CAPITULO I DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA CAUSA Actuaciones del Superior: De conformidad con lo preceptuado en el artículo 243, ordinal 3 del Código de Procedimiento Civil se procede hacer una síntesis de la controversia: Se inicia la presente controversia, en virtud de la demanda de Desalojo de Inmueble Comercial, incoada por el ciudadano JUAN RONALDO GUTIERREZ RAMIREZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-16.993.279, con domiciliada en la calle sucre, casa N°17-2019, San Carlos, estado Cojedes, actuando en nombre y representación de la ciudadana Ángela Marisa Gutiérrez Pacheco, titular de la cedula de identidad N° V-7.530.824, tal y como consta en el documento debidamente autenticado por ante la Notaria Publica de San Carlos, estado Cojedes, anotado bajo el N° 05, Tomo 57, folios 22 al 26, de fecha 28/10/21, contra la sociedad de comercio Pollo en Brazas el Teide- San Carlos C.A, representado por el ciudadano Román AlexanderÁlvarez Pérez, Por ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil del Tránsito y Bancario y de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes. Mediante auto de fecha 17 de Marzo del 2025, se recibe por ante esta alzada el expediente signado con el numero 6110 (Nomenclatura interna del Por ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes), remitido ante esta alzada por el referido juzgado mediante oficio Nº050/2025, de fecha 14 Marzo del 2025. Se le dio entrada bajo el Nº 1434. En consecuencia, se deja transcurrir cinco (05) días de despacho siguientes para que las partes soliciten la constitución de asociados. Mediante auto de fecha 24 de Marzo del 2025, se deja constancia que venció el lapso para que las partes soliciten la constitución de asociados; asimismo, se fijó lapso de diez (10) días de despacho siguientes, para que las partes inmersas en la presente controversia consignen sus escritos de informes. En fecha 25 de abril del 2025, comparece ante el tribunal el apoderado judicial de la parte demandada el abogado Oswaldo Jesús Monagas Polanco, inscrito en el IPSA bajo el Nº49.049, a los fines de consignar escrito de informe constante de trece (13) folios útiles. En la misma fecha mediante auto se agregó a las actas y se dejó constancia que fue presentado dentro del lapso legal correspondiente. En fecha 25 de Abril del 2025, comparece ante este Tribunal la abogada Jessica Sail Pinto Ruiz, inscrito en el IPSA bajo el N° 129.190, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandante, a los fines de consignar escrito de informe constante de siete (07) folios útiles. En la misma fecha mediante auto se agregó a las actas y se dejó constancia que fue presentado dentro del lapso legal correspondiente. Mediante auto de fecha 25 de Abril del 2025, se dejó constancia del vencimiento del lapso para que las partes consignen sus escritos de informes, siendo consignado por las partes, así mismo esta alzada fija un lapso de ocho (08) días de despacho siguientes, para que las partes inmersas en la presente controversia consignen sus escritos de observaciones a los informes. En fecha 09 de mayo del 2025, comparece ante el tribunal el abogado Oswaldo Monagas Polanco, inscrito en el IPSA bajo el N°49.049, a los fines de solicitar copias certificadas de los folios 42,64,179 al 197, 205 y 206 y sus vueltos, así mismo copias simples de los folios 232 al 238. En la misma fecha se acuerda lo solicitado mediante auto. En fecha 14 de Mayo del 2025, comparece ante este Tribunal el abogado Oswaldo Monagas Polanco, inscrito en el IPSA bajo el N°49.049, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada, a los fines de consignar escrito, constante de un (01) folio útil. En la misma fecha mediante auto se agregó a las actas y se dejó constancia que fue presentado dentro del lapso legal correspondiente. Mediante auto de fecha 14 de Mayo del 2025, se dejó constancia del vencimiento del lapso para la consignación de escrito de observaciones a los informes no haciendo uso del mismo la parte demandada, se deja transcurrir un lapso de treinta (30) días continuos para dictar la correspondiente sentencia. En fecha 26 de mayo del 2025, se recibió oficio Nº 085-2025, emanado del Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil del Tránsito y Bancario y de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, a los fines de solicitarle a esta superioridad sesirva de remitir copia certificada de diligencia de fecha 12 de marzo de 2025, presentada por el abogado Oswaldo Monagas Polanco, inscrito en el IPSA bajo el N°49.049, apoderado de la parte demandada, donde recusa a la ciudadana jueza del tribunal aquo. En fecha 05 de junio del 2025, se Remite mediante oficio Nº 063/2025, al Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil del Tránsito y Bancario y de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, en la cual se remite lo solicitado que riela al folio 206, mediante oficio Nº085-2025. Mediante auto de fecha 13 de junio del 2025, este tribunal deja constancia que por cumulo de causa que se encuentran en trámite y en etapa de sentencia cursando por ante este juzgado, se difiere una sola vez, por treinta (30) días siguientes. En fecha 20 de junio del 2025, comparece ante el tribunal el apoderado judicial de la parte demandada el abogado Oswaldo Monagas Polanco, inscrito en el IPSA bajo el Nº 49.049, a los fines de solicitar copias certificadas de los folios 42, 64, 179 y 197, 205 y 206 (vto), de la pieza Nº 02 de la diligencia y el auto que lo provee. En la misma fecha se acordó lo solicitado mediante auto. II CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Esta Alzada como órgano superior asume el conocimiento pleno de la controversia, y en tal sentido, tiene plena jurisdicción sobre el asunto apelado, lo que le permite descender a las actas procesales y revisar todo lo acontecido durante el desarrollo del iter procesal; quedando planteado el problema, pasa esta Juzgadora a realizar las siguientes observaciones. Alegatos de la parte demandante en su escrito de apelación: …En horas de despacho del día hoy 12 de marzo de 2025, comparece por ante este juzgado el abogado Oswaldo Monagas Polanco, inscrito en el IPSA bajo el Nº 49.049, de este domicilio, y expone: Primero: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del código de procedimiento civil, pido se me expedida copia simple del auto de fecha 11 de marzo del 2025 que obra del folio 198 al 203, sin providencia de la juez. Segundo: visto el auto de 11 de marzo del 2025, donde la juez manifiesta sentirse descalificada por supuestas frases ofensivas, vejatorias “agravantes”, manifiesto que en el contenido de la diligencia de fecha 11 de marzo del 2025, estampadas por mí, no se desprende ninguna frase ofensiva por lo que, es falso que haya actuado con falta de probidad y ética. Por cuanto la ciudadana juez se ha sentido “agredida” sin haberlo sido, tal circunstancia no garantiza imparcialidad de su parte, es por lo que habiéndome enterado de ello el día de hoy formalizo mi recusación conforme a lo dispuesto en el número 18º del artículo 82 del código de procedimiento civil, esta recusación se presenta ante la ciudadana Juez, Tercero: el computo del lapso procesal realizado por secretaria adolece de error de concepción pues el día 27 de febrero del 2025, es el día “a quo” y no se computa. Cuarto: por cuanto la providencia del tribunal de fecha 11 de marzo del 2025, mediante la cual se declara improcedente la solicitud de inadmisibilidad de la demanda, se encuentra plagado de vicios que atentan contra el orden público. Anuncio recurso ordinario de apelación de conformidad con lo dispuesto en el artículo 878, en concordancia con el artículo 289 ambos del código de procedimiento civil, en razón que el fallo aquí impugnado lesionan el orden público y pido que la apelación sea oída en ambos efectos. En la oportunidad de presentar los informes, la parte demandante, expresó lo siguiente:…Que el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, ante una solicitud de declaratoria de INADMISIBILIDAD DE LA DEMANDA debidamente fundada en el derecho, resolvió en el auto recurrido de fecha once (11) de marzo del presente año 2.025, el cual obra del folio 198 al 203, luego de omitir pronunciarse sobre alegatos centrales de vital importancia procesal, lo siguiente: “…por lo que esta juzgadora considera que el Poder cumplió con los requisitos exigidos en la Ley para su validez, por lo que se determina valido para accionar y no carece de cualidad (sic), de todo lo antes mencionado esta Juzgadora considera improcedente declarar la inadmisibilidad de la presente demanda. Es todo...." …Que la decisión proferida por el a quo amen de encontrarse viciada de nulidad por las razones que se expresaran en capítulo aparte, atenta seriamente contra: 1.- El orden público v 2. Vulnera el principio de la expectativa plausible y la confianza legitima, por lo que se amerita el control de su legalidad por parte de este órgano jurisdiccional superior a través del presente recurso ordinario de apelación. … Que DE LOS VICIOS DE LOS CUALES ADOLECE LA PROVIDENCIA JUDICIALIMPUGNADA: II.1.- La decisión judicial recurrida infringe por falta de aplicación lo dispuesto en los artículos 12. 166, 243 ordinal 5. 206. 321 v 341 todos del Código de Procedimiento Civil; así como también, por falta de aplicación del artículo 1.155 del Código Civil y 3y 4 ambos de la Ley de Abogados, lo que en definitiva configura el vicio de incongruencia negativa del fallo por falta u omisión de pronunciamiento en torno los hechos centrales en que se fundamentó la solicitud nulidad del auto de admisión de la demanda y consecuencialmente la INADMISIBILIDAD de la misma por atentar contra el orden público, por lo que, la juez de la primera instancia no cumplió al momento de producir el fallo cuestionado con el principio de la exhaustividad que debe estar presente en toda providencia judicial. Verá usted respetada Juez Superior, la comprensión de lo arriba denunciado amerita necesariamente la transcripción de los argumentos de hecho debidamente fundados en el derecho y la jurisprudencia patria, vertidos en el escrito que contiene la solicitud de nulidad del auto de admisión de la demanda y en su lugar fuera declarara su I N A D M I S I B I L I D A D, por lo que me permito transcribir y hacer valer ante esta alzada cuanto se dijo en su oportunidad: …Que DE LA NULIDAD DEL AUTO DE ADMISIÓN DE LA DEMANDA Y SU CONSECUENTE INADMISIBILIDAD, POR FALTA DE REPRESENTACIÓN JUDICIAL DEL CIUDADANO JUAN RONALDO GUTIÉRREZ RAMÍREZ, CON RESPECTO A LA DEMANDANTE ANGELA MAISA GUTIÉRREZ PACHECO, EN EL MARCO DE LA INFRACCIÓN DE NORMAS DE ORDEN PÚBLICO …Que Ciudadana Juez, siendo ésta la primera actuación de mi representada luego de ser acordada la reposición de la causa al estado de dar formal contestación a la demanda como quedó establecido en sentencia producida por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, de fecha veinte (20) de diciembre de 2.024, en nombre de mi mandate manifiesto en esta oportunidad que no trabaré la litis conjuntamente con oposición de cuestiones previas, sino que, pasaré de inmediato a denunciar formalmente la infracción flagrante por parte de este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de esta misma Circunscripción Judicial, de los artículos 14 y 166 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 3 y 4 de la Ley de Abogados, por quebrantamiento de formas sustanciales de los actos, al momento de admitir la irrita demanda de desalojo. Las normas aquí delatadas como transgredidas son del tenor siguiente: "Articulo 14: El Juez es el director del proceso y debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión a menos que la causa esté en suspenso por algún motivo legal. Cuando esté paralizada, el juez debe fijar un término para su reanudación que no podrá ser menor de diez días después de notificadas las partes o sus apoderados. "Artículo 166: Sólo podrán ejercer poderes en juicio quienes sean abogados en ejercicio, conforme a las disposiciones de la Ley de Abogados". Por su parte, el primer párrafo del artículo 3, y en el primero del artículo 4 de la Ley de Abogados, se señala: "Articulo 3. Para comparecer por otro en juicio, evacuar consultas jurídicas, verbales o escritas y realizar cualquier gestión inherente a la abogacía, se requiere poseer el título de abogado, salvo las excepciones contempladas en la Ley. Artículo 4: Toda persona puede utilizar los órganos de la administración de justicia para la defensa de sus derechos e intereses. Sin embargo, quien sin serabogado deba estar en juicio como actor, como demandado o cuando se trate de quien ejerza la representación por disposición de la Ley o en virtud de contrato, deberá nombrar abogado, para que lo represente o asista en todo el proceso, (...)". …Que Vera usted respetada Juez, este Juzgado de la cognición no se percató que las normas antes transcritas han sido gravemente vulneradas, cuando el ciudadano JUAN RONALDO GUTIÉRREZ RAMIREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V- 19.993.279, se ha atribuido la representación judicial (apoderado judicial) de la demandante ciudadana ANGELA MARISA GUTIÉRREZ PACHECO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-7.530.824, según se desprende de "poder especial" autenticado ante la Notaria Publica de la Ciudad de San Carlos, estado Cojedes, en fecha veintiocho (28) de octubre de 2.021, inscrito bajo el Nro. 5, tomo 57, folios 22 al 26 de los libros correspondientes, el cual obra en la primera pieza de este expediente al folio 19 y su vuelto (viciado de nulidad por ilicitud de su