CAPITULO I DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA CAUSA Actuaciones del Superior: De conformidad con lo preceptuado en el artículo 243, ordinal 3 del Código de Procedimiento Civil se procede hacer una síntesis de la controversia: Se inicia la presente incidencia por Recusación, presentada en el asunto principal de la demanda por Desalojo de Local Comercial, incoada por el ciudadano Juan Ronaldo Gutiérrez Ramírez, venezolano, mayor de edad, titular de las cédula de identidad N°V-16.993.279, contra la Sociedad Mercantil Pollo En Brazas El Teide- San Carlos C.A, Representado por Román Alexander Álvarez Pérez, por ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil del Tránsito y Bancario y de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes.Mediante auto de fecha 17 de Junio del 2025, se deja constancia que se recibió oficio Nº 092-2025 de fecha 13 de Junio del 2025, en relación al expediente Nº 6110, constante de una (01) pieza, constante de treinta y siete (37) folios útiles. En consecuencia, esta alzada dejó transcurrir un lapso de cinco (05) días de despacho siguientes, para que las partes si así lo consideren soliciten la constitución de asociados. En esa misma fecha se le dio entrada bajo el Nº 1452. Revisadas como han sido las actuaciones llevadas por esta alzada; se procede a verificar las actuaciones llevadas por el tribunal A-quo, a los fines de comprobar que se hayan resguardado las garantías constitucionales: En fecha 13 de marzo del 2025, el tribunal dictó sentencia de la recusación declarando lo siguiente: La inadmisibilidad de la recusación presentada, de conformidad con lo previsto en el artículo 102 de la norma procesal, concatenada con el ordinal 18º del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil. Mediante diligencia de fecha 26 de marzo del 2025, comparece ante el tribunal el apoderado judicial de la parte demandada a los fines de exponer: Primero: pido a la ciudadana juez, se sirva observar que la decisión que declara inadmisible la recusación planteada por esta representación judicial en contra de la juez de la causa se encuentra fechada jueves 13 de marzo del corriente año 2.025, y es la que encabeza estas actuaciones, las cuales el día lunes 17 del corriente mes y año, lo que significa a todas luces que no se dejó prelucir el lapso de ley para recurrir de dicho fallo, pues es evidente que entre la fecha del fallo aludido exclusive y, la fecha de remisión inclusive en todo caso habrían transcurrido dos días hábiles, lesionándose así de manera flagrante, el derecho a la defensa, al debido proceso y el principio de la doble instancia, y son las razones por la cual solicito a la ciudadana juez, se sirve conforme a lo dispuesto en el artículo 206 del código de procedimiento civil, reordenar el proceso para el restablecimiento de los derechos y principios vulnerados; en consecuencia, ordene el Desglose de este cuaderno para su remisión al tribunal de la cognición Segundo: pide se acuerde expedir por secretaria copia debidamente certificada de la decisión de fecha 13 de marzo que declaro inadmisible la recusación de esta diligencia y del auto que provea lo conducente. Mediante auto de fecha 04 de Abril del 2025, mediante oficio N° 039/2025, se le da el reingreso al cuaderno de recusación remitido por el Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, constante de una(01) pieza de doce(12) folios útiles. El tribunal ordena darle reingreso bajo su número. Así mismo se deja constancia que la pieza principal se encuentra en el Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes.Mediante auto de fecha 07 de abril del 2025, la abogada Gloria Josefina Linares, en virtud de la designación como jueza Suplente Especial del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, mediante acta N°24 de fecha 24 de marzo del 2025, acuerda: Primero: Abocarse al conocimiento de la causa. En fecha 09 de abril del 2025, comparece ante el tribunal el apoderado judicial de la parte demandada a los fines de apelar al fallo de fecha 13 de marzo del 2025, dictado por dicho tribunal. Mediante auto de fecha 09 de abril del 2025, el tribunal acuerda agregar la diligencia presentada por el apoderado judicial de la parte demandada. Mediante auto de fecha 23 de abril del 2025, el tribunal deja constancia del vencimiento del lapso para que las partes ejerzan el derecho de recusación. Mediante auto de fecha 25 de abril del 2025, el tribunal se pronuncia en cuanto a la diligencia planteada por el ciudadano Oswaldo Monagas, inscrito en el IPSA bajo el N° 49.909, apoderado judicial de la parte demandada, Niega la apelación interpuesta por el ciudadano antes mencionado, por ser IMPROCEDENTE en derecho. En fecha 02 de mayo del 2025, comparece ante el tribunal el apoderado judicial de la parte demandada a los fines de solicitar mediante diligencia dos (02) juegos de copias debidamente certificadas de todas las actas que conforman el cuaderno. Por auto de fecha 09 de mayo del 2025, el tribunal ordena agregar a los autos la diligencia presentada en fecha 02 de mayo del 2025 a los fines legales consiguientes, y acuerda lo solicitado. En fecha 04 de Junio del 2025, se recibió oficio N° 061/2025, remitido del Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, a los fines de hacer de conocimiento la decisión proferida por dicha alzada en el expediente N° 1440(Nomenclatura Interna de este Tribunal) por motivo de Recurso de Hecho. Mediante auto de fecha 04 de junio del 2025, el tribunal acuerda agregar a los autos el oficio remitido a los fines legales consiguientes. En fecha 04 de junio del 2025, comparece ante el tribunal el abogado Oswaldo Polanco, inscrito en el IPSA bajo el N° 44.049 a los fines de solicitar mediante diligencia Primero:cómputos por secretaria de los días de despacho (días hábiles en lo que el tribunal resolvió) desde el día 07 de febrero del 2025, exclusive hasta el día 12 de marzo del mismo año, inclusive; Segundo: se acuerde incorporar a estas actuaciones el acta plasmada por el ciudadano alguacil en el libro de novedades, a la cual se hizo mención en el fallo de fecha 13 de marzo del 2025. Por auto de fecha 04 de junio del 2025, el tribunal a-quo acordó agregar a los autos del expediente la diligencia de fecha 04 de junio del 2025 a los fineslegales consiguientes, así como también, niega la solicitud hecha respecto del computo, y niega la incorporación del acta administrativa plasmada en el libro del alguacil. Mediante auto de fecha 04 de junio del 2025, el tribunal visto que por error involuntario no constan en auto la diligencia de fecha de 12 de marzo de 2025, presentada por el apoderado judicial de la parte demanda, donde recusa a la ciudadana jueza, el cual riela al folio 207 de la segunda pieza, y en virtud de que la causa principal donde consta la referida diligencia