REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES San Carlos, 26 de febrero 2025 SENTENCIA Nª: 168 EXPEDIENTE Nº: 1394 JUEZA: Abg. MARVIS MARÍA NAVARRO. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES: DEMANDANTE: ELDA DEL VALLE SILVA TERÁN, venezolana, mayor de edad, divorciada, titular de la cedula de identidad Nº V-7.533.146, de este domicilio. APODERADO JUDICIAL: FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ BOLÍVAR, MANUEL SALVADOR PÉREZ, FRANCISCO IGNACIO RODRÍGUEZ BOLÍVAR, KARINA DEL ROSARIO HERRERA AMOR DOOGLAS ANTONIO GUZMÁN RIVAS y ROBERT ANTONIO MATHEUS VITRIAGO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nros. V-4.097.232, V-4.986.398, V- 3.692.260,V- 14.274.243, V- 6.698.299 y V- 7.012.882, debidamente Inscritos por ante el Instituto de Previsión Social del Abogado Bajo los Nros.48.646, 238.544, 15.969, 95.247, 136.299 y 157.400, en su orden de este domicilio. DEMANDADOS: ANA JOSEFA AGÜERO CHEJADE, venezolana mayores de edad, soltera, medico, titular de la cedula de identidad Nº V- 2.349.578. APODERADO JUDICIAL: YLAYALI ENRIQUETA HERRERA AGUIRRE, venezolana, mayor de edad titular de la cedula de identidad Nº V- 11.119.250, debidamente Inscrita por ante el Instituto de Previsión Social del Abogado Bajo el Nro. 157.443 de este domicilio. DEMANDADA: JIANCHENG FENG, de nacionalidad China, mayor de edad, comerciante, titular de la cedula de identidad Nro. E-84.428.082, con domicilio procesal en: Calle Socorro, entre la av. Miranda y la av. Ricaurte, local Nº 5-59, de la Ciudad de Tinaquillo, Municipio Tinaquillo del Estado Cojedes. APODERADO JUDICIAL: JESÚS ALEJANDRO VEGAS SERRANO, VICENTE SANDOVAL y MARCO ANTONIO RODRÍGUEZ MARRERO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nros. V-27.657.864, V- 7.050.765 y V- 15.299.943, debidamente Inscritos por ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 311.826, 23.659 y 144.357. Con domicilio en: Sede de la Firma: Temis, Abogados & Abogados, 2do nivel, locales 64 y 65 del centro Comercial Merca centro “la carreta”, ubicado en la av. Carabobo, cruce con calle Vargas, de la Ciudad de Tinaquillo parroquia y municipio del mismo nombre del estado Cojedes. MOTIVO: RETRACTO LEGAL. SENTENCIA: DEFINITIVA CAPITULO I DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA CAUSAActuaciones del Superior: De conformidad con lo preceptuado en el artículo 243, ordinal 3 del Código de Procedimiento Civil se procede hacer una síntesis de la controversia: Suben las presentes actuaciones a esta Alzada, en virtud de la demanda de Retracto Legal, intentada por el Abogado Francisco Javier Rodríguez Bolívar, debidamente inscrito bajo el Ipsa bajo el Nº 48.646, actuando en nombre y representación de la ciudadana Elda Del Valle Silva Teran, venezolana, mayor de edad, divorciada, titular de la cedula de identidad Nº V-7.533.146, por ante el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes. Mediante auto de fecha 17 de septiembre del año 2024, se recibe por ante esta alzada el expediente signado con el numero 11.704 (Nomenclatura interna del Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes), remitido ante esta alzada por el referido juzgado mediante oficio Nº 124-2024, de fecha 16 septiembre del 2024. Se le dio entrada bajo el Nº 1394. En consecuencia, se deja transcurrir cinco (05) días de despacho siguientes para que las partes soliciten la constitución de asociados. En fecha 20 de Septiembre de 2024 se recibió diligencia del ciudadano Francisco Javier Rodríguez, inscrito en el IPSA bajo el Nº48.646., actuando en representación de la ciudadana Elda del Valle Silva Terán, venezolana, titular de la cedula de identidad Nº V- 7.533.146, parte demandante, mediante la cual le otorga Poder Especial Apud-Acta los ciudadanos Eylin Patricia Seco Seco, Elvis Alexis Cordero Rodríguez y María Belén Costa Vieira abogados, inscritos en el IPSA bajo el Nº275.367, 134.402.112.965. En la misma fecha fue certificado por ante la secretaria de esta superioridad y se ordenó mediante auto agregarlo a la presente causa. Mediante auto de fecha 24 de septiembre de 2024, se deja constancia del vencimiento del lapso para que las partes soliciten constitución de asociados. Sin que las partes hicieran uso de este derecho. En consecuencia, se fija Veinte (20º) de despacho siguiente para que las partes consignen sus informes. En fecha 05 de 2024, comparece Francisco Javier Rodríguez Bolívar, apoderado judicial de la parte demandante, debidamente inscrito en el IPSA bajo el Nº 48.646, a los fines de consignar escrito de informes, constante de sesenta y nueve (69) folios útiles, se deja constancia que fue presentado dentro del lapso correspondiente. En la misma fecha se agregó mediante auto. Mediante auto de fecha 24 de octubre de 2024, se deja constancia del vencimiento del lapso para la consignación de informes siendo consignado por la parte demandante. En consecuencia, se deja transcurrir el lapso de ocho (8) días de despacho para que la parte consigne la observación al informe presentado. Mediante diligencia de fecha 25 de octubre de 2024 se recibió diligencia suscrita por el ciudadano Giovanni Camacho, inscrito en el IPSA bajo el Nº260.618, apoderado judicial de la parte demandada, el cual solicito copias simples de los informes presentado por la parte demandante. En la misma fecha se agregó y se acordó mediante auto.Mediante diligencia de fecha 01 de noviembre del 2024, el abogado Elvis Cordero, inscrito en el IPSA bajo el Nº 193.738, apoderado judicial de la parte demandante, ratifica en cada una de sus partes, el informe presentado por el coapoderado Francisco Javier Rodríguez en fecha 24 de octubre del 2023. En la misma fecha fue agregado mediante auto. En fecha 05 de noviembre de 2024, se recibió escrito de observaciones a los informes debidamente suscrito por el ciudadano Gionny Rafael Machado Camacho, inscrito en el IPSA bajo el Nº260.618, apoderado judicial de la parte demandada, constante de seis (06) folios útiles, se deja constancia que fue presentado en el lapso legal correspondiente. En la misma fecha se agregó a los autos. Mediante diligencia de fecha 06 de noviembre de 2024 se recibió diligencia debidamente suscrita por el ciudadano Elvis Cordero, apoderado judicial de la parte demandante, el cual solicita no sea tomada en consideración dichas observaciones presentada por la parte demandada por no presentar escrito de informe en la oportunidad legal correspondiente. En la misma fecha se agregó mediante auto. Mediante auto de fecha 06 de noviembre de 2024, se dejó constancia que venció el lapso para la consignación de observaciones a los informes presentado por la parte demandante en la presente litis, en consecuencia, se deja transcurrir un lapso de sesenta (60) días continuos para dictar la correspondiente sentencia. Mediante diligencia de fecha 18 de diciembre del 2024, comparece al apoderado judicial de la parte demandante el abogado Francisco Rodríguez, inscrito en el IPSA bajo el Nº 48.646, a los fines de solicitar copia simple del escrito de observación presentado por la parte demandada. En la misma fecha mediante auto se acordó las copias y se agregó al expediente. Revisadas como han sido las actuaciones llevadas por esta alzada; se procede a verificar las actuaciones llevadas por el tribunal Aquo, a los fines de comprobar que se hayan resguardado las garantías constitucionales, así como un debido proceso: El libelo de la demanda, fue presentado vía correo electrónico en fecha 25 de enero de 2021 y presentado de forma física por ante la URDD en fecha 28 de enero del 2021, por el ciudadano Francisco Javier Rodríguez Bolívar, abogado en ejercicio, IPSA bajo el Nº48.646, actuando como apoderado judicial de la ciudadana Elda del Valle Silva Terán, venezolana, titular de la cedula de identidad Nº7.533.146. Por ante el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes. Dándosele entrada bajo el Nº11.704. Mediante auto de fecha 02 de Febrero de 2022, el tribunal insta a la parte demandante adecuar a través de despacho virtual la presente demanda interpuesta, de conformidad con lo dispuesto en el numeral segundo de la resolución Nº05-2020 de fecha 05/10/2020, proferida por la Sala de Casación Civil del tribunal supremo de justicia, indicando los números de teléfonos y correos electrónicos de la parte accionada, a los fines del llamamiento de ley, siendo de obligatoria observancia para los jueces en resguardo al orden público, en aras de garantizar el debido proceso, la tutela judicial efectiva,simplicidad, uniformidad y eficacia, y una vez corregida la situación advertida, este órgano jurisdiccional procederá a pronunciarse sobre la admisibilidad o no de la presente demanda. En fecha 02 de Febrero de 2022 mediante auto el tribunal de la causa insta a la parte demandante adecuar a través de despacho virtual la presente demanda interpuesta, de conformidad con lo dispuesto en el numeral segundo de la resolución Nº05-2020 de fecha 05/10/2020, proferida por la Sala de Casación Civil del tribunal supremo de justicia, indicando los números de teléfonos y correos electrónicos de la parte accionada, a los fines del llamamiento de ley, siendo de obligatoria observancia para los jueces en resguardo al orden público, en aras de garantizar el debido proceso, la tutela judicial efectiva, simplicidad, uniformidad y eficacia, y una vez corregida la situación advertida, este órgano jurisdiccional procederá a pronunciarse sobre la admisibilidad o no de la presente demanda. Mediante auto de fecha 10 de febrero del 2022, la secretaria corrigió la foliatura desde el folio 22 al 78, razón por la cual hubo que hacer nueva foliatura. En fecha 10 de febrero de 2022 compareció el abogado Francisco Rodríguez, inscrito en el IPSA bajo el Nº48.646, por ante la URDD, a los fines de consignar escrito adecuado según lo insta el tribunal. Mediante auto de fecha 16 de febrero de 2022, el tribunal admitió la causa cuanto a lugar a derecho y acordó tramitar por retracto legal. Se ordenó la citación a la parte demandada, a fin de que comparezca por ante el tribunal dentro de los veinte (20) días a dar contestación a la demanda. En la misma fecha se libró citación y exhorto. Se libraron oficios Nº013-2022 y Nº012-2022. Mediante diligencia de fecha 24 de febrero de 2022 compareció el apoderado judicial de la parte actora, a los fines de consignar datos de correo de la apoderada de la parte demandada. Mediante auto de fecha 03 de marzo de 2022, El tribunal acuerda en conformidad lo solicitado, y ordena: Primero:se ordena agregar la diligencia antes mencionada constante de un (01) folio útil., a las actas que conforman la presente causa. Segundo: Este Tribunal insta al coapoderado judicial abogado Francisco Rodríguez a los fines de que aclare la diligencia. Mediante diligencia de fecha 08 de Marzo de 2022, compareció el apoderado judicial de la parte demandante el abogado Francisco Rodríguez, inscrito en el Ipsa bajo el Nº 48.646, a los fines de solicitar se abra cuaderno de medidas cautelares preventivas, así mismo solicita sea oficiado al servicio de administración e información de migración y extranjería (SAIME), a los fines de solicitar información clara y precisa del ciudadano Jiacheng Feng, si el mismo se encuentra dentro o fuera del territorio nacional y de ser asícuál es su domicilio o residencia actual. Mediante auto de fecha 10 de marzo del 22, el tribunal acordó lo siguiente: Primero: Apertura cuaderno de medidas, Segundo: niega lo solicitado por cuanto el tribunal libro exhortos correspondientes a los fines de la citación respectiva y requiere las resultas de las misma.Mediante diligencia de fecha 16 de Marzo del 2022, consignada por ante la URDD, por el apoderado judicial de la parte demandante el abogado Francisco Rodríguez, inscrito en el IPSA bajo el Nº 48.646, a los fines de consignar lo solicitado por el tribunal,así mismo consigna marcado con la letra “A”. Copia certificada de poder conferido por Ana Josefa Agüero Chejade a la abogada Ylayali Enriqueta Herrera Aguirre inscrita en el IPSA bajo el Nº 157.443. Mediante auto de fecha 21 de marzo del 2022, el tribunal acordó lo siguiente: Primero: Agregar dicha diligencia y sus anexos a las actas que conforman la presente causa, Segundo: ratificar auto de fecha 10 de marzo del año 2022, señalando que debe consignar resulta de los exhortos librados por el juzgado. Mediante diligencia de fecha 22 de marzo de 2022, comparece el apoderado judicial de la parte demandante el ciudadano Francisco Rodríguez, debidamente inscrito en el IPSA bajo el Nº 48.646, a los fines de dar impulso procesal, referido a los exhortos acordados, consigno al tribunal dos juegos o legajos del libelo de demanda con el auto de admisión y los autos de comparecencia para la realización de dichos exhortos. Mediante auto de fecha 25 de marzo de 2022, Primero: hace saber a la parte diligenciante que lo solicitado en sus numerales 1 y 2 de la diligencia que antecede fue providenciado por el tribunal en la oportunidad correspondiente procediendo para tal fin, prestar el debido juramento de ley. Segundo: por otra parte, la jueza hizo pronunciamiento sobre el pedimento en el numeral 3 tercero de la mencionada diligencia, la cual niega por no se procedente. Tercero: en cuanto a su último numeral el tribunal acordó lo solicitado. Mediante diligencia de fecha 25 de marzo del 2022, comparece ante la URDD a los fines de consignar poder Apud-Acta y solicito dos (02) juegos de copias certificadas del mismo. Mediante auto de fecha 04 de abril de 2022, compareció el apoderado judicial de la parte demandante el abogado Francisco Rodríguez, a los fines de ser juramentado como correo especial designado en la presente causa, mediante auto de fecha 16 de febrero del 2022, que obra en el folio 66 de la pieza quinta del expediente. Mediante diligencia de fecha 04 de abril de 2022, compareció el apoderado judicial de la parte demandante el abogado Francisco Rodríguez, debidamente inscrito en el IPSA bajo el Nº 48.646, a los fines de solicitar el otorgamiento del poder Apud-Acta sea por la forma tradicional. Mediante auto de fecha 05 de abril de 2022, el Tribunal acuerda lo solicitado, en consecuencia, ordena certificar por secretaria Poder Apud- Acta de conformidad con lo establecido en el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil. Mediante diligencia de fecha 18 de abril del 2022, compareció ante el Tribunal el apoderado de la parte demandante el abogado Francisco Rodríguez, inscrito en el IPSA bajo el Nº 48.646, a los fines de solicitar dos copias certificadas del poder apud-acta, de la solicitud se acuerda. Mediante auto de fecha 20 de abril del 2022, se acordó las copias solicitadas, en consecuencia, certificarse por la secretaria las copias solicitadas.Mediante diligencia de fecha 05 de mayo del 2022, comparece ante el tribunal el apoderado judicial de la parte demandante, el abogado Francisco Rodríguez, debidamente inscrito en el IPSA bajo el Nº48.646, a los fines de consignar al tribunal acuse de recibo del oficio Nº 012-2022, recibido por el juzgado décimo del municipio valencia del estado Carabobo, y así manifestarle al tribunal que cumplido con su función de correo especial designado y juramentado. Siendo agregado mediante auto de fecha 7 de mayo de 2022. Mediante auto de fecha 07 de mayo del 2022, el tribunal ordeno agregar diligencia de fecha 24 de febrero del 2022 y sus anexos. En fecha 17 del mayo de 2022, se recibió escrito de reforma de la demanda debidamente presentado de forma física por el abogado Francisco Javier RodríguezBolívar inscrito en el IPSA bajo el Nº 48.646, apoderado judicial de la parte demandante, constante de dieciocho (18) folios útiles. En la misma fecha se agregó a las actas que conforman el expediente. Mediante diligencia de la fecha 02 de junio de 2022, compareció ante el tribunal el abogado Francisco Javier Rodríguez Bolívar, inscrito en el IPSA bajo el Nº48.646, apoderado parte demandante. A los fines de consignar copias del poder que le fuese otorgado junto a otros colegas por ante la Notaria Publica de Tinaquillo estado Cojedes, autenticado con el Nº8, tomo 3, folio 23 hasta el 25 de fecha 25 de mayo de 2022, y solicito se les tenga como parte en la presente causa. Mediante auto de fecha 03 de junio del 2022, el tribunal acuerda lo solicitado en la diligencia presentada en fecha 02 de junio del 2022, en consecuencia, certifíquese por secretaria las copias solicitadas. Mediante diligencia de fecha 21 de junio del 2022, debidamente suscrita por el abogado Francisco Javier Rodríguez Bolívar, apoderado judicial de la ciudadana Elda del Valle Terán, parte demandante, a los fines de exponer que el tribunal debió decidir la admisión de la reforma dentro de los tres días siguientes a la presentación, en cuyo caso los veinte días adicionales para contestación de demanda a su juicio deben correr a partir del día de la admisión de la reforma de la demanda. En la misma mediante auto se ordenó agregarlo a los autos. Mediante auto de fecha 22 de junio de 2022, el tribunal admitió la reforma de la demanda, en consecuencia, ordeno la citación del demandado Jiacheng Feng, a fin de que comparezca dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes a dar contestación a la demanda. En esa misma fecha se libró la respectiva boleta de citación y de notificación. Se libró oficio Nº064-2022-A. Mediante diligencia de fecha 30 de junio de 2022 suscrita porel abogado Francisco Javier Rodríguez Bolívar, apoderado judicial de la ciudadana Elda del Valle Terán, parte demandante, a los fines de exponer y solicitar visto el acto de admisión de reforma de la demanda, solicito que se librara compulsa con orden de comparecencia de la parte demandada. En la misma fecha mediante auto se acordó de conformidad a lo solicitado