REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

EN SU NOMBRE
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO COJEDES
CORTE DE APELACIONES
SALA ACCIDENTAL N° 04

SENTENCIA N° 06.
JUEZA PONENTE: ANA MERCEDES BOSCAN FLORES
MOTIVO: RECURSO DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEFINITIVA
DELITOS: HOMICIDIO INTENCIONAL.
CAUSA N°: 249-02
I
IDENTIFICACION DE LAS PARTES
FISCAL: FISCAL SEGUNDO DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES.
RECURRENTE: ABOGADO JUAN FRANCISCO MORALES MONTAGNE
IMPUTADO: JOSE ANTONIO GONZALEZ REYES, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-5.208.923, domiciliado en la Avenida Bolívar, cruce con calle Páez, casa N° 9-73, Tinaquillo Estado Cojedes.
VICTIMA: CARMEN ZORAIDA SANCHEZ DE GONZALEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° V-9.532.680, domiciliada en la Avenida Bolívar, cruce con calle Páez, casa N° 9-73, Tinaquillo Estado Cojedes.

I I
DETERMINACIÓN DE LA CUESTIÓN PLANTEADA ANTE ESTA ALZADA

Es competencia de esta Sala Accidental, de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, por disposición del Tribunal Supremo de Justicia, en su Sala de Casación Penal, conocer de la presente causa, con motivo del Recurso de Apelación interpuesto por el abogado Juan Francisco Morales Montagne, en su carácter de Defensor Privado del ciudadano José Antonio González Reyes, contra la sentencia dictada por el suprimido Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, en Sala Accidental, de fecha 30 de Junio de 1999, mediante el cual condena al ciudadano José Antonio González Reyes a cumplir la pena de doce (12) años de presidio, por considerarlo responsable penalmente del delito de Homicidio Intencional, previsto y sancionado en el artículo 407 del Código Penal, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos, perpetrado en la persona de la ciudadana Carmen Zoraida Sánchez de González.
En fecha 18 de Mayo de 2005, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, acuerda remitir el expediente al Juez Presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, a fin de que se constituya la Sala Accidental para que dicte sentencia prescindiendo de los vicios que originaron la nulidad anterior.
En fecha 18 de abril de 2007, se dictó auto mediante el cual se acuerda darle entrada bajo el mismo número a la causa.
En fecha 18 de abril de 2007, abocan del conocimiento de la causa el Juez Samer Richani y la Jueza Accidental Ana Mercedes Boscán Flores. En la misma fecha se fijó un lapso de tres (03) días hábiles laborables a fin de que las partes puedan ejercer su derecho a recusar o no a los Jueces Abocados, transcurrido dicho lapso la causa se reanudará.
En fecha 02 de mayo de 2007,se aboca del conocimiento de la causa la Jueza Accidental Eglee Susana Matute Díaz. En la misma fecha se fijó un lapso de tres (03) días hábiles laborables a fin de que las partes puedan ejercer su derecho a recusar o no a la Jueza Abocada, transcurrido dicho lapso la causa se reanudará.
En fecha 13 de junio de 2007, se dictó auto mediante el cual se reconstituye la Sala Accidental, la cual quedó integrada por los Jueces Samer Richani, Juez Presidente, Ana Mercedes Boscán Flores, Jueza Accidental, Eglee Susana Matute Díaz, Jueza Accidental, para conocer de la causa.
En fecha 13 de junio de 2007, se dictó auto mediante el cual se designa Ponente en la presente causa, a la Jueza Accidental Ana Mercedes Boscán Flores, a quien se le remiten las actuaciones.
En fecha 13 de junio de 2007, se dicto auto mediante el cual se acuerda fijar para el día miércoles veintisiete (27) de junio de 2007, la celebración de la audiencia oral a los fines de escuchar a las partes.
En fecha 27 de junio de 2007, se celebro audiencia oral mediante el cual las partes exponen sus alegatos.
Cumplidos como han sido los trámites procedimentales del caso, la Sala Accidental pasa a decidir en los siguientes términos:

III
CONSIDERACIONES PREVIAS

De los autos se observa que, la apelación interpuesta corresponde por su naturaleza, conocer a través de lo que dispone el Código Orgánico Procesal Penal, para el Régimen Procesal Penal Transitorio, es decir aplicable a las causas que estaban en curso a la fecha de entrada en vigencia del referido Código.
Así tenemos que una vez revisadas y analizadas las actuaciones cursantes en la presente causa, lo procedente sea para esta Alzada entrar a conocer el recurso interpuesto. Así se determina.



IV
LOS HECHOS


Los hechos objeto de la presente investigación, se desprenden del escrito del acta policial de fecha 09 de enero de 1998, la cual corre inserta al folio diez (10) y su vuelto de la pieza N° 01, de las presentes actuaciones.

(Sic) “…Siendo las 11:15 horas de la noche del día de ayer (08/01/ 98) , se recibió llamada telefónica de parte de la Inspector Jefe Elia PEREZ, Jefe de los Servicios del Destacamento Policial Dos con sede en la Población de Tinaquillo Estado Cojedes, informando que en el Hospital Joaquina de Rotondaro de la mencionada Población ingresó el cuerpo sin vida de una persona del sexo femenino, quien en vida respondiera al nombre de Carmen Zoraida SANCHEZ, la misma presentando herida producida por arma de fuego en la región supra orbital interna derecha y la misma procedente de la Avenida Bolívar cruce con Calle Páez casa sin número Tinaquillo Estado Cojedes seguidamente me trasladé en compañía del funcionario Manabre TOVAR, en la unidad P92E hacia la referida dirección con el fin de realizar Inspección Ocular y Pesquisas que conlleven al esclarecimiento de los hechos que se investigan; una vez apersonados en la mencionada dirección fuimos recibidos por el ciudadano GONZALEZ VILERA José Antonio, Venezolano, natural de Tinaquillo Estado Cojedes, de 70 años, fecha de nacimiento 13/06 1927, casado, Abogado, residenciado en la Avenida Bolívar cruce con Calle Páez casa número 9-73 Tinaquillo Estado Cojedes, portador de la cédula de identidad número V- 1.021.445, quien previa identificación como funcionarios de este Cuerpo Policial y al ser impuesto del motivo de nuestra comisión, nos manifestó ser el suegro de la hoy occisa Carmen SANCHEZ y nos manifestó que al lado de su residencia, residencia de su hijo José Antonio GONZALEZ REYES, había sucedido el hecho y nos permitió el libre acceso al interior de la residencia donde se procedió a efectuar la respectiva Inspección Ocular, igualmente nos manifestó que en horas de la mañana del día de hoy (09/01/98) el mismo presentaría a su hijo ya que estaba implicado en el incidente ocurrido, de igual forma le hice referencia sobre la ubicación de su hijo, informándome que en esos momentos no se encontraba, aportándonos los siguientes datos filiatorios: GONZALEZ REYES José Antonio, Venezolano, natural de Tinaquillo Estado Cojedes, de 36 años, fecha de nacimiento 20/04/1961, casado, chofer, hijo de Lilia REYES (V) y de su persona, residenciado al lado de su residencia casa sin número, cédula V-5.208.923,- acto seguido sostuve entrevista con moradores del Sector a fin de indagar lo relacionado al caso, sosteniendo entrevista con el ciudadano ESTRADA SANCHEZ Pedro José, Venezolano, natural de Valencia Estado Carabobo, de 20 años, soltero, mecánico, reside en el Sector la Candelaria detrás de la Iglesia casa número LIAN-34 Tinaquillo Estado Cojedes, portador de la cédula de identidad número V-13.733.283; quien previa identificación como funcionarios de este Cuerpo Policial, y al ser impuesto del motivo de nuestra comisión nos manifestó ser sobrino de la ciudadana hoy occisa Carmen SANCHEZ, y que en horas de la mañana del día de ayer (08/01/98) su persona le había ofrecido en venta unos plátanos a la hoy occisa y ella lo rechazó, motivo por el cual opté en librarle boleta de citación al mencionado ciudadano y al ciudadano GONZALEZ José, a fin de que comparezcan ante este Despacho a rendir declaración testifical en torno al caso, anexo en la presente Acta Policial prate superior de las mencionadas boletas de citaciones libradas a los ciudadanos en cuestión y Acta de Inspección Ocular realizada en el sitio del suceso. Es todo…”.
V
ACTOS DEL PROCESO QUE CONSTAN EN AUTOS


Iniciada la presente averiguación sumarial se practicaron las siguientes actuaciones:

Al folio 05 de la primera pieza, consta acta de Trascripción de Novedad de fecha 08 de enero de 1998, emanada por el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, Región Central, Delegación del Estado Cojedes.
Al folio 06 de la primera pieza, consta acta de apertura de averiguación sumaria, de fecha 08 de enero de 1998, emanada por el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, Región Central, Delegación del Estado Cojedes.
Al folio 09 de la primera pieza, cursa orden de fecha 09 de enero de 1998, para practicar todas las diligencias necesarias a los fines de realizar levantamiento del cadáver, inspecciones oculares necesarias.
Al folio 10 y vto. de la primera pieza, cursa acta policial de fecha 09de enero de 1998, suscrita por el Detective Rodríguez Elías, funcionario adscrito al Cuerpo Técnico de Policía Judicial, Delegación del Estado Cojedes.
Al folio 13 al 15 de la primera pieza, cursa Inspección Ocular Nº 047, al sitio del suceso, de fecha 09 de enero de 1998, suscrita por el Detective Elías Rodríguez y el Guardia de Seguridad Manabre Tovar, funcionarios adscritos al Cuerpo Técnico de Policía Judicial, Delegación del estado Cojedes.
A los folios 16 al 26 de la primera pieza, constan fotos relacionadas con la Inspección Ocular Nº 0047, de fecha 09 de enero de 1998, suscrita por el Detective Elías Rodríguez y el Guardia de Seguridad Manabre Tovar, funcionarios adscritos al Cuerpo Técnico de Policía Judicial, Delegación del estado Cojedes.
Al folio 29 de la primera pieza, cursa acta policial de fecha 09 de enero de 1998, contentiva de inspección ocular al cadáver de la ciudadana Carmen Zoraida Sánchez, suscrita por el Detective Elías Rodríguez funcionario adscrito al Cuerpo Técnico de Policía Judicial, Delegación del estado Cojedes.
Al folio 32 de la primera pieza, cursa acta policial de fecha 09 de enero de 1998, contentiva de inspección ocular N° 0048, al cadáver de la ciudadana Carmen Zoraida Sánchez suscrita por el Detective Elías Rodríguez, y el Guardia de Seguridad Manabre Tovar funcionarios adscritos al Cuerpo Técnico de Policía Judicial, Delegación del Estado Cojedes.
A los folios 33 a 36 de la primera pieza, constan fotos relacionadas con la Inspección Ocular Nº 0048, de fecha 09 de enero de 1998, suscrita por el Detective Elías Rodríguez y el Guardia de Seguridad Manabre Tovar, funcionarios adscritos al Cuerpo Técnico de Policía Judicial, Delegación del Estado Cojedes.
Al folio 39 de la primera pieza, cursa acta policial de fecha 09 de enero de 1998, suscrita por el Detective Douglas José Quintana, funcionario adscrito al Cuerpo Técnico de Policía Judicial, Delegación del Estado Cojedes.
Al folio 42 y vto, de la primera pieza, cursa acta policial de fecha 09 de enero de 1998, contentiva de declaración testifical del ciudadano José Antonio González Vilera, realizada por ante el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, Delegación del Estado Cojedes.
Al folio 43, 45 y vto, 55, 58, 86, 122, 162, 167, 169, 172, 173, 175, de la primera pieza, cursan actas policiales, suscrita por el Detective Rodríguez Elías, funcionario adscrito al Cuerpo Técnico de Policía Judicial de la Delegación del Estado Cojedes.
Al folio 49 de primera pieza, cursa acta de fecha 09 de enero de 1998, mediante la cual se acuerda practicar la autopsia al cadáver de la ciudadana Carmen Zoraida Sánchez.
A los folios 51 y vto, 52 al 53, 54 y vto, 104, 105, 111 y vto al 112, 131, 144 y vto al 145, 146 y vto, 160 y vto, 161, 165, 166 y vto, 177 vto al 178, 179 y vto, 180 y vto al 181, 189 y vto al 190 y vto, 191 y vto al 192, 193 y vto, 194 y vto, 195 y vto, de la primera pieza, cursan actas policiales, contentivas de declaración testifical de los ciudadanos Pedro José Estrada Sánchez, Luis Enrique Martino Guerra, Carlos Rafael Reyes Navas, Edith Lingmar González Reyes, Lilimar del Pilar González Camacho, Mery Josefina Sánchez, José Antonio González Reyes, Solymar Andreina González Sánchez, José Antonio González Sánchez, Migne del Carmen Peñaloza, Carlos Rafael Reyes Navas, Luis Enrique Martino Guerra, José Luis González Reyes, Lilia Rafaela Reyes de González, Armando Rafael Salas Matute, Mignes del Carmen Peñaloza, Maritza Josefina Moreno de Sanoja, Alba María Sánchez de Estrada, López Carlos Rafael, José Ramón Medina Parra, Cisnero Moreno Rusmary Katiuska, Betancourt Torrealba José Daniel, realizadas por ante el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, Delegación del Estado Cojedes.
Al folio 59, de la primera pieza, cursa acta policial, suscrita por el funcionario Andrés Antonio Arteaga Herrera, adscrito al Cuerpo Técnico de Policía Judicial de la Delegación del Estado Cojedes.
Al folio 60 de la primera pieza, cursa acta de fecha 09 de enero de 1998, mediante el cual el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, Delegación del Estado Cojedes, acuerda practicar experticia de reconocimiento médico legal al ciudadano José Antonio González Reyes.
Al folio 65 de la primera pieza, cursa acta policial de fecha 13 de enero de 1998, contentiva de experticia de reconocimiento legal N° 009, a un short, un sostén, y un blumer, suscrita por los expertos Ricardo Avila y Manabre Tovar, funcionarios adscritos al Cuerpo Técnico de Policía Judicial, Delegación del Estado Cojedes.
Al folio 88, 98 y vto, 107 y vto de la primera pieza, cursa acta policial suscrita por el inspector jefe Narciso Colmenarez, funcionario adscrito al Cuerpo Técnico de Policía Judicial, Delegación del Estado Cojedes.
Al folio 106 y vto, de la primera pieza, cursa acta policial de fecha 18 de enero de 1998, suscrita por el agente Jhonny Castro, funcionario adscrito al Cuerpo Técnico de Policía Judicial, delegación del Estado Cojedes.
Al folio 126, de la primera pieza, cursa acta policial de fecha 20 de enero de 1998, suscrita por el funcionario Ricardo Antonio Betancourt Hermoso, adscrito al Cuerpo Técnico de Policía Judicial, delegación del Estado Cojedes.
Al folio 127y vto de la primera pieza, cursa acta policial de fecha 20 de enero de 1998, contentiva de inspección ocular N° 00118, al lugar del suceso, suscrita por los funcionarios Ramón Segundo Morillo, Ricardo Betancourt y Manabre Tovar, adscritos al Cuerpo Técnico de Policía Judicial, Delegación del Estado Cojedes.
Al folio 128 y vto, 147 de la primera pieza, cursa acta policial de fecha 21 de enero de 1998, suscrita por el funcionario José Urbina, funcionario adscrito al Cuerpo Técnico de Policía Judicial, delegación del Estado Cojedes.
Al folio 132, de la primera pieza cursa acta de fecha 21 de enero de 1998, mediante el cual el Cuerpo Técnico de Policía Judicial, Delegación del Estado Cojedes, acuerda continuar con la detención preventiva del ciudadano José Antonio González Reyes.
Al folio 134 al 137 de la primera pieza, cursa experticia de análisis de trazas de disparo (ATD), de fecha 15 de enero de 1998, suscrita por la subcomisario Nelida Ascanio Morffes y el detective Ramón H. González R, expertos microscopistas adscritos a la Unidad de Microscopia Electrónica de la División General de Caracas.
Al folio 152 de la primera pieza, cursa acta policial de fecha 22 de enero de 1998, suscrita por el inspector Ricardo Julio Avila Osto, funcionario adscrito al Cuerpo Técnico de Policía Judicial, delegación del Estado Cojedes.
Al folio 155 al 156 de la primera pieza, cursa reconocimiento psiquiátrico de fecha 22 de enero 1998, suscrito por el psiquiatra forense Juan Luis Martínez, de la Medicatura Forense de Valencia Estado Carabobo.
Al folio 182 y vto al 183, de la primera pieza, cursa acta policial de fecha 26 de enero de 1998, suscrita por el funcionario Gustavo Guada, adscrito al Cuerpo Técnico de Policía Judicial, delegación del Estado Cojedes.
Al folio 196 y vto, de la primera pieza, cursa autopsia N° AF-04/98 de fecha 09 de enero de 1998, suscrita por el médico anatomopatólogo Carlos A. Pérez Mayor, del servicio de anatomía patológica de San Carlos Estado Cojedes.
Al folio 04 al 05 de la segunda pieza, cursa acta de inhibición suscrita por Pedro Alcántara Borges, Juez Primero de Primera Instancia y de Salvaguarda del Patrimonio Público.
A los folios 12 y vto, 13 y vto al 14 y vto, 15 y vto al 16, 188 y su vto, 189, 190, 196, 197, 198, 199, de la segunda pieza, cursan actas contentivas de la declaración de los ciudadanos Lilimar de Pilar González Camacho, Edith Lingmar Gonzalez Reyes, José Antonio González Reyes, José Antonio González Vilera, Solymar Andreina González Sánchez, José Antonio González Sánchez, José Luis González Reyes, Lilimar del Pilar González Camacho, Lilia Rafael Reyes de González, Edith Lingmar González Reyes, rendida por ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes.
Al folio 19 al 21 de la segunda pieza, cursa experticia balística de fecha 03 de febrero de 1998, suscrita por los funcionarios José R. Blondell y Zulay E. Hurtado B, adscritos al Departamento de Balística del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, de Caracas.
Al folio 22 a 23 y vto, de la segunda pieza, cursa auto donde se decreta la detención del ciudadano José Antonio González Reyes, de fecha 13 de febrero de 1998, del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes.
Al folio 26 de la segunda pieza, cursa auto de fecha 13 de febrero de 1998, donde se acuerda a favor del ciudadano José Antonio González Reyes, el beneficio de libertad provisional bajo fianza, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes.
Al folio 34, de la Segunda pieza, cursa diligencia suscrita por Turcy del Valle Simancas en su condición de Fiscal Segunda del Ministerio Público del Estado Cojedes, mediante el cual apela de la decisión dictada en fecha 13 de febrero de 1998 por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes.
Al folio 37 vto y 38, de la segunda pieza, cursa declaración indagatoria de fecha 03 de marzo de 1998, del ciudadano José Antonio González Reyes.
Al folio 42 al 44, de la segunda pieza, se dicto decisión de fecha 27 de marzo de 1998, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Penal, del Transito, del Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, en el cual declara sin lugar apelación interpuesta por la ciudadana Fiscal II del Ministerio Público del Estado Cojedes.
Al folio 45, de la segunda pieza, se dicto auto de fecha 03 de abril de 1998, mediante el cual declara concluido el sumario.
Al folio 54 al 57, de la segunda pieza, cursa informe pericial de fecha 03 de marzo de 1998, suscrito por el inspector Carlos Luis Castillo, funcionario adscrito al laboratorio de Criminalisticas del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de Valencia Estado Carabobo.
Al folio 58, de la segunda pieza, cursa levantamiento planimétrico de fecha 20 de enero de 1998, suscrito por el inspector Carlos Luis Castillo, funcionario adscrito al departamento de planimetría del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de Valencia Estado Carabobo.
Al folio 62 y 63, de la segunda pieza, cursa informe de reconocimiento técnico y experticia de ensayo de luminol, de fecha 25 de febrero de 1998, suscrito por los funcionarios Hugo José Flores, Carlos Luis Castillo Rosado y Leonardo Jhonatan Rojas Fernández, adscritos al laboratorio de criminalística del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de Valencia Estado Carabobo.
Al folio 64 al 65, de la segunda pieza, cursa informe de reconocimiento médico legal y experticia hematológica, suscrito por los funcionarios Gerardina Omaira Rosario Natera y Hugo José Flores, adscritos al Laboratorio de Criminalística, Departamento de Microanálisis del Cuerpo Técnico de Policía Judicial de Valencia Estado Carabobo.
Al folio 67 al 74, de la segunda pieza, cursa escrito de acusación penal en contra del ciudadano José Antonio González Reyes, suscrito por la abogada Glenda Oviedo de Delgado, en su condición de apoderada judicial de la ciudadana Mery Josefina Sánchez, hermana de la occisa.
Al folio 79 al 87, de la segunda pieza, cursa escrito de la abogada Glenda Oviedo de Delgado, mediante el cual formula cargos al ciudadano José Antonio González, por la comisión de delito de Homicidio intencional Calificado, en perjuicio de la ciudadana Carmen Zoraida Sánchez
Al folio 93 al 114, de la segunda Pieza, cursa escrito suscrito por la abogada Turcy del Valle Simancas en su condición de Fiscal Segunda del Ministerio Público, mediante el cual formula cargos al ciudadano José Antonio González Reyes.
