de diciembre de 2010, se ordenó la suspensión de la presente causa, por un lapso de noventa (90) días continuos, de conformidad con lo establecido en el artículo 96 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
En fecha 18 de marzo de 2011, se declaró formalmente la Reanudación de la presente causa.
En fecha 18 de marzo de 2011, el Abogado JORGE CARLOS RODRIGUEZ BAYONE, con el carácter de autos, solicitó se libre el Cartel a que se refiere el auto de admisión del Recurso de Nulidad.
En fecha 23 de marzo de 2011, se acordó librar el respectivo Cartel de Notificación a los Terceros notificados y que hayan participado en vía administrativa y/o cualquier persona que se crea con derecho e interés en el presente juicio.
En fecha 01 de abril de 2011, el Abogado JORGE CARLOS RODRIGUEZ BAYONE, con el carácter de autos, consignó el ejemplar del Diario Las Noticias de Cojedes de fecha 30 de marzo de 2011, en donde aparece publicado el Cartel de Notificación librado.
En fecha 01 de abril de 2011, el Tribunal ordenó agregar a los autos el ejemplar del Diario Las Noticias de Cojedes donde aparece publicado el Cartel de Notificación librado.
En fecha 29 de abril de 2011, la Abogada YSABEL ESTRELLA MASABE RODRIGUEZ, en su carácter de autos, consignó escrito de oposición y contestación al recurso incoado.
En fecha 28 de abril de 2011, el Tribunal ordenó agregar a los autos el escrito de oposición y contestación del recurso incoado.
En fecha 03 y 05 de mayo de 2011, el Abogado JORGE CARLOS RODRIGUEZ BAYONE, en su carácter de Co-apoderado Judicial de la parte recurrente, consignó escrito de pruebas.
En fecha 05 de mayo de 2011, la Abogada YSABEL ESTRELLA MASABE RODRIGUEZ, en su carácter de Co-apoderada Judicial del INTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (I.N.Ti.), consignó escrito de pruebas.
En fecha 06 de mayo de 2011, el Tribunal ordenó agregar a los autos los escritos de pruebas promovidas por el Abogado JORGE RODRIGUEZ BAYONE, Apoderado Judicial de la parte recurrente y por la Abogada YSABEL ESTRELLA MASABE RODRIGUEZ, Co-apoderada Judicial de la parte recurrida.
En fecha 12 de mayo de 2011, el Tribunal admitió las pruebas promovidas por el Abogado JORGE RODRIGUEZ BAYONE, Apoderado Judicial de la parte recurrente y por la Abogada YSABEL ESTRELLA MASABE RODRIGUEZ, Co-apoderada Judicial de la parte recurrida.
En fecha 17 de mayo de 2011, se evacuó la prueba de Inspección Judicial promovida por la Abogada YSABEL ESTRELLA MASABE RODRÍGUEZ, en su carácter de Co-apoderada Judicial del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (I.N.Ti.).
En fecha 18 de mayo de 2011, se evacuó la testimonial del Ingeniero JOSE ANDRÉS SILVA.
En fecha 24 de mayo de 2011, la Ciudadana RUTH Y. SARMIENTO V., Técnico Agropecuario, consignó Informe Técnico de la Inspección Judicial realizada en fecha 17 de mayo de 2011.
En fecha 26 de mayo de 2011, se recibió oficio proveniente de la Alcaldía del Municipio San Carlos del estado Cojedes.
En fecha 31 de mayo de 2011, se declaró formalmente cerrado el lapso probatorio y se fijó para el tercer (3) día de despacho siguiente la Audiencia Oral y Pública, a objeto de evacuar las pruebas a que hubiere lugar y oír los Informes de las partes en la presente causa.
En fecha 01 de junio de 2011, se recibió oficio del INSTITUTO NACIONAL DE SALUD AGRÍCOLA INTEGRAL (INSAI).
En fecha 03 de junio de 2011, se llevó a cabo Audiencia Oral y Pública prevista en el artículo 173 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, donde las partes expusieron sus informes oralmente.
En fecha 09 de junio de 2011, se recibió oficio de la Unidad Estadal del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras.
En fecha 07 de julio de 2011, la Abogada KARINA LISBETH NIEVES MARTINEZ, Jueza Provisoria de este Tribunal, se ABOCÓ al conocimiento de la presente causa y ordenó las notificaciones a las partes.
En fecha 14 de julio de 2011, el Alguacil del Tribunal consignó la Boleta de Notificación firmada por el Abogado JORGE CARLOS RODRIGUEZ BAYONE, Apoderado Judicial de la parte recurrente Ciudadano JESUS MANZO NUÑEZ.
En fecha 14 de julio de 2011, el Alguacil del Tribunal consignó Boleta de Notificación firmada por la Abogada YSABEL ESTRELLA MASABE RODRIGUEZ, Co-apoderada Judicial de la parte recurrida INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (INTi).
En fecha 11 de agosto de 2011, el Tribunal se acogió al lapso legal para dictar sentencia a que se contrae el artículo 173 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
En fecha 14 de noviembre de 2011, el Tribunal difirió el proferimiento del fallo correspondiente a la presente causa.
En fecha 07 de febrero de 2012, se recibió oficio de la Oficina Regional Centro Occidental de la Procuraduría General de la República.
-III-
Síntesis de la Controversia
Alegatos de la Parte Recurrente
El Abogado JORGE CARLOS RODRÍGUEZ BAYONE, Co-apoderado Judicial del Ciudadano JESÚS MANZO NÚÑEZ, fundamentó su pretensión de nulidad en los siguientes:
1.) Que el acto administrativo de efectos particulares que recurre y cuya nulidad pide ante este Juzgado, emanó del Directorio del Instituto Nacional de Tierras en sesión número 289-09, punto de cuenta número 224 de fecha 22 de septiembre de 2009.
2.) Que su representado es propietario de un predio, situado en el Municipio San Carlos del estado Cojedes, conocido como hato El Rodeo. El referido lote de terreno le pertenece por haberlo adquirido según documento protocolizado en la Oficina Subalterna de Registro del Distrito San Carlos el 16 de enero de 1969, bajo el número 3, protocolo primero; documento público que consigna como anexo al momento de interponer el presente recurso, marcado con la letra D.
3.) Que en el referido predio su representado ha desarrollado labores agro productivas; lo cual ha venido realizando en la medida en que la presión urbana le ha permitido, por la expansión de la urbe sobre el sector agrario; en tal sentido se desarrollan actividades de cría y engorde de ganado vacuno.
4.) Que en fecha 13 de mayo de 2009, la Oficina Regional de Tierras del estado Cojedes remitió a su representado una participación escrita, en la cual le hace saber que funcionarios adscritos a esa oficina penetrarían en el predio a objeto de llevar a cabo estudios técnicos, ante lo cual su mandante accedió sin inconveniente alguno, como hombre respetuoso de las leyes que es.
5.) Que posteriormente, en fecha 24 de agosto de 2009, su representado acudió al ente agrario a solicitar le fuera decidido el asunto en el cual tenía interés, pues desde la fecha en la cual se le participó que se ingresaría al predio de su propiedad a llevar a cabo estudios técnicos, hasta ese momento no había tenido conocimiento de decisión alguna, a pesar de haber transcurrido tiempo suficiente para ello.
6.) Que en fecha 7 de octubre de 2009, se deja en el predio propiedad de su representado un cartel de emplazamiento, emanado de la Oficina Regional de Tierras del estado Cojedes, fechado el 29 de septiembre de 2009, en el cual se le hace saber que mediante denuncia formulada por la Ciudadana Clemente Aponte Sonia Coromoto, titular de la Cédula de Identidad número V-7.045.856, en fecha 6 de noviembre de 2008, se iniciaba procedimiento que, según el basamento legal mencionado, era de rescate, sin embargo se refiere, de acuerdo a ciertos párrafos, a una determinación de tierras ociosas.
