REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES San Carlos, 26 de febrero del 2025 SENTENCIA Nº: 167 EXPEDIENTE Nº: 1399 JUEZA: Abg. Marvis María Navarro. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES: DEMANDANTE: MAYRA ALEJANDRA BEITUTI BASIL, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº. V-16.993.058, con domicilio procesal en la urbanización los Jardines Sector la Yaguara, calle 6, casa Nº 198, número telefónico 0412-5318435, correo electrónico: mayrabeirouti@gmail.com APODERADO JUDICIAL: ELTON LEONIDES CACERES FERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de identidad Nº. V- 16.157.558, debidamente Inscrito por ante el Instituto de Previsión social del abogado bajo el Nº. 111.351; FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ BOLIVAR, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de identidad Nº. V- 4.097.232, I.P.S.A Nº. 48.646; RAUL LARA COLMENARES, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de identidad Nº. V-3.517.159; ROMELIA COLLINS FERNANDEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de identidad Nº. V-5.076.072, I.P.S.A Nº. 42.639; y EDDIEZ JOSÉ SEVILLA RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-10.989.839, I.P.S.A. Nº 70.023 DEMANDADO: HANNA BASIL, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-25.603.744, con domicilio procesal en la Urbanización Banco Obrero entre calle Infante y Boyacá, San Carlos, estado Cojedes. APODERADO JUDICIAL: FREDDY RAFAEL SARABIA CEDEÑO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-12.547.251, debidamente inscrito en el IPSA Bajo el Nº 105.730, correo electrónico: sarabiafreddy@gmail.com MOTIVO: RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CAPITULO I DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA CAUSA Actuaciones del Superior: De conformidad con lo preceptuado en el artículo 243, ordinal 3º del Código de Procedimiento Civil se procede a hacer una síntesis de la controversia quedando establecida de la siguiente forma:Se inicia la presente controversia, en virtud de la demanda de RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA, incoada por la ciudadana MAYRA ALEJANDRA BEIROUTI BASIL, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-16.993.058, debidamente asistida por los profesionales del derecho, abogados Elton Leonides Cáceres Fernández, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de identidad Nº. V-16.157.558, Inscrito por ante el Instituto de Previsión social del abogado bajo el Nº. 111.351; en contra del ciudadano HANNA BASIL, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-25.603.744, Por ante el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil del Tránsito y Bancario y de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes. Por auto de fecha 26 de septiembre del al año 2024, se dejó expresa constancia que se recibió oficio Nº 131-2024, de fecha 26 de septiembre del 2024, en relación al expediente Nº11.773, contante de dos (02) piezas, la primera contante de doscientos sesenta y tres (263) folios útiles, y la segunda pieza constante de trescientos catorce (314) folios útiles, y un (01) cuaderno de medidas constante de veintiséis (26) folios útiles. En consecuencia esta alzada dejó transcurrir un lapso de cinco (05) días de despacho siguientes, para que las partes si así lo consideren soliciten la constitución de asociados. En esa misma fecha se le dio entrada bajo el Nº 1399. Mediante auto de fecha 07 de Octubre del 2024, se deja constancia que venció el lapso para que las partes soliciten la constitución de asociados; asimismo, se fijó lapso de diez (10) días de despacho siguientes, para que las partes inmersas en la presente controversia consignen sus escritos de informes. En fecha 05 de Noviembre del 2024, compareció ante este Tribunal el abogado Elton Leonides Cáceres Fernández, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de identidad Nº. V-16.157.558, Inscrito por ante el Instituto de Previsión social del abogado bajo el Nº. 111.351, apoderado judicial de la parte demandante a los fines de consignar escrito de informes, constante de tres (03) folios útiles sin anexos. En la misma fecha mediante auto se agregó a las actas y se dejó constancia que fue presentado dentro del lapso legal correspondiente. En fecha 05 de noviembre del 2024, compareció ante este Tribunal, el abogado Freddy Rafael Sarabia Cedeño, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de identidad Nº. V-12.547.251, Inscrito por ante el Instituto de Previsión social del abogado bajo el Nº. 105.730, apoderado judicial de la parte demandada a los fines de consignar escrito de informes, constante de once (11) folios útiles con dos (02) anexos. En la misma fecha, mediante auto se agregó a las actas y se dejó constancia que fue presentado dentro del lapso legal correspondiente. En fecha 05 de noviembre del 2024, el apoderado judicial de la parte actora, abogado Elton Cáceres Fernández, I.P.S.A Nº 111.351, consignó diligencia mediante la cual solicitó Copias Simples del escrito de Informes. En esta misma fecha, mediante auto de este tribunal se ordenó agregar a los autos de este expediente y se acordó lo solicitado.Mediante auto de fecha 05 de noviembre del 2024, se dejó constancia del vencimiento del lapso para la consignación de informes, siendo consignados por ambas partes contendientes. Mediante diligencia de fecha 06 de noviembre del 2024, presentada por el apoderado de la parte accionada, abogado Freddy Rafael Sarabia Cedeño I.P.S.A Nº 105.730, mediante la cual solicitó copias simples de los folios 117, 118 y 119. Mediante auto de fecha 06 de noviembre del 2024, se ordenó agregar el Escrito de Informe presentado por el apoderado judicial de la parte accionada, abogado Freddy Rafael Sarabia Cedeño I.P.S.A Nº 105.730. En fecha 11 de noviembre del 2024, al apoderado judicial de la parte actora, abogado Elton Leonides Cáceres Fernández, I.P.S.A Nº 111.351 consignó escrito de Observación a los Escritos de Informes contentivo de dos (02) folios útiles. En esta misma fecha por auto del Tribunal se ordenó agregar a las actas del expediente dejando constancia que fue presentado dentro del lapso correspondiente. Mediante diligencia de fecha 11 de noviembre del 2024, presentada por el apoderado de la parte demandada, solicitó copias simples de los folios 341 y 342 del presente expediente. En esta misma fecha, mediante auto expreso del Tribunal se ordenó agregar a las actas del expediente y se acordó lo solicitado. En fecha 15 de noviembre del 2024, el abogado Freddy Rafael Sarabia Cedeño I.P.S.A Nº 105.730, apoderado judicial de la parte demandada, presentó Escrito de Observaciones al Escrito de Informes contentivo de cinco (05) folios útiles sin anexo. En la misma fecha, por auto expreso del Tribunal se ordenó agregarlo al expediente dejando constancia que fue consignado dentro del lapso correspondiente. En fecha 20 de diciembre del 2024, fue presentado escrito contentivo de un (01) folio útil y un (01) anexo contentivo de tres (03) folios útiles, por la parte demandada, a través de su apoderado judicial, abogado Freddy Rafael Sarabia Cedeño I.P.S.A Nº 105.730, mediante el cual solicita a esta superioridad sea dictada la respectiva sentencia en virtud del cumplimiento del artículo 515 del Código de Procedimiento Civil. En la misma fecha, por auto de este tribunal, se ordenó agregar a los autos del presente expediente a los fines de surtir sus efectos legales correspondientes. Mediante diligencia de fecha 07 de enero del 2025, fue consignada diligencia por parte del apoderado judicial de la parte demandante mediante la cual solicitó copia certificada de los folios 353 al 356 del presente expediente. En la misma fecha, mediante auto se ordenó agregar la misma a los autos del expediente y acordó lo solicitado. En fecha 03 de febrero del 2025, el apoderado judicial de la parte actora, abogado, Elton Leonides Cáceres Fernández, consignó poder apud-acta a los fines de nombrar como coapoderado al ciudadano abogado Eddiez José Sevilla Rodríguez titular de la cedula de identidad Nº V-10.989.839, I.P.S.A Nº 70.023. en la misma fecha, mediante auto, se ordenó agregarlo a las actas del expediente.Mediante auto de fecha 03 de febrero del 2025, se ordenó diferir por una sola vez el pronunciamiento de la sentencia, por un lapso de 30 días siguientes a este. Revisadas como han sido las actuaciones llevadas por esta alzada; se procede a verificar las actuaciones llevadas por el tribunal A-quo, a los fines de comprobar que se hayan resguardado las garantías constitucionales, así como el debido proceso: En fecha 03 de agosto del 2023 es presentada formalmente por ante el Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos, Tinaco y Lima Blanco de esta Circunscripción Judicial, en fecha 03 de agosto de dos mil veintitrés (2.023), por la ciudadana MAYRA ALEJANDRA BEIROUTI BASIL, titular de la cédula de identidad Nº V- 16.993.058, debidamente asistida por el abogado ELTON LEONIDES CACERES FERNANDEZ, Inscrito por ante el Instituto de Previsión Social del Abogado Bajo el Nº 111.351, en contra del ciudadano HANNA BASIL, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 25.603.744. En fecha 09 de agosto del 2023 mediante auto del Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos, Tinaco y Lima Blanco de esta Circunscripción Judicial se instó a la parte actora a consignar documento protocolizado por la Oficina de Registro Público de San Carlos, mediante el cual, según la parte actora acredita al ciudadano Hanna Basil para disponer del bien en común. Mediante diligencia de fecha 11 de agosto del 2023, presentada por la ciudadana MAYRA ALEJANDRA BEIROUTI BASIL, asistida por el ciudadano abogado ELTON LEONIDES CACERES FERNANDEZ, I.P.S.A. Nº 111.351, otorga poder apud acta al precitado profesional del derecho. Mediante diligencia de fecha 11 de agosto del 2023, la parte actora, asistida del abogado ELTON LEONIDES CACERES FERNANDEZ, I.P.S.A. Nº 111.351 consigna lo solicitado por el referido Tribunal mediante auto de fecha 09 de agosto del 2023. Mediante auto de fecha 19 de septiembre del 2023, emitido del Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos, Tinaco y Lima Blanco de esta Circunscripción Judicial se admitió la presente demanda y se ordenó su trámite por el procedimiento ordinario respectivamente. En fecha 22 de septiembre, la parte actora asistida del abogado ELTON LEONIDES CACERES FERNANDEZ, presentó ante el respectivo Tribunal de Municipio Escrito de Reforma de la Demanda. En esta misma fecha, el Tribunal ordenó agregarlo a los autos del expediente. En fecha 25 de septiembre del 2023, el Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos, Tinaco y LimaBlanco de esta Circunscripción Judicial, dictó sentencia interlocutoria mediante la cual declinó la competencia para conocer del presente asunto por la cuantía. Por auto del Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos, Tinaco y Lima Blanco de esta Circunscripción Judicial, se dejó constancia del vencimiento del lapso establecido en el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil. En fecha 06 de octubre de 2023, mediante auto del Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes da por recibido mediante distribución la presente demanda, dándosele entrada bajo el Nº 11.773. Folio (40 de la pieza Nº 1). En fecha 09 de octubre del año 2023, mediante Sentencia Interlocutoria el Tribunal de Primera Instancia se declara Competente por la cuantía para conocer del presente asunto. Folios (41 al 43). En fecha 16 de octubre de 2023, mediante auto del tribunal a-quo se admitió la presente demanda ordenando su tramitación por el procedimiento ordinario y en la misma fecha se ordenó emplazar al demandado de autos. Folio (44 y 45). En fecha 18 de octubre de 2023, el Tribunal a-quo, mediante auto complementario al auto de admisión deja sin efecto el Cuaderno de Medidas aperturado por error involuntario en el auto de admisión de fecha 16 de octubre del 2023. Folio (46). En fecha 20 de octubre de 2023, mediante diligencia presentada por la parte actora, solicitó le sea acordada juego de copias certificada del libelo de demanda y la compulsa a los fines de que sea practicada la citación a la parte demandada. Folio (47). En fecha 20 de octubre de 2023, el ciudadano alguacil del Tribunal a-quo dejó constancia que consignó Boleta de Citación debidamente firmada por el ciudadano: HANNA BASIL, parte demandada. Folios (48 y 49). En fecha 23 de octubre de 2023, es presentado escrito por la parte actora ante el Tribunal a-quo a los fines de solicitar sea decretada Medida Provisional de Enajenar y Gravar. Folio (50). En fecha 24 de octubre de 2023, mediante auto, el Tribunal a-quo ordenó agregar a las actas el escrito presentado por la parte actora, dejando constancia que se pronunciará en cuanto a la medida solicitada, por auto separado. Folio (51). En fecha 13 de noviembre del 2023, mediante diligencia, compareció la parte actora a los fines de conferir poder apud-Acta al abogado Elton Cáceres IPSA Nº 111.351, en la misma fecha, la suscrita secretaria del Tribunal a-quo certificó el respectivo poder. Folios (52 y 53). En fecha 14 de noviembre de 2023, mediante diligencia, la parte actora dejó constancia de que hasta la presente fecha solo hay actuaciones de la parte demandante. Folio (54). En fecha 20 de noviembre de 2023, la suscrita secretaria del tribunal a-quo dejó constancia de la entrega de copias simples a la parte accionante. Folio (55).En fecha 23 de noviembre de 2023, es presentado Escrito de Contestación a la Demanda contante de nueve (09) folios útiles y ocho (08) anexos. Folios (56 al 65). En fecha 23 de noviembre de 2023, mediante diligencia comparece la parte accionada a los fines de conferir poder Apud-Acta al abogado FREDDY RAFAEL SARABIA CEDEÑO IPSA Nº 105.730; en la misma fecha, la suscrita secretaria del tribunal a-quo certificó el referido poder. Folios (66 al 75). En fecha 23 de noviembre de 2023, mediante diligencia suscrita por la parte actora solicitó al Tribunal a-quo le sea expedida copias simples del escrito de contestación de la demanda. Folio (76). En fecha 27 de noviembre de 2023, mediante auto del Tribunal a-quo acordó lo solicitado en fecha 23 de noviembre del 2023, y ordenó agregar a las actas la diligencia. Folio (77). En fecha 27 de noviembre de 2023, mediante diligencia compareció la parte actora a los fines de exponer y solicitar ante el Tribunal a-quo que el documento que fue negado en el escrito de contestación a la demanda es totalmente válido en su contenido y firma. Folio (78). En fecha 28 de noviembre de 2023 compareció la parte actora a los fines de consignar ante el tribunal a-quo, escrito de promoción de pruebas. Folios (79 y 80). En fecha 04 de diciembre de 2023, mediante auto, el Tribunal a-quo ordenó agregar a las actas el escrito presentado en fecha 27 de noviembre de 2023.Folio (81). En fecha 04 de diciembre de 2023, mediante auto de este tribunal ordena agregar a las actas el escrito de pruebas presentado en fecha 28 de noviembre de 2023. Folio (82). En fecha 06 de diciembre de 2023, mediante diligencia compareció la parte demandada a fin de solicitar copias simples. Folio (83). En fecha 06 de diciembre de 2023, mediante diligencia compareció la parte demandante para ratificar escrito presentado en fecha 28 de noviembre de 2023 y solicitó pronunciamiento con respecto al lapso de promoción de pruebas. Folio (84). En fecha 07 de diciembre de 2023 mediante auto y visto el escrito recibido en fecha 28 de noviembre de 2023, el Tribunal a-quo ordenó agregarlos a sus autos. Folio (85). En fecha 07 de diciembre de 2023 mediante auto y vista la diligencia consignada en fecha 05 de diciembre de 2023, el tribunal a-quo ordenó agregarla a los fines que surta efectos legales y en el mismo se acordaron las copias solicitadas. Folio (86). En fecha 13 de diciembre de 2023, mediante escrito, compareció la parte demandante a los fines de ratificar el escrito presentado en fecha 28 de noviembre de 2023.Folios (87 al 89). En fecha 13 de diciembre de 2023, la suscrita secretaria del tribunal a-quo dejó constancia de la entrega de copias simples a la parte demandada. Folio (90).En fecha 13 de diciembre de 2023, es presentado escrito por la parte demandada, solicitando copias simple de los folios Nº 84, 87, 88 y 89 de la primera pieza del presente expediente. Folio (91). En Fecha 15 de diciembre de 2023, mediante auto y visto el escrito presentado por el ciudadano abogado ELTON LEONIDES CACERES, antes identificado, en fecha 13 de diciembre de 2023 el tribunal a-quo ordenó agregarlo a las actas a los fines de que surta sus efectos legales. Folio (92). En fecha 15 de diciembre de 2023, mediante auto y visto el escrito presentado por el ciudadano FREDDY RAFAEL SARABIA, antes identificado, en fecha 13 de diciembre de 2023, el tribunal a-quo, acordó lo solicitado y ordenó agregarlo a las actas procesales del presente asunto. Folio (93). En fecha 18 de diciembre de 2023, la suscrita secretaria del tribunal a-quo dejó constancia de la entrega de copias simples a la parte demandada. Folio (94). En fecha 20 de diciembre de 2023, compareció la parte actora a los fines de consignar escrito de promoción de pruebas, siendo agregado a las actas mediante auto de esa misma fecha. Folios (95 al 98). En fecha 22 de diciembre de 2023, comparece la parte actora a los fines de consignar diligencia en la cual expone que la parte demandada no consignó escrito de promoción de pruebas. Folio (99). En fecha 22 de diciembre de 2023, compareció la parte actora a los fines de consignar escrito, mediante la cual solicitó pronunciamiento sobre la incidencia planteada y revisión del proceso. Folio (100). En fecha 22 de diciembre de 2023, compareció la parte demandada a los fines de consignar escrito de promoción de pruebas y en la misma fecha, mediante auto del Tribunal a-quo, se dejó constancia. Folios (101 al 185). En fecha 22 de Diciembre de 2023, mediante auto del Tribunal a-quo, se dejó constancia del vencimiento del lapso de promoción de pruebas en la presente causa. Folio (186). En fecha 08 de enero de 2024, mediante diligencia, compareció la parte actora a los fines de solicitar copias simples de los folios que van del 101 hasta el 186. Folio (187). En fecha 09 de enero de 2024, mediante diligencia compareció la parte actora ante el tribunal a-quo, a los fines de solicitar copia certificada de los folios que van del 133 hasta el 138. Folio (188). En fecha 09 de enero de 2024, mediante auto del Tribunal a-quo ordenó agregar a las actas la diligencia de fecha 08 de enero de 2024 y acordó expedir las copias simples solicitadas. Folio (189). En fecha 10 de enero de 2024, compareció ante el Tribunal a-quo, la parte actora a los fines de consignar escrito de oposición general a las pruebas promovidas por la parte demandada. Folios (190 al 192).En fecha 10 de enero de 2023, mediante auto del tribunal a-quo, se dejó constancia de la entrega de copias simples a la parte demandante. Folio (193). En fecha 12 de enero de 2024, mediante auto del Tribunal a-quo ordenó agregar a las actas la diligencia de fecha 09 de enero de 2024 y acordó expedir las copias simples solicitadas. Folio (194). En fecha 15 de enero de 2023, la suscrita secretaria del tribunal a-quo dejó constancia de la entrega de copias certificadas a la parte demandante. Folio (195). En fecha 15 de enero de 2024, el tribunal a-quo, mediante auto se pronunció sobre la oposición a las pruebas y la admisión de las mismas. Folio (196 al 197 y su vto). En fecha 17 de enero de 2024, mediante escrito, compareció la parte demandada a los fines de solicitar le sea expedida copias certificadas de los folios Nº 79 al 80, 87 al 89 y 95 al 97 de la pieza principal. Folio (198). En fecha 17 de enero de 2024, mediante escrito compareció la parte demandada a los fines de solicitar le sea expedida copias simples de los folios Nº 185, 190 y 197 de la pieza principal. Folio (199). En fecha 18 de enero de 2024, mediante escrito compareció la parte demandada a los fines de solicitar le sea expedida copias certificadas de los folios Nº 190 al 192 y 196 al 197. Folio (200). En fecha 18 de enero de 2024, mediante escrito, compareció por ante el tribunal a-quo, la parte demandada, a los fines de solicitar la citación de los testigos y designación de expertos. Folios (201 y 202). En fecha 22 de enero de 2024, mediante auto y vista las diligencias presentadas por la parte demandada en fecha 17 de enero de 2024, el Tribunal a-quo acordó expedir las copias solicitadas. Folio (203). En fecha 23 de enero de 2024, mediante auto del tribunal a-quo, se acordó de conformidad a lo solicitado mediante escrito suscrito por la parte demandada, ordenando librar boletas de citación y oficios. Folios (204 al 220). En fecha 26 de enero de 2024, mediante acta suscrita por el tribunal a-quo, de se dejó constancia que se llevó a cabo la evacuación del testigo Francisco Alberto Urrutia Reyes. Folio (221). En fecha 26 de enero de 2024, mediante auto, siendo la oportunidad fijada para la evacuación del testigo Leycel Brian Saquera Jiménez, este tribunal dejó constancia que se difiere dicho acto en virtud de que se encuentra indispuesto de salud. Folio (222). En fecha 26 de enero de 2024, mediante diligencia, compareció la parte demandada a los fines de solicitar le sea expedida copias simples de los folios Nº 221 y 222 de la pieza principal; en la misma fecha, mediante auto separado, se dejó constancia de la entrega de las mismas. Folios (223 y 224).En fecha 29 de enero de 2024, mediante diligencia, compareció la parte demandante a los fines de solicitar le sea expedida copias de los folios Nº 221 al 224. Folio (225). En fecha 30 de enero del 2024, siendo la oportunidad fijada para que tenga lugar la evacuación de prueba de escritura promovida por la parte demandante, en la cual el ciudadano Hanna Basil, parte demandada, plasmó su firma en una hoja en blanco tal como ordenó la ciudadana jueza. En ese mismo acto, se anexó la hoja de evacuación de la prueba. Folios (226 y 227). En fecha 30 de enero de 2024, el alguacil del tribunal a-quo dejó constancia de la consignación de la Boleta de Citación debidamente firmada por el ciudadano Víctor Zapata Veloz, titular de la cédula de identidad Nº V- 14.413.495. Folio (228 y 229). En fecha 30 de enero de 2024, el alguacil del tribunal a-quo dejó constancia de la consignación de la Boleta de Citación debidamente firmada por el ciudadano Luis Humberto Arteaga, titular de la cédula de identidad Nº V- 15.627.224. Folios (230 y 231). En fecha 30 de enero de 2024, el alguacil del tribunal a-quo dejó constancia de haberse trasladado a la comandancia del I.A.P.E.C, en San Carlos Estado Cojedes, con la finalidad de hacer entrega del oficio Nº 010-2024. Folios (232 y 233). En fecha 30 de enero de 2024, el alguacil del tribunal a-quo dejó constancia de haberse trasladado a la comandancia del Cuerpo de Bomberos, de San Carlos estado Cojedes, con la finalidad de hacer entrega del oficio Nº 014-2024. Folios (234 y 235). En fecha 01 de febrero de 2024, mediante escrito, compareció la parte demandada a los fines de solicitar se deje sin efecto los oficios de solicitud que se realizó a la ciudadana Fiscal Auxiliar Interina Encargada de la Fiscalía Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes y en su defecto sea realizada nueva solicitud al Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Bolivariano de Cojedes. Folio (236). En fecha 01 de febrero de 2024, mediante escrito, compareció la parte demandada a los fines de solicitar le sea expedida copias certificadas de los folios Nº 196, 197, 221 y 222 del expediente 11.773. Folio (237). En fecha 01 de febrero de 2024, el alguacil del tribunal a-quo dejó constancia de haberse trasladado a la Dirección de Ingeniería Municipal de la Alcaldía del Municipio San Carlos estado Cojedes, con la finalidad de hacer entrega de los oficios Nros 015- 2024 y 018-2024. Folios (238, 239 y 240). En fecha 01 de febrero de 2024, el alguacil del tribunal a-quo dejó constancia de haberse trasladado a la Fiscalía Tercera del Ministerio Público del Estado Cojedes, con la finalidad de hacer entrega del oficio Nro 011-2024. Folios (241 y 242). En fecha 01 de febrero de 2024, el alguacil del Tribunal a-quo dejó constancia de haberse trasladado a la Oficina Principal de la Corporación Eléctrica Nacional delEstado Bolivariano de Cojedes, con la finalidad de hacer entrega del oficio Nro 012- 2024. Folios (243 y 244). En fecha 01 de febrero de 2024, el alguacil del tribunal a-quo dejó constancia de haberse trasladado a la Oficina Principal de la Hidrológica del Centro (HIDROCENTRO) del Estado Cojedes, con la finalidad de hacer entrega del oficio Nro 013-2024. Folios (245 y 246). En fecha 01 de febrero de 2024, el alguacil del tribunal a-quo dejó constancia que consignó Boleta de Citación firmada por el ciudadano; Bilys Yordano Lara Guevara, titular de la cédula de identidad Nº V-17.132.273. Folios (247 y 248). En fecha 01 de febrero de 2024, el alguacil del tribunal a-quo dejó constancia de haberse trasladado al domicilio del ciudadano Estefan Camacho, a los fines de ser citado en calidad de testigo, siendo inútil localizar al precitado ciudadano. Folios (249, 250 y 251). En fecha 01 de febrero de 2024, el alguacil del tribunal a-quo dejó constancia de haberse trasladado a la Oficina del Registro Subalterno Publico de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos del Estado Cojedes, a los fines informar a la Registradora Abg. Rosa Angélica Castillo Herrera, que debía asistir en calidad de de testigo, siendo inútil localizar a la precitada ciudadana. Folios (252, 253 y 254). En fecha 02 de febrero de 2024, oportunidad fijada para que tenga lugar la evacuación del testigo ciudadano: Lara Guevara Bilys Yordando, dejando constancia en el acta la comparecencia del precitado ciudadano, y llevando a cabo la evacuación del testigo pautado. Folio (255 y vto.). En fecha 02 de febrero de 2024, oportunidad fijada para que tenga lugar la evacuación del testigo, ciudadano Estefan Camacho, se dejó constancia que fue anunciado el acto a las puertas del tribunal, evidenciándose que no estaba presente por lo tanto fue declarado Desierto. Folio (256). En fecha 02 de febrero de 2024, oportunidad fijada para que tenga lugar la evacuación del testigo, ciudadano Arteaga Luis Humberto, dejando constancia en el acta la comparecencia del precitado ciudadano, y llevando a cabo la evacuación del testigo pautado. Folio (257 y vto.). En fecha 05 de febrero de 2024, oportunidad fijada para que tenga lugar la evacuación del testigo, ciudadano Víctor Zapata Veloz, el Tribunal a-quo dejó constancia en el acta la comparecencia del precitado ciudadano, y llevó a cabo la evacuación del testigo pautado. Folio (258 y Vto.). En fecha 05 de febrero de 2024, oportunidad fijada para que tenga lugar la evacuación del testigo, la Dra. Rosangélica Castillo Herrera, el Tribunal a-quo dejó constancia que fue anunciado el acto a las puertas del tribunal, evidenciándose que no estaba presente por lo tanto fue declarado Desierto. Folio (259). En fecha 06 de febrero de 2024, mediante auto del tribunal a-quo, visto el escrito presentado en fecha 01 de febrero de 2024, declara que el tribunal en la debida oportunidad cumplió con lo acordado en el auto de admisión de pruebas, que no esotra cosa más que el resultado de lo promovido y solicitado por las partes en sus respectivos escritos de pruebas presentados ante este órgano jurisdiccional por tanto el tribunal niega lo solicitado. Folio (260). En fecha 06 de febrero de 2024, mediante auto del tribunal a-quo acordó expedir copias certificadas solicitadas mediante diligencia de fecha 01 de febrero de 2024. Folio (261). En fecha 07 de febrero de 2024, mediante auto se dejo constancia de la entrega de copias certificadas a la parte demandada. Folio (262). En fecha 07 de febrero de 2024, mediante auto del tribunal a-quo se ordenó abrir una segunda pieza en virtud de lo incomodo para su manejo. Folio (263). SEGUNDA PIEZA (02) Mediante diligencia de fecha 07 de febrero de 2024, suscrita por la parte demandada, comparece a los fines de solicitar le sea expedidas copias certificadas de los folios 221, 222, 255, 257 y 258. Folio (02). En fecha 07 de febrero de 2024, mediante escrito compareció la parte demandada a los fines de solicitar nueva oportunidad para evacuar testigo. Folio (03). En fecha 07 de febrero de 2024, mediante auto del tribunal a-quo da por recibido y ordena agregar a las actas el oficio Nº DMEZ-OFIC-003-2024, emanado del cuerpo de Bomberos y Bomberas y