objeto de conformidad con lo que preceptúa el artículo 1.155 del Código Civil). SIN TENER el mencionado ciudadano JUAN RONALDO GUTIÉRREZ RAMÍREZ, la capacidad necesaria de postulación por no ser éste un profesional del derecho, es decir, no titulado por alguna Universidad Venezolana como Abogado, lo que sin lugar a dudas configura la infracción de las normas denunciadas las cuales son de estricto orden público. …Que Ciudadana Juez, esta infracción es INSUBSANABLE como lo ha dejado establecido de manera reitera, pacífica y diuturna el Tribunal Supremo de Justicia tanto en Sala Constitucional como en la Sala Civil. Se debe decir adicionalmente, que aun y cuando el sedicente "apoderado" se haya hecho asistir al momento de presentar la demanda en fecha once (11) de octubre del año 2.022, por la profesional del derecho JESSICA PINTO, titular de la cédula de identidad Nro. V- 17.328.207 e inscrita en el I.P.S.A. bajo el Nro. 129.190, ello no suple su falta de representación. …Que En razón de ser todo lo expuesto, se debe concluir que el ciudadano JUAN RONALDO GUTIÉRREZ RAMÍREZ, no pudo ni ha podido en estricto derecho realizar ningún acto procesal valido en este juicio, por lo que es forzoso para esta representación judicial también impugnar el poder apud acta que obra al folio 101 de la primera pieza de este expediente, pues mal puede dar o transferir un mandado que no ostenta, amén de haberse conferido como si él fuera el demandante tal como se desprende de su redacción, por lo que, el auto de admisión de la demanda debe ser declarado absolutamente NULO y, en su lugar INADMISIBLE la demanda, conforme a lo estatuido en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los 166 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 3 y 4 de la Ley de Abogados. …Que sobre todos los argumentos de derecho expuestos anteriormente, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en fallo de reciente data, caso LINDAMAR LOPES de XAVIER, en nombre del ciudadano JOSÉ ΑΝΤΟΝΙΟ XAVIER XAVIER contra el ciudadano FRANCISCO JAVIER DÍAZ, y la sociedad mercantil ESTACIÓN DE SERVICIO MAIPURE UNO C.A., de fecha treinta y un (31) días del mes de octubre de dos mil veinticuatro (2024), Exp. AA20-C-2024-000426, Magistrada Ponente: CARMEN ENEIDA ALVES NAVAS, y con abundante citas jurisprudenciales incluso de la Sala Constitucional, ha establecido una vez más de manera pacífica, reiterada y diuturna lo siguiente: “...Ahora bien, en el presente caso, después de la revisión de todas las actas del expediente, se observa que la reforma de la demanda de fecha 1º de diciembre de 2020, fue interpuesta por la ciudadana Lindamar Lopes de Xavier, la cual actúa como apoderada de la parte demandante, ciudadano José Antonio Xavier Xavier; con asistencia del abogado César Arturo Ramírez Pérez, dicho mandato fue acreditado según poder autenticado por la Notaria Pública de La Gran Sabana, Municipio Autónomo Gran Sabana del Estado Bolívar, con sede en Santa Elena de Uairen, del 21 de febrero de 2011, el cual fue presentado previamente ante el Consulado General en Boa Vista de la República Bolivariana de Venezuela Nº 036-11, en fecha 11 de febrero de 2011.” En tal sentido, la ciudadana Lindamar Lopes de Xavier ejerció representación en juicio, sin ser abogada, en franca violación de la Ley de Abogados, que sólo permite dicha representación como apoderada o apoderado judicial de quien cumpla el requisito de ser abogada o abogado, pues si la persona que tiene el mandato carece de esta habilitación, no puede ser representante ni actuar en juicio; así lo tiene establecido la doctrina y la jurisprudencia de esta Sala de antigua data, pues en tal caso existe una evidente falta de capacidad de postulación de la persona que se presenta come apoderada o el apoderadojudicial, e incurre el juez en una flagrante violación al orden público, al habérsele dado tramite a una demanda inadmisible. Lo discernido anteriormente, debe ser valorado por esta Sala de Casación Civil, atenida a los diuturnos, pacíficos y consolidados criterios doctrinales y jurisprudenciales reiterados en las transcripciones que, a métodos de ejemplos, se darán a continuación, destacándose que son ineficaces las actuaciones realizadas en juicio por quien no es abogada o abogado, aun cuando hubiere actuado asistido de una o un profesional del Derecho tal como se expuso en la sentencia número 448, del 21 de agosto de 2003. Caso Jesús Antonio Romero Graterol contra José Sánchez Coronado V otra, en la que esta Sala recopilo diferentes decisiones del modo siguiente: …Que en sentencia de esta Sala, de fecha 18 de abril de 1956, se estableció lo siguiente: "Como tal representante de otros, no puede dicho señor sin ser abogado ni procurador comparecer en juicio, ni realizar ninguna gestión (la ley erradamente dice cuestión) inherente al ejercicio de la profesión de abogado (articulo 2º Ley de Abogados) ya que tampoco está comprendido aquél en las excepciones establecidas por esta ley por el Código de Procedimiento Civil. En consecuencia no le es dable a esta Corte admitir el escrito de formalización de este recurso pues además del referido articulo 2º, también dispone el artículo 4º de la misma ley especial que: Los jueces no admitirán como representante a personas que según las disposiciones de la presente ley, carezcan de las condiciones exigidas para ser apoderados judiciales". ...Omissis... ..Que en sentencia del 14 de agosto de 1991 (Agropecuaria Hermanos Castellano C.A. contra Leonte Borrego Silva y otro), la Sala nuevamente señaló que si una persona siendo apoderado no es abogado, no puede ejercer en juicio la representación de su mandante, aun asistido de abogado, no sólo por prohibición expresa de los artículos 3º y 4º de la Ley de Abogados, norma especial que regula la materia, en concordancia con el artículo 82 de la Constitución, sino que el artículo 166 del Código de Procedimiento Civil, reafirma que sólo los abogados en ejercicio podrán ejercer poderes en juicio". En ese mismo sentido, esta Sala de Casación Civil, en sentencia número 595, del 30 de noviembre de 2010, caso Joaquín Urbina, reiterada en decisión número 535 del 22 de noviembre de 2011, expediente número 2008-653, caso: SEVALCA y otro, contra Rosalind Mary Rovstone y otro, acogiendo la doctrina de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, señaló lo siguiente: "Por otra parte, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, ha sostenido el criterio de que son ineficaces las actuaciones realizadas como representante de otro en juicio por quien no es abogado, aun cuando hubiere actuado asistido por abogado. Así en sentencia N° 1325, que emitió el 13 de agosto de 2008 (Caso: Iwona Szymańczak), señaló lo que sigue: …De lo anterior se evidencia que, tanto el Juzgado de Municipio como el Juzgado de Primera Instancia erraron cuando consideraron subsanada la cuestión previa que fue promovida por la parte demandada -ordinal 3º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil-, toda vez que, de conformidad con lo que preceptúan los artículos 166 del Código de Procedimiento Civil v 4 de la Ley de Abogados, para el ejercicio de un poder judicial dentro de un proceso, se requiere la cualidad de abogado en ejercicio, lo cual no puede suplirse ni siquiera con la asistencia de un profesional del derecho, salvo que la persona actúe en el ejercicio de sus derechos e intereses, lo cual, a toda luces, vicia de nulidad el mandato judicial que hubiere sido otorgado por ilicitud de su objeto de conformidad con lo que preceptúa el artículo 1.155 del Código Civil, por la imposibilidad jurídica en que se encuentra quien no es abogado de ejecutarlo; razón por la cual, cuando una persona que no es abogado ejerce actuaciones judiciales en nombre de otro (a menos que sea su representante legal), incurre en una manifiesta falta de representación, porque carece de esa especial capacidad de postulación que sí detenta todo abogado que no se encuentre inhabilitado para el ejercicio libre de la profesión, conforme a lo que establecen la Ley de Abogados y demás leves de la República; ello, además, en forma insubsanable, va que no hay manera de que adquiera la capacidad de postulación que no tenía cuando actuó sin ella. Así se establece (negrillas y subrayado de esta Sala)". En igual sintonía, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal de la República, en sentencia número 1170, del 15 de junio de 2004, en el amparo constitucional incoado por Manuel Capón Linares, indicó lo siguiente: "En este orden de ideas, debe concluirse que, para el ejercicio de un poder judicial dentro de un proceso, se requiere la cualidad de abogado en ejercicio, lo cual no puede suplirse ni siquiera con la asistencia de un profesional del Derecho, salvoque la persona actúe en el ejercicio de sus propios derechos e intereses. De tal forma que, cuando una persona, sin que sea abogado, pretenda ejercer poderes judiciales, incurre en una manifiesta falta de representación, en cuanto carece de esa especial capacidad de postulación que detenta todo abogado que no se encuentre inhabilitado para el ejercicio libre de su profesión, conforme a lo que establece la Ley de Abogados". De la doctrina y la jurisprudencia antes transcritas se desprende que cualquier gestión inherente a la abogacía, realizada sin poseer el título de abogado, incurre en una manifiesta falta de representación, ya que carece de esa especial capacidad de postulación que detenta la abogada o abogado que no se encuentre inhabilitada o inhabilitado para el ejercicio libre de su profesión. En este orden de ideas, es de resaltar que para el ejercicio de un poder o mandato dentro de un proceso o juicio, se requiere la cualidad de ser abogada o abogado en libre ejercicio, lo cual no puede suplirse ni siquiera con la asistencia de un profesional del derecho, salvo que la persona actúe en el ejercicio de sus propios derechos e intereses. De tal forma que, cuando una persona, sin que sea abogada o abogado, pretenda ejercer poderes judiciales, incurre en una manifiesta falta de representación, en cuanto que carece de esa especial capacidad de postulación que detenta toda abogada o todo abogado que no se encuentre inhabilitada o inhabilitado para el ejercicio libre de su profesión, conforme con lo señalado en la Ley de Abogados y en el Código de Procedimiento Civil (ver sentencia de esta Sala número 432, del 22 de octubre de 2019, caso: William Henry Phelps Tovar v otros, contra María Corina Zajia Marcano y otro. Así lo ha establecido reiteradamente la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, tal como lo hizo en su fallo número 1325, del 13 de agosto de 2008, caso: Iwona Szymańczak, que dispuso al respecto lo siguiente: En tal sentido, la jurisprudencia reiterada de esta Sala ha señalado que son ineficaces las actuaciones realizadas en juicio por quien no es abogado, aun cuando hubiere actuado asistido de abogado, así en sentencia n.º 2324 de 22 de agosto de 2002, estableció: En este orden de ideas, debe concluirse, que para el ejercicio de un poder judicial dentro de un proceso, se requiere la cualidad de abogado en ejercicio, lo cual no puede suplirse ni siquiera con la asistencia de un profesional del derecho, salvo que la persona actúe en el ejercicio de sus propios derechos e intereses. De tal forma que, cuando una persona, sin que sea abogado, ejerce poderes judiciales, incurre en una manifiesta falta de representación, al carecer de esa especial capacidad de postulación que detenta todo abogado que no se encuentre inhabilitado para el ejercicio libre de la profesión, conforme a lo que establecen la Ley de Abogados y demás leves de la República. Asimismo, esta Sala en sentencia n.