7.) Que en atención al llamado indicado, acudieron al ente sustanciador de la denuncia y en fecha 9 de octubre presentaron escrito defensivo y de pruebas, en dicho escrito expusieron las defensas que se consideraron pertinentes en ese momento, las que resume de la siguiente manera: Decaimiento del procedimiento administrativo, con fundamento a lo establecido por los artículos 60 y 64 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Nulidad del procedimiento por vicios en la notificación, pues se incumplieron las formalidades necesarias a la validez de la misma, como se expuso en el escrito referido. Imposibilidad del ente agrario para rescatar el predio, en primer lugar por ser de propiedad privada, y en consecuencia no pertenecerle al Instituto Nacional de Tierras, como se demostró con el legajo contentivo de 32 documentos que acreditan la cadena titulativa del lote propiedad de su representado, tracto sucesivo que se extiende bastante más atrás de abril de 1848; en segundo lugar, en el supuesto negado que le perteneciesen al Instituto Nacional de Tierras, la ocupación del terreno es absoluta y completamente legal; en tercer lugar, por carecer de competencia para hacerlo, toda vez que, en el supuesto negado que las tierras que conforman el Hato El Rodeo, sean baldías, no existe acto administrativo alguno que haya puesto a disposición del ente agrario los terrenos baldíos que pertenecen al estado Cojedes y mucho menos los terrenos que pudieran resultar ejidos con fundamento a lo establecido por la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela; en cuarto lugar, por ser la ocupación productiva autorizada por la ley, pues en este caso particular su representado ha venido explotando el predio desde la fecha en que lo adquirió, esto es, hace más de cuarenta años; en quinto lugar, la actividad económica es adecuada al tipo de suelos que conforman el predio, puesto que los mismos son básicamente de tipo VI y VII, adecuados para la ganadería y agroforestería, en ese momento y a los fines de demostrar la actividad, acompañaron al escrito en referencia certificados de vacunación de las, aproximadamente 800 reses que pastaban en el predio; argumentaron también que su representado había construido la infraestructura necesaria para la actividad pecuaria.
Incompetencia del ente agrario, se argumentó que buena parte de los terrenos que conforman el predio se encuentran dentro de la poligonal urbana de San Carlos y que se han venido construyendo urbanizaciones en tales terrenos y desarrollando otros nuevos proyectos, lo que afecta la competencia del ente agrario, así como la oportunidad y pertinencia del acto, puesto que la actividad agraria, si bien no está totalmente reñida con la presión urbana, no es menos cierto que se ve seriamente afectada la calidad de vida de las personas que habitan en la zona, dado el uso de los pesticidas necesarios para las siembras, al menos necesarios para la cría y ceba de ganado. Como ejemplo se citó a las Urbanizaciones Las Magnolias, el desarrollo habitacional Habitat 93, las sedes del Colegio de Ingenieros, de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales Ezequiel Zamora, entre otros.
8.) Que posteriormente, en fecha 20 de octubre de 2009, presentaron otro escrito contentivo de pruebas, en el cual se le solicitó al ente agrario requiriese información a la Alcaldía de San Carlos sobre la ubicación del predio dentro de la poligonal urbana.
9.) Que es menester hacerle saber a este tribunal que su representado denunció la invasión de la cual ha sido objeto el predio de su propiedad e igualmente han sido denunciadas las innumerables oportunidades en las cuales han hurtado y sacrificado reses de su propiedad, las actividades de terceras personas que depredan el ambiente y amenazas a la vida de sus hijos y trabajadores, para mayor ilustración consigna al momento de la interposición del presente recurso, un legajo de documentos con las respectivas denuncias.
10.) Que tal situación obviamente incide en la actividad agro productiva, que hasta la fecha se mantiene aunque bastante mermada, toda vez que no ha sido posible obtener una respuesta adecuada a las situaciones mencionadas en el párrafo anterior, al punto que de las aproximadamente 800 reses que pastaban en el predio, a la fecha solamente se encuentran aproximadamente 300.
11.) Que de una lectura detallada al acto administrativo confutado, concluye que el mismo se encuentra infestado de vicios que afectan su validez y su eficacia en el mundo jurídico, estos vicios son de orden constitucional y legal. Pasando de seguidas a detallar los vicios que le atribuye al acto administrativo.
12.) Que el acto administrativo de efectos particulares cuya nulidad requiere por la presente demanda se encuentra afectado en su validez por vicios derivados de la violación al orden constitucional. Tales como:
Que la decisión atacada se toma, según se lee en el primer folio de la notificación que en original acompaña al momento de interponer el presente recurso con la letra B, el día 22 de septiembre de 2009 (22/09/09), en sesión número 284/09, punto de cuenta 224.
Que tal circunstancia obviamente hace absolutamente nulo el acto administrativo atacado, toda vez que la decisión notificada fue tomada, incluso con anterioridad, a la fecha en la cual se le comunicó a su representado que se había iniciado en su contra el procedimiento administrativo.
En efecto, según se desprende de la copia del cartel de notificación que se acompaña al presente escrito de nulidad, la fecha del cartel es el 29 de septiembre de 2009. La comparación temporal significa que se publicó el cartel una semana después de haberse tomado la decisión, sin que se hayan transcurrido los lapsos de ley para el trámite administrativo que garantice el derecho a la defensa de su poderdante. Nótese especialmente que tanto el cartel como la decisión notificada a su representado hacen referencia a la misma numeración de expediente.
13.) Que se viola el derecho al debido proceso cuando el ente administrativo le llama para un procedimiento que, según su fundamento legal es de rescate, pero culmina declarando como ocioso el predio propiedad de su representado, tanto es así que una de las dispositivas del acto atacado por este medio acuerda iniciar el procedimiento de rescate.
Ello se evidencia del cartel de notificación a que ha hecho referencia, fechado el 29 de septiembre de 2009 y que acompaña junto al escrito recursivo marcado con la letra I.
Implica la última situación que a su representado se le llama para discutir sobre un asunto y termina el ente administrativo decidiendo uno distinto, lo que supone violación al debido proceso. Ello hace nulo el acto atacado por violación al debido proceso y así pide sea declarado.
14.) Que a su representado nunca se le notificó de procedimiento alguno que desembocara en la declaratoria de tierras ociosas. Invocando lo siguiente:
Que en la narración que se hace en el acto administrativo atacado, se lee cuanto de seguidas cita: “…del derecho a la defensa, al debido proceso… (Omissis)…se intentó agotar la vía de las notificaciones personales, siendo infructuosas las gestiones…”, sin más referencias a las notificaciones.
En el mismo acto administrativo puede leerse: “…corre inserto AUTO emitido por la Coordinación del Área Legal… (Omissis)… 24 de agosto de 2009, donde se deja constancia de que el Ciudadano JESUS MANZO NUÑEZ,…consignó ciertos documentos…”, en el párrafo siguiente: “…AUTO de emplazamiento de fecha 25 de agosto de 2009… dirigido al Ciudadano JESUS MANZO NUÑEZ…”.
Que es evidente que el ente administrativo agrario simplemente omitió las diligencias para notificar a su representado, a pesar que estaba en perfecto conocimiento de su persona y que su representado se había apersonado en las oficinas del Instituto Nacional de Tierras en la ciudad de San Carlos.
Que es evidente la contradicción en la que incurre el Instituto Nacional de Tierras cuando hace estas referencias y luego afirma que fueron infructuosas las gestiones para notificar a su representado, máxime cuando, como ha sido demostrado antes, el mismo ente sustanciador emite constancia haciendo saber que su patrocinado ha prestado la debida colaboración al ente administrativo agrario.
La situación antes descrita hace nulo el acto atacado por resultar violatorio del derecho al debido proceso a que es acreedor su poderista y así pide sea declarado.
En el acto administrativo confutado, se le conculca a su representado el derecho al debido proceso, cuando el ente agrario administrativo omite notificarle que se instruía en su contra procedimiento administrativo para calificar a su predio como finca ociosa.
Efectivamente, sólo se le hizo saber que unos funcionarios, adscritos al ente agrario penetrarían en su predio para llevar a cabo estudios técnicos, cuya presencia toleró su representado y con quienes colaboró, al punto que solicitada una certificación al respecto, se le emitió constancia de ello.
Una vez concluidos los estudios técnicos a que se refiere la citada participación que acompaña marcado con la letra G, nunca más se le notificó a su representado sobre actuaciones posteriores relacionadas con procedimiento administrativo alguno, hasta el día 7 de octubre de 2009, cuando se dejó notificación de emplazamiento fechado el 29 de septiembre de 2009, que acompaña marcado con la letra H, en el cual se le convocaba, según el basamento legal para discutir sobre el rescate del predio, notificándosele luego de la decisión impugnada, de fecha 22 de septiembre de 2009, en la cual se decide la ociosidad del predio y la iniciación de un procedimiento de rescate, entre otras.