Administración de Emergencias del Carácter Civil del Estado Bolivariano de Cojedes, Dirección de Prevención e Investigación de Incendios. Folios (04 al 08). En fecha 08 de febrero de 2024, oportunidad fijada para que tenga lugar la Inspección Judicial, se dejó constancia que el tribunal a-quo se trasladó y constituyó en un local comercial ubicado en la calle Páez entre Mirada y Silva signado con el número 11-66 San Carlos Cojedes. Folios (09 al 17). En fecha 14 de febrero de 2024, mediante diligencia suscrita por la parte demandada, compareció ante el Tribunal a-quo a los fines de solicitar le sea expedidas copias certificadas de la primera pieza los folios 235, 255, 257 y 258, y de la segunda pieza 04, 05, 06, 07, 09, 10, 14 y 15. Folio (18). En fecha 14 de febrero de 2024, la parte demandada presentó escrito a los fines de ratificar dejar sin efecto el oficio Nº 011-2024 de fecha 23 de enero de 2024. Folio (19). En fecha 14 de febrero de 2024, mediante auto, el tribunal a-quo ordenó expedir las copias solicitadas mediante escrito presentado en fecha 7 de febrero de 2024. Folio (20). En fecha 14 de febrero de 2024, mediante auto del tribunal a-quo, se ordenó fijar nueva oportunidad para la realización de la evacuación de testigos, ciudadanas Dra. Rosa Angélica Castillo Herrera y Estefan Camacho; asimismo, niega la solicitud de librar boletas de citación, por cuanto las mismas ya fueron libradas en su oportunidad. Folio (21).En fecha 16 de febrero de 2024, mediante auto, el tribunal a-quo ordenó expedir las copias solicitadas mediante escrito presentado en fecha14 de febrero de 2024. Folio (22). En fecha 16 de febrero de 2024, el alguacil del tribunal a-quo dejó constancia de que se trasladó a la oficina principal del Registro Subalterno de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos del Estado Cojedes a fin de hacer entrega del oficio Nº 016- 2024. Folios (23 y 24). En fecha 16 de febrero de 2024, el alguacil del tribunal a-quo, dejó constancia de que se trasladó a la Dirección de Catastro de la Alcaldía del Municipio San Carlos del Estado Cojedes a fin de hacer entrega del oficio Nº 032-2024. Folios (25 y 26). En fecha 19 de febrero de 2024, mediante auto, y siendo la oportunidad fijada para que tenga lugar el acto de evacuación de testigo, de la ciudadana Rosa Angélica Castillo Herrera, el tribunal a-quo dejó constancia que se anuncio a las puertas del Tribunal y no se encontraba presente la precitada ciudadana, se declaró desierto. Folio (27). En fecha 19 de febrero de 2024, mediante auto y siendo la oportunidad fijada para que tenga lugar el acto de evacuación de testigo, del ciudadano Estefan Camacho, el tribunal a-quo dejó constancia que se anunció a las puertas del tribunal y no se encontraba presente el precitado ciudadano; por lo tanto, se declaró desierto el acto. Folio (28). En fecha 19 de febrero de 2024, la suscrita secretaria del Tribunal a-quo dejó constancia de la entrega de copias certificadas a la parte demandada. Folio (29). En fecha 19 de febrero de 2024, compareció el Ingeniero Edgar Selie, a los fines de consignar escrito de Informe de Experticia Técnica junto con sus anexos. Folios (30 al 41). En fecha 19 de febrero de 2023, mediante auto motivado, el tribunal a-quo, se pronunció sobre la petición del escrito de fecha 14 de febrero de 2024, inserto al folio 19 de la segunda pieza. Se libró oficio Nº 036-2024. Folios (42 al 44). En fecha 26 de febrero de 2024, mediante auto, el Tribunal a-quo da por recibido oficio Nº CEAJCC-0001/2024, emitido por la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) del Estado Cojedes, en respuesta del oficio Nº 012-2024 Remitido por esta instancia. Folios (45 y 46). En fecha 26 de febrero de 2024, mediante auto, el tribunal a-quo da por recibido oficios S/N, emitido de la Dirección de Catastro de la Alcaldía de San Carlos Cojedes, en respuesta a lo solicitado por el referido juzgado. Folios (47, 48 y 49). En fecha 26 de febrero de 2024, mediante diligencia compareció la parte actora a los fines de solicitar se fije nueva oportunidad para evacuación del testigo Leycel Brian Sequera; asimismo, solicitó sea notificado el demandado para que sean materializadas las posiciones juradas. Folio (50). En fecha 26 de febrero de 2024, el a-quo recibe oficio Nº HC-CJ-018-2024, emanado de C.A Hidrológica del Centro (HIDROCENTRO). Folio (51).En fecha 27 de febrero de 2024, mediante diligencia de comparece la parte actora a los fines de solicitar le sea expedida copias simples y certificadas de los folios 19 al 44 de la segunda pieza. Folio (52). En fecha 27 de febrero de 2024, el alguacil del tribunal a-quo hace constar que se trasladó al Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial del Estado Cojedes, a fin de entregar oficio Nro 036-2024, el cual consigna debidamente recibido. Folios (53 y 54). En fecha 27 de febrero de 2024, el alguacil del tribunal a-quo consignó boleta de citación librada al ciudadano Hanna Basil a fin de que absuelva posiciones juradas, haciendo constar que la firma que aparece al pie de la misma corresponde al ciudadano antes mencionado. Folios (55 y 56). En fecha 27 de febrero de 2024, mediante auto del tribunal a-quo se ordenó fijar nueva oportunidad para la evacuación de testigo, ciudadano Elycel Brian Sequera, así como también, se ordenó cumplir con la notificación solicitada, en el mismo auto se ordenó agregar a las actas la diligencia de fecha 26 de febrero de 2024. Folio (57). En fecha 27 de febrero de 2024, mediante auto y vista la diligencia de fecha 27 de febrero de 2024 el tribunal a-quo acordó lo solicitado. Folio (58). En fecha 29 de febrero de 2024, mediante auto del tribunal a-quo se acordó diferir el acto de posiciones juradas, para el segundo día de despacho siguiente, a las 10:00 am, en virtud del estado delicado de salud que presenta el ciudadano Hanna Basil. Folios (59 y 60). En fecha 01 de marzo de 2024, mediante escrito, compareció la parte actora a los fines de exponer y solicitar que para el acto de posiciones juradas sea efectuado mediante registro sonoro o videográfico. Folio (61). En fecha 01 de marzo de 2024, oportunidad fijada para que tenga lugar el acto de evacuación de testigo del ciudadano: Leycel Brian Sequera, el tribunal a-quo dejó constancia de su comparecencia, llevándose a cabo la precitada deposición. Folio (62 y Vto.). En fecha 01 de marzo de 2024, mediante escrito, compareció la parte demandada a los fines de solicitar le sea expedido copias certificadas de los folios 30, 31, 32, 33, 34,35, 26, 45,47, 49, 51 y 62 de la segunda pieza. Folio (63). En fecha 04 de marzo de 2024, mediante auto de oportunidad fijada para que tenga lugar el acto de posiciones juradas, visto que la parte demandada ciudadano Hanna Basil, se encuentra indispuesto de salud, el Tribunal a-quo difiere al primer día de despacho siguiente a este a las nueve de la mañana (09:00am), estando las partes de acuerdo. Folios (64 al 67). En fecha 05 de marzo de 2024, oportunidad fijada para que tenga lugar el acto de posiciones juradas del ciudadano: Hanna Basil, parte demandada, el Tribunal aquo dejó constancia de su comparecencia, llevándose a cabo la precitada deposición. (68).En fecha 05 de marzo de 2024, oportunidad fijada para que tenga lugar el acto de posiciones juradas de la ciudadana: Mayra Alejandra Beiruti Basil, parte demandante, el Tribunal a-quo dejó constancia de su comparecencia, llevándose a cabo la precitada deposición. Folio (69). En fecha 05 de marzo de 2024, mediante auto del a-quo, se certificó copia del documento original (Informe Médico), para su vista y devolución del ciudadano HANNA BASIL. Folios (70 y 71). En fecha 06 de marzo de 2024, compareció la parte demandada a los fines de consignar escrito solicitando prorroga y pruebas de informes. Folios (72 y 73). En fecha 06 de marzo de 2024, mediante escrito, compareció la parte demandada a los fines de solicitar le sea expedida copias certificadas de los folios 62, 68 y 69 de la segunda pieza. Folio (74). En fecha 06 de marzo de 2024, mediante auto del tribunal a-quo, se ordenó expedir las copias certificadas solicitadas por la parte demandada mediante escrito de fecha 01 de marzo de 2024. Folio (75). En fecha 06 de marzo de 2024, mediante auto del tribunal a-quo, se dejó constancia de haber recibido escrito de información consignada por el asesor jurídico de la Alcaldía del Municipio Ezequiel Zamora del Estado Cojedes en respuesta al oficio 015-2024, ordenándolo agregar a las actas mediante el presente auto. Folios (76 al 86). En fecha 07 de marzo de 2024, mediante auto del tribunal a-quo, se ordenó expedir las copias certificadas solicitadas por la parte demandada mediante escrito de fecha 06 de marzo de 2024. Folio (87). En fecha 07 de marzo de 2024, del tribunal a-quo, mediante auto motivado, se pronunció de conformidad a lo solicitado mediante escrito de fecha 06 de marzo de 2024. Se libró Oficio Nº 047-2024. Folios (88 y 89). En fecha 13 de marzo de 2024, el tribunal a-quo procedió a juramentar al perito evaluador designado en la presente causa. Folios (90 y 91). En fecha 14 de marzo de 2024, mediante diligencia suscrita por la parte actora a los fines de solicitar le sea expedida copias simples y certificadas de todo el expediente. Folio (92). Mediante escrito de fecha 14 de marzo de 2024, consignado por ante el tribunal a-quo por el experto designado, mediante el cual, solicitó el monto en moneda internacional, a los fines de comprar materiales para poder entregar un trabajo de calidad, en virtud de que la Alcaldía no cuenta con los recursos necesarios. Folio (93). En fecha 14 de marzo de 2024, el alguacil del tribunal a-quo dejó constancia que se trasladó al Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, a fin de hacer entrega del oficio Nº 047- 2024. Folios (94 y 95). En fecha 14 de marzo de 2024, el alguacil del tribunal a-quo informó que consignó las resultas del oficio Nº 036-2024 de fecha 19 de febrero de 2024, el cual fueentregado por ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes. Folios (96 y 97). En fecha 19 de enero de 2024, mediante auto del tribunal a-quo, se acordó expedir las copias solicitadas mediante diligencia de fecha 14 de marzo de 2024. Folio (98). En fecha 18 marzo de 2024, el Tribunal a-quo recibió oficio Nº 070-2024, emitido por la Corte de apelaciones, junto con anexos. Folios (99 al 115). En fecha 21 de marzo de 2024, la parte demandada presentó escrito mediante el cual consignaron copias simples y certificadas de las declaraciones del ciudadano GUSTAVO GUERRA, a los fines de solicitar nueva prórroga. Folios (116 al 124). En fecha 21 de marzo de 2024, compareció el ciudadano José Landaeta en su carácter de experto avaluador a los fines de consignar el informe pericial, junto con sus anexos. Siendo agregado en esa misma fecha. Folios (125 al 184). En fecha 21 de marzo de 2024, es presentado escrito por la parte demandada a los fines de solicitar nueva prórroga. Folio (185). En fecha 22 de marzo de 2024, mediante auto y visto el escrito presentado por la parte demandada en fecha 21 de marzo de 2024 y el pedimento de la misma el tribunal a-quo negó lo solicitado. Folio (186). En fecha 22 de marzo del año 2024, mediante auto del tribunal a-quo se dejó constancia del vencimiento del lapso para la evacuación de pruebas, y fijó el décimo quinto día (15) días de despacho para que las partes presenten sus informes. Folio (187). En fecha 25 de marzo de 2024, mediante escrito, compareció la parte demandada a los fines de solicitar le sea expedida copias certificadas de los folios 79, 80, 87, 88, 89, 95, 96 y 197 de la primera pieza, y 76, 77, 78, 79, 80, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 y 149 de la segunda pieza. Folio (188). Mediante auto de fecha 26 de marzo de 2024, el tribunal a-quo dio por recibido las resultas del oficio Nº 016-2024, Librado al Registro Público de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos del Estado Cojedes, ordenando agregarlo a las actas junto a sus anexos. Folios (189 al 226). Mediante auto de fecha 26 de marzo de 2024, el tribunal a-quo acordó expedir las copias certificadas solicitadas mediante diligencia de fecha 25 de marzo del presente año. Folio (227). En fecha 18 de abril de 2024, compareció la parte demandada a los fines de consignar Escrito de Informes en la presente causa. Folios (228 al 249). Mediante auto de fecha 22 de abril del año 2024, el tribunal a-quo dijo VISTOS con informes, habiendo hecho uso de ese derecho la parte demandada. Folio (250). En fecha 23 de abril de 2024, mediante diligencia comparece la parte actora a los fines de solicitar le sea expedida copias simples y certificadas de los folios 01 hastael folio 250; asimismo, solicitó los cómputos de los días de despacho del lapso de evacuación de pruebas. Folio (251). En fecha 25 de abril de 2024, mediante auto del tribunal a-quo, se acordó lo solicitado y ordenó expedir las copias; asimismo, ordenó certificar por secretaría el cómputo de los días de despachos y días de evacuación de pruebas. Folios (252 y 253). En fecha 02 de mayo de 2024, compareció la parte demandada a los fines de consignar escrito de observaciones a los informes. Folio (254). En fecha 07 de junio de 2024, mediante auto del Tribunal a-quo se dejó constancia del abocamiento de la ciudadana Jueza Suplente Especial Magalys Janneth Quintero Navarro. Folio (255). En fecha 13 de junio de 2024, mediante auto del tribunal a-quo, se dejó constancia del vencimiento del lapso establecido para que las partes ejercieran el derecho de recusación en la presente causa, sin que hubieran hecho uso del mismo, ni por si ni por medio de representante alguno. Folio (256). En fecha 14 de junio de 2024, el tribunal a-quo, mediante auto motivado fijó un lapso de 60 días para dictar sentencia. Folio (257). En fecha 08 de agosto del 2024, el Tribunal a-quo recibió oficios provenientes de la Fiscalía Novena del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes signados con los números 09-F9-0487-24-O y 09-F9-0488-24-O, ambos de fecha 07 de agosto del 2024, mediante los cuales solicitaron información perteneciente al presente caso, así como para solicitar copias certificadas de los folios 133 al 138 del expediente 11.773 llevado por ese tribunal. En esta misma fecha, ordenó ser agregados a los autos del expediente y se acordó lo solicitado. Folios (258 al 260). Mediante diligencia de fecha 12 de agosto, suscrita por el ciudadano alguacil del Tribunal a-quo, se dejó constancia que entregó el oficio Nº 118-2024 dirigido a la Fiscalía Novena del Ministerio Público de esta circunscripción judicial. Folio (262). En fecha 14 de agosto del 2024, el tribunal a-quo dicto sentencia definitiva mediante la cual declaró: PRIMERO: con lugar la demanda de Reconocimiento de Contenido y Firma… Segundo: Reconoce el Documento Privado de compra venta suscrito entre los ciudadanos Hanna Basil y Mayra Alejandra Beirouti Basil… (Sic)… suscrito en fecha 23 de febrero del 2023… TERCERO: en cuanto a las medidas cautelares, las mismas serán levantadas una vez quede definitivamente firme la presente sentencia. CUARTO: no se condena en costas a la parte vencida. QUINTO: entréguese copia de la presente decisión a ambas partes. SEXTO: notifíquese a las partes. (Folio 264 al 300). Mediante diligencia de fecha 16 de septiembre del 2024, suscrita por la parte actora ante el Tribunal a-quo, solicito dos (02) juegos de copias simples y dos (02) juegos de copias certificadas de la sentencia dictada en fecha 14 de agosto del 2024. (Folio 301).En fecha 16 de septiembre del 2024, el ciudadano alguacil del tribunal a-quo, consignó diligencia mediante la cual dejó constancia que entregó Boleta de Notificación librada a la ciudadana Mayra Alejandra Beirouti Basil respectivamente firmada. (Folio 303). En fecha 17 de septiembre del 2024, la parte actora consignó ante el tribunal aquo diligencia mediante la cual solicitó se notifique a la parte demandada bien sea en el domicilio indicado o en su defecto mediante el uso de medios telemáticos. (Folio 364). Por auto de fecha 17 de septiembre del 2024, emitido por el Tribunal a-quo, ordenó agregar a los autos del expediente la diligencia presentada en fecha 16 de septiembre del 2024 y acordó lo solicitado en la misma. (Folio 305). En fecha 17 de septiembre del 2024, el ciudadano alguacil del Tribunal a-quo, consignó diligencia mediante la cual dejó constancia que entregó Boleta de Notificación librada al ciudadano Hanna Basil, parte demanda, respectivamente recibida y firmada por su apoderado judicial, abogado Freddy Rafael Sarabia Cedeño. (Folio 306). En fecha 18 de septiembre del 2024, mediante diligencia, la parte demandada apeló a la sentencia proferida por el Tribunal a-quo en fecha 14 de agosto del 2024. (Folio 308). En fecha 20 de septiembre del 2024, mediante diligencia, la parte demandada ratificó la apelación realizada en fecha 18 del mes de noviembre del 2024. (Folio 309). En fecha 24 de septiembre, por auto del tribunal a-quo, se dejó constancia del vencimiento del lapso de apelación. (Folio 310). En fecha 25 de septiembre del 2024, por auto expreso, el Tribunal oyó Apelación en Ambos Efectos, y en consecuencia, ordenó remitir al Juzgado Superior en los Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, el expediente en su forma original. (Folio 312). ACTUACIONES EN CUADERNO SEPARADO (Cuaderno de Medidas) En fecha 18 de octubre de 2023, mediante auto del tribunal a-quo por error involuntario no imputable a las partes, ordenó la apertura de un cuaderno separado de medidas, y visto que la parte accionante no lo solicita, se ordena dejar sin efecto el cuaderno de medidas aperturado. Folio (02). En fecha 24 de octubre de 2023, mediante auto del tribunal a-quo, se ordenó agregar a las actas escrito de solicitud de medida cautelar de fecha 23 de octubre de 2023, y dejó constancia que se pronunciará sobre tal solicitud mediante auto separado. Folio (03). En fecha 13 de noviembre de 2023, compareció la parte actora a los fines de consignar escrito de ratificación a la medida cautelar solicitada. Folios (04 al 09). En fecha 15 de noviembre de 2023, mediante sentencia interlocutoria, el tribunal a-quo, declaró con lugar la solicitud de medida cautelar de Prohibición de Enajenar y Gravar del inmueble ubicado en la calle Páez entre Miranda y Silva,signada con el Nº 11-66 de San Carlos, Estado Cojedes, sin lugar la medida cautelar de embargo, por cuanto no señaló cuales son los bienes a embargar y con lugar medida cautelar innominada de prohibición de demoler la pared interna divisoria de bloques de concreto. Se libraron oficios Nº 175-2023, Dirigido al Registrador Inmobiliario del Estado Cojedes, y Nº 176-2023 Dirigido al Ingeniero Municipal de la Alcaldía de San Carlos Estado Cojedes. Folios (10 al 14). En fecha 21 de noviembre de 2023, mediante diligencia, compareció la parte actora a los fines de solicitar vista la sentencia interlocutoria y los oficios, se envíen copias certificadas. Folio (15). En fecha 23 de noviembre de 2023, comparece ante el a-quo, la parte demandante, a los fines de solicitar le sea expedido un juego de copias simples y certificadas de los folios 10 al 14 del cuaderno de medidas. Folio (16). En fecha 23 de noviembre de 2023, mediante auto del tribunal a-quo, se ordenó agregar a las actas el escrito presentado en fecha 21 de noviembre de 2023. Folio (17). En fecha 24 de noviembre de 2023, mediante auto del tribunal a-quo, se ordenó agregar a las actas el escrito presentado en fecha 23 de noviembre, asimismo, acordó expedir las copias simples y certificadas solicitas. Folio (18). En fecha 27 de noviembre de 2023, mediante auto del tribunal a-quo, se dejó constancia de la entrega de copias certificadas a la parte demandante. Folio (19). En fecha 05 de diciembre de 2023, Mediante escrito compareció la parte demandada a los fines de solicitar le sea expedida copias certificadas de los folios Nº 01 al 14 del Cuaderno de medidas. En esta misma fecha, mediante auto del tribunal aquo, se ordenó agregar a las actas, y acordó las copias certificadas conforme a lo solicitado. Folio (20 y 21). En fecha 07 de diciembre de 2023, el alguacil del tribunal a-quo, dejó constancia que se trasladó a la sede de la Alcaldía de San Carlos, con el fin de hacer entrega del oficio Nº 176-2023. Folios (22 y 23). En fecha 07 de diciembre de 2023, el alguacil del tribunal a-quo, dejó constancia que se trasladó a la Oficina de Registro Inmobiliario del Estado Cojedes, con el fin de hacer entrega del oficio Nº 175-2023. Folio (24 y 25). En fecha 13 de diciembre de 2023, la secretaria suplente del tribunal a-quo dejó constancia de la entrega de las copias simples solicitadas por la parte demandada. Folio (26). II MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO Esta Alzada como órgano superior asume el conocimiento pleno de la controversia; y en tal sentido, tiene plena jurisdicción sobre el asunto apelado, lo que le permite descender a las actas procesales y revisar todo lo acontecido durante el desarrollo del iter procesal, y para resolver la situación jurídica planteada este Tribunal, procederá al estudio de la actas procesales que conforman el expediente, y todo en base al artículo 12 de Código de Procedimiento Civil que expresamente señalalo siguiente: “…Los Jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procuraran conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse a las normas del derecho, a menos que la ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de estos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados. El Juez debe fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común o máximas de experiencia…” Ahora bien, De conformidad con lo establecido en el ordinal 3° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, la controversia en el caso bajo análisis quedó planteada en los siguientes términos. Alegatos de la parte actora en su libelo de demanda (Reforma de la Demanda). [Que] en fecha 23 de Febrero del año de 2023, suscribí un DOCUMENTO PRIVADO con el Ciudadano HANNA BASIL, Venezolano, mayor de edad, soltero, hábil en derecho, titular de la cédula de identidad N°V-25.603.744, a través de cual el identificado Ciudadano medio en venta pura y simple: una propiedad constituido por un lote de terreno y unas bienhechurías dentro de la misma ubicado en la calle Páez entre Miranda y Silva signada con el número 11-66 de San Carlos Estado Cojedes constantes de 752 Mts2, bajo los siguientes linderos y medidas, NORTE Calle Páez que es su frente con una longitud 5,27 mts SUR propiedad de HANNA BASIL con una longitud de 5,27 mts, ESTE: Edificio Por fin con una longitud de 13,86 mts. OESTE, propiedad de HANNA BASIL con una longitud de 13.86 mts para un total de SETENTA Y TRES CON CUATRO METROS CUADRADOS (73,04 mts 2) aunado a la venta también con dos puestos de estacionamiento al frente del negocio, dicha propiedad se encuentra Identificada con el numero catastral 07 01 02 34 03 dicho inmueble le pertenece según Documento protocolizado en la Oficina de Registro Público bajo el Número 10, folios 19 al 21. Tomo 3 Protocolo Primero Segundo trimestre fecha 03 de junio del año 2003. [Que] la enajenación que me realiza es por la cantidad fecha 13 MIL DOLARES ESTADOUNIDENSES (6000 $) 10 cual se traduce a la fecha de hoy en y ajustado a la tasa del Banco Central de Venezuela en CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA BOLIVARES (178.560 Bs) documento privado éste, que marcado con la letra "A" acompaño en original al presente escrito, pero por razones desconocidas el ciudadano demandado de autos me manifestó que no quería firmar nada en el Registro Subalterno es por ello que procedo a demandar como en efecto lo hago. [Que] de conformidad con lo ordenado en la Resolución N° 006- 2009 emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia el 18 de Marzo de 2009 estimo la presente pretensión en la suma de SEIS MIL EUROS (6.000 €) ya que es la divisa de mayor valor y en Bolívares es DOSCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA BOLIVARES (216.960 Bs) equivalente 24.106.67 a la Unidades Tributarias pidiendo expresamente que este valor sea indexado al momento de ejecutarse efectivamente la sentencia. [Que] en virtud de que tengo necesidad y me urge efectuar todas las gestiones a los efectos de obtener la legalidad y plena titularidad del descrito inmuebles, por ante la oficina de RegistroPúblico Inmobiliario de San Carlos Y Rómulo Gallegos del Estado Cojedes, siendo que el Documento en referencia es PRIVADO, es por lo que con el debido respeto y de conformidad con los Artículos 26, 51, 49 y 257 de nuestra Carta Magna concordancia con el Articulo 444 y siguientes y 450 del Código de Procedimiento Civil Venezolano vigente, acudo a esta Autoridad Jurisdiccional por ser de su competencia a Demandar como en efecto lo hago al Ciudadano, HANNA BASIL. Venezolano, mayor de edad, soltero, hábil en derecho, titular de la cédula de identidad N° V- 25.603.744, con domicilio en la Urbanización Banco Obrero y mayormente se encuentra en calle Páez entre Miranda y Silva al frente del supermercado chino donde funcionaba la Carpintería y ahora funge como mueblería de San Carlos, Estado Cojedes para que previa citación Y DEMAS FORMALIDADES de Ley, comparezca ante este Tribunal y dentro del lapso de Ley, para que RECONOZCA TANTO EL CONTENIDO COMO SUYA LA FIRMA ESTAMPADA EN EL DOCUMENTO PRIVADO suscrito en fecha 23 de febrero de 2023, al cual se hace referencia y se acompaña a esta solicitud marcado con la letra "A".