º 1.170 de 15 de junio de 2004, ratificó que: (...), la asistencia y la representación en juicio es función exclusiva de los abogados, de acuerdo con lo que preceptúan los artículos 166 del Código de Procedimiento Civil y 3 de la Ley de Abogados, y conforme lo ha establecido esta Sala en sentencia nº 742 del 19 de julio de 2000, (caso: Rubén Darío Guerra), en la que se señaló: De un análisis de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, se colige que la acción de amparo la puede interponer cualquier persona natural o jurídica, sin que el artículo 13 de dicha Ley menoscabe con formalidades la interposición de la acción, Ella, puede ser incoada por escrito o verbalmente, y entre los requisitos de la acción que exige el artículo 18 eiusdem no se encuentra si la acción se interpone personalmente el que el actor esté representado o asistido por abogado". En este orden de ideas, debe concluirse que, para el ejercicio de un poder judicial dentro de un proceso, se requiere la cualidad de abogado en ejercicio, lo cual no puede suplirse ni siquiera con la asistencia de un profesional del Derecho, salvo que la persona actúe en el ejercicio de sus propios derechos e intereses. De tal forma que, cuando una persona, sin que sea abogado, pretenda ejercer poderes judiciales, incurre en una manifiesta falta de representación, en cuanto carece de esa especial capacidad de postulación que detenta todo abogado que no se encuentre inhabilitado para el ejercicio libre de su profesión, conforme a lo que establece la Ley de Abogados. …Omississ… …Que planteada así la nulidad del auto de admisión de la demanda y la necesidad de declarar su INADMISIBILIDAD por ser contraria al orden público, y la impugnación del poder apud acta de fecha primero (01) de noviembre de 2.022, que otorgara el ciudadano JUAN RONALDO GUTIERREZ RAMÍREZ, la juez de laprimera instancia en el auto de fecha once (11) de marzo de 2.025, OMITIÓ DE MANERA INEXPLICABLE pronunciamiento expreso y positivo en torno a: PRIMERO: el hecho central no resuelto, se reduce en definitiva a que el ciudadano JUAN RONALDO GUTIERREZ RAMÍREZ no siendo un profesional del derecho titulado por una Universidad Venezolana, se le impide conforme a las normas invocadas como infringidas representar judicialmente a la ciudadana ÁNGELA MARISA GUTIERREZ PACHECO, pues no posee CAPACIDAD DE POSTULACIÓN, por lo que conforme a los artículos 3 y 4 de Ley de Abogados, 1.155 del Código Civil, 166 y 321 Ya JURISPRUDENCIA patria con criterio consolidado por más de sesenta y ocho (68) años debe ser declarada la INADMISIBILIDAD de la demanda de desalojo, conforme a lo previsto en el infringido artículo 341 de nuestro Código Adjetivo, por contrariar el orden público. SEGUNDO: El poder apud acta que confirió el ciudadano JUAN RONALDO GUTIERREZ RAMÍREZ, fue otorgado a título personal, entiéndase como si éste fuera la parte actora, por lo tanto, ese poder es completamente invalido. Basta leer el acta procesal que contiene el referido poder apud acta, el cual me permito transcribir parcialmente y obra al folio 101 de la primera pieza: “….Horas de despacho del día de hoy 1 de Noviembre del año 2022, comparece por ante este Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito, y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, el ciudadano: JUAN RONALDOGUTIERREZ RAMIREZ venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-16.993.279,... CON EL CARÁCTER DE PARTE DEMANDANTE en el presente asunto, como consta en autos, debidamente asistido confiero PODER ESPECIAL APUD-ACTA, amplio y suficiente, en cuanto a derecho se refiere, a los Abogados.... para que conjunta o separadamente asistan, defiendan representen y sostengan MIS DERECHOS E INTERESES EN LA PRESENTE DEMANDA... PARA LA MEJOR DEFENSA DE MIS INTERESES... (sic) (Mayúsculas y resaltado míos)…” …Que La impugnación de este poder tampoco fue resuelta en el auto de fecha once (11) de marzo del presente año, razón por la cual se configura el vicio de incongruencia negativa aquí denunciado. Ciudadana Juez, resulta indudable que JUAN RONALDO GUTIERREZ RAMÍREZ, no puede representar a su mandante en juicio por carecer de capacidad de postulación y, como si fuera poco, no tiene como indebidamente se lo atribuye "el carácter de parte demandante en el presente juicio", para que actuando como falsamente lo hace, pueda en su propio nombre conferir poder, y así pido sea declarado. 112.- La decisión impugnada adicionalmente infringe por falta de aplicación lo dispuesto los artículos 12 y ordinal 4 del artículo 243 ambos del Código de Procedimiento Civil, lo que configura el vicio de INMOTIVACIÓN del fallo por falta de fundamento en el derecho, lo que indefectiblemente acarrea su nulidad, Tal inmotivación del fallo radica en lo siguiente: La juez de la causa, entiéndase bien, sin ser el tema a decidir, que si lo era la falta de capacidad de postulación del ciudadano JUAN RONALDO GUTIERREZ RAMIREZ por no ser Abogado como quedó expuesto en la denuncia anterior, se limita a diferenciar entre poder general y poder de administración y disposición, considerando de manera errada válido el poder, cuando en estricto derecho y como la cita la jurisprudencia invocada el instrumento está viciado de nulidad por ilicitud en el objeto según el artículo 1.155 del Código Civil. Entonces, sin fundar la sentencia en el derecho, es decir, en norma alguna de nuestro derecho positivo, solamente se contenta con citas doctrinarias, que si bien puede ser fuente del derecho, no es menos cierto que no puede prelar la doctrina sobre el derecho positivo vigente en el país, amen repito, que no era el tema THEMA DECIDENDUM. Pretender motivar el fallo en la doctrina evadiendo aplicar normas de derecho es un situación sumamente grave, pues de haber aplicado los artículos 166 del Código de Procedimiento Civil, artículos 3 y 4 de la Ley de Abogado, articulo 1.155 del Código Civil, y la jurisprudencia patria con fundamento en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, la sentenciadora debió haber declarado procedente la solicitud de nulidad del auto de admisión de la demanda y, por vía de consecuencia su I N A D M I S I B I L I D A D, por cuanto el ciudadano JUAN RONALDO GUTIERREZ RAMÍREZ, no es un profesional del derecho. No puede existir decisión alguna sin sustento normativo o base legal, pues se configura el abuso de poder, como en efecto ha ocurrido en el presente caso. Se debe dejar de establecido en este escrito de informe, que la propia juez de la causa cita y transcribe parcialmente en el auto recurrido la sentencia de reciente data de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 31 de octubre de 2.024 (ver parte in fine del folio 200), que es la misma transcrita en extenso al momento de solicitar la inadmisión de la demanda y, ahora transcritaen este escrito de informe, la cual sumamente didáctica en torno al caso sub índice; sin embargo, hace caso omiso del sentido y alcance allí plasmado, lo que llama poderosamente la atención, pues ha debido acoger el criterio pacifico, reiterado y diuturno allí plasmado en aras de salvaguardar el orden público, que hoy pido sea restaurado. Finalmente, pido que el presente escrito de informe sea recibido por la secretaria del Tribunal, sustanciado conforme a derecho y declarado CON LUGAR el presente recurso ordinario de apelación, en consecuencia: 1.- NULO EL AUTO DE ADMISIÓN DE LA DEMANDA 2.- INADMISIBLE LA DEMANDA DE DESALOJO y 3.- Expresa condenatoria en costos y costas incluidas en estas últimas los honorarios profesionales de Abogado, tal como lo ha hecho la Sala de Casación Civil de nuestro Máximo Tribunal en caso similares, verbigracia el fallo transcrito en este escrito de informe. San Carlos, en la fecha de su presentación.- En la oportunidad de presentar los informes, la parte demandada, expresó lo siguiente: En fecha 11/08/2022, se introduce Demanda de Desalojo de Inmueble comercial, ejercida por el ciudadano JUAN RONALDO GUTIERREZ RAMIREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-16.993.279, quien actúa en nombre y representación de la ciudadana ANGELA MARISA GUTIERREZ PACHECO, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 7.530.824, y de este domicilio, teléfono 0414-4087610, correo electrónico angelag01@hotmail.com, tal como consta de documento debidamente autenticado por ante la Notaria Publica de San Carlos, estado Cojedes, anotado bajo el Nº 5, Tomo 57, Folios 22 al 26, de fecha 28/10/21, de los libros de autenticaciones llevados por esa Notaria, el cual el cual se encuentra agregado a los folios del expediente inicial signado con el N° 6110, en contra de la Sociedad Mercantil POLLO EN BRAZAS EL TEIDE-SAN CARLOS C.A, representada actualmente por el ciudadano ROMAN ALEXANDER ALVAREZ PEREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N.º V-10.992.159, correspondiéndole el conocimiento de la causa al Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes. Fueron agotadas la vías procesales para la notificación del demandado, a saber, citación personal, citación por carteles publicándose la misma en Dos (2) periódicos de circulación nacional y fijación de cartel tanto en domicilio que se conoce del representante legal del demandado como en la sede del establecimiento comercial. Así pues, en virtud de no haber comparecido el accionado a pesar de las citaciones realizadas, se procedió a designar Defensor de oficio a favor del mismo, a los fines de garantizar su Derecho a la Defensa, correspondiéndole el compromiso al profesional del derecho Abg. Eudes Bladimir Moreno López titular de la C.I. N° V-7.563.585 e inscrito en el IPSA bajo el N° 193.747. En fecha 22/05/23, el defensor judicial de la parte accionada presenta escrito de Contestación de Demanda, en el cual (entre otras cosas) solicita Nulidad de la citación de fijación del edicto de citación en el domicilio y en consecuencia que se retrotraiga el proceso para que se realice una nueva citación de edicto en la sede del establecimiento comercial (folios 158 al 185 Primera Pieza). El escrito de contestación de demanda presentado por el defensor judicial designado para representar al demandado surtió efectos jurídicos, por cuanto el Tribunal declaro Con Lugar la solicitud de Nulidad y en consecuencia retrotrajo el proceso a estado de realizar una nueva publicación del edicto de citación por cartel en la morada; es decir en la sede del establecimiento comercial donde funciona la Sociedad Mercantil POLLO EN BRAZAS EL TEIDE-SAN CARLOS C.A. En fecha 31/10/23, en virtud de que se retrotrajo el proceso al estado de fijación de cartel en la morada, se designa por segunda vez un nuevo defensor judicial en representación de la parte demandada, correspondiéndole la defensa al Abg. Juan Vivas (Folio 6, Pieza II). En fecha 07/11/23, se realizar la efectividad de la notificación al defensor designado. (Folio 9, pieza II). Al folio 10, pieza II, se verifica que fue realizado el acto de juramentación al defensor judicial designado. En fecha 04/12/23, se realiza citación efectiva al defensor judicial del accionado para dar contestación a la demanda. (Folio 19, pieza II) En fecha 22/01/24, se consigna auto que ordena agregar escrito de contestación de demanda al expediente. (Folio 23, pieza II)En fecha 14/02/24, se celebró audiencia preliminar, en la cual estuvo presente e intervino el defensor judicial del demandado. (Folio 26, pieza II) En fecha 27/02/24, fue presentado escrito de promoción de pruebas por el defensor judicial de la parte demandada. (Folio 31, pieza II). En fecha 11/03/24, se dictó auto de admisión de pruebas presentado por las partes. (Folio 38, pieza II). En fecha 00/00/00, se presenta la parte demandada ante el Tribunal de Primera Instancia, a los fines de darse por Notificado de la demanda, otorgando en consecuencia un poder apud actas al profesional del derecho ciudadano Oswaldo Jesús Monagas Polanco, inscrito en el IPSA bajo el N° 49.049.Seguidamente el apoderado judicial, presenta ante el Tribunal de Primera Instancia la Reposición de la Causa al estado de Contestación de la Demanda. arguyendo principalmente, la necesidad de otorgarle la oportunidad al demandado de Contestar la Demanda, para poder satisfacer su irrenunciable Derecho a la Defensa a través del acto de Contestación, incidencia esta que conllevó a que surgiera un pronunciamiento por parte de este Tribunal Superior, el cual concluyo en sentencia interlocutoria de fecha 20/12/24, por darle la razón al apoderado judicial de la parte demandada, ordenándose en consecuencia la reposición de la causa a la fase de CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. Ahora bien; en fecha 07/02/25, el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, dando cumplimento a lo ordenado por esta Alzada respecto a la decisión emitida en el Exp. Signado con el N° 1389, ordena reingresar el exp original a su despacho y en consecuencia a partir de esa fecha computar el lapso de ley para dar Contestación a la Demanda. Sin embargo; sorprende a esta representación judicial, el escrito presentado en fecha 27/02/2025 por el Apoderado Judicial de la parte accionada, a través del cual a pesar de que fue tan insistente en que se respetaran los derechos de su representada para que le brindaran la oportunidad de contestar la demanda, este; por el contrario presenta un escrito donde renuncia a su insistente derecho de dar contestación a la demanda, por cuanto lo considera innecesario, dejando transcurrir el lapso de forma íntegra, el cual culmino en fecha 11/03/25, tal como quedó asentado en auto de fecha 11/03/25 dictado por el Tribunal de Primera Instancia, el cual riela al folio 204 de la II pieza del exp, ello se evidencia del escrito presentado por el apoderado judicial, en el cual deja asentado lo siguiente: “...luego de ser acordada la reposición de la causa al estado de dar formal contestación a la demanda como quedo establecido en sentencia producida por el Juzgado Superior en lo Civil. Mercantil, Bancario y del Transito de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes de fecha veinte (20) de diciembre de 2024, en nombre de mi mandante manifiesto en esta oportunidad que NO TRABARE LA LITIS CONJUNTAMENTE CON OPOSICION DE CUESTIONES PREVIAS, SINO QUE PASARE DE INMEDIATO A DENUNCIAR FORMALMENTE la infracción flagrante por parte de este Juzgado Segundo de Primera Instancia en to Civil, Mercantil Bancario y del Tránsito de esta misma de Circunscripción Judicial. (Cursivas, negritas y subrayado añadido). Ahora bien, ante el sorpresivo escrito presentado por el Apoderado Judicial Abg Oswaldo Monagas, resulta necesario hacer una serie de consideraciones de carácter importante, a saber. Solicita el apoderado judicial la Nulidad del Auto de admisión de la demanda y su consecuente inadmisibilidad, por falta de representación judicial del ciudadano Juan Ronaldo Gutiérrez Ramírez, con respecto a la demandante Ángela Marisa Gutiérrez Pacheco, en el marco de la infracción de normas de orden público. En ese orden de ideas se debe recordar al profesional del derecho que nos encontramos ante un proceso judicial que versa sobre una DEMANDA DE DESALOJO DE INMUEBLE COMERCIAL, en tal sentido es necesario aclarar quienes tienen la facultad y/o cualidad para demandar en esta materia, así pues, tanto la doctrina como la Jurisprudencia patria se han pronunciado sobre este particular, dejando asentado quienes pueden demandar el desalojo de inmueble comercial, tomando en cuenta que la ciudadana Ángela Marisa Gutiérrez Pacheco, otorgo un Poder Notariado al ciudadano Juan Ronaldo Gutiérrez