Todas estas situaciones afectan el derecho al debido proceso de su poderista, pues se ha subvertido el procedimiento establecido en la ley, lo que hace nulo y sin eficacia alguna el acto administrativo confutado y así pide sea declarado por este tribunal.
15.) Que el derecho a la defensa, entendida éste como la oportunidad de argumentar y probar, con un procedimiento previamente establecido y ante un juez imparcial, le ha sido conculcado a su representado. Por lo siguiente:
Menciona el acto administrativo confutado que su representado presentó ante la Oficina Regional de Tierras del estado Cojedes escrito en el cual consigna ciertos documentos relacionados con el predio objeto de este estudio.
Omite mencionar el ente administrativo a que documentos se refiere, cuáles documentos consignó su representado en ese momento, qué relevancia tienen en el caso concreto y mucho menos analiza el contenido de los documentos.
Que esta situación lleva indefectiblemente a la conclusión que el ente administrativo agrario conculcó el derecho a la defensa de su representado al omitir analizar las pruebas que en ese momento presentó, así como los argumentos que esgrimió en esa oportunidad, violándose así su derecho a la defensa a no permitírsele conocer las razones por las cuales sus argumentos y pruebas fueron rechazados por el ente agrario.
El vicio de orden constitucional que delata hace de suyo nulo y sin efecto alguno el acto administrativo que impugna, y así pide sea declarado por este tribunal.
16.) Que también se conculca el derecho a la defensa a que es acreedor su representado cuando, se omite completamente el análisis de la documentación consignada el día 09 de octubre de 2009, así como se omitió evacuar las pruebas promovidas en fecha 20 de octubre de 2009, escritos que se ha acompañado con las letras J y K.
Que por el contrario, del acto atacado se desprende que apenas 9 días continuos, después de haberse presentado el escrito, que consigna marcado con la letra J, la Oficina Regional de Tierras acordó remitir a Directorio el expediente para su decisión.
Que es necesario mencionar que el cartel mediante el cual se emplazó a su representado es de fecha 29 de septiembre de 2009, dejado en el predio el día 07 de octubre de 2009 aún en el supuesto que el lapso acordado por la ley se hubiese iniciado el día 29 de septiembre de 2009, el octavo día hábil a que se refiere la ley es precisamente el 09 de octubre, sin embargo tal lapso se inició el día 07 de octubre, cuando fue dejado el cartel en el predio, siendo en consecuencia el octavo día hábil el día 20 de octubre de 2009.
Esta situación lleva a concluir, indefectiblemente que a su representado se le violentó el derecho a la defensa al no evacuarse las pruebas promovidas oportunamente en el procedimiento administrativo.
17.) Que de igual forma se le violenta el derecho a la defensa, cuando el ente administrativo agrario omite analizar los documentos que se le acompañaron al escrito presentado el día nueve octubre de 2009, cuyos documentos públicos constituyen la cadena titulativa del Hato El Rodeo, hasta mucho antes de 1848.
18.) Que la omisión en el análisis de las pruebas y, más grave aún, la omisión en la evacuación de los medios probatorios promovidos por su representado oportunamente, son violatorios del derecho a la defensa de su poderista, quien a pesar de haber actuado en el tiempo estipulado por la ley para ello, vio frustrado por el ente agrario su derecho a la defensa al omitir el análisis y la evacuación de las pruebas promovidas, lo que sin dudas es violatorio del derecho a la defensa constitucionalmente consagrado y protegido haciendo nulo el acto administrativo atacado y así pide sea declarado por este tribunal.
19.) Que su representado, por intermedio de sus apoderados, presentó ante el ente administrativo agrario documentos públicos que acreditan su propiedad sobre el predio conocido como Hato El Rodeo. Que tales documentos públicos fueron completamente ignorados (no analizados o desechados) por el ente agrario, sin que haya mediado juicio civil alguno en el cual tales instrumentos hayan sido declarados falsos o producto de una simulación por un juez de la República.
Ninguna norma le atribuye competencia al ente agrario para desconocer la validez de un documento otorgado con las formalidades de ley ante un funcionario capaz de dar fe pública, como lo es un Registrador Subalterno, al momento de adquirir el predio su representado, hoy un Registrador Inmobiliario.
Estos funcionarios públicos, con su actuación revisten a los documentos otorgados ante ellos y con observancia de las formalidades legales de fe publica y sus efectos se extienden a todos, esto es producen efectos erga omnes, este poder -efecto- alcanza tanto a los particulares como a las entidades de derecho público. Ello hace que el acto administrativo sea absolutamente nulo por ser violatorio del derecho al debido proceso y a la defensa.
20.) Que el derecho a obtener respuesta de la administración en el correlativo al de petición, el cual es en el mundo administrativo el equivalente al derecho de acción en el judicial, de manera que el derecho de petición se resume en la posibilidad (derecho) que tiene todo administrado de dirigir peticiones a la administración pública y obtener de ésta la adecuada y oportuna respuesta.
Que en el presente caso, al haber presentado el escrito en fecha 09 de octubre de 2009, expresamente se invocó el decaimiento del procedimiento administrativo con fundamento a lo establecido por los artículos 60 y 64 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
Que en el acto confutado, no se hace mención expresa de tal pedimento, lo que de por sí es violatorio del derecho a la defensa al desconocerse las razones por las cuales tal pedimento fuera desechado, lo que de suyo hace ya nulo el acto. Tampoco se decide de manera expresa sobre el punto expuesto, esto es el decaimiento del procedimiento administrativo con fundamento a lo dispuesto por los artículos 60 y 64 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, pues desde la fecha en la cual se hizo la denuncia de tierras ociosas por la Señora Sonia Coromoto Clemente Aponte, esto es desde el 06 de noviembre de 2008, hasta el 29 de septiembre de 2009, fecha en la cual se emplazó a su representado transcurrieron con creces los cuatro meses a que se refiere la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos sin que se hubiera producido decisión que pusiera fin al procedimiento, tal como lo pauta la Ley.
Que esta situación hace nulo y sin efecto al acto administrativo atacado por esta vía, por resultar violatorio del derecho de petición y oportuna respuesta consagrado y protegido por la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
21.) Que tal como ha sido antes expresado, entre los argumentos utilizados ante el ente agrario se encontraba el carácter urbano de parte de los terrenos que conforman el Hato El Rodeo, en una extensión de aproximadamente 430 hectáreas.
22.) Que sobre el punto anterior, el ente agrario omite todo pronunciamiento y análisis, lo que de suyo es violatorio del derecho a la defensa, pues desconocen las razones por las cuales el ente agrario haya desechado el argumento o los análisis del mismo, así como la valoración de los elementos probatorios esgrimidos en su momento.
23.) Que Igualmente entre los argumentos esgrimidos oportunamente, se encuentra el de la propiedad que ostenta su representado sobre el predio denominado Hato El Rodeo, argumento que fue debidamente demostrado con los documentos públicos demostrativos de la propiedad, omitiéndose toda referencia o pronunciamiento sobre el punto. Que tal omisión de pronunciamiento hace nulo el acto confutado por ser violatorio del derecho que tiene su representado a obtener respuesta por parte de la administración, respuesta que debe ser no solamente oportuna, sino también adecuada y congruente, entendiendo por ello la relación que debe existir entre lo pedido a la administración y la respuesta obtenida por el particular. Que en el presente caso, la administración pública agraria omite toda respuesta, lo que es violatorio del derecho que tiene su patrocinado de obtener, por parte del ente agrario respuesta a sus solicitudes. Que ello hace nulo el acto administrativo confutado por ser, además de violatorio del derecho a la defensa, violatorio del derecho de petición y obtener oportuna y adecuada respuesta constitucionalmente consagrado y así pide sea declarado por este tribunal.
24.) Que en el acto confutado se acuerda iniciar un procedimiento de rescate, se conculca de manera grosera el derecho de propiedad que ostenta su representado sobre el predio conocido como Hato El Rodeo, el cual le pertenece legítimamente según documento público que ha anexado marcado con la letra D. Que ciertamente, el rescate, tal como está diseñado en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario supone una especie de reivindicación en sede administrativa, donde el ente agrario decide recuperar las tierras que le pertenecen. Que en este particular, el predio es propiedad de su mandante como se desprende del documento público que ha mencionado y que se demostró suficientemente ante el ente administrativo al consignar la cadena titulativa que alcanza bastante más atrás de 1848. Que tal disposición del ente agrario es absoluta y literalmente violatoria del derecho de propiedad que, ostenta su representada sobre el predio conocido como Hato El Rodeo. Ello hace de suyo nulo el acto administrativo confutado por ser violatorio del derecho de propiedad que ostenta su poderdante sobre el predio y así pide sea declarado por este tribunal.
