CAPITULO I DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA CAUSA Actuaciones del Superior: De conformidad con lo preceptuado en el artículo 243, ordinal 3º del Código de Procedimiento Civil se procede hacer una síntesis de la controversia: Se inicia la presente controversia, en virtud de la demanda de Simulación de Venta por Colación – Acción por Colación, incoada por los ciudadanos: Khaled Daniel Ziab Irched, Juaida Carolina Ziab Irched, y Abir Jackeline Ziab Irched, venezolanos, mayor de edad, titulares de la cédula de identidad Nº V-14.770.967; V-14.770.966 y V- 16.157.804, procesalmente domiciliados en la Calle pichincha entre Mariño y Boyacá, casa Nº 3-23, de la ciudad de San Carlos, municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes, teléfono: 0412-4525272, correo electrónico: ziabkhaled@gmail.com; asistidos del profesional del derecho, ciudadano abogado Rodolfo Antonio Rodríguez Lozada, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-11.964.141, debidamente Inscrito por ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 193.745, con domicilio en la Calle Páez (final), casa Nº 13-6, de la ciudad de San Carlos estado Cojedes, teléfono celular: 0412-7482318, correo electrónico: rodolfoantoniorodriguezlozada1@gmail.com; en contra de la ciudadana Yojaina Soledad Ziab Irched, venezolana, soltera, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-17.888.882, con domicilio en la Urb. Alto Llano, edificio 5, piso 2, apartamento Nº 2-C” de la ciudad de San Carlos, municipio Ezequiel Zamora del Estado Cojedes. Teléfono: 0424-4506176. Por auto de fecha 03 de julio del año 2025, se dejó expresa constancia que se recibió del Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes un (01) cuaderno de apelación signado con el Nº11.830, de lo cual la suscrita secretaria dio cuentas a la ciudadana jueza. Por auto de fecha 03 de julio del 2025, este tribunal tomó razón de su entrada, signándosele al presente asunto el Nº 1457, y en consecuencia esta alzada dejó transcurrir un lapso de cinco (05) días de despachosiguientes, para que las partes si así lo consideren soliciten la constitución de asociados. En fecha 04 de julio del 2025, la parte actora, a través de apoderado judicial, consignó diligencia mediante la cual solicitó la expedición de copias simple de los folios 01 al 72 del presente expediente. En la misma fecha el tribunal mediante auto respectivo, acordó lo solicitado y ordenó agregar la diligencia a las actas que conforman el presente expediente. Mediante auto de fecha 10 de julio del 2025, se dejó constancia que venció el lapso para que las partes soliciten la constitución de asociados; asimismo, se fijó lapso de diez (10) días de despacho siguientes, para que las partes inmersas en la presente controversia consignen sus escritos de informes. En fecha 25 de julio del 2025, la parte demandada consignó escrito de informes contentivo de cuatro (04) folios útiles. En la misma fecha, por Auto del tribunal se ordenó agregarlo a las actas del expediente, dejando constancia que el mismo fue presentado dentro del lapso correspondiente. En fecha 28 de julio del 2025, mediante diligencia, la parte actora solicitó copias simples de los folios que van del 78 al 81 del presente expediente. En la misma fecha, el tribunal mediante auto acordó lo solicitado y ordenó agregar dicha diligencia a las actas que conforman el presente expediente. En fecha 30 de julio del 2025, la parte actora, mediante apoderado judicial, consignó escrito de informes contentivo de dos (02) folios útiles. En la misma fecha, por auto de este tribunal, se ordenó agregar el respectivo escrito y se dejó constancia que el mismo fue presentado dentro del lapso procesal correspondiente. Mediante auto de fecha 30 de julio del 2025, se dejó constancia que venció el lapso para la consignación de informes en la presente causa, y en consecuencia se dejó transcurrir el lapso de ocho (08) días de despacho para que las partes consignen escrito de Observación a los Informes. En fecha 05 de agosto del 2025, mediante diligencia, la parte demandada solicitó copias simples de los folios 85 vto y 86 vto. en la misma fecha, por auto de este juzgado, se acordó lo solicitado y se ordenó agregar dicha diligencia a las actas del expediente. En fecha 06 de agosto del 2025, la parte demandada, consignó escrito de Observación a los Informes, contentivo de dos (02) folios útiles. En la misma fecha, el tribunal mediante auto, ordenó agregarlo a las actasdel expediente y dejó constancia que el mismo fue presentado dentro del lapso procesal correspondiente. En fecha 07 de agosto del 2025, la parte actora, mediante diligencia solicitó copias simples de los folios 91 al 93 del presente expediente. En la misma fecha, el tribunal mediante auto, acordó lo solicitado y ordenó agregar dicha diligencia a las actas que conforman el presente expediente. En fecha 11 de agosto del 2025, la parte actora, presentó escrito de observación a los informes, contentivo de dos (02) folios útiles. Y en la misma fecha, el tribunal mediante auto, ordenó agregarlo a las actas que conforman el presente expediente y dejó constancia que el mismo fue presentado dentro del lapso procesal correspondiente. En fecha 11 de agosto del 2025, el tribunal emitió auto, mediante el cual dejó constancia del vencimiento del lapso para la consignación de Observación a los Informes, dejando transcurrir el lapso de treinta (30) días para dictar la correspondiente sentencia. En fecha 14 de agosto del 2025, la parte demandada, mediante diligencia, solicitó copias simples de los folios que van del 196 al 199 del presente expediente. En la misma fecha, por auto del tribunal, se acordó lo solicitado y se ordenó agregar dicha diligencia a las actas que conforman el presente expediente. CAPÍTULO II CONCIDERACIONES PARA DECIDIR Quedando planteado el problema, pasa esta Juzgadora a realizar las siguientes observaciones: Alegatos de la parte demandada en su escrito de Apelación: (…omissis…) “Horas de despacho del día de hoy doce (12) de mayo de 2025, comparece por ante este Tribunal, el abogado en ejercicio Juan P. Rodríguez F. inscrito en el I.P.S.A Nº 41.714 y en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada, expone: visto el auto de fecha 07 de mayo de 2025, mediante el cual el tribunal niega lo solicitado, APELO del mismo por ante el tribunal Superior respectivo, es todo, terminó, se leyó y conformes firman…” En la oportunidad de presentar los informes, la parte demandada, expresó lo siguiente: (… Omissis…) “PRIMERO:En fecha 10 de Marzo del año 2025 el Tribunal A Quo, procedió a dictar auto mediante el cual se pronuncia sobre la admisión de las pruebas promovidas por las partes en el juicio que se lleva en el expediente N.º 11.830; En dicho auto de admisión el Tribunal procedió a la admisión de las pruebas promovidas tanto por la parte actora, como por la parte demandada, siendo que entre las promovidas por la parte actora (ver folio 38 al 43), el Tribunal admite la prueba de Experticia de Avalúo Económico solicitado por el actor (folio 41), en donde expresa: "...En referencia a la experticia de avalúo económico solicitada por la parte actora, este Tribunal, admite parcialmente, por cuanto considera que la misma corresponde a la libre apreciación que de cada prueba haga esta sentenciadora; este tribunal ADMITE la evacuación de dicha sobre los inmuebles señalados con los Números: uno (1) y tres (3), dejando a salvo su apreciación en la definitiva, en virtud a lo peticionado por la parte promovente, se observa...." Y más adelante (folio 42), señala:"... De lo anteriormente transcrito se evidencia la omisión en la falta de claridad y precisión en los puntos de área de terreno, sobre los cuales debe efectuarse la experticia, de conformidad con el articulo arriba transcrito, por lo que se Niega dicha prueba sobre el inmueble señalado como número dos (2)..." fin de la cita. Como puede observarse ciudadana Juez, de lo narrado por el A Quo en cuanto a la admisión de la prueba de experticia de avaluó económico, no se desprende que el mismo se haya pronunciado sobre el nombramiento de experto alguno o sobre el procedimiento para la designación del mismo para la práctica del mencionado avalúo económico; Ciudadana juez, sin menoscabo de que mi representada formuló la respectiva oposición y posterior apelación a las pruebas promovidas por el actor, y que cursa en expediente que se lleva por ante este Tribunal Superior en el expediente N.