Al folio 131, de la segunda pieza, se dicto decisión de fecha 20 de mayo de 1998, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, mediante el cual declara se tenga como parte acusadora en el presente juicio a la ciudadana Mery Sanchez.
Al folio 138 de la segunda pieza, se dicto auto de fecha 02 de junio de 1998, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, mediante el cual se fijo la celebración de la Audiencia Pública del reo.
Al folio 141 y vto al 142 y vto, cursa acta de audiencia pública del reo de fecha 05 de junio de 1998.
Al folio 144, de la segunda pieza, se dicto auto de fecha 15 de junio de 1998, acordando abrir el lapso probatorio a partir del día 16 de junio de 1998.
Al folio 156, de la segunda pieza, cursa escrito de promoción de pruebas por parte de la Fiscal Segunda del Ministerio Público Martha Calcaño.
Al folio 157 al 158 de la segunda pieza, cursa escrito contentivo de promoción de pruebas, por parte de la ciudadana Mery Josefina Sánchez.
Al folio 160, de la segunda pieza, cursa escrito suscrito por la abogada Glenda Oviedo, dirigido al Juzgado de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos.
Al folio 175, de la segunda pieza, cursa auto de fecha 27 de julio de 1998, dictado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, en el cual acuerda oír en un solo efecto la apelación formulada por la parte acusadora, y ordena remitir la causa al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Penal del Transito, del Trabajo y Menores de esta Circunscripción Judicial, acuerda igualmente abrir cuaderno separado.
A los folios 19 y vto 20, 21 y vto, 22 y vto a 23, de la tercera pieza cursa acta de declaración los ciudadanos Ramón Segundo Morillo Figueroa, Ricardo Antonio Betancourt Hermoso, Manabre Sanin Tovar Manzo, funcionarios adscritos al Cuerpo Técnico de Policía Judicial del estado Cojedes, ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes.
A los folios 31, 32, 65 y vto al 66 y vto, 101 y vto al 102 y vto, de la tercera pieza, cursa acta de declaración de los ciudadanos Carlos Rafael López, José Daniel Betancourt, Carlos Luis Castillo Rosado, Mirian Josefina García ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes.
Al folio 38 y vto, de la tercera pieza, cursa acta policial de fecha 13 de agosto de 1998, suscrita por el funcionario José Urbina, funcionario adscrito al Cuerpo Técnico de Policía Judicial, delegación del Estado Cojedes.
Al folio 39 y vto a 40, de la tercera pieza, cursa acta de reconstrucción de los hechos de fecha 03 de agosto de 1998, en el cual se constituye en el lugar de los hechos el Juzgado del Municipio Autónomo Falcón (Tinaquillo) Estado Cojedes.
Al folio 41 al 60, cursan fotos relacionadas con el expediente penal N° 14.386-98.
Al folio 82 al 87, de la tercera pieza, cursa experticia de reconocimiento legal y hematológico, suscrita por los inspectores José Gregorio Hernández y Felix Izarra, funcionarios adscritos al Cuerpo Técnico de Policía Judicial, Departamento de Microanálisis, de Caracas.
Al folio 88 al 89, de la tercera pieza, cursa experticia de reconocimiento legal y hematológico, suscrita por los inspectores José Gregorio Hernández y Rafael Paredes, funcionarios adscritos al Cuerpo Técnico de Policía Judicial, Departamento de Microanálisis, de Caracas.
Al folio 111 de la tercera pieza, cursa acta de fecha 08 de enero de 1999, del acto de informes correspondientes.
Al folio 180 de la tercera pieza, cursa acta de fecha 24 de febrero de 1999, mediante el cual el Juez Julio Ricardo Silva Sánchez, fundamentándose en los artículos 5to y 18 del artículo. 34 del Código de Enjuiciamiento Criminal, se inhibe del conocimiento de la causa.
Al folio 183 de la tercera pieza, se dictó decisión de fecha 25 de marzo de 1999, por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Penal, del Tránsito, del Trabajo y Menores de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, mediante el cual declara con lugar la inhibición planteada por el Juez Julio Ricardo Silva Sánchez.
A los folios 12 y vto al 13, de la cuarta pieza, cursa acta de declaración de los ciudadanos Carlos Luis Castillo Rosado, funcionarios adscritos al Cuerpo Técnico de Policía Judicial del Estado Carabobo, ante el Juzgado Accidental Segundo de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes.
A los folios 18 y vto, de la cuarta pieza, cursa acta de declaración del ciudadano Felix Ramón Izarra Rondon, funcionarios adscritos al Cuerpo Técnico de Policía Judicial de Caracas, ante el Juzgado Accidental Segundo de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes.
Al folio 19 al 26 de la cuarta pieza, cursa decisión de fecha treinta (30) de junio de 1999, por el Juzgado Accidental Segundo de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, mediante el cual condena al ciudadano José Antonio González Reyes a cumplir la pena de doce (12) años de presidio.
Al folio 30 al 43 de la cuarta pieza, cursa escrito suscrito por el abogado Juan Francisco Morales Montagne, contentivo de recurso de apelación.
Al folio 46 de la cuarta pieza, cursa acta de inhibición de fecha 28 de septiembre de 1999, mediante el cual el Juez Pedro Alcántara Borges, fundamentándose en el artículo 83 ordinal 4° del Código Orgánico Procesal Penal, se inhibe del conocimiento de la causa.
Al folio 48 de la cuarta pieza, cursa decisión de fecha 29 de septiembre de 1999, mediante la cual declara con lugar la inhibición interpuesta por el Juez Pedro Alcántara Borges.
Al folio 69 de la cuarta pieza, cursa acta de inhibición de fecha 28 de septiembre de 200, mediante el cual la Jueza Glenda Oviedo de Delgado, fundamentándose en lo establecido en el artículo 83 del Código Orgánico Procesal Penal, se inhibe del conocimiento de la causa.
Al folio 70 al 71 de la cuarta pieza, cursa decisión de fecha 29 de septiembre de 2000, mediante la cual declara con lugar la inhibición interpuesta por la Jueza Glenda Oviedo de Delgado.
Al folio 76 de la cuarta pieza, cursa auto de avocamiento de fecha 19 de junio de 2001 del Juez Hugolino Ramos Betancourt.
Al folio 94 de la cuarta pieza, cursa auto de avocamiento de fecha 10 de septiembre de 2001 del Juez José Vicente Sandoval.
Al folio 151 de la cuarta pieza, cursa acta de audiencia oral de fecha 24 de septiembre de 2001.
Al folio 186 al 222 de la cuarta pieza, cursa decisión de fecha 11 de octubre de 2001, mediante la cual de declara con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Fiscal Segunda del Ministerio Público, parcialmente con lugar el recurso de apelación interpuesto por el defensor privado Juan Francisco Morales, condena al ciudadano José Antonio González Reyes a cumplir la pena de veinte (20) años de presidio, por la comisión del delito de Homicidio Intencional Calificado.
Al folio 231 al 332 de la cuarta pieza, cursa auto de fecha 17 de octubre de 2001, mediante el cual se acuerda prohibir la salida del país y ordena la captura del ciudadano José Antonio González Reyes.
Al folio 251 al 331 de la cuarta pieza, cursa recurso de casación interpuesto por el defensor privado Juan Francisco Morales Montagne.
Al folio 356 al 360 de la cuarta pieza, cursa auto de fecha 25 de enero de 2002, mediante el cual se acuerda remitir la causa al Tribunal Supremo de Justicia.
Al folio 368 al 381 de la cuarta pieza, cursa decisión de fecha 25 de junio de 2002, de la Sala de Casación penal del Tribunal Supremo de Justicia, mediante el cual desestima por manifiestamente infundado el recurso de casación y anula de oficio el fallo dictado por la Corte de Apelaciones.
A los folios 05 y 06 de la quinta pieza, cursan actas de inhibición de fecha 20 de agosto de 2002 suscrita por el Juez Hugolino Ramos Betancourt y la Jueza Raiza Lares Rodríguez, de seguir conociendo de la presente causa, en virtud de encontrarse incurso en la causal de inhibición contemplada en el articulo 86, numeral 7 del Código Orgánico Procesal Penal.
Al folio 08 al 14 de la quinta pieza, se dictó decisión de fecha 18 de septiembre de 2002, por la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, mediante el cual se declara con lugar las inhibiciones planteadas por los Jueces Hugolino Ramos Betancourt y Raiza Lares Rodríguez.
Al folio 25 de la quinta pieza, cursa designación de fecha 18 de febrero de 2003, de la ciudadana Hilda Rosa Villanueva Peralta, donde es designada Juez Accidental.
Al folio 39 de la quinta pieza, cursa auto de avocamiento de fecha 06 de mayo de 2003, de la Jueza Ana Villavicencio C. En esta misma fecha se dicto auto mediante el cual se acuerda conceder el lapso de tres días a fin de que las partes se impongan del evento procesal del abocamiento.
Al folio 50 de la quinta pieza, cursa auto con fecha 19 de mayo de 2003, de constitución de la Sala Accidental.
Al folio 52 de la quinta pieza, cursa auto con fecha 19 de mayo de 2003, mediante el cual se fija audiencia especial para oír a las victimas.
Al folio 53 de la quinta pieza, cursa auto con fecha 19 de mayo de 2003, en el cual se designa ponente a la Jueza Hilda Rosa Villanueva y se ordena remitir el expediente a la misma a los fines de presente el respectivo proyecto de decisión dentro del lapso de Ley correspondiente.
Al folio 74 al 83 de la quinta pieza, cursa acta de audiencia oral de fecha 28 de mayo de 2003.
Al folio 108 de la quinta pieza, cursa auto con fecha 11 de junio de 2003, mediante el cual se fija la celebración de la audiencia oral.
Al folio 121 al 126 de la quinta pieza, cursa acta de fecha 25 de junio de 2003, de la celebración de la audiencia oral para debatir los alegatos de la apelación planteada.
Al folio 132 al 183 de la quinta pieza, cursa decisión de fecha 29 de octubre de 2003, mediante el cual se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el defensor definitivo Juan Francisco Morales Montagne, en contra de la sentencia dictada por suprimido Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal, Accidental, de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, de fecha 30 de junio de 1999, confirma la recurrida y condena al ciudadano José Antonio González Reyes a cumplir la pena de doce (12) años de presidio por la comisión del delito de Homicidio Intencional Simple. Con el voto salvado del Juez Numa Humberto Becerra expresando que la Sala ha debido confirmar la sentencia recurrida, modificando la calificación del delito de Homicidio Intencional por la de Homicidio Culposo.
Al folio 12 al 46 de la sexta pieza, cursa escrito de fecha 14 de abril de 2004, suscrito por el abogado Juan Francisco Morales Montagne, contentivo de recurso de casación.
Al folio 48 al 70 de la sexta pieza, cursa escrito de fecha 14 de abril de 2004, suscrita por el abogado Antonio Sosa García, contentivo de recurso de casación.
Al folio 75 de la sexta pieza, cursa auto de fecha 10 de junio de 2004, mediante el cual se ordena remitir el expediente al Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal.
Al folio 78 de la sexta pieza, cursa auto de fecha 02 de julio de 2004, mediante el cual el Tribunal Supremo de Justicia dando cuenta a la sala del recibo del expediente se designo ponente a la Magistrada Blanca Rosa Mármol de León
Al folio 79 al 106 de la sexta pieza, cursa auto de fecha 15 de marzo de 2005, mediante el cual la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, declara admisible los recursos de casación interpuestos.
Al folio 121 al 122 de la sexta pieza, cursa acta de fecha 10 de mayo de 2005, de la celebración de la audiencia pública en la presente causa.
Al folio 153 al 164 de la sexta pieza, cursa decisión de fecha 18 de mayo de 2005, mediante el cual mediante el cual la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, declara con lugar el recurso de casación interpuesto por el defensor del acusado y se ordena remitir el expediente al Juez Presidente del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, a fin de que se constituya la Sala Accidental para que se dicte sentencia, prescindiendo de los vicios que originaron la nulidad anterior.
Al folio 165 de la de la sexta pieza, cursa auto de fecha 18 de abril de 2007, mediante el cual se acuerda darle entrada bajo el mismo número a la causa, en la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes.