25.) Que en el orden legal el acto administrativo que por esta vía ataca, presenta vicios que le hacen nulo de nulidad absoluta y vicios que le hacen anulable, con fundamento a lo previsto por los artículos 19 y 20 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Que en el acto administrativo confutado, se define el área afectada, tanto por la medida de aseguramiento como la declarada ociosa con una serie de coordenadas UTM, que se especifican en el recurso y que aquí se dan por reproducidas. Una vez definidos por el ente agrario estos puntos con coordenadas geográficas en UTM, expresa en el acto, en los dispositivos primero y segundo (referidos a la determinación de ociosidad del predio y el área a rescatar), que tales elementos definidores lo son sólo referenciales, pudiendo el ente agrario modificar el área. Tal determinación del ente agrario hace que la ejecución del acto sea de imposible e ilegal ejecución. Que ciertamente, a su representado se le causa indefensión con tal indeterminación sobre la extensión y ubicación geográfica de la zona cuyo rescate pretende el ente administrativo y la que declara como finca ociosa pues le impide conocer con precisión hasta donde y que extensión, en verdad y con certeza, abarca la zona que pretende afectar en definitiva el ente agrario. Quedaría a la libre voluntad del ente administrativo modificar de manera arbitraria la zona que declara como ociosa y la que pretende rescatar, cuyas coordenadas son exactamente las mismas coordenadas que se expresan al momento de acordar la medida cautelar de aseguramiento de la tierra, por lo que, obviamente, será en esa zona donde el ente agrario ejecutará la medida de aseguramiento. No puede pues el ente agrario, una vez que ha dictado el acto administrativo, de carácter definitivo, en el cual notifica que contra el mismo se podrá intentar el recurso judicial de nulidad del acto administrativo de efectos particulares; y luego quiera, durante la ejecución del acto administrativo, modificarlo en su alcance, de manera que podría abarcar una cantidad de terreno distinta a la que inicialmente ha decidido afectar en el acto administrativo. Estas circunstancias hacen nulo el acto administrativo confutado por ser de ilegal e imposible ejecución con fundamento a lo establecido por el artículo 19, numeral 3 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Así pide al tribunal que lo declare.
Que ciertamente, cuando en el acto administrativo se narra que durante las inspecciones llevadas a cabo se observó un grupo de personas ocupando parte de los terrenos propiedad de su representado, ubicados hacia el este del predio, en un lote que eufemísticamente denominan Zona Ocupada. Que igualmente hacen referencia que el predio está siendo utilizado desde el punto de vista pecuario, esto implica la explotación del fundo con la cría y levante de ganado, observando un número de 808 animales entre bovinos y equinos. La Disposición Transitoria Décimo Tercera de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario niega a todas aquellas personas que hayan optado por las vías de hecho u ocupaciones ilegítimas de tierras rurales la posibilidad de las garantías de permanencia, adjudicación y otros beneficios que acuerda la ley. Que en el presente caso, en el acto administrativo se da cuenta que un grupo de personas ha ocupado parte del predio propiedad de su representado, lo que coincide plenamente con sus argumentos sobre las invasiones al Hato El Rodeo constituyéndose tal situación en ocupaciones ilegítimas, no autorizadas por la ley ni consentidas por su mandante, quien ha acudido en diversas oportunidades a denunciar tal situación. Así pues, cuando el ente administrativo agrario acuerda medidas que protegen directa o indirectamente a los ocupantes ilegítimos del predio propiedad de su representado lo hace en franca violación a lo dispuesto por la norma citada antes; nótese que en el acto administrativo confutado se hace referencia en varias ocasiones a una cooperativa denominada En La Tierra Está La Vida, R.L. como ocupante del Hato El Rodeo, siendo en consecuencia de ilegal ejecución el acto administrativo confutado, lo que acarrea su nulidad absoluta con fundamento a lo previsto por el ordinal 3 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y así pide sea declarado por este tribunal. Que en el acto administrativo confutado se lee que una porción de lote de terreno, equivalente a un poco más del 21 por ciento está conformado por tierra adecuada para la explotación ganadera o pecuaria, señalándose en el mismo acto administrativo que en el predio se encontraron aproximadamente ochocientos animales entre bovinos y equinos, lo que supone en consecuencia que su representado dedica el lote de terreno a la actividad que, de acuerdo a la calidad de la tierra debe ser dedicada. La medida de aseguramiento, como es del conocimiento general, consiste en la introducción al predio de personas que deberán dedicarse a la explotación efectiva de la tierra. En el presente caso, el predio, como consta en el mismo acto administrativo, ha sido dedicado a la actividad pecuaria, de acuerdo a la calidad de las tierras que lo conforman. Cuando el ente agrario decide acordar medida cautelar de aseguramiento del predio, extendiendo esa medida a aproximadamente un mil quinientas hectáreas (1.500 Has), lo hace en franca violación a la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, cuando en ella se dispone que las tierras de clase V y VI, deben dedicarse a las labores pecuarias, precisamente aquellas a las cuales dedica su representado el predio de su propiedad, sin que se haya determinado, previamente, cuales son las zonas que, a juicio del ente agrario, deben dedicarse a actividades distintas a la pecuaria, ni cuales son las zonas del predio en las cuales, a juicio del Instituto Nacional de Tierras, exista tierra de calidad distinta a la necesaria para desarrollar actividades pecuarias. Ello hace que el acto administrativo sea nulo conforme a las previsiones del ordinal 3 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y así pide a este Tribunal sea declarado. Que la Administración agraria asume erradamente que el lote de tierras que conforman el Hato El Rodeo, son tierras públicas bajo ese falso supuesto, actúa en consecuencia.
Que en el acto administrativo, al acordar las medidas de aseguramiento, se afirma cuanto de seguidas copia: “…es decir que el lote objeto del rescate sea propiedad del Instituto Nacional de Tierras, o en su defecto que se trate de tierras baldías, que sean del dominio privado de la República…omissis… debe existir en el expediente prueba suficiente que haga presumir que las tierras objeto del procedimiento de rescate, sean de las señaladas anteriormente.” Que el artículo 82 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario dispone, que el ente agrario puede rescatar las tierras que sean de su propiedad o que hayan sido puestas a su disposición. Ello implica que el supuesto de hecho previsto en la norma que contiene el rescate de tierras por el ente administrativo parte de la base que las tierras no pertenezcan legítimamente a particulares. La medida de aseguramiento a que se refiere el artículo 85 no puede ser dictada fuera del marco del procedimientos de rescate de las tierras propiedad del Instituto Nacional de Tierras, esto es no puede afectarse con esta medida, tal como está concebida en el artículo 85, a tierras propiedad de particulares, puesto que el rescate de tierras solamente procede cuando el terreno sea propiedad del Instituto Nacional de Tierras o estén bajo su disposición, es eso y no otra cosa lo que se desprende de una sana interpretación del artículo 85 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Esto es así pues lo que justifica tanto el rescate de tierras públicas como la medida de aseguramiento es la situación de improductividad del predio que fue adjudicado por la administración agraria a un beneficiario para su debida y adecuada explotación. Que en el presente caso, se demostró suficientemente ante el ente administrativo la propiedad que ostenta su patrocinado sobre el lote de terrenos conocido en la localidad de San Carlos como Hato El Rodeo. Dicha titularidad no se demostró con la sola aportación del documento público que se erige como el título inmediato de adquisición, el cual conforme a las previsiones del Código Civil y la Ley de Registro Público y Notariado es suficiente para probar la legítima propiedad sobre el predio, sino que además se aportaron los títulos y documentos públicos que acreditan la cadena titulativa del predio desde antes de abril de 1848, fecha que refiere la vigente Ley de Tierras Baldías y Ejidos. Es por ello que el acto administrativo resulta nulo con fundamento a lo establecido por la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en sus artículo 19, numeral 4, y así pedimos al tribunal lo declare.