º 1.438 de la nomenclatura particular de este Tribunal, y en la continuación del juicio principal, a la espera del pronunciamiento del A Quo sobre el procedimiento para el nombramiento de expertos tal y como lo establece el Artículo 451 del Código de Procedimiento, mi representada se sorprende al ver que el A Quo procede no solo oficiar a la Dirección de Catastro de la Alcaldía del Municipio San Carlos del estado Cojedes (ver folio 46 y 47), en donde delega en ese organismo la designación del experto, sino que procede a Juramentar un experto en contravención al procedimiento para nombramiento de expertos establecido en la ley adjetiva Civil. Pues bien, ciudadana Juez, vista la irregularidad no solo en la delegación de la designación del experto, sino también en la Juramentación del mismo, mi representada Interpuso por ante el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes en el expediente 11.830 de la nomenclatura particular de ese Tribunal, formal APELACION al Auto dictado en fecha 12 de Mayo de dos mil veinticinco (2.025);Ahora bien, a fin de hacer un resumen que motiva la presente Apelación procedo a hacerlo en los siguientes términos: Se Interpuso ante el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y bancario del estado Cojedes, en el expediente N., 11.830, en fecha veintiocho (28) de Abril del año 2025, formal solicitud de revocatoria por Contrario imperio al auto dictado por este de fecha 23 de Abril del presente año, mediante el cual el A Quo, procede a Juramentar un experto en contravención al procedimiento para nombramiento de expertos establecido en el Artículo 451 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; ahora bien el mencionado Tribunal a través de Auto de fecha 07 de Mayo de 2025, NIEGA la solicitud de REVOCATORIA POR CONTRARIO IMPERIO del antes mencionado auto de fecha 23 de Abril de 2025), impidiéndole a mi representada la oportunidad de nombrar su propio experto o en su defecto, como dice la norma adjetiva, acordar conjuntamente con la parte actora que fuese designado un solo experto, cuestión ésta que no consta en actas del expediente. SEGUNDO: En la diligencia consignada en fecha veíntiocho (28) de Abril del año 2025, se explicó suficientemente cuando era la oportunidad en este tipo de procedimiento para nombramiento de expertos en los siguientes términos: "Visto que en fecha 23 de Abril del presente año, mediante auto, este Tribunal procede a Juramentar un experto en contravención al procedimiento para nombramiento de expertos establecido en el Artículo 451 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, vulnerando así el debido proceso, cuestión que podría causar gravámenes irreparables a las partes, y en virtud de la Tutela Judicial efectiva que debe imperar, solicito se revoque por contrario imperio todas las actuaciones inherentes a la designación y nombramiento del experto identificado en autos y se proceda de conformidad con lo establecido en el artículo 454 ejusdem; Y como consecuencia de ello se Reponga la causa al estado de que se fije oportunidad para la audiencia para nombramiento de expertos de conformidad con lo establecido en el artículo 452 del Código de Procedimiento Civil". Como se expresa aquí, el A Quo omitió el procedimiento para el nombramiento de expertos tal y como lo que establece norma, asícomo la Doctrina y la Jurisprudencia en estos casos; A tal efecto indica la doctrina en lo que al procedimiento de nombramiento de expertos de refiere: 1.-) Una vez que el Tribunal admite la prueba, tiene lugar el primer acto de procedimiento, que será fijado por el juez a una hora determinada del segundo día, para que las partes procedan a la designación de los expertos. En dicho acto, éstas manifestaran si están de acuerdo en que dicha prueba sea practicada por un solo experto y en caso contrario, la experticia será practicada por tres expertos. Todo ello de conformidad con el artículo 454 del Código de Procedimiento Civil; 2.-) En caso de que las partes hayan convenido en un solo experto, pero no se acordaren en su nombramiento, el experto será designado por el Juez. 3.-) Si no convinieren enque se practique por un solo experto, cada una de las partes nombrará un experto y el Juez nombrará un tercero, siempre que con respecto a este último no se acordaren en su nombramiento. En tal sentido tal y como lo establece el artículo 454 del Código de Procedimiento Civil, se evidencia que será en el acto de nombramiento de los expertos, donde las partes podrán acordar que la experticia sea practicada con la concurrencia de un solo experto y es necesario que para que sea practicada una experticia por un solo experto, según lo dispuesto en el artículo 454 del texto adjetivo civil, se requiere que medie entre las partes procesales un consenso o acuerdo. A fines ilustrativos señalo una sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha dieciocho (18) de Octubre del año dos mil uno (2.001), Exp. 0343 sentencia Nº 02340, publicada en fecha 23/10/2001, la cual dejo sentado lo siguiente:- ..." En tal sentido se observa, que la prueba promovida por la recurrente, es de las llamadas pruebas indirectas, la cual es definida por Hernando Devis Echandía como: "...la actividad procesal desarrollada, en virtud de encargo judicial, por personas distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos, mediante la cual se suministra al Juez argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción o cuyo entendimiento escapa a las aptitudes del común de las gentes...". Así vemos como el artículo 451 del texto adjetivo civil, señala lo siguiente: "La experticia no se efectuará sino sobre puntos de hecho, cuando lo determine el Tribunal de oficio, en los casos permitidos por la ley, o a petición de parte. En este último caso se promoverá por escrito, o por diligencia, indicándose con claridad y precisión los puntos sobre los cuales debe efectuarse". (subrayado por la Sala) Una vez precisado, que cualquiera de los sujetos procesales puede promover una experticia, ésta debe tramitarse según lo ordenado en el Código de Procedimiento Civil, ya sea para su promoción, evacuación y valoración. Inmediatamente, una vez que el Tribunal admite la prueba, tiene lugar el primer acto de procedimiento, que será fijado por el juez a una hora determinada del segundo día, para que las partes procedan a la designación de los expertos. En dicho acto, éstas manifestaran si están de acuerdo en que dicha prueba sea practicada por un solo experto y en caso contrario, la experticia será practicada por tres expertos. Todo ello de conformidad con el artículo 454 del Código de Procedimiento Civil, el cual señala: "Cuando la experticia haya sido acordada a pedimento de parte, las partes concurrirán a la hora señalada para hacerel nombramiento, debiendo en este caso presentar la constancia de que el experto designado por ellas aceptará el cargo. En dicho acto las partes manifestarán si están de acuerdo en que se practique por un solo experto y tratarán de acordarse en su nombramiento. En caso de que las partes hayan convenido en un solo experto pero no se acordaren en su nombramiento, el experto será designado por el Juez.. Si no convinieren en que se practique por un solo experto, cada una de las partes nombrará un experto y el juez nombrará un tercero, siempre que con respecto a este último no se acordaren en su nombramiento. (subrayado por la Sala) De la norma transcrita ut supra, se evidencia que será en el acto de nombramiento de los expertos, donde las partes podrán acordar que la experticia sea practicada con la concurrencia de un solo experto..." Sobre este aspecto es de importancia destacar algunas consideraciones doctrinarias y jurisprudenciales en cuanto a la prueba de experticia su promoción admisión y tratamiento de la misma. En este sentido el Código de Procedimiento Civil Venezolano establece en los artículos 451 al 471 del Libro Segundo (Del procedimiento ordinario), Título II (De la instrucción de la causa), Capítulo VI (De la experticia), las normas que regulan la experticia, estableciendo que: Artículo 451: "La experticia no se efectuará sino sobre puntos de hecho cuando lo determine el Tribunal de oficio, en los casos permitidos por la ley o a petición de parte. En este último caso se promoverá por escrito o por diligencias, indicándose con claridad y precisión los puntos sobre los cuales debe efectuarse." Artículo 452 "Admitida la prueba, el Juez fijará una hora del segundo día siguiente para proceder al nombramiento de los expertos." Artículo 453: "El nombramiento de los expertos, bien sea hecho por las partes o bien por el Juez, no podrá recaer sino en personas que por su profesión, industria o arte, tengan conocimientos