VI
PLANTEAMIENTO DEL RECURSO


El abogado Juan Francisco Morales Montagne en su condición de defensor privado del ciudadano José Antonio González Reyes, en la oportunidad de interponer el recurso de apelación entre otros alegatos expresó lo siguiente:

(omisis)“…APELO para ante la Corte de Apelaciones de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, de la sentencia dictada por el Juzgado Segundo Accidental de Primera Instancia en lo Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes y fundo esta APELACION en lo que establece al respecto el artículo 509 del CODIGO ORGANICO PROCESAL PENAL, vigente.- En este orden de ideas, fundo esta APELACION explicitando los razonamientos que siguen a continuación: El artículo 247 del Código de Enjuiciamiento Criminal que fue la Ley por la cual se rigió esta proceso hasta la sentencia definitiva, pauta en su ultimo párrafo lo siguiente: “…Cuando la confesión fuere calificada, el Juez deberá compararla con todas las demás pruebas existentes en los autos; y no podrá desechar la excepción de hecho que contenga, sino cuando a su juicio, y por los fundamentos que deberá expresar en el fallo, sea falsa o inverosímil, según las demás pruebas que arrojen los autos”. En este proceso existe una CONFESIÓN CALIFICADA contenida en el Expediente N° 6.908 que hace mi defendido, la cual confesión aparece inserta en los folios 15 y 16, Pieza N° 2 del Expediente Penal N° 6.908 el día 09 de febrero de 1998 (nueve de febrero de mil novecientos noventa y ocho) ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes.- Con relación a las circunstancias calificantes del homicidio, la Corte Suprema de Justicia en sentencia de la Sala de Casación Penal fechada el día 9 de junio de 1998 ha dicho lo siguiente: “…el sentenciador debe no solo expresar los hechos dados por probados configurativos de dicha circunstancia, sino explicar por qué la considera así, es decir, señalar las pruebas en que se apoya, analizarlas, compararlas entre sí y con los demás elementos de autos que sea menester…” (Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.- OSCAR R. PIERRE TAPIA, Tomo 6. Año XXV. Junio 1998., Página 421.-También ha establecido el Máximo Tribunal de la República, lo siguiente: “…Esta Corte ha manifestado reiteradamente que la sentencia no puede consistir en una simple enumeración, lista o resumen del material probatorio existente en los autos sino que debe contener un análisis pormenorizado de las pruebas, la comparación de unas con otras y resolver luego mediante un razonamiento lógico, con la determinación clara y precisa de los hechos que se dan por probados, todo lo cual viene a confirmar las razones de hecho y de derecho en que necesariamente debe fundarse toda sentencia, dado que es de ese análisis y confrontación de las pruebas de donde surge la verdad procesal que va a servir de base a la decisión judicial…” (Sentencia de la Corte Suprema de Justicia. JURISPRUDENCIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- Oscar R. Pierre Tapia. Sentencia de la Sala de Casación Penal del 26 de enero de 1999, (Expediente N° 96-1.678, sentencia N° 012) contenida en el Tomo 1. –Enero 1999, pagina 425. A su vez el artículo del Código de Enjuiciamiento Criminal referente a la regla para estimar el valor probatorio del dictamen pericial o sea el artículo 276 del Código de enjuiciamiento Criminal pauta lo siguiente: “ La fuerza probatoria del dictamen pericial será estimada por el Juez teniendo en cuenta la personalidad del perito y los fundamentos científicos en que se funda el dictamen; la uniformidad o disconformidad de éste con otros que se hayan emitido en el proceso; y su concordancia con el resultado de las repreguntas que hubieren sido hechas por el Juez, el Fiscal o las partes y demás pruebas existentes en autos; y siempre deberá exponer clara y precisamente, en la motivación de la sentencia, las razones por las cuales adhieren al informe pericial o discrepa de él en todo o en parte”.- Si analizamos la sentencia contenida en el Expediente Penal 6.908, a que me refiero en esta APELACIÓN debe percibirse que adolece de graves fallas o vicios, que precisaremos en esta APELACION fundada.- Debo destacar lo siguiente: En la parte EXPOSITIVA la sentenciadora hace la relación sucinta de la secuencia de los sucesos y enumera los contenidos inherentes a dicha parte.-En la parte MOTIVA la Juzgadora se concreta a hacer una enumeración de las Actas Procesales, señalando que ellas se realizan “…con el fin de determinar si de las mismas emergen o no elementos probatorios que demuestren la culpabilidad y consecuentemente responsabilidad del Procesado JOSE ANTONIO GONZALEZ REYES en la comisión del delito de HOMICIDIO en la persona de la Ciudadana CARMEN ZORAIDA SANCHEZ DE GONZALEZ…” Al llevar a cabo esta actividad procesal la Sentenciadora se limita a transcribir las deposiciones de los siguientes declarantes: José Antonio González Vilera, Mery Josefina Sánchez, Zolymar Andreína González Sánchez, José Antonio González Sánchez, José Luis González Reyes, Lilia Rafaela Reyes de González, Alba María Sánchez de Estrada y, finalmente la declaración de JOSE ANTONIO GONZALEZ REYES, el procesado. En torno a estas declaraciones, el dictamen de la Sentenciadora indica que valora estas deposiciones de acuerdo con lo establecido en el artículo 259 del Código de Enjuiciamiento Criminal.- Luego la Juzgadora señala que pasa a analizar la responsabilidad penal del procesado JOSE ANTONIO GONZALEZ REYES con relación al homicidio cometido en perjuicio de la ciudadana CARMEN ZORAIDA SANCHEZ DE GONZALEZ.- En realidad la sentenciadora no analiza nada: Se limita a hacer las transcripciones parciales del contenido de lo siguientes instrumentos: Protocolo de Autopsia; Análisis de Trazos de Disparo (A.T.D.); Informe Pericial de Trayectoria Balística; Experticia de Reconocimiento del Arma; según dicha Experticia, el arma se encontraba en buen estado de funcionamiento.-Esa circunstancia la adminicula señalando que ello hace presumir que la misma no era susceptible a dispararse a menos que fuera accionada.- Al respecto, debo yo decidir que esta conclusión es muy pobre en consecuencias jurídicas para hacer una inculpación. Por el contrario, debe ponerse en evidencia que un arma en perfecto estado de funcionamiento, si además se encuentra montada, es susceptible de dispararse al menor contacto y con mayor razón si quien la porta recibe un golpe en la mano en que lleva sujeta dicha arma, arma cuyo gatillo a su vez lleva ligado el índice, porque en una situación como la descrita no llevar puesto el dedo en el gatillo carecería de sentido si alguien presume un ataque proveniente de un desconocido situado en el exterior de una vivienda o zona situada en el exterior de un portón de garaje. Por contrario razonamiento: Si el arma no va montada, puede deducirse que el disparo emergido de ella está ligado a una intencionalidad, dado en una situación como la última indicada implica hacer un esfuerzo suficientemente fuerte como para que el arma se accione.- Esto lo sabe por experiencia cualquier persona que haya manejado revólveres. Pero en el hecho que ocasionó la muerte de CARMEN ZORAIDA SANCHEZ DE GONZALEZ eso no fue el caso.- Entonces, la conclusión lógica es que, conforme a lo narrado por JOSE ANTONIO GONZALEZ REYES, no hubo intencionalidad alguna. Como podrá deducirse mediante un razonamiento lógico las pruebas periciales mencionadas solo conducen a demostrar la ocurrencia de la muerte de CARMEN ZORAIDA SANCHEZ DE GONZALEZ por herida de bala a próximo contacto en la región orbital derecha. Pero sería de dudosa credibilidad el argumento de que mediante un disparo ocurrido en las circunstancias narradas por el procesado, las cuales emergen de todo lo narrado por él en una secuencia lógica, que no ha sido desvirtuada por ningún argumento válido en contrario, la conclusión debe ser que en el suceso no hubo ni pudo haber intencionalidad en instante en que el arma se accionó como consecuencia del golpe recibido en la mano. Ni siquiera en el supuesto negado de un forcejeo con un arma montada puede presumirse una intencionalidad.- El forcejeo no implica necesariamente ni una intención de matar del que porta el arma montada y la víctima que asustada se considera objeto de una agresión e instintivamente se defiende provocando un disparo que el portador del arma montada no deseaba producir. Son numerosísimos los casos que prueban esta afirmación.- Pero en este caso el forcejeo es producto de la fabulación, una creación imaginaria.- En autos se determina que el informe Pericial concluyó el día 03 de marzo de 1998, según se desprende del mismo informe donde se asienta que según pedimento de la Delegación del Cuerpo Técnico de la Policía Judicial, Delegación del Estado Cojedes, en la persona del jefe de la Delegación, pedimento formulado en el MEMORANDUM N° 970-205-387 de fecha 19-01-98 (once días después del suceso), comienza a levantarse el Informe Pericial (Folios 54 al 57 Segunda Pieza del expediente N° 6.908).- Este tiene todas las imperfecciones que pueden presumirse en el caso: Los indicios resultan altamente contaminados, borrado por la acción del tiempo y de los elementos físicos, tales como pisadas, etc. Además, el perito nunca estuvo en el lugar en el día o mejor noche del suceso y por ende carente de información de los que sí vieron el lugar del suceso. Sin indicar si obtuvo información de dichas personas no puede producir un INFORME PERICIAL confiable en todos los aspectos en que resulta indispensable esa confiabilidad. El Informe no pudo dar datos precisos como los que siguen: ubicación del cadáver, en que dirección cayó, posición adoptada al caer, etc. Por eso queda campo para ejercitar la fantasía en cuanto a la distancia entre víctima y el indiciado, manera de mover los brazos, etc. Pura imaginación, pura fantasía. Dicho Informe Pericial, en gran medida se desmiente a sí mismo y más en cuanto a la escena del forcejeo del cual no quedaron evidencias que han debido plasmarse en el Informe, tales como arañazos, desprendimientos de cabellos, rasgaduras de ropas, excoriaciones, etc.