se encuentra en el Juzgado Superior Civil, en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, el tribunal acuerda oficiar a los fines de solicitar con carácter de urgencia copia certificada del mismo. En fecha 04 de junio del 2025, se remitido oficio N° 085-2025, al juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, a los fines de que remitida copia certificada de la diligencia de fecha 12 de marzo del 2025 presentada por el abogado Oswaldo Monagas, inscrito en el IPSA bajo el N° 49.049. En fecha 05 de junio del 2025, se recibió oficio N° 063/2025, emanado del Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, a los fines de remitir lo solicitado mediante oficio N° 085-2025 en fecha 04 de junio del 2025. Mediante auto de fecha 09 de junio del 2025, en virtud del oficio N° 063/2025, emanado del tribunal superior en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, el tribunal acuerda agregarlo a las actas procesales por cuanto guarda relación con la presente. Mediante auto de fecha 13 de junio del 2025, el tribunal acuerda remitir el cuaderno separado de recusación al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes. En la misma fecha se remitió mediante oficio N° 092-2025. II CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Esta Alzada como órgano superior asume el conocimiento pleno de la controversia; y en tal sentido, tiene plena jurisdicción sobre el asunto apelado, lo que le permite descender a las actas procesales y revisar todo lo acontecido durante el desarrollo del iter procesal, y para resolver la situación jurídica planteada este Tribunal, procederá al estudio de la actas procesales que conforman el expediente, y todo en base al artículo 12 de Código de Procedimiento Civil que expresamente señala lo siguiente: “…Los Jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procuraran conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse a las normas del derecho, a menos que la ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de estos, ni suplirexcepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados. El Juez debe fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común o máximas de experiencia…” Ahora bien, De conformidad con lo establecido en el ordinal 3° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, la controversia en el caso bajo análisis quedó planteada en los siguientes términos. Alegatos de la parte recurrente en su escrito de apelación: (extracto íntegro de la apelación / folio 15) …Omissis… Que “…en horas de despacho del día de hoy 09 de abril del 2025, comparece ante este tribunal el abogado Oswaldo Monagas Polanco, inscrito en el I.P.S.A bajo el Nº 490.49, de este domicilio, procediendo en mi carácter de apoderado judicial de la parte demandada, y expone: vista la providencia judicial dictada en fecha 13 de marzo del corriente año 2025, que declaró INADMISIBLE la recusación propuesta, y encontrándonos hoy dentro del lapso de ley para recurrir del citado fallo, es por lo que APELO del mismo para ante el Juzgado Superior, en razón de estará la recurrida infeccionada de vicios graves que afectan su validez.” (sic). En la oportunidad de pronunciarse el la juez recusada sobre la pretensión invocada, dejó entrever sus motivos para decidir sobre el tema mediante sentencia interlocutoria, planteando lo siguiente: (Extracto de la Motiva) (…Omissis…) CAPITULO -IIISOBRE LA FACULTAD DEL JUEZ PARA DECIDIR SU PROPIA RECUSACIÓN Atendiendo, a la naturaleza y oportunidad de la recusación formulada, le corresponde a este órgano jurisdiccional pronunciarse sobre la admisión de dicha Recusación, en apego a lo dispuesto en el artículo 92 del Código de Procedimiento Civil, el cual nos prevé, que: “La recusación se propondrá por diligencia ante el Juez, expresándose las causas de ella. Si la recusación se fundare en un motivo que la haga admisible, el recusado, en el día siguiente, informará ante el Secretario del Tribunal, indicando lo conveniente para la averiguación de la verdad. Si el recusado fuere el mismo Juez extenderá su informe a continuación de la diligencia de recusación, inmediatamente o en el día siguiente”. De la norma antes trascrita, se desprende el deber del Juez de examinar la admisibilidad o no de la recusación que se le presente, a los efectos de determinar que la misma no adolezca de alguna de las causales de inadmisibilidad que prevé la Ley, sin que haya necesidad de dar paso al desarrollo de las actuaciones propias de sustanciación de la incidencia de recusación.Para que a la recusación, pueda tramitarse bajo su sustanciación y decisión, es necesario que la misma sea admisible, pudiendo encontrar Jurisprudencias del Máximo Tribunal entre ellas se señala, la emitida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su fallo N° 512 de fecha 19 de marzo de 2002, expediente 01-0994, bajo la ponencia del Magistrado Dr. J.M.D.O., en los siguientes términos: …OMISSIS...(...) “...no contiene ningún pronunciamiento sobre el fondo de tal petición, pues el Tribunal de Primera Instancia, en la mencionada sentencia, se limitó a decidir sobre la admisibilidad de la recusación propuesta por los hoy recurrentes al considerar que los alegatos esgrimidos por éstos carecían de fundamento legal. En tal sentido, cuando el Juez recusado decida que la recusación propuesta por la parte es inadmisible, bien sea porque: a) se ha propuesto extemporáneamente, esto es, después de transcurrido los términos de caducidad previstos en la ley; b) o se trate de un funcionario judicial que no está conociendo de la causa principal o incidental; c) que la parte hubiese agotado su derecho, por haber interpuesto dos recusaciones en una misma instancia; d) o que la recusación no se hubiese fundamentado en una causa legal; el juez puede, sin necesidad de abrir la incidencia a la que hace referencia el Código de Procedimiento Civil en sus artículos 96 y siguientes...” En armonía con el anterior criterio, el juez recusado le es dada la facultad para decidir respecto de la admisibilidad de la recusación, cuando la misma carezca de fundamentación, sin necesidad de abrir la tramitación prevista en la Ley Adjetiva Civil, siendo ratificado dicho criterio por la Sala en sentencias, en primer término estima pertinente hacer mención a lo establecido en sentencia Nº 607 de fecha 31 de julio de 2007, caso: Olegario Diez y Riega Mattera, contra Circuito Teatral Los Andes, C.A. y otro: “…Aprecia la Sala que se ha establecido jurisprudencialmente que, cuando el juez, basándose en los siguientes motivos: a) que la recusación se ha propuesto extemporáneamente, vale decir, después de vencidos los términos de caducidad previstos en la ley; b) o se trate de un funcionario judicial que no está conociendo en ese momento de la causa principal o incidental; c) o que el litigante haya agotado su derecho, por haber interpuesto dos recusaciones en la instancia; d) que en la recusación no se exhiba fundamentado en causa legal alguna, decida que la recusación propuesta en su contra es inadmisible, no será necesario la apertura de la incidencia contenida a tenor de los artículos 90 y siguientes del Código de Procedimiento Civil a efectos de la decisión al fondo de la recusación propuesta…”.