y en consecuencia se designó como correo especial al apoderado judicial de la parte demandante.En fecha 11 de Julio de 2022, se recibió escrito presentado por el abogado Francisco Javier Rodríguez Bolívar, apoderado judicial de la ciudadana Elda del Valle Terán, parte demandante, debidamente inscrito en el IPSA bajo el Nº 48.646, constante de dos (02) folios útiles. Mediante diligencia de fecha 18 de Julio de 2022 suscrita por el abogado Francisco Javier RodríguezBolívar, apoderado judicial de la ciudadana Elda del Valle Terán, parte demandante, inscrito en el IPSA bajo el Nº 48.646, a los fines de consignar las resultas o exhortos remitidas al Tribunal Decimo del Municipio Valencia del Estado Carabobo. Mediante auto de fecha 20 de Julio de 2022, el tribunal ordena agregar a las actas las resultas de la comisión Nº4.243 remitida mediante oficio Nº185/2022, de fecha 14/06/2022, por el tribunal decimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo. Mediante auto de fecha 21 de Julio de 2022 el tribunal ordena primero: corregir el auto de la reforma de la demanda en cuanto a lo solicitado en el escrito segundo: citar al ciudadano Jiacheng Feng, tercero: dejo sin efecto las actuaciones que corren inserta a los folios 153, 154 y 155 del presente expediente, cuarto: se entregó al alguacil a los fines de que practicara la citación del demandado y se instó la parte demandante a proveer las copias fotostáticas del escrito de reforma, a los fines de la elaboración de la compulsa, quinto: se libró boleta de citación a la parte demandada de autos. Mediante diligencia de fecha 28 de Julio de 2022, suscrita por el abogado Francisco Javier Rodríguez Bolívar, apoderado judicial de la ciudadana Elda del Valle Terán, parte demandante, inscrito en el IPSA bajo el Nº 48.646, a los fines de solicitarle al tribunal que se le haga entrega de la compulsa a los fines de proceder a gestionar la citación personal del demandado. Mediante auto de fecha 01 de Agosto de 2022 el tribunal ordeno agregar la diligencia al expediente y ordeno expedir las copias certificadas del escrito de demanda y auto de admisión. Mediante diligencia de fecha 16 de septiembre de 2022, suscrita por el abogado Francisco Javier Rodríguez Bolívar, apoderado judicial de la ciudadana Elda del Valle Terán, parte demandante, a los fines de solicitar se le hiciera entrega de la compulsa o boleta al nuevo alguacil a los fines de tramitar la citación personal de la parte demandada. Mediante auto de fecha 20 de septiembre de 2022 el tribunal ordeno agregar dicha diligencia a los autos que conforman el presente expediente. Mediante diligencia de fecha 26 de septiembre de 2022 suscrita por el alguacil, a los fines de dejar constancia que le fue firmada por el ciudadano Jiacheng Feng, parte demandada. Mediante diligencia de fecha 04 de octubre de 2022 debidamente suscrita por el ciudadano Jiacheng Feng, parte demandada, a los fines de conferir poder Apud-Acta, a los abogados Jesús Vegas, José Sandoval y Marco Rodríguez, inscrito en el IPSA bajo el Nº311.826, 23.659 y 144.357. En la misma fecha mediante auto el tribunal ordeno agregarlo a las actas procesales. En fecha 21 de octubre de 2022, se recibió escrito de promoción de pruebas presentado por los abogados Jesús Vegas, José Sandoval y Marco Rodríguez, inscrito en el IPSA bajo el Nº 311.826, 23.659 y 144.357, apoderados judiciales de la parte demandada, constante de ocho (08) folios útiles. Mediante auto de fecha 24 de octubre del 2022, el tribunal acuerda agregar el escrito de promoción de pruebas presentado por los apoderados de la parte demandada. En fecha 27 de octubre de 2022 se recibió escrito de oposición de cuestiones presentado por el ciudadano Francisco Javier Rodríguez Bolívar, debidamente inscrito en el IPSA bajo el Nº 48.646, apoderado judicial de la parte demandada, constante de cinco (05) folios útiles. En la misma fecha mediante auto el tribunal ordeno agregarlo a las actas. Mediante auto de fecha 28 de octubre de 2022, el tribunal observando que la parte demandante contradijo las cuestiones precias opuesta respectivamente en fecha 27 de octubre de 2022, el tribunal dejo entrevecer que se está en el uso del lapso de articulación probatoria establecido en el artículo 352. En fecha 04 de noviembre de 2022, compareció el abogado Francisco Rodríguez, inscrito en el IPSA bajo el Nº 48.646, apoderado judicial de la parte demandante a los fines de presentar escrito de promoción de pruebas, constante de tres (03) folios útiles y un (01) anexo. Mediante auto de fecha 07 de noviembre del 2022, el tribunal ordeno agregar el escrito presentado a las actas procesales. En fecha 09 de noviembre de 2022 comparece el abogado José Vicente Sandoval, apoderado judicial de la parte demandada, a los fines de ratificar el escrito de cuestiones previas presentado. En fecha 15 de noviembre de 2022, compareció el abogado Francisco Rodriguez, inscrito en el IPSA bajo el Nº 48.646, parte demandante, a los fines de consignar escrito de conclusiones, constante de diez (10) folios útiles y un (01) anexo. En esta misma fecha se agregó a los autos que conforman el presente. En fecha 15 de Noviembre de 2022 el tribunal primero de primera instancia dicto sentencia interlocutoria donde se declaróPrimero: Sin lugar cuestión previa de la caducidad de la acción establecida en la ley prevista en el artículo 346 ordinal 10º Segundo: Con Lugar las Cuestión Previas de la inadmisibilidad de la demanda contenida en el ordinal 11º del citado artículo 346 del código de procedimiento Civil, propuesta por los apoderados judiciales JESUS ALEJANDRO VEGAS SERRANO, JOSE VICENTE SANDOVAL y MARCOS ANTONIO RODIGUEZ MARRERO. Venezolanos, titulares de las cedulas de identidad Nros. V-27.657.864, V-7.050.765 y V-15.299.943, inscritos en el IPSA bajo los Nros. 311.826, 23.659 y 144.357, en contra del ciudadano Francisco Javier Rodriguez Bolívar, inscrito en el Instituto de previsión social del abogado bajo el Numero 48.646 en su condición deapoderado judicial de la ciudadana Elda del Valle Silva Terán, venezolana, mayor de edad titular de la cedula de identidad Nº V-7.533.146. Mediante diligencia de fecha 22 de noviembre de 2022, presentada por el ciudadano Francisco Rodriguez, inscrito en el IPSA bajo el Nº 48.646, apoderado judicial de la parte demandante, a los fines de apelar la sentencia de fecha 15 de noviembre de 2022. Mediante auto de fecha 25 de noviembre de 2022 el Tribunal de la causa oye la apelación en ambos efectos. En consecuencia, se ordenó remitir junto con oficio al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario el expediente para que conozca dicha apelación. Mediante auto de fecha 28 de noviembre de 2022, se recibe por ante esta alzada el expediente Nº 11.740, (Nomenclatura interna del tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes). En consecuencia, se dejan transcurrir cinco (05) días de despacho siguientes a este, para que las partes si así lo consideren soliciten la constitución de asociados. En esta misma fecha se le dio entrada bajo el Nº 1256. Mediante auto de fecha 5 de diciembre del 2022, se deja constancia del vencimiento del lapso para que las partes inmersas en la presente controversia, consignen sus informes. En fecha 6 de diciembre de 2022, comparece el apoderado judicial del ciudadano Jiancheng Feng, parte codemandado, a los fines de le sea expedida copia simple de la sentencia interlocutoria, folios 286 al 299. Siendo acordadas mediante auto de esta misma fecha. En fecha 15 de diciembre de 2022, comparece la parte co-demandada Ciudadano Jiangcheng Feng, a los fines de consignar escrito de informes. Siendo agregado mediante auto de esta misma fecha. En fecha 9 de enero de 2023, comparece la parte actora a los fines de consignar escrito de informes. Siendo agregada a las actas mediante auto de esa misma fecha. Mediante Auto de fecha 9 de enero de 2023, se deja constancia del vencimiento del lapso para la consignación de informes en la presente causa, siendo consignados oportunamente por ambas partes. Esta superioridad deja transcurrir el lapso de 8 días de despacho para que las partes inmersas consignen observaciones a los informes presentados. En fecha 19 de enero de 2023, comparece la parte actora a los fines de consignar escrito de observaciones a los informes presentados. Siendo agregado mediante auto de esa misma fecha. Mediante auto de fecha 19 de enero de 2023, se deja constancia del vencimiento del lapso para la consignación de observaciones a los informes presentados. En consecuencia, se dejan transcurrir sesenta (60) días continuos para dictar la correspondiente sentencia. Mediante auto de fecha 21 de marzo del 2023, el Tribunal por cumulo de causas cursando en trámite de sentencia, difiere por una sola vez, el pronunciamiento de la sentencia, por el lapso de treinta (30) días. En fecha 28 de Abril de 2023 el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Transito dicto Sentencia Interlocutoria con Fuerza Definitiva donde declaro Primero: Se repone la presente causa al estado de que elJuez de Instancia restablezca el orden procesal y ordene la citación de la vendedoraarrendataria ciudadana Ana Josefa Agüero Chejade, y/o cualquier apoderado o facultado en su nombre, para así garantizarle el derecho a la defensa que le asiste en el presente juicio, de conformidad a lo previsto en el artículo 26,49 y 257 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Segundo: Se anula la sentencia dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia en fecha 15 de noviembre de 2022, Tercero: se condena en costa a la parte actora de conformidad con lo establecido en los artículos 274 y 281 del Código de Procedimiento Civil. , Cuarto:por cuanto la presente decisión se publica fuera de la oportunidad legal prevista para ellos, seordenó notificar a las partes. Mediante diligencia de fecha 04 de abril de 2023 presentada por el abogado Francisco Javier Rodríguez Bolívar, apoderado judicial de la parte demandante, a los fines de solicitar aclaratoria de la sentencia dictada en fecha 28 de abril de 2023, al referido al particular tercero. En esta misma fecha se ordenó agregar a las actas que conforman el presente expediente. En fecha 05 de Abril de 2023 el Juzgado Superior Civil, Mercantil del Tránsito y Bancario el Circunscripción Judicial del estado Cojedes el cual declaro: procedente la aclaratoria solicitada, sobre la particular Tercero de la sentencia dictada por esta sentencia por esta instancia en fecha 28 de abril del 2023, en lo que respecta, al particular debiendo decir “Tercero: por la naturaleza de lo decidido, no se condena en costas, en atención a lo establecido en los artículos 274 y 281 del código de procedimiento civil” y así se corrige en el texto íntegro de la sentencia debiendo ser impresa nuevamente el texto íntegro de la misma. En fecha 28 de abril de 2023 el Juzgado Superior Civil, Mercantil del Tránsito y Bancario el Circunscripción Judicial del estado Cojedes el cual dicto Sentencia Interlocutoria. Mediante auto de fecha 19 de mayo de 2023, el tribunal dejo constancia que venció el lapso para que las partes soliciten Recurso de Casación, no haciendo uso del mismo ninguna de las partes. Mediante auto de fecha 22 de Abril de 2023, el tribunal dejo definitivamente firme la decisión dictada en fecha 28 de mayo de 2023, también acordó remitir el expediente ut supra identificado, al Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, en consecuencia désele salida y remitas con oficio Nº059-2023, al juzgado antes indicado. Mediante auto de fecha 25 de mayo de 2023 se recibió expediente proveniente del Tribunal Superior Civil, dándole entrada bajo el Nº11.704. Mediante auto de fecha 01 de junio del 2023, el tribunal en aras de garantizar los preceptos constitucionales y a los fines de impulsar la presente causa hasta su conclusión como garantía de la efectiva tutela judicial ordena citar a la ciudadana Ana Josefa Agüero Chejade, a fin de que comparezca por ante el tribunal, dentro de los veinte (20) días de despacho siguientes, a dar contestación a la demanda propuesta en su contra. Así mismo se ordenó librar comisión por lo tanto remítase al Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutorde Medidas del Municipio Valencia, Libertador, Los Guayos, Naguanagua y San Diego del estado Carabobo. Mediante auto de fecha 06 de junio de 2023, el tribunal ordenó abrir Segunda Pieza, por cuanto la primera pieza de este expediente contiene Cuatrocientos veintiséis (426) folios, el cual se hace incómodo para el manejo, la cual se iniciará con copias certificada de este auto. Pieza Nº 2 Mediante diligencia de fecha 20 de junio del 2023, comparece ante el tribunal Ylayali Enriqueta Herrera Aguirre, inscrita en el IPSA bajo el Nº 157.443, apoderada judicial de la parte demandada a los fines de solicitar sean expedidas copias simples de la decisión proferida por el tribunal. Mediante diligencia de fecha 20 de junio del 2023, comparece ante el tribunal Ylayali Enriqueta Herrera Aguirre, inscrita en el IPSA bajo el Nº 157.443, apoderada judicial de la parte demandada a los fines de consignar copia de poder apud- acta marcado con la letra “A”. Mediante auto de fecha 21 de junio del 2023, el tribunal acuerda Primero: ordena agregar la mencionada diligencia a los autos que conforman el presente asunto, Segundo: se acuerda lo solicitado y se ordena expedir las copias simples. Mediante diligencia de fecha 03 de Julio del 2023, comparece el ciudadano José Vicente Sandoval, abogado en ejercicio inscrito en el IPSA bajo el Nº 23.659, a los fines de solicitar se le notifique a la abogada apoderada judicial de la parte demandada. En fecha 03 de julio del 2023, la abogada Hilsy Alcántara en su carácter de jueza especial suplente del Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y bancario, se inhibe al conocimiento de la causa. Mediante auto de fecha 06 de julio del 2023, deja constancia que venció el lapso de allanamiento de conformidad con el artículo 86 del código de procedimiento civil. Mediante auto de fecha 07 de julio del 2023, el tribunal orden remitir al Tribunal Superior Civil las actuaciones, para que conozca de la inhibición planteada, a su vez se ordena aperturar cuaderno de inhibición, el cual se iniciara con copia certificada y del presente auto. En la misma fecha se remitió las copias certificadas al Tribunal Superior mediante oficio Nº 110-2023 y se remitieron las actuaciones al tribunal segundo de primera instancia, en lo civil, mercantil, tránsito y bancario con el Nº 111-2023. Mediante auto fecha 11 de julio del 2023, el tribunal da entrada al expediente en vista de la inhibición planteada, se le dio entrada bajo el Nº6151. Mediante auto de fecha 17 de julio del 2023, El tribunal en aras de garantizar los preceptos constitucionales con el objetivo de impulsar la presente causa hasta su conclusión como garantía de la efectiva tutela judicial, ordena librare boleta de citación a la ciudadana Ana Josefa Agüero Chejade, para que comparezcan por ante este juzgado y manifiesten dentro del lapso establecido. Mediante diligencia de fecha 25 de julio del 2023, comparece el abogado Francisco Rodriguez, inscrito en el IPSA bajo el Nº 48.646, una vez vista la comparecencia de laapoderada judicial de la parte demandada, a los fines de solicitar se le expida copia simple de la pieza completa Nº2 del expediente. Mediante diligencia de fecha 26 de julio del 2023, comparece la ciudadana Ylayali Herrera, inscrita en el IPSA bajo el Nº157.443, a los fines de ratificar la solicitud de copias ya interpuesta de la decisión proferida y de la sentencia del Tribunal de Alzada. Mediante auto de fecha 27 de julio del 2023, se acuerda expedir las copias simples solicitadas por la parte demandante mediante diligencia. Mediante auto de fecha 31 de julio del 2023, el tribunal una vez revisada la diligencia presentada por el abogado Francisco Rodríguez, en consecuencia, téngase a la codemandada Ana J. Agüero Chejade, como tácitamente citada desde el día veintiséis (26) de julio del año 2023, ello con fundamento a los derechos a una tutela judicial efectiva y la garantía a un debido proceso exento de formalidades inútiles, tal como lo preceptúa el artículo 216 del Código de Procedimiento Civil. Mediante auto de fecha 01 de agosto del 2023, se deja constancia que venció el lapso de comparecencia para ratificas las actuaciones de los colitigantes litisconsortes necesarios pasivo y asumir la causa en el estado en el que se encuentra o en su defecto solicitar la reposición de la causa. Mediante auto de fecha 7 de agosto del 2023, visto el auto dictado en fecha primero(1º) de agosto del 2023, donde se dejó constancia del vencimiento del lapso de tres(03) días de despacho para que la ciudadana Ana Josefa Agüero Chejade, en su carácter de codemandada y parte del litisconsorcio pasivo necesario, compareciera y manifestara si ratificara las actuaciones realizadas en el presente juicio u aceptara el mismo en la etapa procesal que se encuentra, se observa de las actas que la precipitada ciudadana fue citada en fecha veintiséis (26) de julio del 2023, en la persona de su apodera judicial, por lo que se presume que acepta el juicio y no tiene objeción alguna en continuar la causa es el estado que se encuentra, en consecuencia es por lo que, el Tribunal con base a lo antes expuesto se ordena fijar el lapso de sesenta (60) días para dictar la sentencia. Mediante diligencia de fecha 14 de agosto del 2023, comparece ante el tribunal el abogado Francisco Rodriguez, inscrito en el IPSA bajo el Nº 48.646, a loa fines de exponer: Primero: de conformidad con los artículos 111 y 112 del Código de Procedimiento Civil, le solicito al Tribunal que tenga a bien, expedir una copia certifica de la sentencia definitivamente