prácticos en la materia que se refiere la experticia (...)" Artículo 454: "Cuando la experticia haya sido acordada a pedimento de parte, las partes concurrirán a la hora señalada para hacer el nombramiento, debiendo en este caso presentar la constancia de que el experto designado por ellas aceptará el cargo (...)" Artículo 463: "Los expertos practicarán conjuntamente las diligencias. Las partes podrán concurrir al acto personalmente o por delegados que designarán por escrito dirigido a los expertos y hacerles las observaciones que crean convenientes (...)". (Negrillas y Subrayado del Tribunal).En base a lo anteriormente expuesto, se observa que el legislador otorga a los jueces la facultad de contar con la opinión emitida por uno o hasta tres expertos en un área determinada, ya sea por petición de las partes o de oficio. Es así que se entiende que la experticia, en este sentido, es un proceso mediante el cual una persona o un grupo de personas con conocimientos, habilidades y experiencia en un campo determinado, emiten juicio o dictamen técnico sobre un asunto en particular. Resulta beneficioso para quien aquí juzga, traer a colación que el autor EMILIO CALVO BACA en su obra Código de Procedimiento Civil de Venezuela, pagina 436, considera que la prueba de experticia es el medio probatorio personal que busca la convicción del juez sobre la existencia o inexistencia de ciertos hechos a través de la opinión de personas con conocimientos técnicos o científicos acerca del materia controvertida, también pone de relieve, que ésta se diferencia de la inspección judicial, dado que la experticia es el reconocimiento técnico o científico, encomendada a terceros los cuales se les denomina expertos o peritos. Asimismo, según Rodrigo Rivera Morales, en su obra "Las Pruebas en el Derecho Venezolano", p(62), la experticia se puede definir como el medio de prueba que consiste en la aportación de ciertos elementos técnicos, científicos o artísticos que la persona versada en la materia, por tener conocimientos especiales acerca de ella, hace para que sean apreciados por el juez. La experticia sólo se efectúa sobre hechos que no pueden ser apreciados personalmente por el juez a través de inspección judicial y sólo pueden ser determinados mediante instrumentos técnicos y aplicación de conocimientos especiales. Por su parte, el tratadista Leo Rosenberg, manifiesta que la experticia es "el medio a través del cual se procura al magistrado el conocimiento que le falta sobre normas jurídicas o máximas de experticia o que en razón de su especial idoneidad facilita la apreciación o el establecimiento de los hechos concretos del caso litigioso", mientras que el doctor Arminio Borjas menciona que la experticia "es una prueba indirecta, por medio de la cual se solicita el dictamen de especialistas, sobre determinados hechos y cuya apreciación exige adecuados conocimientos". Así las cosas, resulta imprescindible señalar que el ordenamiento jurídico venezolano, con la finalidad de garantizar los principios y derechos que deben tener las partes en un proceso, ha incorporado los principios probatorios de control y contradicción de las pruebas, los cuales exigen que pruebas como es la que solicitan los demandantes de autos, identificados ut supra, a saber, una experticia técnica de avalúo económico para el año 2.002, deben ser promovida y practicadas dentro del juicio, ello con la finalidad de que la parte contraria a la promoverte pueda ejercer su legítimo derecho a contradecir y controlar supromoción y evacuación., como el hecho contenido en la norma de que será en el acto de nombramiento de los expertos, donde las partes podrán acordar que la experticia sea practicada con la concurrencia de un solo experto. Estos principios están consagrados en el numeral 1º del artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando se establece: Artículo 49: "El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: 1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso (...)" (Negrilla y Subrayado del Tribunal) Es así como se considera oportuno mencionar lo expuesto por el autor Santana Mujica, quien establece que "las pruebas se evacúan bajo el control del juez y de la contraparte, y en cada medio probatorio existen mecanismos específicos para hacer efectivo el contradictorio y ejercer el control reglamentado". En este sentido, el principio del control de la prueba consiste, así como lo expone el autor Jesús Eduardo Cabrera en su obra Contradicción y control de la prueba legal y libra, "...en la oportunidad que deben tener las partes para concurrir a los actos de evacuación de los medios de prueba, a fin de realizar las actividades asignadas a ellas por la ley según su posición procesal, e igualmente para hacer las observaciones y reclamos que consideren necesarios (las oportunidades y actividades integran el principio de control de la prueba)". Pues bien, con a lo anteriormente expuesto, se concluye que la prueba de experticia debe ser promovida cumpliendo con los principios de control y contradicción de la prueba, por ende, debe ser con el conocimiento de ambas partes y en concordancia con el procedimiento establecido en los artículos 451 al 471 del Código de Procedimiento Civil. Así, conforme a estos principios, no puede realizarse la misma de forma secreta o clandestina, ya que debe necesariamente oírse a ambas partes, en virtud que el juez basará su decisión en los hechos alegados y probados por las partes. Por último, Solicito respetuosamente la admisión del presente escrito de Informes y que el mismo sea apreciado al momento de dictar sentencia definitiva de fondo, declarando CON LUGAR la APELACION Y REPONGA la causa al estado de que se cumpla con el procedimiento para el nombramiento de expertos en juicio principal: Es Justicia en san Carlos a la fecha de su presentación…” (sic).En la oportunidad de presentar los informes, la parte demandante, expresó lo siguiente: (…Omissis…) “1. DE LA DETERMINACIÓN PRECISA DEL RECURSO DE APELACIÓN EJERCIDO POR LA PARTE DEMANDADA: En este estado es importante reseñar, que el recurso de apelación de este asunto, se genera una vez que este Tribunal Superior actuando en segunda instancia, decide la admisibilidad del Recurso de Hecho planteado por la representación judicial de la parte demandada ciudadana YOJAINA SOLEDAD ZIAB IRCHED, dado la negativa de oir la apelación efectuada mediante diligencia de fecha 12 de mayo de 2025 por parte del Abogado JUAN P. RODRIGUEZ, contra el auto del juzgado a-quo de fecha 07 de mayo de 2025, que NEGO la solicitud de revocatoria por contrario imperio del AUTO DE MERO TRÁMITE de fecha 23 de abril de 2025, contentivo de JURAMENTACIÓN DEL EXPERTO AVUALUADOR, ciudadano JOSÉ GREGORIO LANDAETA, quien fue designado por el DIRECTOR DE CATASTRO DEL MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN CARLOS, por solicitud que hiciera el mismo Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, mediante los Oficios números: 041- 2025 y 042-2025, ambos de fechas 10 de marzo del año 2025, misma fecha que fueron admitidas las pruebas de cada una de las partes, cuyo lapso de apelación precluyó el día 13 de marzo de este mismo año II. DE LA INCONGRUENCIA DE LA APELACIÓN EJERCIDA CONTRA EL AUTO DE MERO TRÁMITE CONTENTIVO DE JURAMENTACIÓN DEL EXPERTO AVUALUADOR CON LO SOLICITADO EN EL ESCRITO DE INFORMES DEL PRESENTE ASUNTO En efecto ciudadana Juez, consta en este mismo Tribunal por notoriedad judicial en el (Expediente N° 1438), que la representación judicial de la ciudadana YOJAINA SOLEDAD ZIAB IRCHED, apeló del AUTO DE ADMISIÓN DE PRUEBAS dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial de fecha 10 de marzo del año 2025, cuyo lapso de apelación culminó el día 13 de marzo del año 2025, en el cual solicitaron que fueran inadmitidas las pruebas de experticia económica de los inmuebles descritos en el auto, de la prueba de exhibición de documento bancario, de las documentales públicas identificadas con los números "20", "21" y "22", de la prueba de informes al registro público, y de la prueba de inspección judicial, la cual fue declarada por este Tribunal SIN LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN en fecha 30 de junio de 2025. Ahora bien, se desprende igualmente del recurso de apelación ejercido por la parte demandada (Expediente N° 1438), que no alegaron absolutamente nada sobre elsupuesto incumplimiento del debido proceso en la falta de aplicación de los artículos 451 al 454 del Código de Procedimiento Civil, que era la oportunidad procesal previsto para ello, ahora pretenden fuera del debido proceso