(Resaltado de la Sala). Los criterios jurisprudenciales anunciados, ponen de manifiesto la potestad del juez de resolver en forma preliminar la inadmisibilidad de su propia recusación, sin necesidad de tramitar y sustanciar la incidencia, cuando entre otras razones, resulte extemporánea por haberse formulado “…después de vencidos los términos de caducidad previstos en la ley…”. Con los antecedentes preindicados, en forma alguna se resta la oportunidad de abrir la incidencia recusatoria. Porel contrario, el criterio imperante de revisión y pronunciamiento del propio juez recusado está en sintonía con los postulados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual, en sus artículos 26 y 257, promueve una justicia expedita, que no se sacrificará por la omisión de formalidades no esenciales, sin dilaciones indebidas, preservándose el principio procesal de celeridad, entendiéndose que si el juez recusado encuentra razones de inadmisibilidad, según la doctrina ut supra transcrita, evitaría un desgaste innecesario de la jurisdicción, al no darle curso a una solicitud que no llena los requisitos indispensables para su tramitación, lo cual obra en beneficio de los propios justiciables (Vid. sentencia n° 5 de la Sala Plena del 5 de marzo de 2006. Caso: “Rafael Enrique Monserrat Prato”). En tal virtud, queda establecida la necesidad de efectuar el examen correspondiente, a los fines de analizar los requisitos de admisibilidad que debe cumplir la solicitud de recusación, antes de proceder a rendir el informe al cual se contrae el artículo 92 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que, si los elementos de oportunidad y fundamento no se ajustan al procedimiento aplicable y a la razón de mérito que exige la recusación, es menester preservar la primacía y prevalencia del alto interés de administrar justicia y no la simple sospecha de parcialidad, dado que la recusación apareja fundamentar la causal o causales en hechos y razones exponiendo los motivos que la sustentan y que actualmente vinculen al juez con su contenido, de lo contrario, deviene inadmisible (Cuenca H. T II, pág. 183). Siendo así, deberá declararse la inadmisibilidad de la recusación, supuesto en el cual carece de sentido una decisión de fondo sobre la misma. Así se establece. -IVCONSIDERACIONES PARA DECIDIR PREVIO SOBRE LA FIGURA DE LA RECUSACIÓN Frente a la recusación propuesta y a la exigencia de evaluar la admisibilidad de la misma, es oportuno refrescar esta figura procesal, por lo que al respecto exponemos: Es importante primero definir lo que es la recusación para ello señalaremos a Cabanellas (1976, p. 497), quien señala que es el acto por el cual se excepciona o rechaza a un juez para que entienda o conozca de la causa, cuando se juzga que su imparcialidad ofrece motivadas dudas. La recusación puede darse no solamente contra juez, sino también contra asesor, perito, relator, secretario, escribano o funcionario que deba intervenir en una causa. Cabe destacar que sobre la recusación Rengel-Romberg (2003, p.421) señala que constituye un acto de la parte por el cual se exige la exclusión del Juez del conocimiento de la causa y está sometido a requisitos o condiciones de forma establecidas en la ley. Estima necesario esta juzgadora verificar lo señalado por el Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a la definición de la recusación, específicamente en lo establecido en el (caso: High Point Limited, B.V.I.), en el cual se asentó que la recusación no es más que una institución destinada a preservar la imparcialidad de los sujetos que, por decidir aspectos esenciales al juicio, deben ser imparciales. De tal modo, que dicha figura recusación constituye un acto procesal de parte, cuyo efecto no es otro que la exclusión del juez del conocimiento de la causa, por alguna de las causales previstas taxativamente en la ley adjetiva.Ahora bien, el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, establece un lapso de caducidad para intentar la recusación: (...) La recusación de los jueces y secretarios se intentará, bajo pena de caducidad, hasta un día antes del fijado para la contestación de la demanda, cuando se trate de causales existentes con anterioridad a dicho acto; si la causa o motivo de la recusación sobreviene con posterioridad al acto de la contestación a la demanda, o se trate de los impedimentos previstos en el artículo 85, la recusación podrá proponerse hasta el día en que concluya el lapso probatorio. Si fenecido el lapso probatorio, otro juez o secretario intervengan en la causa, las partes podrán recusarlos, por cualquier motivo legal, dentro de los tres días siguientes a su aceptación… El artículo anterior dispone que la recusación se debe intentar hasta un día antes del establecido para el acto de contestación de la demanda, en este caso las causales deben existir con anterioridad al referido acto. Pero cuando la causal surge con posterioridad a la contestación, la recusación se podrá proponer hasta que concluye el lapso de pruebas, requiriéndose que dicha recusación sea contra el Juez de la causa. En el caso en que en la causa intervengan otros jueces, ya fenecido el lapso de pruebas, independiente de la causal, el lapso de caducidad para intentar la recusación es dentro de los tres días siguientes al de la aceptación del nuevo Juez. Ahora bien, como lo sostiene la norma citada, la recusación está sujeta a requisitos de forma, de contenido y de tiempo, y cuyo cumplimiento es imperativo para proceder a su admisión, para lo cual pasamos a revisar las actuaciones que conforman el expediente signado con el Nº 6110 (nomenclatura de este tribunal), donde se desprende que el lapso de contestación de la demanda, concluyó en fecha once (11) de marzo de los corrientes, por lo que sobreviene una extemporaneidad con respecto a la recusación planteada, así se analiza. Así pues, la admisibilidad de la pretensión, se encuentra referido al cumplimiento de los requisitos legales (generalmente de orden público) que permitan su tramitación, pero su declaratoria en modo alguno implica un pronunciamiento sobre el mérito del asunto debatido en el proceso. Por interpretación en contrario, la inadmisibilidad de la pretensión se produce por la insatisfacción de esas exigencias que impiden la continuación del proceso, cuya implicación directa en el orden procesal lo estatuye como de orden público, lo cual impide que se declare la inadmisibilidad de la acción