firme de fecha 05 -05-2023, que corre en la primera pieza, Segundo: de conformidad con el articulo 197 ejusdem le solicita al tribunal que oficie al Juzgado de Primera instancia, requiriéndole que remita un cómputo de días hábiles, desde el día en que se recibió el expediente Nº 1256-2022, remitido a dicho Tribunal Superior, Tercero: Solicita que expida un cómputo de los días de despacho transcurridos desde el día que recibió el expediente Nº 11.704-2022, hasta el día de lunes 14 de agosto del 2023. En fecha 14 de agosto del 2023, comparece el Abogado Franciso Rodríguez, inscrito en el IPSA bajo el Nº 48.646, a los fines de consignar escrito de ratificación de las pruebas, constante de tres (03) folios útiles. En la misma fecha se acordó agregarlo a las actas.Mediante auto de fecha 20 de septiembre del 2023, el tribunal acuerda lo solicitado mediante diligencia de fecha 14 de agosto del 2023, presentada por el abogado Francisco Rodriguez, inscrito en el IPSA bajo el Nª 48.646, al Tribunal de Primera Instancia, que remita cómputos a dicho Tribunal de los hábiles desde que se recibió el expediente 1256- 2022, y ordeno realizar el cómputo de los días de despacho Transcurridos desde el día que se recibió ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia. En la misma fecha se libró oficio Nº05-343-144-2023, Mediante auto de fecha 20 de septiembre, dando cumplimiento a lo solicitado mediante diligencia de fecha 14 de agosto del 2023, presentada por el abogado Francisco Rodriguez, inscrito en el IPSA bajo el Nº 48.646, el tribunal de acuerdo a lo solicitado consigna computo. En fecha del 02 de octubre del 2023, se recibió cómputo solicitado del Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, desde el 16 de febrero del 2022 al 10 de julio del 2023. En la misma fecha se agregó mediante auto. Mediante diligencia de fecha 16 de octubre del 2023, comparece el apoderado de la parte demandante, a los fines de exponer: visto el auto dictado por el tribunal en fecha lunes 7 de agosto de 2023 y que corre en el folio 26, por cuanto el mismo es un error involuntario del juzgado que podría causar un perjuicio irreparable para las partes y posteriormente puede ser objeto de una reposición, de conformidad con los artículos 206, 207,208 ejusdem. Mediante diligencia de fecha 17 de octubre del 2023, comparece el abogado Jesús Vega, inscrito en el IPSA bajo el Nº 311.826, a los fines de exponer que el auto dictado por el tribunal en fecha 07 de octubre del 2023, podría causar un perjuicio irreparable y se procede de conformidad con lo planteado por la sentencia del juzgado superior. Mediante auto de fecha 19 de octubre del 2023, el tribunal acuerda revocar el auto dictado en fecha 07 de octubre del 2023 fijando el lapso de diez (10) días de despacho siguiente a este para que el tribunal se pronuncie sobre las cuestiones previas alegadas en la presente causa. Mediante auto de fecha 23 de octubre del 2023, se deja constancia que se recibió oficio Nº 0329-2023, emanado del Tribunal Décimo Noveno de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, junto con comisión NºAP31-F-C-2022-000341, el tribunal ordena agregarlo a las actas. Mediante diligencia de fecha 30 de octubre del 2023, el apoderado judicial de la parte demandante el abogado Francisco Rodríguez, inscrito en el IPSA bajo el Nº 48.646, a los fines de apelar en un solo efecto al auto de fecha 19 de octubre del 2023. Mediante 02 de noviembre del 2023, de conformidad con lo apelado en la diligencia de fecha 30 de octubre del 2023, el tribunal acuerda oír la apelación en un solo efecto y acuerda expedir las copias certificadas que rielan en el folio cuarenta y cinco(45), correspondiente al auto motivado en la pieza Nº 02.En fecha 06 de noviembre del 2023, comparece al abogado Robert Matheus, inscrito en el IPSA bajo el Nº 157.400, a los fines de consignar escrito contentivo de tres (03) folios útiles. En la misma fecha mediante auto se ordenó agregar a las actas. Mediante diligencia de fecha 07 de noviembre del 2023, a los fines de solicitar el tribunal remita al tribunal de alzada lo siguiente: Primero: de la sentencia aclaratoria (interlocutoria) definitivamente firme dictada por el juzgado superior en fecha 5 de mayo del 2023, que corre inserta de los folios 375 al 418, Segundo: de la sentencia interlocutoria (cuestiones previas) dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, de fecha 15 de noviembre del 2022 que corre al folio 286 al 299, Tercero: el audio de fecha 1 de junio del 2023, que corre en los folios 422,423,424 y 425 sin Vto, Cuarto: el escrito presentado por la apoderada judicial de la ciudadana Ana Josefa Agüero Chejade identificada en auto de fecha 20 de junio 2023 y corre desde el folio 01 hasta el 08 Vto, de la segunda pieza. Quinto: de la diligencia de fecha 03 de julio del 2023 que corre en el folio 09. Sexto: del auto dictado por el Tribunal en fecha 06 de julio del 2023 que corre en los folios 17 y 18 sin vto. Octavo: de las actuaciones que corren en los folios 19, 20,21 y 22 sin vto. Noveno: del auto dictado por el Tribunal el 31 de julio del 2023 que corre en el folio 24, Decimo: del auto dictado por el Tribunal el 01 de agosto del 2023 que corre en el folio 25. Undécimo Primero: el auto dictado por el tribunal en fecha 19 de octubre del 2023 que corre al folio 45. Décimo Segundo: de esta solicitud y del auto que las acuerda y Décimo Tercero: de las actas o actuaciones que el Tribunal tenga a bien considerar pertinentes remitir al Tribunal de alzada. Mediante auto de fecha 09 de noviembre del 2023, el tribunal acuerda oír la apelación en un solo efecto y asimismo ordena realizar cómputos de las últimas actuaciones. En fecha 09 de noviembre del 2023, Mediante oficio Nº 05-343-175-2023, se remitió el expediente en un solo efecto. Mediante auto de fecha 09 de noviembre del 2023, se difiere la publicación de la sentencia para el tercer (03) día de despacho siguiente. Mediante auto de fecha 11 de noviembre del 2023, el tribunal ordena expedir las copias certificadas solicitadas en diligencia de fecha 13 de noviembre del 2023. Mediante diligencia de fecha 22 de noviembre del 2023, comparece el apoderado judicial de la parte demandante, el abogado Francisco Rodriguez, inscrito en el IPSA bajo el Nº 48.646, mediante la cual solicita al tribunal expedir copias certificadas de los días de despacho transcurridos desde el día 26 de julio del 2023 hasta el día 22 de noviembre de 2023, ambos inclusive y copia certificada de los folios 33 al 38 sin vto. Mediante auto de fecha 28 de noviembre del 2023, el tribunal ordena expedir las copias certificadas solicitadas mediante diligencia de fecha 22 de noviembre del 2023. Mediante diligencia de fecha 07 de diciembre del 2023, comparece ante el tribunal el ciudadano José Vicente Sandoval, inscrito en el IPSA bajo el Nº 236.659, solicita expedir copias simples de la siguiente folios del 04 al 21 de la pieza Nº 01; del 122 al 139, de la pieza 01; del 213, del 216 al 223; del 225 al 229; del 286 al 299; del 301; del 308 al 332; del347 al 366; del 375 al 417; de la pieza 02 los siguientes folios: del 2,9,10 al 11,17,24,20,26,27,28 al 31, 21, 44,45,77,79 al 81, 87. Mediante auto de fecha 13 de diciembre del 2023, el tribunal acuerda expedir las copias solicitadas mediante diligencia de fecha 07 de diciembre del 2023. Mediante diligencia 19 de diciembre del 2023, comparece ante el tribunal el abogado Francisco Rodríguez, inscrito en el IPSA bajo el Nº 48.646, a los fines de solicitarle al juez que digno tribunal realice una revisión o sanee de manera minuciosamente, el presente juicio, con el bien entendido de que si se encuentra con algún desorden procesal dentro de la causa, sean ordenados, saneados en sus vicios constitucionales que podrían conducir a una justicia ineficaz, opaca y perjudicial al derecho de defensa. En fecha 19 de enero del 2024, se recibió oficio Nº 007/2024, emanado del tribunal Superior Civil, a los fines de solicitar copias certificadas de las siguientes actuaciones auto emitido por el Tribunal Aquo en fecha 30 de octubre del 2023, en el expediente Nº 6151. Mediante auto de fecha 23 de enero del 2024, el tribunal acuerda enviar copias certificadas solicitadas más el auto de fecha dos (02) de noviembre del año 2023, que riela en el folio sesenta y ocho (78) así mismo se ordenó agregarlos a los autos. En la misma fecha se remitió oficio tanta respuesta signada bajo el Nº 05-343-015-2024. En fecha 20 de febrero del 2024, el tribunal dictó sentencia interlocutoria (sin lugar la cuestión previa) declarando: Primero: Declara sin lugar las cuestiones previas de caducidad de la acción y prohibición de ley invocada por el ciudadano Jiancheng Feng, representando judicialmente por los abogados Jesús Alejandro Vegas, José Vicente Sandoval, en su carácter parte demandada, contenida en los ordinales 10º y 11º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, todos identificados en actas. Segundo: Se emplaza a la parte demandada a dar contestación a la demanda dentro de los cinco (05) de despacho siguientes, contados a partir de la notificación de la publicación del presente fallo, conforme a lo establecido en los artículos 4º artículo 358 del Código de Procedimiento Civil. - Se condena en costas a la parte demandada conforme a lo establecido en el artículo 276 del Código de Procedimiento Civil. Se ordena librar boleta de notificación. Mediante diligencia de fecha 21 de febrero del 2024, comparece el abogado Francisco Rodriguez inscrito en el IPSA bajo el Nº 48.646, a los fines de solicitar copias simples de la sentencia interlocutoria Nº 104, que corre al folio 107 al 123. Mediante diligencia de fecha 26 de febrero del 2024, comparece el abogado Francisco Rodríguez inscrito en el IPSA bajo el Nº 48.646, a los fines de solicitar que se corrija o subsane dicha omisión a los fines de respetar el derecho de defensa y evitar reposiciones inútiles. Mediante auto de fecha 27 de febrero del 2024, el tribunal acuerda expedir las copias solicitadas mediante diligencia de fecha 21 de febrero del 2024. Mediante diligencia de fecha 28 de febrero del 2024, comparece ante el tribunal el apoderado judicial de la parte demandante a los fines de solicitar dos (02) juegos de copias certificadas de la sentencia interlocutoria dictada el día martes 20 de febrero de 2024.Mediante diligencia de fecha 28 de febrero del 2024, comparece el abogado Jesús Alejandro Vegas, apoderado judicial de la parte demandada, a los fines de apelar a la sentencia interlocutoria dictada en fecha 20 de febrero del 2024, estando dentro de la oportunidad legal. Mediante auto de fecha 05 de marzo del 2024, el tribunal acuerda agregar el expediente remitido mediante oficio N| 028/2024, del Juzgado superior, en lo civil, Mercantil y del Tránsito de la circunscripción judicial Cojedes, constante de una (01) pieza de ciento treinta y cinco (135) folios útiles, de fecha 04 de marzo del 2024. Mediante auto de fecha 05 de marzo del 2024, el tribunal acuerda la apertura de una tercera (03) pieza, la cual se distinguirá con el N°03 y con copia certificada del presente auto. Pieza N° 03 Mediante diligencia de fecha 20 de marzo del 2024, comparece ante el tribunal el apoderado judicial de la parte demandante a los fines de solicitar la notificación vía electrónica de la ciudadana Ana Josefa Agüero Chejade, identificada, o de su apoderada judicial Abogada Ylayali Enriqueta Herrera Aguirre, identificada, en virtud de la sentencia interlocutoria de fecha 20 de febrero de 2024. Mediante auto de fecha 26 de marzo del 2024, el tribunal acuerda lo solicitado mediante diligencia debidamente suscrita por el apoderado judicial de la parte demandante, en consecuencia, se fijó lapso para efectuar la notificación vía telemática. Mediante diligencia de fecha 08 de abril de 2024, debidamente suscrita por el alguacil del tribunal Aquo, dejo constancia que luego de varios intentos no hubo comunicación con la ciudadana Ana Josefa Agüero Chejade, identificada. Mediante diligencia de fecha 09 de abril de 2024, debidamente suscrita por el alguacil del tribunal Aquo, dejo constancia que fue notificada efectivamente la ciudadana Ana Josefa Agüero Chejade, identificada. Mediante diligencia de fecha 11 de abril de 2024, debidamente suscrita por el apoderado judicial de la parte demandante abogado Francisco Javier Rodríguez Bolívar, identificado, mediante la cual apelo a la sentencia interlocutoria proferida por el Tribunal Aquo en fecha 20 de febrero del 2024. Mediante escrito de fecha 11 de abril del 2024, debidamente suscrita por el apoderado judicial de la parte demandante abogado Francisco Javier Rodríguez Bolívar, identificado, mediante la cual apelo a la sentencia interlocutoria proferida por el Tribunal Aquo en fecha 20 de febrero del 2024. Mediante diligencia de fecha 16 de abril de 2024, debidamente suscrita por el apoderado judicial del parte demandado (tercero involucrado) abogado Jesús Alejandro Vegas Serrano, identificado, mediante la cual ratifico la apelación de la sentencia proferida por el Tribunal Aquo en fecha 20 de febrero de 2024. Mediante diligencia de fecha 17 de abril de 2024, debidamente suscrita por la apoderada judicial de la parte demandada abogada Ylayali Herrera, identificada, mediante la cual apelo la decisión proferida por el Tribunal Aquo en fecha 20 de febrero de 2024.Mediante auto de fecha 17 de abril de 2024, se dejó constancia del vencimiento del lapso de apelación de sentencia interlocutoria dictada en fecha 20 de febrero de 2024 por el Tribunal Aquo. Mediante auto de fecha 17 de abril de 2024, se dejó constancia que el lapso para dar contestación a la demanda es de cinco (05) días de despacho siguientes a la fecha en que se oyó apelación. Mediante auto de fecha 18 de abril de 2024, el Tribunal ordena oír las apelaciones planteadas en un solo efecto, en consecuencia, remitió el presente expediente al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes a los fines que conozca de la apelación planteada. Mediante escrito de fecha 29 de abril de 2024, debidamente suscrita por el Apoderado Judicial de la parte demandante, mediante la cual solicito fuera remitido al Tribunal de Alzada las copias certificadas de algunas de las actuaciones que corren insertas en el presente expediente, así como los cómputos respectivos. Mediante escrito de fecha 30 de abril de 2024, debidamente suscrito por los apoderados judiciales de la parte demandada (tercero involucrado) dando contestación a la presente demanda por motivo de Retracto Legal. Mediante auto de fecha 30 de abril de 2024, se ordenó agregar a los autos el escrito de contestación de la demanda debidamente suscrito por la parte demandada (tercero involucrado) para que surta sus efectos legales consiguientes. Mediante auto de fecha 30 de abril de 2024, se dejó constancia del vencimiento del lapso de contestación de la demanda. Mediante diligencia de fecha 06 de mayo de 2024, debidamente suscrita por el apoderado judicial de la parte accionante solicito copia simple de algunos de los autos que corren insertas en el presente expediente para que surta sus efectos legales consiguientes. Mediante diligencia de fecha 06 de mayo de 2024, debidamente suscrita por el apoderado judicial de la parte accionante mediante la cual solicito copia simple de algunas de las actuaciones que corren insertas en el presente expediente. Mediante auto de fecha 08 de mayo de 2024, se ordenó agregar a las actuaciones que corren insertas en el presente expediente la diligencia consignada por el apoderado judicial de la parte accionante. Mediante auto de fecha 17 de mayo de 2024, la abogada Hilsy Alcántara Villarroel, en su carácter de Juez Provisoria del Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, ordeno remitir el presente expediente al Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, en virtud de la inhibición planteada en fecha 12 de julio del 2023y declarada CON LUGAR por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, se remiten las tres(03) piezas y los dos(02) cuadernos separados.Mediante auto de fecha 23 de mayo del 2024, en virtud de la designación como jueza suplente especial del Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción judicial del estado Cojedes, según oficio CJCC N° 107-2024 y debidamente juramentada ante la rectoría de esta Circunscripción judicial del estado Cojedes, según acta N°19 de fecha 20 de mayo del 2024, El tribunal ordena: Abocarse al conocimiento de la causa, y se fija tres(03) días de despacho, a los fines de que las partes procedan, si existiere cualquier motivo para ejercer el derecho de recusación. Mediante auto de fecha 30 de marzo del 2024, el tribunal ordena reanudar la causa en el estado en que se encuentre. Mediante diligencia de fecha 03 de junio del 2024, comparece ante el tribunal el apoderado judicial de la parte demandante, a los fines de solicitarle al tribunal remita mediante oficio al Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción judicial del estado Cojedes, solicitud de los cómputos de los días de despacho desde el día martes 30 de abril del 2024, hasta el día viernes 17 de mayo. Mediante auto de fecha 04 de junio del 2024, el tribunal acuerda lo solicitado y ordena, Primero: Oficiar al Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción judicial del estado Cojedes a los fines de expedir cómputos de despacho desde el día 30 de abril hasta el día 17 de mayo de 2024 ambas fechas inclusive, ofíciese lo conducente. Segundo: Se ordena a la secretaria del Tribunal expedir computo de los días de despachos desde el día 20 de mayo del año 2024, fecha en que fue recibida la causa, hasta el día 03 de junio del 2024 ambos inclusive. Tercero:se ordena agregar la mencionada diligencia, a los autos que conforman el presente