con el recurso de apelación contra el AUTO DE MERO TRÁMITE de fecha 23 de abril de 2025, contentivo de JURAMENTACIÓN DEL EXPERTO AVUALUADOR, ciudadano JOSÉ GREGORIO LANDAETA, designado el Director de Catastro del Municipio Autónomo de San Carlos, por solicitud que hiciera el mismo Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, mediante los Oficios números: 041-2025 y 042-2025, ambos de fechas 10 de marzo del año 2025; que este Tribunal reponga al estado de que su cumpla con el procedimiento para el nombramiento de los expertos Es igualmente oportuno destacar, que esta defensa también apeló parcialmente del auto de admisión de pruebas del juzgado a-quo, que por notoriedad judicial decidió este mismo Tribunal CON LUGAR el recurso, tal como se observa en el (Expediente N° 1437), contra la negativa del a-quo de admitir la experticia de avalúo económico del inmueble identificado en el escrito de pruebas con el número "13". Al igual que en el (Expediente N° 1438), tampoco nos opusimos a la designación de oficio que hizo la Juez a-quo en los Oficios identificados con los números: 041-2025 y 042-2025 (Dirigidos a la Dirección de Ingeniería Municipal de la Alcaldía del Municipio San Carlos del Estado Cojedes), ambos de fechas 10 de marzo del año 2025; ambos expresan: *...que haciendo uso de las facultades que le confieren los artículos 2, 26, 49, 51 y 257 constitucionales y conforme a lo dispuesto en los artículos 452 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo estatuido en el articulo 453 eiusdem, acordó la experticia solicitada por la parte actora para que determine el valor del mercado referencial en moneda de curso legal..." (...) *...es por lo cual este tribunal solicita respetuosamente designe perito evaluador a los fines de practicar la misma haciéndole saber que el mismo debe comparecer ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, al segundo (2do) día de despacho siguiente a que conste en autos su notificación a las Diez de la mañana a los fines de prestar juramento de ley..." De lo ordenado por el juzgado a-quo antes transcrito, reitero que ninguna de las partes (demandantes y demandada) en su oportunidad procesal apeló de esa decisión y así se constata de los expediente 1437 y 1438 que aún se encuentran en este tribunal, con lo cual la pretensión por la parte recurrente infringe el debido proceso y el derecho a la defensa de mis representados, por cuanto los términos o lapsos procesales no podrán prorrogarse ni abrirse de nuevodespués de cumplidos, sino en los casos expresamente determinados por la Ley. Asimismo, se evidencia de los Oficios identificados con los números: 041-2025 y 042-2025 (Dirigidos a la Dirección de Ingeniería Municipal de la Alcaldía del Municipio San Carlos del Estado Cojedes), que las experticias acordadas por el aquo fue DE OFICIO, quien solicitó la designación del experto avaluador a la Dirección de Ingeniería Municipal de la Alcaldía del Municipio San Carlos del Estado Cojedes, amparada bajo los artículos 2, 26, 49, 51 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en concordancia con lo dispuesto en los artículos 452 y 453 del Código de Procedimiento Civil. A tenor de lo dispuesto en la normativa legal antes transcritas indicadas por el a-quo previamente, es facultativo del juez que conoce de la causa, ordenar la experticia cuando lo considere necesario para formarse un criterio más amplio con respecto al asunto sometido a su estudio, en consecuencia, queda también libremente facultado dicho juzgador para determinar el número de expertos que designará para efectuar el examen que requiera. De allí que, la juez de primera instancia designó un solo perito para la práctica de los avalúos en la presente causa, actuó conforme a lo establecido en la antes citada norma adjetiva y por ende, no puede considerarse que el mismo con su decisión haya dejado a la parte accionada en estado de indefensión, tal como lo denuncia la parte recurrente. Para demostrar lo antes alegado, se observa al Folio 60 del presente asunto, la diligencia de fecha 12 de mayo de 2025 suscrita por parte del Abogado JUAN P. RODRIGUEZ, contra el auto del juzgado a-quo de fecha 07 de mayo de 2025, que NEGO la solicitud de revocatoria por contrario imperio del AUTO DE MERO TRAMITE de fecha 23 de abril de 2025, contentivo de JURAMENTACIÓN DEL EXPERTO AVUALUADOR, ciudadano JOSÉ GREGORIO LANDAETA Consta igualmente a los Folios 51 al 52 del presente asunto (Designación por la Dirección de Catastro del Municipio Autónomo San Carlos de Austria del Experto Avaluador y el auto del tribunal que acuerda agregarlos a los autos) ambos de fecha 11 de abril de 2025. Igualmente consta a los Folios 53 del presente asunto (Aceptación de la designación del Experto Avaluador, ciudadano JOSÉ GREGORIO LANDAETA,) de fecha 23 de abril de 2025. Se desprende del Folio 54 del presente asunto, AUTO de fecha 23 de abril de 2025, contentivo de JURAMENTACIÓN DEL EXPERTO AVUALUADOR, ciudadano JOSÉ GREGORIO LANDAETA, en cuyo acto fijado por el tribunal a-quo, y en ese mismo día le fue entregado por el tribunal a-quo lacredencial correspondiente al experto debidamente juramentado (Ver Folio 55 del presente asunto). Posteriormente, en fecha 28 de abril de 2025, el Abogado EDGAR RAFAEL VERA BRAVO. Mediante diligencia solicita que se revoque por contrario imperio todas las actuaciones inherentes a la designación y nombramiento del experto, que fueron actos posteriores al auto de admisión de las pruebas. Ciudadana Juez, en el presente asunto no existe infracción alguna del derecho a la defensa y al debido proceso alegado por la parte recurrente, puesto quienes sin probidad alguna pretenden convertir un acto procesal que no fue impugnado en su oportunidad legal, para retrotraerlo al estado de iniciar nuevamente una experticia que no se sabe si va ser apreciada o no en la sentencia definitiva por el tribunal de primera instancia, con lo cual no existe ninguna infracción que pueda vulnerar el derecho a la defensa y el debido proceso de ambas partes en este asunto. En consecuencia, el recurso de apelación ejercido por la representación judicial de la parte demandada, contra el auto de admisión de pruebas dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial en fecha 10 de marzo de 2025, debe ser declarado SIN LUGAR y debe ser CONFIRMADO el auto apelado. Finalmente, solicito en nombre de mis representados la admisión del presente escrito de OBSERVACIONES a los informes presentados por la representación judicial de la parte demandada-recurrente, y declare SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido contra el auto de admisión de pruebas dictada por el Juzgado a-quo en fecha 10 de marzo de 2025 y CONFIRMADO el auto apelado. ES JUSTICIA, en la ciudad de San Carlos, hoy, día, mes y año de la nota de presentación…” (sic). En la oportunidad de presentar escrito de Observación a los Informes, la parte demandada, expresó lo siguiente: (…Omissis…) CAPITULO ÚNICO: Ciudadana Juez, tal y como se narró en el escrito de Informes presentado por mi representada, efectivamente en el auto fecha 10 de Marzo del año 2025 el Tribunal A Quo procedió a la admisión de las pruebas promovidas por las partes, de donde se desprende que en el mencionado auto de admisión de la prueba de experticia de avaluó económico, no hubo pronunciado por parte del Tribunal de la causa, sobre la designación o el nombramiento de experto alguno o sobre el procedimiento a seguir para la designación del mismo para la práctica del mencionado avalúo económico, más por el contrario el A Quo obvió cl procedimiento para el nombramiento de expertos tal y como lo establece el Artículo 451 del Código de Procedimiento Civil, delegando dichonombramiento en un órgano administrativo y oficia a la Dirección de Catastro de la Alcaldía del Municipio San Carlos del estado Cojedes, para que sea este organismo quien designe al experto. Ciudadana Juez, la parte actora en el punto I de su escrito de Informes, expone acertadamente que el recurso de apelación de este asunto se genera por la admisibilidad del recurso de hecho planteado por mi representada, derivado de la negativa del A Quo de oir la apelación contra el auto de fecha 07/05/2025 que negó la Revocatoria por contrario imperio del auto de fecha 23/04/2025, denominado por la parte actora como de mero trámite, y el cual contenía la irrita Juramentación del experto Avaluador ciudadano JOSE GREGORIO LANDAETA, quien como expresamente lo reconoce el actor, fue designado por el Director de Catastro del Municipio Autónomo de San Carlos del estado Cojedes; Ahora bien