bajo un supuesto ajeno al establecido expresamente en la ley. Asimismo, es importante resaltar que de conformidad con lo previsto en el artículo 92 del Código de Procedimiento Civil y en virtud de la recusación planteada donde manifiesta que “…la ciudadana Juez se ha sentido agredida sin haberlo sido, tal circunstancia no garantiza imparcialidad” esta juzgadora advierte que rechaza, niega y contradice todos y cada una de los argumentos de la recusación intentada en los términos expuestos por el Abogado Oswaldo Monagas, pues no se ve afectada alguna forma mi imparcialidad en la causa yademás aduce que “Visto el auto de 12 de marzo de 2025, donde la Juez manifiesta sentirse descalificada” esta juzgadora, solo hizo un llamado de atención por cuanto la conducta procesal del litigante no ha sido en el marco delrespeto y la ética que todo profesional del derecho debe tener ante el sistema de justicia, tanto es así que existe un acta en el libro de novedades del alguacil a cargo del tribunal, en el cual se deja constancia del llamado de atención por alzar la voz a la secretaria, y por actitudes altaneras en el recinto del Tribunal. Es por lo anteriormente plasmado que lo alegado no configura la causal que pretende prospere, ya que no somos ni amigos ni enemigos y la imparcialidad es parte de mi honor, reputación, mi integridad e idoneidad como Funcionaria Judicial de este Circuito. Que establecida mi facultad, como Jueza recusada, de analizar los requisitos de admisibilidad que debe cumplir toda solicitud de recusación, antes de proceder a rendir el informe al cual se contrae el artículo 92 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que, si los elementos de oportunidad y fundamento no se ajustan al procedimiento aplicable, deberá declararse la inadmisibilidad de la recusación. Así se decide. En sintonía al desarrollo de esta recusación, a fin de cumplir a cabalidad con lo previsto en el artículo 92 de la norma procesal y que del mismo se desprende” que la recusación se debe proponer por diligencia ante el Juez, éste acto de comunicación debe expresar las causas que dan origen a tal recurso”; evidenciándose que el recusante fundamenta su actuación en el ordinal 13 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil, que dispone: Artículo 82: Los funcionarios judiciales, sean ordinarios, accidentales o especiales, incluso en asuntos de jurisdicción voluntaria, pueden ser recusados por alguna de las causas siguientes: (…omissis…) 18º “ Por enemistad entre el recusado y cualquiera de los litigantes demostrada por hechos que sanamente apreciados hagan sospechable la imparcialidad del recusado.” En este orden de ideas, quien aquí suscribe debe señalar, que como jueza y directora del proceso, cuando se impone del conocimiento de determinada situación, es un deber actuar conforme a lo previsto en la Ley, guiar a las partes hacia una solución a determinada problemática, incluso en determinadas situaciones los jueces están facultados para reconducir una acción, sin que con ello se pueda considerar que el juez está supliendo defensas de la parte, pues al contrario se estaría garantizando un Estado Democrático de Derecho y Justicia, es por ello, que al analizarse la situación de hecho y de derecho en el presente asunto, actuando, con probidad, apegada a los preceptos Constitucionales y Legales. En consecuencia, a criterio de quien decide el presente fallo, resultan totalmente fuera de lugar las afirmaciones esbozadas por el recusante como sustento de su recusación, en virtud de lo cual, aun cuando fue de forma tempestiva, existe una falta de fundamentación y sustento para encuadrar y relacionar con las causales de recusación alegada, aunado al hecho de que la misma es extemporánea. Así se establece. III MOTIVACIONES PARA DECIDIRLeídas como han sido las defensas de las partes, así como las pruebas presentadas, y dándole una apreciación a las mismas a fin de poder determinar lo más ajustado en derecho, este Tribunal considera prudente, a los fines de motivar la presente sentencia, traer a colación uno de los más relevantes principios constitucionales, como lo es la Tutela Judicial Efectiva, que no es más que el derecho de Rango Constitucional y Legal; el cual, como bien se sabe, tiene dentro de su esfera de aplicabilidad legal la garantía de otros principios inherentes del proceso como el del Orden Público, el Debido Proceso y de la Defensa de las Partes; es decir, garantizador del ejercicio eficaz de los derechos de las partes en el proceso. Entonces, cuando se habla del Principio de Legalidad, se hace referencia al estricto cumplimiento de los trámites que son fundamentales para el procedimiento, el cual está enlazado al principio de las formas procesales, salvo lo exceptuado por la ley. En virtud de ello, no se les permite a los jueces omitir algún lineamiento bien sea estructural, secuencial o de desarrollo del proceso, es decir, el tiempo, el modo, y lugar en que deben realizarse tanto el análisis o estudio como los actos procesales, porque estarían vulnerando tal derecho. Con base en tal aserto, pasa esta Juzgadora a realizar las siguientes observaciones, con el objeto de dictar una sentencia ajustada a derecho, con cabal adecuación a la pretensión, y enmarcada en los límites del Themadecidendum, todo conforme a lo estipulado en el ordinal cuarto 4° del artículo 243 de la norma adjetiva. En tal sentido, se tiene que de la exhaustiva revisión de las actas procesales que conforman el presunto asunto, realizada por quien aquí detenta como administradora de justicia, se logra evidenciar la configuración tanto de algunas formalidades procesales atinentes al proceso en desarrollo, como de pormenores legales susceptibles de plena revisión dentro de las facultades dadas a este juzgado, a los fines de verificar y dar por cumplidas o no las formas de ley que han de darse a lo largo del iter procesal que atañe al caso de marras; siendo menester traer a colación la garantía procesal dispuesta en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tal como lo es la Tutela Judicial Efectiva, el cual contempla lo siguiente: “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: 1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley. (…)3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete”. A propósito de la norma constitucional transcrita, y bajo la tendencia del jerga pedagógica que se ha de manejar al momento de un pronunciamiento ajustado a derecho, se desprende que, el derecho a la defensa es la garantía que tiene toda persona, en todo estado y grado del proceso de tener conocimiento de cualquier investigación o juicio que se siga en su contra, de ser notificado, de tener acceso a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer sus defensas; es decir, para oponerse a las mismas, promover y controlar las