25.) Que en la sustanciación del expediente administrativo se prescindió del procedimiento legalmente establecido. Ciertamente, a su representado se le convocó para discutir sobre el rescate del predio de su propiedad, ello es lo que se desprende de la única notificación relativa a la sustanciación de expediente administrativo que se le hizo y que se acompaña marcada con la letra I. Que se observa que la notificación que ha acompañado hace referencia expresa al artículo 85 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, norma que se encuentra enmarcada en el procedimiento relativo al rescate de tierras y no al de declaratoria de tierras ociosas o de fincas mejorables, a que se refieren los artículos 42 y 50 eiusdem. Que estas menciones divergentes, sin duda alguna afectan al procedimiento, puesto que la referencia al procedimiento de rescate de tierras con el artículo 85 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y luego las referencias a los procedimientos para la declaratoria de finca productiva y la de finca mejorable son absolutamente contradictorios, dejando a su representado sin poder ejercer de manera efectiva su derecho a la defensa, puesto que las argumentaciones que se esgrimen en uno u otros casos son distintas y los procedimientos conducen a determinaciones diferentes por parte del ente agrario. Que así pues, cuando se sustancia el expediente para el rescate de tierras, la decisión del ente agrario está enmarcada en la recuperación del lote de terrenos que le pertenece al ente agrario y cuando se sustancia el expediente para determinación de una finca productiva o mejorable, la decisión de la administración pública agraria esta dirigida a determinar el nivel de producción del predio que se trate. Que es así como, al llamársele a su representado para discutir sobre el rescate de tierras, pues ese es el fundamento legal que expresa la notificación dejada a su patrocinado y concluyendo el ente decidiendo sobre los niveles de producción del predio se ha prescindido del procedimiento legalmente establecido, por lo que el acto administrativo que ataca por esta vía resulta absolutamente nulo con fundamento a lo previsto por el ordinal 4 del artículo 19 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, y así pide sea declarado por este tribunal.
26.) Que en el acto administrativo confutado, el ente administrativo agrario acuerda medida de aseguramiento de la tierra con fundamento a lo previsto por el artículo 85 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, prescindiendo del procedimiento legalmente establecido.
27.) Que la norma antes mencionada dispone que el ente agrario puede dictar medidas cautelares, en el marco del procedimiento de rescate de tierras, previo estudio técnico. En el presente caso, el ente agrario acuerda la medida de aseguramiento como si se tratare de una medida autónoma y sin que se haya llevado a cabo estudio técnico alguno que la sustente.
28.) Que en el acto confutado verdaderamente convergen dos cuestiones diferentes; la declaratoria de finca ociosa, que tiene unas consecuencias propias y el asunto relativo al rescate de tierras.
29.) Que la medida de aseguramiento a que se refiere el artículo 85 no puede ser dictada fuera del marco del procedimiento de rescate de las tierras propiedad del Instituto Nacional de Tierras, esto es, no puede afectarse con esta medida, tal como está concebida en el artículo 85, a tierras propiedad de particulares, puesto que el rescate de tierras solamente procede cuando el terreno sea propiedad del Instituto Nacional de Tierras o estén bajo su disposición, es eso y no otra cosa lo que se desprende de una sana interpretación del artículo 85 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Es menester también que sea llevado a cabo un estudio técnico con posterioridad al acto que acuerde el inicio del rescate de tierras.
30.) Que en el presente caso, la medida de aseguramiento ha sido dictada en el marco de un procedimiento distinto al de rescate de tierras y obviamente con anterioridad al inicio del procedimiento, notando que es precisamente en el acto administrativo confutado donde el ente administrativo agrario acuerda iniciar el procedimiento de rescate.
31.) Que tampoco consta que el ente administrativo haya ordenado, con posterioridad al auto que ordena el inicio del procedimiento de rescate estudio técnico alguno que sustente la medida de aseguramiento de la tierra. Es por ello que el acto administrativo resulta absolutamente nulo por haberse prescindido del procedimiento legalmente establecido y así pide al tribunal lo declare, todo con fundamento a lo previsto por el artículo 19, numeral 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
32.) Que el ente agrario carece de competencia para intentar rescatar el predio objeto del acto administrativo confutado por no ser propiedad del Instituto Nacional de Tierras ni estar bajo su disposición, por la misma razón que carece de competencia el ente agrario para dictar medidas de aseguramiento o de rescate sobre el predio propiedad de su representado. Los artículos 82 y 85 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario atribuyen competencia al ente agrario para rescatar y dictar medidas cautelares sobre terrenos que le pertenezcan, legítimamente.
33.) Que ello implica entonces que el ente agrario debe acreditar su derecho de propiedad para poder entonces proceder a rescatar la tierra y a dictar medidas cautelares sobre la misma. Y en el presente caso, las tierras que conforman el Hato El Rodeo, le pertenecen legítimamente a su representado, el Señor Jesús Manzo Núñez, quien las adquirió según documento público que ha sido acompañado al presente recurso de nulidad de acto administrativo de efectos particulares.
34.) Que siendo que el lote de terreno es propiedad legítima de su representado el ente agrario carece de competencia para rescatar el predio y aún para dictar medidas cautelares que afecten o disminuyan los atributos de la propiedad que legítimamente ostenta su patrocinado. Es así como el acto ha sido dictado por un órgano incompetente lo cual desencadena la nulidad del mismo con fundamento a lo previsto por el artículo 19, numeral 4 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y así pide a este tribunal lo declare.
35.) Que el acto administrativo es inmotivado, por cuanto el artículo 9 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, dispone que todo acto administrativo de efectos particulares debe ser motivado, haciendo referencia a los hechos y a los fundamentos legales del acto.
36.) Que la motivación del acto administrativo debe permitirle al particular conocer los fundamentos de la determinación que ha tomado la administración pública, esto es, debe el particular poder conocer los razonamientos que sustentan el acto administrativo. En el presente caso, el acto administrativo confutado es inmotivado por las razones que de seguidas esgrime. Sostiene la administración pública agraria que las tierras que conforman el predio propiedad de su representado deben, en su mayoría, dedicarse a la actividad agrícola vegetal dada la calidad de las tierras que conforman la mayoría del predio y que una parte de tales tierras son adecuadas para la explotación pecuaria, explotación que existe en el predio. Las afirmaciones hechas por la administración implican que en el predio propiedad de su representado existen diversos tipos de suelos. En el acto confutado no existen razonamientos que permitan a su representado conocer los factores técnicos que fueron evaluados por el ente agrario para determinar la clase de suelos que conforman el predio propiedad de su representado, ni han sido plasmados en modo alguno los procedimientos técnicos utilizados para la determinación de la calidad de los suelos y su vocación de uso. Así, con fundamento a lo previsto por el Reglamento Parcial del Decreto con Fuerza y Rango de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, ha debido el ente agrario evaluar una serie de variables técnicas como la acidez del suelo, su temperatura y pedregosidad, la estructura primaria del suelo, su pendiente, el drenaje de la tierra, así como su fertilidad; en fin una serie de aspectos técnicos que le permitirían determinar verdaderamente la calidad del suelo y su vocación de uso.
Es indudable que tales elementos requieren de estudios técnicos del suelo que no se reflejan de ninguna forma en el acto administrativo, ni se exponen o detallan en el mismo. Esta situación conduce a afirmar que el acto administrativo adolece de vicios que le afectan en su motivación, lo que, con fundamento a lo establecido por el artículo 20 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos le hacen nulo. Es menester acotar que tal falla conduce a la absoluta inmotivación del acto administrativo, lo que acarrea la nulidad absoluta del mismo, conforma a la doctrina judicial imperante en el país, según la cual, cuando la inmotivación del acto es de tal entidad que impide conocer las razones de la administración hace absolutamente nulo el acto administrativo de que se trate. Es por ello que pide a este Tribunal declare la nulidad del acto administrativo confutado.
37.) Que el ente agrario decide que el predio propiedad de su representado está siendo explotado inadecuadamente, pues, a pesar de afirmar que existen suelos adecuados para la explotación pecuaria, contándose un número de aproximadamente ochocientos animales entre bovinos y equinos. Notando que en el acto confutado, se afirma que el equivalente al 23,10% del predio está conformado por tierras de clase VI, adecuadas, según la legislación para la actividad pecuaria, sin embargo al revisar el cuadro que presenta el acto administrativo, verificándose la extensión y porcentajes de las clases de suelos se observa que se omiten algunas menciones importantes. Afirma el acto que en el predio existen 361,189 hectáreas de suelos clase VI; 220,558 hectáreas de suelos clase VII y 35,421 hectáreas de suelos clase VIII, esto según un cuadro que cursa en el acto administrativo. Al hacer la sumatoria de estas extensiones se encuentra que 617,168 hectáreas están conformadas por suelos apropiados para actividades pecuarias y agroforestales, esto es el equivalente a aproximadamente el 40% de las 1.563,574 hectáreas que conforman el predio según lo afirmado en el acto administrativo. Siendo así, resulta contradictorio que en el acto se afirme que más del 76 por ciento está siendo sub-utilizado, toda vez que y, partiendo de la afirmación del acto administrativo, aproximadamente el 40 por ciento de los terrenos son aptos para la explotación pecuaria o forestal, restando, si de porcentajes se habla, aproximadamente un 60% de los terrenos.