ciudadana Juez, esta irregularidad, también reconocida por el actor al expresar que dicha designación fue efectuada o materializada por el ente administrativo y no por el Tribunal de la causa, no solo radica en el auto de Juramentación, sino en todo el procedimiento para la designación del experto o expertos, tal y como ya tantas veces se ha mencionado, en contravención, por parte del A Quo, al procedimiento establecido en el artículo 451 de la ley adjetiva civil, de tal manera que no es como lo indica el actor, que con esta acción mi representada actúa fuera del debido proceso, ya que una cosa es la apelación al auto de admisión de las pruebas formulada por mi representada, y otra cosa es el cumplimiento formal del procedimiento para la evacuación de las pruebas promovidas y admitidas por el Tribunal de la causa. Ciudadana Juez, es deber del Tribunal de oficio corregir las faltas de cualquier acto procesal en procura de la estabilidad del juicio y en protección al derecho constitucional al debido proceso, así el Código de Procedimiento Civil en su Artículo 206, establece: Los jueces procurarán la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal (...)".. Así mismo el "Artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece: "El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales". Como se destaca en el presente caso no se trata de un simple formalismo, sino de el quebrantamiento de formas procesales esenciales, que causan indefensión o menoscabo del derecho de defensa de mi representada, por lo tanto no es como lo indica el actor en su escrito de informes, en donde expone que es facultativo del juez que conoce de la causa ordenar determinar el número de expertos que designará paraefectuar el examen que requiera, sino que por el contrario tal y como se ha venido delatando, el A Quo debió ceñirse al procedimiento establecido en el Capítulo VI de la norma adjetiva civil, específicamente lo establecido en el artículo 454 ejusdem. Es por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento a los hechos como en el derecho señalados, donde se constata el incumplimiento por parte del A Quo de la normativa establecida en el Articulo 451 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, al no cumplirse la normativa para la práctica y nombramiento de expertos es por lo que solicito de este Tribunal, DECLARE: PRIMERO: con lugar la apelación y SEGUNDO: REPONGA la causa al estado en que el A Quo, de cumplimiento con el procedimiento para el nombramiento de expertos en juicio principal, desechando en consecuencia todo lo señalado por El actor en su escrito de informes. Es justicia. San Carlos, a la fecha de su presentación…” En la oportunidad de presentar escrito de Observación a los Informes, la parte demandante, expresó lo siguiente: (…Omissis…) 1. DE LA RATIFICACIÓN QUE EL PRESENTE RECURSO DE APELACIÓN EJERCIDO POR LA PARTE ACCIONADA RECAE CONTRA EL AUTO DE MERO TRÁMITE CONTENTIVO DE JURAMENTACIÓN DEL EXPERTO AVUALUADOR Y NO DEL AUTO DE ADMISIÓN DE PRUEBAS En efecto, el recurso de apelación de este asunto, se genera una vez que este Tribunal Superior actuando en segunda instancia, decide la admisibilidad del Recurso de Hecho planteado por la representación judicial de la parte demandada ciudadana YOJAINA SOLEDAD ZIAB IRCHED, dado la negativa de oír la apelación efectuada mediante diligencia de fecha 12 de mayo de 2025 por parte del Abogado JUAN P. RODRIGUEZ, contra el auto del juzgado aquo de fecha 07 de mayo de 2025, que NEGÓ la solicitud de revocatoria por contrario imperio del AUTO DE MERO TRÁMITE de fecha 23 de abril de 2025, contentivo de JURAMENTACIÓN DEL EXPERTO AVUALUADOR, ciudadano JOSÉ GREGORIO LANDAETA, quien fue designado por el DIRECTOR DE CATASTRO DEL MUNICIPIO AUTONOMO DE SAN CARLOS, por solicitud que hiciera el mismo Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, mediante los Oficios números: 041-2025 y 042-2025, ambos de fechas 10 de marzo del año 2025, misma fecha que fueron admitidas las pruebas de cada una de las partes, cuyo lapso de apelación precluyó el día 13 de marzo de este mismo año, ejerciendo cada una de las partes recurso de apelación que fueron decididas por este mismo Tribunal en los Expedientes números: 1437 y 1438, en el cual ninguna de las partes solicitó a este Tribunal pronunciamiento alguno respecto a la violación del debido proceso en la designación de oficio que hizo el juzgado a-quo en el auto de admisión depruebas de fecha 10 de marzo del año 2025 en la designación del experto evaluador. Es posterior, a la JURAMENTACIÓN DEL EXPERTO AVUALUADOR, ciudadano JOSÉ GREGORIO LANDAETA, que la parte accionada se opone a la juramentación, cuando lo correcto era hacer las observaciones o aclaraciones al experto, cosa que tampoco hicieron, ahora pretenden con el presente recurso que se les prorrogue el lapso de apelación del auto de admisión de pruebas, siendo que dicho lapso no pueden abrirse de nuevo después de cumplidos, sino en los casos expresamente determinados por la Ley. Ciudadana Juez, en el presente asunto no existe infracción alguna del derecho a la defensa y al debido proceso alegado por la parte recurrente, puesto quienes sin probidad alguna pretenden convertir un acto procesal que no fue impugnado en su oportunidad legal, para retrotraerlo al estado de iniciar nuevamente una experticia que no se sabe si va ser apreciada o no en la sentencia definitiva por el tribunal de primera instancia, con lo cual no existe ninguna infracción que pueda vulnerar el derecho a la defensa y el debido proceso de ambas partes en este asunto. En consecuencia, el recurso de apelación ejercido por la representación judicial de la parte demandada, contra el auto de admisión de pruebas dictado por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial en fecha 10 de marzo de 2025, debe ser declarado SIN LUGAR y debe ser CONFIRMADO el auto apelado. Finalmente, solicito en nombre de mis representados la admisión del presente escrito de OBSERVACIONES a los informes presentados por la representación judicial de la parte demandada-recurrente, y declare SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido contra el auto de admisión de pruebas dictada por el Juzgado a-quo en fecha 10 de marzo de 2025 y CONFIRMADO el auto apelado. ES JUSTICIA, en la ciudad de San Carlos, hoy, día, mes y año de la nota de presentación. CAPÍTULO III MOTIVACIONES PARA DECIDIR Esta Alzada como órgano superior asume el conocimiento pleno de la controversia, y en tal sentido, tiene plena jurisdicción sobre el asunto recurrido, lo que le permite descender a las actas procesales y revisar todo lo acontecido durante el desarrollo del iter procesal, y para resolver la situación jurídica planteada, este Tribunal, procederá al estudio de la actas procesales que conforman el expediente, y todo en base al artículo 12 de Código de Procedimiento Civil que expresamente señala lo siguiente: “…Los Jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procuraranconocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse a las normas del derecho, a menos que la ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de estos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados. El Juez debe fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común o máximas de experiencia…” De las actuaciones antes discriminadas, se observa, que el presente juicio se fundamenta principalmente en el Recurso de Hecho interpuesto por la ciudadana Yojaina Soledad Ziad Irched, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-17.888.882, debidamente asistida por el abogado Edgar Rafael Vera Bracho, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-9.530.238, debidamente Inscrito por ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 212.150, de este domicilio, contra el auto emitido por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, en fecha 07 de mayo del año 2025, en el cual Declaró: “… Omissis… (Extracto del auto) “…Revisadas las actas que conforman el presente asunto, y así mismo visto la diligencia que riela al folio ciento catorce (114) de la pieza dos (2) mediante el cual el Apoderado judicial de la parte demandada, abogado Edgar Vera, inscrito en el I.P.S.A bajo el N° 212.150, solicita: Se revoque por contrario imperio todas las actuaciones inherentes a la designación y nombramiento del experto identificado en autos y se proceda de conformidad con lo establecido en el artículo 454 ejusdem: Y como consecuencia de ello se Reponga la causa al estado de que se fije oportunidad para la audiencia para nombramiento de expertos de conformidad con lo establecido