pruebas y finalmente recurrir de la decisión que la afecte por ante el órgano superior, (garantía de la doble instancia). Ahora bien, de las actuaciones antes discriminadas, se observa, que en el presente asunto se fundamenta principalmente en el Recurso de Apelación interpuesto por el abogado Oswaldo Monagas Polanco, inscrito en el I.P.S.A bajo el Nº 490.49, de este domicilio, actuando en nombre y representación de la Sociedad Mercantil Pollo en Brazas el Teide – San Carlos C.A., representada por el ciudadano Román Alexander Álvarez Pérez, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-16.993.279, parte demandada en el presente juicio con motivo de Desalojo de Inmueble Comercial, del cual se desprende la presente incidencia de recusación, contra la sentencia de fecha 13 de marzo del 2025, que declara la INADMISIBILIDAD de la recusación planteada, quedando ésta planteada bajo los siguientes términos en su dispositiva: (Extracto íntegro de la dispositiva del fallo) (…Omissis…) -VDISPOSITIVA En consecuencia de los fundamentos expuestos, los criterios jurisprudenciales y doctrinales desarrollados en la presente sentencia y las disposiciones normativas aplicables al caso, se puede concluir que habiéndose comprobado que la recusación que hoy se instruye ha sido presentada de forma extemporánea, toda vez que fue presentada fuera de los lapsos establecidos en la ley para ello, encuadrando la misma en el primer y segundo aparte del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil que regula en forma específica la oportunidad para ejercer la recusación, aunado a la forma genérica, imprecisa e inconsistente de los motivos que fundamentan la recusación, lo que se asimila a una absoluta falta de fundamentos, y en estricta aplicación del primer aparte del artículo 92 del Código de Procedimiento Civil, es por lo que, lo más ajustado a los principios constitucionales se declare la INADMISIBILIDAD de la recusación presentadapor: OSWALDO JESUS MONAGAS POLANCO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nros. V- 8.666.928 inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 49.049, de conformidad con lo previsto en el artículo 102 de la norma procesal. Así se decide. De lo anterior, se torna de gran importancia para el caso bajo estudio sustentar la presente decisión afianzándonos en los preceptos doctrinarios citados por el autor Emilio Calvo Baca, quien sobre el punto, en comentarios de su autoría sobre el “Código de Procedimiento Civil”, menciona lo siguiente con respecto a la naturaleza jurídica que reviste la recusación como figura jurídica establecida en el artículo 82 de la norma in comento, en las 22 causales que esta establece para que prospere en derecho la invocada recusación; para lo cual consideró que: (…omissis…) “…existen dos clases de capacidades en cuanto a la competencia, la objetiva (materia, territorio, cuantía) y la subjetiva que es la atinente a la aptitud del Juez, se le denomina también capacidad en cuanto a competencia en general para administrar justicia en nombre del estado y capacidad subjetiva que sería la relación que se establece entre el Juez y las partes o el objeto de la litis. La legislación Venezolana denomina “recusación e inhibición” a esta incapacidad personal y la norma en el Título Primero, Capítulo Primero, Sección Octava del CPC. Artículos 82 al 103. Couture define a la recusación como el procedimiento mediante el cual, por causa suficiente y oposición de la parte a la intervención del Juez, éste deja de conocer en un asunto determinado. La inhibición es el género y la recusación es la especie… En el Derecho Comparado, existen principalmente dos formas de recusación: la recusación perentoria o recusación sin causa y la recusación motivada o recusación con causa.” (sic). Tomando en consideración estos aspectos ideológicos emanados del ya mencionado estudioso del saber jurídico, es importante para esta alzada permanecer en perfecta sintonía con respecto a la naturaleza procesal que reviste la invocación de tal presupuesto procesal, visto desde la óptica de la tesis doctrinaria supra mencionada, siendo que de la incidencia que resuelve el derecho conculcado por naturaleza de lo normado en el artículo 82 de la norma procesal civil, al ser declarada con lugar la misma, de facto queda desechada la posibilidad de que el juez conocedor de la causa continúe en su cargo de director del proceso, es decir, que el mismo se vería impedido de estar legitimado para sustanciar conforme a derecho el asunto que haya sido confiado a la esfera de su cognición. De lo antepuesto, corresponde entonces enlazar lo anteriormente precisado con respecto a la sustanciación de la referida recusación, a través del cual se ha desplegado el caso bajo disertación, a los fines de comprobar si las actuaciones del Tribunal a-quo, y en este caso preciso, de la Juez recusada se hilvanaron respetando y acatando todos y cada uno de los preceptos y principios tanto constitucionales como procesales propiamente dichos respecto de lo que pornaturaleza de lo aquí dilucidado se ha de pronunciar esta superioridad; para lo cual, considera quien aquí juzga, hacer énfasis detallado de dos aspectos importantes a considerar: i) si la acción recusatoria se configura dentro de la causal número 18 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil respecto de la enemistad manifiesta; ii) si la respectiva acción incidental por recusación fue incoada en el momento procesal correspondiente, y iii) si la Juez recurrida actuó conforme a derecho al declarar la inadmisibilidad planteada en su contra. Así se precisa-. A tocante de lo anterior, y en aras de disertar sobre lo que se debe dar por demostrado para determinar la procedencia o no del presente recurso de apelación, corresponde a esta alzada traer a colación de este estudio que para tener por cierta la enemistad manifiesta como causal de recusación tal como lo pauta la norma procesal civil en su artículo 82 numeral 18, se debe tener palpable lo argüido por FREIRE PIETRAFRESA en su obra “Código de Procedimiento Civil y Normas Complementarias” que al respecto de la enemistad manifiesta como elemento de procedencia recusatoria explana vide infra algunos criterios jurisprudenciales de distintas Salas, de los cuales se aprecian así: (…Omissis…) “JURISPRUDENCIA. Enemistad. La necesidad de probarla. “…por lo que respecta a la otra causal de recusación denunciada, de acuerdo a la cual existe enemistad entre la recusada y el solicitante, originada en la publicación de un estudio jurídico donde se critica una sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo en la que fuera Ponente: la Magistrada recusada, se observa: En anteriores oportunidades ha dejado sentado este Alto Tribunal que no es suficiente, como fundamento de la causal de recusación indicada, aludir a la divergencia