- El informe del Forense señala que aparte de la herida causante de la muerte, no se apreciaron otras señales de violencia. Ese informe Forense practicado por médicos no deja lugar a dudas. Resulta, pues un razonamiento poco serio ese que concluye afirmando que de un forcejeo (obviamente imaginario, a mi entender) pueda derivarse la conclusión de que hubo una intención de matar a la persona que una hora antes, aproximadamente, le había dado de comer al procesado.- Eso es absolutamente inconcebible. Todo eso es verosilmente desvirtuado por la narración lógica y coherente hecha por el procesado acerca de cómo ocurrieron realmente los hechos. Más todavía si se agrega que no es creíble que alguien salga a matar a su mujer a la vista de cualquier paseante que pudiera estar en los alrededores del lugar donde el hecho ocurrió. Afirmo que en la sentencia no existe un verdadero análisis de las pruebas existentes en los autos.- Por ello falta a la exigencia de que el sentenciador no solo debe expresar los hechos dados por probados configurativos de dicha circunstancia, sino explicar por qué la considera así, es decir, señalar las pruebas en que se apoya, analizarlas, compararlas entre sí y con los demás elementos de autos que sea menester, como sabiamente lo afirma una de las tantas sentencias de la Corte Suprema de Justicia. Esto no sucede en la sentencia que estamos combatiendo con esta apelación fundada. La juzgadora, en un lenguaje poco claro, por no decir confuso o galimático expresa en su sentencia condenatoria lo siguiente: “Este Juzgador para analizar sobre la responsabilidad penal del Procesado JOSE ANTONIO GONZALEZ REYES en cuanto a la conducta asumida por el mismo observa que la representación Fiscal en su escrito formal de Cargos imputó al Indiciado de autos la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO previsto y sancionado en el Artículo 408 Ordinal 3° del Código Penal, al igual que la acusación. Ahora bien se evidencia por una particular situación de hecho que a su vez da a enmarco de una serie de actuaciones y circunstancias propias de cada evento en la que debe tomarse en consideración y deben ser apreciadas por el Sentenciador en forma fundada en el fallo con clara indiciación de los hechos que la configuran y las pruebas en que se apoyan. En el caso que nos ocupa se observa que si bien es cierto que el Procesado JOSE ANTONIO GONZALEZ REYES ocasionó el homicidio en la persona de quien en vida respondiera de CARMEN ZORAIDA SANCHEZ DE GONZALEZ, cuando disparó el arma que portaba hiriéndola en la frente (el subrayado es mío) y por ende no considerar tal afectación respecto a la naturaleza del motivo bajo cuyo impulso actuó el procesado JOSE ANTONIO GONZALEZ REYES en razón de que no resulta creíble que con un revolver el cual requiere de presión suficiente sobre el gatillo para ser disparado pueda “irse un tiro” por el solo hecho de que sintió un golpe en la mano y se produjo sin intención el disparo mortal que produjo la muerte de CARMEN ZORAIDA SANCHEZ por lo cual el actual Sentenciador considera que dicho procesado actuó con Dolo teniendo la intención de quitar la vida a la ciudadana CARMEN ZORAIDA SANCHEZ y siendo ésta la situación en el presente caso concluye éste Juzgador que el hecho cometido por el prenombrado procesado debe sólo encuadrarse en la figura de HOMICIDIO INTENCIONAL por estar dadas las circunstancias previstas en esa norma jurídica, siendo en consecuencia que la sentencia (sic) tiene que ser condenatoria y así se declara. En cuanto a las pruebas del Plenario el Tribunal deja constancia que las partes promovieron escritos de pruebas los cuales fueron admitidos y ordenada su evacuación, no obstante los resultados en nada modifican el criterio ya sustentado por éste Sentenciador. Demostrado como ha sido el Cuerpo de HOMICIDIO intencional que se ha dejado descrito, así como la responsabilidad del Procesado JOSE ANTONIO GONZALEZ REYES, en la comisión del mismo la presente Sentencia tiene que ser CONDENATORIA a tenor de lo dispuesto en el encabezamiento del Artículo 43 del Código de Enjuiciamiento Criminal. La pena aplicable al Procesado es el límite inferior de lo dispuesto en el Artículo 407 del Código Penal, es decir DOCE (12) AÑOS DE PRESIDIO por acoger el sentenciador la atenuante prevista en el Ordinal 4° del Artículo 74 del Código Penal en virtud de que el Procesado no registra antecedentes Penales tal como se evidencia de las actas, por lo que la pena a cumplir en definitiva es de DOCE (12) AÑOS DE PRESIDIO”.- Hasta aquí transcribo el texto en que se profiere la condena. Si se lee con detenimiento la sentencia se podrá observar que la Sentenciadora no le dio cumplimiento a la disposición contenida en el artículo 247 del Código de Enjuiciamiento Criminal que establece: “…Cuando la confesión fuere calificada, el Juez debe compararla con todas las demás pruebas existentes en los autos; y no podrá desechar la excepción de hecho que contenga, sino cuando a su juicio, y por los fundamentos que deberá expresar en el fallo, sea falsa o inverosímil, según las demás pruebas que arrojen los autos…” Esa comparación completa no la hizo la Juzgadora. Su tarea se redujo a comentar (no a analizar) el Protocolo de la Autopsia y transcribir datos parciales de dicha Acta. Igual cosa hace con el análisis de trazos de disparo (A.T.D.) cuyo contenido se orienta a señalar los efectos de una persecución, pero de esa transcripción no se aprecia la conexión con la intencionalidad de un acto.- La Juzgadora se concreta a una mera descripción, sin arribar a una conclusión incriminante, que lógicamente no puede surgir de la descripción que cita de dicha experticia.- Lo mismo sucede cuando cita al tratadista Dimas Oliveros Sifontes en su Manual de Criminalística.- Aquí, en esta cita, se trata solamente de probar un próximo contacto que yo como defensor no he negado, sino que he sostenido que lo hubo. Pero niego que ese próximo contacto se produjo como lo imaginó el Informe Pericial existente en los autos. En el dicho Informe se menciona un hipotético forcejeo que he rechazado cuando impugné dicho informe, impugnación que hoy mantengo. El hecho se produjo en la forma como lo expliqué en mi informe Final, al cual me remito, La juzgadora con igual propósito metodológico cita al autor “Carlos E .Moreno Brandt y al Doctor Humberto Giugni, para arribar a la conclusión ya sabida, y no negada por mí, de que el disparo se produjo a próximo contacto. Concluye la Juzgadora, este aspecto, avalando el informe Pericial de Trayectoria Balística, el cual fue agregado al Expediente después de haberse declarado concluido el Sumario, expresando la juzgadora: “…Se determina que la victima se encontraba de pie y en un mismo plano con respecto al victimario quien apuntaba el arma de fuego a la hoy occisa y ésta tenía el cañón orientado levemente en ascendente, corroborándose esto por la lesión causada al dispararse el arma de fuego…”.- Por ninguna parte aparece contrastada esta aseveración de la Juzgadora con lo señalado por el indiciado en su versión del hecho.- No hay explicación razonada y motivada para desechar la versión del encausado.- Esta apreciación es, pues, unilateral y parcializada.- En resumen, no demuestra la inverosimilitud o falsedad de la confesión calificada del indiciado.-Igual sucede con la prueba de la experticia practicada al arma indicando buen estado del funcionamiento de ésta y concluye alegremente, diría yo, diciendo que la misma no era susceptible de dispararse a menos que fuera accionada.- Omite la Juzgadora decir aquí que el arma iba montada, pero de seguida señala que el procesado había manifestado que había montado el arma y salió hacia el garaje de donde venia el ruido, circunstancias que éste corroboró en el acto de reconstrucción de los hechos. Precisamente la circunstancia de que el arma iba montada no hace otra cosa que darle absoluta credibilidad, indudable veracidad, al hecho narrado por el indiciado: Es perfectamente factible, mejor dicho: Es seguro que un arma montada puede dispararse al menor movimiento o roce.- Resulta más creíble cuando se produce un golpe en las manos del portador del arma montada, situación en la cual el disparo se hace inevitable, sin que medie una intención de disparar en una circunstancia como la narrada por el procesado. Además de lo aquí escrito existen otras pruebas en el Expediente que no fueron contrastadas en la decisión de la Juzgadora destacándose su declaración de que no resultaba necesario examinar las pruebas existentes en el Plenario, a pesar de que fueron “admitidas y ordenadas su evaluación porque los resultados en nada modifican el criterio ya sustentado por este Sentenciador” (así lo expresa la Juzgadora en su sentencia). En mi opinión, esta omisión es grave, porque desde el punto de vista probatorio, el Sentenciador está obligado a examinar el contenido de las probanzas existentes en el Plenario. El no hacerlo vicia de inmotivación a la Sentencia. En la parte sustancial de la Sentencia, la Juzgadora no explica, en forma razonada el cambio ya que el informe Forense descarta tales signos. 3.- En la distancia señaladas en el informe Pericial (1 metro, aproximadamente) es imposible un forcejeo que genere un disparo a próximo contacto. 4.- La experiencia demuestra que cuando alguien desarmado se ve amenazado con un arma, usualmente levanta los brazos y casi nunca, por no decir nunca trata de forcejear.