Ramírez para: “…que represente, sostenga y defienda mis derechos e intereses, en todas las gestiones de Administración y disposición sobre la parte que me corresponde sobre un lote de terreno con una extensión de Dos Mil Ciento Sesenta y Ocho Metros Cuadrados con Ochenta y Cuatro Decímetros (2.168.,84 Mts2) y bienhechurías sobre el construidas, ubicada en la ciudad de San Carlos cuyos linderos son los siguientes: NORTE: Av. Sucre, que es su frente; SUR: Con la Av. Carabobo y Sucre. OESTE Con edificio que es o fue de la sociedad Arias yQuiñones, el cual me pertenece según se evidencia de documento debidamente autenticado por ante la Notaria Publica de San Carlos, estado Cojedes, anotado bajo el N° 67, Tomo 9, de fecha 12-08-1987... (sic) En virtud de este mandato además de las facultades inherentes a todo administrador, tendrá las siguientes: Podrá representarme ante personas naturales o jurídicas, sean públicas o privadas, ante los entes públicos d administración nacional, estadal o municipal, administrar el bien inmueble aquí referido y por ende cobrar y recibir cantidades de dinero que se me adeuden, otorga y firmar recibos, finiquitos y cancelaciones ante cualquier entidad financiera, pidiendo extenderlo en documentos públicos o privados; así como también representarme ante entes organismos públicos y privados, traspasos de créditos de cualquier naturaleza, sustituciones de deudores, de garantes, convenir en ampliaciones, reducciones o limitaciones de garantías personales o reales que se tenga o se le dieran en el futuro, celebrar contratos de arrendamiento y compra, fijando los cánones de arrendamiento y la forma de pago de las mismas, recibirlos, pagarlos, celebrar prestamos como deudor, otorgar toda clase de documentos públicos y privados relativos al inmueble firmando los originales y lo correspondiente ante cualquier funcionario público notarias u oficinas, de reconstituir cualquier especie de contrato puro y simple o bajo termino, y todo cuanto yo haría en defensa de mis derechos e intereses y de ese inmueble sin limitación alguna. En lo judicial y lo administrativo que facultado para comparecer y gestionar ante todas y cada una de las autoridades, bien sean civiles, administrativas, fiscales, laborales, mercantiles, penales, como demandante o demandada, dándose a sí mismo por citado, emplazado, notificado en mi nombre, otorgar poderes notariados o apud actas, sustituir este poder total o parcialmente en una persona p abogados de su elección reservando su ejercicio, el apoderado aquí constituido queda facultado para hacer cuanto yo haría en defensa de mis derechos e intereses, ya que las facultades conferidas son de carácter enunciativo y de ninguna manera taxativas....” …Que Se observa entonces del contenido del Poder que otorga la ciudadana Ángela Marisa Gutiérrez Pacheco al ciudadano Juan Ronaldo Gutiérrez Ramírez, se circunscribe a que el mismo ejerza acciones de ADMINISTRACION y en consecuencia defienda sus derechos sobre un lote de terreno y las bienhechurías sobre el construidas que le pertenecen, considerando que en dicho lote de terreno, по solamente se encuentra el local comercial objeto de la presente demanda de desalojo, sino que también se encuentran otros locales comerciales ocupados por otros arrendatarios, otorgándose la facultad incluso de reconocer o suscribir contratos de arrendamiento o hasta ventas sobre el inmueble, dándole igualmente la facultad para demandar en su nombre y otorgar poderes apud actas a abogados de su confianza. siendo preciso en este punto analizar si el ciudadano Juan Gutiérrez tiene legitimación o no para demandar el desalojo comercial en nombre de la verdadera defensa de los derechos e intereses de la ciudadana Ángela Marisa Gutiérrez Pacheco, en tal sentido, corresponde determinar lo que la doctrina y la jurisprudencia ha establecido sobre este particular en materia de demandas de desalojo de inmueble comercial, respecto a la legitimación; pues no es lo mismo la legitimación para arrendar y en consecuencia demandar el desalojo, que la legitimación para vender o ejercer cualquier otra acción que ponga en riesgo el patrimonio o los derechos del poderdante, lo cual es el verdadero fin de las múltiples decisiones emitidas por el TSJ, al momento de establecer criterio en cuanto a la cualidad para demandar, dirigidas siempre a resguardar los derechos de las partes y sobretodo del poderdante. ...Que en este orden de ideas, es menester traer a colación que el mismo representante legal de la parte demandante ciudadano Román Álvarez, reconoce y acepta al ciudadano Juan Ronaldo Gutiérrez como representante de la propietaria del inmueble que de manera irresponsable ocupa, lo cual se evidencia de la Inspección Judicial que fue realizada por el Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos, Tinaco y Lima Blanco de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, en fecha 08/12/21, en el cual se deja constancia lo siguiente: “En cuanto al quinto particular el ciudadano RONALDO GUTIERREZ lo autorizo para hacer remodelaciones al local, lo cual según su persona consta por escrito..." ...Que ello se evidencia de la Pieza 1, folio 54 del asunto principal, en el cual el ciudadano Román Álvarez, en un acto desesperado y tratando de justificar su irresponsabilidad, manifestó a viva voz en la inspección que se estaba llevando a cabo que si tenía autorización para realizar remodelaciones al local comercial objeto de la presente demanda y que la supuesta autorización se la había dado por escrito el mismo ciudadano JUAN RONALDO GUTIERREZ, presente en lainspección como parte solicitante, reconociendo al mismo representante o responsable del inmueble. …Que sin embargo, pretende a estas alturas del proceso el apoderado judicial, utilizar mecanismos dispersivos, disfrazándolos de acciones "justas" alegando que el presente proceso se encuentra viciado de nulidad por no tener cualidad el demandante para intentar la acción, alejándose del verdadero propósito del proceso, a través de tácticas dilatorias que lo que hacen es forzar y sacrificar la justicia, pues en vano fue el proceso del recurso de apelación ejercido por el profesional del derecho que tanto insistió, respecto a su solicitud de que se retrotrajera la causa al estado de contestación de la demanda (donde por cierto el demandante seguía siendo el mismo ciudadano Juan Ronaldo Gutiérrez, al cual parecía reconocerlo para ese entonces como parte demandante), cuando una vez declarado con lugar por este mismo Tribunal Superior, el apoderado judicial decidió desistir del mismo, dejando asentado "...en esta oportunidad que NO TRABARE LA LITIS CONJUNTAMENTE CON OPOSICION DE CUESTIONES PREVIAS, SINO QUE, PASARE DE INMEDIATO A DENUNCIAR FORMALMENTE...", alegando posteriormente en su escrito que tal solicitud de nulidad del auto de admisión de la demanda y su consecuente inadmisibilidad, puede invocarse en cualquier estado y grado de la causa …Que pero es el caso que en materia de arrendamiento de local comercial y por ende en materia de demandas de desalojo, existe un criterio distinto en cuanto a quienes están facultados o tiene condición para demandar, pues el mismo Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento inmobiliario para él o Comercial, le otorga la facultad a personas distintas al propietario del inmueble para arrendar el mismo, siempre y cuando sea reconocido por el propietario y por ende por vía de interpretación tendrá legitimidad para solicitar el desalojo. ...Que así pues; mediante sentencia número 595 del 7 de noviembre del 2022, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia estableció que, de acuerdo con el artículo 6 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el uso Comercial, solo el propietario, el administrador o gestor, pueden tener el vínculo de carácter convencional para arrendar el inmueble destinado al comercio La Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el uso Comercial, establece en su artículo 6: "La relación arrendaticia es el vínculo de carácter convencional que se establece entre el arrendador del inmueble destinado al comercio, en su carácter de propietario, administrador o gestor del mismo, y el arrendatario, quien toma dicho inmueble en arrendamiento para ejecutar en él actividades de naturaleza comercial, generen éstas lucro, o no...". …Que la Sala de Casación Civil concluyó que "el contrato de arrendamiento lo pueden suscribir el propietario, administrador o gestor del mismo, en ese sentido se puede determinar que los sujetos que no hayan actuado en un contrato de arrendamiento con algunas de estas condiciones, evidentemente de conformidad con lo previsto en el artículo 6 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, no tienen legitimidad para suscribir un nuevo contrato de arrendamiento sin que haya expirado el primero, y por vía de interpretación, tendrá legitimidad para solicitar el desalojo y serán solidariamente responsables por aquellos contratos heredados de los inmuebles adquiridos" (Omissis)…. …Que estableciéndose de esta manera el criterio de nuestro máximo Tribunal del Pais, respecto a quienes tienen legitimidad para demandar el desalojo de inmueble comercial, en el cual el mismo Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el uso Comercial, le otorga la facultad a personas distintas al propietario del inmueble para arrendar el mismo, siempre y cuando sea reconocido por el propietario y por ende por vía de interpretación tendrá legitimidad para solicitar el desalojo, siendo además reconocido el ciudadano Juan Ronaldo Gutiérrez, por el inquilino del inmueble y hoy demandante en el presente juicio, tal como se evidencio en la inspección judicial por el Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos, Tinaco y Lima Blanco de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, en fecha 08/12/21, tal como se refirió anteriormente. …Que es por lo que resulta de vital importancia que se analice la facultad que le otorgo la ciudadana Ángela Marisa Gutiérrez al ciudadano Juan Ronaldo Gutiérrez, mediante poder notariado, dirigido a ser un PODER DE ADMINISTRACION sobre un bien inmueble particular de su propiedad, en el cualse encuentra el local comercial objeto de la demanda, siendo que tal poder lo faculta para ejercer acciones de administrador y tal como ya se ha explicado esta figura es reconocida por el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el uso Comercial, el cual establece en su artículo 6: "La relación arrendaticia es el vinculo de carácter convencional que se establece entre el arrendador del inmueble destinado al comercio, en su carácter de propietario, administrador o gestor del mismo, y el arrendatario, quien toma dicho inmueble en arrendamiento para ejecutar en él actividades de naturaleza comercial, generen éstas lucro, o no...". La Sala de Casación Civil concluyó que "el contrato de arrendamiento lo pueden suscribir el propietario, administrador o gestor del mismo, en ese sentido se puede determinar que los sujetos que no hayan actuado en un contrato de arrendamiento con algunas de estas condiciones, evidentemente de conformidad con lo previsto en el artículo 6 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, no tienen legitimidad para suscribir un nuevo contrato de arrendamiento sin que haya expirado el primero, y por vía de Interpretación, tendrá legitimidad para solicitar el desalojo. Por todo lo antes expuesto es por lo que Solicito con todo respeto que el presente escrito sea agregado al expediente y sustanciado conforme a derecho y en consecuencia sea Declarado SIN LUGAR el presente Recurso de Apelación y en consecuencia sea ratificada la decisión emitida por el Ad quo en fecha 11/03/2025, criterio que se encuentra totalmente ajustado a derecho. Es justicia que espero en San Carlos, a la fecha de su presentación. III MOTIVACIONES PARA DECIDIR Leídas como han sido las defensas de las partes, así como las pruebas presentadas, y dándole una apreciación a las mismas a fin de poder determinar lo más ajustado en derecho, este Tribunal considera prudente, a los fines de motivar la presente sentencia, traer a colación lo alusivo a la Tutela Judicial Efectiva, que como bien es sabido, no es más que el derecho de Rango Constitucional y Legal; el cual es garante del Orden Público, del Debido Proceso y de la defensa de las partes; es decir, garantizador del ejercicio eficaz de los derechos de las partes en el proceso. En este sentido, cuando se habla del Principio de Legalidad, se hace referencia al estricto cumplimiento de los trámites que son fundamentales para el procedimiento, el cual está enlazado al principio de las formas procesales, salvo lo exceptuado por la ley. En virtud de ello, no se le es permitido a los jueces, omitir algún lineamiento, bien sea estructural, secuencial o de desarrollo del proceso; es decir, el tiempo, el modo, y lugar en que deben realizarse tanto el análisis o estudio como los actos procesales, porque estarían vulnerando tal derecho. Con base en tal aserto, pasa esta Juzgadora a realizar las siguientes observaciones, con el objeto de dictar una sentencia ajustada a derecho, con cabal adecuación a la pretensión, y enmarcada en los límites del Themadecidendum, todo conforme a lo estipulado en el ordinal cuarto 4° del artículo 243 de la norma adjetiva. Ahora bien, de la actuación antes indiscriminada, se observa que el presente juicio se fundamenta principalmente en el recurso de apelación interpuesto por el abogado OSWALDO JESÚS MONAGAS POLANCO, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho, titulares de las cédulas de identidad N°.V-8.666.928, hábil en derecho, inscrito por ante el Instituto de previsión Social del Abogado bajo el N°. 