en el artículo 452 del Código de Procedimiento Civil y en tal virtud se declaren nulas todas las actuaciones practicadas, Solicitud que hago conforme a lo indicado en el artículo 206 ejusdem. Y así mismo vista las diligencia que riela al folla 115 y 116 de la pieza dos (02), de este expediente, presentada por los Apoderados Judiciales: abogada Daisy GarcíaMéndez, inscrita en el I.P.S.A. N° 103.957, la primera, y por el abogado Rodolfo Rodríguez, Inscrito en el I.F.S.A bajo el N° 193.745, la segunda, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales de la parte demandante mediante la cual rechazan dicha solicitud. Este consecuencia este Tribunal observa, si bien es cierto que se realizo dicha Designación del experto de conformidad con lo establecido en el artículo 453 del Código de Procedimiento Civil, siendo que el mismo fue proporcionado por la institución imparcial municipal oficiada, quien posee las debidas credenciales que comprueban los conocimientos prácticos en la materia a que se refiere la experticia, de lo cual la parte interesada y promovente de dicha prueba, no realizo objeción alguna. En ese mismo orden, cabe señala que respecto al auto de Admisión de la prueba de experticia en cuestión, fue interpuesto recurso de Apelación mediante escrito que riela al folio 53 al 57 de la pieza dos (02) del presente asunto, de lo cual aun no consta resulta alguna por lo que este Tribunal niega lo solicitado. Así se indica.-…” (Sic) (resaltado propio de esta superioridad). Ahora bien, se evidencia en el recorrido procesal del presente expediente que del Recurso de Apelación interpuesto surge de la negativa del Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, de revocar tal y como la parte demanda, hoy apelante, así lo solicitó en su diligencia de fecha 28 de abril del 2025 que riela al folio 61 de este expediente, toda vez que, de acuerdo a sus alegatos, el tribunal recurrido debió obrar conforme a lo establecido en el artículo 451 y subsiguientes del Código de Procedimiento Civil respectivamente, es por ello que esta Superioridad se ve en la obligación de emitir pronunciamiento referente a lo explanado por el Tribunal a-quo así como a los argumentos establecidos por las partes hoy actuantes en el presente recurso, siendo necesario a fines ilustrativos establecer que la figura del Recurso de Apelación fue prevista por el legislador, a fin de que un Tribunal de Superior Jerarquía revise los pronunciamientos formulados por los juzgados de la causa, con ocasión de las apelaciones que se interpongan contra los fallos producidos por éstos, garantizando así el principio de la doble instancia e impidiendo la posibilidad que aquellos frustren las posibles impugnaciones que se realicen contra sus pronunciamientos, siendo así la actividad natural del Juzgado Superior la de revisar las actuaciones del tribunal de la causa, única y exclusivamente, en lo que respecta al pronunciamiento del motivo particular que haya dado origen a la interposición del recurso de apelación ejercido ante éste, e instruyendo, en principio, la correcta ejecución de lasactuaciones procesales que de acuerdo a los principios deontológicos que exige la investidura de juzgamiento del juez o jueza a-quo al momento de hacer sus respectivos pronunciamientos. En este sentido, la parte recurrente acciona el proceso en esta segunda instancia procesal en vista de la negativa del tribunal de la causa al negar lo solicitado por esta, quien en su momento solicita que de acuerdo al artículo 452 y 454 del Código de Procedimiento Civil se “revoque por contrario imperio todas las actuaciones inherentes a la designación y nombramiento del experto identificado en autos y se proceda de conformidad con lo establecido en el artículo 454 ejusdem; y como consecuencia de ello se reponga la causa al estado de que se fije oportunidad para la audiencia para nombramiento de expertos de conformidad con lo establecido en el artículo 452 del Código de Procedimiento Civil y en tal virtud se aclaren nulas todas las actuaciones practicadas”, por cuanto el tribunal a-quo, vista tal solicitud, para proveer sobre ello, consideró que “…se realizó dicha designación del experto de conformidad con lo establecido en el artículo 453 del Código de Procedimiento Civil, siendo que el mismo fue proporcionado por la institución parcial municipal oficiada, quien posee las debidas credenciales que comprueban los conocimientos prácticos en la materia a que se refiere la experticia, de lo cual la parte interesada y promovente de dicha prueba, no realizó objeción alguna…” (sic). En este contexto se evidencia en el discurrir del presente expediente, que la parte hoy recurrente interpone el presente Recurso de Apelación en el lapso establecido en el artículo 288 del Código de Procedimiento Civil en virtud de que en fecha 07 de mayo del año 2025, el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil Mercantil del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, mediante auto, negó lo solicitado mediante diligencia de fecha 28 de abril del 2025, por lo que en fecha 12 de mayo del mismo año, el ciudadano abogado Juan Paulo Rodríguez, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-6.881.771, debidamente inscrito en el IPSA bajo el N° 41.714, mediante diligencia, anunció Recurso de Apelación contra el referido auto, habiendo transcurrido tres (03) días de los cinco (05) establecidos en el artículo 305 ejusdem, interpone el presente recurso. Así se verifica.Ahora bien, en lo que respecta al caso que hoy nos ocupa, el recurrente alega que, lo peticionado ante el tribunal a quo se ciñe a que se revoque por contrario imperio todas las actuaciones efectuadas por el tribunal de la causa, inherentes a la designación y nombramiento del experto investido por el Tribunal a-quo como calculista avaluador, a los fines de que éste realizara y consignara en su debido momento los informes contentivos de dos (02) avalúos; el primero, sobre un inmueble constante de un Apartamento ubicado en el segundo piso del edificio Nº 5, distinguido con el Nº 2-C, Lote de terreno III-A Etapa del conjunto Residencial Altollano, ubicado en la urbanización Cantaclaro, entre Avenida Principal, calle Nº 1 y Avenida 3, de la ciudad de San Carlos del estado Cojedes; y el Segundo atinente a Terreno – Locales Comerciales y Vivienda, ubicados en la Avenida Bolívar cruce con calle Carabobo S/N, sector centro, de la ciudad de San Carlos del estado Cojedes; y que como consecuencia de esto, tal solicitud es realizada a los fines de que se reponga la causa al estado de que se fije oportunidad para la audiencia en la que han de nombrarse expertos de conformidad con lo establecido en los artículos 452 y 454 del Código de Procedimiento Civil respectivamente, que taxativamente establecen lo siguiente: (…omissis…) Art. 452 “Admitida la prueba, el Juez fijará una hora del segundo día siguiente para proceder al nombramiento de los expertos.” Art. 454 “Cuando la experticia haya sido acordada a pedimento de parte, las partes concurrirán a la hora señalada para hacer el nombramiento, debiendo en este caso presentar la constancia de que el experto designado por ellas aceptará el cargo. En dicho acto las partes manifestarán si están de acuerdo en que se practique por un solo experto y tratarán de acordarse en su nombramiento. En caso de que las partes hayan convenido en un solo experto pero no se acordaren en su nombramiento, el experto será designado por el Juez. Si no convinieren en que se practique por un solo experto, cada una de las partes nombrará un experto y el Juez nombrará un tercero, siempre que con respecto a este último no se acordaren en su nombramiento. (sic). De lo anterior, se tiene que la normativa transcrita establece la forma procesal de operar en caso de que alguna de las partes haya promovido la práctica de una experticia; o si de oficio, el Tribunal ordenare la misma, toda vez que esta consiste en la aportación al juez de la opinión de personas expertas sobre la materia controvertida, y que surazón de ser está en la evidencia de que el Juez no puede poseer todos los conocimientos científicos, que requiere la apreciación de las diversas cuestiones que se plantean en los diversos litigios, lo que conlleva a saber también que, para suplir esto, se recurre a los expertos en la materia, quienes ilustran al Juez sobre el particular, y por ello, este asesoramiento constituye la experticia o prueba pericial propiamente dicha. Añade Emilio Calvo Baca en la obra “Código de Procedimiento Civil” en el cometario alusivo al artículo 451, sobre el tema que “…los expertos