- Eso puede constatarse en noticias de prensa cuando muchas personas inermes se quedan quietas ante la amenaza de las armas.- lo mismo ocurre en los secuestros que se facilitan, porque los secuestrados casi nunca hacen oposición. 5.- El Informe Pericial no ubica con precisión el lugar donde cayó la occisa. 6.- Entre el portón cerrado y el lugar y posición en donde cayó la occisa no hay espacio para el supuesto forcejeo. 7.- Quien elaboró el Informe Pericial no recabó información acerca del lugar exacto del hecho, la posición de la occisa y los gestos y actitudes finales de la occisa. 8.-Existen marcadas contradicciones entre LUIS ENRIQUE MARTINO GUERRA y CARLOS RAFAEL REYES NAVAS (camilleros) en las testimoniales rendidas por estos en el Cuerpo Técnico de la Policía Judicial con sede en San Carlos (folios 52vto y 54vto de la pieza N° 1 del Expediente Penal N°6.908). Así, ante la tercera pregunta formulada por el Funcionario Instructor a LUIS ENRIQUE MARTINO GUERRA: “Diga usted, en que posición se encontraba la persona herida para el momento que llegaron al lugar de los hechos? Contestó: “ Estaba tendida boca arriba sobre el piso, ella vestía un short corto de color anaranjado, una franela llena de sangre” (Folio 52 vto Primera Pieza del Expediente Penal N° 6.908). A su vez, el deponente CARLOS RAFAEL REYES NAVAS ante la tercera pregunta del Funcionario Instructor, hecha en los siguientes términos “Diga usted caracteristicas fisonómicas de la ciudadana herida? Contestó: “ Nos limitamos a auxiliar a la ciudadana, par el momento ni siquiera pudimos averiguar el nombre de la misma; posteriormente nos dijeron que se llamaba CARMEN ZORAIDA SANCHEZ; ella era algo rellenita, de baja estatura, de piel blanca, perfilada, vestía un short anaranjado corto y una blusa de franela de rayas. Cuando llegamos a l a casa; ella estaba en el garaje de la casa, tendida en el piso de lado…” (Folio 54 vto de calificación por la Fiscal a pesar de que este fue calificado ab-inicio por dos jueces: El del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes y el Juez Superior en lo Civil, Mercantil, Penal, del Tránsito, del trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes como un hecho culposo (Homicidio Culposo) con serios fundamentos no desvirtuados en el debate probatorio.- Así que cuando la Sentenciadora, mediante una argumentación ambigua afirma que el procesado JOSE ANTONIO GONZALEZ REYES disparó contra CARMEN ZORAIDA SANCHEZ DE GONZALEZ hiriéndola en la frente, siendo que en realidad de las actas procesales se constata que loa herida de bala se produjo en el arco superciliar derecho de dicha persona, la Sentenciadora saca una conclusión fuera de lo que aparece en las actas Procesales.- Igualmente comete error grave cuando simplemente afirma que “no resulta creíble que” con un revolver el cual requiere de presión suficiente sobre el gatillo para ser disparado pueda “irse un tiro” por el solo hecho de que sintió un golpe en la mano y se produjo sin intención y concluye en que el procesado actuó con dolo teniendo la intención de quitar la vida de la ciudadana Carmen Zoraida Sánchez, razona fuera de toda lógica habida cuenta de que a la Sentenciadora se le olvidó mencionar que el arma estaba montada y que en esa circunstancia la regla es que cualquier movimiento brusco y aún más: un golpe hace que inevitablemente se produzca un disparo involuntario que evidentemente carece de intención. En razón de estas consideraciones estimo que la Sentencia no está ajustada a derecho y así debe ser establecido.- Por otra parte y ello implica un vicio grave, en la sentencia faltó la comparación de la versión del procesado con la hipótesis emanada del informe Pericial es fantasiosa y adolece de los siguientes vicios: 1.- No explica la secuencia de los hechos que condujeron al supuesto forcejeo.2.- No explica como fue posible que éste se produjera sin dejar huellas o rastros: escoriaciones, magulladuras, signos de violencia en los participantes en el hecho, ya que el informe Forense descarta tales signos.3.- En la distancia señaladas en el informe Pericial (1 metro, aproximadamente) es imposible un forcejeo que genere un disparo a próximo contacto. 4.- La experiencia demuestra que cuando alguien desarmado se ve amenazado con un arma, usualmente levanta los brazos y casi nunca, por no decir nunca trata de forcejear.- Eso puede constatarse en noticias de prensa cuando muchas personas inermes se quedan quietas ante la amenaza de las armas.- lo mismo ocurre en los secuestros que se facilitan, porque los secuestrados casi nunca hacen oposición. 5.- El Informe Pericial no ubica con precisión el lugar donde cayó la occisa. 6.- Entre el portón cerrado y el lugar y posición en donde cayó la occisa no hay espacio para el supuesto forcejeo. 7.- Quien elaboró el Informe Pericial no recabó información acerca del lugar exacto del hecho, la posición de la occisa y los gestos y actitudes finales de la occisa. 8.-Existen marcadas contradicciones entre LUIS ENRIQUE MARTINO GUERRA y CARLOS RAFAEL REYES NAVAS (camilleros) en las testimoniales rendidas por estos en el Cuerpo Técnico de la Policía Judicial con sede en San Carlos (folios 52vto y 54vto de la pieza N° 1 del Expediente Penal N°6.908). Así, ante la tercera pregunta formulada por el Funcionario Instructor a LUIS ENRIQUE MARTINO GUERRA: “Diga usted, en que posición se encontraba la persona herida para el momento que llegaron al lugar de los hechos? Contestó: “ Estaba tendida boca arriba sobre el piso, ella vestía un short corto de color anaranjado, una franela llena de sangre” (Folio 52 vto Primera Pieza del Expediente Penal N° 6.908). A su vez, el deponente CARLOS RAFAEL REYES NAVAS ante la tercera pregunta del Funcionario Instructor, hecha en los siguientes términos “Diga usted caracteristicas fisonómicas de la ciudadana herida? Contestó: “ Nos limitamos a auxiliar a la ciudadana, par el momento ni siquiera pudimos averiguar el nombre de la misma; posteriormente nos dijeron que se llamaba CARMEN ZORAIDA SANCHEZ; ella era algo rellenita, de baja estatura, de piel blanca, perfilada, vestía un short anaranjado corto y una blusa de franela de rayas. Cuando llegamos a l a casa; ella estaba en el garaje de la casa, tendida en el piso de lado…” (Folio 54 vto
Primera pieza del Expediente Penal N° 6.908). Como puede apreciarse existen obstencibles contradicciones entre estos declarantes puesto que el primero dijo que la persona”estaba tendida boca arriba sobre el piso…” mientras que el segundo CARLOS RAFAEL REYES NAVAS dijo que estaba”…tendida en el piso de lado…”.- 9 Contiene incongruencia dada por el hecho de que la Juez apreció que se había producido una herida de bala en la frente y eso no aparece reflejado en las actas Procesales.- Con tales elementos no podría resultar otra cosa que un informe Pericial sumamente dudoso en sus conclusiones. De todas maneras, la Juzgadora no hizo las necesarias contrastaciones, no hizo las obligadas comparaciones; constrantándolas cuidadosamente en relación con las demás pruebas existentes en los autos, siendo que “para ser rechazada una excepción de hecho es absolutamente necesario, así mismo, que el Juzgador deje constancia razonada de los fundamentos en que se apoya para dividir la confesión del reo y el por qué rechaza las referencias objetivas de los hechos favorables a éste y las considere falsas o inverosímiles” En este orden de ideas, la Juez Sentenciadora faltó a las exigencias del artículo 247 del Código de Enjuiciamiento Criminal y así debe ser apreciado. Para darle mayor fuerza a la argumentación que he esgrimido, me permito citar el texto que aparece en el libro JURISPRUDENCIA PENAL DE CASACIÓN del Doctor Jesús Barreto Rodríguez. Ediciones Barreto Caracas.1963, páginas 141 y 142. En dicho texto se escribe lo siguiente: “ Si por una parte la motivación de una sentencia requiere que se indique con claridad y exactitud las pruebas que acogen o rechazan, mencionando, si es testifical, el nombre de los deponentes, a fin de que sea un documento de convicción que se basta a sí mismo; por la otra, es necesario que el sentenciador, al dejar establecido un hecho lo haga sin contradicciones ni ambigüedades, pues en el proceso penal, en donde la duda no puede ser fundamento del dispositivo del fallo, porque si hay prueba de culpabilidad debe condenarse, y si no la hay debe absolverse, la resolución ha de ser el resultado de premisas claramente constituidas. Si las razones erróneas o insuficientes no dan lugar al recurso de forma, las contradictorias, las hipotéticas, las frases sin sentido como lo lógico, lo razonable, no es verosímil, es de suponer, etc., usadas por la recurrida, y las suposiciones ad-absurdum, sí dan motivos a dicho recurso, pues en tales circunstancias falta la motivación, ya que las razones que deben dar los sentenciadores, son las que emanan del resultado del proceso, y sean inteligibles dentro del silogismo jurídico. Por otra parte, no basta resolver los puntos planteados por la acusación o por la defensa, mientras en tal resolución no se dejen éstos establecidos con precisas razones de hecho y de derecho, o sea con motivación que demuestre la conclusión a que llegó el sentenciador. GACETA FORENSE(Sala Penal) N° 17 (2ª etapa) año 1957. Julio a septiembre. Sentencia del 14 de agosto de 1957.Páginas 196 y 197”. Sobre la base o fundamentación hecha en esta diligencia concluyo solicitando de esta Corte de Apelaciones que decrete la nulidad de la sentencia proferida por la abogada Diana Calíbrese caniche en su condición de Juez segundo Accidental del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción judicial del estado Cojedes y reponga la causa al estado de dictar nueva sentencia que no adolezca de los vicios procesales anteriormente denunciados…”