de criterio jurídico respecto a decisiones del Tribunal, puesta de manifiesto a a través de publicaciones u otros órganos divulgativos, pues antes bien el derecho como ciencia se enriquece en el antagonismo conceptual, proveyendo al juez de una amplia base teórica en obsequio de una más acertada justicia. Por eso ha dicho la Corte que los pronunciamientos judiciales pueden o no ser compartidos, pero que tienen el carácter de sentencias, “…si se aceptara que todo fallo adverso, es revelador de enemistad en relación con la parte contra quien obra la decisión, se comprometería gravemente la administración de justicia…” (S.P.S. Caso Cruzada Cívica Nacionalista, sentencia del 18/03/71). Debe en todo caso, una denuncia como la formulada, estar sustentada en un medio probatorio que debidamente apreciado, evidencie en forma contundente la existencia de la alegada enemistad. Ha dicho, en efecto, la Corte: “…no basta que existan motivos más o menos fundados para presumir o sospechar la enemistad del Magistrado Judicial con alguna de las partes, sino que como literalmente lo prevé la normativa ha de ser una “enemistad manifiesta…” es decir, revelada o exteriorizada mediante un estado pasional de ánimo que se ponga de manifiesto por actos indudables del recusado que lo acrediten en forma inobjetable”. (S.C.P., de fecha 01/04/86). Ahora bien, no habiendo quedado demostrado en autos la exteriorización de la conducta de la Magistrada Hildegard Rondón de Sansó a través de actos que puedan conducir de forma indubitable acalificarla como de enemistad manifiesta hacia el recusante, forzoso es concluir que no procede tampoco en este caso la recusación solicitada de conformidad con el ordinal 18 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil; y así se declara…” (Corte Suprema de Justicia. Sala Político-Administrativa. Sentencia del 20-10-92. Ponente: magistrada Dra. Josefina Calcaño de temeltas). Es entonces conveniente estudiar el tema aquí dilucidado partiendo de lo que la norma tanto positiva como doctrinaria, inclusive jurisprudencial indica acerca de la procedencia de esta figura jurídica al ser invocada partiendo de la causal de enemistad normada en el ordinal 18 del artículo 82 de la norma adjetiva civil, para lo cual esta juzgadora, tomando como referencia los criterios jurisprudenciales establecidos por nuestro más alto tribunal se ciñe de manera sinérgica al hecho determinante de que la “enemistad” ha de ser un elemento estrictamente demostrado para que pueda prosperar en derecho la causal establecida en el prenombrado artículo de la norma procesal civil, por ende, se debe dejar entrever que de las actas procesales del presente expediente no se evidencia probanza alguna ni por parte del solicitante hoy recurrente, ni por parte de la juez que pretende recusar, prueba determinante para dar por cierta la existencia de un vínculo de enemistad entre la parte solicitante y la funcionaria judicial propiamente dicha; siendo que solo existen alegatos vagos por parte de la recurrente que a todas cuentas, distan de ser configurativos de elementos de probidad para dar por hecho que existe enemistad entre el solicitante y la funcionaria judicial hoy recusada,; y es por estos motivos que quien aquí decide, vista la naturaleza de los elementos de hecho que la parte interesada invoca, al observar lo aquí planteado resuelve sobre este primer particular tener como no configurado en derecho lo que por naturaleza del ordinal 18 del artículo 82 del Código de Procedimiento Civil se busca demostrar. Así se determina.- En este mismo orden de argumentos, y siguiendo lo que por naturaleza de la lógica jurídica que maneja esta juzgadora de lo que pretende estudiar a los fines de resolver el caso en cuestión, se pasa a desentrañar el segundo punto a abordar tal y como es lo atinente a si la parte recusante presentó la respectiva recusación en el momento procesal correspondiente y tener así una mejor apreciación acerca de si la decisión tomada por la juez recusada mediante la cual resolvió la recusación planteada en su contra es ajustada a derecho al verificarse del fallo que la juez a-quo deja entrever la extemporaneidad de tal solicitud; para lo que corresponde mencionar que este Juzgado Superior pasó a tener conocimiento del asunto Nº 6110 proveniente del Tribunal Segundo de Primera Instancia Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, motivado a que la parte demandada interpuso Recurso de Apelación en fecha 12 de marzo del 2025, en contra del auto del fecha 11 de marzo del 2025, emitido por el tribunal a-quo en la causa principal, motivo este del cual se desprende la incidencia que por recusación es objeto de estudio eneste asunto particular, y en aras de extraer información necesaria y demostrativa de lo que se busca dilucidar en este segundo punto, es importante traer a colación de este juicio lo que la Sala Constitucional dejó por sentado respecto de la Notoriedad Judicial, al referirse en su sentencia Nº 1363 de fecha 22/08/2023 acerca del tema, de la siguiente forma: (…omissis…) “…Precisado lo anterior, esta sala Constitucional estima pertinente hacer referencia a la sentencia Nº 150 del 24 de marzo de 2000 (caso: José Gustavo Di Mase. Y otro). En la cual definió la notoriedad judicial en os siguientes términos: “…La notoriedad Judicial consiste en aquellos hechos conocidos por el Juez en ejercicio de sus funciones, hechos que no pertenecen a su saber privado, ya que él no los adquiere como particular, sino como juez dentro de la esfera de sus funciones. Es por ello que, los jueces normalmente hacen citas de la doctrina contenida en la jurisprudencia, sin necesidad de traer a los autos copias (aún simples) de las sentencias, bastando para ello citar sus datos. Suele decirse que como esos aportes jurisprudenciales no responden a cuestiones fácticas, ellos no forman parte del mundo de la prueba, lo que es cierto, y por lo tanto, no se hace necesario consignar en el mundo del expediente, copia del fallo invocado”. En este mismo orden de ideas, esta sala Constitucional en Sentencia Nº 724 del 27 de septiembre del 2022 (caso: Fondo de Protección Social de los Depósitos Bancarios.), realizó algunas consideraciones en relación a la figura de la notoriedad judicial, señalando al respecto lo siguiente: “…la notoriedad judicial no es un precedente aislado o una norma excepcional que permite su aplicación, sino que por el contrario, se transmuta en un deber del Juez de atender a los fallos judiciales emitidos en su Tribunal para así evitar posibles contradicciones en las decisiones de casos similares…” (sic). De lo anterior corresponde entonces a esta juzgadora traer a colación, bajo los preceptos de la figura de la Notoriedad Judicial que permiten al juzgador traer a estudio elementos procesales que han sido sometidos a la esfera