38.) Que de acuerdo a la legislación vigente, la infrautilización solamente es posible en aquellos casos en los cuales el suelo es utilizado para actividades que pueden o deben ser desarrolladas en suelos de inferior calidad, vale decir, si su patrocinado utiliza suelos de clase VIII para actividades pecuarias no está sub-utilizando el suelo, sino todo lo contrario. Tal situación hace que la motivación del acto administrativo confutado sea contradictoria a tal punto que impide conocer los razonamientos utilizados para arribar a la conclusión que el predio propiedad de su mandante es una finca ociosa, lo que hace nulo el acto administrativo conforme a las previsiones del artículo 20 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
39.) Que el acto administrativo que impugna mediante este recurso resulta inmotivado al no exponerse en el cuerpo del mismo los razonamientos que permitieron a la administración pública determinar que los niveles de producción no son lo adecuados. Ciertamente en el acto confutado se sostiene que el rubro principal no alcanza los niveles suficientes de producción. Se refiere en este caso a la actividad pecuaria, que, como afirma y demuestra se ha desarrollado y se continúa desarrollando en el predio, a pesar de todas las condiciones adversas en que se desarrolla la actividad agraria. Que no se expone a lo largo de todo el acto administrativo confutado como ha alcanzado tal conclusión.
40.) Que omite la administración exponer que criterios técnicos y económicos ha utilizado para determinar la insuficiencia de la producción en la explotación del rubro principal, si, como deja asentado previamente, existen un poco más de 600 hectáreas de suelos adecuados para la explotación pecuaria y forestal, contabilizando el ente agrario aproximadamente 800 animales entre bovinos y equinos.
41.) Que no existe pues razonamiento alguno que permita conocer como se ha determinado cual es el nivel adecuado o suficiente de producción del predio y en consecuencia, conocer con precisión si ciertamente los niveles de explotación del predio, en adecuación a la calidad de los suelos son o no los adecuados. Ello conduce a la conclusión que el acto administrativo confutado es nulo por ser inmotivado con fundamento a lo establecido por el artículo 20 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos en concordancia con lo establecido por el artículo 9 eiusdem, así pide al tribunal lo declare.
42.) Que ciertamente, en el acto atacado se hace mención a escritos que su representado presentó ante la administración pública agraria en fecha 24 de agosto de 2009, cuyo escrito anexa al presente recurso. En el mismo, su patrocinado esgrime argumentos defensivos y anexa documentos probatorios, entre ellos los referidos a la propiedad del predio. A pesar de ello, el ente agrario se limita a mencionar que el escrito fue presentado, omitiendo toda mención y análisis a los elementos probatorios acompañados al escrito en referencia. A tal escrito le fueron acompañados documentos públicos administrativos que debieron ser valorados por el ente agrario al momento de decidir el asunto, sin embargo tales documentos públicos administrativos ni siquiera son mencionados en el acto. Es indudable que el deber de motivar el acto administrativo conlleva el de sostener o explanar las razones por las cuales se ha tomado tal o cual determinación y ello implica exponer en el texto del acto administrativo el análisis de los elementos probatorios.
43.) Que cuando la administración pública agraria omite analizar los elementos probatorios aportados por su patrocinado, así como los argumentos por esgrimidos por él, la administración incurre en el vicio de inmotivación, lo que hace nulo el acto. Es por ello que el acto administrativo es nulo al desconocer su patrocinado las razones que ha tenido el Instituto Nacional de Tierras para desechar los argumentos y probanzas esgrimidos por su representado en esa oportunidad, en especial los documentos públicos administrativos referidos. Esta situación hace nulo el acto confutado con fundamento a lo establecido por los artículos 20 y 9 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
44.) Que en fecha 9 de octubre de 2009, presentaron ante el ente administrativo agrario escrito contentivo de argumentos y elementos probatorios, escrito que es mencionado en el acto administrativo confutado. A lo largo de la decisión del Instituto Nacional de Tierras para nada es analizado el contenido de dicho escrito y mucho menos las pruebas invocadas en el mismo.
45.) Que entre los elementos probatorios que se acompañaron al escrito en referencia se encuentra un legajo contentivo de 32 documentos públicos que conforman la cadena titulaticia del predio propiedad de su patrocinado. Tales documentos deben ser analizados a la luz de las normas contenidas en los artículos 1.359 y 1.360 del Código Civil, relativos al valor probatorio de los documentos públicos, sin embargo, el ente administrativo ni tan siquiera los menciona en el acto confutado. Por el contrario, desconoce su existencia en el expediente cuando afirma, al analizar los elementos para dictar las medidas cautelares que no existen en el expediente elementos que hagan presumir que el predio sea de propiedad privada, lo que hace en los términos siguientes: “…es decir que el lote objeto del rescate sea propiedad del Instituto Nacional de Tierras, o en su defecto que se trate de tierras baldías, que sean del dominio privado de la República… (Omissis)…debe existir en el expediente prueba suficiente que haga presumir que las tierras objeto del procedimiento de rescate, sean de las señaladas anteriormente.” Como se observa, el ente agrario desconoce que en el expediente cursan documentos públicos que demuestran fehacientemente la propiedad de su representado sobre el lote de terreno en cuestión.
46.) Esta situación hace de suyo que el acto administrativo sea nulo dada la inmotivación al desconocer las razones que tuvo el ente agrario para desechar los argumentos y las probanzas promovidas en tal escrito. Por lo que pide al tribunal se sirva declarar la nulidad del acto administrativo con fundamento a lo previsto por los artículos 20 y 9 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.
47.) Que en los escritos que se presentaron ante el ente administrativo agrario, se alegó que parte de los terrenos que conforman al Hato El Rodeo, se encuentran dentro de las poligonales urbanas de San Carlos, promoviéndose oportunamente los medios probatorios adecuados tendentes a demostrar estas afirmaciones, como se evidencia de los escritos que se ha acompañado al presente recurso distinguidos con las letras J y K. Sin embargo, la administración omite, no solamente analizar el argumento que expusieron que afecta la competencia del ente agrario para actuar, sino que omite también requerir la información relativa a la clasificación del predio como urbano y que extensión es afectada al desarrollo urbano de San Carlos. Por lo que tal situación hace de suyo nulo el acto administrativo por ser violatorio del derecho a la defensa e inmotivar el acto administrativo cuya eficacia y validez es cuestionada por el presente recurso de nulidad y así pide a este Tribunal lo declare.
48.) Que ciertamente, su representado esgrimió ante el ente agrario que parte de los terrenos que conforman el Hato El Rodeo se encuentran dentro de las poligonales urbanas de San Carlos, que el lote de terrenos es de su propiedad y que el procedimiento habría decaído con fundamento a lo establecido por los artículos 60 y 64 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos. Por lo que conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, el Instituto Nacional de Tierras ha debido pronunciarse sobre estos aspectos relevantes en la resolución del expediente administrativo. Que las normas de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos citadas en último lugar suponen la terminación del procedimiento administrativo dada la inactividad, sea del particular que ha denunciado (artículo 64 Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos) o por haberse agotado el plazo establecido por la ley para que la administración pública sustancie y decida el expediente administrativo (artículo 60 Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos), tales normas existen en beneficio de los particulares, en obsequio a la certeza y al interés de no hacer infinitos los procedimientos administrativos. En el presente caso dichas normas se invocaron dado que habría transcurrido sobradamente el tiempo que ellas estipulan sin que la administración decidiera el expediente y sin que la denunciante lo impulsara. Que dicha circunstancia le daba el derecho a su representado a pedir que se declarase, como efectivamente lo hizo, a su favor el decaimiento del procedimiento administrativo. Sobre el punto en cuestión la administración omite por completo el pronunciamiento a que le obliga el artículo 62 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, lo cual hace nulo el acto con fundamento a lo establecido por el artículo 20 eiusdem, y así pide al tribunal se sirva declararlo.