asunto, a los fines de que surta sus efectos legales. En fecha 06 de Junio del 2024, se recibió oficio N° 05-343-136-2024, emanado del Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción judicial del estado Cojedes, remitiendo los cómputos de los días de despacho solicitados. Mediante auto de fecha 07 de junio del 2024, el tribunal acuerda agregar los cómputos remitidos mediante oficio. Mediante diligencia de fecha 10 de junio del 2024, comparece el abogado Jesús Alejandro Vega, inscrito en el IPSA bajo el N° 311.826, a los fines de solicitarle el pronunciamiento sobre lo solicitado. En fecha 10 de junio del 2024, comparece el ciudadano Rober Antonio Matheus Vitriago, coapoderado de la ciudadana Elda del Valle Silva Terán, a los fines de consignar escrito de promoción de pruebas, constante de tres (03) folios útiles y catorce (14) anexos. Mediante auto de fecha 11 de junio del 2024, el tribunal acuerda agregar la diligencia consignada por el abogado Jesús Vegas, inscrito en el IPSA bajo el N° 311.826, apoderado de la parte demandada, reservando el pronunciamiento de la misma por auto separado. Mediante auto de fecha 11 de junio del 2024, el tribunal ordena agregar el escrito de promoción de pruebas presentado por el apoderado judicial de la parte demandante.Mediante auto de fecha 13 de junio del 2024, fue remitido del Tribunal Segundo de Primera Instancia Civil de esta circunscripción Judicial del estado Cojedes, en virtud a la inhibición de la juez a conocer de la causa, el Tribunal habiendo revisado exhaustivamente cada uno de los actos que conforman la presente demanda, observa el tribunal que en auto de admisión de fecha 16 de febrero del 2022 el tribunal por error involuntario de transcripción se omitió establecer el articulado correspondiente al procedimiento por el cual sería llevada la demanda, por lo que el tribunal en aras de garantizar el debido proceso, la tutela judicial efectiva por razones de celeridad procesal, derecho de petición y oportuna respuesta, el derecho a la defensa y la igualdad de las partes en el proceso, en virtud de la naturaleza propia de la demanda por retracto legal, siendo el procedimiento oral el correspondiente, por cuanto se observa que se cumplió con todo el recorrido procesal quedando este en etapa de sentencia. Mediante diligencia de fecha 17 de junio del 2024, comparece el abogado Jesús Vega, inscrito en el IPSA bajo el N° 311.826, apoderado judicial de la parte demandada, a los fines de apelar al auto de fecha 13 de junio del 2024. Mediante auto de fecha 18 de junio del 2024, el tribunal en razón de lo expuesto el tribunal niega lo solicitado en concordancia con los principios constitucionales de derecho a la defensa y economía procesal, establecidos en los artículos 49 y 257 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Mediante diligencia de fecha 19 de junio del 2024, comparece ante el tribunal ciudadano Jiancheg Feng, por medio la cual revoca poder apud-acta que confirió a los abogados que hasta ahora llevan la causa que se lleva por ante este tribunal, en calidad de demandado. Mediante diligencia de fecha 19 de junio del 2024, comparece ante el tribunal ciudadano Jiancheg Feng a los fines de conferir Poder apud-acta al ciudadano Giovanny Rafael Machado Camacho, abogado en ejercicio inscrito en el IPSA bajo el N° 260.618. Mediante diligencia de fecha 20 de junio del 2024, comparece el apoderado judicial de la parte demandante, el abogado Francisco Rodriguez, inscrito en el IPSA bajo el N° 48.646, a los fines de exponer que el escrito de promoción de pruebas de fecha 10 de junio del 2024, por error involuntario, le señalo al tribunal que en dicho escrito aparece el abogado Rober Antonio Matheus Vitriago, inscrito en el IPSA bajo el N° 157.400 y ratifica inextenso total y absolutamente dicho escrito de prueba y sus anexos. Que se tome en consideración que se presentó en tiempo útil. En la misma fecha consigno el escrito constante de tres (03) folios útiles. En fecha 01 de julio del 2024, el tribunal dictó sentencia interlocutoria quedando en los siguientes términos: Primero: CON LUGAR LA CADUCIDAD DE LA ACCION. Segundo: SIN LUGAR LA PRESENTE DEMANDA DE RETRACTO LEGAL ARRENDATICIO, presentada por la ciudadana ELDA DEL VALLE SILVA TERAN, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° 7.5333.146, en contra de los ciudadanos ANA JOSEFA AGÜERO CHEJADE, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-2.349.578 yJIACHENG FENG, de nacionalidad china, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° E-84.8428.082. No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del fallo. Mediante diligencia de fecha 09 de julio del 2024, comparece el apoderado judicial de la parte demandante, a los fines de solicitar un (01) juego de copia simple de la sentencia dictada en fecha 01 de julio del 2024. Mediante auto de fecha 10 de julio del 2024, el tribunal acuerda lo solicitado mediante diligencia por el apoderado judicial de la parte demandante. Mediante diligencia de fecha 11 de julio del 2024, comparece el apoderado judicial de la parte demandada, el abogado Giovanni Machado, a los fines de garantizar la tutela judicial efectiva, expone que la ciudadana Ana Josefina Chejade se encuentra domiciliada en el estado Carabobo, solicita sea notificada via telefónica. Mediante auto de fecha 16 de julio del 2024, el tribunal acuerda: Primero: agrega la diligencia consignada a las actas procesales. Segundo: de conformidad con lo solicitado y en virtud a lo establecido en la Resolución 001-2022, dictada por el Tribunal Supremo de Justicia, se fija audiencia telemática para el día 25 de julio del año 2024, a las diez (10:00a.m) de la mañana, el cual se realizara al número de teléfono móvil aportado por el solicitante. Mediante auto de fecha 25 de julio del 2024, el tribunal en vista de no presentarse ninguna de las partes a las puertas del tribunal declara Desierto el mismo por mandato de ley. Mediante diligencia de fecha 25 de julio del 2024, el apoderado judicial de la parte demandada, solicita nueva oportunidad para que la ciudadana Ana Josefa Agüero sea notificada vía telemática. Mediante auto de fecha 29 de julio del 2024, el tribunal acuerda: Primero: agrega la diligencia consignada a las actas procesales. Segundo: de conformidad con lo solicitado y en virtud a lo establecido en la Resolución 001-2022, dictada por el Tribunal Supremo de Justicia, se fija audiencia telemática para el día 07 de Agosto del año 2024, a las diez (10: 00a.m) de la mañana, el cual se realizara al número de teléfono móvil aportado por el solicitante. Mediante acta de fecha 07 de septiembre del 2024, el tribunal deja constancia de la audiencia celebrada el día 07 de agosto del 2024, a las once de la mañana (11:00 am), se notificó mediante vía telemática a la ciudadana Ana Josefina Agüero Chejade. Mediante diligencia de fecha 08 de agosto del 2024, comparece el abogado Francisco Rodríguez inscrito en el IPSA bajo el N° 48.646, a los fines de exponer su apelación contra el fallo dictado por el tribunal en fecha 01 de julio del 2024. Mediante auto de fecha 09 de agosto del 2024, el tribunal acordo agregar la diligencia presentada a las actas procesales. Mediante auto de fecha 14 de agosto del 2024, dejando constancia del vencimiento para la apelación de la sentencia dictada por el tribunal, siendo ejercido el derecho por el apoderado judicial de la parte demandante.Mediante diligencia de fecha 16 de septiembre del 2024, comparece el abogado Giovanni machado, a los fines de solicitar copia simple de los folios 184 al 198 y del 214 al 218. Mediante auto de fecha 16 de septiembre del 2024, el tribunal deja constancia de que por error involuntario, se realizó corrección de foliatura de la primera (01) pieza, del folio 163 al 201, del 243, del 248 al 251, del folio 255, del folio 263 al 425. Pieza N°02 desde el folio 47 al 75, del folio 138 al folio 272. Pieza N° 3, el folio 51, del folio 85 al folio 90, folio 93, folio 96,97,104,106,108,115,116,1118,120,124,130,131,134,138,142, del folio 170 al folio 211, en los cuales existen tachaduras y enmendaduras. Mediante auto de fecha 16 de septiembre del 2024, el tribunal acuerda oír la apelación en ambos efectos, en consecuencia, se remite al Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, se ordena certificar por secretaria los días de despacho. En la misma fecha se remitió mediante oficio Nº 124/2024. CUADERNO DE MEDIDAS Mediante auto de fecha 16 de febrero del 2022, se ordenó aperturar el presente cuaderno de medidas en virtud de las medidas solicitadas por la parte demandante Elda del Valle Silva Teran, identificada. CUADERNO DE INHIBICIÓN Mediante acta de inhibición de fecha 03 de julio de 2023, la Juez Suplente Especial del Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, se inhibe del conocimiento de la presente causa, en consecuencia, se ordena aperturar el presente cuaderno de inhibición. Mediante oficio Nº 110-2023, de fecha 07 de julio de 2023 la Jueza Suplente Especial del Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, se remitió el presente cuaderno de medidas constante de cinco (05) folios útiles al Juzgado Superior Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial a los fines que conozca sobre la inhibición planteada. Mediante auto de fecha 07 de julio de 2023, el Juzgado Superior Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial da entrada al presente cuaderno de inhibición signándole el número de expediente 1300 (nomenclatura interna del Juzgado Superior), en consecuencia, fijó lapso de tres (03) días para dictar la correspondiente sentencia. Mediante Sentencia de fecha 12 de julio de 2023, fue declarado con lugar la inhibición planteada por la Juez Suplente Especial del Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes Hilzy Alcántara, en consecuencia, se ordenó remitir copia certificada de la decisión para ser agregada en la causa principal por motivo de Retracto Legal. Mediante auto de fecha 12 de julio de 2023, se ordenó remitir el presente cuaderno de inhibición, mediante oficio Nº 082/2023 y 083/2023.II MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO Esta Alzada como órgano superior asume el conocimiento pleno de la controversia, y en tal sentido, tiene plena jurisdicción sobre el asunto apelado, lo que le permite descender a las actas procesales y revisar todo lo acontecido durante el desarrollo del iter procesal. Ahora bien, De conformidad con lo establecido en el ordinal 3° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, la controversia en el caso bajo análisis quedó planteada en los siguientes términos. Alegatos de la parte actora en su libelo de demanda Que en el caso Ciudadano(a) Juez(a), que mi poderdante en fecha 01/03/2006, inicio una relación Contractual de Arrendamiento, Con el ciudadano Juan Batista Sandoval, venezolano mayor de edad, divorciado, comerciante, titular de la cedula de identidad personal N V- 1.365.421, un (01) Local Comercial, distinguido con el N 12-85, Comprendido en mayor inmueble N 5-76, situado en la Avenida Ricaurte cruce con calle el Socorro, en la Ciudad de Tinaquillo Municipio Autónomo Falcón (Hoy Tinaquillo) de Estado Cojedes, por un lapso de tiempo se seis (06) meses, es decir, 1/03/200601/09/2006, desde allí en adelante, es decir, desde el vencimiento de ese primer contrato de Arrendamiento, se continuo dicha relación Arrendaticia de manera Consecutiva, reiterado e ininterrumpida y renovándose cada contrato de arrendamiento escrito anualmente, con la arrendadora, ANA JOSEFA AGÜERO CHEJADE, venezolana, mayor de edad, soltera, médico, titular de la cedula de Identidad Personal N V- 2.349.578, RIF. N V023495780 los cuales consigno marcados en guarismo o números, desde el 1 al 7, ambos y Todos inclusive:E5704500.00, N.109304.00, en una distancia de CUATRO METROS CON TRES CENTIMETROS (4,03 mts) al punto L-4 de coordenadas E:576043.00, N.1096300.00 con la Av. Ricaurte, según consta en Levantamiento Topográfico que fueron acompañados con destino al cuaderno de comprobantes respectivo, correspondiente a los particularizados del PLANO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO en coordenadas UTM (HUSO 19 DATUM REGVEN), es decir, pertenecientes al lote con las respectivas medidas y linderos, los cuales se determinan para los efectos jurídicos futuros y consiguientes. A la prenombrada parcela le corresponde un porcentaje del valor atribuido en relación al valor fijado del área destinada a la venta conforme al artículo 13 de la Ley de Ventas de Parcelas, ponderado en un CUATRO COMA DIEZ PORCIENTO (4.10%), en virtud de todas las cargas y obligaciones del Parcelamiento. Y el segundo Ocupado por la Sociedad Mercantil Ferretería El Mundo JUNHONG C.A. y el Rif.: J-40277652-7, representada por el Ciudadano: FENG JUNHONG, Titular de la Cédula deIdentidad Nro. E-84.492.956 y quien es el Vicepresidente de la empresa antes nombrada y descrito en la Parcela "A". PARCELA B: con una superficie de DOSCIENTOS DIECISEIS METROS CON VEINTIDOS CENTIMETROS CUADRADOS (26,22 M²); identificada con el número Catastral 09-0201-urbano-05- 35-27; ubicada en la Calle el Socorro N° 5-76, cruce con Av. Ricaurte de Tinaquillo, Municipio Tinaquillo del Estado Cojedes. Siendo sus linderos particulares los siguientes. NORTE: del punto L-4 de coordenadas E.576043.00, Ν. 109300.00, en una distancia de ONCE METROS COMA SESENTA Y CINCO CENTIMETROS (11,65 mts.) al punto L-11 de coordenadas E.576052.00, N.1096293.00, con terrenos que son o fueron de Ana Josefa Agüero y desde el punto L-11 de coordenadas E. 576052.00, Ν.1096293.00 en una distancia de CUATRO METROS CON DIEZ CENTIMETROS (4,10 mts), pasando por el punto L-8 de coordenadas E.576055.00, N. 1096297.00 en línea quebrada al punto L-7 coordenada E.506957.00, N.1096295.00 con terrenos que son o fueron de Ovidio Villamediana; SUR: del punto L-5 de coordenadas Primer: 01/03/2006-01/09/2006 Segundo: 01/09/2007-01/10/2008 Tercero: 01/10/2008-01/10/2009 Cuarto: 01/10/2009-01/10/2010 Quinto: 01/10/2010-01/10/2011 Sexto: 01/10/2011-01/10/2013. Séptimo: 01/10/2012 al 01/10/2013. Ultimo contrato de Arrendamiento escrito. Que dicho local comercial o inmueble, está constituido por dos (2) parcelas de terrenos y las bienhechurías, el primero ocupado por mi poderdante por más de dieciséis (16) años dos(2) meses y catorce (14) días y se refiere a la parcela "A". PARCELA A: con una superficie de CUARENTA Y OCHO METROS CON OCHENTACENTÍMETROS CUADRADOS (48,80 mts²); identificada con el Número Catastral: 09-02-01-URBANO-05-35-27A; ubicada en la Av. Ricaurte, N° 5-76A, cruce con Calle Socorro de Tinaquillo, Municipio Tinaquillo del Estado Cojedes. Siendo sus linderos particulares los siguientes: NORTE: del punto L-3 de coordenadas Ε.5704500, Ν. 109304.00, en una distancia de DOCE METROS CON VEINTE CENTIMETROS (12,20 mts.) al punto I-8 de coordenadas E.576055.00, Ν.1096297.00, con terrenos que son o fueron de Ovidio Villamediana; SUR: del punto L-4 de coordenadas E. 576043.00, N.1096300.00 en una distancia de ONCE METROS COMA SESENTA Y CINCO CENTIMETROS (11.65 MTS), al punto L-11 de coordenadas E.576052.00, N1096293.00, con terrenos que son o fueron de Ana Josefa Agüero; ESTE: desde el punto L-8 de coordenadas Ε.576055.00, Ν.1096297.00 en una distancia de CUATRO METROS CON DIEZ CENTIMETROS (4,10 mts), al punto L-11 de coordenadas E.576052.00 Ν.1096293.00, con terreno que son o fueron de Ana Josefa Agüero y OESTE: del punto L- 3 de coordenadasE.576035.00, Ν.1096289.00, en una distancia de QUINCE METROS (15 mts), AL PUNTO 1-6 DE COORDENADAS e.57604700, π. 1096280.00 CON LA Calle El Socorro ESTE: del punto L-7 de coordenadas E.506957.00, Ν.1096295.00 en una distancia de DIECISIETE METROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMETROS (17,67 mts), al punto L-6 de coordenadas E.57604700, Ν.1096280.00, con terrenos que son o fueron de José Pérez y OESTE: desde el punto L-4 de coordenadas E. 576043.00, Ν.1096300.00 en una distancia de CATORCE METROS CON TREINTA Y TRES CENTIMETROS (14,33MTS), al punto L-5 de coordenadas E.576035.00, Ν.1096289.00 con la Av. Ricaurte; según consta en Levantamiento Topográfico que fueron acompañados con destino al cuaderno de Comprobantes respectivo, correspondiente los particularizados del PLANO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO en Coordenadas UTM (HUSO 19 DATUM REGVEN), es decir, perteneciente al lote con las respectivas medidas y linderos, los cuales se determinan par los efectos jurídicos futuros y consiguientes. A la prenombrada parcela le corresponde un porcentaje del calor atribuido en relación al valor fijado del área destinada a la venta conforme al artículo 13 de la Ley de Ventas de parcela, ponderado en un DIECIOCHO COMA DIECINUEVE PORCIENTO (18,19%), en virtud de todas las cargas y obligaciones del Parcelamiento y me pertenece según consta y evidencia mediante documento debidamente protocolizado por ante la oficina Subalterna de Registro del Municipio Falcón (ahora Registro Público del Municipio Tinaquillo) del Estado Cojedes, en fecha 16 de Febrero de 1971, bajo N° 13, Tomo:1; folio 26 al 27, Protocolo Primero, Primer Trimestre, por compra al Ciudadano: MANUEL ANTONIO LANDAETA. Y posterior ratificación mediante documento de PARCELAMIENTO CONJUNTO RESIDENCIAL "ANA JOSEFA AGÜERO", ubicado en la Calle el Socorro cruce con Av. Ricaurte de Tinaquillo, Municipio Tinaquillo del Estado Cojedes. Protocolizado por ante el Registro Público de Falcón (ahora Tinaquillo) del Estado Cojedes, en fecha 14 de Diciembre del año 2010, quedando inscrito bajo el N° 49; folio: 202; Tomo: 7; del protocolo de Transcripción del año 2010. ..." Siendo el Primer local signado con el número 5-76A PARC A y que está resaltado en color rojo el ocupado y poseído por mi representada (Arrendataria-Poseedora). Que es el caso Ciudadano(a) Juez(a), que la ciudadana Arrendadora-Vendedora ANA JOSEFA AGÜERO CHEJADE, venezolana, mayor de edad, soltera, médico, titular de la cedula de Identidad Personal N° V-2.349.578, desde el último contrato de Arrendamiento escrito y finalizado el día 01/10/2013, no se le notificó a mi representada, ni antes, ni después, la renovación o no, de ese último contrato operando de esa manera la tácita reconducción, comenzado desde 01/10/2013, una relación arrendaticia por tiempo indeterminado, de conformidad con lo previsto en el artículo 1600 C.C, el cual establece "Si a la expiración del tiempo fijado en el arrendamiento, el arrendatario queda y se le deja en posesión de la cosa arrendada, el arrendamiento se presume renovado, y su efecto se regla por el artículo relativo a los arrendamientos hechos sin determinación de tiempo." De igualforma Ciudadano(a) Juez(a), la ciudadana ANA JOSEFA AGÜERO CHEJADE, antes identificada mediante un subterfugio y acto de mala fe, en fecha 01/06/2013, da en Arrendamiento, al ciudadano: FENG JUNHONG, extranjero, mayor de edad, Comerciante titular de la Cédula de Identidad: N°E-84.492.956, mediante contrato de arrendamiento escrito, dos (2) inmueble, constituido por dos (2) locales comerciales distinguidos con los números 5-76 y 5-76A, siendo el local comercial N° 5-76A, en el cual mi poderdante es arrendataria poseedora, es decir, que sin haber terminado la relación arrendaticia, para con mi representada Elda Del Valle Silva Terán, antes identificada y estando vigente el contrato de arrendamiento desde 01/03/2006 hasta la presente fecha de esta acción, le dio en alquiler al ciudadano FENG JUNHONG, antes identificado, los locales comerciales Nº 5-76 y 5-76A, lo cual se evidencia de contrato de arrendamiento, que consigno marcado con la letra "B", constituido de tres (3) folio útiles y su V.T.O. ambos y todos inclusive. De la misma manera Ciudadano(a) Juez(a), es de referir que el ciudadano FENG JUNHONG, ante identificado, es socio del ciudadano: JIACHENG FENG, de nacionalidad china, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº E-84.428.082, RIF. N° E844280826 en la Sociedad Mercantil Ferretería El Mundo JUNHONG C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripción del Estado Cojedes, constituida en fecha 07 de Julio del 2013, Nro. de expediente 325-4515 y quien funge como presidente de la compañía es decir, que el ciudadano JIACHENG FENG, antes identificado, tenía y tiene, conocimiento, de que las ciudadanas ANA JOSEFA AGÜERO CHEJADE (Arrendadora-Vendedora) y ELDA DEL VALLE SILVA TERAN (Arrendataria Poseedora), tanta veces debidamente identificada, existió y existe una relación arrendaticia sobre el local comercial N° 5-76 desde el 01/03/2006 hasta el presente, tal cual como se evidencia en los contratos de arrendamientos antes enumerados y el registro mercantil de la FERRETERÍA EL MUNDO JUNHONG C.A, que consigno en nueve (9) folios útiles marcado con la letra "C". Que de igual forma Ciudadano(a) Juez(a), la ciudadana ANA JOSEFA AGÜERO CHEJADE(Arrendadora), ante identificada, en fecha 15/07/2019 demanda formalmente a mi mandate ELDA DEL VALLE SILVA TERAN antes identificada como (Arrendataria-poseedora), por cumplimiento de contrato de arrendamiento, por supuesto vencimiento del término y de la prorroga legal, por ante el Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Autónomo Falcón (Hoy Tinaquillo) de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, asignándole el expediente Nro. 4566/2019 del cual se encuentra consignada copia certificada marcada "D", contentiva de seis (06) folios útiles, juicio que no ha culminado. Todo ello a sabiendas que teniendo un contrato de arrendamiento con mi poderdante, a espalda de está, dio en arrendamiento y en venta, los locales comercial N° 5-76A y 5-76, siendo el primero de los locales ocupado por mi representada actualmente.Que efectivamente Ciudadano(a) Juez(a), la ciudadana ANA JOSEFA AGÜERO CHEJADE, ante identificada, en fecha 24 de Octubre de2019, le dio en venta al ciudadano: JIACHENG FENG, de nacionalidad china, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº E-84.428.082, con registro de información Fiscal (RIF) N° E844280826, de estado civil soltero, los dos (2) inmuebles anteriormente descritos y en especial el inmueble o local comercial signado con el Nº 5-76, arrendado y ocupado actualmente por mi representada ELDA DEL VALLE SILVA TERAN, tanta veces identificada como(Arrendataria-Poseedora), ubicado en la Av. Ricaurte cruce con calle el Socorro, en la Ciudad de Tinaquillo Municipio Autónomo Falcón (Hoy Tinaquillo) de Estado Cojedes y descrito anteriormente, lo cual se evidencia y prueba, según documento debidamente registrado por ante la oficina de Registro Público del Municipio Tinaquillo del Estado Cojedes el día 24 de octubre del 2019, Asiento Registral 1 del Inmueble matriculado con el Nº 319.8.2.1.10129 y correspondiente al libro de Folio Real del año 2.019, el cual consignada en copia certificada marcada "E". Con dicha venta Ciudadano(a) Juez(a), la ArrendadoraVendedora ANA JOSEFA AGÜERO CHEJADE, tantas veces identificada, le vulnero el derecho Preferente en Orden a la Adquisición del Inmueble a mi poderdante ELDA DEL VALLE SILVA TERAN, tanta veces identificada (Arrendataria -Poseedora), pues cuando la Arrendadora-Vendedora, estuviese dispuesta a vender el inmueble la inquilina o arrendataria, tiene el derecho preferente (Preferencia) sobre otras personas que quieran comprarlo, si el arrendamiento hubiese durado por más de dos (2) años, pues la Arrendataria Poseedora, (mi representada) tiene una relación arrendaticia, dese 01/03/2006 hasta el 24/10/2019, de 13 años 7 meses y 3 días y hasta el día de hoy tiene 16 años, 2 meses y catorce días; es decir, que tiene o tuvo con la arrendadora-vendedora una relación arrendaticia por más de dieciséis (16) años; continuando en dicho local comercial hasta el presente. Pues la ciudadana arrendadora-vendedora jamás le notifico de manera formal, a mi poderdante (Arrendataria-Poseedora), el arrendamiento de los locales comerciales Nº 5-76 y 5- 76A, al ciudadano FENG JONHONG, antes identificado en el Contrato de Arrendamiento marcado "B" y Socio del adquirente-comprador (tercero extraño) actual, ciudadano: JIACHENG FENG, antes identificado, ni mucho menos la venta que le hizo el día 24 de Octubre de 2019, por la cantidad de DIECINUEVE MILLONES DE BOLÍVARES (Bs. 19.000.000,00) al ciudadano arriba mencionado. Es de señalar que desde la fecha de Compra-venta, el día 24/10/2019, hasta la presente fecha ha transcurrido más de dos (2) años, sin que el adquirente-comprador (tercero extraño) de conformidad, con lo previsto en los artículo 38 y 39 de la Ley de Alquileres de Locales Comerciales, no le ha notificado de dicha negociación de manera formal, es decir. 1) a través de Notaria Publica, su voluntad de vender el inmueble. 2) expresando su derecho de preferencia. 3) indicando el precio justo. 4) condiciones de venta. 5) plazo de sometimiento de la oferta no menos de tres (03) meses. 6) procedimiento y dirección de notificación de la correspondiente respuesta.7) documento de propiedad del inmueble. 8) documento de condominio y propiedad colectiva y certificación de gravámenes. Que mi poderdante (Arrendataria-Poseedora), por más de dieciséis (16) años, ha destinado dicho local, para la explotación comercial del ramo de papelería, quincallería, foto copiado, transcripciones, impresiones, venta y compra de todo tipo de útiles escolares, lápices, sacapuntas, temperas, cartulinas, leyes, libros, pinturas al frio, carpetas, hojas de papel por unidad, resmas, etc. Realizando dicha actividad como arrendataria Poseedora, con esfuerzo, honestidad, ahincó y con la esperanza de que algún día ella sería la adquiriente-compradora de dicho local comercial, ya que dicho negocio ha sido todo el tiempo su fuente de trabajo, es decir su derecho y deber al trabajo tal y cual como lo prevé nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás Leyes, sustantiva, adjetiva y sociales relacionadas con el trabajo y dicha actividad, es y será siempre, además para su propio sustento y el de su familia, además de lograr un buen punto comercial, además de las reparaciones menores y mayores en dicho local comercial, sin que la vendedora - arrendadora, interviniese en ello, sino que mediante un acto de mala fe e intencional, tanto de ella, como del comprador - adquirente (tercero extraño) identificados, antes no solo le ocultaron la compra-venta, si no, que no le notificaron formalmente nada sobre la misma, hasta la presente, sin saber si la ArrendatariaPoseedora, quería o no adquirir el bien inmueble arrendado y si tenía la disponibilidad económica para dicho momento, además de ello mi representada se encuentra solvente en el pago de los cánones de arrendamiento, pagos de todos los servicios públicos y demás obligaciones contractuales, muestra de ello es que hasta la presente fecha la Arrendadora-vendedora no la ha demandado por ninguna de las causales de desalojo previstas en el artículo 40 de la Ley de Alquileres de Locales Comerciales. Que por lo que a la violación o vulneración por parte de la arrendadora-vendedora ANA JOSEFA AGÜERO CHEJADE y el comprador-adquirente, JIACHENG FENG (tercero extraño), antes identificados, al ejercicio de ese Derecho de Preferencia en Orden a la Adquisición de los Inmuebles y en especial del local comercial signado con el No Cívico 5-76A ocupado por mi mandante (Arrendataria- Poseedora). ELDA DEL VALLE SILVA TERAN, tantas veces identificada dejándole prácticamente ilusorio el ejercicio de ese derecho que le asiste por ello se aplicaran las normas del Código Civil vigente y la Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario para el uso comercial vigente gaceta oficial 40.418 del 23/05/2014 todo lo relacionado con el derecho al Retracto Legal Arrendaticio. Lo que los hace al comprador adquirente (tercero extraño) responsable ante mi poderdante de conformidad con lo previsto en los artículos 38 y 39Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial. Que efectivamente Ciudadano(a) Juez(a), el objeto de la presente acción, es acudir por instrucciones precisas de mi poderdante ELDA DEL VALLE SILVA TERAN(Arrendataria-Poseedora) antes identificada, como en efecto lo hago, ante órgano de administración de justicia, a los fines de demandar POR RETRACTO LEGAL ARRENDATICIO, al ciudadano: JIACHENG FENG, titular de la Cedula de Identidad Nº E-84.428.082, RIF., N° E844280826 Comprador- Adquirente y (tercero extraño). domiciliado en la Calle La Estrella, casa #06, Barrio Maca, Caracas (Petare), Miranda, Zona Postal 1070, para que convenga o sea condenado a subrogarse el adquirente - comprador en la persona de mi representada ELDA DEL VALLE SILVA TERAN (Arrendataria-Poseedora) antes identificada y por violación o vulneración del derecho preferente en orden a la adquisición del inmueble local comercial (local Comercial N° (5-76A) ubicado, descrito y señalado anteriormente Dicho local comercial o inmueble, está constituido por dos (2) parcelas de terrenos y las bienhechurías. PARCELA A: con una superficie de CUARENTA Y OCHO METROS CON OCHENTACENTÍMETROS CUADRADOS (48,80 mts²); identificada con el Número Catastral: 09-02-01-URBANO-05-35-27A; ubicada en la Av. Ricaurte, N° 5-76A, cruce con Calle Socorro de Tinaquillo, Municipio Tinaquillo del Estado Cojedes. Siendo sus linderos particulares los siguientes: NORTE: del punto L-3 de coordenadas Ε.5704500, Ν. 109304.00, en una distancia de DOCE METROS CON VEINTE CENTIMETROS (12,20 mts.) al punto 1-8 de coordenadas Ε.576055.00, Ν.1096297.00, con terrenos que son o fueron de Ovidio Villamediana; SUR: del punto L-4 de coordenadas E. 576043.00, Ν.1096300.00 en una distancia de ONCE METROS COMA SESENTA Y CINCO CENTIMETROS (11.65 MTS), al punto L-11 de coordenadas E.576052.00, N1096293.00, con terrenos que son o fueron de Ana Josefa Agüero; ESTE: desde el punto L-8 de coordenadas Ε.576055.00, N.1096297.00 en una distancia de CUATRO METROS CON DIEZ CENTIMETROS (4,10 mts), al punto L-11 de coordenadas Ε.576052.00 N.1096293.00, con terreno que son o fueron de Ana Josefa Agüero y OESTE: del punto L- 3 de coordenadas Ε.5704500.00, N.109304.00, en una distancia de CUATRO METROS CON TRES CENTIMETROS (4,03 mts) al punto L-4 de coordenadas E:576043.00, N.1096300.00 con la Av. Ricaurte; según consta en levantamiento Topográfico que fueron acompañados con destino al cuaderno de comprobantes respectivo, correspondiente a particularizados del PLANO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO coordenadas UTM (HUSO 19 DATUM REGVEN), en es decir, pertenecientes al lote con las respectivas medidas y linderos, los cuales se determinan para los efectos jurídicos futuros y consiguientes. A la prenombrada parcela le corresponde un porcentaje del valor atribuido en relación al valor fijado del área destinada a la venta conforme al artículo 13 de la Ley de Ventas de Parcelas, ponderado en un CUATRO COMA DIEZ PORCIENTO (4.10%), en virtud de todas las cargas y obligaciones del Parcelamiento. PARCELA B: con una superficie de DOSCIENTOS DIECISEIS METROS CON VEINTIDOS CENTIMETROS CUADRADOS (26,22 M²); identificada con el número Catastral 09-0201-urbano-05-35-27; ubicada en la Calle el Socorro N° 5-76, crucecon Av. Ricaurte de Tinaquillo, Municipio Tinaquillo del Estado Cojedes. Siendo sus linderos particulares los siguientes. NORTE: del punto L-4 de coordenadas E.576043.00, N. 109300.00, en una distancia de ONCE METROS COMA SESENTA Y CINCO CENTIMETROS (11,65 mts.) al punto L-11 de coordenadas Ε.576052.00, Ν.1096293.00, con terrenos que son o fueron de Ana Josefa Agüero y desde el punto L-11 de coordenadas E. 576052.00, N.1096293.00 en una distancia de CUATRO METROS CON DIEZ CENTIMETROS (4,10 mts), pasando por el punto L-8 de coordenadas Ε.576055.00, Ν.1096297.00 en línea quebrada al punto L-7 coordenada Ε.506957.00, Ν.1096295.00 con terrenos que son o fueron de Ovidio Villamediana; SUR: del punto L-5 de coordenadas E.576035.00, N.1096289.00, en una distancia de QUINCE METROS (15 mts), AL PUNTO 1-6 DE COORDENADAS e.57604700, n.1096280.00 CON LA Calle El Socorro ESTE: del punto L-7 de coordenadas E.506957.00, N.1096295.00 en una distancia de DIECISIETE METROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMETROS (17,67 mts), al punto L-6 de coordenadas E.57604700, N.1096280.00, con terrenos que son o fueron de José Pérez y OESTE: desde el punto L-4 de coordenadas E.576043.00, N.1096300.00 en una distancia de CATORCE METROS CON TREINTA Y TRES CENTIMETROS (14,33MTS), al punto L-5 de coordenadas E.576035.00, N.1096289.00 con la Av. Ricaurte; según consta en Levantamiento Topográfico que fueron a comparados con destino al cuaderno de Comprobantes respectivo, correspondiente a los particularizados del PLANO TOPOGRAFICO PLANIMETRICO en Coordenadas UTM (HUSO 19 DATUM REGVEN), es decir, perteneciente al lote con las respectivas medidas y linderos, los cuales se determinan par los efectos jurídicos futuros y consiguientes. A la prenombrada parcela le corresponde un porcentaje del calor atribuido en relación al valor fijado del área destinada a la venta conforme al artículo 13 de la Ley de Ventas de parcela, ponderado en un DIECIOCHO COMA DIECINUEVE PORCIENTO (18,19%), en virtud de todas las cargas y obligaciones del Parcelamiento y me pertenece según consta y evidencia mediante documento debidamente protocolizado por ante la oficina Subalterna de Registro del Municipio Falcón (ahora Registro Público del Municipio Tinaquillo) del Estado Cojedes, en fecha 16 de Febrero de 1971, bajo N° 13, Tomo:1; folio 26 al 27, Protocolo Primero, Primer Trimestre, por compra al Ciudadano: MANUEL ANTONIO LANDAETA. Y posterior ratificación mediante documento de PARCELAMIENTO CONJUNTO RESIDENCIAL "ANA JOSEFA AGÜERO", ubicado en la Calle el Socorro cruce con Av. Ricaurte de Tinaquillo, Municipio Tinaquillo del Estado Cojedes. Protocolizado por ante el Registro Público de Falcón (ahora Tinaquillo) del Estado Cojedes, en fecha 14 de Diciembre del año 2010, quedando inscrito bajo el N° 49; folio: 202; Tomo: 7; del protocolo de Transcripción del año 2010, en las misma condiciones de adquisición o compra, el cual es evidente que el mismo NO PUEDE SER DIVIDIDO COMODAMENTE, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 1546 del Código Civil, informándole además al tribunal que el tantas vecesmencionada inmueble local comercial Nº 5-76A, se encuentra ocupado y en posesión legitima de mi representada ELDADEL VALLE SILVA TERAN (ArrendatariaPoseedora) y el cual constituye su sitio y fuente de trabajo por más de 16 años. Que fundamento la presente en las siguientes normas constitucionales, sustantivas y adjetivas: Artículos N° 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Artículos Nº 1546, 1547, 1548 y 1544del Código Civil y los Artículos Nº 3,38 y 39 de la Ley de Alquileres de Locales Comerciales. Articulo 26.- "toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses e incluso los colectivos o difusos; a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El estado garantizara una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles. Articulo 257.- "el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites y adoptaran un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificara la justicia por la omisión de formalidades no esenciales." Articulo 1546.-"el retracto legal es el derecho que tiene el comunero de subrogarse al extraño que adquiera un derecho en la comunidad por compra o dación en pago, con las mismas estipulaciones en el contrato. Este derecho solo se podrá ejercer en el caso de que la cosa no pueda dividirse cómodamente o sin menos cabo...." Articulo 1547.