- Alegatos de la parte Demandada en su Escrito de Contestación. [Que] Es el caso ciudadana Jueza que hoy nos ocupa, deviene de la demanda que interpone la ciudadana: MAYRA ALEJANDRA BEIROUTI BASIL, contra su tío- padrino, el ciudadano: BASIL HANNA, por reconocimiento de contenido y firma de un documento privado, por la compra venta de un "supuesto" local comercial que no existe, esta situación, se originó producto de las conversaciones que venían sosteniendo tío - padrino y sobrina ahijada, desde el mes de enero del presente año en curso, en la que se encontraban definiendo la posibilidad de arrendarle un espacio de su local comercial de su única y exclusiva propiedad de mi representado, ubicado en la Calle Páez, entre la Calle Miranda y Silva local número 11-66, de la ciudad de San Carlos del estado Bolivariano de Cojedes, como consta en los libros protocolizado por ante la Oficina de Registro Público de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos del estado Cojedes como único poseedor y legítimo propietario de los dos (02) que lo acreditan, las del terreno y el inmueble construido sobre este… [Que] es de destacar señora Jueza, que este es el único bien que posee este adulto mayor de setenta y un (71) años de edad para su vejez producto de su trabajo realizado desde su llegada al país de este ciudadano nacionalizado de descendencia siria, quien se dedicó a trabaja por más de cuarenta (40) años y actualmente padece de un cumulo de enfermedades degenerativas que requieren de costoso tratamientos y atenciones médicas, este espacio del local principal lo viene ocupando por más de seis (06) años en calidad de préstamo, por haberse quedado sin, trabajo, para que su ahijada - sobrina se ayudara económicamente, por encontrase en una situación económicamente precaria, y este familiar de buena fe y corazón le ayudo, no solo con el préstamo del espacio, sino que también con mobiliario, préstamos personales en efectivo de dinero, en la moneda internacional de dólares americanos que nunca le finalizo en cancelar, para iniciarse con una venta de frutas, viveres y alimentos, como en efecto así ocurrió.. [Que] llama poderosamente la atención honorable Jueza, antes que se iniciaran las conversaciones, de la posibilidad que se le alquilara ese espacio, se cambió de ramo a comercializar losmismos productos que mi cliente comercializa en su local comercial (mueblería), convirtiéndose en su competencia dentro de su propio local comercial, la insistencia de este familiar de la necesidad de celebrar un contrato de arrendamiento, la justifico por los gastos que generaba el local comercial de todos los servicios públicos y que los ingresos que le generaría a favor del arrendador como propietario del inmueble, le serviría para sus gastos de alimentación, gastos personales, salud de costosos tratamiento médico y exámenes periódicos por las diferentes patología que padece, por lo que actualmente el control de su local comercial se lo cedió a su única hija dada su actual condición de salud y edad, siendo esta la responsable de su cuidado y atención. [Que] es de destacar honorable Jueza, que todas las conversaciones sostenidas que se venían desarrollando, estaban enmarcadas siempre bajo la posibilidad de celebrar un posible contrato de arrendamiento por el espacio que le prestó de su local comercial, más no, la compra venta de este, ya que en el diseño de la obra inicial y en los planes de este, no posee divisiones internas del local comercial para venderlo por secciones, por lo que nunca dentro de las conversaciones entre las partes en conflicto, se acordó la negociación de una compra venta por este espacio… [Que] estas conversaciones estuvieron enmarcadas por una constante insistencia, para ejercer presión permanente, por parte de esta ahijada-sobrina, para con su padrino-tío, tomando en consideración que lo conoce muy bien, por haber trabajado un tiempo con este, y por haber fungido para ella como la de una figura paterna a lo largo de su vida, por ser quien la ayudo económicamente a comprar la casa que hoy ocupa con su familia… [Que] un día a inicio del mes de junio del presente año, quién no recuerda día, lo toman por sorpresa y le pide que se acerque solo, sin el acompañamiento de su única hija, al espacio del local comercial, para que firmaran el "supuesto" contrato de arrendamiento de un local comercial que no existe, sin sus lentes formulados de lectura, y mucho menos se encontraba acompañado de su abogado de confianza para la celebración de este acto y que hubiere igualdad entre las partes, le hace firmar dos (02) documentos diferentes que se encontraban firmados por unos testigos quienes no se encontraban presente en este acto [Que] luego de firmado estos, por la confianza que existía entre estos dos la ahijada - sobrina, se había comprometido a entregárselos luego el "supuesto" contrato de arrendamiento a través de su abogado quien la representa en este acto y todos los documentos elaborados, y nunca se le entrego el documento original que le correspondía como arrendador del "supuesto local comercial", bajo la promesa de la ahijada-sobrina y su abogado de confianza, que se lo entregarían luego como se comprometieron ambos ciudadanos que no cumplieron con su palabra… [Que] que días después y gracias a una denuncia formulada bajo su condición de adulto mayor, en la investigación Fiscal del Ministerio Público de fecha 24 de agosto del 2023, bajo el N° MP- 177751-23, en su condición de VICTIMA se entera que había sido engañado por su ahijada-sobrina, quien le había hecho firmar dos (02) documentos, con contenido y fechas de vigencia diferentes, un contrato de arrendamiento y un contrato de compra venta, documentos que a la presente fecha no posee…[Que] para asombro y sorpresa de mi representado, en fecha 03 de agosto del 2023, su familiar lo había demandado, por reconocimiento de contenido y firma, por ante el Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Carlos de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Cojedes bajo el expediente N° 2745-23, acción temeraria en la que se pretenden que esta instancia, le reconozca el documento fraudulento firmado bajo engaño y manipulación, recurso que interpone por ante el Poder Judicial, mucho antes que este formulare la denuncia por ante la Fiscalía del Ministerio Público el fraude materializado. [Que] A inicio del mes de junio del año 2023, la demandante, a través de manipulación y engaño, logro que mi representado le firmara dos (02) documentos, dada su vulnerabilidad de adulto mayor, el lazo de parentesco, sentimentales y la confianza, este no sabía lo que había firmado, bajo la promesa que luego se le entregaría el documento que le correspondería como arrendador, para su asombro en fecha 03 de agosto del 2023. su familiar lo habla demandado, por reconocimiento de contenido y firma, por ante el Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Carlos de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Cojedes bajo el expediente Nº 2745-23, por uno (01) de estos dos (02) documentos fraudulentos firmados bajo un fraude, de manipulación, engaño, que rechaza, niega, contradice e impugna su contenido, por no haberlos celebrado bajo su consentimiento, al no saber lo que se encontraba firmando, para ser utilizadas de forma fraudulentas para beneficio personal, en detrimento de este, para hacerse de su único bien, aprovechándose de la cercanía sentimental y conocimiento por haber trabajado en el negocio con él, utilizo su vínculos afectivo de tío y padrino, para que bajo engaño y manipulación, al confiar de la buena fe su familiar, le firmara dos (02) documentos fraudulentos privados, lleno de un sin número de vicios que se expondrán para desmostar el fraude… [Que] En cuanto a los documentos firmados, inicialmente por las conversaciones previas sostenidas tío padrino y sobrina ahijada, se firmaría un posible contrato de arrendamiento por el espacio que ocupa en el local comercial y no un contrato de compra venta, por lo que mi representado, rechaza, niega y contradice el contenido de ambos documento firmados y solicita su nulidad por haberse celebrado este acto plagado de irregularidades contrarias a la Ley, y en especial por el cual es demandado en la presente acción, para su asombro y sorpresa, intencionalmente se le hizo creer bajo manipulación y engaño, que se encontraba firmando un contrato de arrendamiento como se había conversado… [Que] En cuanto al documento firmado, inicio de junio del 2023, nunca se le leyó y explico el contenido y alcance de lo que estaba firmando, mucho menos se le entrego un ejemplar de estos que le corresponderían en su condición de propietario del bien, si tomamos en cuenta que este es un adulto mayor de origen sirio, quien no domina al 100% el leguaje castellano, adicionalmente no poseía para ese momento de la firma, sus lentes de lectura formulados por su edad tan avanzada y tener problemas con la visión y necesita de este objeto para ayudares para leer, sumado a no encontrase acompañado de su única hija y quien le acompaña para cualquier acto en el que se compromete el patrimonio familiar, mucho menos conto con el acompañamiento de su abogado de confianza, para la celebración de un acto de esta naturaleza en elque, su abogado de confianza no fue quien redacto estos documentos, como se estila en los actos con trasparencia para hubiere igualdad entre las partes… [Que] llama poderosamente la atención honorable Jueza, el contenido de la redacción tan rebuscada de este documento de compra venta, en la que premeditadamente se utiliza extractos seleccionados con pinzas de la sentencia N° 2005-000622 de fecha 18 de abril de año 2006; de la Sala Casación Civil, con ponencia de la Magistrada ISBELIA PÉREZ VELASQUEZ. [Que] la redacción que utilizó el abogado de la demandante fue elaborado para proteger los intereses de su clienta la compradora, y no los intereses del vendedor, con mayor fuerza tiene la importancia que mi representado, se le debió involucrar en la redacción al consultarle su opinión y aprobación del escrito definitivo, antes de firmar esa "supuesta" compra venta, así como para el momento de la firma de este, se le debió haber sido leído para que lo comprendiera antes de dar su aprobación con la firma, por lo que con una redacción tan compleja, cobra fuerza que inexcusablemente debía encontrarse acompañado de su hija y/o de un abogado de confianza, para que se le explicara el contenido y alcance del documento a refrendar… [Que] que esta sentencia fue mutilada para hacer uso de los extractos como anteriormente lo señalé a conveniencia, pertinente señalar que el contexto en el que surge esta jurisprudencia es muy diferente para el que se pretende aplicar y obtener provecho en el caso objeto de la presente acción. [Que] En cuanto a la redacción de los escritos firmados, ambos documentos fueron elaborados y visados, por el abogado de confianza y quien la representa en la presente acción a la demandante el abogado ciudadano: ELTON LEONIDES CECEREG FERNADEZ, quien se encontraba presente para el momento de la firma de estos documentos fraudulentos, quien también engaño a mi cliente, cuando le ofreció entregarle luego el original de los documentos que firmó que le correspondía y por lo que mi representado, nunca le fue entregado los documentos fraudulentos firmados y mucho menos participo en la redacción preliminar y el manuscrito definitivo refrendado bajo engaño y manipulación… [Que] es de destacar que mi cliente, no conoce de vista y trato a este profesional del derecho y mucho menos a contratado los servicios profesionales de este, por lo que nunca ha tenido tiene ningún vínculo o relación con este, lo conoció por primera vez de vista mas no de trato en ese acto fraudulento planificado por su sobrina-ahijada, importante agregar honorable Jueza, que la redacción de ambos documentos privados, verso sobre un contrato de arrendamiento y un contrato de compra venta por un "supuesto" local comercial que no existe, por lo que de forma categórica e irrevocable mi cliente, rechaza, niega, contradice e impugna y desconoce el contenido de ambos documentos fraudulentos, por haberse logrado su firma, bajo: Manipulación, engaño, coacciona y presión, al no saber lo que le habían hecho firmar su demandante, por no haber dado su consentimiento, por no encontrarse en sus facultades y capacidades mentales plenas, de estar consciente del contenido de lo que había firmado, acto que estuvo plagado de un sin número de anormalidades y irregularidades.[Que] En cuanto a la inexistencia del "supuesto local comercial", el abogado redactor de ambos documentos fraudulentos visados y firmados por este y los "supuestos testigos", no se percató en su fraude, porque desconoce la tradición legal de este inmueble, que mi representado posee dos (02), documentos quienes le acreditan la propiedad, como consta en los libros de protocolización del Registro Inmobiliario de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Cojedes, donde se encuentra protocolizado los dos (02) documentos de propiedad, el primero, el de la compra venta del terreno, registrado en la Oficina Subalterna de Registro Público de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos del estado Cojedes, bajo el N°-10, folios 19 al 21, Tomo 03. Protocolo Primero, Segundo Trimestre del año 03 de junio del 2003, y el segundo de la protocolización de las mejoras y bienhechurías en la Sentencia Interlocutoria del Titulo Supletorio bajo el exp. Nº 3475-11, de fecha 10 de octubre de 2011, en la que se publicó y registro la decisión emanada del Juzgado de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, protocolizado por ante la Oficina de Registro Público de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos del estado Cojedes, registrado bajo el Nº 31, Folio N° 133 al 158, Protocolo Primero, Tomo 7º, Primer Trimestre del año doce (12) de marzo del año 2012 y las bienhechurías en la fecha antes descrita, de los libros que se lleva por ante este Registro Subalterno del estado Bolivariano de Cojedes, por lo que tales negociaciones por el "supuesto local comercial", no existe, por lo que ambos contratos, están viciados de nulidad absoluta, sobre un objeto que no existe para el mundo jurídico, adicionalmente que nunca se realizó la separación los servicios públicos de: Electricidad, con la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) del estado Bolivariano de Cojedes, agua, con la Hidrológica del Centro (HIDROCENTRO) del estado Bolivariano de Cojedes, la separación de los sistemas de seguridad contra incendios por los Bomberos del estado Bolivariano de Cojedes, todos ellos son de un solo local comercial, nunca hubo, ni mucho menos se acordó la separación de estos "supuestos contratos", por no poseer ni siquiera una ficha o cedula catastral, todos ellos están registrados y a nombre de mi representado. [Que] como conocedores del derecho que somos, para la celebración de un acto de esta naturaleza en él que se compromete él patrimonio familiar, se deben tomar todas las garantías necesarias, para que las partes intervinientes en un acto de esta importancia no quede la duda y mucho menos el cuestionamiento, como está aconteciendo en la presente acción, que ese acto privado si "supuestamente" se celebró, se debió celebrar con todas la garantías legales d-su contenido y forma, para que este investido de legalidad y trasparencia para satisfacción de las partes (vendedor comprador) y/o (arrendador arrendataria) y no surjan posteriores cuestionamiento, como está ocurriendo en el caso que nos ocupa, más por tratarse por una negociación de una persona de la tercera edad y una sobrina, reconocido por la legislación patria como un ciudadano vulnerable, por su condición de ser un adulto mayor como bien se señaló y reitera en los artículos 24 y 42, entre otros, de la Ley Orgánica para la Atención y Desarrollo Integral de las Personas Adultas Mayores, sumado a que es un ciudadano con serios problemas de salud como se reitera en los informes médicos, con problemas con el sentido de la visión, compresión del idioma Castellano por su origen de nacionalidad siria, por lo que era una condición sine qua non, que se encontrare acompañado de un familiar (su única hija) ó en su defecto por un abogado de su confianza, para la celebración de un acto de esta importancia, tal ycomo lo exigen por ante el Registro Subalterno del Registro Inmobiliario de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Cojedes, cuando un ciudadano bajo su condición de adulto mayor va a celebrar un acto de esta naturaleza, la ciudadana Registradora Inmobiliaria le exige que se encuentre acompañado de un familiar de su confianza, así como también, le lee y explica con detenimiento el contenido y alcance del documento a firmar, para que el acto quede revestido más allá de las formalidades y garantías de Ley, transparencia, dado el Estado Social de Derecho y Justicia que somos, los funcionarios públicos salvaguardan su responsabilidad cumpliendo con estas, dada su condiciones especiales como bien se señaló anteriormente… [Que] dentro del cúmulo de vicios e irregularidades detrás de esta oscura negociación fraudulenta en la firma de estos dos (02) documentos privados, "supuestamente" contó con la presencia de dos (02) "supuestos" testigos, que se prestaron para materializar el fraude, mi representado no los conoce de trato y mucho menos tiene vinculo alguno con éstos de amistad o parentesco, como si ocurre con su sobrina, que es un hecho público y notorio el vinculo de amistad y parentesco que tiene, como estos dos (02) ciudadanos que colocó a firmar en ese fraudulento documento, tomando por cierta las palabras de mi representado, se le entregó ya firmado por estos dos (02) "supuestos testigos", por lo que mi representados desconoce y niega que estos dos (02) ciudadanos estuvieren presente para el momento en que se firmó los documentos fraudulentos que bajo engaño y manipulación lo colocó a firmar su familiar de su local comercial, así como también desconoce el abogado de confianza de su sobrina el ciudadano. ELTON LEONIDES CECERES FERNANDEZ, quien ella ubicó para que elaborara los dos (02) documentos del fraude, y se negó a entregarle, engañándole que posteriormente se lo entregaría los documentos firmados, afirmaciones que nunca ocurrieron, por lo que mi representado no participó en la redacción de los documentos definitivos que le hicieron firmar bajo manipulación y engaño, es por ello que solicita la nulidad de los dos (02) documentos fraudulentos firmados en contra de su voluntad, el contrato de arrendamiento y el contrato de compra venta privados ambos, de un local comercial que no existe, negociación que está plagada de un sin número de vicios e irregularidades que continuo denunciando en la presente acción como mi representado oportunamente la realizó en la denuncia Fiscal. [Que] En cuanto a el contrato de compra venta privado impugnado, del cual no poseo el original como propietario ya que nunca se me entrego, y se encuentran en la investigación Fiscal del Ministerio Público que cursa por ante la Fiscalía Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, en las conversaciones previas sostenidas entre las partes, nunca se contempló este tipo de documento de una posible compra venta, ni privada ni mucho menos registrada, la sobrina, aprovechándose de lo bien que conoce a su tío, lo engañó haciéndole creer que firmarían un contrato de arrendamiento, manipulada menté lo preparó para hacerle creer que firmaría el contrato de arrendamiento, aprovechó su vulnerabilidad como bien se explicó, lo coloco a firmar dos (02) documentos diferentes y no un mismo ejemplar y tenor, como erróneamente mi representado pensó que había firmado dos (02) contratos de arrendamiento, cuando los dos (02) documentos que firmó plagados de todos los vicios e irregularidades, denunciados por ante la investigación Fiscal de la Fiscalía Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicialdel estado Cojedes y ahora por ante esta instancia, los Cuales niega, rechaza, impugna su contenido, fueron un documento de un contrato de arrendamiento y el segundo de un contrato de compra venta ambos privados y no dos (02) documentos de un contrato de arrendamiento como maliciosa y predeterminadamente le hizo creer a su tío a quién engañó, a juzgar por las acciones ello explica porque no se le leyó y explicó el documento que firmó mi representado, ni muchos menos se le entregó el original que le correspondía y se le mantuvo bajo engaño hasta que se vio forzado de tener que denunciar las irregularidades por ante la Fiscalía del Ministerio Público… [Que] de conformidad con la clasificación de los contratos, debemos tener entre estos, los elementos esenciales, que no es más que aquellos que no pueden faltar en ningún contrato, tales como son; el consentimiento y el objeto, la falta de cualquiera de ellos produce la nulidad absoluta del contrato, tal como lo consagra el artículo 1.141 del Código Civil venezolano, en cuanto, que las condiciones requeridas para la existencia del contrato son; el consentimiento de las partes, el objeto que puede ser materia de contrato de compraventa, según su características es un contrato consensual porque el dominio se trasmite por el solo consentimiento de las partes, el objeto que puede ser materia de contrato y la causa licita. [Que] Para efectos de la contestación de la presente acción, como se narra a lo largo de la misma, se puede evidenciar que efectivamente existe una violación con respecto a la inexistencia con los tres requisitos esenciales, del contrato de compra venta, que "supuestamente" se celebró en fecha 23 de febrero del 2023, de forma privada, que se encuentra minado de irregularidades, la primera de ella el consentimiento, por cuanto aunado a todo lo expuesto de la necesidad de mi representado de encontrarse acompañado por un familiar u abogado de confianza para la celebración de este acto, sumado a su falta de dominio y comprensión del idioma castellano, sus condiciones de salud, la falta de visión y no poseer sus lentes formulados para leer el documento que firmó, como se evidencia en el PERITAJE PSICOLOGICO Y PSIQUIATRICO ordenado practicar por la Fiscal Provisoria Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, Abg. MARIA VALENTINA HERNÁNDEZ HERRERA, en el expediente N° MP-177751-23, bajo el oficio N° DEDMSF-SM095-23, y los informes elaborados por la PSIQUIATRA FORENSE, Dra. BELEN D. PADILLA BERNIQUE bajo el N° 052-23 JEFA DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO MENTAL Y SOCIAL FORENSE Nº 02501, y la PSICOLOGA FORENSE, Lcda. MARILEIDY JIMENEZ bajo el Nº 077-23, adscritas ambas al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses Psicología Forense (SENAMECF) del estado Bolivariano de Cojedes, que oportunamente aportare a la presente acción, el cual se explica por sí solo su contenido, en él que mi representado no se encontraba en sus plenas capacidades y facultades mentales para firmar los dos (02) documentos firmados bajo manipulación y engaño, el contrato de arrendamiento privado y el contrato de compra venta privado de un local comercial que no existe, lo que de pleno derecho, hace nulo de toda nulidad, los dos (02) documentos firmados. [Que] En el caso in comento, nos encontramos básicamente en la presencia de tres (03) supuestos, que son originados por la intención dañosa de la ciudadana: MAYRA ALEJANDRA BEIROUTI BASIL, de crear un grave perjuicio en el patrimonio de mi poderdante y sus descendientes, puesto que se vale del ardid y elengaño, así como, de actos fraudulentos, que violentan todo el ordenamiento jurídico y el orden público, ya que con su conducta fraudulenta estaría no solo creando un daño a mi representado, sino a la colectividad en general, pues, permitir la validez de un contrato de esta naturaleza, crearía un caos en la sociedad que espera infaliblemente en el ordenamiento jurídico vigente que se cumpla con la Ley, donde existe un estado de derecho, y no se relajen las normas de carácter general a conveniencia de un particular, máximo, cuando lo realiza con actos fraudulentos. [Que] Oportuno traer acotación lo acontecido en la Oficina Subalterna de Registro Público de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos del estado Cojedes, cuando la realiza acto de presencia la ciudadana: MAYRA ALEJANDRA BEIROUTI BASIL, por ante esta oficina pública y se reúne con la Oficina Subalterna, para solicitarle los recaudos para registrar un "supuesto" regalo que le había hecho su tío, esta funcionario público explica, que la figura jurídica era una donación y no un regalo, que para ella registrar 652 acto jurídico por ante ese registro debía cumplir con una serie de requisitos y le realiza entrega de estos para que se los consignara acompañado de su tío para proceder al registro del documento, esta ciudadana se retiró de esta oficina pública y luego se presenta en una segunda oportunidad con el documento de una compra venta privada para que se procediera a su registro, esta funcionaria pública, se niega a registrar ese documento, por cuanto se debe firmar en su presencia con la presencia de todas las partes intervinientes (vendedor, comprador, testigos y familiares), le explica y solicita una serie de requisito que se deben cumplir para registrar este otro tipo de documento por ante este registros, luego de allí, no realizo acto de presencia por ante ese registro, por lo que se dirige a ejercer la acción temeraria como en su efecto lo ejerce a través de la presente acción, pretendiendo utilizar la instancia jurisdiccional del Poder Judicial, para pretender darle legalidad a un fraude, y ello vicia de nulidad absoluta dicho contrato, ya que los contratos absolutamente nulos son aquellos que contrarían al orden público, las buenas costumbres y los prohibidos por la Ley… [Que] el fundamento de esta nulidad es la protección del orden público violentado por el contrato, ya que como lo establece el aforismo latino "fraus omnia corrumpit", el fraude todo lo vicia. Se podría incurrir en error al no haber dado el consentimiento pleno en todas sus capacidades y facultades mentales por parte de mi representado en los contratos firmados bajo engaño, vicia de nulidad absoluta los contratos firmados en la fecha señalada por mi poderdante y no la que aparece en estos dos (02) documentos privados fraudulentos, el caso bajo estudio, difiere de ese simple supuesto, ya que la materialización de la venta, estuviera presente otros elementos determinantes para su registro, específicamente, el engaño y el fraude, la demandante se valió del ardid para hacer incurrir en error a mi mandante, acción que violenta el ordenamiento jurídico y el orden público, y como se ha dicho, el contrato absolutamente nulo son aquellos que contrarían el orden público, las buenas costumbres y los prohibidos por la Ley, siendo el fundamento de esta nulidad la protección del orden público violentado por el contrato… [Que] Este no se especifica, de forma clara y transparente, como se materializó esta negociación, si el vendedor lo recibió en la moneda internacional de DOLARES ESTADOUNIDENSES, en efectivo o a través de una operación bancaria de esta moneda lo que siembra la duda razonable, si efectivamente se materializó este o no,afinando que esta moneda internacional es de curso legal, craso error, por no ser la mor-da de curso legal en el país. [Que] De tal afirmación, no acompaña las pruebas que demuestren que el comprador realizó el pago y que el vendedor recibió a su entera y total satisfacción el pago de la "supuesta compra venta", por lo que no existe una trasferencia bancaria, recibo de pago, en la que se evidencia, si esta operación se materializó a través de una entrega de dinero en efectivo o a través de una operación bancaria en moneda nacional o extranjera, de haberse realizado en moneda internacional, la costumbre en la práctica comercial para demostrar que se realizó el pago, se utiliza un registro fotográfico en la que aparezca los seriales de los billetes entregados y recibidos, así como cuando se materializa la entrega cuando el comprador le realiza la entrega en manos del vendedor recibiendo el dinero en efectivo de la moneda internacional, en esta práctica comercial en el uso de monedas internacionales diferentes a la legalmente reconocida de circulación nacional la carga de la prueba la tienen el comprador quien afirma haber realizado el pago, quien afirma haber cumplido con su obligación para que se perfeccione la venta… [Que] Nunca se realizó la separación del local principal ubicado en la Calle Páez, entre la Calle Miranda y Silva local número 11-66, de la ciudad de San Carlos del estado Bolivariano de Cojedes, como consta en los libros donde se encuentra asentados los documento de propiedad de compra venta del terreno como se encuentra registrado en la Oficina Subalterna de Registro Público de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos del estado Cojedes, bajo el N° 10, folios 19 al 21, Tomo 3, Protocolo Primero, Segundo Trimestre del año 03 de junio del 2003, y la protocolización de las mejoras y bienhechurías en la Sentencia Interlocutoria del Titulo Supletorio bajo el exp. Nº 3475. 