49.049, actuando en su carácter de apoderado judicial de la SOCIEDAD DE COMERCIO POLLO EN BRAZAS EL TEIDE- SAN CARLOS, C.A, inscrito ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, en fecha 15 de juliodel 1981, bajo el N° 2.646, Tomo XV, folios del Vto, 55 al 59, representada por el ciudadano Román Alexander Álvarez Pérez, titular de la cedula de identidad N° V-16.993.279, por motivo del auto dictado en fecha 11 de marzo de 2025, emanada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil Mercantil del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes. El cual declaro…. Extracto: “Omissis… …Vista escrito consignado por el Ciudadano Oswaldo Jesús Monagas Polanco, titular de la Cédula de Identidad N° 8.666.928, abogado en libre ejercicio, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 49.049, Número de Teléfono: (0414) 4857464, Correo electrónico: oswaldomonagas68@gmail.com, presentada en fecha veintisiete de febrero del 2025, parte demandante, mediante la cual solicita: "..Ciudadana jueza siendo esta la primera actuación de mi representada luego de ser acordada la reposición de la causa al estado de dar formalmente contestación a la demanda como quedo establecido en sentencia reproducida por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, de fecha veinte 20 de diciembre de 2024, en nombre de mi mandate manifiesto en esta oportunidad que no trabare la Litis conjuntamente con la oposición de cuestiones previas, sino que, pasaré de inmediato a denunciar formalmente la infracción flagrante por parte de este juzgado Segundo de primera Instancia en lo Civil Mercantil, Transito y Bancario de esta misma Circunscripción Judicial, de los artículos 14 y 166 del código de procedimiento civil y los artículos 3 y 4 de la Ley de Abogado por quebrantamiento de formas sustanciales de los actos, al momento de admitir la irrita demanda de desalojo. "...Verá usted respetada juez, este juzgado de la cognición no se percató que la norma antes transcritas han sido vulneradas, cuando el ciudadano Juan Ronaldo Gutiérrez Ramírez, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 19.993.279, se ha atribuido la representación judicial (apoderado Judicial) de la demandante Ángela Marisa Gutiérrez Pacheco, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 7.530.824, según se desprende de "poder especial" autenticado ante la Notaria Publica de la ciudad de san Carlos, estado Cojedes, en fecha 28 de octubre de 2021, inscrito bajo el N° 5, tomo 57, folio 22 al 26 de los libros correspondientes, el cual obra en la primera pieza de este expediente al folio 19 y su vuelto (viciado de nulidad por ilicitud de su objeto de conformidad con lo que preceptúa el artículo 1.115 del Código Civil) (subrayado y en negrita por la parte) SIN TENER el mencionado ciudadano Juan Ronaldo Gutiérrez Ramírez, la capacidad necesaria de postulación por no ser este un profesional del derecho, es decir, no titulado por alguna Universidad Venezolana como Abogado, lo que sin lugar a dudas configura la infracción de las normas denunciadas las cuales son de estricto orden público. En razón de todo lo antes expuesto, se debe concluir que el ciudadano Juan Ronaldo Gutiérrez Ramírez, no pudo ni ha podido en estricto derecho realizar ningún acto procesal valido en este juicio, por lo que es forzoso para esta representación judicial también impugnar el Poder Apud-Acta que obra al folio 101 de la primera pieza. "por lo tanto la juzgadora debe proceder a declarar la nulidad absoluta del auto de admisión y coetáneamente pronunciarse sobre su inadmisibilidad con fundamento a lo establecido en lo dispuesto en el artículo 341 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con los artículos con los artículos 166 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 3 y 4 de la Ley de Abogados, y así pido sea declarado de manera perentoria, con expresa condenatoria en costos y costas procesales como lo ha declarado la Sala Civil del tribunal Supremo de Justicia." En este sentido es necesario conocer primero la "capacidad", podríamos decir que es la aptitud que se tiene en relaciones jurídicas determinadas, para ser su sujeto activo o sujeto pasivo, por si o por representante legal, ya como titular de derecho o facultades, como obligado a una presentación o al cumplimiento de un deber. Es importante traer a colación el concepto es una relación de identidad entre la persona, que se presente y el derecho que se está ejercitando, y ahondando colación el concepto de "cualidad" un poco más la cualidad desde el punto de vista procesal, expreso una relación de identidad lógica entre y la persona quien debe ejercer la persona del demandado y la persona que debe soportar la acción. Es decir tal como lo señala Loreto:“Se trata... de una relación de identidad lógica entre la persona del actor y la persona a quien la Ley le concede la acción (cualidad activa), y de la persona del demandado con la persona contra quien la acción es concedida (cualidad pasiva)". En este contexto, es necesario ilustrar acerca de la definición de Poder, así como de la tipología a los fines aclarar sobre el asunto planteado. En el caso de marras, se fundamenta la pretensión del apoderado judicial del demandado, en la inadmisibilidad sobrevenida, por cuanto indica que el actor no tiene facultad para actuar, en consecuencia, se debe esgrimir, acerca del término "Poder" que proviene del latín vulgar potère, que deviene del verbo posse que se traduce en "puedes", poteram "podía" y potuisti "pudiste". En extensión, la palabra "poder" significa ser capaz o tener potencia, en conclusión es una declaración, una expresión o exposición del pensamiento, un símbolo, una figura o una imagen de algo más específicamente en el derecho procesal, suponen una existencia de la representación o en general de manera activa, pasiva, directa o indirecta. En el derecho civil venezolano, el artículo 1684 (Código Civil) establece: "El mandato es un contrato por el cual una persona se obliga gratuitamente, o mediante salario, a ejecutar uno o más negocios por cuenta de otra, que la ha encargado de ello". En este mismo orden, una vez que ha quedado determinado lo que significa capacidad, cualidad, y poder, considera quien suscribe conocer primero la cualidad de la parte accionante y traer a colación el Poder Especial que le otorga la ciudadana Ángela Marisa Gutiérrez Pacheco al ciudadano Juan Ronaldo Gutiérrez Ramírez, antes identificados, los cual se describe a continuación: "Confiero Poder especial en cuanto a derecho se requiere al ciudadano Juan Ronaldo Gutiérrez Ramírez arriba identificado, para que represente, sostenga y defienda mis derechos e intereses, en todas las gestiones de administración y disposición sobre la parte que me corresponde sobre un lote de terreno y bienhechurías sobre el construida ubicada en la ciudadana de san Carlos cuyo linderos son los siguientes. NORTE: avenida Sucre que es su frente, SUR: Con la avenida Carabobo, OESTE Con edificio que es o fue de la sociedad Arias y Quiñones, el cual me pertenece según se evidencia según documento debidamente autenticado por ante la Notaria Publica de san Carlos estado Cojedes, anotado bajo el N° 67 tomo 9 de fecha 12-08-1998. En virtud de este mandato, además de las facultades inherentes a todo administrador, tendrá las siguientes: Podrá representarme ante personas naturales o jurídicas, sean públicas o privadas, ante los entes públicos de administración nacional, estadal o municipal; así como también representarme ante diferentes u organismos, públicos y privados; traspaso de crédito de cualquier naturaleza, sustituciones de deudores, de garantes, convenir en ampliaciones, reducciones o limitaciones de garantías personales o reales que se tenga o que se le dieran en el futuro, celebrar contratos de arrendamiento y compra, fijando los cánones de arrendamiento y la forma de pago de las mismas, y recibirlos pagarlos, celebrar préstamos como deudor, otorgar toda clase de documentos públicos privados relativo al inmueble, firmando los originales y por lo correspondientes ante cualquier funcionarios públicos, notarias u oficinas de reconstituir cualquier especie de contrato pura y simple o bajo o a término; y todo cuanto yo haría en la defensa de mis derechos e intereses, y de ese inmuebles sin limitación alguna. En lo Judicial y lo administrativo queda para comparecer y gestionar ante todas y cada una de las autoridades, bien sean Civiles, Administrativas, Fiscales, Laborales, Mercantiles Penales o de demandante demandada, dándose así mismo por citado, emplazado, notificado e mi nombre, otorgar poderes notariados o apud actas, sustituir este Poder o Parcialmente en una persona, Abogado o Abogados de su elección reservando su ejercicio, en el apoderado aquí constituido queda facultado para hacer cuanto yo haría en defensa de mis derechos intereses, ya que las facultado conferidas son de carácter enunciativo y de ninguna manera taxativas.” Ahora bien, Se entiende, que otorgar poderes, es un acto de confianza. Un poder notarial es un documento con validez legal con el que se le otorga la capacidad de tomar decisiones y llevar a cabo acciones como si fuera en nombre propio. Es altamente recomendable otorgar, normalmente al cónyuge o a algún familiar muy cercano, poderes especiales que eviten que el patrimonio pueda quedar bloqueado o que pueda verse perjudicado su valor por falta de administración del mismo, en caso de sobrevenir incapaces a causa de una enfermedad o accidente inesperado. En el caso de marras la ciudadana Ángela Marisa Gutiérrez. Pacheco otorga Poder Especial al ciudadano Juan Ronaldo Gutiérrez Ramírez, antes identificados, observándose que es un Poder Especial conferido en todas las gestiones deadministración y disposición quedando facultado como lo haría la ciudadana Ángela Gutiérrez en la defensa de sus derechos e intereses, dándose así mismo por citado, emplazado, notificado en su nombre, otorgar poderes notariados o apud actas, sustituir este Poder o Parcialmente en una persona, Abogado o Abogados de su elección reservando su ejercicio, observándose en el poder su cualidad para otorgarlo, con lo cual se hace necesario decir que el poder para actos judiciales debe constar en forma auténtica, tal cual lo expresa el artículo 151 del Código de Procedimiento Civil, y en nuestro sistema jurídico, la forma auténtica es la misma forma pública, lo cual indica que debe otorgarse mediante escritura, documento público o auténtico, lo que conlleva a decir que ha sido autorizado con las solemnidades legales, cuando el poder fuere otorgado en nombre de otra persona natural o jurídica, el otorgante deberá enunciar en el poder y exhibir al funcionario los documentos auténticos, gacetas, libros o registros que acreditan la representación que ejercen, y el funcionario que autorice el acto hará constar la nota respectiva, los documentos que le han sido presentado sean gacetas, libros o registros, con expresión de sus fechas, origen o procedencia y demás datos que concurran a identificar al poderdante, sin que el funcionario pueda adelantar ninguna apreciación o interpretación jurídica de los mismos. Ahora bien, es importante traer a colación la misma sentencia que la parte demandada mencionó en su escrito de solicitud de la nulidad del auto de admisión... la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en Sentencia N. Exp. AA20-C-2024-000-426, de fecha 31 de Octubre 2024 ponencia de la Magistrada Carmen Elena Alves Navas, indicó que: "Ahora bien, en el presente caso, después de la revisión de todas las actas del expediente, se observa que la reforma de la demanda de fecha 1 de diciembre de 2020, fue interpuesta por la ciudadana Lindamar Lopes de Xavier, la cual actúa como apoderada de la parte demandante, ciudadano José Antonio Xavier Xavier. Con asistencia del abogado César Arturo Ramírez Pérez, dicho mandato fue acreditado según poder autenticado por la Notaria Pública de La Gran Sabana. Municipio Autónomo Gran Sabana del Estado Bolívar, con sede en Santa Elena de Uairen, del 21 de febrero de 2011, el cual por presentado previamente ante el Consulado General en Boa Vista de la República Bolivariana de Venezuela N 036- 11, en fecha 11 de febrero de 2011. En tal sentido, la ciudadana Lindamar Lopes de Xavier ejerció representación en juicio, sin ser abogada, en franca violación de la Ley de Abogados, que sólo permite dicha representación como apoderada o apoderado judicial de quien cumpla el requisito de ser abogada o abogado, pues si la persona que tiene el mandato carece de esta habilitación, no puede ser representante ni actuar en juicio, así lo tiene establecido la doctrina y la jurisprudencia de esta Sala de antigua data, pues en tal caso existe una evidente falta de capacidad de postulación de la persona que se presenta como apoderada o el apoderado judicial, e incurre el juez en una flagrante violación al orden público, al habérsele dado tramite a una demanda inadmisible. Lo discernido anteriormente, debe ser valorado por esta Sala de Casación Civil, atenida a los diuturnos, pacíficos y consolidados criterios doctrinales y jurisprudenciales reiterados en las transcripciones que, a métodos de ejemplos, se darán a continuación, destacándose que son ineficaces las actuaciones realizadas en juicio por quien no es abogada o abogado, aun cuando hubiere actuado asistido de una o un profesional del Derecho, tal como se expuso en la sentencia número 448, del 21 de agosto de 2003, caso Jesús Antonio Romero Graterol contra José Sánchez Coronado y otra en la que esta Sala recopiló diferentes decisiones del modo siguiente: "En sentencia de esta Sala, de fecha 18 de abril de 1956, se estableció lo siguiente: Como tal representante de otros, no puede dicho señor sin ser abogado ni procurador comparecer en juicio, ni realizar ninguna gestión (la ley erradamente dice cuestión) inherente al ejercicio de la profesión de abogado (articulo 2º Ley de Abogados) ya que tampoco está comprendido aquél en las excepciones establecidas por esta ley por el Código de Procedimiento Civil. En consecuencia no le es dable a esta Corte admitir el escrito de formalización de este recurso pues además del referido artículo 2º, también dispone el artículo 4º de la misma ley especial que Los jueces no admitirán como representante a personas que según las disposiciones de la presente ley, carezcan de las condiciones exigidas para ser apoderados judiciales". ...Omissis ... En sentencia del 14 de agosto de 1991 (Agropecuaria Hermanos Castellano С.