- "no puede usarse el derecho de retracto sino dentro de 9 días, contados desde el aviso que debe dar el vendedor o el comprador al que tiene este derecho o quien lo represente. Si no estuviese presente y no hubiere quien lo represente, el termino será de 40 días, contados desde la fecha del registro de la escritura". Articulo 1548.- "en el retracto legal se aplicara lo dispuesto en los artículos N° 1539 у 1544". Articulo 1544.- "el vendedor que hace uso del derecho de retracto debe reembolsar al comprador no solo el precio recibido sino también los gastos y costos de la venta, lo de las reparaciones necesarias y los de las mejoras que hayan aumentado el valor del fundo, hasta concurrencia del mayor valor que este tenga. No puede entrar en posesión sino después de haber satisfecho todas estas obligaciones". Estas normas 1546,1547, 1548 y 1544, todos del Código Civil se refieren a que El Retracto Legal no tiene nada que ver con el convencional pues es una consecuencia de la propiedad común o entre varios, de forma que el copropietario tiene derecho preferente a su logarse, esto es ponerse en el lugar del extraño que ha comprado una parte del inmueble o el bien de que se trata. Si la cosa común puede dividirse, en un edificio en propiedad horizontal, es claro que el retracto no puede darse. Cualquier extraño es libre de comprar un apartamento sin que el propietario este obligado a ofrecerlo alos copropietarios; aquí no hay retracto. Si lo hay en cambio en materia de arrendamiento a favor del inquilino si el propietario vende el inmueble arrendado sin ofrecérselo al inquilino, incurre en la violación de los artículos 38 y 39 de la Ley de Alquileres de Locales Comerciales. Articulo 38.- "en caso de que el propietario del inmueble destinado al uso comercial, o su apoderado, tuvieren intención de venderlo, la preferencia ofertiva la tendrá el arrendatario que lo ocupa, siempre que tenga más de dos años como tal, se encuentre solvente en el pago de los cánones de arrendamiento de condominio y demás obligaciones contractuales legales y reglamentarias, y satisfaga las aspiraciones del propietario. Que el propietario deberá informar directamente al arrendatario mediante notificación escrita a través de la Notaria Publica su voluntad de vender el inmueble, expresando su derecho de preferencia, indicando el precio justo, condiciones de venta, plazo de sometimiento de la oferta no menor de tres (03) meses, procedimiento y dirección de notificación de la correspondiente respuesta, documento de propiedad del inmueble, documente de condominio o propiedad colectiva y certificación de gravámenes. El arrendatario deberá notificar por escrito a través de notaria pública, la oferente dentro los quince (15) días calendario siguientes al ofrecimiento, su aceptación o rechazo, en caso de rechazo o abstención de pronunciamiento, el propietario quedara en libertad de dar en venta el inmueble a tercero". Articulo 39.- En caso de violación de la preferencia ofertiva, o de que la venta a un tercero haya sido en condiciones más favorables que las ofrecidas al arrendatario este tendrá derecho al retracto legal arrendaticio, que deberá ejercer entre un lapso de seis (06) meses contados a partir de la fecha de la notificación que de la negociación celebrada deberá hacerle el adquirente, junto con copia certificada del documento contentivo de la negociación". Que estas normas 38 y 39 que son de orden público se refieren a la preferencia del arrendatario para comprar el local arrendado (preferencia ofertiva). Retracto Legal. El arrendatario que lleve más de dos (2) años en el local y esté al día con el cumplimiento de sus obligaciones tiene preferencia para comprarlo si es que el propietario quiere venderlo. La preferencia implica dos cosas: Primera: entre varios aspirante a la compra, el arrendatario tiene derecho preferente a comprar si paga el precio y cumple las condiciones a que aspira el dueño. A este efecto, el propietario deberá informar por documento notariado al arrendatario su intención de vender con las condiciones de precio, etc. Que se citan en el primer artículo, el mantenimiento de la oferta durante tres (3) meses como mínimo, además de suminístrale la documentación que se detalla en el artículo 38 en el párrafo segundo...Segundo: la otra cosa es que si el dueño del local lo vende sin ofrecérselo antes al arrendatario con las formalidades que pide el artículo antes nombrado que no son pocas, y resulta que el arrendatario pensaba comprar al precio y demás condiciones que se vendió al tercero, tiene derecho este arrendatario al retracto legal que le da elarticulo siguiente, el 39 siempre que reclame su derecho dentro de los seis meses a contar de la notificación de la venta que le haya hecho el nuevo propietario. Dice el artículo 39 que dicha notificación deberá acompañarse con copia certificada de la venta quizá por ser el documento que el arrendatario presentaría ante un juez para ejercer su retracto legal arrendaticio. El retracto implica que se anula la venta hecha y se vende el local al arrendatario al mismo precio que al tercero que había comprado. Este último reclamara al propietario anterior la devolución de su dinero, amén de otras acciones que quiera o pueda ejercer. Articulo 3.- "Los derechos establecidos en este decreto ley son de carácter irrenunciable, por ende, todo acto, acuerdo o acción que implique renuncia, disminución o menoscabo de algunos de ellos se considera nulo. En la aplicación del presente Decreto Ley, los órganos o entes administrativos, así como los tribunales competentes, podrán desconocer la constitución de sociedades, la celebración de contratos y. en general, la adopción de formas y negocios jurídicos mediante los cuales se pretenda evadir la naturaleza jurídica arrendaticia de la relación o el carácter comercial del inmueble arrendado, debiendo de prevalecer siempre la realidad sobre las formas". Que en conclusión en razón de todas las normas transcritas tanto la ArrendadoraVendedora como el Adquirente-Comprador (tercero extraño), en un acto de mala fe y temeridad, le vulneraron y pretendieron dejar ilusorio el derecho preferente en orden a la adquisición del inmueble que le asistía y asiste a mi poderdante ArrendatariaPoseedora ELDA DEL VALLE SILVA TERAN antes identificada por lo que el demandado debe restituir ese derecho y responder por ello y que la venta entre ANA JOSEFA AGÜERO CHEJADE Y JIACHENG FENG, debe ser anulada parcialmente referido al local de la parcela "A", sobre el bien inmueble (local comercial N° 5-C 76A) que ocupa mi poderdante, y hacerle la venta de dicho local a mi representada Arrendataria-Poseedora al mismo precio que el tercero extraño compro y adquirió, así espero se decida y previamente determinado el valor del inmueble ocupado por mi representada, por un avaluó realizado por un ingeniero experto AVALUADOR PROFESIONAL inscripto en ASAPROVE, que en su debida oportunidad se requerirá de dichos servicios. De conformidad con el Artículo 38 del Código de Procedimiento Civil, estimo la presente demanda en la cantidad de QUINCE MIL DOLARES (15.000$) con un valor de CINCO BOLIVARES (Bs. 5,00.) cada dólar, lo que arroja un total Bs. 75.000,00 multiplicados por el valor de la unidad tributaria de Bs. 1 arroja un total de 75.000,00 U.T. Que dando cumplimiento con el Artículo 49 de la C.R.B.V., y respetando el derecho de defensa y del debido proceso del demandado solicito la citación o notificación del mismo de la manera siguiente: ciudadano JIACHENG FENG, de nacionalidad china, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° E-84.428.082, RIF. N° E844280826, dando cumplimiento a la resolución 005 de la Sala de Casación Civildel Tribunal Supremo de Justicia del 2020, le suministro el número de teléfono, correo y domicilio del demandado, Teléfono: 0412-4392735, Correo Electrónico: proderecho@gmail.com, domiciliado en la Calle Cedeño entre Avenida Miranda y Ricaurte casa N° 5-59, Tinaquillo Estado Cojedes y en el Supermercado con el nombre de TODOMERCADO, C.A. ubicado en el edificio Fátima, en la Av. Miranda cruce con calle Cedeño, al lado de la entidad bancaria B.O.D, Tinaquillo Estado Cojedes, previa liberación de Boleta de Citación para el demandado y de lo cual solicito que se le entregue al ciudadano alguacil dicho oficio con la copia certificada del libelo de la demanda el auto de admisión y la orden comparecencia del demandado para practicar la respectiva citación. Que promuevo y opongo al demandado las siguientes pruebas: 1) Poder, que me fuera otorgado por ante la Notaria República del Municipio Autónomo (Falcón) Hoy Tinaquillo Estado Cojedes, en fecha 15/07/2013, quedando inserto con el N° 48, Tomo: 22 de los libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaria; el cual se encuentra consignado en el expediente, en copia certificada marcada "A". 2) Promuevo y opongo copia de siete (7) contratos de arrendamientos enumerados desde el 1 al 7, ambos y todos inclusive lo cuales son: Primer: 01/03/2006 - 01/09/2006 Segundo: 01/09/2007 - 01/10/2008 Tercero: 01/10/2008 - 01/10/2009 Cuarto:01/10/2009 - 01/10/2010 Quinto: 01/10/2010 - 01/10/2011 Sexto:01/10/2011-01/10/2013. Séptimo: 01/10/2012 al 01/10/2013. Ultimo contrato de Arrendamiento escrito, que se encuentran anexados a la demanda inicial que hoy se reforma parcialmente. 3) Promuevo y opongo marcado "B" el contrato de arrendamiento entre la Arrendadora Vendedora y el ciudadano FENG JUNHONG, ANTES IDENTIFICADOS, los locales comerciales Nº 5-76 y 5-76A, lo cual se evidencia de contrato de arrendamiento, constituido de tres (3) folio útiles y su V.T.O, ambos y todos inclusive, que se encuentra en el presente expediente. 4) Promuevo y opongo copia marcada "C" el registro mercantil de la FERRETERÍA EL MUNDO JUNHONG C.A, que consigno en nueve (9) folios útiles y se encuentra también en el presente expediente. 5) Promuevo y opongo copia certificada marcada "D", en fecha 15/07/2019 demanda formalmente a mi mandate ELDA DEL VALLE SILVA TERAN, antes identificada como (Arrendataria-poseedora), por cumplimiento de contrato de arrendamiento, por supuesto vencimiento del término y de la prorroga legal, por ante el Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Autónomo Falcón (Hoy Tinaquillo) de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes,asignándole el expediente Nro. 4566/2019, contentiva de seis (06) folios útiles, que igualmente se encuentra en las actas procesales. 6) Promuevo y opongo copia certificada marcada "E", al demandado, el documento de compra-venta de fecha 24 de Octubre de 2019, donde la arrendadora-vendedora le dio en venta al ciudadano: JIACHENG FENG, de nacionalidad china, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad N° E-84.428.082, con registro de información Fiscal (RIF) N° E844280826, de estado civil soltero, los dos (2) inmuebles anteriormente descritos y en especial el inmueble o local comercial signado con el Nº 5-76A, alquilado y ocupado actualmente por mi representada ELDA DEL VALLE SILVA TERAN, tanta veces identificada como (Arrendataria-Poseedora), ubicado en la Av. Ricaurte cruce con calle el Socorro, en la Ciudad de Tinaquillo Municipio Autónomo Falcón (Hoy Tinaquillo) de Estado Cojedes y descrito anteriormente, lo cual se evidencia y prueba, según documento debidamente registrado por ante la oficina de Registro Público del Municipio Tinaquillo del Estado Cojedes el día 24 de octubre del 2019, Asiento Registral 1 del Inmueble matriculado con el N° 319.8.2.1.10129 y correspondiente al libro de Folio Real del año 2.019, el cual doy reproducido totalmente en este escrito, que igualmente se encuentra anexada al expediente. 7) Promuevo y opongo copia marcada "F", copia fotostática de la cédula de identidad de mi poderdante, mi cédula de identidad y mi credencial para una mayor identificación de la demandada y de la representación judicial que se me acredita. Todas estas pruebas o anexos se encuentran anexados al libelo de la demanda inicial. 8) Igualmente le señalo al Tribunal de conformidad con el artículo 434 del Código de Procedimiento Civil de la existencia de un documento de parcelamiento denominado Conjunto Residencial "Ana Josefa Agüero". Que se encuentra inscrito por ante el Registro Público del Municipio Falcón (Hoy Tinaquillo) del Estado Cojedes de fecha 14 de diciembre del 2010, inscrito bajo el Nro. 49, Folio 202, Tomo 7 del Protocólogo de transcripción del año respectivo, cuyo documento no tengo a disposición en estos momentos pero dejó constancia del Órgano Público donde se encuentra, para su posterior incorporación a la presente reforma parcial de la demanda. Que dichas pruebas las promuevo y opongo al demandado con todos los efectos legales pertinentes y las ratifico In-Extenso durante todo el procedimiento y juicio, reservándome el derecho de promover y oponer otras pruebas en la oportunidad necesaria. Que en fuerza de las razones de hecho y de derecho antes expuesta, es por lo que he recibido instrucciones precisas de parte de mi identificada mandante ELDA DEL VALLE SILVA TERAN, (Arrendataria-Poseedora) para que en su nombre y representación demandar, como en efecto lo hago al ciudadano: JIACHENG FENG comprador-adquirente(tercero extraño), para que convengan de inmediato, o de lo contario sea condenado por este digno Tribunal, a lo siguiente: que cumpla de en lamanera inmediata y efectiva su obligación de retrotraerse el comprador-adquirente o sea condenado a subrogarse como vendedor persona de ELDA DEL VALLE SILVA TERAN (Arrendataria-Poseedora) antes identificada en las mismas condiciones de adquisición o cesión onerosa de los derechos de propiedad de la ArrendadoraVendedora ANA JOSEFA AGÜERO CHEJADE tantas veces identifica respectivamente, sobre el bien inmueble tantas veces descrito y que fue objeto de la referida compra-venta y perfectamente identificados en el capítulo II, capítulo III y capítulo VII del presente libelo, la cual se verifica, anulando la venta entre Arrendadora-Vendedora y el Adquirente-Comprador (tercero extraño), y se venda el local a la Arrendataria-Poseedora al mismo precio que al tercero extraño que había comprado, a la Arrendadora-Vendedora por el incumplimiento de los artículos 38 y 39 de la Ley de Alquileres de Locales Comerciales y de los artículos 1546, 1547, 1548 у 1544 del Código Civil y el Comprador-Adquirente (tercero extraño). Finalmente solicito que la presente REFORMA PARCIAL de demanda sea recibida, admitida y sustanciada conforme a derecho y en definitiva DECLARADA CON LUGAR con todos los pronunciamientos legales, incluyendo la condenación de costas y costos del demandado, es justicia que espero en San Carlos, a la fecha de su presentación...”. Alegatos de la parte Demandada en su Escrito de Contestación: “Omissis… …Que esta representación judicial, a los fines de dar estricta contestación al fondo de la presente demanda de preferencia ofertiva, para lo cual, se pasa a rechazar y negar las afirmaciones que hace en su escrito libelar el abogado de la parte actora, a saber: Que el abogado de la parte actora y arrendataria de uno de los dos locales comerciales que estaban arrendados, al momento de suscitarse la venta; por tanto, no es verdad que los locales comerciales resulten divisibles de conformidad con la ley; en tal sentido, ella sólo ocupaba el local más pequeño entre dos que tiene el inmueble, pretendiendo retraer ella la totalidad del inmueble que como se ha dicho, no ocupa como arrendataria la totalidad del inmueble, sino parte. Que en el anterior sentido, ciudadano Juez, resulta plausible señalar e invocar que dicho inmueble, objeto que trata de retraer la parte actora, no está regida por la Ley de Propiedad Horizontal, o sea que se trata de un inmueble INDIVISIBLE". (Resaltado de esta representación judicial); sostener lo contrario, se estaría concediendo un derecho a la arrendataria demandante sobre un objeto al que por Ley, no tiene acceso, pues el retracto arrendaticio consiste en una limitación legal al derecho de propiedad que está por encima de las reglas constitucionales que no establecen tal restricción, sino solamente con fines de utilidad pública o de interés general; y, se estaría despojando al propietario del derecho a disponer con libertad de su inmueble, pues, por disposición expresa de Ley, no opera el retracto legalrespecto a los inmuebles indivisibles donde no sería posible establecer un régimen de propiedad horizontal. Que la controversia se ha centrado en que el objeto del contrato de arrendamiento concedido a la demandante, resulta ser una porción o sección de un inmueble y NO la totalidad de los locales comerciales que conforman el inmueble, o sea, UN BIEN NO INDIVIDUALIZABLE; y, por tanto, que el arrendamiento de una fracción o un local solamente, no genera derecho a retracto por la totalidad; así lo considera esta representación y lo invoca. Que no existe duda alguna, que la parte actora se percató, que el objeto del retracto, es un inmueble integrado con dos locales comerciales, que el hecho que tenga dos cedulas catastrales, que no acreditan propiedad, menos derecho a retraer la totalidad del inmueble, que tiene título de propiedad, por compra que se hiciera de la totalidad del bien, a los anteriores propietarios, documento de propiedad producido por la parte actora), no regida por la Ley de Propiedad Horizontal; o sea un inmueble INDIVISIBLE. La condición física de ese inmueble conlleva a la improcedencia del retracto legal arrendaticio, sin embargo, sentimentalmente, en un arrebato principista, o en un acto mediante el cual consideró hacer justicia - a su modo de ver las cosas, el actor optó por alegar un derecho que no le asiste ni le pertenece. Así se pretende sea apreciado. Planteamiento del retracto legal arrendaticio Que ciudadano Juez, para mayor claridad de los puntos