11, de fecha 10 de octubre de 2011, en la que se publicó y registro la decisión emanada del Juzgado de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, protocolizado por ante la Oficina de Registro Público de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos del estado Cojedes, registrado bajo el Nº 31, Folio Nº 133 al 158, Protocolo Primero, Tomo 7º, Primer Trimestre del año doce (12) de marzo del año 2012 y las bienhechurías en la fecha antes descrita, de los libros que se lleva por ante este Registro Subalterno del Registro inmobiliario de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Cojedes, único poseedor y legítimo propietario del terreno y el inmueble construido sobre este… [Que] Por cuanto existen dos (02) documentos de propiedad protocolizados a favor de mi cliente en los libros de esta Oficina de Registro Público de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Cojedes, el primero, el documento de propiedad donde se protocoliza la compra de la parcela del terreno y el segundo, donde protocoliza las mejoras y bienhechurías en la Sentencia Interlocutoria del Titulo Supletorio bajo el exp. N° 3475-11, de fecha 10 de octubre de 2011, en la que se publicó y registro la decisión emanada del Juzgado de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, por lo que el abogado redactor de la compradora, desconoce que existen dos (02) documentos de propiedad de ese inmueble, por lo que el que el documento fraudulento, impugnado, desconocido en su contenido, carece de legalidad por cuanto solo se hace mención del documento protocolizado en la Oficina de Registro Público de la parcela y nohace mención, de los datos de la información de protocolización de la sentencia interlocutoria registrada de las mejoras y bienhechurías sobre el terreno, por lo que muy respetuosamente honorable Jueza, sumando a todo lo alegato y demostrado de los hechos que anteceden, ineludiblemente se debe declarar la nulidad absoluta de este documento fraudulento. [Que] En cuanto a la ficha catastral, se utiliza fraudulentamente un número de una ficha catastral bajo los números: 07 01 02 34 03, que fue modificada la Dirección de Catastro de la Alcaldía de San Carlos, actualización que mi representado no realizó y solicito la anulación de estas modificaciones a su cedula catastral, por cuanto el local comercial de mi cliente ubicado en la Calle Páez, entre la Calle Miranda y Silva local número 11-66, de la ciudad de San Carlos del estado Bolivariano de Cojedes, utilizan la misma dirección y número de identificación para ambos locales comerciales, como dos locales comerciales van a poseer una misma ficha catastral, por cuanto al domicilio fiscal, en el documento impugnado por desconocimiento de su contenido fraudulento y en la demanda contra mi representado, se utiliza erróneamente el mismo domicilio del único local comercial que existe ubicado en la Calle Páez, entre la Calle Miranda y Silva local número 11-66, de la ciudad de San Carlos del estado Bolivariano de Cojedes, a nombre del ciudadano: BASIL HANNA, que es el reconocido por todas las instituciones, organismos, empresas públicas y privadas, competentes que rigen el funcionamiento de los locales comerciales y a quienes se le brinda los diferentes servicio públicos tales como: Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) del estado Bolivariano de Cojedes, la Dirección de Catastro, Ingeniería Municipal, Aseo Urbano y demás dependencias en las que se encuentra registrada en la Alcaldía del Municipio Autónomo de San Carlos, la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) del estado Bolivariano de Cojedes, la Hidrológica del Centro (HIDROCENTRO) del estado Bolivariano de Cojedes, el Cuerpo de Bomberos del estado Bolivariano de Cojedes, el Instituto venezolano de los Seguro Sociales (I.VS.S), la Oficina de Registro Público de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Cojedes, entre otros… [Que] Con fundamento en las circunstancias de hecho y de derecho precedentemente expuestas, solicito muy respetuosamente a esta honorable Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil de Tránsito y Bancario la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Cojedes del Tribunal Supremo de Justicia, que declare: Primero: Se declare SIN LUGAR, la demanda que interpuso la ciudadana MAYRA ALEJANDRA BEIROUTI BASIL, contra su tío, el ciudadano: BASIL HANNA por reconocimiento de contenido y firma de un documento privado, por la "supuesta" compra venta de un local comercial que no existe, ubicado en la Calle Páez, entre la Calle Miranda y Silva local número 11-66, de la ciudad de San Carlos del estado Bolivariano de Cojedes. Segundo: Como consecuencia de lo decidido anteriormente, se declarar el DESCONOCIENDO DEL CONTENIDO y/o la NULIDAD ABSOLUTA del documento impugnado del contrato de compra venta privado del local comercial, ubicado en la Calle Páez, entre la Calle Miranda y Silva local número 11-66, de la ciudad de San Carlos del estado Bolivariano de Cojedes, objeto de la presente acción.Tercero: Le sea ordenado la DESOCUPACIÓN inmediata a la ciudadana: MAYRA ALEJANDRA BEIROUTI BASIL, del espacio que ocupa del local comercial del ciudadano: BASIL HANNA, ubicado en la Calle Páez, entre la Calle Miranda y Silva local número 11-66, de la ciudad de San Carlos del estado Bolivariano de Cojedes Cuarto: Sea condenada en costas, a la parte actora totalmente vencida en el proceso. Según el principio de exhaustividad previsto en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, que obliga a los jueces a valorar y analizar todas cuantas pruebas fueran producidas en juicio, este Tribunal pasa a revisar las pruebas presentadas en su oportunidad procesal por las partes en la presente causa. La parte demandante, presentó las siguientes pruebas: DOCUMENTALES:  Original de Documento Privado de Compra Venta celebrado entre el ciudadano Hanna Basil, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 25.603.744, y la ciudadana Mayra Alejandra Beirouti Basil, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-16.993.058. (Folio 07 de la Pieza principal).  Copia Simple de Título Supletorio, emanado del Tribunal de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, a nombre del ciudadano Hanna Basil, sobre unas bienhechurías constantes de Seis Cientos metros Cuadrados (600 Mts2), de fecha 10 de octubre del año 2011, debidamente protocolizado por ante la oficina del Registro Público de los Municipios Autónomos San Carlos y Rómulo Gallegos del estado Cojedes en fecha 26 de septiembre del año 2000, quedando asentado bajo el Nº 05, Tomo 4º, Protocolo Primero, Folios 15 al 16, Trimestre Tercero del año 2000. (Folios 14 al 25 de Pieza Principal).  Folio 8, Copia de Cédula del demandado de autos donde consta su firma.  Folio 16, Solicitud de Título Supletorio.  Folio 22 vto, Firma de Hanna Basil.  Folio 23 al 25, Documento de Venta Protocolizado.  Folio 49, Citación del Tribunal de Hanna Basil. De igual forma, la parte actora, promovió en la misma oportunidad, las pruebas o anexos que presentó la parte accionada donde se encuentra la firma autógrafa del mismo. Siendo estas las siguientes:  Folio 56, contestación de Hanna Basil y específicamente  Folio 65, al vto del mismo, copia de la cédula de identidad del demandado donde consta su firma y el anverso de dicho folio. Folio 66, al anverso, poder apud-acta marcado “A” donde consta la firma del accionado.  Folio 67 al anverso, marcado “B” solicitud de Inspección Técnica a la Fiscalía Tercera donde se evidencia la firma autógrafa del demandado.  Folio 68 marcado “B” solicitud de copias certificadas a la fiscalía tercera.  Folio 69, marcado “B” oficio recibido de la fiscalía Superior donde se le niegan copias solicitadas y se evidencia la firma autógrafa del demandado.  Folio 70, marcado “B” solicitando copia certificada.  Folio 71, marcado “B” solicitando copia certificada.  Folio 72, marcado “B” recibiendo oficio del Fiscal Superior y firma al pie de página.  Folio 73, Acta de denuncia marcada “B”.  Folio 74, al vto., marcado “C” escrito a la fiscalía Tercera donde se evidencia la firma del demandado.  Folio 75, certificación por parte de la secretaria del Tribunal del poder apud acta. TESTIMONIALES:  FRANCISCO ALBERTO URRUTIA REYES, titular de la Cédula de identidad Nº V- 3.827.028, de este domicilio.  LEYCEL BRIAN SEQUERA, titular de la cédula de identidad Nº V-17.329.933, de este domicilio. DE LA EXPERTICIA. Con respecto a la prueba de experticia, esta superioridad observa que, aun cuando la parte actora promovió la respectiva prueba de cotejo de acuerdo a lo establecido en el artículo 446 del Código de Procedimiento Civil, tal como se evidencia del Escrito de Promoción de pruebas de fecha 28 de noviembre del año 2023, y ratificado mediante escrito de fecha 13 de diciembre del 2023, el Tribunal a-quo, inobservó la misma, siendo que, del auto de admisión de pruebas emitido por el referido Tribunal de fecha 15 de enero del 2024, se verifica a todas luces la ausencia de pronunciamiento sobre dicha experticia bien sea que la misma haya de ser considera admisible o no (Folio 196 de la pieza principal). Así se observa.- DE LA ESCRITURACIÓN. Al respecto de la prueba de escrituración solicitada por la parte actora tanto en su primer escrito de promoción de pruebas de fecha 28 de noviembre del 2023 y del escrito de fecha 13 de diciembre del 2023 mediante el cual ratifica la misma, se evidencia que, la referida prueba fue admitida en el lapso procesal correspondiente, tal como se observa del auto de admisión de fecha 15 de enero del 2024 en su capítulo IV respectivamente, y que la misma fue evacuada tal como se verifica del auto emitido por el Tribunal a-quo de fecha 30 de enero del 2024 y su respectivo anexo, a los folios 226y 227 respectivamente, teniéndose así por consideradas las formalidades procesales para su debida sustanciación. Así se verifica.- DE LAS POSICIONES JURADAS. En alusión a las posiciones Juradas, como Medios de Prueba, pertenecientes a la categoría de la confesión, la parte actora, en su respectivo momento, y de conformidad con lo establecido en los artículos 403 y 406 del Código de Procedimiento Civil, solicitó al Tribunal a-quo, intimar a la parte demandada a los fines de absolver de manera recíproca las mencionadas posiciones, siendo estas admitidas en su respetiva oportunidad y evacuadas tal y como fue ordenado en el auto de admisión de pruebas, en fecha 05 de marzo del 2024, celebradas cada una de ellas en horas distintas (9:00 am para absolver al ciudadano Hanna Basil; y 10:00 am para absolver a la ciudadana Mayra Alejandra Beirouti Basil) tal como se evidencia de las actas emitidas por el Tribunal a-quo que rielan a los folios 68 y 69 de la segunda pieza del expediente; teniéndose como tal, cumplidas las formalidades procesales atinentes a la debida práctica de las referidas posiciones. Así se observa.- DE LA INSPECCION JUDICIAL. Del referido medio probatorio, este Juzgado verifica que la misma fue solicitada por la parte accionante mediante escrito de fecha 20 de diciembre del 2023 (Folio 95 de la primera pieza), así como también, fue admitido en su momento procesal respectivo, y practicado formalmente en fecha 08 de febrero del 2024 tal y como así fue pautado en el auto de admisión de pruebas, verificándose así del folio 09 y 10 de la segunda pieza del expediente, la materialización de dicho medio probatorio. Así se verifica.- En la Oportunidad Procesal para la Contestación de la Demanda, la parte demandada, junto a su escrito respectivo, consignó los siguientes medios probatorios: DOCUMENTALES:  Marcado con la letra “B”, conjunto de Copias Simples de Certificación de Denuncia realizada por el ciudadano Basil (DEMAS DATOS EN RESERVA) (sic), (resaltado propio del acta de denuncia), en contra de la ciudadana Mayra Alejandra Beirouti, emanada de la Fiscalía Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Cojedes. (Folios 67 al 73 de la pieza principal).  Marcado con la letra “C”, escrito dirigido a la Fiscalía Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Cojedes por parte del ciudadano Hanna Basil, a los fines de solicitar se inicie una investigación penal contra la figura del Síndico procurador del municipio, así como también para solicitar se practique una inspección técnica por parte de esa representación fiscal a los archivos de la Dirección de Catastro. (Folio 74 de la pieza principal). Pruebas Promovidas por la Parte Demandada en su Oportunidad Procesal.DE LAS PRESUNCIONES: En referencia a la presunción humana o judicial promovida por la parte accionada en su Escrito de Promoción de Pruebas, la misma hace referencia a tres elementos esenciales para que se perfeccione el contrato de compra venta cuestionado en este asunto, siendo estos, los siguientes: a) Del Consentimiento, b) Del Objeto y c) Del Pago; de lo cual este Juzgado Superior evidencia que de dichos medios probatorios, el Tribunal a-quo se pronunció al respecto en el auto de admisión de pruebas, dejando su respectiva valoración para la definitiva. Así se aprecia.- DE LAS DOCUMENTALES:  Copia Simple de Título Supletorio emanado del Juzgado de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes en fecha 10 de octubre del 2011, debidamente protocolizado por ante la oficina del Registro Público de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos del estado Cojedes, quedando asentado bajo el Nº 31, folios 133 al 158, Protocolo primero, Tomo 7º, Primer trimestre del año 2012, (Folios 111 al 132 de la primera Pieza).  Copia Certificada de Informe de Peritaje Psicológico y Psiquiátrico Forense, signado DEDMSF-SM095-23, emanado del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (CENAMECF), de fecha 13 de septiembre del 2023, dirigido a la abogado María Valentina Hernández Herrera, Fiscal Auxiliar Interino Encargada de la Fiscalía Tercera del Ministerio Público. (Folio 133 al 138 de la primera pieza).  Copia Simple del Acta de Denuncia formulada por el ciudadano Hanna Basil en contra de la ciudadana Mayra Alejandra Bairouti Basil en fecha 24 de agosto del 2023 por ante la Unidad de Atención a la Victima de la Fiscalía del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes. (Folio 139 de la Pieza Principal).  Copia Simple de la Ficha Catastral del inmueble ubicado en la calle Páez, emitida por la Oficina Municipal de Catastro, signada con el Nº 07-01-02-34-03 de fecha 03 de octubre del 2011, a nombre del ciudadano Hanna Basil, de la cual se desprende que dicho inmueble se encuentra enclavado en un área de terreno de 752,00 m2 y posee un área de construcción de 752,00 m2. (Folio 140 y vto de la Pieza Principal).  Copia Simple de Permiso de Construcción Nº 050-05, emitida por la Dirección General de Desarrollo Local del Municipio San Carlos del estado Cojedes, dirigida al ciudadano Hanna Basil, mediante el cual se le concede permiso de demolición de Acera y Brocales y Construcción de Rampa vehicular en la calle Páez, Local S/N (entre Calle Miranda y calle Silva) San Carlos estado Cojedes. (Folio 141 y 142 de la Pieza Principal).  Original de Comunicación Nº 078-23, de fecha 12 de septiembre del año 2023, emanada de la Dirección de Ingeniería Municipal, dirigida al ciudadano Hanna Basil, mediante la cual le notifica que “… que en nuestro archivos no reposaningún tipo de permisología relacionada con remodelaciones o construcciones internas en el inmueble…”. (Folio 143 de la pieza principal).  Copia Simple de Permiso de Construcción Nº 086-23, de fecha 21 de septiembre del 2023, emitida por la Dirección de Ingeniería Municipal del Municipio San Carlos del estado Cojedes, dirigida al ciudadano Hanna Basil, mediante el cual se le concede permiso de demolición de Pared Interna divisoria en una edificación de un nivel de uso comercial ubicado en la calle Páez, Local S/N (entre Calle Miranda y calle Silva) San Carlos estado Cojedes. (Folio 144 y 145 de la Pieza Principal).  Sentencia impresa, Nº 2005-000622, de fecha 18 de abril del 2006 de la Sala de Casación Civil, con ponencia de la Magistrada ISBELIA PEREZ VELAZQUEZ. (Folio 146 al 150).  Copia Simple de Oficio Nº 09-DDC-F3-0-2092-2023, emanado de la Fiscalía Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes con sede en San Carlos, dirigido al jefe de la Oficina de Desarrollo Urbano y Rural de la Alcaldía del Municipio San Carlos del estado Cojedes, mediante el cual le solicita información acerca de si existe algún documento que acredite Propiedad, Posesión, Ocupación, Arrendamiento o cualquier otro derecho a alguna persona, sobre un lote de terreno ubicado en la calle Páez entre Miranda y Silva Nº 11-66 de san Carlos estado Cojedes. (Folio 151 al 153 de la Pieza Principal).  Marcado con la letra “J”, juego de copias simples contentivo de Denuncias Realizadas por parte del ciudadano Hanna Basil ante las diferentes instancias de la Alcaldía del municipio autónomo San Carlos: al Director General de la Alcaldía Ezequiel Zamora del estado Cojedes, al Presidente del Consejo Municipal de la Alcaldía Ezequiel Zamora del estado Bolivariano de Cojedes. (Folio 154 al 158 de la Pieza Principal).  Marcado con la letra “K”, juego de copias simples de Denuncias y Comunicaciones realizadas por el ciudadano Hanna Basil ante diferentes instituciones públicas, tales como: Dirección de Hidrocentro del estado Bolivariano de Cojedes, al Registro Público de los Municipios San Carlos y Rómulo gallegos de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes; a la Comandancia del Cuerpo de Bomberos del Estado Bolivariano de Cojedes; al Instituto Nacional de Tierras Urbanas (INTU) del estado Cojedes; a la Dirección Regional del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) del estado Cojedes; a la Dirección de Servicio Autónomo de Tributación del Municipio San Carlos (SATRIMSCA) del estado Cojedes; a la Dirección de Servicios Públicos de la Alcaldía de San Carlos del estado Bolivariano de Cojedes. (Folio 159 al 165 de la pieza principal).  Copias Simples de Denuncias realizadas por parte del ciudadano Hanna Basil ante la Fiscalía Superior del ministerio Publico de la Circunscripción Judicialdel estado Bolivariano de Cojedes y ante la Contraloría Interna de la Alcaldía de San Carlos del estado Cojedes. (Folios 166 al 170 de la primera pieza).  Copia Simple de Denuncia formulada por parte del ciudadano Hanna Basil ante la Delegación de estado Cojedes de la Defensoría del Pueblo, recibida en fecha 13 de diciembre del 2023. (Folio 174 y 175 de la pieza principal).  Copia Simple de Escrito Dirigido a la Dirección de la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) del estado Bolivariano de Cojedes, y a la oficina comercial de la Corporación Eléctrica nacional (CORPOELEC) del estado Bolivariano de Cojedes, suscrito por el ciudadano Hanna Basil, recibidos en fechas 12 de septiembre del 2023 y el 03 de noviembre del 2023. (Folios 176 y 177 de la Primera Pieza).  Copias Simples de Solicitudes, dirigidas a la Dirección de Catastro de la Alcaldía Ezequiel Zamora del estado Bolivariano de Cojedes, de fecha 04 de septiembre del 2023, y a la Sindicatura Municipal de la Alcaldía del Municipio San Carlos del estado Cojedes, suscrito por el ciudadano Hanna Basil. (Folio 178 y 179 de la primera pieza).  Marcado “Ñ”, Originales de Referencias de Comerciante, Dirigidas al Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, suscitas por los ciudadanos Joao José Ferreira, titular de la Cédula de Identidad Nº V-24.246.303; José Younef, Titular de la Cédula de Identidad Nº V-8.667.543; Yalit Maneddin, Titular de la Cédula de Identidad Nº V-15.007.038; y Georges Bassil, titular de la Cédula de Identidad Nº V-9.773.123, todas a favor del ciudadano Hanna Basil. (Folios 180 al 183 de la Primera Pieza).  Disco Compacto, contentivo de Video Fotográfico, del local comercial del ciudadano Hanna Basil, ubicado en la Calle Páez, entre la calle Miranda y Silva, local número 11-66 de la Ciudad de San Carlos del estado Cojedes (vuelto del folio 183 de la primera pieza). Respecto de las documentales supra discriminadas, este Juzgado Superior, en aras de dar por cumplidas las formalidades procesales con respecto a la debida sustanciación de los referidos medios probatorios, observa que, efectivamente fueron promovidas en el lapso correspondiente para tal fin, y que las mismas fueron admitidas por el Tribunal a-quo tal como se evidencia del Auto de Admisión de Pruebas en su apartado II del segmento III; teniéndose así por configurada las formalidades procesales con respecto al mecanismo establecido para traer al proceso cualesquiera que sean las pruebas. Así se verifica.- DE LAS TESTIMONIALES:  Lara Guevara Bilys Yordano, titular de la cédula de identidad Nº V-17.132.273, con domicilio en la calle Salias con Silva y Manrique, casa # 06-01, de San Carlos estado Cojedes. Estefan Camacho, titular de la Cédula de Identidad Nº V-9.539.050, con domicilio en la calle Páez, callejón casa # 56 de San Carlos estado Cojedes.  Arteaga Luis Humberto, titular de la Cédula de Identidad Nº V-15.627.224, con domicilio en la calle Salias con Silva y Manrique, casa # 06-01 de San Carlos estado Cojedes.  Victor Zapata Veloz, titular de la cédula de identidad Nº V-14.413.495, domiciliado en la calle Boyacá entre calle Figueredo y Carabobo, casa # 13-51 de San Carlos estado Cojedes.  Abogado Rosangélica Castillo Herrera, en su condición de Registradora Pública de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos del estado Cojedes. DE LOS INFORMES: De acuerdo a lo solicitado por la parte accionada en su Escrito de Promoción de Pruebas, solicitó las siguientes pruebas de informe:  A la Fiscalía Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción judicial del estado Cojedes a los fines de solicitarle las declaraciones rendidas por los testigos, el informe de peritaje psicológico y psiquiátrico y de los documentos fraudulentos que rielan en la investigación fiscal iniciada en fecha 24 de agosto del 2023 bajo el numero MP-177751-23.  A la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) del estado Bolivariano de Cojedes, a los fines de solicitarle información acerca de quién es el titular del contrato del servicio público con esta empresa bajo el Nº1000044592634 por dieciocho años.  A la Hidrológica del Centro (HIDROCENTRO) del estado Bolivariano de Cojedes, a os fines de solicitarle información acerca de verificar quién aparece registrado en los archivos de esta empresa como único y legítimo propietario del local comercial ubicado en la calle Páez, entre calle Miranda y Silva local numero 11- 66 de la ciudad de San Carlos del estado Cojedes.  Al Cuerpo de Bomberos del estado Bolivariano de Cojedes, a los fines de solicitarle información acerca de: 1) quien es el propietario que aparece registrado en sus archivos como titular del permiso certificado de conformidad a las normativas contra incendio tramitada del local comercial ubicado en la calle Páez entre Miranda y Silva del municipio San Carlos del estado Cojedes. 2) si existe una solicitud ante la sala técnica de ese cuerpo de Bomberos por parte del propietario de reinspeccion el local comercial, para que se le realizara una modificación… 3) quien fue el propietario que realizó las solicitudes para la instalación del sistema de seguridad contra incendios… 4) se le solicite la opinión y se deje abierta las observaciones al Cuerpo de Bomberos del estado Cojedes, específicamente a la dependencia de estos trámites.  A la Dirección de Ingeniería Municipal de la Alcaldía del Municipio San Carlos del estado Cojedes a los fines de solicitarle: 1) quien funge como propietario del local Comercial ubicado en la calle Páez, entre calle Miranda y Silva de la ciudadde San Carlos del estado Cojedes; 2) si existen los documentos de propiedad registrados emanados del registro Subalterno de esta circunscripción consignados por el propietario ante esta Dirección e Ingeniería Municipal; 3) si reposa en sus archivos un expediente a favor de la ciudadana Mayra Alejandra Beirouti Basil en condición de propietaria del local Comercial ubicado en la calle Páez, entre calle Miranda y Silva de la ciudad de San Carlos del estado Cojedes; 4) si la ciudadana Mayra Alejandra Beirouti Basil ha consignado un documento que le acredite la propiedad registrada emanado del Registro Inmobiliario respectivamente; 5) cuales son los requisitos exigidos por esta Direccion de Ingeniería Municipal, a los propietarios de locales comerciales, para el inicio de cualquier trámite en el que se acredite ser propietario del bien; 6) si existen dos comunicaciones dadas en el presente año en curso previa las solicitudes por escrito a esta Dirección de Ingeniería Municipal a favor del ciudadano Hanna Basil en condición de propietario del ya mencionado local comercial; y 7) informarle al Tribunal a-quo la resolución que le permite emitir actos administrativos como el emitido a través de la resolución Nº 086-23 en fecha 21 de septiembre del 2023 a favor del ciudadano Hanna Basil.  A la Dirección de Catastro de la Alcaldía del Municipio Autónomo San Carlos del estado Cojedes a los fines de solicitarle información acerca de: 1) quien funge como propietario del local Comercial ubicado en la calle Páez, entre calle Miranda y Silva de la ciudad de San Carlos del estado Cojedes; 2) si existen los documentos de propiedad registrados emanados del registro Subalterno de esta circunscripción consignados por el propietario ante esta Dirección e Ingeniería Municipal; 3) si reposa en sus archivos un expediente a favor de la ciudadana Mayra Alejandra Beirouti Basil en condición de propietaria del local Comercial ubicado en la calle Páez, entre calle Miranda y Silva de la ciudad de San Carlos del estado Cojedes; 4) si la ciudadana Mayra Alejandra Beirouti Basil ha consignado un documento que le acredite la propiedad registrada emanado del Registro Inmobiliario respectivamente; 5) si reposa en sus archivos la Ficha catastral Nº 02-34-03 de fecha 03/10/2011 a nombre del ciudadano Hanna Basil en condición de propietario del inmueble ubicado en la calle Páez, entre calle Miranda y Silva de la ciudad de San Carlos del estado Cojedes; 6) cuales son los requisitos exigidos por esta Direccion de Ingeniería Municipal, a los propietarios de locales comerciales, para el inicio de cualquier trámite en el que se acredite ser propietario del bien; 7) cual es el número de identificación por ante esta dirección de Catastro del “supuesto” local comercial a nombre de la ciudadana Mayra Alejandra Beirouti Basil, ubicado en la calle Páez, entre calle Miranda y Silva de la ciudad de San Carlos del estado Cojedes.  Al Registro Subalterno del Registro Público de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos del estado Cojedes, a los fines de solicitarle, informe a este Tribunal mediante Copia debidamente certificada, la protocolización de los dosdocumentos del Local Comercial ubicado en la calle Páez, entre calle Miranda y Silva de la ciudad de San Carlos del estado Cojedes, el primero: contrato de compra venta del terreno, protocolizado bajo el Nº10, folios 19 al 21, tomo 03, protocolo Primero, Segundo Trimestre de fecha 03 de junio del 2003; y el segundo: Del Título Supletorio de Propiedad de las bienhechurías enclavadas en esta misma dirección, protocolizado bajo el Nº31, folio Nº 133 al 158, Protocolo Primero, Tomo 7º, primer Trimestre de fecha 12 de marzo del año 2012. DE LA EXPERTICIA: Respecto de este medio probatorio, se constata que la parte demandada solicitó al Tribunal a-quo, la práctica de una experticia a los fines de determinar el valor del mercado referencial aproximado, en la moneda internacional de Dólares estadounidenses del espacio que ocupa la ciudadana: Mayra Alejandra Beirouti Basil dentro del local comercial ubicado en la calle Páez, entre calle Miranda y Silva de la ciudad de San Carlos del estado Cojedes; siendo ésta debidamente admitida por el Tribunal a-quo en su respectivo momento, y a su vez, practicada por el perito evaluador designado por la Dirección de Ingeniería Municipal de San Carlos estado Cojedes (Folio 80 de la segunda pieza), debidamente juramentado y acreditado por ante el tribunal a-quo (Folios 90 y 91 de la segunda pieza), quien en fecha 21 de marzo del 2024, consignó las resultas de la inspección realizada, tal como le fue encomendado (Folios 125 al 183 de la segunda pieza). DE LA PREJUDICIALIDAD PENAL: Sobre este medio probatorio, la parte demandada, en el capítulo IV de su escrito de promoción de pruebas, solicitó la “…Prejudicialidad Penal, a fin de que el juez penal, emitiera pronunciamiento sobre la existencia de un hecho punible y/o la participación en el de determinada persona. CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Quedando planteado el problema, pasa esta Juzgadora a realizar las siguientes observaciones: En la oportunidad de presentar los informes, la Parte Demandada, expresó lo siguiente: “…Omissis... [Que] La parte actora, inicia el procedimiento portante un Tribunal INCOMPETENTE con la demanda temeraria incoada contra de mi representado, para su reconocimiento de contenido y firma, del documento fraudulento de compra venta privado, el cual cito: *CIUDADANO: TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN CARLOS ROMULO GALLEGOS TINACO Y LIMADBLANCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES. SU DESPACHO.