А. contra Leonte Borrego Silva y otro), la Sala nuevamente señaló que si una persona siendo apoderado no es abogado, no puede ejercer en juicio la representación de su mandante, aun asistido de abogado, no sólo por prohibiciónexpresa de los artículos 3º y 4º de la Ley de Abogados, norma especial que regula la materia, en concordancia con el artículo 82 de la Constitución, sino que el artículo 166 del Código de Procedimiento Civil, reafirma que sólo los abogados en ejercicio podrán ejercer poderes en juicio". En ese mismo sentido, esta Sala de Casación Civil, en sentencia número 595, del 30 de noviembre de 2010, caso Joaquin Urbina, reiterada en decisión número 535 del 22 de noviembre de 2011, expediente número 2008-653, caso: SEVALCA y otro, contra Rosalinda Mary Roystone y otro, acogiendo la doctrina de la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, señaló lo siguiente: "Por otra parte, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, ha sostenido el criterio de que son ineficaces las actuaciones realizadas como representante de otro en juicio por quien no es abogado, aun cuando hubiere actuado asistido por abogado. Así en sentencia N° 1325, que emitió el 13 de agosto de 2008 (Caso Iwona Szymańczak), señaló lo que sigue: “...De lo anterior se evidencia que, tanto el Juzgado de Municipio como el Juzgado de Primera Instancia erraron cuando consideraron subsanada la cuestión previa que fue promovida por la parte demandada -ordinal 3º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que, de conformidad con lo que preceptúan los artículos 166 del Código de Procedimiento Civil y 4 de la Ley de Abogados, para el ejercicio de un poder judicial dentro de un proceso, se requiere la cualidad de abogado en ejercicio, lo cual no puede suplirse ni siquiera con la asistencia de un profesional del derecho, salvo que la persona actúe en el ejercicio derechos e intereses, lo judicial que hubiere sido otorgado por ilicitud de su objeto de conformidad con lo que preceptúa el artículo 1.155 del Código Civil, por la imposibilidad jurídica en que se encuentra quien no es abogado de ejecutarlo, razón por la cual, cuando una persona que no es abogado ejerce actuaciones judiciales en nombre de otro (a menos que sea su representante legal), incurre en una manifiesta falta representación, porque carece de esa especial capacidad de postulación que si detenta todo abogado que no se encuentre inhabilitado para el ejercicio libre de la profesión, conforme a lo que establecen la Ley de Abogados y demás leyes de la República; ello, además, en forma insubsanable, ya que no hay manera de que adquiera la capacidad de postulación que no tenía cuando actuó sin ella. Así se establece (negrillas y subrayado de esta Sala)". “En igual sintonía, la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal de la República, en sentencia número 1170, del 15 de junio de 2004, en el amparo constitucional incoado por Manuel Capón Linares, indicó lo siguiente: "En este orden de ideas, debe concluirse que, para el ejercicio de un poder judicial dentro de un proceso, se requiere la cualidad de abogado en ejercicio, lo cual no puede suplirse ni siquiera con la asistencia de un profesional del Derecho, salvo que la persona actúe en el ejercicio de sus propios derechos e intereses. De tal forma que, cuando una persona, sin que sea abogado, pretenda ejercer poderes judiciales, incurre en una manifiesta falta de representación, en cuanto carece de esa especial capacidad de postulación que detenta todo abogado que no se encuentre inhabilitado para el ejercicio libre de su profesión, conforme a lo que establece la Ley de Abogados". De la doctrina y la jurisprudencia antes transcritas se desprende que cualquier gestión inherente a la abogacía, realizada sin poseer el título de abogado, incurre en una manifiesta falta de representación, ya que carece de esa especial capacidad de postulación que detenta la abogada o abogado que no se encuentre inhabilitada o inhabilitado para el ejercicio libre de su profesión. Ello evidencia una palmaria violación al orden público, que obliga a esta Sala a corregirla oficio, pues el tribunal superior no advirtió dicha infracción puesto que, con a ha quedado de manifiesto, la demandante de autos incurrió en una manifiesta falta de representación, por no ostentar tal capacidad de postulación atribuida toda abogada o a todo abogado en pleno ejercicio de su profesión, conforme con lo que establece la Ley de Abogados y el Código de Procedimiento Civil. Así las cosas, y de conformidad con lo estatuido en los artículos 3 de la Ley de el artículo 166 del Código de Procedimiento Civil, es de reiterar, que para el ejercicio de un poder o mandato judicial dentro de un juicio o proceso, se requiere la cualidad de abogada o abogado en ejercicio, lo cual no puede suplirse ni la asistencia de un profesional del derecho, salvo que la persona actúe ejerció de sus derechos e intereses, lo cual, a todas luces, vicia de nulidad el judicial que hubiere sido otorgado por ilicitud de su objeto, por la jurídica en que se encuentra quien no es abogada o abogado de tener representación legal de una persona, nulidad que envuelve la supuesta de un poder al abogado César Arturo Ramírez Pérez por parte de la ciudadana lindamar Lopes de Xavier, por cuanto no puede sustituirselo que no se por la cual, cuando una persona que no es abogada o abogado ejerce judiciales en nombre de otra persona, incurre en una manifiesta falta de representan, porque carece de esa especial capacidad de postulación que si abogada o abogado que no se encuentre inhabilitada o inhabilitado para el ejercicio libre de la profesión, conforme a lo que establecen la Ley de demás leyes de la República; ello, además, en forma insubsanable, ya que no manera de que adquiera la capacidad de postulación que no tenía cuando auto sin ella." De lo anteriormente transcrito, se evidencia que la parte demandante ostentaba un poder general y no un poder de administración y disposición, como si lo es el caso que se examina, el cual corre inserto en el folio 18 al 20 (ambos inclusive) de la pieza 1 del expediente 6110, mediante el cual la ciudadana Ángela Marisa Gutiérrez Pacheco otorga Poder Especial al ciudadano Juan Ronaldo Gutiérrez Ramírez, bajo ninguna circunstancia el poder otorgado se circunscribe a un poder general de representación sino administración y disposición con las características y facultades debidamente autenticados, por lo de esta juzgadora considera que el Poder cumplió con los requisitos exigidos en la lo que se determina valido para accionar y no carece de cualidad, de todo lo Juzgadora considera improcedente declarar la inadmisibilidad de la presente…” A los fines de poder verificar la petición que solicita la demandante de autos y previo análisis de las actuaciones que corren insertas en el presente expediente, quien aquí decide evidencia que la presente demanda está constituida por pretensiones derivadas de una demanda por motivo de Desalojo de Inmueble Comercial incoado por el ciudadano Juan Ronaldo Gutiérrez Ramírez, titular de la cédula de identidad Nº V-16.993.279, quien actúa en nombre y representación de la ciudadana Ángela Marisa Gutiérrez Pacheco, titular de la cédula de identidad Nº V-7.530.824, de acuerdo al Poder debidamente Autenticado por ante la Notaria Pública de la ciudad de San Carlos estado Cojedes, inserto bajo el Nº 5, Tomo 57, folios 22 al 26, de fecha 28/10/2021, de los libros de Autenticaciones llevados ante esa Notaria, contra la SOCIEDAD DE COMERCIO POLLO EN BRAZAS EL TEIDE- SAN CARLOS, C.A, inscrito ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, en fecha 15 de julio del 1981, bajo el N°2.646, Tomo XV, folios del Vto, 55 al 59, representada por el ciudadano Román Alexander Álvarez Pérez, titular de la cedula de identidad N° V-16.993.279, debidamente asistido por el profesional del derecho Oswaldo Jesús Monagas Polanco, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho, titulares de las cédulas de identidad N° V-8.666.928, hábil en derecho, inscrito por ante el Instituto de previsión Social del Abogado bajo el N°. 49.049. Ahora bien, al momento de dar contestación a la demanda el Apoderado Judicial de la parte demandada abogado Oswaldo Jesús Monagas Polanco, identificado, denuncio la presunta infracción flagrante por parte del Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, ya que de acuerdo a sus alegatos el ciudadano Juan Ronaldo Gutiérrez Ramírez, en su carácter de apoderado judicial de la ciudadana Ángela Marisa Gutiérrez Pacheco, parte accionante incurre en la incapacidad de postulación por no ser este un profesional del derecho, por cuanto al ser este el apoderado judicial de la parte accionante no puede apoderar a un tercero (Profesional del derecho) para que ejerza la representación judicial de su poderdante. Por cuanto, a criterio del apoderado judicial de la parte demandada, se estaría configurando el quebrantamiento de las normas procesales y del orden público por lo que elTribunal A quo, debió declarar la inadmisibilidad de la presente demanda, siendo ratificado este criterio en su escrito de informe consignado ante esta Alzada. De igual forma se puede apreciar que en el escrito de informe consignado por la abogada Jessica Sail Pinto Ruiz, identificada, en su carácter de apoderada judicial del ciudadano Juan Ronaldo Gutiérrez Ramírez, identificado quien actúa en nombre y representación de la ciudadana Ángela Marisa Gutiérrez Pacheco, parte accionante, que si bien es cierto que la ley prohíbe a un apoderado sin ser abogado conceder poder a otro, cuando se trata de acciones que devengas de relaciones contractuales por arrendamiento comercial, puede el apoderado tener capacidad de postulación de acuerdo a lo contenido en el artículo 6 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial. Ahora bien, una vez determinadas ambas posturas ante la presente denuncia formulada por la parte demandada, se debe traer a colación lo establecido en el artículo 6 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, por cuanto la parte accionante establece que de la interpretación del referido artículo el apoderado judicial Juan Ronaldo Gutiérrez Ramírez, identificado tiene la legitimidad para solicitar el presente desalojo, por lo que se debe citar textualmente lo siguiente: “Artículo 6: la relación arrendaticia es el vinculo de carácter convencional que se establece entre el arrendador del inmueble destinado al comercio, en su carácter de propietario, administrador o gestor del mismo, y el arrendamiento, quien toma dicho inmueble en arrendamiento para ejecutar en el actividades de naturaleza comercial, generen éstas lucro, o no…” De acuerdo al artículo previamente citado, se debe tener en consideración un aspecto importante como lo es el hecho del surgimiento de la relación arrendaticia, en cuyo caso emana de la convención suscrita entre el arrendatario y el arrendador que bien podría ser el propietario, administrador o gestor tal como lo describe el artículo ut supra, es decir, para que nazca la relación contractual debe existir un contrato entre las partes que no necesariamente debe ser entre el propietario del inmueble y el arrendador, ya que el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, en su artículo 6 faculta a un administrador o gestor. En el caso de marras se puede apreciar que la representación judicial de la parte accionante pretende hacer pasar al ciudadano Juan Ronaldo Gutiérrez Ramírez, identificado, como administrador del inmueble de acuerdo a lo establecido en el Poder otorgado por la ciudadana Ángela Marisa Gutiérrez Pacheco, parte accionante, por lo que se debe tener en consideración como primer punto que la relación contractual surgió en fecha 01/01/2016, por contrato suscrito entre los ciudadanos Juan Ronaldo Gutiérrez Pacheco y Ángela Marisa Gutiérrez Pacheco, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-3.693.198 y V-7.530.824, respectivamente, como arrendadores y la Sociedad Mercantil Pollo en Brazas El Teide-San Carlos C.A. representada por el ciudadano Manuel Antonio Álvarez Pérez, titular de la cédula de identidad Nº V-8.665.692, quien a su fallecimiento resulta solidariamente responsable el socio de la referida Compañía Anónima, ciudadano RománAlexander Álvarez Pérez, titular de la cedula de identidad N° V-16.993.279, parte demandada en el presente asunto, siendo evidente que desde el surgimiento de la relación contractual hasta la fecha en la que quedo facultado el ciudadano Juan Ronaldo Gutiérrez Ramírez, identificado, de acuerdo a lo establecido en el instrumento poder que corre inserto en el presente