La medida de aseguramiento a que se refiere el artículo 85 no puede ser dictada fuera del marco del procedimiento de rescate de las tierras propiedad del Instituto Nacional de Tierras, esto es no puede afectarse con esta medida, tal como está concebida en el artículo 85, a tierras propiedad de particulares, puesto que el rescate de tierras solamente procede cuando el terreno sea propiedad del Instituto Nacional de Tierras o estén bajo su disposición, es eso y no otra cosa lo que se desprende de una sana interpretación del artículo 85 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Así cuando el ente agrario asume, erradamente, que puede acordar medidas de aseguramiento con fundamento al artículo 85 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario sobre terrenos de propiedad privada está dándole a la norma que sirve de fundamento a la medida de aseguramiento un significado que no tiene y un alcance que no puede darle, toda vez que dicha medida de aseguramiento, tal como está planteada en el acto y en la ley suponen una disminución en los atributos de la propiedad. Que es por ello que el acto administrativo confutado resulta nulo por adolecer del vicio de falso supuesto y así pide al tribunal lo declare. Que en diversos momentos su patrocinado alegó ser el legítimo propietario del predio conocido como Hato El Rodeo, alegaciones que demostró consignando en más de una oportunidad los documentos públicos que le acreditan como legítimo dueño del predio. Que el pronunciamiento sobre la propiedad del Hato El Rodeo, es básico para las decisiones que el ente agrario toma en el acto confutado. En efecto entre tales decisiones se encuentra la de iniciar procedimiento de rescate de tierras y el de dictar medida de aseguramiento de la tierra, bajo el argumento de ser tierras pertenecientes a entes públicos. El supuesto previsto por el artículo 82 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario establece que el Instituto Nacional de Tierras puede rescatar las tierras que sean de su propiedad, o que hayan sido puestas a su disposición, siempre que tales tierras pertenezcan a entes u órganos públicos, así pues el pronunciamiento sobre la propiedad de su representado es elemental, básico para decidir sobre el inicio del procedimiento de rescate. Igualmente, parte el ente agrario del supuesto, para acordar la medida cautelar, que los terrenos son de su propiedad como ha sido expuesto antes en este mismo escrito. Al omitir el ente agrario el pronunciamiento a que estaba obligado según lo previene el artículo 62 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, lleva a otro vicio de nulidad del acto administrativo que denuncian mas adelante. Sobre el punto en cuestión (propiedad) la administración omite por completo el pronunciamiento a que le obliga el artículo 62 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, lo cual hace nulo el acto con fundamento a lo establecido por el artículo 20 eiusdem y así lo pide al Tribunal se sirva declararlo.
49.) Que se argumentó, que parte de los terrenos que conforman el Hato El Rodeo, se encuentran dentro de la poligonal urbana de la ciudad de San Carlos. Ello afecta indudablemente la competencia del ente agrario para actuar, toda vez que su ámbito natural, de acuerdo a sus funciones y competencias propias se desarrollan en terrenos considerados como rurales, entendidas como tales aquellas a que se refiere el artículo 209 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Esta situación afecta el uso de la tierra y la competencia del ente agrario, omitiéndose absolutamente en el acto confutado toda mención a la ubicación de parte de los terrenos poligonales urbanas de San Carlos. Es de mencionar que no solamente se omite el pronunciamiento sobre el punto sino que además se omite evacuar las probanzas tendentes a demostrar esa afirmación de hechos. Sobre el punto en cuestión la administración omite por completo el pronunciamiento a que le obliga el artículo 62 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, lo cual hace nulo el acto con fundamento a lo establecido por artículo 20 eiusdem y así pide al tribunal se sirva declararlo.
50.) Que el acto administrativo viola el contenido del artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos al ser desproporcionada la determinación tomada por el ente agrario. En la norma mencionada se consagra el principio de la proporcionalidad. En virtud de ello las determinaciones de los entes u órganos administrativos toman deben serlo en perfecta consonancia, adecuación con el objetivo de trazado por el legislador para la norma o ley que sustenta la decisión tomada por el ente u órgano administrativo.
51.) Que en el caso de las normas agrarias, están orientadas hacia la explotación efectiva de la tierra, la satisfacción de las necesidades alimenticias o alimentarías de la población en general. De manera que las medidas que toma el ente agrario deben estar orientadas hacia el mejor aprovechamiento de la tierra como factor de producción a fines de garantizar la seguridad y soberanía alimentaría de la nación.
52.) Que en el presente caso, el ente agrario, en el acto administrativo confutado, admite que su patrocinado explota el predio, a decir del mismo ente, en forma ineficiente pues lo dedica, principalmente, a la actividad pecuaria y no a la agrícola vegetal que es, según el ente agrario la actividad adecuada en el predio dado el tipo de suelos que, según afirma el ente agrario, conforman la mayoría de las tierras en el Hato El Rodeo.
53.) Que sin embargo, se observa que al hacer la sumatoria de las tierras cuya calidad según la legislación vigente pueden ser dedicadas a actividades pecuarias o forestales, (esta última requiere tierras de inferior calidad que las dedicadas a actividades pecuarias) alcanzan a aproximadamente 617 hectáreas, poco más o menos el 40% de las aproximadamente 1.563 hectáreas medidas por el Instituto Nacional de Tierras, estando conformado el resto del predio por tierras idóneas para la producción vegetal.
54.) Que a pesar de la explotación pecuaria que se realiza en el predio, como a bien tiene el ente agrario expresarlo en el acto administrativo confutado, donde menciona que en el predio encontró un número de aproximadamente 800 animales entre bovinos y equinos, se determina que todo el predio es ocioso, lo cual resultaría falso puesto que existiría suficiente actividad adecuada al tipo de suelos que conformarían una buena parte del predio e incluso desarrollándose actividades que requerirían un suelo de mejor calidad, según la clasificación prevista en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, pues según lo establecido en el acto administrativo, existen tierras que pueden ser dedicadas a actividades forestales.
55.) Que la declaratoria de ociosidad de las 1.563 hectáreas descritas en el acto administrativo confutado, así como la medida de aseguramiento sobre ese lote de tierras, son no sólo desproporcionadas sino inconvenientes, pues estaría atentándose incluso contra el objeto, la meta trazada por el legislador, la cual es asegurar la producción de alimentos.
56.) Que la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario dispone que es perfectamente posible acordar medidas distintas a la declaratoria de finca ociosa, estableciendo entre otras medidas la de pechar la improductividad del predio, en relación directa con su porcentaje de improductividad, por ejemplo o la de declarar el predio como una finca mejorable y conminar al propietario u ocupante del predio a llevar a la condición de finca productiva, por ejemplo. Que es así entonces como la decisión tomada por el ente agrario es desproporcionada, violándose así el artículo 12 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, resultando nulo en consecuencia el acto confutado con fundamento a lo previsto por el artículo 20 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos y así pide a este tribunal lo declare.
El Apoderado del recurrente ejerció conjuntamente con la pretensión de nulidad el Amparo Constitucional por la amenaza de violación al derecho constitucional del debido y del derecho a la defensa que contiene el acto administrativo cuya nulidad requieren mediante el ejercicio de este recurso.
Que con fundamento a los hechos expuestos en el escrito de demanda de nulidad, pide a este honorable tribunal se sirva declarar:
La nulidad del acto administrativo de efectos particulares emanado del Directorio del Instituto Nacional de Tierras de fecha 22 de septiembre de 2009, en Sesión número 289-09, Punto de Cuenta número 224, en el cual se declaró: a) ocioso o inculto el predio propiedad de su representado, denominado Hato El Rodeo, situado en la ciudad de San Carlos del estado Cojedes, y el cual se encuentra alinderado de la siguiente manera: NORTE: Sector La Palma, terrenos ocupados por Ana Manzo, Jesús Manzo, Pablo Manzo, Laura Manzo, Rafael Manzo, Miriam Manzo y terrenos ocupados por Facial (Sic) Chafic; SUR: Terrenos Municipales y terrenos ocupados por Juana Rodríguez; ESTE: Sector Orupe y Río Orupe y OESTE: Vía Sn Carlos-Manrique; b) se acordó aperturar procedimiento de rescate sobre el mencionado lote de terrenos, en una extensión de un mil quinientas sesenta y tres hectáreas con cinco mil ochocientos treinta metros cuadrados; c) se dictó medida cautelar de aseguramiento de la tierra sobre el lote de terreno identificado; d) se acordó notificar a su poderdante, y a quienes consideró el ente administrativo como interesados de la decisión, haciéndoseles saber que se podría acudir a la vía judicial en un lapso de sesenta días continuos contados a partir de la notificación.