- Quien suscribe, MAYRA ALEJANDRA BEIROUT BASIL, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de entidad No V- 16.993.058, domiciliada Urbanización los Jardines Sector la Yaguana, calle 6, casa Número 198, número telefónico 0412-5318435, correo electrónico mayrabeirouti@gmail.com asistida en este acto por el ciudadano ELTON LEONDIES CACERES FERNÁNDEZ Abogado en ejercicioDomiciliado procesalmente en La Avenida Bolívar edificio Rampini oficina 1 y 2 de San Carlos, Estado Cojedes, titular de la Cédula de Identidad personal No 16.157.558, inscrito en el IPSA bajo el No 111.351, teléfono 0424-411.42.20 correo electrónico eltonicf10@gmail.com procedo a reformar la presente demanda según el artículo 343 de Código Procedimiento Civil. CAPITULO I RELACIÓN PRELIMINAR DE LOS HECHOS Ciudadano Juez, en fecha 23 de Febrero del año 2023 suscribe, un DOCUMENTO PRIVADO con el Ciudadano HANNA BASIL, Venezolano mayor de edad, soltero, hábil en derecho, titular de la cedula de identidad N° V-25.603.744 a través de cuál el identificado Ciudadano medio en venta pura y simple: una propiedad constituido por un lote de terreno y unas bienhechurías dentro de la misma ubicado en la calle Páez entre Miranda y Silva signada con el número 11-66 de San Carlos Estado Cojedes constantes de 752 Mts2, bajo los siguientes Linderos y medidas NORTE: Calle Páez que es su frente con una longitud 5,27 mts SUR: propiedad de HANNA BASIL con una longitud de 5,27 mts ESTE: edificio por fin con una longitud de 13.86 mts, OESTE; propiedad de HANNA BASIL con una longitud de 13.86 mts, para un total de SETENTA Y TRES CON CUATRO METROS CUADRADOS (73,04 mts 2), aunado a la venta también con dos puestos de establecimiento al frente del negocio, dicha propiedad se encuentra identificada con el número catastral 07 01 02 34 03 dicho inmueble le pertenece según Documento protocolizado en la Oficina De Registro Público Bajo el Número 10, folios 0.19 al 21, Tomo 3. Protocolo Primero Segundo trimestre de fecha 03 de Junio del año 2003 y la enajenación que me realiza es por la cantidad de SEIS MIL DÓLARES ESTADOUNIDENSES (6000 $adua de SEIS MIL a la tasa del Banco Central de Venezuela en CIENTO SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA BOLIVARES acompaño en original al presente escrito, pero por razones com60 Bs) documento privado IENTOS desconocida el ciudadano demandado de autos me manifestó que no quería firmar nada en el registro subalterno es por ello que procedo a demandar como en efecto lo hago, CAPITULO II DE LA ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA De conformidad con lo ordenado en la Resolución N° 006-2009 emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia el 18 de Marzo de 2009, Estimo la presente pretensión en la suma de SEIS MIL EUROS (6.000 €) ya que es la divisa de mayor valor en bolívares es DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS SESENTA BOLIVARES (216.960 Bs) equivalente 24.106,67 a la Unidades Tributarias pidiendo expresamente que este valor sea indexado al momento de ejecutarse efectivamente la sentencia CAPITULO III DEL PETITORIO Ahora bien Ciudadana Jueza, en virtud de que tengo necesidad y me urge efectuar todas las gestiones a los efectos de obtener la legalidad y plena titularidad del descrito inmueble, por ante la oficina de registro público inmobiliario de San Carlos y Rómulo Gallegos del Estado Cojedes; siendo que el documento En referencia es PRIVADO es por lo que con el debido respeto y conformidad con los artículos: 26, 51, 49 y 257 de nuestra Carta Magna, concordancia con el Articulo 444 y siguientes y 450 del Código de Procedimiento Civil Venezolano vigente, acudo a esta Autoridad Jurisdiccional por ser de su competencia a Demandar como en efecto lo hago al Ciudadano: HANNA BASIL, venezolano mayor de edad soltero hábil en derecho titulada se identidad N° V25603744 con domicilio en la Urbanización banco obrero y mayormente se encuentra en calle Páez entre Miranda y Silva al frente del supermercado chino donde funciona la carpintería y ahora funge como mueblería San Carlos estado Cojedes para previa citación Y DEMAS FORMALIDADES de Ley, comparezca ante este tribunal y centro del lapso de Ley, para que RECONOZCA TANTO EL CONTENIDO COMO SUYA LA FIRMA ESTAMPADA EN EL DOCUMENTO PRIVADO, suscrito en fecha: 23 de febrero de 2023 al cual se hace referencia y se acompaña a esta solicitud marcado con la letra "A" -CAPITULO IV: DE LA CITACIÓN A los fines de materializar la situación de parte demandada y conforme lo previsto en el Artículo 174 del Código Procedimiento Civil, señaló como domicilio procesal la siguiente. Urbanización Banco Obrero mayormente se encuentra en la calle Páez entre Miranda y Silva al frente de supermercados chinos donde funcionaba la Carpintería y ahora funge como mueblería de San Carlos, Estado Cojedes. Finalmente pido que el presente escrito sea admitido, sustanciado conforme a Derecho y DECLARADA CON LUGAR EN LA DEFINITIVA. Es justicia que espero en la Ciudad de San Carlos, Municipio Ezequiel Zamora, del Estado Cojedes, a la fecha de presentación....". (Negrillas del autor). Acción que adolece de un sin número de impresiones, de errores materiales de forma y fondo de: Contenido, Redacción, sintaxis y ortografía entre otros, en los que abe desatacar, impresión al no existe un documento de condominio de la separación de esa porción del bien, del local principal, que es un todo y no está divido o separados por secciones, tal y como consta en los planos originales de construcción del local principal aprobados por las instancia competente, la Dirección Ingeniería Municipal de la Alcaldía del Municipio San Carlos del estado Bolivariano de Cojedes, acompañado en la contestación de la demanda y en la prueba de experticia, imprecisión de los datos de identificación del bien objeto de la "supuesta compra venta", estos se encuentran incompletos, se utilizan para este escrito, solo los datos de registro del documento de la compra venta del terreno y no se plasma en el libelo de la demanda, los datos de los documentos de identificación de las mejoras y bienhechurías realizada por el propietario sobre el terreno, reconocidas a través de una sentencia judicial de un Titulo Supletorio, ambos documentos se encuentran insertos en los libros del Registro Subalterno del Registro de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Cojedes, quedando fuera de esta acción, las mejoras y bienhechurías realizadas sobre el terreno por el propietario, imprecisión en la identificación de los linderos, al no existir un documento de deslinde emanando de la instancia competente la Alcaldía del Municipio San Carlos del estado Bolivariano de Cojedes y posteriormente registrado por ante el Registro Subalterno del Registro de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Cojedes, los utilizados en el documento fraudulento, no corresponden con los correctos en la realidad, en el supuesto negado que sea reconocida como legal la compra venta, imprecisión en la extensión del metraje cuadrados de la superficie total del objeto de la presente acción, estos no corresponde con el metraje cuadrado de las dimensiones del "supuesto local comercial", tal y como fueron rectificados los linderos y metraje cuadrados, en la prueba de la Inspección Judicial evacuada por este Tribunal y la prueba de experticia de avaluó del bien, en los dos (02) informes consignados por los expertos designados, imprecisión con la ficha ó cedula Catastral, esta porción del local objeto de la presente acción, no corresponden con los de la ficha o cedula Catastrar original del local comercial principal, al no existir la separación de este, no existe una cedula o ficha Catastral separada del local principal, existe una ficha o cedula Catastral, forjada que se encuentran siendo objeto de una segunda investigación Fiscal bajo el número de expediente MP-247464-2023, para establecer las responsabilidades Penal a la que hubiera lugar, contra la Dirección de Catastro Municipal de la Alcaldía del Municipio San Carlos del estado Bolivariano de Cojedes, contra quienes participaron en este fraude, imprecisión en cuanto a la forma de pago, cuando se afirma la enajenación del bien y no se precisó la forma como se materializo el pago, entre otras impresiones más de forma y fondo, se pretende que esta instancia reconozca, el contenido como la firma estampada en el documento privado desconocido el contendió por parte de mi mandante elciudadano HANNA BASIL, para intentar materializar un fraude contra este y el Estado venezolano, de evasión de pagos impuestos y tasas impositivas para la debida protocolización del documento de compre venta. [Que] Para desvirtuar lo peticionado por la parte actora, mi mandante, en la contestación de la demanda, reconoce la firma del documento impugnado y niega, rechaza y contradice el contenido de este, por adolecer de un sin números de vicios en los que cabe destacar, los vicios del consentimiento, añora bien ciudadana Jueza, la acción versa sobre un CONTRATO DE COMPRA VENTA, el cual adolece de vicios en consentimiento como quedo plenamente probado en autos, no cumple con los elementos esenciales de la valides de un contrato, como lo son: El consentimiento, objeto y el pago, por lo que es, nulo de toda nulidad su existencia y validez, lo que quedó demostrado a través de las probanzas de: 1).- Presunciones y los indicios, como quedo plenamente demostrado en autos, los elementos de convicción de modo tiempo y lugar, como ocurrieron los hechos para demostrar que el demandado, dio su consentimiento bajo sus plenas capacidades físicas y mentales, para firmar el documentos privado de compra venta de una porción de su bien, que nunca separo del local principal, en el que su familiar se hizo de la firma de este, bajo el engaño que se encontraba firmando un contrato de arrendamiento, por lo que dio origen a la acción Penal en curso en contra de la demandante. 2).- De los vicios en el consentimiento que adolece la compra venta, de la acción Penal, iniciada por mi representado con la denuncia en fecha 24/08/2023, ante la Unidad de Atención a la Victima de la Fiscalía del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, se dio inicio a la investigación Fiscal bajo número MP-177751-23, que le fue asignado a la Fiscalía Tercera del Ministerio Publico de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, quien ordena los Peritaje Forense Psicológico y Psiquiátrico, que demuestran la falta de consentimiento para celebración de ese acto, por no encontrase en sus plenas capacidades físicas y Mentales del ciudadano HANNA BASIL. 3).- De la inexistencia del objeto por indeterminación, se alegó la existencia de s dos (02) documento de propiedad del local comercial de mi mandante, ubicado en Calle Páez, entre la Calle Miranda y Silva local número 11-66, de la ciudad de San Carlos del estado Bolivariano de Cojedes, como consta en los libros protocolizados donde se encuentra asentados los dos (02) documento de propiedad a nombre de mi representado, el primero: El de compra venta del terreno registrado en la Oficina Subalterna de Registro Público de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos del estado Cojedes, bajo el N° 10, folios 19 al 21, Tomo 03. Protocolo Primero, Segundo Trimestre del año 03 de junio del 2003; y el segundo: La protocolización de las mejoras y bienhechurías en la Sentencia Interlocutoria del Titulo Supletorio bajo el expediente Nº 3475-11, de fecha 10 de octubre de 2011, en la que se publicó y registro la decisión emanada del Juzgado de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, protocolizado por ante la Oficina de Registro Público de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos del estado Cojedes, registrado bajo el Nº 31, Folio Nº 133 al 158, Protocolo Primero, Tomo 7º, Primer Trimestre del año doce (12) de marzo del año 2012, registrados ambos documentos en los libros de protocolización que se lleva por ante este Registro Subalterno del Registro de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Cojedes, el "supuesto vendedor", nunca separo los servicios públicos de: Electricidad con la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) del estado Bolivariano de Cojedes, agua con la Hidrológica del Centro (HIDROCENTRO) del estado Bolivariano de Cojedes y el de los sistemade seguridad contra incendios aprobados por el cuerpo de Bomberos del estado Bolivariano de Cojedes, todo ellos del local principal, la inexistencia de una ficha ó cedula Catastral de este espacio, por lo que no existe un documento de separación de condominio ni deslinde de separación del local principal. 4).- De la falta de pago, por cuanto la demandante alegar haber cumplido con la obligación del pago, al demandante toca la prueba de los hechos que alega, según el conocido aforismo "incumbi probatio qui dicit, non qui negat", en la demanda temeraria se afirma haber realizado la enajenación de este, sin embargo, no se aporta los suficientes elementos de convicción en el discurrir del proceso, que demuestren haber cumplido con este obligación, a través de una trasferencia bancaria, recibo de pago. registro fotográficos de identificación de seriales de las monedas internacionales, en la que aparezca los seriales de los billetes entregados y recibidos, así como cuando se materializa la entrega cuando el comprador le realiza la entrega en manos del vendedor recibiendo el dinero en efectivo de la moneda internacional alegada, por lo que esta operación comercial de compra venta no se materializo, quien afirma haber cumplido con su obligación para que se perfeccione la venta, debió demostrar que cumplió con el pago como se señal en el artículo 506 del Código de Procedimiento Civil. La litis de la acción precisamente surge cuando se niegan o se impugnan con suficiente claridad los hechos libelares, Así las cosas, la parte demandante tenía la obligación de probar los hechos que le sirvieron de base a la demanda, lo que según el aforismo jurídico se expresa con la proposición de "reus in excipiendo fit actor". [Que] Para demostrar que mi representado, no dio su consentimiento en sus plenas facultades para la firma del documento fraudulento de la "supuesta compra venta" privada, por haber sido obtenido bajo engaño y manipulación que se desprenden de la pruebas obtenidas de la investigación Fiscal bajo el número de expediente MP-177751-23, el ciudadano HANNA BASIL, conoció de la existencia de un segundo documento de un contrato de arrendamiento, documento impugnado por ante la instancia Penal, así como por la acción Civil del documento impugnado que solicita se declare su nulidad absoluta, por carecer de los elementos esenciales para la existencia de un contrato de compra venta, los cuales quedaron plenamente demostrados en el discurrir del proceso, como los fueron: La falta de consentimiento, inexistencia del objeto y falta del pago, todo ello ocurre en medio de un fraude planificado del que la parte actora, se hace de su familiar la firma de dos (02) documentos fraudulentos privados que ambos adolece de un sin número de vicios, para ello, contó con la complicidad del abogado redactor y defensor del fraude y los dos (02) "supuestos testigos" para intentar materializarlo, prueba de todo lo antes señalado, consta en la decisión tomada en fecha 20 de marzo del año 2024, por la CORTE DE APELACIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES, declarando inadmisible el recurso de apelación de autos bajo el número HP21-R-2024-000014, ratificando la sentencia de fecha 08 de enero del año 2024, emanada del JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES bajo el expediente número HP-21-P-2023- 002734, por lo que inexorablemente este Juzgado, apegado al Estado Social de Derecho y de Justicia y el Orden Público, deberá declarar la nulidad del reconocimiento del documento indubitado y la improcedencia de la presente acción, con todas las probanzas aportadas a la presente acción. [Que] La parte actora promovió las siguientes pruebas:1.- Las posiciones juradas del demandado el ciudadano HANNA BASIL y la demandante la ciudadana MAYRA ALEJANDRA BEIROUT BASIL, prueba útil y pertinente, para demostrar los hechos alegados en el libelo y los hechos controvertidos en la contestación de la demanda, quedando demostrado con esta, el engaño del que fue objeto mi representado en la "supuesta compra venta privada, oportuno destacar la celebración del acto de absolución de las posiciones juradas del demandado el Ciudadano HANNA BASIL, esta se desarrolló bajo recomendaciones médicas dadas; por los diferentes médicos especialistas quienes llevan las condiciones de salud físicas y mentales de este ciudadano, por ser un paciente que presenta diferentes patologías médicas en la que cabe es importante señalar la del corazón con antecedente cardiacos, es por ello que para prevenir cualquier situación lamentable que pudiera surgir, esta defensa técnica privada protegí la vida de mi cliente, por encima del proceso que se lleva en su contra por ate esa instancia, la cual se ha visto deteriorada aceleradamente por ser la primera vez, que se encuentra siendo objeto de dos (02) acciones que cursa ante dos (02) instancias diferentes, Civil y Penal, sin embargo el abogado defensor de la demandante cuando se encontraba absolviendo las posiciones juradas de este, estas fueron formuladas de forma confusa, imprecisas y enredadas, para confundir al absolvente, el formulan té durante el desarrollo del acto, no tenía la claridad de las posiciones juradas que formulaba al absolvente, al punto que el Tribunal, tuvo que intervenir para corregir y ayudar en sus reformulara sus posiciones, observación que fue realizada en mi condición de defensor de mi representado, que fueren realiza de forma entendibles para que el absolvente las respondieras, como ocurrió en varias de las formulaciones y en especial en la posición jurada décima, en la que el absolvente no la comprendió y por ello respondió de forma errónea, a diferencia del acto desarrollado para que absolviera las posiciones juradas la demandante la ciudadana MAYRA ALEJANDRA BEIROUT BASIL, las cuales fueron realizadas durante la celebración del acto, de forma clara, precisa y concreta, sin que hubiere la necesidad de la intervención del Tribunal, para que las reformulara y entendiera la absolvente. 2.- Las testimoniales dadas por los ciudadanos FRANCISCO ALBERTO URRUTIA REYES y LEYCEL BRIAN SEQUERA, prueba de testigos que se pretende utilizar de forma ilegal, para darle legitimidad a un fraude, cuando mi representado supuestamente firma el documento de compra venta indubitado, con la que se pretende demostrar, que este dio su consentimiento en sus plenas capacidades con la firma y que la decoradora cumplió con el pago, articulo 1.387 del Código Civil, preceptúa que "... No es admisible la prueba de testigos para probar la existencia de una convención celebrada con el fin de esta de testigos obligación o extinguirla cuando el valor del objeto exceda de dos mil bolívares. Tampoco es admisible para probar lo contrario de una convención contenida en instrumentos públicos o privados o lo que la modifique, ni para justificar lo que se hubiese dicho antes, el tiempo o después de su otorgamiento, aunque se trate en ellos de un valor menor de dos mil Bolívares... (Cursivas propias). Concatenado con el articulo 1.389 ejusdem, "...A quien proponga una demanda por una suma que exceda de dos mil Bolívares no se admitirá la prueba de testigos...". (Cursivas propias). No es pertinente la prueba de testigos, si lo que se pretende probar, a través de ello, los hechos siguientes: a). Si existe o no, un contrato de compra venta, fecha de celebración, monto de la venta, etc. b). - Tampoco es pertinente la prueba testimonial e inclusive es ilegal por ser contraria a lo que preceptúa el artículo 1.389 ejusdem.En efecto la presente demanda tiene un valor económico de DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS SESENTA BOLIVARES (216.960 Bs.) por tanto, dicha prueba debe desecharse en el fallo de la presente acción. 3.- Las documentales, prueba inútil e impertinente, por cuanto no aporta ningún elemento de convicción al mérito de la causa, por cuanto el demandado, en su escrito de contestación de la demanda reconoce la firma y desconoce el contenido, por lo que las pruebas documentales ofrecidas por la parte actora, son impertinente e Innecesarias, por lo que con estas no se probó nada. 4.- La escritura del demandado, prueba inútil, impertinente e innecesaria, por cuanto mi mandante, en su escrito de contestación de la demanda, reconoce la firma y desconoce el contenido del documento impugnado, por lo que esta prueba promovida y admitida fue inoficiosa, por cuanto en ningún momento el demandado a desconocido que es su firma la que aparece en el documento desconocido. 5.- La Inspección Judicial, prueba útil y pertinente, al cual me acojo al principio de la comunidad de la prueba, por ser determinante para probar, los elementos de Convicción que demuestren el fraude que se intenta materializar contra el ciudadano HANNA BASIL, por las siguientes razones, la evacuación de esta, fue una inmediación para la ciudadana Jueza, con el objeto de la pretensión de la causa, en la que se pudo observar a través de los sentidos y la asesoría de un experto designado por esta instancia quien posteriormente a la celebración de acto, consigno un informe técnico acompañado de un registro fotográfico de la celebración del acto agregado al expediente dentro del lapso de Ley, las circunstancias de moto tiempo y lugar de la pared, divisoria no autorizada, características y las condiciones del "supuesto local comercial", como se desprende del informe del experto designado lo siguiente: La parte interna ilegal, rompe con la fachada del local principal, no conserva la armonía estética del local principal, es improvisada, no responde al diseño arquitectónico elaborado por un profesional del área, arquitecto con sus planos originales del local principal aprobados por la Alcaldía del Municipio de San Carlos, la mitad de esta construcción, no se encuentra frisada está en obra gris, la otra mitad que se encuentra frisada sin pintarse, el baño (WC) se encuentra en condiciones precarias, no posee los servicios de aguas blancas y servidas, la acometida eléctrica es la del local comercial principal y existe una improvisada, que rompe con el diseño original del sistema eléctrico de la estructura original, no posee sistema de seguridad contra incendio independiente, las boquillas del agua del sistema contra incendios corresponden al del local principal y esta se encuentra secuestras en esta porción del local, los linderos de los documentos aportados por la parte solicitante de la prueba, no corresponde a los observados en el lugar objeto de la celebración del acto, por lo que el experto en su informe consignado, realizo corrección de los linderos en el particular primero: "... el área delimitada por paredes, objeto de esta inspección, presentan los siguientes linderos y medidas: NORTE: Calle Páez, cuyo frente presenta una longitud de cinco con veintisiete metros lineales (5,27 m) SUR: Parte del inmueble (Edificio Original o llamado aquí Edificio Terminado) propiedad del ciudadano Hanna Basil, con una longitud de cinco con veintisiete metros lineales (5,27 m). ESTE: Parte del inmueble (Edificio Terminado), propiedad del ciudadano Hanna Basil y que colinda con una longitud de trece con ochenta y seis metros lineales (13.86 m). OESTE: Terrenos y vivienda propiedad de la ciudadana Aliria de Sanoja, que colinda con una longitud de trece con ochenta y seis metros lineales (13.86 m)..".(Negrillas y subrayado propias). Es por ello que socito se le dé valor probatorio conforme a lo previsto en los artículos 1.359 y 1.361 del Código Civil, en concordancia con los artículos 1.428 y 1.430 ejusdem III.I.II DE LA PARTE DEMANDADA: En apoyo a nuestros alegatos, no se cumplieron con los elementos esenciales para la validez de un contrato de compra venta, como lo son el consentimiento del demandado, inexistencia del objeto del contrato y no haber demostrado la compradora que cumplió con la obligación del pago, se desprende el mérito probatorio sobre los hechos, lo que, quedo demostrado con las siguientes pruebas: 1.- Las presunciones y los Indicios; De la prueba presuncional y los indicios humanos o judicial, en la que la ciudadana Jueza, en uso de su amplio arbitrio y apegada a las reglas de la sana crítica y máximas de experiencia, (artículo 12 del Código de Procedimiento Civil), pueda deducir de los hechos inmaculado y concordados entre sí, llegar a la conclusión cierta mediante el razonamiento lógico que la ciudadana MAYRA ALEJANDRA BEIROUTI BASIL, valiéndose de su condición de su parentesco con su tío y padrino el ciudadano HANNA BASIL, logro coaccionarlo bajo engaño y manipulación a un adulto mayor vulnerable, quien de buena fe, confió en su familiar, para hacerse de la firmar del documento fraudulento, de los que tienen de su conocimiento su existencia, gracias a la investigación fiscal en el expediente No MP-177751-23, es que se entera de los documentos fraudulentos firmados diferentes en su contenido uno del otro, (un contrato de arrendamiento y el contrato de compra venta privada), por lo que esta negociación encierro tantas dudas razonables de la oscuridad y falta de trasparencias con la que se celebró esta "supuesta compra venta", por lo que fue objeto de la acción Penal, negociación jurídica por la que se demanda a mi representado a través de la acción Civil por desconocimiento de contenido y de la firma de uno de los dos (02) documento privados, oportuno y pertinente recordad para que se perfeccione el contrato de compra venta, se deben cumplir con los elementos esenciales, consentimiento, el objeto y el pago, extremos que no se cumplieron para su valides, carece del consentimiento de este por, no haberlo dado por sus condiciones de salud físicas y mentales y no haber participado este en la elaboración de documento impugnado, prueba de ello lo demuestra, el informe forense del Peritaje Psicológico y Psiquiátrico, ordenado practicar por la Fiscal Provisoria Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, en el que quedó demostrado que mi mandante, no dio su consentimiento por no encontrase en su plenas capacidades, por haber sido objeto de manipulación y un engaño para hacerse de su firma ente otras, del objeto, no existe una identidad plena del "supuesto local comercial" y su existencia, al no ser plenamente identificado en el contrato de compra venta fraudulento, se especificó solo los datos del registro del documento registrado en la Oficina Subalterna de Registro Público de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos del estado Cojedes del terreno, no señalando en este los datos de registro de los documentos de la mejoras y bienhechurías registrados también en el registro ut supra, lo que coloca en duda la existencia del bien de la compra venta, por no poseer un documento de deslinde registrado, la separación de los servicios públicos del local principal ni mucho menos un documento de condominio entre otros que lo separe del local original, del pago, pueda deducir de los hechos no fueron aportadas las pruebas suficientes que demostrara en la presente acción, que la ciudadana MAYRA ALEJANDRA BEIROUTI BASIL, enajeno la cantidad de SEIS MIL DOLARES ESTADOUNIDENSES (6.000$), al ciudadano HANNA BASIL, que dice haber cancelado, para probar que se cumplió con la compra venta regulada en el artículo 1.474 del Código Civil dice.... Laventa es un contrato por el cual el vendedor se obliga a transferí la propiedad de una cosa y el comprador a pagar el precio...". (Cursiva propias). Prueba útil y pertinente, de conformidad con los artículos 1.394, 1.395, 1.397, 1.398 y 1.399 ejusdem, en concordancia con el artículo 510 del Código de Procedimiento Civil. 2.- Las documentales, para probar todo lo alegado se promovieron las pruebas documentales de: Los dos (02) documento de propiedad del local comercial de mi mandante, ubicado en la Calle Páez, entre la Calle Miranda y Silva local número 11-66, de la ciudad de San Carlos del estado Bolivariano de Cojedes, el informe forenses de los Peritaje Psicológico y Psiquiátrico, ordenado practicar por la Fiscal Provisoria Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, la denuncia formulada en fecha 24/08/2023, por la Unidad de Atención a la Victima de la Fiscalía del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, con la que se apertura la investigación Fiscal bajo el expediente N° MP-177751-23, la ficha catastral número: 02-34-03, de fecha 03/10/2011; del local comercial que se lleva por ante la Dirección de Catastro de la Alcaldía del Municipio San Carlos del estado Bolivariano de Cojedes, permiso de construcción de fecha 15 de marzo del 2005, bajo el N° 050-05 y permiso de demolición de aceras y brocales, recibo Nº 49178, emitido por la Dirección de Ingeniería Municipal de la Alcaldía del Municipio de San Carlos del estado Bolivariano de Cojedes, de la comunicación emanada de la Dirección de Ingeniería Municipal de la Alcaldía del Municipio de San Carlos del estado Bolivariano de Cojedes IM-OFIARC-078-23, en fecha 12 de septiembre del 2023 permiso de construcción a favor de mi representado, donde se ordena la demolición de la pared divisoria interna no autorizada su construcción, a través del dictamen de la resolución Nº 086-23, en fecha 21 de septiembre del 2023, previa solicitud del propietario en fecha 19 septiembre de 2023, sentencia del Tribunal Supremo de Justicia venezolano, bajo en número 2005-000622, de fecha 18 de abril de año 2006, de la Sala Casación Civil, con ponencia de la Magistrada ISBELIA PÉREZ VELASQUEZ, pruebas útil y pertinente a los documentos públicos que obran a los folios números 101 al 186 de la primera pieza de este Tribunal le dé pleno valor probatorio a tenor de los artículos 1.357, 1.359, 1.360 y 1.361 del Código Civil, en razón de que emanan de funcionarios públicos que cumplen atribuciones que les ha conferido la Ley y contienen, por tanto, una presunción de certeza que el interesado debe desvirtuar en el proceso judicial (Sentencia 0100, Expediente 03-0290, dictada el 12 de abril de 2.005, por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia); ya que dichos documentos no fueron tachados de falsedad conforme a los artículos 429, 438 y 439 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.380 del Código Civil, para ello invoco, reproduzco y hago valer el mérito favorable de los autos que arroja para demostrar el desconocimiento del contenido del documento impugnado y por ende la nulidad absoluta en la presente acción. 