expediente, existe una brecha de cinco (05) años aproximadamente, siendo además evidente que para la fecha en la que se suscribió el contrato de arrendamiento entre las partes el precitado ciudadano no formo parte del contrato, ni como propietario, ni como gestor y mucho menos administrador del inmueble para que pudiera en todo caso ejercer la presente demanda de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 del Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial. Bajo el hilo de lo antes esgrimido, se debe traer a colación el hecho cierto que para ejercer la representación judicial como administrador el ciudadano Juan Ronaldo Gutiérrez Ramírez, identificado, debió suscribir o ser parte en el contrato de arrendamiento bajo esa figura y solo de esta forma podría en consecuencia estar legitimado para solicitar el desalojo, caso contrario a lo establecido por la apoderada judicial de la parte accionante, ya que hace una interpretación errada del referido artículo pretendiendo establecer que el precitado ciudadano al tener Poder de Administración aun cuando fue otorgado años después al contrato de arrendamiento en el cual no figura ni como propietario, ni gestor y mucho menos administrador, podría tener la cualidad jurídica para solicitar el desalojo, criterio este reiterado por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 000142 de fecha 01/04/2023, del cual se extrae textualmente lo siguiente: “…Al respecto resulta conveniente pasar a analizar el contenido del artículo 6 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, el cual establece: "...La relación arrendaticia es el vínculo de carácter convencional que se establece entre el arrendador del inmueble destinado al comercio, en su carácter de propietario, administrador o gestor del mismo, y el arrendatario, quien toma dicho inmueble en arrendamiento para ejecutar en él actividades de naturaleza comercial, generen éstas lucro, o no...". En relación a la citada norma y la legitimación para suscribir contratos de arrendamiento de local comercial así como para solicitar el desalojo de los mismos, esta Sala de Casación Civil en decisión de fecha 22 de noviembre de 2021, en sentencia Nro. 682, caso: MARÍA CENAIDA PÉREZ DE GUTIÉRREZ, contra la ciudadana LILIANA JOSEFINA GUTIÉRREZ LINAREZ expreso lo siguiente: "...Ahora bien, de conformidad con el artículo 6 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el uso Comercial, el cual establece lo siguiente: ...Omissis... De acuerdo con el contenido de la norma, solo el propietario, el administrador o gestor pueden tener el vínculo de carácter convencional para arrendar el inmueble destinado al comercio, es decir, que la ciudadana MARÍA CENAIDA PÉREZ DE GUTIÉRREZ, para poder tener el derecho de arrendar el local comercial ubicado en la Avenida Carabobo final de la calle 9 de San Felipe estado Yaracuy, constituido por un inmueble referido a un local comercial; imperativamente tiene que ser propietaria, administradora gestora del bien inmueble. En ese sentido, la doctrina el Dr. José Luis Aguilar Gorrondona, en su obra Contratos y Garantías. Derecho Civil IV15a. Edición. Caracas, 2005. Respecto a la Legitimación para dar en Arrendamiento, consideró lo siguiente: "...La legitimación no se requiere al mismo título cuando se trata de vender que cuando se trata de arrendar, ya que la falta de legitimación para dar en arrendamiento no produce anulabilidad del contrato. Varios son los legitimados para dar en arrendamiento: 1° Puede arrendar el propietario que tenga la plena propiedad, aunque su derecho esté sujeto condición resolutoria, pues aun cuando la condición se cumpla, elarrendamiento celebrado subsiste (por lo menos, en la medida en que haya sido un acto de simple administración)… …Asimismo, debemos precisar lo siguiente: el contrato de arrendamiento lo pueden suscribir propietario, administrador o gestor del mismo, en ese sentido se puede determinar que los sujetos que no hayan actuado en un contrato de arrendamiento con algunas de estas condiciones, evidentemente de conformidad con lo previsto en el artículo 6 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el uso Comercial, no tienen legitimidad para suscribir el contrato de arrendamiento, y por vía de interpretación no tendrá legitimidad para solicitar el desalojo. (negrita y subrayado de la Sala). Ahora bien, de conformidad con los razonamientos precedentemente expuestos y de acuerdo con el artículo 6 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el uso Comercial se ratifica que el sujeto legitimado para suscribir contratos de arrendamientos son el Propietario, administrador o gestor del inmueble objeto de arrendamiento y por vía de consecuencia, será este el que suscribe el contrato el que está legitimado para solicitar el desalojo, lo que por argumento en contrario el que no aparece en el contrato de arrendamiento o no es parte del mismo suscrito no podrá, en consecuencia no estará legitimado para solicitarlo. (Negritas de este Tribunal). Del extracto jurisprudencial ut supra transcrito deja asentado, que es criterio reiterante de la Sala que aun cuando el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el uso Comercial en su artículo 6 deja abierta una pequeña brecha de posibilidad a aquellas personas con carácter de administrador o gestor puedan intentar este tipo de acción, sin embargo el referido artículo deja muy bien asentado que esta cualidad surge al momento de establecer la relación arrendaticia entre el arrendador bien sea el propietario, gestor o administrador y el arrendatario, es decir, al momento de suscribir mediante contrato la relación arrendaticia entre las partes intervinientes y en consecuencia la posibilidad de intentar acción de desalojo, en ningún momento establece que si a futuro exista un nuevo administrador o gestor este podrá ejercer la representación para intentar una acción por desalojo, siendo interpretado por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia que quien está legitimado para intentar este tipo de acción ya sea por ser propietario, gestor o administrador debe aparecer intrínseco en el contrato de arrendamiento y en caso contrario no podrá estar legitimado para ejercer la acción de desalojo, como ocurre en el presente caso, ya que se puede apreciar en el contrato de arrendamiento de fecha 01/01/2016, que corre inserto a los folios 33 al 35 de la primera pieza del presente expediente, donde se evidencia que el contrato de arrendamiento fue suscrito entre Juan Ronaldo Gutiérrez Pacheco junto con Ángela Gutiérrez Pacheco, titulares de las cédulas de identidad Nº V- 3.693.198 y V-7.530.824 respectivamente, en su carácter de arrendadores y Pollo en Brazas El Teide-San Carlos C.A. representada en ese acto por Manuel Antonio Álvarez Pérez, titular de la cédula de identidad Nº V-8.665.692 como arrendatario, mediante el cual le dieron en calidad de arrendamiento por una duración de cuatro (04) años un inmueble ubicado en la intersección de las Avenidas Sucre y José Laurencio Silva de la ciudad de San Carlos estado Cojedes, alinderado de la siguiente manera, NORTE: Calle Sucre; SUR: Local B; ESTE: Avenida José Laurencio Silva y OESTE: terreno que es o fue de Sociedad Arias y Quiñonez; por cuanto no se evidencia en el referido contrato que exista la figura del gestor o administrador y mucho menos que esta figura este recaída en el ciudadano Juan RonaldoGutiérrez Ramírez, titular de la cedula de identidad N° V-16.993.279 tal como pretende hacer ver la parte accionante, en virtud del instrumento poder otorgado por la ciudadana Ángela Marisa Gutiérrez Pacheco, identificada, al referido ciudadano en fecha 28 de octubre de 2021, tal como se aprecia desde el folio 19 al 20 de la primera pieza del presente expediente, es decir que la cualidad de administrador fue otorgada al ciudadano Juan Ronaldo Gutiérrez Ramírez, identificado, cinco (05) años después de haber sido suscrito el contrato de arrendamiento, lo que resulta como consecuencia que no estén dados los extremos para que opere lo establecido en el artículo 6 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el uso Comercial. Así se determina.- Ahora bien, en cuanto al vicio delatado por la parte demandada en su escrito de contestación se debe tener en cuenta que se refiere a la ilegitimidad de la persona que se presenta como apoderado representante del actor, por no tener en este caso, la capacidad necesaria para ejercer poderes en juicio, cuestión que respecto del actor constituye un presupuesto procesal que atiende al nacimiento válido del proceso, a su desenvolvimiento y a su normal culminación en sentencia, sin que ésta debe decidir necesariamente en el fondo sobre la procedencia de la pretensión. Por lo que se debe tener en cuenta que para la formación válida de la relación jurídica procesal se requiere, además de la demanda, que se cumplan ciertos requisitos indispensables para que aquéllas sean atendidas por el juez y le impongan a éste la obligación de iniciar el proceso, requisitos que conforme han afirmado autores como Redenti y Couture se denominan presupuestos procesales, sin los cuales el proceso no puede ser iniciado válidamente. Siendo calificados estos presupuestos procesales en presupuestos procesales previos al proceso, dentro de los cuales se incluyen los de la acción y los de la demanda; y los procésales del presupuesto procedimiento. Ahora bien, dentro de la clasificación señalada, la capacidad de postulación o representación constituye un presupuesto procesal tanto de la acción, como de la demanda, requisito sin el cual el proceso no puede nacer válidamente. En el caso bajo examen el demandado aduce que en el propio texto de la demanda incoada el actor señala que el ciudadano Juan Ronaldo Gutiérrez Ramírez, titular de la cedula de identidad N° V-16.993.279, actúa en el proceso en nombre y representación de la ciudadana Ángela Marisa Gutiérrez Pacheco, titular de la cedula de identidad N° V- 7.530.824, y afirma que la condición invocada se desprende de un Poder de Administración, y siendo de amplio conocimiento jurídico que para actuar en juicio por otra persona es requerida una especial capacidad de postulación, la de ser abogado en ejercicio, como bien lo ha establecido en la sentencia Nº 0409, de fecha 04/10/2022, emanada de la Sala de Casación del Tribunal Supremo de Justicia de la cual se extrae textualmente lo siguiente: “Omissis… …en afirmación y consolidación de lo que al respecto también ha dejado sentado la Sala Constitucional de este Supremo Tribunal, de conformidad con lo quepreceptúan los artículos 166 del Código de Procedimiento Civil y 4 de la Ley de Abogados, para el ejercicio de un poder judicial dentro de un proceso, se requiere la cualidad de abogado en ejercicio, lo cual no puede suplirse ni siquiera con la asistencia de un profesional del derecho, salvo que la persona actúe en el ejercicio de sus derechos e intereses, lo cual, a toda luces, vicia de nulidad el mandato judicial que hubiere sido otorgado por ilicitud de su objeto de conformidad con lo que preceptúa el artículo 1.155 del Código Civil, por la imposibilidad jurídica en que se encuentra quien no es abogado de ejecutarlo. Razón por la cual, cuando una persona que no es abogado ejerce actuaciones judiciales en nombre de otro (a menos que sea su representante legal), incurre en una manifiesta falta de representación, porque carece de esa especial capacidad de postulación que sí detenta todo abogado que no se encuentre inhabilitado para el ejercicio libre de la profesión, conforme a lo que establecen la Ley de Abogados y demás leyes de la República; ello, además, en forma insubsanable, ya que no hay manera de que adquiera la capacidad de postulación que no tenía cuando actuó sin ella. (Negrita y subrayado de este Tribunal). Afirmando lo anterior, esta Sala ha establecido que cualquier gestión inherente a la abogacía realizada sin poseer título de abogado, incurre en una manifiesta falta de representación, ya que carece de esa especial capacidad de postulación que detenta todo abogado que no se encuentre inhabilitado para el ejercicio libre de su profesión, criterio este además que se ha consolidado como ratificación al sostenido por la Sala Constitucional al respecto. Así bien, cuando la ad quem afirma que la ciudadana Heiddy Amaloa España García, quien no es abogada, tal y como se desprende de las actas procesales, atribuyéndose pura y simplemente la representación de la ciudadana María Teresa García, sustituyó su mandato judicial que indebidamente se atribuyó, en nombre de un profesional del derecho como lo es la abogada María Laura Carrillo, por consiguiente, jamás detentó la facultad para representar en juicio a los ciudadanos antes indicados, en ese sentido, es evidente, que en el presente caso, ocurre una manifiesta falta de representación, al carecer la ciudadana Heiddy Amaloa España García, de esa especial capacidad de postulación que sí detenta todo abogado que no se encuentre inhabilitado para el ejercicio libre de la profesión, conforme a lo establecido en el artículo 4 de la Ley de Abogados, siendo insubsanable, en vista de que no hay manera de que adquieran la capacidad de postulación que no tenían cuando actuaron sin ella. Y como resultado a todo ello, la alzada contrario a lo establecido por el recurrente, no incurrió en la falsa aplicación del artículo 4 de la Ley de abogados, al haberlo aplicados correctamente en la resolución del presente caso, tomando en cuenta además, la interpretación que la doctrina de la Sala ha establecido en un caso similar al presente del contenido de las disposiciones legales denunciadas