Que se declare con lugar la pretensión de amparo constitucional ejercida conjuntamente con el Recurso de Nulidad de Acto Administrativo de efectos particulares.
Alegatos de la Parte Recurrida
La Apoderada Judicial del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (I.N.Ti), en la persona de la Abogada YSABEL ESTRELLA MASABE RODRIGUEZ, presentó la Oposición y contestación al RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD interpuesto contra el acto administrativo dictado por el Directorio del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (I.N.Ti.) en sesión Nº 289-09 de fecha 22 de septiembre de 2009, en deliberación del Punto de Cuenta 224, en los siguientes términos:
1) Aduce la parte recurrida, que el argumento esgrimido por el recurrente en cuanto a que lo previsto en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los artículos 19 y 20 de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, de que el procedimiento de Declaratoria de Tierras Ociosas o Incultas e Inicio de Rescate de Tierras esta sustanciado por una autoridad manifiestamente incompetente y con prescindencia total y absoluta del procedimiento legal establecido e idóneo para ello, son falsos, inciertos y contradictorios, toda vez que desconocen e ignoran las competencias y atribuciones del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (I.N.Ti.), así como las atribuciones de las Oficinas Regionales de Tierras, consagradas en el artículo 117 y 128 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, e ignoran la existencia del procedimiento de Declaratoria de Tierras Ociosas e Incultas y del procedimiento administrativo de Rescate de Tierras, previsto en los artículos 35 y 82 siguientes de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
2) Que de los numerales 1, 3, 6, 15, 16, 17 y 18 del artículo 117 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en concordancia con lo previsto en el artículo 82 y siguientes ejusdem, se desprende que el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (I.N.Ti.) es competente y tiene facultades para determinar y declarar la ociosidad de las tierras que tengan vocación de uso agrario, y para disponer de las tierras que no estén productivas, bien sean baldíos nacionales o que pertenezcan al dominio privado de la República, con el objeto de convertirlas en unidades económicas productivas, mientras la titularidad sobre las mismas sea transferida a su patrimonio, por lo tanto, según aduce la representación judicial de la parte recurrida mencionado Instituto tiene potestad para dictar Actos Administrativos de efectos particulares, mediante los cuales se declare como tierras Ociosas o Incultas a un predio rústico determinado que haya sido objeto previamente de una averiguación, y además, tiene la facultad para iniciar de oficio el procedimiento de Rescate de Tierras, como ocurrió con el Hato El Rodeo.
3) Que el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (I.N.Ti.) tiene potestad para crear Oficinas Regionales de Tierras de conformidad con lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, por tal motivo, a su decir, las Oficinas Regionales de Tierras están adscritas al Instituto que las crea, y actúan por instrucciones de su superior inmediato.
4) Que el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (I.N.Ti.) mediante la Resolución Administrativa contentiva del Acto Administrativo, aprobado en el Punto de Cuenta Nº 224, sesión Nº 289-09, de fecha 22 de diciembre de 2009, le ordenó a la Oficina Regional de Tierras del estado Cojedes, sustanciar el procedimiento de Inicio de Rescate de Tierras de conformidad al Capitulo VII, artículos 82 al 96 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
5) Que el Acto Administrativo que acuerda el inicio de Rescate en la presente causa, lo dicta el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (I.N.Ti.), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, por lo que, las actuaciones que lleva a cabo la Oficina Regional de Tierras del estado Cojedes, relacionadas con la sustanciación del procedimiento de la Declaratoria de Tierras Ociosas e Inicio del Procedimiento de Rescate de Tierras del predio denominado Hato El Rodeo, son totalmente validas y están ajustadas a derecho, toda vez que la mencionada Oficina Regional, actúa por instrucciones del organismo competente, como lo es el directorio del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (I.N.Ti.).
6) Que en atención a todo lo expuesto anteriormente, se puede concluir que son falsos e inciertos los argumentos esgrimidos por el recurrente, en cuanto a que el procedimiento de Declaratoria de Tierras Ociosas e Inicio de Rescate de las Tierras esta sustanciado violando el derecho a la defensa y debido proceso debido a que no solo fue debidamente notificado sino que efectivamente ejerció su derecho a la defensa cuando comparece por ante la Oficina Regional de Tierras del estado Cojedes, por tanto a su decir, la autoridad que dicta el acto recurrido es la competente y actúo con apego a el procedimiento legal establecido e idóneo para ello, y por ende, no se violó el derecho al debido proceso, derecho a la defensa y prescindencia del procedimiento legal establecido, toda vez que mencionado Instituto es competente y tiene facultad para iniciar de oficio el procedimiento de Rescate de Tierras, como en efecto ocurrió con el Hato El Rodeo.
7) Que en los casos en los cuales se aduce la propiedad privada, la Apoderada Judicial de la parte recurrida rechaza y contradice lo alegado por el recurrente ya que a su decir, la carga de la prueba se encuentra en cabezas de el/los presunto(s) propietario(s) con el fin de poder desvirtuar la presunción legal establecida a favor de la República, que le permite a esta última sostener la cualidad de baldío o público de cualquier predio rústico.
8) Que la parte recurrida debía acreditar propiedad desde antes del año de 1848, de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Tierras Baldías y Ejidos, no obstante, dicho requisito no fue suficientemente demostrado en autos.
9) Que es indispensable que la propiedad privada éste basada en un legítimo causante, es decir, como resultado de la obtención de haberes militares, de reparticiones de bienes por la Nación, por medio de la adjudicación o venta del baldío por el estado, por la prescripción debidamente declarada o en virtud de la Ley, cuya tradición además debe ser anterior al 10 de abril de 1848, fecha de sanción de la Ley de Tierras Baldías y Ejidos.
10) Que al resultar la Cadena Titulativa insuficiente para desvirtuar el carácter público o baldío del lote de terreno en cuestión, por no ser anterior a lo que establece la Ley, esto es al 10 de abril de 1848, no puede considerarse al Hato El Rodeo como de origen privado, de conformidad con las previsiones contenidas en los artículos 1, 10, 11, y 30 de la Ley de Tierras Baldías y Ejidos de 1936, aún vigente.
11) Que con base a las consideraciones anteriormente esgrimidas considera que la documentación correspondiente consignada por el recurrente, resulta insuficiente a los fines de comprobar el origen privado de la propiedad. En tal sentido, del estudio de la Cadena Titulativa se puede observar que los interesados no presentaron título suficientes sobre el lote de terreno en cuestión que desvirtúe el carácter baldía de su origen, por lo tanto no existe propiedad privada, ya que los accionantes no demostraron la propiedad legitima que se atribuyen en cuanto al predio denominado Hato El Rodeo.
12) Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, los ocupantes ilegales de las tierras públicas no podrán oponer al INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (I.N.Ti.) el carácter de poseedores, y mucho menos podrán alegar la prescripción adquisitiva de las tierras propiedad de la República, los estados, los Municipios, puesto que dichas tierras, serán siempre del dominio público e igualmente, conservan y mantienen su carácter de imprescriptibles de conformidad con lo establecido en el artículo 95 ejusdem, por lo que a decir de la representación judicial de la parte recurrida, son improcedentes e incorrectos los argumentos esgrimidos por los accionantes en cuanto a que se les violo el derecho de propiedad, ya que la parte actora como lo señalaba anteriormente no demostró la propiedad que se atribuye en cuanto al predio denominado Hato El Rodeo.
13) Que en atención a los razonamientos anteriormente expuestos, concluye la Apoderada Judicial que son falsos e imprecisos los alegatos de la parte actora en cuanto a la inmotivación por error y contradicción en el objeto, toda vez que el acto impugnado contiene las razones de hecho y de derecho que dieron lugar a que el Directorio Nacional del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (I.N.Ti.) declarara como ociosas e incultas al predio denominado Hato El Rodeo, además, que dicha decisión esta sustentada en el contenido de los Informes Técnico y Jurídico, elaborados por funcionarios adscritos a la Oficina Regional de Tierras del estado Cojedes (ORT-Cojedes), en los cuales se determinó que los linderos, características geográficas, uso de la tierra, ubicación política del predio, corresponde a precitado Hato y no a otro, tal