3.- Las testimoniales, de los cincos (05) testigos promovidos, los tres (03) evacuados de la parte demanda, los ciudadanos: LARA GUEVARA BILYS YORDANO, titular de la cedula de identidad V-17.132.273, ARTEAGA LUIS HUMBERTO, titular de la cedula de identidad V- 15.627.224 y VICTOR RAFAEL ZAPATA VELOZ, titular de la cedula de identidad V-14.413.495; fueron constes todos ellos en afirmar, la condición de salud física y mental del ciudadano HANAN BASIL y que este, NO VENDIÓ la porción de su local comercial, que alega haber comprado la ciudadana MAYRA ALEJANDRA BEIROUTI BASIL, objeto de la presente acción, prueba útil y pertinente de conformidad con el articulo artículos1.387 del Código Civil, en concordancia con el artículo508 del Código de Procedimiento Civil, para ello invoco, reproduzco y hago valer el mérito favorable de los testimonios que darán los testigos, que fueron evacuado en la presente acción, para demostrar el desconocimiento del contenido del documento indubitado y por ende la nulidad absoluta en la presente acción. Pertinente destacar ciudadana Jueza, como fue manifestado por los tres (03) testigos evacuados durante la celebración del acto, todos ellos fueron objeto de amenazas, amedrentamiento e intimidación por parte de la demandante la ciudadana MAYRA ALEJANDRA BEIROUTI BASIL y su esposo el ciudadano ALEJANDRO ROUSEO, quienes formularon las correspondientes denuncias por ante la FISCALIA SUPERIOR DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES, invocando el artículo 17 de la LEY DE PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS, TESTIGOS Y DEMÁS SUJETOS PROCESALES, solicitando todos ellos, las medidas de protección que contempla los artículos 21 y 23 de la antes referida Ley. Por otro lado, las otras dos (02) testigas no evacuados de los cincos (05) promovidos, la ciudadana Registradora Pública de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos del estado Cojedes, la ciudadana: Dra. ROSANGELICA CASTILLO HERRERA y la ciudadana ESTEFAN CAMACHO titular de la cedula de identidad V-9.539.050, decidieron, NO REALIZARAN ACTO DE PRESENCIA para colaborar con la administración de justicia, por el temor fundado que su colaboración les pudiera acarrear consecuencias, por lo que fueron también objeto de amedrentamiento y intimidación, por lo que decidieron no quisieron ser parte del proceso. 4.- Los informes, la parte demandada solicitó al Tribunal oficie a las diferentes instituciones, organismos de seguridad y empresas públicas del estado Bolivariano de Cojedes, a los efectos de que informe sobre los particulares solicitados a cada una de estas 4.1).- A la Fiscalía Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Cojedes, en la investigación del expediente No MP-177751-23, remita el informe forense de los dos (02) PERITAJE FORENSES, el PSICOLOGICO Y PSIQUIATRICO, ordenando realizar a el ciudadano HANAN BASIL los contratos de compra venta privado y el contrato de arrendamiento privado, ambos firmados por el ciudadano HANAN BASIL, los testimonio dado por los ciudadanos. FRANCISCO ALBERTO URRUTIA REYES, titular de la cedula de identidad V-3.827.028, y el ciudadano. LEYCEL BRIAN SEQUERA, titular de la cedula de identidad V-17.329.933, la ficha o cedula Catastral forjada objeto de una segunda investigación Fiscal bajo el expediente número MP-247464-2023, contra la Dirección de Catastro de la Alcaldía del Municipio Autónomo San Carlos del estado Cojedes, ante la negativa de esta instancia de remitirla, hubo que dejar sin efecto la solicitud y realizársela a el JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES, y se encontraban bajo el expediente N° HP-21-P-2023-002734, quien en fecha 08 de enero del año 2024, niega la solicitud de desestimación de la investigación Fiscal del N° MP- 177751-23, realizada por la FISCALÍA TERCERA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES decisión ratificada por la CORTE DE APELACIÓN DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLIVARIANO DE COJEDES, en el recurso de apelación de autos bajo el número HP21-R-2024-000014, en fecha 20 de marzo del año 2024, niega la apelación y quien finalmente remite las pruebas de informessolicitadas a la instancia Penal, prueba útil y pertinente, para traer a la acción Civil los dos (02) documentos privados el contratos de compra venta y el contrato de arrendamiento, firmado por mi representado que desconocía lo que había firmado hasta que aparece estos en la investigación Fiscal, la ficha o cedula catastral fraudulenta de la que se inicia otra investigación Fiscal para establecer la responsabilidades a la que hubiera lugar a los funcionarios de esta dirección de Catastro de la Alcaldía del Municipio Autónomo San Carlos del estado Cojedes, quienes participaron en complicidad en el fraude, los testimonios de testigos dado por ante el Ministerio Público, quienes se contradicen con el testimonio dado en la acción Civil, al manifestar que "supuestamente" el vendedor, recibido el pago de la "supuesta negociación" de compra venta que no ocurrió, acto en el que comenten perjurio, estos ciudadanos en sus declaraciones, por no sustentar la forma en que quede demostrado como se materializo el pago, pruebas útiles y pertinentes de los documentos públicos que obran a los folios Nº 102 al 107, 113 al 114, 118 al 119 de la segunda pieza del expediente de este Tribunal. 4.2). A la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) del estado Bolivariano de Cojedes, prueba útil y pertinente, que demostró, quién es el único propietario del local comercial ubicado en la Calle Páez, entre la Calle Miranda y Silva local número 11-66, de la ciudad de San Carlos del estado Bolivariano de Cojedes, es el ciudadano HANAN BASIL, quien es el único que posee un contrato de servicio público de electricidad del local comercial con esta empresa, y que este no realizo solicitud alguna de separación del servicio eléctrico para un nuevo local que lo separara de forma independiente del local principal, pruebas útil y pertinente de los documentos públicos que obran a los folios Nº 45 y 46, de la segunda pieza del expediente de este Tribunal. 4.3).- A la Hidrológica del Centro (HIDROCENTRO) del estado Bolivariano de Cojedes, prueba útil y pertinente, que demostró, quién es el único propietario del local comercial ubicado en la Calle Páez, entre la Calle Miranda y Silva local número 11-66, de la ciudad de San Carlos del estado Bolivariano de Cojedes, es el ciudadano HANAN BASIL, quien es el único que posee un contrato de servicio público hídrico del local comercial con esta empresa, y que este no realizo solicitud alguna de separación del servicio de aguas blancas y servidas, para un nuevo local que lo separara de forma independiente del local principal, pruebas útil y pertinente de los documentos públicos que obran a los folios Nº 51 y 52, de la segunda pieza del expediente de este Tribunal. 4.4).- Al Cuerpo de Bomberos del estado Bolivariano de Cojedes, prueba útil y pertinente, que demostró que el propietario el ciudadano HANAN BASIL, en su local principal posee las instalaciones de seguridad de medida contra incendios, que conserva la estructura original de la construcción realizada en los planos y no ha solicito la separación e instalación de los equipos y medidas de seguridad contra incendios, boquilla, sistema de mangueras, extintores, cabina contra incendio entre otras, que la separen del local principal a través de una pared divisoria independiente de un nuevo local comercial, prueba útil y pertinente de los documentos públicos que obran a los folios N° 04 al 08, de la segunda pieza del expediente de este Tribunal. 4.5).- A la Dirección de Ingeniería Municipal de la Alcaldía del Municipio San Carlos del estado Bolivariano de Cojedes, prueba útil y pertinente, que el propietario el ciudadano HANAN BASIL, como único propietario del local comercial ubicado en la Calle Páez, entre la Calle Miranda y Silva local número 11-66, de la ciudad de San Carlos del estadoBolivariano de Cojedes, no solicito la construcción de una pared divisoria de su local comercial, que lo sepárese o dividiera en secciones, prueba útil y pertinente de los documentos públicos que obran a los folios N° 76 al 80, de la segunda pieza del expediente de este Tribunal. 4.6).- A la Dirección de Catastro de la Alcaldía del Municipio Autónomo San Carlos del estado Cojedes, prueba útil y pertinente, que el propietario el ciudadano HANAN BASIL, como único propietario del local comercial ubicado en la Calle Páez, entre la Calle Miranda y Silva local número 11-66, de la ciudad de San Carlos del estado Bolivariano de Cojedes, no solicito un ficha o cedula catastral para separar o dividir en seccione su local comercial, prueba útil y pertinente de los documentos públicos que obran a los folios N° 47 al 48 y 76 al 80 de la segunda pieza del expediente de este Tribunal. 4.7).- Al Registro Subalterno del Registro Público de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos del estado Cojedes, para que certifique de los libros de registro protocolizados los dos (02) documento de propiedad del local comercial de mi mandante, ubicado en la Calle Páez, entre la Calle Miranda y Silva local número 11-66, de la ciudad de San Carlos del estado Bolivariano de Cojedes, como consta en los libros protocolizados donde se encuentra asentados los dos (02) documento de propiedad a nombre de mi representado, el primero: El de compra venta del terreno registrado en la Oficina Subalterna de Registro Público de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos del estado Cojedes, bajo el N° 10, folios 19 al 21, Tomo 03, Protocolo Primero, Segundo Trimestre del año 03 de junio del 2003; el segundo: La protocolización de las mejoras y bienhechurías en la Sentencia Interlocutoria del Titulo Supletorio bajo el Exp. Nº 3475-11, de fecha 10 de octubre de 2011, en la que se publicó y registro la decisión emanada del Juzgado de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, protocolizado por ante la Oficina de Registro Público de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos del estado Cojedes, registrado bajo el Nº 31, Folio Nº 133 al 158, Protocolo Primero, Tomo 7º, Primer Trimestre del año doce (12) de marzo del año 2012, registrados ambos en los libros de protocolización que se lleva por ante este Registro Subalterno del Registro de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Cojedes, prueba útil y pertinente, que confirman que el único propietario el ciudadano HANAN BASIL, como único propietario del local comercial ubicado en la Calle Páez, entre la Calle Miranda y Silva local número 11-66, de la ciudad de San Carlos del estado Bolivariano de Cojedes, no ha realizado compra venta alguna de una sección o división de su local comercial, por ante este Registro Subalterno del Registro de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Cojedes, prueba útil y pertinente como consta en la prueba de informe de esta institución pública inserta en los folios N° 189 al 276, inserto en la segunda pieza y los reconocidos por las partes en el proceso de los documento de propiedad que cursa en el expediente inserto en los folios Nº 11 al 25 y 111 al 132 de la primera pieza y Nº 150 al 165 de la segunda pieza de la presente acción. [Que] La Litis del proceso, quedo trabada en demostrar, si la demandante probo o no probo, la legitimidad del contrato de compra venta del documento solicitado su reconocimiento de su contenido y firma, puesto que este documento privado es una compra venta, y para reconocer su legitimidad por su trascendencia en la estera jurídica y los efectos que produce frente a terceros, por versar sobre un bien inmueble, debe reconocerse su validez una vez confirmado los elementos esenciales de una compra venta, quien asumió la cargaprobatoria con el fin de demostrar el cumplimiento de su obligación, que no es otro, que el pago del monto de la "puesta compra venta", hecho este que no consta en los autos, es decir la debida contraprueba capaz de enervar las pretensiones libeladas, de donde se infiere que la presente demanda no debe prosperar en derecho. [Que] este contrato de compra venta suscrito por mi mandante y la ciudadana MAYRA ALEJANDRA BEIROUTI BASIL, no cumple con las condiciones establecidas en el artículo 1.141 ejusdem, esto es el consentimiento, el cual debe estar exento de irregularidades, anormalidades o vicios que lo invaliden. Esto es asi, por cuanto mi representado firmó dicho contrato privado, bajo la creencia que era un contrato de arrendamiento como se había acorado entre las partes, haciendo incurrir en error a mi mandante, cuando obtiene la firma a de este contrato de forma fraudulenta, ya que en el acto constitutivo del documento, la voluntad o consentimiento de mi representado, no estuvo legítimamente expresado, en razón de que fue dado por error bajo la creencia que firmo dos (02) documentos iguales de un mismo contenido y resulto ser dos (02) documentos diferentes de contenido uno del otro. Planteada, así las cosas, el artículo 1.142 ejusdem, determina como causa de nulidad del contrato por vicios en el consentimiento; el 1.146 ejusdem, el cual establece como causal de nulidad del contrato cuando el consentimiento dado sea a consecuencia de un error excusable; el 1.148 ejusdem, parte in fine, hace posible la nulidad de los contratos, cuando existe error sobre la identidad o cualidades de las personas con quien se ha contratado. [Que] el contrato de compra venta suscrito entre el ciudadano HANNA BASIL y la ciudadana MAYRA ALEJANDRA BEIROUTI BASIL, afectado de nulidad por carecer de uno de los requisitos necesarios para su validez como lo es el consentimiento, ya que nuestra representada consintió en la celebración de dicho contrato bajo error y su declaración de voluntad se encuentra viciada, porque el error actuó sobre la voluntad de creer que estaba firmando, un contrato de arrendamiento, el cual surgió de la investigación Penal. [Que] los errores materiales de forma y fondo de: Contenido, Redacción, sintaxis y ortografía entre otros, de los que adolece el documento impugnado, en los que incurrió el abogado redactor, en los que cabe destacar los siguientes: Error en los datos de identificación del registro del inmueble que fueron utilizados para la redacción del documento definitivo fraudulento de la "supuesta negociación de compra venta", estos se encuentran incompletos, se utilizan para este, solo los datos de la venta del terreno de los libros del Registro Subalterno del Registro de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Cojedes, dejando fuera de esta 'supuesta negociación", los de identificación de las mejoras y bienhechurías realizada por el propietario sobre el terreno, reconocidos a través de una decisión judicial de un Titulo Supletorio de las mejoras y bienhechurías realizadas sobre el terreno, estas conforma un todo de este bien inmueble de uso comercial, que no ha sido dividido ni separado en secciones como lo demuestran los planos originales, promovidos como pruebas en la presente acción, este local quien posee dos (02) documentos de Propiedad registrados ambos, en los libros de protocolización que se lleva por ante este Registro Subalterno del Registro de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano reconocimiento que la dan las pares durante el desarrollo del proceso de la presente de Cojedes, como consta en la prueba de informe agregadas en autos y el acción. [Que] El vendedor demandado, no participo en la redacción del contenido del "supuesto contrato de compra venta, ya que te haberparticipado de forma activa en la elaboración y redacción de este, la redacción del documento firmado, no tendría todos estos errores de los que adolece el documento cuestionado, adicionalmente, no se le leyó y explico, como afirma la "supuesta compradora" haberlo realizado la en el idioma árabe y castellano, por lo que esté NO, comprendió lo que firmo, como lo denuncio en la denuncia que formulo por ante el Ministerio Público, que dio origen a las dos (02) investigaciones fiscales, la primera contra su sobrina-ahijada y la segunda contra la Dirección de Catastro de la Alcaldía del Municipio Autónomo San Carlos del estado Bolivariano de Cojedes, mucho menos se le entrego el original que le correspondía como "supuesto vendedor", dada su condición de vulnerabilidad, la carga de la prueba recae sobre la demandante compradora, quien afirma haber entregado el ejemplar que le correspondía al vendedor demandado, como lo admitió el testigo promovido por la demandante compradora, ciudadano LEYCEL BRIAN SEQUERA, en su testimonio dado ante esta instancia En la repregunta número cuarta (04), la cual se encuentra inserta bajo el folio N° 62 de presente acción, así como también quedo demostrado en la prueba de posiciones Juradas dada por la demandante - compradora la ciudadana MAYRA ALEJANDRA BEIROUTI BASIL, en la posición jurada novena (09), cuando afirma, no saber leer el doma árabe, la cual se encuentra inserta bajo el folio Nº 64 de la presente acción, y a afirma y sus dos (02) testigos los ciudadanos LEYCEL BRIAN SEQUERA y FRANCISCO ALBERTO REYES, y las dadas por la investigada (acción Penal) la ciudadana MAYRA ALEJANDRA BEIROUTI BASIL, la demandante - compradora (acción Civil) en la declaración dada en las entrevista que rindieron los tres (03) ciudadanos por ante la acción Penal, traídas como pruebas a través de las pruebas de Informes en la presente acción insertas en los folios N° 102 al 107 y 118 al 119 de la segunda pieza, que se le había leído en el documento en los idioma castellano y árabe al ciudadano HANNA BASIL, vendedor - demandado en la acción Civil, así como también afirman haberle entregado el documento de la "supuesta negociación" que le correspondía, afirmaciones falsa de toda falsedad por cuanto la investigación Fiscal, y los testimonios dadas por ante la instancia Civil en el desarrollo del proceso, desdice y se contraponen los testimonios que demuestran todo lo contrario, por lo que, el documento de compra venta, solicitado su reconocimiento, carece de todos los elemento esencial para la existencia del mismo, esto es, el consentimiento, que es exigido en el numeral 1º del artículo 1.141 del Código Civil, cuya carencia trae como consecuencia que el contrato debe reputarse absolutamente nulo, no pudiendo producir efectos jurídicos traslativos de la propiedad, por cuanto dicho contrato se tiene como inexistente, por virtud de lo cual por mucho que sea el tiempo que transcurra desde su celebración no admite convalidación. [Que] en estos casos de nulidad, la legitimación activa para hacerla valer, aun contra cualquier persona corresponde a cualquiera que tenga interés en ella, pudiendo incluso el Juez declararla aun de oficio dentro del presente juicio, por cuanto se entiende que los llamados elementos de existencia responden a un interés general, consecuencia de lo cual el contrato viciado así de nulidad no puede ser confirmado o convalidado por una o ambas partes contratantes, además es imprescriptible dicha nulidad, conforme se prevé en el artículo 1.352 ejusdem y siguientes de la sección VII, Capitulo II, Titulo III, De las Obligaciones del Código Civil venezolano. [Que] Del documento que la parte accionante pretende el reconocimiento del contenido y la firma, se observa claramente que mi representado, no manifiesta ninguna opinión dentro del citado contrato, sin embargo se encuentra su firma, la cual tue obtenida por el ciudadano HANNABASIL, aprovechándose de su condición médica, quien no se encontraba bajo sus plenas facultades mentales para haber dado su consentimiento, como lo demuestran los dos (02) INFORMES FORENSES, ordenados realizar por la Fiscalía Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Cojedes, en la investigación Fiscal en el expediente número MP- 177751-2023, remitidas la resultas de estos, el primero en fecha 13 de septiembre de 2023, emitido por la PSIQUIATRA FORENSE, realizado por la Dra. BELEN D. PADILLA BERNIQUE, bajo la comunicación N° DEDMSF-SM095-23, PERITAJE PSIQUIATRICO, a la Fiscalía a cargo de la investigación ut supra, el cual se encuentra inserto en los folios Nº 133 al 137 de la primera pieza y Nº 108 al 112 de la segunda pieza de la presente acción. [Que] en la misma fecha antes señalada y acompañado del primer INFORME FORENSE, se remite el segundo PERITAJE PSICOLOGICO, realizado por la JEFA DE EVALUACION Y DIAGNOSTICO MENTAL Y SOCIAL FORENSE, remite el PERITAJE PSICOLOGICO FORENSE, acompañado con la comunicación DEDMSF-SM09-23, elaborada por la PSICOLOGA FORENSE, la Lcda. MARILEIDY JIMENEZ bajo el Nº 077- 23, a la Fiscalía solicitado ut supra, el cual se encuentra inserto en los folios Nº 133 al 137 de la primera pieza y Nº 108 al 112 de la segunda pieza de la presente acción, es de destacar, que ambos PERITAJE FORENSE, fueron realizados por dos (02) profesionales adscritas al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses Psicología Forense (SENAMECF) del estado Bolivariano de Cojedes debe este Tribunal darle pleno valor probatorio a tenor de los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil Vigente, en razón de que emanan de funcionarios públicos que cumplen atribuciones que les ha conferido la Ley y contienen, por tanto, una presunción de certeza que el interesado debe desvirtuar en el proceso judicial (Sentencia 0100, Expediente 03-0290, dictada el 12 de abril de 2.005, por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia), en la que ambas profesionales, concluyen de las resultas de sus evaluaciones, que el vendedor no se encontraba en su plenas capacidades debido al grado de vulnerabilidad y condición mental, problemas con el Idioma, para dar su consentimiento pleno de los documentos firmados, logrando bajo esa condición, las firmas de dos (02) documentos fraudulentos privados, muy diferentes uno del otro en su contenido, acto para el que debió estar acompañado de un familiar de su confianza y/o abogado de confianza, puesto que se comprometía su patrimonio familiar, acto para el que el abogado redactor del documento privado visado por este, los dos (02) "supuesto testigos" cómplices del fraude, quienes participaron en este, no son conocidos, ni de confianza de mi representado. [Que] es de destacar, que para este tipo de negociaciones en la práctica jurídica, para la celebración de un acto de esta naturaleza privada, para darle solemnidad y trasparecía de legitimidad y confianza entre las partes, se deben tomar todas las garantías para que no quede duda de la trasparencia de la celebración del acto y no quede el beneficio de la duda, y mucho menos se cuestione la celebración de este, como acontece en la presente acción, en la que el vendedor, es quien ordena elaborar el documento de compra venta, con su abogado de confianza, y no la compradora con su abogado de confianza, y los testigos se colocan de acuerdo las partes (vendedor-compradora), para que estos sean de confianza de ambas partes, uno por parte del vendedor y el otro por parte del comprador, las condiciones del documento de la venta las coloca el vendedor previo acuerdo entre las partes (vendedor-comprador), y no el comprador como aconteció en el caso que nos ocupa, el documento desconocido su contenido, lo elaboro el abogado de confianza de la compradora, por lo que este, fueelaborado como el diseño de un traje a la medida por parte a favor de la compradora, para proteger los intereses de su cliente, prueba de ella es la redacción rebuscada con la sentencia bajo en número 2005- 000622, de fecha 18 de abril de año 2006, emanada de la Sala Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada ISBELIA PÉREZ VELASQUEZ, la cual se encuentra inserta en los folios Nº 146 al 150 de la primera pieza de la presente acción, la demandante - compradora y su abogado redactor del documento de compra venta privado fraudulento, mutilan la sentencia para tomar con pinzas, los extractos de esta para proteger los intereses de la demandante -compradora en detrimento de los derechos e intereses del demandando – vendedor por lo que en este documento de contrato de compra venta privado, el demandando vendedor, no tuvo participación en la redacción y elaboración del documento fraudulento desconocido. [Que] Adicionalmente, quedo demostrado en la presente acción, a través de las pruebas de informes solicitadas de los servicios públicos de: Electricidad con la Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC) del estado Bolivariano de Cojedes, agua con la Hidrológica del Centro (HIDROCENTRO) del estado Bolivariano de Cojedes y el sistema seguridad contra incendios instalado por el Cuerpo de Bomberos del estado Bolivariano de Cojedes, insertos todos ellos bajo los folios Nº 45, 51 y 04 al 08 de la segunda pieza de la presente acción, debe este Tribunal darle pleno valor probatorio a tenor de los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil Vigente, en razón de que emanan de funcionarios públicos que cumplen atribuciones que les ha conferido la Ley y contienen, por tanto, una presunción de certeza que el interesado debe desvirtuar en el proceso judicial (Sentencia 0100, Expediente 03- 0290, dictada el 12 de abril de 2.005, por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia); todos estos pertenecen a un solo local comercial, nunca hubo, ni mucho menos se acordó la separación de estos en el "supuesto" contrato de compra venta desconocido, servicios públicos que tampoco existe la separación de estos, en el "supuesto contrato de arrendamiento, por cuanto para la fecha de la "supuesta" celebración de ambos documentos fraudulentos no reconocidos, tal separación del local comercial principal y no existía y la ilegalidad para su construcción, prueba de ello lo demuestra el testimonio dado por el albañil constructor de la pared ilegal, el ciudadano GUSTAVO GUERRA, traído a la presente acción inserto bajo los folios Nº 117 y 118 de la segunda pieza. [Que] Por otro lado, pertinente destacar la respuesta dada en la pregunta primera y décimo tercera entre otras, en el acta de entrevista de fecha 14 de septiembre del 2023, en el expediente de la investigación Fiscal por parte de la ciudadana: MAYRA ALEJANDRA BEIROUTI BASIL, (demandante - compradora - arrendataria), la cual se encuentra agregada a la presente acción bajo los folios N° 118 y 119 de la segunda pieza, las cual cito textualmente: ... Primera Pregunta: ¿Tienen explicación para usted los señalamientos que en su contra hace su tío HANNA BASIL, en tanto que usted afirma que la transacción realizada fue legal y de mutuo acuerdo? CONTESTA: "La venta se hizo en techa 23 de febrero de este año y el hace la denuncia recientemente en el mes de agosto..... (Subrayado, cursiva y negrillas propias). ...Decima tercera: ¿Luego de firmar el documento privado se hicieron las diligencias necesarias para darle te pública en el Registro Público? CONTESTA: "SI, yo me encargue de sacar todos los documentos necesarios, los que más tardo fue la ficha catastral, pero cuando yatenía todo, el se negó a ir a firmar..... (Subrayado, cursiva y negrillas propias). Afirmaciones que reconocen que el demandado, "supuesto vendedor arrendador, producto del engaño decide en techa 24 de agosto del 2023, denunciar por ante la Unidad de Atención a la Victima del Ministerio Público, donde se apertura una investigación Fiscal bajo el N° MP-177751-23, que se lleva bajo su condición de VICTIMA, mi representado, desconoce la existencia de los documentos firmados, y producto de la investigación fiscal, en techa 15 de septiembre del 2023, cuando fue citado para una ampliación de la denuncia por ante la Fiscalía Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, por primera vez, conoce y se da por enterado por encontrase en el expediente fiscal antes identificado, de la existencia de estos dos (02) documentos fraudulentos: El contrato de compra venta y el contrato de arrendamiento, todo ello ratifica lo demostrado con pruebas en las actas del proceso por esta defensa técnica privada, de la inexistencia del "supuesto local comercial objeto de la presente acción. [Que] En efecto, a la accionada de autos en el presente proceso, se le solicita a esta instancia, declare la nulidad del documento privado que pretende le sea reconocido en Contenido y firma, no demostró en las oportunidades procesales previstas para ello, ni tajo a los autos pruebas