discordantes en el planteamiento de la demanda a contestar, esta representación judicial, considera oportuno y necesario hacer algunas consideraciones que, en su oportunidad procesal, hiciera el apoderado de la parte actora, a saber: "...mi poderdante en fecha 01/03/2006, inicio una relación Contractual de Arrendamiento, Con el ciudadano Juan Batista Sandoval, venezolano mayor de edad, divorciado, comerciante, titular de la cedula de identidad personal N° V- 1.365.421, un (01) Local Comercial, distinguido con el N° 12-85, Comprendido en mayor inmueble N° 5-76, situado en la Avenida Ricaurte cruce con calle el Socorro, en la Ciudad de Tinaquillo Municipio Autónomo Falcón (Hoy Tinaquillo) de Estado Cojedes, por un lapso de tiempo se seis (06) meses, es decir, 01/03/2006- 01/09/2006, desde alli en adelante, es decir, desde el vencimiento de ese primer contrato de Arrendamiento, se continuo dicha relación Arrendaticia de manera Consecutiva, reiterado e ininterrumpida y renovándose cada contrato de arrendamiento escrito anualmente, con la arrendadora, ANA JOSEFA AGUERO CHEJADE, venezolana, mayor de edad, soltera, médico, titular de la cedula de Identidad Personal N° V-2.349.578..". "Dicho local comercial o inmueble, está constituido por dos parcelas de terrenos y las bienhechurías; identifica plenamente una parcela distinguida con la letra "A", constante de 48,80 mts2, identificada con lacédula catastral Nro. 09-02-01-URBANO-05-35-27A; y, la otra, identificada con la letra "B", con una superficie de "DOSCIENTOS DIECISEIS METROS CON VEINTIDOS CENTIMETROS CUADRADOS (26,22 mts2), lo que debe VERIFICAR, pareciera una inexactitud; identificado con la cédula catastral Nro. 09-02-01-URBANO-05-35-27; ubicado en la calle El Socorro N° 5-76, cruce con la Av. Ricaurte de Tinaquillo, Municipio Tinaquillo del estado Cojedes. La demandante, alega: "...local comercial signado con el N°5- 76A, alquilado y ocupado actualmente por mi representada ELDA DEL VALLE SILVA TERAN, tanta veces identificada como (Arrendataria-Poseedora), ubicado en la Av. Ricaurte cruce con calle el Socorro, en la Ciudad de Tinaquillo Municipio Autónomo Falcón (Hoy Tinaquillo) de Estado Cojedes y descrito anteriormente, lo cual se evidencia y prueba, según documento debidamente registrado por ante la oficina de Registro Público del Municipio Tinaquillo del Estado Cojedes el día 24 de octubre del 2019, Asiento Registral 1 del Inmueble matriculado con el N° 319.8.2.1.10129 y correspondiente al libro de Folio Real del año 2.019, el cual doy reproducido totalmente en este escrito..". "...mi poderdante, jamás, fue notificada formalmente ni por la vendedora (arrendadora), ni por el adquiriente (Comprador), de la negociación realizada entre ellos, y esto se evidencia o significa, que por cuanto jamás y nunca mi poderdante, como lo señale antes no fue, ni ha sido notificada formalmente de la compra-venta, a la presente fecha, sin que ello signifique que la Arrendataria-Poseedora, se esté dando por notificada en forma tácita y que además la presente acción sea extemporánea por anticipada ni extemporánea por a destiempo, por lo que desde el momento que se me entrega, la copia certificada de la negociación, mi mandante a la data del ejercicio de la presente acción (Retracto Legal Arrendaticio) no han comenzado, ni transcurridos los plazos de caducidad, a que se refieren las normativas señaladas, la cual la hace temporánea y procedente su admisión..". (Resaltado en negritas, de la representación de la parte demandada). Que en el anterior sentido, resulta oportuno señalar, que bien lo reconoce el apoderado actor en el planteamiento expuesto en el libelo, al afirmar, de forma clara, que se trata de "...local comercial signado con el N°5-76A, alquilado y ocupado actualmente por mi representada ELDA DEL VALLE SILVA TERAN, tanta veces identificada como (Arrendataria-Poseedora), ubicado en la Av. Ricaurte cruce con calle el Socorro, en la Ciudad de Tinaquillo Municipio Autónomo Falcón (Hoy Tinaquillo) de Estado Cojedes y descrito anteriormente, lo cual se evidencia y prueba, según documento debidamente registrado por ante la oficina de Registro Público del Municipio Tinaquillo del Estado Cojedes el día 24 de octubre del 2019, Asiento Registral 1 del Inmueble matriculado con el N° 319.8.2.1.10129 y correspondiente al librode Folio Real del año 2.019, el cual doy reproducido totalmente en este escrito..". Que es indudable que el retracto legal arrendaticio no procederá en los casos de enajenación o transferencia global de la propiedad del inmueble del cual forma parte el local comercial que por arrendamiento ocupa la parte actora y que intenta retraer mediante la presente acción, la totalidad del inmueble, en cuestión. Que la Sala Constitucional de nuestro Alto Tribunal de la República respecto a esa norma ha venido sosteniendo, como lo hizo en sentencia del 16 de diciembre de 2005 (Sent. No. 5121, Exp. Nº 03-2212), que la misma constituye una excepción a la oferta preferente del bien y al derecho que tiene el arrendatario de subrogarse en el lugar de quien adquiere el inmueble. Asimismo, la Sala Constitucional estableció lo siguiente: "(...) la Sala estima que el retracto legal, tal como lo establece el legislador no opera cuando se enajena la globalidad del inmueble, del cual forma parte el local arrendado, puesto que el arrendatario en este caso, no ocupa la totalidad del inmueble, sino parte de éste. De admitirse lo contrario, supondría un perjuicio para el arrendador, quien se vería obstaculizado de enajenar el inmueble-de forma global, por la obligación que tendrá de ofertar los locales que conforman éste a todos los arrendatarios que los ocupan (...)" (Sent. No. 5121 del 16/12/2005, Exp. Nº 03-2212). Tomando en cuenta las anteriores consideraciones, y luego de un análisis de los alegatos esgrimidos en la solicitud de revisión planteada, esta Sala para decidir observa que el hoy solicitante en revisión señala que "(...) como se ve, la Sala de Casación Civil, pese a que evidenció de modo fehaciente que la arrendataria ocupaba solamente la planta alta del inmueble, y no su planta baja, le reconoció a la demandante, el derecho de retracto legal arrendaticio, contrariando así el artículo 49 del Decreto Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, que establece que no procede el retracto legal arrendaticio '... en los casos de enajenación o transferencia global de la propiedad del inmueble del cual forme (sic) parte la vivienda, oficina o local arrendado'. Al contrariar la Sala de Casación Civil en la sentencia objeto de revisión el mandato del expresado artículo 49, lesionó mis derechos de obtener una decisión fundada en derecho, lo que se encuentra inmerso en la tutela judicial efectiva. (...)". …Que de la determinación de los linderos del bien inmueble Que ciudadano Juez, tal como se señaló ut supra, la parte accionante insiste en la división de los locales comerciales al tener presuntamente dos cédulas catastrales disimiles, en tal sentido. A ese respecto, esta representación arguye, que si bien en cierto, la parte accionante afirma la existencia del documento de propiedad del lote de terreno (Un sólo lote de terreno y NUNCA, DOS) donde se encuentran enclavados los locales comerciales que conforman el todo de la propiedad, objeto de la venta; no es menos cierto que, se debe valorar tal afirmación, y concluir que, si la arrendatariano tiene en posesión la totalidad del inmueble, por vía de una relación arrendaticia, no es necesaria la notificación y mucho menos la autorización o abandono del interés actual, para ese momento, respecto a la preferencia ofertiva, que pudiera alegar, le asiste. III.I DEFENSA DE FONDO LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN Que ciudadana Jueza, estando dentro del lapso legal para contestar al fondo de la demanda incoada por la ciudadana ELDA DEL VALLE SILVA TERÁN, a través de su apoderado FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ BOLÍVAR, por RETRACTO LEGAL ARRENDATICIO DE LOCAL COMERCIAL, que tiene bajo posesión precaria devenida de una relación arrendaticia, que ha dejado de pagar los cánones de arrendamiento, lo que no viene al profundizar, sostener y mantener, en resguardo del orden público constitucional y legal, que la acción está CADUCA, por haber transcurrido en demasía el tiempo para ello; toda vez que, la demandante de autos, interpuso la presente acción, pasados los seis (6) que invoca no habían transcurrido, según la previsión del artículo 49 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, aplicable al caso concreto; pues, la misma parte demandante, así se desprende del texto de su pretensión, tenía pleno conocimiento de la fecha en que se realizó la venta del inmueble que trata de retraer a favor de su representada, lo que se aprecia claramente del hecho cierto de haber adjuntado la copia certificada del documento protocolizado por ante el Registro Inmobiliario competente, contentivo de la compra - venta del inmueble, donde consta que la negociación se llevó a cabo, en fecha: 24 de octubre de 2019; precisamente, en pleno desarrollo del juicio de desalojo al que hace referencia la parte actora, en el escrito de reforma de la pretensión de marras, llevado por ante el Tribunal Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Falcón de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, Expediente Nro. 4566/2019, a lo que hace referencia en su escrito libelar, habiendo adjuntado varias copias al respecto, lo que en su debida oportunidad serán promovidas por medio del principio de la Comunidad de la Prueba; por tanto, dejó de adquirir el inmueble que tomó bajo la figura contractual de arrendamiento, por el transcurrir del lapso de Ley, que aunque el apoderado actor lo señala acertadamente, al excusarse de no haberlo hecho; lo que resulta, por demás, débil e impertinente tal argumentación; asimismo, el derecho invocado; dejando de ser cierto que se haya dejado de cumplir con la notificación de Ley; pues, no se requería y era innecesaria tal formalidad; por tanto, no tiene cabida en derecho el hecho narrado, ni las afirmaciones hechas; tampoco, la pretensión de marras, por haber operado la CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE RETRACTO LEGAL ARRENDATICIO (LOCAL COMERCIAL); lo que al resultar, por interés de la Ley, resguardar el orden público, podrá ser declarado por el Tribunal que resulte competente, en todo estado y grado de la causa. En relación a la caducidad, el autor Ricardo Henríquez La Roche, en su obra "Código de Procedimiento Civil, Tomo II", página 67 y siguientes, establece:"La norma no se refiere a caducidades convencionales, cuya disputa ha querido queden involucradas en la discusión del contrato como cuestión de mérito. Se refiere sólo a la caducidad ex lege, puesta expresamente por la ley para que en un término perentorio se deduzca la demanda, so pena de perecimiento, valga decir, la postulación judicial del pretendido derecho…" Omissis... Asimismo, el autor José Luis Aguilar Gorrondona, en su obra: Contratos y Garantías 9ª edición. Caracas/1993, págs. 231-232, expresó lo siguiente: "...5° Plazo para ejercer el derecho de retracto legal, el derecho a retracto legal solo puede ejercerse, so pena de caducidad, dentro de nueve días, contados desde el aviso que debe dar el vendedor o el comprador al comunero. Si éste no estuviere presente y no hubiera quien lo represente, el término será de cuarenta días, contados desde la fecha del registro de la escritura (CC. Art. 1.547). En caso de que la persona que tiene derecho a retraer no haya sido notificada a pesar de estar presente o de tener quien lo represente, ha prevalecido el criterio de que debe ejercer su derecho dentro del término de cuarenta días contados a partir del registro de la escritura -agrega el autor en realidad ese supuesto no está regulado por la ley; pero la solución de dicha concilia el interés individual de quien tiene derecho de retraer (ya que le acuerda el plazo más largo de las dos que prevé la ley), con el interés social de que se consolide definitivamente la propiedad determinada...". Que el lapso establecido para la interposición de la presente acción de retracto legal arrendaticio constituye, indudablemente, "el lapso de caducidad establecido en la ley especial que rige la materia de Arrendamiento de Inmobles para el Uso Comercial; asimismo, por reforzamiento establecido en la norma sustantiva civil, aplicable al caso concreto. Que ahora bien, resulta oportuno precisar que, el caso trata de una acción de retracto legal arrendaticio ejercido sobre un inmueble que fue vendido al otro de los arrendatarios y se encuentra legalmente protocolizado, tal como lo señala el apoderado actor, en el libelo de demanda; por tanto, a partir de la protocolización documental contentiva de la compra-venta celebrada entre los ciudadanos ANA JOSEFA AGÜERO CHEJADE Y JIACHENG FENG, llevada a cabo por ante el Registro Público del Municipio Tinaquillo del estado Cojedes, en fecha: 24 de octubre de 2019, Asiento Registral 1 del inmueble matriculado con el N° 319.8.2.1.10129, que correspondiente al Libro de Folio Real del año 2.019, adjuntado por la parte actora, marcado con la letra ""E"; el que, se reconoce expresamente como instrumento probatorio traslativo de la propiedad, la que ostenta nuestro mandante sobre el inmueble de marras; se deben computar los lapsos de 9 y 40 días; asimismo, el de seis (6) meses, previsto en el fundamento legal señalado, en este escrito. Que así las cosas, a los fines de determinar sí ha transcurrido el lapso de caducidad alegado por esta representación, resulta oportuno precisar:¿Cuándo comienza a correr el lapso de caducidad para el ejercicio 0 interposición de la acción de retracto legal arrendaticio, en caso que no se haya producido la notificación de ley, lo que alega el apoderado demandante, al afirmar que su "cliente jamás fue notificada del derecho de preferencia oferiva"?. Que la respuesta a la anterior interrogante, se encuentra en el artículo 1.547 del Código Civil, al establecer: "No puede usarse del derecho de retracto sino dentro de nueve días, contados desde el aviso que debe dar el vendedor o el comprador al que tiene este derecho o a quien lo represente. Si no estuviese presente y no hubiere quien lo represente, el término será de cuarenta días, contados desde la fecha del registro de la escritura." Que no obstante, la cita anterior ha coincidido la actual doctrina jurisprudencial que, al no estar presente el inquilino omitido de notificación en la celebración de la venta, difícilmente podría estar al corriente de su protocolización, razón por la cual, se sostiene en la actualidad el principio según el cual el lapso de caducidad en casos como el de autos, en el cual no consta la efectiva notificación del arrendatario con derecho a retraer la venta, a decir del demandante de autos, ésta comenzará a correr desde el momento en el cual exista constancia cierta de que este último se encuentra enterado del negocio realizado entre el arrendador y el tercero adquiriente; aunque no es el caso; pero, se hace a todo evento una interpretación como si ello hubiese ocurrido de la forma en que lo afirma la parte actora. III.II. PERTINENTES CONCLUSIONES Que, el inmueble que ocupa la demandante en calidad de inquilina, objeto de la demandada judicial de RETRACTO LEGAL ARRENDATICIO del local N°5-76A, identificado como parcela A, forma parte del inmueble ubicado en la Avenida Ricaurte cruce con la calle Socorro de la ciudad de Tinaquillo, municipio Tinaquillo del estado Cojedes; que pertenece a una mayor cabida de construcción, que consta de CUARENTA Y OCHO METROS CON OCHENTA CENTIMETROS CUADRADOS (48:80 mts/cm²), identificado con la Cédula Catastral Nro. 09-02-01-URBANO-05-35- 27"; Que, fundamenta dicha acción por falta de notificación del derecho a la preferencia ofertiva, toda vez que la antigua propietaria y arrendadora del inmueble tomado en arrendamiento, nunca le notificó de la operación de venta; Que, la parte actora alega que nuestro representado es el nuevo propietario, tratándole de un tercero extraño, lo que no es verdad; pues, era, al igual que ella (La otra arrendataria del otro local), arrendatario del otro local comercial, toda vez, que el inmueble en general está constituido por dos (2) locales comerciales, lo que no podrá negar, pues resulta en autos prueba de ello; por tanto, nuestro representado, es el único y exclusivo propietario comprador del inmueble sobre el cual la poderdante del actor, aún mantiene una relación arrendaticia que no le está siendo negada; resultando que la arrendadora y vendedora del inmueble, le notificóa la poderdante del abogado actor, la intención de venderle el inmueble, lo hizo por escrito; lo que, al dejar de dar respuesta dentro del lapso de ley, optó en venderle a nuestro poderdante (Nuevo propietario, como lo afirma la parte actora, lo que no se desconoce) quedando en reserva el derecho de probar tal circunstancia y afirmación, en la oportunidad legal correspondiente, de resultar necesario. Que alega el apoderado actor, que "...desde el momento que se me entrega, la copia certificada de la negociación, mi mandante a la data del ejercicio de la presente acción (Retracto Legal Arrendaticio) no han comenzado, ni transcurridos los plazos de caducidad, a que se refieren las normativas señaladas, la cual la hace temporánea y procedente su admisión.."; y, que, ni ha sido notificada formalmente de la compra-venta, a la presente fecha, sin que ello signifique que la Arrendataria-Poseedora, se esté dando por notificada en forma tácita y que además la presente acción sea extemporánea por anticipada ni extemporánea por a destiempo...". Que ahora bien, ciudadano Juez, pretende la demandante-arrendataria, sin motivo ni razón