determinan las causas y efectos de los hechos y las razones de orden técnico que pueden pasar desapercibidas a primera vista. Así se puede comprobar de visu la rajadura que presenta un muro, pero no la causa de la misma, la inminencia de que el muro se derrumbe; esto sería materia de la experticia.” Además de ello, se colige con lo anterior que, tanto la norma como la doctrina patria, establecen acerca del nombramiento de los expertos que, acordada como haya sido la experticia, el juez debe fijar una hora del segundo día siguiente para el nombramiento de estos; acto que debe concatenarse con las formalidades propias de lo pautado por la norma civil sustantiva en su artículo 1.423 y 1.424 respectivamente, y que por lo tanto, no hacerlo tal como lo expresa la comentada norma, se incurriría en un quebrantamiento sustancial del proceso, que a todas luces es violatorio del orden público, pudiendo generar en lo sucesivo la nulidad de todas las actuaciones que se puedan desarrollar en este juicio, inclusive, cualquier sentencia, llamase definitiva o incidental. Así se precisa. - En tal sentido, alegado esto por la recurrente, presenta además una serie de probanzas para demostrar sus dichos, que si bien es cierto que la naturaleza de la acción principal lo que pretende es demostrar la Simulación de Venta de unos bienes inmuebles, que a la luz de lo que la parte demandante esgrime, se constituyen como parte del acervo hereditario del que forman parte tanto los demandantes de autos como la demandada en la presente acción; y que además, lo que se pretende de manera conexa es traer a “colación” jurídicamente hablando, la masa hereditaria de la que todos son “legítimamente titulares”; no es menos cierto que, si una de las partes, tal como se ha desarrollado en el presente asunto, solicitó como medio de pruebas la práctica de una experticia, o que en su defecto, el tribunal de oficio la haya ordenado, esta debe practicarse tal y como así lo establece taxativamente la norma procesal civil a partir de su artículo 451 en aras del cumplimiento y garantía deldebido proceso, sustentando el proceso sobre la naturaleza del Principio procesal del Orden Público, toda vez que la norma procesal civil es precisa al determinar las formas en que el proceso debe llevarse a cabo. De lo supra delatado, procede necesario admitir que, si bien es cierto que, aun cuando una de las partes concuerde con el proceder del acto jurisdiccional emitido por el tribunal de la causa, no es menos cierto que, ha sido criterio reiterado de la Sala de Casación Civil que las formas procesales garantizan el derecho a la defensa de las partes en el proceso. Es así que se ha de tener por cierto el criterio establecido por la Sala en sentencia Nº 000145 del 04/04/2025, al dejar por sentado que (…omissis…) “conviene precisar que el derecho a la defensa está indisolublemente ligado a las condiciones del modo, tiempo y espacio fijados en la ley para su ejercicio. Las formas procesales no son caprichosas, no persiguen entorpecer el procedimiento en detrimento de las partes; por el contrario, una de sus finalidades es garantizar el ejercicio pleno y eficaz de esa garantía constitucional, como es el derecho a la defensa…” (sic). Ergo de lo anterior, es preciso dejar claro que la Sala ha venido sosteniendo esta postura, habida vez que en fecha 04 de abril del año 2025, mediante sentencia Nº 000145, arguyó que: (…omissis…) “…conviene precisar que el derecho a la defensa está indisolublemente ligado a las condiciones de modo, tiempo y espacio fijados en la ley para su ejercicio. Las formas procesales no son caprichosas, ni persiguen entorpecer el procedimiento en detrimento de las partes; por el contrario, una de sus finalidades es garantizar el ejercicio pleno y eficaz de esa garantía constitucional, como es el derecho a la defensa. En este sentido, respecto a la subversión procesal la Sala ha dejado establecido que: “…los actos deben realizarse en la forma prevista en este código y en leyes especiales. Esta norma consagra el principio de legalidad de las formas procesales, en aplicación del cual la estructura del proceso, su secuencia y desarrollo está preestablecida en la ley, y no es disponible por las partes o por el juez subvertir o modificar el trámite ni las condiciones de modo, tiempo y lugar en que deben practicarse los actos procesales…”, en razón de ello no es dado al juez o las partes subvertir el orden establecido en la ley, pues: “…Las formas procesales no son establecidas por capricho del legislador, ni persiguen entorpecer el procedimiento en detrimento de las partes. Por el contrario, una de sus finalidades es garantizar el ejercicio del derecho de defensa y un desarrollo eficaz del proceso…”. (Vid.sentencia número 4, del 29 de enero de 2002, caso: Luis Ramón Araujo Villegas contra Automóvil de Korea, C.A.).(sic) Siendo esto así, es dable a esta juzgadora, llegar a la conclusión de que los actos procesales deben realizarse en estricto cumplimiento de las formas procesales previstas en la norma, entiéndase como tal, código o leyes especiales, siendo que es de estas normas positivas que se desprende la consagración del principio de legalidad de las formas procesales, que en aplicación del cual la estructura propia del proceso, su secuencia y desarrollo natural está establecida en la ley, y no es dado ni a las partes ni al juez alterar el trámite ni las condiciones, tal como lo indica, de modo, tiempo y lugar en los que han de realizarse los actos procesales. Es por lo que esta superioridad, en plena armonía con lo determinado por la Sala, apunta hacia la reiterada conclusión de que, no está permitido al juez de la causa y a las partes inclusive pretender subvertir el orden sólidamente establecido en la ley, toda vez que, el designio del porqué de su existencia es garantizar el ejercicio del derecho a la defensa y un desarrollo eficaz del proceso. Así se determina. - En este contexto, se debe tener por precisado que no se debe desvirtuar por ningún motivo la esencialidad de algunos actos procesales en el desarrollo de cualquiera que sea la acción invocada; es decir, debe prevalecer el respeto de lo que naturalmente busca resguardarse bajo el principio del Orden Público, siendo que este representa una noción que cristaliza todas aquellas normas de interés público que exigen observancia incondicional, y que no son derogables por disposición privada. En atención a esto, respecto de ese interés público del que se ven revestidos algunos actos específicos del proceso, la Sala de Casación Civil en sentencia Nº 000301 del 02 de junio del 2023, en el que trajo a colación el criterio de esta misma sala de fecha 08 de julio de 1999, dispuso a los efectos de establecer sobre qué actos procesales tienen alcance el interés u orden publico dentro del proceso, determinado que: (…omissis…) “en tal sentido, ha considerado que encuadran dentro de esta categoría, entre otras, las materias relativas a los requisitos intrínsecos de la sentencia, a la competencia en razón de la cuantía o la materia, a la falta absoluta de citación del demandado y a los trámites esenciales del procedimiento… (sic) “…la regulación legal sobre laforma, estructura y secuencia obligatoria del proceso civil, es impositiva, es decir, obligatoria en su sentido absoluto, para las partes y para el juez, pues esa forma, esa estructura y esa secuencia que el legislador ha dispuesto en la ley procesal, son las que el Estado considera apropiadas y convenientes para la finalidad de satisfacer la necesidad de tutela jurisdiccional de los ciudadanos, que es uno de sus objetivos básicos…” (sic). Por otra parte es oportuno acotar que los principios relativos a la defensa del Orden Público y Constitucional y el Debido Proceso, imponen al juzgador dar aplicación a los principios procesales de saneamiento, relevancia o trascendencia, de nulidad esencial y el de obligatoriedad de los procedimientos establecidos en la Ley, (…)” En el mismo orden de ideas, y lo referente al concepto de orden público, esta Sala, elaboró su doctrina sobre el concepto de orden público, con apoyo en la opinión de Emilio Betti, así: “…que el concepto de orden público representa una noción que cristaliza todas aquellas normas de interés público que exigen observancia incondicional, y que no son derogables por disposición privada. La indicación de estos signos característicos del concepto de orden público, esto es, la necesidad de la observancia incondicional de sus normas, y su consiguiente indisponibilidad por los particulares, permite descubrir con razonable margen de acierto, cuándo