suficientes que demuestren, que efectivamente el ciudadano HANNA BASIL, haya recibido el pago de la venta para la fecha veintitrés (23) de febrero del año dos mil veintitrés (2023), como afirma la demandante - compradora - arrendataria, con el que le trasmite con un documento que adolece de muchos vicios, de forma y fondo, para la trasmitido de la propiedad de una porción de su local comercial ubicado en la calle Páez entre Miranda y Silva signado con el número 11-66 de la ciudad de San Carlos del estado Bolivariano de Cojedes, no separado del local principal, en la que efectivamente demostrare que se materializo con el pago que realizo la compradora, en la presente acción carece de elementos probatorios para justificar y demostrar cómo se materializo el "supuesto pago" de la "supuesta compra venta", que dice el documento indubitado, que "supuestamente debió recibir en la fecha antes señalada el vendedor, quedando plenamente demostrado durante el desarrollo del proceso, el incumplimiento de la obligación de la compradora con el pago para que se perfeccionare la venta. [Que] lo que sí quedó demostrado en el presente asunto, es que las bienhechurías para la fecha de suscripción del documento privado, no fueron incluidas en el documento fraudulento de la "SUPUESTA NEGOCIACIÓN", de este inmueble que posee dos (02) documentos de propiedad privada registrados a nombre de mi representado, por ante el Registro Subalterno del Registro Público de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos del estado Cojedes, como anteriormente se explicó, como consta en la prueba de informe de esta institución pública inserta en los folios No 189 al 276, inserto en la segunda pieza y los reconocidos por las partes en el proceso de los documento de propiedad que cursa en el expediente inserto en los folios Nº 11 al 25 y 111 al 132 de la primera pieza y Nº 150 al 165 de la segunda pieza de la presente acción, error en la identificación de los linderos, por lo que vicia de nulidad absoluta esa compra venta por la falta de consentimiento, indeterminación del bien objeto de la negociación del contrato y el pago, como quedo demostrado que la compradora no cumplió con el pago, al afirmar en el documento fraudulento afirma haber cancelado la cantidad de: SEIS MIL DOLARES ESTADO UNIDENSES (6.000,00 $),sin aportar los medios probatorios qué demuestren la forma y como se realizó este [Que] Adicionalmente se pretende demostrar el "supuesto" pago de una obligación con pruebas testimoniales con testigos Inhabilitados sin le existencia de otros medios da pruebas en el que me apego al principio de libertad de la prueba, para que se demuestre que se cumplió con el pago, por lo que estamos en presencia de una FRAUDE planificado intelectual y materialmente, que intentan materializar contra un ciudadano vulnerable, como lo demuestran las pruebas que arrojo el cumulo de pruebas de las circunstancias de modo, tiempo y lugar de cómo ocurrieron los hechos en la investigación Fiscal. De allí se desprende con claridad el fraude derivado del documento privado, en la "supuesta compra venta" solo se señala en el documento indubitado, los datos del registro de la parcela y no los de las mejoras y bienhechurías, información que es falsa, de toda falsedad, por cuanto la información plasmada en ese documento fraudulento, no corresponde con la información y datos reales y legítimos de los linderos y superficie del "supuesto local comercial", sumado a ello la falta de pago objeto de la presente acción, en consecuencia de ello, la ciudadana MAYRA ALEJANDRA BEIROUTI BASIL, nunca pagó el supuesto pago que alega haber realizado por la compra venta de la porción del local comercial que alega haber adquirido, local comercial del que no existe, un documento de deslinde de donde se desprenda la separación del local principal. [Que] Efectivamente, del documento privado opuesto para su reconocimiento del contenido y firma, se advierte el fraude o estafa que pretende materializar la ciudadana MAYRA ALEJANDRA BEIROUTI BASIL, en apropiarse sin justificación alguna para hacerse de una porción del inmueble comercial, sin pagar un céntimo por ello, además pretende de manera fraudulenta asegurar su permanencia dentro de este, con un segundo documento fraudulento como lo es, un contrato de arrendamiento privado no notariado, quien "supuestamente" entro en vigencia mucho antes de existir la separación de la pared divisoria ilegal no autorizada. [Que] En efecto ciudadana Jueza, quedó plenamente demostrado la falta de legalidad del DOCUMENTO DE LA "SUPUESTA" COMPRA VENTA PRIVADO, con la que se demanda a mi representado y con la que pretende la accionante, le sea reconocido en su contenido y firma, para que de esta forma, se le dé legalidad a un fraude planificado y mal ejecutado contra mi cliente, ya que se realizó una "supuesta venta" de una porción del bien inmueble no separado ni dividido de la totalidad del bien, si su consentimiento, inexistencia del objeto y pago, puesto que se realizó bajos actos fraudulentos, de artimañas de ardid y engaño, lesionando la esfera del orden público y el ordenamiento jurídico vigente, que fue "presuntamente" suscrito en fecha veintitrés (23) de febrero del año dos mil veintitrés (2.023), y siendo que estamos en presencia de una demanda de reconocimiento de contenido y firma de un documento privado de compra venta, en el proceso de la acción Penal, apareció un segundo (02) documento privado cuestionada su legitimidad en esta acción, un "supuesto" contrato de arrendamiento privado, el cual nunca hizo valer en ninguna de las dos (02) acciones por ante las diferentes instancias competentes Penal y Civil, que conocen de las partes en conflicto, el cual "supuestamente" fue firmado, en fecha dos (02) de enero del año dos mil veintidós (2.022); el mismo fue traído al proceso de la presente acción, a través de las pruebas de informes realizada ante la instancia Penal, insertos en los folios Nº 101 de la segunda pieza, prueba que demuestra con la existencia de unsegundo documento no reconocido por falta de legitimidad por ante la instancia Penal, demuestran la falta de autenticidad de la fecha de celebración del documento indubitado, adicionalmente de la investigación Fiscal fue solicitado dentro de las pruebas de informes traídas al proceso de la acción Civil, una ficha ó cedula catastral fraudulenta alterada, realizada en la Dirección de Catastro de la Alcaldía del Municipio Autónomo San Carlos del estado Cojedes, sin que conste el consentimiento y aprobación del propietario, insertas en los folios Nº 113 al 115 de la segunda pieza de la presente acción, documento fraudulento que surgió de la investigación Fiscal, del que se desprende que en fecha 19/06/2023 es la fecha cuando bajo engaño le hacen firmar dos (02) fraudulentos diferentes uno del otro, como la denuncio mi representado en la investigación Fiscal inicial bajo el expediente MP-177761-2023, luego de la aparición la ficha catastral alterada se apertura una segunda investigación Fiscal en curso bajo el expediente Mp 247464-2023, para establecer responsabilidades a que hubiere lugar, contra la Alcaldía del Municipio Autónomo San Carlos del estado Cojedes, la Dirección de Catastro y todos los funcionarios públicos de esta institución, quienes participaron en el forjamiento de este documento público, traída como prueba a la presente acción bajos los folios antes señalados, funcionarios públicos quienes participaron en complicidad bajo la figura de una "supuesta actualización", quienes no firmaron, ni sellaron este documento alterado, convirtiéndose en cómplices del fraude planificado, para modificar la ficha ó cedula catastral del propietario sin su aprobación, al no existir para esta, una solicitud de forma verbal ni mucho menos escrita. [Que] Es importante destacar en estos informes, como se le ilustro a este honorable Tribunal en el escrito de contestación de la demanda, de las conversaciones iniciales entre tío- sobrina y padrino, de la intención de llegar a un acuerdo y posterior firma de un contrato de arrendamiento, es que se realizara la construcción de la pared ilegal en la que se habla acorado firmar un contrato de arrendamiento y no un contrato de compra venta, es por ello que nunca se realiza una separación del local principal y de los servicios públicos, como fue probado todo lo alegado, la sobrina ahijada, aprovechándose de las condiciones de salud y mentales de su familiar, plenamente demostradas en el proceso, lo engaño para hacerse de este la firma de dos (02) documentos fraudulentos que hace valer de acuerdo a la conveniencia. En la oportunidad de presentar Observación a los informes, la Parte Demandada, expresó lo siguiente: [Que] actuando en mi condición de apoderado judicial que se desprende del Poder Apud-Acta que me otorgara el ciudadano HANNA BASIL, plenamente identificado y juramentado en autos en el presente expediente N° 11.773 (nomenclatura interna de este Tribunal), encontrándome dentro del término procesal, consigno la presente diligencia para que se considere como las observaciones a los informes de la parte demandante por cuanto esta, no presento informes, por lo tanto no hay observaciones que realizar. En la oportunidad de presentar Observación a los informes, la Parte Demandante, expresó lo siguiente: [Que] se puede observar ciudadana Jueza que la parte demandada pretende negar la existencia la circunstancia motivo ya razón del presente juicio de reconocimiento de contenido y firma aun manifestando de que entre nuestra poderdante y el demandante de autos si existió la voluntad y la intención entre ambos de la negociación que se hizo mediantedocumento privado hoy objeto de reconocimiento de contenido y forma lo que se puede tomar en consideración que si existe dentro de todo el proceso una confesión espontánea judicial razón por la cual el pretendes desconocer la existencia del negocio jurídico entre nuestra poderdante y el accionado de autos al señalar que supuestamente dicho instrumento no se reconoció el contenido del documento privado de fecha 23 de febrero del año 2023 lo que no es cierto pues el tribunal a-quo en la valoración del acervo probatorio presentado por nuestra mandante consideró de conformidad con el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil y el cual se refiere a las reglas para juzgar considero la existencia de que dicho acervo probatorio constituyo la plena prueba de los hechos alegados en el libelo de la demanda razón por la cual y ajustada a derecho declaro con lugar la demanda y en consecuencia el reconocimiento total en contenido y firma del negocio jurídico privado entre el accionado y nuestra poderdante. [Que] de igual manera ciudadana Jueza el apoderado Judicial del demandado pretende anexar como documento probatorio unas boletas de notificación ambas marcadas “A” los no pueden ser valorada y apreciadas por esta alzada por cuanto que el solo que puede ser consignadas, presentadas y promovidas en esta instancia solo documentos públicos, original o en copias certificadas del mismo debidamente protocolizado que guarden estrecha relación con los hechos alegados en la demanda o en la contestación y también puede ser objetos de promoción en esta instancia los documentos arriba indicados no tienen la características de instrumentos públicos ni siquiera autenticados o tenidos legalmente por reconocidos pues los mismos son autos administrativos judiciales de mero tramites razón por la cual no pueden ser valorados o apreciados por esta instancia. [Que] en este mismo orden de ideas ciudadana jueza le hago del conocimiento que lo tanto se afana la contraparte con la denuncia de estafa es que formulo una denuncia de adulto mayor la cual fue desestimada ya que se alegó una Prejudicialidad civil siendo esto que el tribunal de control negó la desestimación ordenándose a otro despacho fiscal sin embargo en el devenir de los hechos se dicta una sentencia vinculante de la SALA CONSTITUCIONAL NUMERO 00073, EXPEDIENTE 23-968, de fecha 6 de febrero del año 2024 el cual está clara con los elementos del terrorismo judicial, por lo tanto no tomé como elemento las incoherentes en este proceso boletas de notificación que nada tienen que ver con este proceso. IV MOTIVACIONES PARA DECIDIR Leído como han sido las defensas de las partes, así como las pruebas presentadas, y dándole una apreciación a las mismas a fin de poder determinar lo más ajustado en derecho, este Tribunal considera prudente, a los fines de motivar la presente sentencia, traer a colación la Tutela Judicial Efectiva, que no es más que el derecho de Rango Constitucional y Legal; el cual, como bien sabemos es garante del Orden Público, del Debido Proceso y de la defensa de las partes, es decir, garantizador del ejercicio eficaz de los derechos de las partes en el proceso.En este sentido, cuando hablamos del Principio de Legalidad, hacemos referencia al estricto cumplimiento de los trámites que son fundamentales para el procedimiento, el cual está enlazado al principio de las formas procesales, salvo lo exceptuado por la ley. En virtud de ello, no se le es permitido a los jueces, omitir algún lineamiento bien sea estructural, secuencial o de desarrollo del proceso; es decir, el tiempo, el modo, y lugar en que deben realizarse tanto el análisis o estudio como los actos procesales, porque estarían vulnerando tal derecho. Con base en tal aserto, pasa esta Juzgadora a realizar las siguientes observaciones, con el objeto de dictar una sentencia ajustada a derecho, con cabal adecuación a la pretensión, y enmarcada en los límites del Themadecidendum, todo conforme a lo estipulado en el ordinal cuarto 4° del artículo 243 de la norma adjetiva. En tal sentido, se tiene que de la exhaustiva revisión de las actas procesales que conforman el presunto asunto, realizada por quien aquí detenta como administradora de justicia, se logra evidenciar la configuración tanto de algunas formalidades procesales atinentes al proceso en desarrollo, como de pormenores legales susceptibles de plena revisión dentro de las facultades dadas a este juzgado, a los fines de verificar y dar por cumplidas o no las formas de ley que han de darse a lo largo del iter procesal que atañe al caso de marras; siendo menester traer a colación la garantía procesal dispuesta en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tal como lo es la Tutela Judicial Efectiva, el cual contempla lo siguiente: “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: 1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley. (…) 3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete”. 8. Toda persona podrá solicitar del estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados…” (sic)…. A propósito de la norma constitucional transcrita, y en bajo la tesitura del argot pedagógico que se ha de tener al momento de un pronunciamiento ajustado a derecho, se desprende que, el derecho a la defensa es la garantía que tiene toda persona, en todo estado y grado del proceso de tener conocimiento de cualquier investigación o juicio que se siga en su contra, de ser notificado, de tener acceso a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer sus defensas; es decir,para oponerse a las mismas, promover y controlar las pruebas y finalmente recurrir de la decisión que la afecte por ante el órgano superior, (garantía de la doble instancia). Por otra parte, esta alzada estima pertinente señalar que la providencia o auto interlocutorio a través del cual el Juez se pronuncia sobre la admisión de las pruebas promovidas, debe ser el resultado del juicio analítico efectuado por éste, respecto de las condiciones de admisibilidad que han de reunir las pruebas que fueron promovidas en el curso de un proceso; es decir, de las reglas de admisión de los medios de pruebas contemplados en el Código de Procedimiento Civil, atinentes a su legalidad y pertinencia; ello porque sólo será en la sentencia definitiva cuando el Juez de la causa pueda apreciar, al valorar la prueba y establecer los hechos, si su resultado incide o no en la decisión que ha de dictar respecto al fondo del asunto planteado. En efecto, la regla es la admisión y la negativa sólo puede acordarse en casos excepcionales y donde se evidencie claramente la ilegalidad e impertinencia del medio probatorio promovido. Sobre la base del Principio de Libertad de los Medios de Prueba que rige nuestro sistema probatorio, una vez analizada la prueba promovida, el Juez habrá de declarar la legalidad y pertinencia de la misma y, en consecuencia, habrá de admitirla, pues sólo cuando se trate de una prueba manifiestamente contraria al ordenamiento jurídico o cuando el hecho que se pretende probar con el medio respectivo no guarda relación alguna con el hecho debatido, podrá ser declarada como ilegal o impertinente, y por tanto inadmisible. En este mismo orden de ideas, es importante destacar que, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 19 de mayo de 1999, caso: Banco Exterior C.A., indicó que “...esta limitación la estableció el legislador, para proteger el ejercicio del derecho a la defensa de la parte promovente y evitar en lo posible que una decisión judicial denegatoria, cause o pueda causarle un daño grave que en ocasiones resulta irreparable; pues, la admisión de una prueba ajustada a derecho y relacionada con el hecho u objeto debatido, no lesionaría a ninguna de las partes, ya que el Juez al momento de valorar el mérito probatorio de los medios traídos en el proceso, puede desestimarla…”. Pongamos por caso, a continuación, el asunto sometido a estudio por operar sobre ello recurso de apelación con relación a la sentencia de fecha 14 de agosto del 2024 emanada del Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, al haber declarado CON LUGAR la demanda de Reconocimiento de Contenido y Firma, incoada por la ciudadana Mayra Alejandra Beirouti Basil en contra del ciudadano Hanna Basil sobre un contrato privado de compra venta que versa sobre un local comercial ubicado en la calle Páez entre Miranda y Silva de la ciudad de San Carlos del estado Cojedes; procedimiento que ha debido, según lo establece la norma, desarrollarse tal y como el estamento procesal lo indica, sin obviarse ninguna formalidad procesal y principioalguno general del proceso con respecto de las formas y tiempos respectivamente; para lo que es sumamente importante hacer alusión a una serie de observaciones que permitirán a esta juzgadora a la debida decisión de este asunto desde el punto de vista de esta superioridad, con respecto a las probanzas promovidas en este juicio, considerando así lo siguiente: 1. Se verifica de los autos que, la parte demandante en su escrito de Promoción de Pruebas de fecha 28 de noviembre del año 2023, y ratificado mediante escrito de fecha 13 de diciembre del 2023, ambos escritos presentados dentro del lapso procesal correspondiente (Promoción de Pruebas) promovió de manera formal la prueba de cotejo, fundamentándose en lo que indica el artículo 446 de la Norma Civil Adjetiva. 2. Se observa que, del Auto de Admisión de Pruebas emitido por el Tribunal a-quo en su respectivo momento (15 de enero del 2024); el mismo, no consideró en su pronunciamiento, bien sea en virtud de su admisión o desestimación que sea, la prueba de cotejo solicitada por la parte actora, tal como se observó supra, a los fines de oficiar al órgano competente para la designación de un experto en materia grafotécnica que pudiese efectuar el respectivo peritaje sobre el documento a indubitar (Documento contentivo de Contrato Privado de compra venta que riela al folio 07 de la primera pieza de este expediente). 3. Se puede constatar al folio 204 de la primera pieza, que el tribunal a-quo, mediante auto, ordenó librar Boletas de Citación a los ciudadanos Lara Guevara Bilys Yordano, Estefan Camacho, Arteaga Luis Humberto, Victor Zapata Veloz y Rosangelica Castillo Herrera; así como también, ordenó librar oficio con atención a la Dirección de Ingeniería Municipal de la Alcaldía del Municipio Autónomo San Carlos del estado Cojedes; evidenciándose que efectivamente fueron libradas las respectivas boletas y el oficio en referencia, observándose además que, el Tribunal libró junto a este mismo auto una serie de Boletas y oficios que debieron nacer del Auto de Admisión de Pruebas y no del auto que se menciona en este particular. Al efecto de esto, se verifican los folios que van del 204 al 220 de la Primera Pieza del respectivo expediente. 4. Se evidencia además, que, tal y como fue promovido por la parte actora en su escrito de pruebas, hubo pronunciamiento en el auto de admisión respectivo sobre la Prueba de Escrituración, siendo ésta evacuada, tal como se constata del auto del Tribunal a-quo y su respectivo anexo del cual se desprende que el ciudadano Hanna Basil, demandado de autos, compareció ante el referido Tribunal a los fines de estampar su rúbrica en una hoja en blanco, quien realizó el acto ordenado y escribió con bolígrafo negro a su puño y letra su firma ante los presentes, en fecha 30 de enero del 2024, folios 226 y 227 de la primera pieza de este expediente. 5. Se verifica también que, de la sentencia apelada, en su capítulo IV alusivo a la Actividad Probatoria y su Valoración, al referirse a las pruebas de la partedemandante, estableció al folio 277 de la segunda pieza que, “…aun cuando fue promovida la experticia de la firma autógrafa y huella dactilar del demandado de autos, la misma fue acordada por este tribunal, librando oficio Nº 017-2024 al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) a los fines que realizara una experticia Grafotécnica y dactiloscópica sin recibir respuesta alguna por parte de ese órgano auxiliar de justicia por lo tanto quien aquí decide no emite pronunciamiento al respecto en virtud que no se encuentra experticia alguna en el presente expediente. Así se decide.-…). En atención a lo evidenciado por esta instancia superior, es necesario verificar el procedimiento a seguir en el siguiente caso de reconocimiento de contenido y firma, para lo cual revisamos lo previsto en el artículo 444 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el cual os dispone: Artículo 444 CPC: La parte contra quien se produzca en juicio un instrumento privado como emanado de ella o de algún causante suyo, deberá manifestar formalmente si lo reconoce o lo niega, ya en el acto de la contestación de la demanda, si el instrumento se ha producido con el libelo, ya dentro de los cinco días siguientes a aquel en que ha sido producido, cuando lo fuere posteriormente a dicho acto. El silencio de la parte a este respecto, dará por reconocido el instrumento. Artículo 445 CPC: Negada la firma o declarado por los herederos o causahabientes no conocerla, toca a la parte que produjo el instrumento probar su autenticidad. A este efecto, puede promover la prueba de cotejo, y la de testigos, cuando no fuere posible hacer el cotejo. Si resultare probada la autenticidad del instrumento, se le tendrá por reconocido, y se impondrán las costas a la parte que lo haya negado, conforme a lo dispuesto en el artículo 276. Artículo 446 CPC: El cotejo se practicará por expertos con sujeción a lo que se previene en el Capítulo VI de este Título. Artículo 447 CPC: La persona que pida el cotejo designará el instrumento o los instrumentos indubitados con los cuales debe hacerse. Artículo 448 CPC: Se considerarán como indubitados para el cotejo: 1° Los instrumentos que las partes reconozcan como tales, de común acuerdo. 2° Los instrumentos firmados ante un Registrador u otro funcionario público. 3° Los instrumentos privados reconocidos por la persona a quien se atribuya el que se trate de comprobar, pero no aquellos que ella misma haya, negado o, no reconocido, aunque precedentemente se hubieran declarado como suyos. 4° La parte reconocida o no negada del mismo instrumento que se trate de comprobar. A falta de estos medios, puede el presentante del instrumento cuya firma se ha desconocido o si se ha declarado por los herederos o causahabientes no conocerla, pedir, y el Tribunal lo acordará,que la parte contraria escriba y firme en presencia del Juez lo que éste dicte. Si se negara a hacerlo, se tendrá por reconocido el instrumento, a menos que la parte se encuentre en la imposibilidad física de escribir. Artículo 449 CPC: El término probatorio en esta incidencia será de ocho días, el cual puede extenderse hasta quince, pero la cuestión no será resuelta sino en la sentencia del juicio principal. Artículo 450 CPC: El reconocimiento de un instrumento privado puede pedirse por demanda principal. En este caso se observarán los trámites del procedimiento ordinario y las reglas de los artículos 444 a 448. De los artículos ates enunciados, que están previstos en la norma procesal, es evidente que al manifestar formalmente si lo niega como se observó en el presente asunto cuando el demandado expreso ““…desconoce el contenido del documento fraudulento de la “supuesta” compra venta privada, por haber obtenido el consentimiento bajo engaño, manipulación y coacción…”(sic); y el actor quien presento el documento para su reconocimiento promover la prueba de cotejo, como se verifica en las actas, pero o se materializo la misma. Ahora, de lo supra examinado, analizado y traído a colación en el presente estudio, es menester pues, para esta juzgadora traer a tapete de este juicio el criterio establecido por nuestro más alto Tribunal, a través de la Sala de Casación Civil, cuando en fecha 17 de octubre del año 2024 en sentencia Nº 000549, se pronunció con respecto a la práctica de la prueba de Experticia Grafotécnica al dejar por sentado lo siguiente: (…omissis…) Ahora bien, conforme con nuestros postulados constitucionales el juez, debe desplegar una actividad jurisdiccional tendente a inquirir la verdad por todos los medios a su alcance para garantizar la supremacía de la verdad, es decir, el juez como director del proceso debe garantizar una decisión ajustada a la realidad de los hechos, de modo que en la oportunidad de decidir lo haga con plena convicción, y genere certeza a los justiciables, al respecto, se ha pronunciado esta Sala de Casación Civil, en forma reiterada, entre las cuales vale destacar la sentencia N°605, de fecha 19 de octubre de 2016, Exp. N° 2016-000262, caso: juicio por resolución de contrato de opción de compraventa incoado por la sociedad mercantil Inversiones el Octágono C.A., contra la sociedad mercantil Gelca Ingenieros Consultores C.A., la cual señaló textualmente lo siguiente: ‘…La Carta Política de 1999, en su artículo 49 y sus diversos ordinales consagra lo que la Sala Constitucional y la doctrina han llamado el derecho a un proceso “con las debidas garantías”, en otras ocasiones se habla de “debido proceso” que supone no sólo que todas las personas tienen derecho a los Tribunales (sic) para el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sino también que en ese ejercicio a través del íter adjetivo no se produzca “indefensión”, lo que indudablemente significa que en todo proceso judicial debe respetarse el derecho de defensa contradictoria de las partes contendientes o que legalmente deban serlo, mediante la oportunidad dialéctica de alegar yjustificar en juicio procesalmente el reconocimiento de esos derechos e intereses, expresado en el clásico brocardo: “nemine damnatur sine auditor” que ocurre cuando los sujetos procesales se ven imposibilitados de ejercer los medios legales suficientes para su defensa, siendo uno de los más importantes el del “acceso a la prueba”, consagrado en el artículo 49.1 eiusdem, que señala: Art. 49 CRBV. “El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: 1° La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a … acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa…”, lo cual implica que nuestro constituyente quiso subrayar la relación existente entre “defensa” y “derecho a la prueba”, mediante la frase: “para ejercer su defensa”, para permitir a las partes traer al proceso los medios justificativos o demostrativos de las pretensiones, alegaciones y excepciones, lo que prescribe la desigualdad entre las partes evitando que se prive al justiciable de alguno de los instrumentos probatorios libres o legales que el ordenamiento pone a su alcance para la prueba de sus afirmaciones fácticas, vale decir, de utilizar los medios probatorios que tienen por finalidad acreditar los hechos expuestos por los sujetos intervinientes en la lid procesal, para producir certeza en el juez respecto a los puntos controvertidos y poder así fundamentar sus decisiones. Ello conduciría a la Sala Civil a entender vulnerado el derecho a la