como falsamente aplicadas, doctrina que encaja perfectamente al caso bajo estudio. Así, se establece.En afirmación a lo anteriormente establecido, y ratificando los criterios jurisprudenciales antes señalados, considera esta Sala, que cualquier gestión inherente a la abogacía realizada sin poseer título de abogado, lleva consigo a una manifiesta falta de representación en un juicio, por cuanto concurre la carencia especial de postulación que detenta todo abogado que no se encuentra inhabilitado para el libre ejercicio de su profesión. En este sentido, se puede verificar, la ciudadana Heiddy Amaloa España García no es abogada, y actuó en nombre y representación, así como apoderada de la ciudadana María Teresa García de España, y otorgó poder para demandar en el presente caso por desalojo, a la abogada ya mencionadaen base a dicha facultad auto proclamada, como se dijo anteriormente en otro capítulo. Ahora bien, tomando en cuenta lo establecido en los artículos 166 del Código de Procedimiento Civil, el artículo 4 de la Ley de Abogados, y los criterios jurisprudenciales antes citados, la ciudadana Heiddy Amaloa España García, no siendo abogada, incurrió en una manifiesta falta de representación, por no detentar tal capacidad de postulación atribuida a todo abogado que no se encuentre inhabilitado para el libre ejercicio de su profesión, siendo a todo evento un acto insubsanable. Fundamento éste, que fue establecido de manera correcta por la juez de la recurrida al resolver el fallo sujeto al presente recurso de casación, y bajo estos parámetros, contrario a lo afirmado por el recurrente, en la decisión recurrida no se ha quebrantado el contenido de los artículos 1.169 y 1.172, ambos del Código Civil, así como tampoco de los artículos 150, 151, 155 y 159, todos del Código de Procedimiento Civil, por falta de aplicación, por cuanto, ya como previamente se ha establecido, no ocurrió la falsa aplicación del mencionado artículo 4 de la Ley de Abogados. En conclusión, determina esta Sala, que la actual denuncia por infracción de ley, debe ser declarada improcedente. Así se decide. Ahora bien, por cuanto no prosperó ninguna de las delaciones presentadas por el recurrente, esta Sala debe forzosamente declarar sin lugar el recurso extraordinario de casación propuesto, tal como se hará en la parte dispositiva del presente fallo. Bajo este orden de ideas es de apreciar que el Tribunal A quo en fecha 11/03/2025, mediante auto realizo una errónea interpretación del criterio sostenido por la Sala de Casación Civil, por cuanto aun cuando fue denunciado por el apoderado judicial de la parte demandada la falta de postulación del demandante para sostener la presente demanda por desalojo de local comercial, el A-quo sólo se limitó a estampar criterio doctrinal, así como la sentencia de fecha 31/10/2024, en el expediente Nº AA20-C-2024-000426, en la que se puede apreciar que efectivamente aquella persona que ostente un poder otorgado a su favor sin ser abogado no puede delegar en otro el ejercicio de la representación judicial aun cuando este otro si sea abogado acreditado de la República, siendo evidente que el auto proferido por el A-quo no contiene razonamientos lógicos y jurídicos que permitan determinar el porqué fue denegado lo peticionado por el demandado siendo evidente queestaban dados los extremos para declarar una inadmisibilidad sobrevenida en virtud de la falta de cualidad para ejercer la presente acción por Desalojo. Siendo necesario en este punto recordar que de conformidad con lo establecido en el artículo 166 del Código de Procedimiento Civil, que sólo podrán ejercer poderes en juicio quiénes sean abogados en ejercicio, conforme a las disposiciones de la Ley de abogados, por lo que la persona a la cual le fue otorgado el poder de administración para actuar en nombre de la persona que funge como arrendador en el contrato arrendamiento cuyo cumplimiento ha sido exigido, el ciudadano Juan Ronaldo Gutiérrez Ramírez, identificado, en efecto NO ES ABOGADO, esto es, no tiene la capacidad especial de postulación o representación que se atribuye, circunstancia que en forma alguna puede ser suplida por la asistencia de un profesional derecho, lo que implica que el presente proceso no se inició en forma válida y forzosamente debe ser declarada una Inadmisibilidad Sobrevenida. Ahora bien, una vez que ha quedado determinado lo que significa la capacidad especial de postulación o representación, considera quien suscribe que la falta de cualidad debe ser una excepción de previo y especial pronunciamiento del órgano Jurisdiccional y que la misma es parte integrante de los de un vicio en el derecho de acción que imposibilita al juez conocer el mérito del asunto debatido, por lo que aun cuando no haya sido alegada, es por lo que en atención a los argumentos antes expuestos, considera esta administradora de justicia lo contemplado en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, que expresamente señala lo siguiente: “Los Jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse a las normas del derecho, a menos que la Ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados. El Juez puede fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común o máximas de experiencia.”, es por ello que este Juzgado Superior concluye, que lo más ajustado, interpretado desde los principios pilares del derecho, ante dicha situación está obligado a declararla de oficio y como consecuencia la inadmisibilidad de la demanda como en el presente caso se debe declarar una INADMISIBILIDAD SOBREVENIDA. En consideración a la condenatoria en costas, es necesario asentar que ha sido el criterio de este tribunal cuando la Litis ha sido trabada y sobre viene una inadmisibilidad, acogiéndose quien revisa en segunda instancia en la sentencia que se de la Sala de Casación Civil mediante sentencia Nº 256 de fecha: 17 de mayo de 2023, con ponencia de la Magistrada: Carmen Eneida Alves Navas, Expediente Nª AA21-C-2023-000037, en la cual señala lo siguiente: Ahora bien, en relación a la condenatoria o no en costas procesales por la declaratoria de inadmisibilidad de la demanda, esta Sala en sentencia nº 1.118 de fecha 22 de septiembre de 2004, juicio Banco República, C.A., Banco Universal, contra BonjourFashion de Venezuela, C.A. y otro, en el expediente nº 2002-000851, señaló que: “…Al determinarse la extinción del proceso, como consecuencia de estimarse inadmisible la pretensión, tal y como sucedió en el presente caso, aquel que lo instauró debe considerarse vencido totalmente y en tal razón al haber conminado al accionado a ejercer su defensa, ocasionó que este incurriera en gastos y, en consecuencia, habrá lugar al resarcimiento de tales erogaciones y ello se consolida con el pago de las costas procesales Sobre el punto de la condenatoria en costas en supuestos en que la demanda sea declarada inadmisible, ha expresado el Dr. Ricardo Henríquez La Roche lo siguiente:“…cuando la sentencia declara inadmisible la pretensión o excepción, Aquí el vencimiento total versa sobre el proceso incoado por este medio y cumplido hasta el estado de sentencia, en cuanto es generativo de gastos y por ello el juez debe condenar en costas a aquel que haya deducido indebidamente la pretensión o la defensa. Si el actor deduce una pretensión inadmisible, la cual es declarada tal en la sentencia definitiva (cfr Art.361) o inicia y propulsa el cobro de un crédito por un procedimiento impertinente, o el reo incoa un incidente de índole netamente procesal… … tiene cumplida aplicación el principio chiovendiano antes visto, de que la defensa – no de un derecho sustancial directamente del proceso por parte del que pretende el reconocimiento de ese derecho sustancial, no debe menguar la integridad de ese derecho luego, el carácter accesorio de las costas incumbirá mediatamente a ese derecho sustancial a los fines de aplicar el criterio del vencimiento total…” (Henrique La Roche, Ricardo. Código de Procedimiento Civil, Tomo II, EditorialTorino, Caracas 1996,pp.382) bajo el amparo de la doctrina invocada y con base a los razonamientos que proceden, concluye la Sala que en el caso bajo decisión no se produjo la infracción por falta de aplicación del artículo 274 del Código de Procedimiento Civil por el contrario el ad quem aplicó y lo hizo de manera correcta, la norma denunciada al resolver la condenatoria e costas del demandante vencido, lo cual conlleva a declarar improcedente la presente denuncia. Así se establece…”. (Resaltado del texto). De conformidad con lo anterior, cuando el proceso se extingue en virtud de la declaratoria de inadmisibilidad de la pretensión se considera que la parte actora resulta totalmente vencida y, en consecuencia, por haber conminado a la parte demandada a ejercer su derecho a la defensa mediante actuaciones de las cuales se derivan gastos relacionados con el proceso, habrá lugar al resarcimiento de tales erogaciones, mediante la condenatoria a pago de las costas procesales. En este mismo sentido en criterio de reciente data, esta Sala, en sentencia nº 13 de fecha 3 de febrero de 2022, caso: Carmen Birardi de Giménez contra Freddy Gregorio Rondón Olivares, en el expediente nº 21-193 estableció lo siguiente: “…Así las cosas, en el sub iudicequeda en evidencia e yerro cometido por el juez al no aplicar el contenido del artículo 274 de la ley adjetiva civil, aun cuando se evidencia con palmaria claridad que la parte demandada fue obligada a litigar y resultó victoriosa en el juicio, pues la inadmisión decretada no se hizo preliminarmente en la etapa procesal prevista para ello, sino en la instancia superior por conducto de la apelación ejercida por ella (sin), lo cual sin lugar a dudas da lugar a la condenatoria en costas conforme al artículo previamente señalado…” De conformidad con el criterio transcrito, a inadmisión de la demanda declarada cuando la parte demandada ya se ha visto impedida a litigar en la causa, conlleva a que ésta resulte “victoriosa” en el juicio”, por lo que, el juez de la causa indefectiblemente debe condenar a la parte actora al pago de las costas en aplicación de artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, en el caso sometido a examen queda en evidencia el error cometido por el juez ad quem, al no condenar en costas a la parte actora de conformidad con el contenido del artículo 274 de la ley adjetiva civil, no obstante que la parte demandada actuó en la presente causa para dar contestación a la demanda, oponer cuestiones previas, solicitar tacha de documentos e interponer recurso ordinario de apelación entre otras actuaciones, resultando, además victoriosa en juicio, dado que la admisión de la de la pretensión no fue decretada preliminarmente sino en la instancia superior por conducto de la apelación ejercida por él, lo cual sin lugar a dudas, crea en el juez el deber de condenar en costas conforme a artículo previamente señalado. Por los argumentos señalados con anterioridad, resulta forzoso para esta Sala declarar procedente la presente denuncia. En consecuencia, se modifica única y exclusivamente la sentencia impugnada solo lon que se refiere a la condenatoria de las costas procesales, quedando inmutable el resto del contenido del dispositivo del fallo impugnado de conformidad con el artículo 322 del Código de Procedimiento Civil.En consecuencia, por todos los argumentos de hecho y fundamentos de derecho anteriormente considerados, con base a las doctrinas y las jurisprudencias acogidas, dilucidado como fue la apelación ejercida por el demandado, esta Superioridad debe forzosamente declarar CON LUGAR la apelación interpuesta por el ciudadano abogado OSWALDO JESÚS MONAGAS POLANCO, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho, titulares de las cédulas de identidad N°.V-8.666.928, hábil en derecho, inscrito por ante el Instituto de previsión Social del Abogado bajo el N°. 49.049 en su carácter de Apoderado Judicial de la SOCIEDAD DE COMERCIO POLLO EN BRAZAS EL TEIDESAN CARLOS, C.A, inscrito ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito, Trabajo y de Menores de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, en fecha 15 de julio del 1981, bajo el N°2.646, Tomo XV, folios del Vto, 55 al 59, representada por el ciudadano Román Alexander Álvarez Pérez, titular de la cedula de identidad N° V-16.993.279; en contra del auto de fecha 11/03/2025, emanado del Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil Mercantil del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, en la demanda por Desalojo de Local Comercial incoada por el ciudadano JUAN RONALDO GUTIERREZ RAMIREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-16.993.279, con domiciliada en la calle sucre, casa N°17-2019, San Carlos, estado Cojedes, actuando en nombre y representación de la ciudadana ÁNGELA MARISA GUTIÉRREZ PACHECO, titular de la cedula de identidad N° V-7.530.824; Se condena en costas de conformidad a lo previsto en el artículo 274 y 281 del Código de Procedimiento Civil; Se acuerda notificar a las partes, por encontrarse la misma fuera de lapso, al correo electrónico aportado, así como dejar constancia del acuse de recibido y de la llamada que le haga la secretaria del tribunal, al número que aportaron en las actas, y que una vez conste a los autos, acogiéndose quien aquí decide a la sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, Sentencia Nº RC.000241 de fecha 9 de julio de 2020, mediante la cual se Interpretan los artículos 515 y 521 del Código de Procedimiento Civil, publicada en la Gaceta Judicial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 118 de fecha 22 de julio de 2021. Así se decide. -