VII
DE LA CONTESTACION DEL RECURSO POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

De las actuaciones analizadas en el ITER PROCESAL, y remitidas a esta Instancia decisora, observa quien aquí decide, que no se encuentran aquellas que evidencien, que el Ministerio Público haya dado contestación al recurso de apelación interpuesto en el caso de especie. En razón de ello, este Juzgador se abstiene de emitir pronunciamiento alguno sobre este punto in examine. Así se hace constar.


VIII
DE LA DECISIÓN APELADA

El suprimido Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, en Sala Accidental, por decisión de fecha 30 de junio de 1999, dispuso lo siguiente:
(Sic) “…Por todo lo antes expuesto éste JUZGADO SEGUNDO ACCIDENTAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES, ADMINISTARNDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, CONDENA AL PROCESADO JOSE ANTONIO GONZALEZ REYES, de las características personales que constan en autos, a sufrir la penal de DOCE (12) AÑOS DE PRESIDIO, en el Establecimiento Penal que le designe el Ciudadano Presidente de la República o quien haga sus veces y lo condena igualmente a las penas accesorias contempladas en los Artículos 13 y 34 del Código Penal…”.

IX
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR

De la lectura de las actas que conforman la presente causa, así como del estudio del fallo adversado, la Sala para decidir toma en cuenta las siguientes consideraciones:
El Abogado JUAN FRANCISCO MORALES MONTAGNE, plenamente identificado en autos, en su carácter de Defensor Privado Definitivo del procesado JOSE ANTONIO GONZALEZ REYES, también plenamente identificado en autos, interpone Recurso de Apelación en contra de la decisión dictada por el Juez Accidental del JUZGADO SEGUNDO ACCIDENTAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES, el día 30 de junio de 1999, alegando el recurrente lo siguiente: (Sic) “En la parte EXPOSITIVA la Sentenciadora hace la relación sucinta de la secuencia de los sucesos y enumera los contenidos inherentes a dicha parte.-En la parte MOTIVA la Juzgadora se concreta a hacer una enumeración de las Actas Procesales…el sentenciador no solo debe expresar los hechos dados por probados configurativos de dichas circunstancias, sino explicar por qué la considera así, es decir, señalar las pruebas en que se apoya, analizarlas, compararlas entre sí y con los demás elementos de autos que sea menester…”.
Ahora bien, esta Sala comparte parcialmente de la calificación jurídica dada por el Tribunal Segundo Accidental de Primera Instancia Penal de esta Circunscripción Judicial de Homicidio Intencional, tipificado en el artículo 407 del Código Penal, y decimos “parcialmente” por cuanto consideramos que se trata de un homicidio intencional pero CON ERROR EN LA PERSONA a quien se quería dar muerte, que no era precisamente a la esposa del acusado, sino a la persona que el acusado creyó que se encontraba en su casa robando, como en otras oportunidades, según emerge de su propia declaración, cuando manifestó: “…monté el arma como siempre lo hacía en situaciones normales, cuando llegué al portón lo abrí y una persona se me avalanzó y me dio un golpe en la mano, por el golpe el arma se accionó, cuando la persona cae al suelo es que me doy cuenta que era mi esposa…”(sic) (negrillas, cursiva y subrayado de esta Sala). A la pregunta que le fuera formulada en el extinto Tribunal Segundo de Primera Instancia Penal de esta Circunscripción Judicial, de: ¿ Diga Ud., si tiene por costumbre al escuchar un ruido, salir con el arma montada? Y contestó: “Normalmente salia, por que ya me habían robado varias veces, en tres oportunidades, y tengo pruebas de eso, o sea las denuncias por P.T.J” (sic) (Subrayado de la Sala) y es precisamente esa circunstancia de cargar un arma calibre 38, la cual según expertos en la materia, la sana crítica y máximas de experiencia, no es factible que la misma pueda dispararse sola o accidentalmente, sino que tiene que ser accionada por quien la porta y otra que es que el encausado salió con el dedo en el gatillo, dispuesto a disparar a quien consiguiera en su casa, lo que demuestra la intención del acusado dirigida a ocasionar la muerte de otra persona distinta a su esposa, (al presunto ladrón ocasional), pero por circunstancias ajenas a su voluntad resulta muerta es su esposa, pues el acusado no tomó una actitud adecuada ante la convicción de encontrar a un delincuente dentro de su casa, ese delincuente que él se apresuró a buscar para darle muerte, pues lo buscaba armado con el dedo en el gatillo para hacerse justicia por sus propias manos, ya que ni siquiera se encontraba ante un estado de necesidad, de intenso dolor o en legítima defensa.
En este mismo orden de ideas, observa esta Sala que el acusado no se encontraba frente a circunstancias que lo hubieren eximido de responsabilidad como : 1.- Agresión ilegítima por parte del que resulta ofendido por el hecho; 2.-Necesidad de medio empleado para impedirla o repelerla y 3.- Falta de provocación suficiente de parte del que pretenda haber obrado en defensa propia, entre otras, NO CONCURREN en este caso ninguna causa de justificación a lo que se contrae el artículo 65 del Código Penal, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos el cual establece:
“Artículo 65.- No es punible:
1º. El que obra en cumplimiento de un deber o en ejercicio legítimo de un derecho, autoridad, oficio o cargo, sin traspasar los límites legales.
2º. El que obra en virtud de obediencia legítima y debida…
3º.El que obra en defensa de su propia persona o derecho, siempre que concurran las circunstancias siguientes:
1º Agresión ilegítima por parte del que resulta ofendido por el hecho.
2º. Necesidad de medio empleado para impedirla o repelerla.
3º Falta de provocación suficiente de parte del que pretenda haber obrado en defensa propia.
Se equipara a la legítima defensa el hecho con el cual el agente, en el estado de incertidumbre, temor o terror, traspasa los límites de la defensa.
4º El que obra constreñido por la necesidad de salvar su persona, o la de otro, de un peligro grave o inminente, al cual no haya dado voluntariamente causa, y que no pueda evitar de otra modo.”
Con base a lo anterior, considera esta Alzada, que no se dan en este caso ninguno de los supuestos antes mencionados, ni siquiera el estado de incertidumbre, temor o terror, debido a que una persona en estas circunstancias no hubiese procedido a salir a buscar al ladrón que creía metido dentro de su casa, más bien se hubiera escondido o llamado inmediatamente a cualquiera de los Cuerpos de Seguridad del Estado, como es el deber ser; todos éstos análisis nos lleva a considerar que, de haber encontrado a un desconocido dentro de su casa, le hubiera disparado a matar, que fue lo que hizo, él accionó el arma, ya que el tipo de arma de fuego utilizada, según los expertos, las máximas de experiencias y la sana crítica, como dijimos, debe ser accionada para que se produzca el disparo, repetimos, el encausado accionó el arma creyendo que era un ladrón y se sorprendió al ver caer a su esposa, quien se le abalanzó y a quien no alcanzó a ver dado a la oscuridad del lugar, como lo manifestaron tanto el ciudadano José Antonio González Reyes y las victimas, en sus declaraciones.
Así las cosas, la razón de querer darle muerte a un delincuente, es precisamente que en varias oportunidades (tres veces) lo habían robado en su casa, claro que esto no es una causal de justificación, por cuanto es bien conocido por todos, que nadie absolutamente nadie, ninguna persona puede, ni debe hacerse justicia por sí mismo, por que para eso existen leyes y procedimientos establecidos para resguardar la integridad física, la vida y bienes patrimoniales de los ciudadanos, así como cuerpos de seguridad garantes de que esto se cumpla. A manera de ampliar lo antes expuestos, traemos a colación extractos del contenido de los siguientes fallos del máximo Tribunal de la República Bolivariana de Venezuela, a saber:
1.- Sentencia dictada en fecha 11 de Octubre de 2000, por el Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, Ponencia del Magistrado ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS, con ocasión del Recurso de Casación interpuesto por la Defensa del acusado MILAGROS OSORIO WEVER, contra la decisión del Juzgado Superior Primero en lo Penal del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, constituido por los jueces asociados CARMEN XIOMARA BELLERA Y PASTOR HERRERA, el 16 de Septiembre de 1998, que Condenó al procesado ARNALDO ENRIQUE GALINDEZ, a la pena de DOCE AÑOS DE PRESIDIO y las accesorias legales correspondientes, por la comisión del delito de HOMICIDIO INTENCIONAL, tipificado en el artículo 407 del Código Penal vigente para la época, expresando la sentencia in comento:
“ En el fallo recurrido el sentenciador valoró como indicio la declaración del procesado y establece “se desprende que efectivamente el ciudadano Arnaldo Enrique Galíndez estuvo en el lugar de los hechos y cuando llegó al local ya estaba prevenido de que una persona desconocida se encontraba en dicho local.... ”
“La Ley no define lo que deba tenerse como confesión, pero esta Sala ha admitido en reiteradas sentencias que confesar es el reconocimiento hecho por el declarante de haber sido autor, cómplice o encubridor del hecho o delito que se le atribuye, es decir, el libre reconocimiento de ser el autor del presunto hecho delictuoso que se averigua…” (Negrillas de esta Sala).
2.- Sentencia Nº 41 de Sala de Casación Penal, del Tribunal Supremo de Justicia, Expediente Nº C06-0533, de fecha 22 de Febrero de 2007. Tema: Aberratio Ictus o error en golpe. (sic), de la cual cito: “En el presente caso, se configura lo que se denomina en doctrina “una aberratio ictus o error en golpe”, que se suscita cuando el sujeto activo dirige la acción hacia una persona determinada, pero ésta recae en una distinta.
Motivó esta causa la intención del acusado de matar al ciudadano Eduardo Quintero y no a la ciudadana Yaneska Díaz Meza, quien falleció como consecuencia de tal acción.
El referido error en el golpe no afecta de modo alguno la intencionalidad del acto cometido por el acusado, el cual debió subsumirse, como se dijo antes en el tipo penal de Homicidio Intencional con error en la persona. Ciertamente, el supuesto antes indicado, no exime de responsabilidad penal al sujeto activo, pero si incide sobre la aplicación de la dosimetría penal, ya que en los casos donde se presente el supuesto antes referido, el juez tiene el deber de omitir las circunstancias agravantes existentes y aplicar las circunstancias atenuantes si las hubiere, tal como lo establece el artículo 68 del Código Penal venezolano, que dispone: “Cuando alguno por error, o por algún otro accidente, cometa un delito en perjuicio de persona distinta de aquella contra quien había dirigido su acción, no se le imputarán las circunstancias agravantes que dimanen de la categoría del ofendido o lesionado, o de sus nexos con éste, pero sí las que habrían disminuido la pena del hecho si lo hubiera cometido en perjuicio de la persona contra quien se dirigió su acción…” (Negrillas, cursiva y subrayado de esta Sala accidental).
3.- Sentencia de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 06 de Diciembre del año 2005, dictada por el Magistrado ponente Doctor ELADIO RAMON APONTE APONTE, con ocasión del Recurso de Casación interpuesto por el ciudadano Fiscal Tercero del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, ABG. JESUS MANUEL MANEIRO ROSILLO, contra la decisión dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Sucre, de fecha 21 de Octubre de 2004, que Condenó al ciudadano Yanci José Brito Villegas, titular de la Cédula de Identidad Nº V-9.939.696, a cumplir la pena de presidio (sic) de cinco (05) años por el delito de HOMICIDIO CULPOSO, previsto y sancionado en el artículo 411 eiusdem, la cual señala:
(sic) “La Sala para decidir observa:

El artículo 407 del Código Penal establece:

“El que intencionalmente haya dado muerte a alguna persona, será penado con presidio de doce a dieciocho años”
De la disposición anteriormente transcrita se desprende que la conducta tipificada en el delito de homicidio intencional comprende la concurrencia de los siguientes elementos: a) la acción de una persona que le produce la muerte a otra; b) la expiración de la vida de la víctima como consecuencia de la acción; y c) la intencionalidad o dolo del sujeto activo de realizar la acción, como elemento básico de este tipo penal.
Ahora bien, el principio de que no hay acción sin culpa, corresponde al requerimiento del elemento subjetivo o psicológico del delito; según dicho principio, ningún hecho o comportamiento humano es estimado como acción sino es el fruto de una decisión; en consecuencia, no puede ser castigado como tal si no es intencional, esto es, ejecutado con conciencia y voluntad por una persona capaz de comprender y de querer realizar la acción.
A juicio de la Sala, los hechos establecidos por el Tribunal de Primera Instancia constituyen el delito de homicidio intencional y no es el delito de homicidio culposo, como lo calificó la Corte de Apelaciones…”
“En base a los razonamientos anteriormente expuestos, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley hace los pronunciamientos siguientes: 1)…omissis.; 2)…omissis y 3) Se ratifica la sentencia del Tribunal Primero de Juicio (mixto) del mismo Circuito Judicial Penal del 1ª de abril de 2004, que condenó al ciudadano Yanci José Brito Villegas, a cumplir la pena de doce años de presidio más las accesorias correspondientes, por la comisión del delito de homicidio intencional, con error en persona, tipificado en el artículo 407 del código penal, en concordancia con el artículo 68 eiusdem…”

Por otra parte, esta Sala Accidental no comparte el criterio del recurrente, quien afirma que no hay pruebas de la culpabilidad del encausado JOSE ANTONIO GONZALEZ REYES, por cuanto existen en autos pruebas fehacientes de la comisión de un hecho punible tipificado en la Ley Penal como Homicidio, quedando demostrada la intención del encausado en cometer el hecho en la persona de un presunto ladrón, no en la persona de su cónyuge, de lo cual se evidencia de las actas procesales, que los cónyuges mantenían relaciones normales como marido y mujer, como cualquier matrimonio de nuestra sociedad, lo que nos lleva a considerar que estamos en presencia del supuesto contenido en el artículo 68 de la Ley Sustantiva Penal, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos, y vigente en la actualidad el cual prevé:

“Artículo 68.- Cuando alguno por error, o por algún otro accidente, cometa un delito en perjuicio de persona distinta de aquella contra quien había dirigido su acción, no se le imputarán las circunstancias agravantes que dimanen de la categoría del ofendido o lesionado o de sus nexos con éste, pero sí las que habrían disminuido la pena del hecho si lo hubiera cometido en perjuicio de la persona contra quien se dirigió la acción” (Negrillas, cursiva y subrayado de esta Sala)

En este sentido, otra de las circunstancias que nos lleva a deducir que el encausado JOSE ANTONIO GONZALEZ REYES, tenía la intención de matar al presunto ladrón que creía encontrar dentro de su casa es la acción sumamente peligrosa asumida por el encausado, quien al oir ruidos en el portón de su casa, que da acceso al estacionamiento, cuando abrieron y cerraron el portón, que según su propia confesión, buscó su arma la montó (sic) “como siempre lo hacía en situaciones normales” y salió dispuesto a disparar lógicamente, por cuanto traía el dedo en el gatillo; en este sentido, traemos a colación parte de la Sentencia dictada por el Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Penal, Ponencia del Magistrado DOCTOR ALEJANDRO ANGULO FONTIVEROS, con ocasión del Recurso de Casación interpuesto por la ciudadana ABG. JACKELINE SANDOVAL ESCOBAR, en su carácter de Fiscala Trigésima Primera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas y el abogado HEBER ALBERTO SULBARAN MUÑOZ, en su carácter de apoderado judicial de la parte acusatoria, contra la decisión de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, dictada en fecha 17 de abril del año 2000, que CONDENO al ciudadano imputado ROBERT ALEXANDER TERAN LOPEZ, identificado en el referido fallo, a cumplir la pena de CINCO AÑOS OCHO MESES, TRES DIAS Y DIECINUEVE HORAS DE PRISIÓN, y las accesorias de ley por los delitos de HOMICIDIO CULPOSO, SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE Y OMISION DE SOCORRO, previstos en los artículos 411,240 y 440 del Código Penal, el cual citamos:
“…Dada la tan peligrosa acción del imputado ¿por qué no considerar el “animus necandi” o deseo de matar? Es evidente que la acción desplegada por el imputado fue idónea para matar.”
Es indiscutible que se está en presencia de un homicidio
intencional…”
Por otra parte, esta Sala Accidental, pasa a valorar las pruebas promovidas y evacuadas por las partes del proceso, adminiculando cada una de ellas, conforme lo ordena el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala de Casación Penal, con Ponencia de la Magistrada Blanca Rosa Mármol de León, en su fallo proferido con ocasión del Recurso de Casación interpuesto por el Defensor Privado abogado JUAN FRANCISCO MORALES MONTAGNE y el apoderado judicial de las victimas, abogado ANTONIO SOSA GARCIA, en fecha 14 de Abril de 2004, en el sentido de que las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo, conforme las disposiciones del Código de Enjuiciamiento Criminal, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos y serán valoradas y adminiculadas con todos los efectos de ley, en los siguientes términos:
Resulta plenamente demostrado en los autos que el día 08 de Enero de 1998, en horas de la noche, aproximadamente a las 10:30 p. m, la ciudadana CARMEN ZORAIDA SÁNCHEZ DE GONZALEZ, dejó de existir a consecuencias de un disparo producido por proyectil de un arma de fuego que recibiera en la región supra-orbital interna derecha, por parte de su legítimo cónyuge quien confesó que la muerte se produjo de manera accidental, dado que al momento en que ocurrieron los hechos, el arma de fuego que portaba se le disparó, cuando se le abalanzó una persona y le dio un golpe en la mano lo que produjo el disparo, dándose cuenta de que se trataba de su esposa cuando la persona cae al suelo.
En este sentido, con las circunstancias narradas y todos y cada uno de los elementos de convicción insertos en la presente causa, queda configurado plenamente el delito de HOMICIDIO INTENCIONAL SIMPLE CON ERROR EN PERSONA, como lo prevé y sanciona el artículo 407 del Código Penal, vigente para el momento en que ocurrieron los hechos, hoy artículo 405 eiusdem, en concordancia con las circunstancias atenuantes establecidas en los artículos 68, 74, ordinales 2° y 4º todos del citado Código, vigente para la época en que sucedieron los hechos, y que siguen vigente en la actualidad, disentimos con sumo respeto del criterio de Homicidio Intencional calificado en la persona de su cónyuge, como había sido decidido por otros sentenciadores, pues es criterio de esta Alzada, que en el caso in examine, la “intencionalidad” propiamente dicha en el sujeto activo, es decir, en el cónyuge de la hoy occisa