prueba, que se haya producido en una situación de indefensión por la inadmisión de un medio de prueba pertinente, legal, conducente y verosímil o la no práctica de un medio probatorio admitido pero no practicado. De manera que, las pruebas pertinentes, conducentes, verosímiles y legales, a través de su admisión y práctica se imponen bajo una nueva perspectiva constitucionalizada, sobre una sensibilidad mayor en relación a las normas procesales que las rigen tratando de proveer satisfacción de tal derecho, sin desconocerlo ni obstaculizarlo, para llegar a la visión instrumental del concepto de Justicia (sic) y Verdad (sic). (…) pues violentó el debido proceso de rango constitucional, incurriendo en el vicio de “Injuria Probatoria”. La “Injuria Probatoria”, - ha dicho la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Sentencia Exp. N° 01-2614, de fecha 29/01/03 -, se produce cuando: “… por ejemplo, el juez deje de valorar alguna prueba o la silencie totalmente, o no permita por abuso de poder que las partes tengan acceso a ellas, o se les prohíba u obstaculice promoverlas o evacuarlas, siempre y cuando dicha prohibición no resulte de su impertinencia o ilegalidad, pues el sentenciador se encuentra facultado también para negar la admisión de algún medio probatorio, según lo dispone el artículo 398 eiusdem…”. (…Omissis…) (…) En consideración a todos los fundamentos de hecho y de derecho precedentemente expuestos, considera esta Sala que el tribunal de cognición al no esperar las resultas de la referida prueba de informes, o en su defecto, impulsar de oficio la evacuación de la misma -la cual pudiera demostrar la extinción de la obligación reclamada, incurrió en una subversión procesal que genera indefensión a la parte demandada, tratándose de un asunto que atañe directamente el derecho a la defensa, al debido proceso y a la tutela judicial efectiva, consagrados en los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución, así como el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil. Tal conducta faculta a esta Sala de Casación Civil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 320 del Código de Procedimiento Civil, por haber infringido los artículos 14, 15, 21 y 401 ordinal eiusdem, a casar de oficio el fallo recurrido, al evidenciarse la indefensión generada a la accionada, lo que conlleva a su nulidad, tal como se hará de manera expresa, positiva y precisa en el dispositivo del presente fallo. Así se decide…”. (Negrillas de la Sala). En ejercicio de la facultad y deber que tiene el juez de inquirir la verdad, con fundamento en los principios consagrados en los artículos 26 y 257 de laConstitución de la República Bolivariana de Venezuela, que imponen al Estado la obligación de garantizar una justicia idónea, equitativa y expedita, la jurisprudencia de este Alto Tribunal, ha venido insistiendo en la actividad que debe desplegar el juez, de modo de no incurrir en la denominada injuria probatoria, lo cual puede viciar de nulidad el fallo, conforme fue indicado en la sentencia antes transcrita. (...Omissis...) Por lo antes expuesto, concluye esta Sala, en sintonía con la supremacía y eficacia de las normas y principios de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en el presente juicio se incurrió en el menoscabo de formas procesales que causan indefensión, por cuanto se debió ordenar una nueva expertica grafotécnica, tal como se señala en el escrito de formalización, lo cual constituye razones suficientes para declarar la procedencia de la denuncia examinada y en consecuencia, se declara con lugar el presente recurso de casación, tal como se hará en el dispositivo del presente fallo, al verificarse el menoscabo al derecho a la defensa, conforme con la doctrina desarrollada por la este Máximo Tribunal. Así se decide. Con vista a las anteriores consideraciones esta Sala concluye de acuerdo a la reiterada doctrina que lo determinante en el presente caso es que se causó un gravamen a la parte demandante, por consiguiente, la recurrida incurrió en el menoscabo de formas procesales del procedimiento que causan indefensión a las partes, infringiendo los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, todo lo cual, constituye razones suficientes para que la Sala proceda a corregir el error detectado y restituya el orden público conculcado. Así se decide. …(sic) A tenor de esto, continúa esta juzgadora emitiendo criterio particular, partiendo del precepto jurisprudencial transcrito, en su ardua labor pedagógica ante la dignidad de administrar una justicia, imparcial, ajustada a derecho y enmarcada dentro de los parámetros que la norma patria dicta, en el estudio sistemático de las formalidades que han de operar en el discurrir de la lid procesal del caso de marras, y afincándose además sobre la convicción pilar establecida en los principios constitucionales esbozados en los artículos 26 y 49 ejusdem, atinentes a la Tutela Judicial Efectiva y al Debido Proceso, para lo cual considera prudente disentir de algunas actuaciones llevadas a cabo dentro de este proceso, en este particular, el Tribunal a-quo, quien al momento de proveer sobre la admisión de pruebas, no se percató que la parte actora, solicitó en su Escrito de fecha 13 de diciembre del 2023, la práctica de una prueba de experticia (grafotécnica), tal como se verifica de sus dichos al dejar expresamente asentado, lo siguiente: (…omissis…) “de conformidad con lo previsto en el artículo 446 del Código de procedimiento Civil, propongo la regulación de la prueba de cotejo a los fines de conformidad con los artículos 446 y 447 del código de procedimiento Civil le indico como instrumentos indubitados señalados en el Capítulo I del presente escrito, incluyendo el documento que se opone para reconocimiento de contenido y firma en este juicio por lo que le solicito de conformidad con los artículos 451 y 452 ejusdem por lo que le solicito al Tribunal que oficie al cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas para que envíen a este despacho a un experto grafotécnico a los fines de que dicho experto determine en todo y en cada uno de losdocumentos indubitados señalados anteriormente si las firmas autógrafas y la cédula de identidad suscrito en las mismas pertenecen o no al ciudadano HANNA BASIL, venezolano, mayor de edad, soltero, hábil en derecho, titular de la cedula de identidad Nº V-25.603.744. por lo que solicito que la presente prueba sea admitida y de inmediato se oficie a la Institución antes indicada…” (sic). En virtud de esto, también es menester hacer énfasis a que el Tribunal a-quo, hace referencia en su sentencia, al momento de la valoración de la referida experticia, dejando establecido que (…omissis…) “…aun cuando fue promovida la experticia de la firma autógrafa y huella dactilar del demandado de autos, la misma fue acordada por este tribunal, librando oficio Nº 017-2024 al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) a los fines que realizara una experticia Grafotécnica y Dactiloscópica sin recibir respuesta alguna por parte de ese órgano auxiliar de justicia por lo tanto quien aquí decide no emite pronunciamiento al respecto en virtud que no se encuentra experticia alguna en el presente expediente…”, verificándose que si bien es cierto que al folio 217 de la pieza principal del expediente riela el oficio librado al Comisario General Jefe de Región estadal Cojedes del Cuerpo de Investigaciones Penales y Criminalísticas, no es menos cierto que, en el resto del expediente no se encuentra evidencia procesal que certifique que el oficio en referencia fuera recibido por el mencionado organismo a los fines de hacer de su conocimiento lo propio con respecto a la designación de un experto en la materia grafotécnica que pudiera peritar las firmas del ciudadano Hanna Basil tal como fue solicitado por la actora; lo que permite dar por configurado lo que en materia de derecho se entiende como Silencio de Pruebas sobre este medio probatorio que por naturaleza ha de considerarse fehacientemente demostrativo de un hecho susceptible de tenerse por cierto o no, y del cual el juez en su deber de decidir, debió prever sobre su obtención. Así se verifica.- Al respecto del vicio de Silencio de Pruebas, nuestro más alto Tribunal, a través de la Sala de Casación Civil, mediante sentencia Nº 000606 de fecha 08/11/2022, referente a las características esenciales para considerar la configuración del vicio de Silencio de Pruebas, lo siguiente: …omissis… “…Lo pretendido se dirige a la nulidad del fallo recurrido a través del subtipo de casación sobre los hechos por la comisión del vicio de silencio de prueba. Así pues, para mayor comprensión, esta Sala en sentencia número 302 del 3 de junio de 2015, (caso: Néstor Carrero, contra Blanca Herrera Vargas), sobre el silencio de pruebas estableció lo siguiente: "...Es criterio reiterado de esta Sala que el vicio de silencio de pruebas se produce cuando el sentenciador ignora por completo el medio probatorio, o hace mención de él pero no expresar su mérito probatorio, pues el representante del órgano jurisdiccional está en la obligación devalorar todas y cada una de las pruebas presentadas por las partes con independencia de quien la promovió, siendo que para que pueda declararse procedente el vicio delatado de silencio de pruebas, el examen de la prueba denunciada como silenciada debe ser necesario para resolver el mérito de la controversia, queriendo decir esto, que la falta de apreciación de dicho material probatorio, necesariamente debe incidir en forma determinante en lo dispuesto en el fallo del cual se trate...". (Énfasis de la Sala). Con respecto a las características esenciales para considerar la configuración del vicio de silencio de pruebas, en sentencia número 420, de fecha 13 de junio de 2012, (caso: Benito Barone contra Inversiones Rosantian C.A.), ratificada en fallo número 889, del 9 de diciembre de 2016, (caso: Sonia Franci Benedetti Ramírez contra Yammilett Coromoto Ponte), esta Sala señaló que: "...El silencio de prueba procede cuando el juez incurrió en la falta absoluta o parcial de valoración de una prueba que resulta trascendental para el dispositivo del fallo. Al respecto, esta Sala mediante decisión N° 62, de fecha 5 de abril de 2001, caso: Eudoxia Rojas contra Pacca Cumanacoa, Expediente N° 99- 889, con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe la presente, estableció: 'Ahora bien, para la procedencia de este tipo de denuncias, el artículo 312 del Código de Procedimiento Civil, exige que la infracción de derecho sea determinante en el dispositivo de la sentencia, pues de lo contrario la casación sería inútil. Corresponderá a la Sala determinar en cada caso, la influencia del examen de la prueba en la decisión. A título de ejemplo, puede mencionarse los siguientes casos: 1.) La prueba silenciada se refiere a hechos manifiestamente impertinentes con los discutidos en el proceso, como ocurre si en el interdicto por despojo, el juez no examina la factura de compra de una nevera. 2.) El medio probatorio es ineficaz, pues no fue promovido y evacuado de conformidad con los requisitos exigidos en la ley, como sucede, cuando de las pruebas documentales promovidas por los litigantes, omite el análisis de un recibo antiquísimo que fue consignado como modelo de una cancelación, idéntica a la pretendida, el cual es emanado de un tercero ajeno al juicio y no fue ratificado. En consecuencia, se denuncia el vicio de silencio de prueba con lo cual habría que casar la sentencia de alzada para que el juez de reenvío la valore y determine que al no ser ratificada en el proceso, la misma queda desestimada, de esta manera se estaría profiriendo una nueva decisión para señalar tan evidente declaratoria. 3.) La prueba que no fue analizada se refiere a hechos que resultaron establecidos por el juez, con base en otra prueba que por disposición legal tiene mayor eficacia probatoria, como ocurre si en un juicio por reivindicación el juez hubiese silenciado un documento privado, y si hubiese valorado un documento público ambas referidas a la propiedaddel inmueble, pues en ningún caso el primero podría enervar la fuerza probatoria del segundo; y, 4.) La prueba silenciada es manifiestamente ilegal, pues la ley dispone que los hechos no pueden ser establecidos por un determinado medio de prueba; por ejemplo, el artículo 1.387 del Código Civil, prevé que no es admisible la prueba de testigo para probar la existencia de una convención celebrada con el fin de establecer una obligación o de extinguirla, cuando el valor del objeto excede de dos mil bolívares (Bs.2.000,00). 5) Los casos en los cuales se promueve una prueba sin indicar el objeto de la misma, lo cual impide al contrario cumplir el mandato del artículo 397 del Código de Procedimiento Civil, y al juez acatar lo previsto en el 398 eiusdem. En los casos mencionados, existe una razón de derecho que impide el examen de la prueba, lo cual pone de manifiesto su ineficacia probatoria y, por ende, la imposibilidad de influir de forma determinante dispositivo del fallo...". En atención a la jurisprudencia supra citada, el vicio de silencio de pruebas procede sólo cuando el juez omite dar criterio o mención alguna sobre la prueba o se limita a referirla sin dar alguna valoración de ésta, y agrega además, conforme a su doctrina pacífica y reiterada: siempre que tal vicio sea determinante o definitivo en el dispositivo del fallo. Ahora bien, partiendo de lo que este precepto jurisprudencial dejó por sentado, y en atención a lo que con el mismo se busca dilucidar y establecer en el caso de marras, mal podría quien aquí detenta como juzgadora, desde su punto de vista cognitivo no dar por configurado el Vicio de Silencio de Pruebas relacionado a la experticia solicitada por la parte actora en su momento procesal, siendo que por parte del Tribunal a-quo se incurrió en la omisión del mencionado vicio, al no existir pronunciamiento expreso y debido del medio probatorio sometido a estudio en este particular en el momento de emitir Auto de Admisión de pruebas, siendo que el mencionado medio probatorio podría constituirse como instrumento fehaciente de la verdad, ya que de él se podrían desprender medios de convicción tendentes a la toma de una decisión totalmente ajustada a derecho tal como así lo garantiza y ordena el texto constitucional en su articulado 26 y 49 respectivamente. Así se determina.- A efectos ilustrativos, del tema que aquí de dilucida, atinente a lo que respecta a las pruebas en general en materia civil, quien aquí determina, considera de vital trascendía traer a colación de este juicio, lo alusivo a los principios procesales que devienen del “Derecho a la Prueba”, para lo que se extrae de la obra “Objeto de la Prueba Judicial Civil y su Alegación” del Doctor Gilberto Guerrero Quintero, de la Colección de Estudios Jurídicos, Nº 11 del Tribunal Supremo de Justicia, lo siguiente: (…omissis…)“En el numeral 1º del artículo 49 de la Constitución Nacional se estatuye que “toda persona tiene derecho…; de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa…”. Como se observa, la Constitución consagra el derecho a la prueba y la ley desarrolla ese principio, estableciendo cuáles son los medios de que puede valerse la persona para el ejercicio de su derecho a la defensa, así como las formalidades que deben emplearse para su realización en la praxis. Así, el Código de Procedimiento Civil en los artículos 395 (que tasa o tarifa, como también libera, los medios de prueba admisibles en juicio), 395 (sobre el control de la prueba por la otra parte) y 398 (sobre la admisión o inadmisión de las pruebas ofrecidas); presentan una perspectiva bastante amplia sobre el espectro de las formalidades –in genere- que deben cumplir los medios de prueba en orden a su promoción, sin que en alguna de estas tres (3) normas procesales se exija, de manera puntual, que el promovente esté obligado a exponer qué es lo que pretende probar con cada medio de prueba ofrecido. A excepción de la exigencia a texto expreso contenida en el artículo 451 del Código de procedimiento Civil (“La experticia no se efectuará sino sobre puntos de hecho cuando lo determine el Tribunal de oficio, en los casos permitidos por la Ley, o a petición de parte.” (pág. 86)) ….sic… A tocante de este postulado doctrinario, se tiene además que, en el mismo texto se hace mención a que el derecho a la prueba requiere, entre otros, fundamentalmente, la realización de tres (3) momentos procesales de especial importancia, al considerar textualmente el postulado teórico que a continuación de trae a tapete de este asunto, al dejar expreso lo siguiente: (…omissis…) “i) La admisión de la prueba promovida, es decir, del medio probatorio establecido por el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil y otras leyes de la República; así como cualquier otro medio de prueba no prohibido expresamente por la ley; a tenor de lo establecido por el artículo 395 del Código de Procedimiento Civil; pues la otra parte tiene derecho a aceptar alguno o algunos de los hechos que trata de probar la contraparte, o de oponerse a la admisión de las pruebas de ésta que aparezcan manifiestamente ilegales o impertinentes, según así lo contempla el articulo 397 ejusdem; mientras que el juez debe admitir las que sea legales y procedentes…” ii) Evacuación de la Prueba, como derecho de la parte promovente a la realización de la prueba admitida, o que de no ser admitida (cuando el tribunal omite pronunciamiento sobre su admisión), sin mediar oposición de la otra parte, se proceda a la práctica de la misma aun sin providencia de admisión, tal como lo prevé el artículo 399 del Código de Procedimiento Civil. Y esto es así, porque la no realización o práctica por el tribunal de la prueba que haya sido admitida, puede constituir denegación del derecho a la prueba (salvo la negligencia del promovente) en violación del principio constitucional, según el cual toda persona tiene derecho de acceder a las pruebas y disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa (Nº 1, articulo 49 CRBV). iii) Valoración de la Prueba, como deber del juez de analizar y juzgar las pruebas producidas que conduzcan a la fijación delhecho controvertido, expresándose siempre cuál es el criterio del juzgador respecto de las mismas; pues en caso contrario (cuando la prueba es ignorada y los datos de hecho son relevantes para la solución de la controversia y el juzgador ni siquiera la menciona, o cuando refiere su existencia pero no expresa su mérito probatorio) la sentencia incurriría en el vicio de silencio de prueba, denunciable en casación por cualquiera de las partes (puesto que al ser incorporada al proceso la prueba pertenece a éste y no a su promovente) a tenor de lo pautado en el ordinal 2º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, según el criterio vigente de la sala de casación Civil del TSJ… (sic)… la misma no pertenece a quien la ofrece, sino al proceso mismo, pues beneficia no sólo a su promovente sino que también puede favorecer a la otra parte; en cuyo caso el medio probatorio ofrecido ya no puede ser renunciado o desistido…(sic). Entonces, de los preceptos doctrinarios arriba explanados, según la postura de quien aquí decide, se desprende que, a tenor de lo vinculado al proceso en materia probatoria se deben tener por reproducidos tres importantísimos momentos procesales para que las pruebas traídas al proceso surtan sus respectivos efectos procesales, considerándose así, que las mismas han de transitar por el ínterin procesal conformado por: la admisión de la prueba promovida, la evacuación y la valoración respectiva de esta; teniéndose entonces que, reunidos estos requisitos elementales del proceso y depositados en las pruebas sobre las cuales se funda la acción, se debe tener por legal o no la prueba que sea. En este particular, entrando en materia de determinar los aspectos sobre los cuales versará la decisión de este asunto, es necesario hacer especial énfasis en que, la parte demandante en el momento propio para la materialización de la evacuación de pruebas, promovió, tal como de las actas procesales se evidencia, la prueba de escrituración, siendo esta evacuada tal como fue acordada, quedando formalmente las firmas estampadas en una hoja de papel, de puño y letra del ciudadano Hanna Basil, demandado de autos, a los fines de fungirse tal escrituración como instrumento (indubitado) probatorio pertinente y útil para la respectiva prueba de experticia (prueba de cotejo) que ha debido practicarse tal como fue solicitada sobre el documento (dubitado) que ha dado origen a la presente acción, entiéndase éste como el Documento privado de Compra Venta celebrado entre el ciudadano Hanna Basil y la ciudadana Mayra Alejandra Beirouti Basil; es decir, que al Tribunal le estuvo dadas las condiciones procesales para la materialización de la práctica de la experticia grafotécnica propiamente dicha y de cualquier otro medio probatorio que aun cuando no haya sido promovido por las partes, de oficio pudiere el juez de instancia, ordenar la práctica de cualesquiera experticias que fueren necesarias en aras de fomentar el uso de las permisividades que la norma le ofrece a través del principio de la Sana Crítica estatuido en el principio dispositivo del artículo 12 de la norma civil adjetiva. Sin embargo, esta superioridad se percata del menoscabo procesal en el que incurrió el Tribunal de la recurrida al omitir la admisión de la mencionada experticiacomo medio probatorio tanto en el auto de Admisión de Pruebas como del resto del iter procesal respectivo, siendo que no hizo acto de pronunciamiento sobre tal medio probatorio en el momento en que debió admitirse, preexistiendo que la misma fue solicitada y ratificada por la parte actora, así como tampoco existe actuación alguna del Tribunal a-quo respecto de algún pronunciamiento de oficio en aras de ordenar mediante las alternativas que el legislador le otorga a los jueces en virtud del principio de la búsqueda de la verdad que se ve revestido de las máximas de experiencia de las que se ha de afianzar el juzgador previo pronunciamiento definitivo de un asunto sometido a su conocimiento, tal como lo establece la norma civil adjetiva en su artículo 514 cuando se refiere a que el Tribunal si lo juzgare procedente, podrá dictar auto para mejor proveer, en el que podrá acordar (numeral 4º) la práctica de alguna experticia sobre los puntos que fije el Tribunal, o se amplíe o aclare la que ya pudiera existir en autos. En atención a que el presente procedimiento corresponde al Reconocimiento del Contenido y Firma, siendo el contrato privado de compra venta celebrado entre las partes de este asunto, el documento objeto de la presente litis, y configurando el caso, a otro similar que fue revisado por la Sala Constitucional, en sentencia con ponencia del Magistrado Ponente: FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ, Exp. Núm. 15-0903, de fecha 17 de diciembre del 2015, para lo cual la prueba de experticia realizada para buscar la verdad en el caso in comento, refirieron lo siguiente: Así pues, el fallo objeto de la presente solicitud de revisión valoró el informe presentado por los expertos y advirtió que en el mismo se señaló que el instrumento tachado “…presenta diferencias relevantes comparándolas con las hojas de los folios (28) y (29), con respecto al análisis grafométrico utilizado donde se observan marcas diferentes en los márgenes: superior, izquierdo y derecho espacio verticales y horizontales del renglón de los textos que permitieron su análisis diferencial del tipo de impresión mecanográfica y de tinta utilizados…’”. De igual forma, consideró que los expertos expusieron que “…los documentos de los folios 28 y 29 presentaban diferencias relevantes con la hoja del folio 30 en cuanto a los márgenes superior izquierdo y derecho, espacios verticales y horizontales del renglón de los textos que permitieron su análisis, así como diferencia del tipo de impresión mecanográfica y tinta utilizada. También se desprende del informe que en la foto 14 que corresponde al folio 29 se observan en el renglón N° 13 bordes secos con polvo de tóner en contraposición a la foto 15 correspondiente al folio 30 que presenta en el renglón N°3 impresión de chorro de tinta”. Del extracto que antecede, se puede evidenciar que la Sala Constitucional consideró poner de manifiesto, y en virtud de dilucidar lo que a simple vista pareciere imposible de determinar, como lo es el caso de la autenticidad de un documento, la práctica de una Experticia Grafométrica sobre un documento sobre el cual versó un juicio en el que fue necesaria la materialización de esta; es por lo que, esta juzgadora considera de vital importancia instruir al tribunal de la recurrida al ordenamiento y por ende a la práctica de una experticia grafométrica sobre el contenido en general deldocumento objeto de esta litis, cuyo fin sea el análisis forense de todos y cada uno de los elementos conducentes a la verificación de su autenticidad, partiendo de la génesis gráfica que posee el mismo en relación a su composición natural, es decir, de su impresión, material sobre el cual se plasmó el contenido documental, tinta utilizada, la coincidencia que existe entre el posible momento en el que fue rubricado el documento y la impresión del mismo, así como cualquier otro elemento físico que pudiese desprenderse del examen del documento propiamente dicho.- Así se instruye.- Ahora bien, a los fines de darle continuidad al presente procedimiento de Reconocimiento de Contenido y Firma y poder cumplir con los principios constitucionales como la Tutela Judicial efectiva, El debido Proceso, la celeridad procesal y la repuesta oportuna, tomando como premisa, los criterios de justicia y de razonabilidad señalados ut supra, y con especial atención y acatamiento a lo dispuesto en los Artículos 2, 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que obligan al Juez a interpretar las Instituciones Jurídicas, tomando en consideración los actuales principios que fundamentan el Sistema de Derecho, y que persiguen hacer efectiva la Justicia, inevitablemente este Órgano Jurisdiccional, debe declarar, PRIMERO: Con Lugar el Recurso de Apelación ejercido por el ciudadano abogado Freddy Rafael Sarabia Cedeño, titular de la cédula de Identidad Nº V- 12.547.251, I.P.S.A Nº105.730 en su condición de apoderado judicial del ciudadano Hanna Basil, titular de la cédula de identidad Nº V-25.603.744, demandado de autos, en contra de la Sentencia dictada en fecha 14 de agosto del 2024 proferida por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes; en consecuencia, SEGUNDO: se ordena reponer el presente asunto al estado de sentencia a los fines de que el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes subsane la omisión observada atinente a la Prueba de Experticia solicitada por la parte demandante, TERCERO: se anula la sentencia dictada en fecha 14 de agosto del 2024, por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes CUARTO: No hay condenatoria en costas por la naturaleza del proceso. Así se decide.- V DECISIÓN En consecuencia, este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Con Lugar el Recurso de Apelación ejercido por el ciudadano abogado Freddy Rafael Sarabia Cedeño, titular de la cédula de Identidad Nº V-12.547.251, I.P.S.A Nº105.730 en su condición deapoderado judicial del ciudadano Hanna Basil, titular de la cédula de identidad Nº V- 25.603.744, demandado de autos, en contra de la Sentencia dictada en fecha 14 de agosto del 2024 proferida por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes. SEGUNDO: Se reponer el presente asunto al estado de sentencia a los fines de que el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes subsane la omisión observada atinente a la Prueba de Experticia solicitada por la parte demandante. TERCERO: Se anula la sentencia dictada en fecha 14 de agosto del 2024, por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes. CUARTO: No hay condenatoria en costas por la naturaleza del proceso. Así se decide. - Publíquese, regístrese y cópiese. Remítase el expediente en su oportunidad al Tribunal de la causa. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, en San Carlos a los veintiséis (26) días del mes de febrero del año dos mil veinticinco (2025). Años: 214 de la Independencia y 163º de la Federación. Abg. Marvis María Navarro Jueza Provisoria La Secretaria Abg. Gloria Linarez En la misma fecha se publicó la anterior sentencia, siendo las doce del medio dia (12:00 m.d.) La Secretaria Abg. Gloria Linarez Interlocutoria (Civil) Exp. Nº 1399