se está o no en el caso de infracción de una norma de orden público.” (sic). En esta secuencia de ideas, y a juzgar por lo supra transcrito, se debe dejar por establecido que estos actos que requieren del cumplimiento de las formalidades que conllevan al cumplimiento del principio tanto del Derecho a la Defensa, como de la Tutela Judicial Eficaz, así como del Debido Proceso, son actos que repercuten en lo que concierne al acervo probatorio invocado ad initio de la acción incoada, y aun cuando quien aquí se funge como recurrente no es quien invoca la práctica del referido medio probatorio, quien aquí juzga de igual modo, debe dejar entrever, en virtud de la naturaleza del principio Pro Actione, la operatividad del Principio de Adquisición Procesal, que visto desde la postura jurisprudencial de la Sala de Casación Civil, en sentencia Nº 000409 de fecha 14/07/2023, determina en alusión del prenombrado principio que, (…Omissis…) “…la actividad de las partes no determina la conducta del juez en la formación de su convicción acerca del mérito de las pruebas, las cuales se consideran adquiridas para el proceso y no para cada una de las partes individualmente consideradas. Según este principio,una vez incorporada la prueba al proceso, deja de pertenecer al litigante que la ha producido, para transformarse en común, que es la denominada “comunidad de la prueba”,; cada parte puede aprovecharse, indistintamente, de su prueba como de la producida por la contraparte, y a su vez, el juez puede utilizar las resultas probatorias aún para fines diferentes de aquellos de aquellos que contemplan las partes que las producen, de modo que el juez puede valorarlas libremente, conforme a las reglas de la sana crítica, aún en beneficio del adversario de aquella parte que ha producido la prueba.”(sic). De ahí que debe arribarse a la conclusión de que invocado como haya sido un derecho, en este caso, el promovido medio de pruebas, éste debe ser satisfecho jurisdiccionalmente bajo las garantías constitucionales y procesales supra estudiadas a los fines de determinar todo lo que se crea pertinente para la conducencia de una convicción acertada que permita sostener el derecho que mejor pueda asistirle respecto de la acción aquí incoada a cualquiera de las partes de manera íntegra; es decir, la demanda por Simulación de Venta y por Colación, no para perseguir la resolución plena del conflicto debatido en la demanda, pero si para el cumplimiento de una obligación de hacer en un determinado acto, que no sólo puede afectar el interés público y social que subyace en el cumplimiento de las normas atinentes a la tutela judicial efectiva y al debido proceso establecidos como principios constitucionales, sino que es a todas luces un acto de eminente orden público. Así se determina. - En este orden de ideas, el referido Tribunal escuda su negativa de revocar por contrario imperio todas las actuaciones inherentes a la designación y nombramiento del experto avaluador designado en autos, por cuanto consideró que, dicha designación se realizó cumpliendo con lo normado en el artículo 453 del Código de Procedimiento Civil; sin embargo, de acuerdo a lo que de las actas procesales se desprende, se evidencia cierta informalidad respecto de lo exigido en el artículo precedente a este, es decir, el artículo 452 ejusdem, siendo que todo acto al que se esté llamado a cumplir mediante la práctica de una audiencia, a criterio de quien aquí decide debe tenerse por un acto de interés público, y por ende, debe efectuarse revestida de las más precisas formalidades. Así se evidencia. - Entonces, visto desde esta perspectiva, se debe dejar esclarecido cual es la naturaleza procesal de cada uno de estos preceptos legales paradar por cumplido el Principio del Derecho a la Defensa que surge de la debida práctica de la experticia objeto de estudio de este asunto, promovida como medio de prueba para aportar al juez elementos de convicción sólidos de sumen a la resolución de del fondo del asunto en conflicto; y es por estos motivos que, la parte recurrente, visto desde la lógica jurídico-procesal de esta superioridad, acierta al exigir el cumplimiento de las formalidades procesales que la acción propuesta precisa para su eficaz y ajustado desarrollo, indiferentemente de quien los promueva en el devenir procesal de la causa; y por tal motivo, el juez como director del proceso tiene la obligación de mantener y proteger las garantías constitucionalmente establecidas, evitando extralimitaciones, desigualdades o incumplimiento de formalidades esenciales que puedan generar un estado de indefensión a las partes involucradas. En este sentido se pone de manifiesto no solo la importancia del papel del juez como director del proceso, sino que además, se preceptúan los mecanismos de los que puede valerse para defender la integridad y validez de cada uno de los actos del proceso, criterio este sostenido por la Sala de Casación Civil en fecha 07 de junio del 2017, bajo en número de expediente 2016-000969, con ponencia del Magistrado Francisco Ramón Velázquez Estévez, del cual se extrae textualmente lo siguiente: Omissis… “… En el ejercicio de las facultades y deber del Juez de inquirir la verdad, con fundamento en los principios consagrados en los artículos 2 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que impone al Estado la obligación de garantizar una justicia idónea, equitativa y expedita, la jurisprudencia de este Alto Tribunal, ha venido insistiendo en la actividad que debe desplegar el juez… Es por lo que quien aquí decide considera que el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial incurrió en un error procesal al negar lo solicitado por la parte demandada, de recovar por contario imperio todas las actuaciones inherentes a la designación y nombramiento del experto avaluador identificado en las actas, por cuanto debió prever el debido cumplimiento de las garantías procesales para dar por satisfecho el Principio del Derecho a la Defensa, cimentado sobre los pilares de los Valores Superiores, la Tutela Judicial Eficaz y el Debido Proceso estatuidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ensus artículos 2, 26 y 49 respectivamente, a los fines de dar por satisfecho el ordenamiento procesal estatuido en el artículo 451 y subsiguientes del Código de Procedimiento Civil y producir certeza en el juez respecto a los puntos controvertidos en cuanto a la naturaleza que reviste la presente acción. En virtud a los razonamientos que se han venido esgrimiendo y de acuerdo a la importancia que tienen los preceptos jurisprudenciales en el Derecho Civil actual se debe dejar establecido que estas no son más que un medio por el cual el Estado Venezolano a través del Poder Judicial garantiza la materialización de la justicia, para ello, esta Superioridad garantiza en todo momento la materialización de la justicia con altos parámetros de idoneidad, integridad, preparación, eficacia, eficiencia y visión futurista en la resolución de conflictos e intereses con prudencia y cautela a la hora de establecer criterio referente a las jurisprudencias esgrimidas por el Tribunal Supremo de Justica, resultando de este análisis la idoneidad en la cual forzosamente debe diferir del criterio sostenido por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes. Bajo las consideraciones expuestas, esta alzada declara: CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la ciudadana Yojaina Soledad Ziab Irched, venezolana, soltera, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-17.888.882, con domicilio en la Urb. Cantaclaro, Residencias Alto Llano, Apartamento “C” del municipio San Carlos del Estado Cojedes, representada por el ciudadano abogado Edgar Rafael Vera Bravo, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-9.530.238, debidamente Inscrito por ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 212.150, con domicilio en la Calle “Los Silos” CC Multicentro Los Llanos, Piso 1 Oficina PA8, contra del auto proferido por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, en fecha 07 de mayo del año 2025; en consecuencia, se ordena se fije el acto de nombramiento de los expertos de conformidad con lo preceptuado en el artículo 452 del Código de Procedimiento Civil; Se condena en Costas a la parte perdidosa del presente recurso de conformidad con el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil. Se ordena notificar a las partes, y que se haga uso de los medios electrónicos, cumpliendo con loestipulado en la sentencia de la Sala de Casación Civil Nº 386, de fecha 12 de agosto del año 2022. Así se decide.