de su conocimiento, y a los fines de verificar si la Recusación intentada por la parte demandada fue interpuesta en la oportunidad correspondiente, se debe hacer notar que de las actas procesales que conforman el expediente Nº6110 (nomenclatura de ese tribunal) se observa que al folio 70 de la segunda pieza del respectivo expediente riela actuación del tribunal contentivo de auto mediante el cual se dejó constancia que en fecha 20 de mayo del 2024 la ciudadana jueza Hilsy Alcántara Villarroel se abocó al conocimiento de la causa, librando a su vez las debidas Boletas de Notificación a las partes involucradas en el proceso, siendoestas formalmente firmadas y recibidas por las partes, ambas en fecha 28/05/2024, consignadas por el ciudadano alguacil del tribunal de la recurrida, tal como se evidencia de los folios que van del 73 al 76 del mismo expediente, y que en fecha 13/06/2024 el tribunal dejó expreso mediante auto el vencimiento del lapso de recusación en virtud del abocamiento de la jueza recusada (folio 77), tal como lo establece el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, para lo cual pasamos a estudiar el precepto procesal establecido en este artículo basándonos además en la doctrina esbozada por el autor Emilio Calvo Baca, a través de los precisados comentarios que éste hace respecto de este ítem jurídico al expresar que: (…omissis…) “Artículo 90 La recusación de los Jueces y Secretarios se intentará, bajo pena de caducidad, hasta un día antes del fijado para la contestación de la demanda, cuando se trate de causales existentes con anterioridad a dicho acto; si la causa o motivo de la recusación sobreviniere con posterioridad al acto de la contestación de la demanda, o se tratare de los impedimentos previstos en el artículo 85, la recusación podrá proponerse hasta el día en que concluya el lapso probatorio. Si fenecido el lapso probatorio, otro Juez o Secretario intervienen en la causa, las partes podrán recusarlos, por cualquier motivo legal, dentro de los tres (3) días siguientes a su aceptación. Cuando no haya lugar al lapso probatorio conforme al artículo 389 de este Código, la recusación de los jueces y secretarios podrá proponerse dentro de los cinco (5) primeros días del lapso previsto para el acto de informes en el artículo 391. Los asociados, alguaciles, jueces comisionados, asesores, peritos, prácticos, intérpretes y demás funcionarios ocasionales podrán ser recusados dentro de los tres (3) días siguientes a su nombramiento, si se trata de jueces comisionados o de la aceptación, en el caso de los demás funcionarios indicados, salvo disposición especial. Propuesta la recusación de secretarios, alguaciles, asociados, jueces, comisionados, peritos, prácticos, intérpretes y demás funcionarios ocasionales o auxiliares, el funcionario que debe decidir la incidencia oirá, dentro del plazo de tres (3) días siguientes a la recusación, las observaciones que quieran formular las partes, y si alguna de éstas lo pidiere, abrirá una articulación probatoria por ocho (8) días y decidirá dentro de los tres (3) días siguientes. Si se tratare de recusación de asociados, peritos, prácticos, intérpretes u otros funcionarios ocasionales o auxiliares declarada con lugar, el Juez fijará nuevo día y hora para la elección del sustituto.” (sic). -COMENTARIO Si no se recusa en el término indicado, se produce la caducidad entendiéndose como tal, un término fatal que reduce la duración del ejercicio de un derecho al tiempo que determine el legislador (legal) o las partes (convencional), produce la pérdida irreparable del derecho que se tenía a ejercer una acción por el transcurso del tiempo útil parahacerla valer, ya que el término está tan identificado con el derecho, que transcurrido aquél se produce la extinción de éste. El fundamento de la caducidad estriba en la existencia para una o más partes, de la necesidad de certidumbre absoluta de que después de un tiempo no se va a ejercer un derecho frente a ella, o si se quiere, de que “hay sujetos interesados en que el ejercicio del derecho, si ha de ocurrir, ocurra en el tiempo más breve posible” (Messineo). El motivo de la recusación puede presentarse desde el momento de incoarse la demanda en cuyo caso la oportunidad para interponerla es hasta antes de la litiscontestatio. Sin embargo, este término se amplía hasta el final del lapos probatorio, cuando el recusado sea cónyuge, ascendiente, descendiente o hermano de alguna de las partes, o si tuene interés directo en el pleito, siendo el recusado Juez o Conjuez. Se amplía igualmente hasta este límite cuando el motivo del impedimento sobreviene con posterioridad a la contestación, esta superveniencia de causales puede producirse tanto si se configura con posterioridad o si ya existía antes y, sin embargo, era ignorada por las partes. Otro supuesto es la intervención de nuevo Juez o Secretario en la causa, entonces las partes cuentan con un lapso de tres días, dentro de los cuales pueden intentar la recusación, contados a partir de la aceptación de dichos cargos.” (sic) De lo precisado anterior, resulta necesario determinar a los fines de resolver si la recusación fue o no interpuesta en el lapso correspondiente para ello, siendo que la misma fue incoada en fecha 12/03/2025 (folio 206 de la segunda pieza del expediente Nº 6110), de lo que es admisible determinar entonces que, la parte recusante inobservó las determinaciones procesales establecidas en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil respecto del lapso procesal para intentar la presente recusación, toda vez que si la juez a-quo pasó a tener conocimiento del asunto mediante abocamiento previamente establecido en auto de fecha 20/05/2024, y siendo que el lapso para interponer recusación alguna en contra del nuevo juez conocedor de la causa por auctoritas de lo normado en el artículo 90 eiusdem es dentro del lapso de (3) tres días posterior al abocamiento del Juez, y puesto que los lapsos establecidos en la norma civil adjetiva revisten carácter de orden público por considerar el legislador que así como fue previsto en la ley es como ha de procederse, y en apego al adagio latino dura lex sed lex (la ley es dura, pero es la ley), a esta superioridad no le queda más que tener por ajustada a derecho la extemporaneidad establecida por la juez recusada en su fallo, toda vez que evidentemente la parte solicitante formalizó su pretensión recusatoria ya fenecido el lapso establecido para tal fin, al verificarse que habían transcurrido varios meses a considerar para la interposición de la respectiva recusación, por lo tanto, quien aquí juzga ratifica la extemporaneidad de la pretensión que por recusación la parte demandada pretende hacer valer. Así se determina.-Luego de lo supra explanado por esta alzada, resulta necesario arribar al estudio de un tercer elemento susceptible de este estudio, como lo es, si la Juez recurrida actuó conforme a derecho al declarar la inadmisibilidad planteada en su contra, para ello conviene traer a colación de lo aquí disertado, lo que la Sala de Casación Civil establece respecto de la potestad que tiene el juez para pronunciarse sobre la admisibilidad de la solicitud de recusación, al traer a colación el precepto jurisprudencial del la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su fallo Nº 512 del 19 de marzo del año 2002, en el expediente Nº AA20-C-2002-000542, al referirse de la siguiente manera: (…omissis…) “Sin embargo, para que a la recusación pueda dársele el curso de ley y proceder a su sustanciación y decisión, es necesario que la misma haya sido propuesta con estricta sujeción a los preceptos de Ley, tal como lo estableció la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su fallo N° 512 de fecha 19 de marzo de 2002, expediente 01-0994, que en su parte pertinente, a la letra dice: “...no contiene ningún pronunciamiento sobre el fondo de tal petición, pues el Tribunal de Primera Instancia, en la mencionada sentencia, se limitó a decidir sobre la inadmisibilidad de la recusación propuesta por los hoy recurrentes al considerar que los alegatos esgrimidos por éstos carecían de fundamento legal. En tal sentido, cuando el juez recusado decida que la recusación propuesta por la parte es inadmisible, bien sea porque: a) se ha propuesto extemporáneamente, esto es, después de transcurrido los términos de caducidad previstos en la ley; b) o se trate de un funcionario judicial que no está conociendo en ese momento de la causa principal o incidental; c) o que la parte hubiese agotado su derecho, por haber interpuesto dos recusaciones en una misma instancia; d) o que la recusación no se hubiese fundamentado en una causa legal; el juez puede [en los casos de inadmisibilidad indicados, decidir su propia recusación], sin necesidad de abrir la incidencia a la que hace referencia el Código de Procedimiento Civil en sus artículos 96 y siguientes...” (Lo resaltado de quien decide). De acuerdo con el referido criterio, es facultad del juez recusado decidir respecto de la admisibilidad de la recusación cuando la misma carezca de fundamentación, sea extemporánea, esté agotado el derecho de recusación o el funcionario no esté en conocimiento de la causa en el momento de la recusación, sin necesidad de abrir la tramitación prevista en la Ley Adjetiva Civil,cuando el recusado es el mismo Presidente de la Sala de Casación Civil. Del criterio supra discriminado se debe inferir que siguiendo el estudio lógico-argumentativo de la Sala respecto de la admisibilidad de la incidencia por recusación sea cual fuere la causal, queda sentado que, de existir característica alguna que se funja configurativa para la inadmisibilidad de la pretensión, el juez recusado, al verificar en derecho la carencia procesal de la acción recusatoria, este a su vez goza de plena potestad para decidir sobre la inadmisibilidad de la misma, y por ende no está en el deber de abrir la tramitación prevista en el Código de Procedimiento Civil cuando el recusado sea el mismo juez que la resuelva propiamente dicho. Entonces, siendo esto así, quien aquí decide en apego y concordancia con el criterio imperante de la Sala Constitucional del más alto Tribunal, tiene por ajustada a derecho el accionar por parte de la Juez recusada al resolver ella misma la acción recusatoria interpuesta en su contra, toda vez que goza de plena facultad potestativa de hacer lo propio por autoridad de lo jurisprudencialmente establecido para resolver en caso de ser declarada inadmisible la recusación interpuesta en su contra, y verificando que del fallo emitido por la juez a-quo se desprende que la presente acción de recusación fue declarada inadmisible, no queda más por parte de esta superioridad que, tener por convenido en derecho la actuación procesal ejecutada por la recusada de autos, verificándose palpable la sintonía de lo decidido por la juez a-quo con los postulados de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículo 26 y 257 donde expresa claramente la proclamación de una justicia expedita, que no sacrificará sus efectos por la omisión de formalidades no esenciales, sin dilaciones indebidas, preservándose el principio procesal de celeridad, entendiéndose además que si el juez recusado encuentra razones de inadmisibilidad, según la doctrina supra mencionada, evitaría un desgaste innecesario de la jurisdicción, al no darle curso a una solicitud que no llena los requisitos indispensables para su tramitación, lo cual obra en beneficio de los propios justiciables. Así se determina.- En este sentido, visto todos los anteriores argumentos tanto de hechos como de derechos expuestos a los fines de dar por determinado el justo derecho en el asunto aquí dimanado, considera esta administradora de justicia lo contemplado en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, que expresamente señala lo siguiente: “Los Jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse a las normas del derecho, a menos que la Ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados. El Juez puede fundar su decisiónen los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común o máximas de experiencia.”, es por ello que este Juzgado Superior arriba a la conclusión de que, lo más ajustado, interpretado desde los principios pilares del derecho, en respeto de la norma positiva, del criterio jurisprudencial y de la doctrina patria como fuentes únicas del derecho, es declarar SIN LUGAR, la Recusación ejercida por el ciudadano abogado OSWALDO MONAGAS POLANCO, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho, titular de la cédula de identidad Nº V-18.666.928, inscrito por ante el Instituto de previsión Social del Abogado bajo el Nro. 49.049, actuando con el carácter de autos, en nombre y representación de la SOCIEDAD MERCANTIL POLLO EN BRAZAS EL TEIDE- SAN CARLOS C.A, Representada por el ciudadano Román Alexander Álvarez Pérez, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°.16.993.279, demandados de autos, en contra de la Abg. Hilsy Alcantara Villaroel del Tribunal segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, quien decidió su propia recusación en fecha 13 de marzo del año 2025; que por cuanto la causa principal de esta incidencia (Exp. 1434 nomenclatura de esta superioridad), se encuentra en este Juzgado Superior, se ordena agregar el presente expediente a los autos de la causa principal. Se ordena notificar a las partes de conformidad con lo establecido en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, y que se haga uso de los medios electrónicos, cumpliendo con lo pautado en la sentencia de la Sala de Casación Civil Nº 386, de fecha 12 de agosto del año 2022. Así se decide.