aparente, retraer la venta en las mismas condiciones en que se hizo a la persona de nuestro representado; queriendo así, ocupar su lugar; y, peor aún, en los mismos términos y condiciones, incluido el precio pagado; a lo que, se opone, esta representación, por considerar que la ACCIÓN DE RETRACTO LEGAL ARRENDATICIO, adolece del acto impeditivo de CADUCIDAD, tal como se fundamenta en este escrito; toda vez que, la venta se realizó en fecha: 24 de octubre de 2019, tal como lo afirma el apoderado de la parte actora y consta en documento registrado, lo que constituye la notificación (tácita) a la que hace referencia el artículo 1.547 del Código Civil; pues, la demandante de autos, quedó efectivamente notificada de la realización de la venta, a partir de la fecha en que se protocolizó la venta por ante la oficina de registro inmobiliario, que lo fue, el 24 de octubre de 2019, por lo que, el lapso de caducidad comienza a computarse a partir del acto de la protocolización del documento de compra venta, habiendo intentado la acción de retracto pasados los seis meses; sin embargo, por ley, queda excluida por expresa prohibición, el derecho de intentar retraer la venta; toda vez que, quedó expuesto a la vista y disposición del público, en general; habiendo señalado, en tal sentido, el abogado de la parte actora, que su poderdante "jamás fue notificada"; pretendiendo desconocer la notificación por mandato de la Ley; valga decir, existe y se invoca una presunción iuris et de iuris, pudiendo apreciarse que no admite prueba en contrario cuando ha transcurrido el lapso mayo de 40 días y también a los seis (6) meses que señala la ley especial de Arrendamiento Inmobiliario, como lo trata de alegar e invocar la parte actora en el libelo de demanda; cuando ésta, efectiva y físicamente se deja de hacer, como lo afirma tajantemente. Que el relato realizado por la parte actora, no es vinculante en la presente causa y los supuestos a que ella se refiere es, a los lapsos que señalan tanto la ley, interpretado por la Jurisprudencia, para lo cual, la Sala de Casación Civil, abandonóel criterio que había venido sosteniendo; y, pasó a adoptar un nuevo criterio que pasa a ser el aplicable al caso de marras, a saber: Que para reforzarla postura anterior, esta representación considera que mal podría pretenderse la improcedencia de la acción interpuesta, referida a la caducidad de la acción de retracto legal arrendaticio que se opone, por cuanto existe constancia en el expediente, de la fecha cierta en que se realizó y protocolizó la venta que alega la parte actora debe retraerse, a su favor; pues, debe reputarse que tenía conocimiento suficiente de la venta cuestionada; por tanto, no era indispensable, en tal sentido, que se hiciera la notificación expresa como alega se dejó de hacerse; pues, de haberse omitido como lo afirma el abogado de la parte actora, la jurisprudencia de nuestro máximo Tribunal de Justicia, trae aparejada la solución interpretativa en cada caso en particular. Así se debe dejar establecido, por considerar que los lapsos de que trata el asunto en discordia, trátese de 9 y 40 días; pero, también transcurrió el lapso de los seis (6) meses de que trata la Ley especial de Arrendamientos de Inmuebles para el Uso Comercial; por tanto, la ACCIÓN INTERPUESTA ESTÁ CADUCA; y, así deberá de decretado por este Tribunal, en la oportunidad debida, conforme se ha alegado supra. Que esta representación, arguye que el alegato de la caducidad de la acción, la misma tiene lugar por cuanto la ahora parte demandante, parte arrendataria, de una pequeña parte del inmueble de marras, se encuentra y encontraba enterada que a través de documento público, tal como lo dispone el artículo 49 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, queda expuesta a vista del público en general la operación de venta llevada a cabo, de lo que no escapa la arrendataria y ahora demandante del retracto para intentar hacer suyo el lugar que corresponde a mi representado, por cuanto en virtud de la interposición del presente juicio de RETRACTO LEGAL ARRENDATICIO ha interpuesto la arrendataria, hoy accionante, mediante el registro de la operación de compra venta, la misma se halla en conocimiento de los pormenores de la venta del inmueble que realizara su otrora arrendadora, momento desde el cual ha transcurrido el término de caducidad establecido en la referida disposición normativa, asimismo en el artículo 1.547 del Código Civil, razón por la cual, así debe ser apreciada. Que al anterior respecto, la Sala de Casación Civil, en sentencia N° 238 del día 20-7- 22, donde se estudia el lapso en el Retracto Legal del artículo 1547 del Código Civil, la Sala dejó sentado, lo siguiente, a saber: "Alega el formalizante que el juez de alzada incurrió en error de interpretación del artículo 1.547 del Código Civil al establecer que no ajustó su decisión al criterio jurisprudencial vigente, tomando por un lado, como fecha el 24 de agosto de 2010 de haber tenido conocimiento de la enajenación por el hecho de haberse Autenticado ese documento, aplicando los nueve (09) días que señala la ley sólo para los casos de haber sido avisado o notificados quienes tenga dicho derecho, y en el presente caso no se efectuó dicho aviso o notificación, además de no estarclaros los términos de la venta respecto a los porcentajes: por otro lado, toma ligeramente, que en el caso de considerar debe computarse 40 días, ya había fenecido con creces dicho lapso, contado desde el día 18 de agosto de 2010, criterio este totalmente falso, porque el lapso de cuarenta (40) días es contado a partir de la fecha en que se tiene efectivamente conocimiento de la enajenación, es decir, el día cinco 05 de abril de dos mil once 2011. El error de interpretación consiste en que elegida la norma aplicable al caso concreto de forma acertada, el juzgador, al interpretarla, le da un sentido y alcance distintos a lo establecido en su texto, haciendo derivar de ella consecuencias que no son las que contempla". Que en el supuesto, referido al ejercicio de la acción -so pena de caducidad- está condicionada a los lapsos previstos en el artículo 1.547 del Código Civil, los cuales son: "...Artículo 1.547: No puede usarse del derecho de retracto sino dentro de nueve días, contados desde el aviso que debe dar el vendedor o el comprador al que tiene este derecho o a quien lo represente. Si no estuviese presente y no hubiere quien lo represente, el término será de cuarenta días, contados desde la fecha del registro de la escritura...". Que respecto del citado artículo supra transcrito el autor Nerio Perera Planas, en su Obra: Código Civil venezolano en sus págs. 921-922, expresa lo siguiente: "El Art. 1.547 consagra dos hipótesis: a) que quien tenga el derecho de preferencia esté presente o tenga quien lo represente. En cuyo caso el vendedor o el comprador deberán dar aviso de la operación que proyecta a partir del cual puede accionarse el derecho de preferencia dentro de nueve días, y b) que quien tiene el derecho de preferencia no estuviere presente y no tenga quien lo represente, en cuyo caso el término para intentar la acción será de cuarenta días, contados a partir de la fecha de registro de la escritura. Es indudable que en esta disposición existe una laguna del legislador, porque no se prevé ni se reglamenta una tercera hipótesis: cuando quien tiene derecho de preferencia está presente y no le es dado el aviso de ley. Ésta es, la hipótesis del caso de autos. "...En las dos hipótesis previstas en el referido Art. 1547, el espíritu del legislador es permitir que quien tiene el derecho de preferencia pueda ejercerlo dentro de los lapsos que considera apropiados para conciliar el interés del inquilino con otro interés de carácter superior y eminentemente de orden público, que es el de consolidar el derecho de propiedad, o sea, el de evitar la duda y los litigios sobre la propiedad de los inmuebles. Precisamente por eso estableció dos lapsos distintos para ejercer aquel derecho de preferencia, el de nueve días cuando quien tiene ese derecho está presente o tiene quien lo represente, porque considera que ese lapso es suficiente para la a la rapidez en ejercer la acción, una vez que se le ha notificado de la compra venta proyectada; y el de cuarenta días cuando noestá presente ni tiene quien lo represente, contados a partir del registro de la escritura, tomando en cuenta la presunción de publicidad erga omnes que tienen los documentos protocolizados siendo indudable que la diferencia entre los dos lapsos obedece a que el primero nace de un aviso directo y el segundo de un acto que se supone conocido por todos una vez registrado. Tomando en cuenta ese superior interés de orden público y para llenar el silencio del legislador, el sentenciador concluye que en la tercera hipótesis que es precisamente cuando quien tiene el derecho de preferencia está presente pero no se le da el aviso legal, el término de caducidad debe ser el mismo que el previsto para la segunda hipótesis, o sea, cuando quien tiene el derecho de preferencia no está presente ni tiene quien lo represente. Esa solución concilia los dos intereses en pugna, el social de consolidación de la propiedad y el particular del inquilino que tiene el derecho preferencial, no causándole a éste ningún perjuicio, puesto que el lapso para ejercer su acción será de cuarenta días a partir del registro de la escritura, que el legislador ha fijado cuando el inquilino no está presente ni tiene quien lo represente; resultando más favorable por la mayor extensión del lapso y no obstante que tendrá mayores facilidades para enterarse de la compra venta, aun sin darle el aviso, si se encuentra presente. JTR 25-5-60, vol. VIII, pág. 744 s...". "Si el inquilino es notificado por el "vendedor o comprador" con posterioridad a la "enajenación (venta perfeccionada)", le será aplicable a dicho inquilino-retrayente para el ejercicio de la "acción" de retracto, el lapso de caducidad legal de nueve (9) días computados a partir de dicha notificación." "... En aplicación del artículo 1.547 del Código Civil, en concordancia con la doctrina casacional vinculante en el presente punto, considera efectivamente, que el término de caducidad para ejercer la acción de retracto legal en la presente causa, empezó a regir a partir del día 14 de agosto de 2010 fecha para la cual se desprende de autos se había perfeccionado y materializado la notificación a la vendedora у по desde el día 05 de abril de 2011 fecha del registro del referido inmueble. Y ASI SE DECIDE". De la precedente transcripción de la sentencia recurrida se desprende que el juez de alzada declara la caducidad de la acción de retracto legal con base en el artículo 1.547 del Código Civil; y, concluye expresando que: "...En ese sentido, y de acuerdo a la doctrina supra comentada, es de precisar que el lapso de caducidad previsto en el artículo 1.547 del Código Civil, de nueve (9) días comienza a correr a partir de la fecha en que el vendedor o el comprador de aviso de dicha operación, mientras que los cuarenta días (40) se computarán si la parte interesada no está presente o no se enteró de la misma a partir de la fecha en que fue debidamente registrada la venta". Que dicho local comercial o inmueble, está constituido por dos parcelas de terrenos y las bienhechurías, que identifica plenamente una parcela distinguida con la letra A, constante de 48,80 mts2, identificada con la cédula catastral Nro. 09-02-01-URBANO-05-35-27A; y, la otra, identificada con la letra B, con una superficie de "DOSCIENTOS DIECISEIS METROS CON VEINTIDOS CENTIMETROS CUADRADOS (26,22 mts2), lo que debe verificar, pareciera una inexactitud; identificado dicho inmueble con la cédula catastral Nro. 09-02-01-URBANO-05-35-27; ubicado en la calle El Socorro N° 5-76, cruce con la Av. Ricaurte de Tinaquillo, Municipio Tinaquillo del estado Cojedes. De la afirmación y medio de prueba adjuntado por la parte actora, se podrá evidenciar que la fecha de la protocolización de la venta, lo fue, el 24 de octubre de 2.019; y, de una simple revisión al auto de presentación y admisión de la demanda, que valdría la fecha de admisión de la reforma de la presente acción; que, al descubrir la fecha en que nuestro representado adquirió el inmueble, y la fecha de admisión de la reforma de esta demanda, lo que arroja que ha transcurrido en demasía el lapso de los seis (6) meses, previsto en la Ley, para que se ejerciera la pretensión de marras; al dejar se ajustarse a la exigencia de la Ley, resulta CON LUGAR, declarar la caducidad de la acción, en cualquier estado y grado de la causa. Así se pretende. III.III. ROHIBICIÓN DE PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN PROPUESTA Que se opone que, el retracto legal no opera cuando el arrendatario, no tiene ocupado la totalidad del inmueble; por tanto, resulta incuestionable la afirmación de la parte actora, al señalar que, el inmueble está compuesto por dos locales comerciales, y que su representada es la arrendataria de uno de ellos y que el demandado (Nuestro representado) es el inquilino del otro; inclusive, de mayor cantidad de metros cuadrados de construcción; así lo admite y acoge esta representación, pues, es cierto, que el demandado, nuestro representado y adquirente del inmueble en su totalidad-- resulta el otro inquilino; vale decir, con mayor proporción de metros cuadrados arrendados, inclusive; al haberse referido a la venta de la totalidad de inmueble (Compra-venta en Globo o global); por tanto, es plausible concluir que la vendedora de nuestro representado, no estaba obligada a notificar el derecho de preferencia ofertiva a la representada del apoderado actor, por no asistirle en derecho tal acontecimiento; y que la misma, es válida, de conformidad con la ley que resulta aplicable; asimismo, la Jurisprudencia imperante, al respecto. Que así se tiene, por Sentencia Nº 437 proferida por la Sala de Casación Civil de nuestro Tribunal Supremo de Justicia, en fecha diez (10) de octubre del año dos mil veintidós (2.022), reiteró el criterio la Sala Constitucional en decisión N° 5121 de fecha 16 de diciembre de 2005, donde estimó que "el retracto legal, tal como lo establece el legislador no opera cuando se enajena la globalidad del inmueble del cual forma parte el local arrendado, puesto que el arrendatario, no ocupa la totalidad del inmueble, sino parte de éste"; no obstante, para reforzar el derecho que se invoca, esta representación, trae a colación de sentencia dictada por la misma Sala Constitucional, con ponencia del Magistrado Calixto Ortega Ríos,Expediente N° 16.0745, sentencia de fecha: 15 de diciembre de 2.016, que refirió y cito nuevamente la doctrina imperante, al respecto. Que de admitirse lo contrario, supondría un perjuicio para el arrendador, quien se vería obstaculizado de enajenar el inmueble-de forma global-, por la obligación que tendría de ofertar los locales que conforman el inmueble, a todos los arrendatarios que los ocupan. De este modo, y para proteger el derecho del arrendador el legislador dispuso la excepción contenida en el artículo 49 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, a las que hace alusión las sentencias supra citadas y que se invocan como fundamento, en cuestión. Que ciudadano Juez, a través del principio de la comunidad de la prueba, y con la finalidad de probar la fecha de la venta del inmueble objeto de la venta que pretende retraer la parte actora, a su favor; la relación arrendaticia tanto de la demandante arrendataria de uno de los locales; y, asimismo, la que llevaba nuestro poderdante, con la arrendadora vendedora del inmueble; esta representación, hace de nuestro poderdante, los medios de pruebas adjuntados por la parte demandante en retracto legal, por admitirlas en su totalidad de hacer prueba de lo afirmado, salvo que, le asista el derecho de retraer la venta en lugar de nuestro poderdante; por dejar de asistirle el derecho, la razón y la justicia; pues, se acogen como ciertos, todos los contratos de arrendamiento opuestos a nuestro poderdante, que suscribiera la arrendadora - vendedora con nuestro poderdante y la del apoderado actor; asimismo, el documento de compra - venta del inmueble, que adquirido nuestro poderdante; de igual manera, las cédulas catastrales opuestas; más no así, las jurisprudencias invocadas por el actor, por considerar que resultan no aplicables al caso concreto. Que resulta importante citar, para precisar el criterio vigente y aplicable al caso concreto, la decisión de fecha: 14 de diciembre de 2.017, de la Sala de Casación Civil, sentencia Nº RC-000830, caso: Demanda por retracto legal arrendaticio interpuesta por AIDA JUSTA NAZOA DE FERNÁNDEZ contra TIBOR MICHAEL RAMBOW FALCÓN Y EMILIO DANIEL BEYLOUNE GONZÁLEZ, que declaró CON LUGAR, el recurso de casación contra la sentencia dictada el 9 de febrero de 2015, por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. "...En lo que respeta al retracto legal, la Sala Constitucional en sentencia N° 5121, de fecha 16 de diciembre de 2005, expediente N° 03-2212, caso Calzados Paris S.R.L., estableció lo siguiente: "...la Sala estima que el retracto legal, tal como lo establece el legislador no opera cuando se enajena la globalidad del inmueble, del cual forma parte el local arrendado, puesto que el arrendatario en este caso, no ocupa la totalidad del inmueble, sino parte de este. De admitirse lo contrario, supondría un perjuicio para el arrendador, quien se vería obstaculizado de enajenar el inmueble-de forma global, por laobligación que tendrá de ofertar los locales que conforman este a todos los arrendatarios que los ocupan...". Criterio que fue ratificado por esa misma Sala en sentencia N° 1.667, de fecha 27 de noviembre del 2014, expediente N 14-1111, caso Conrado Marín Marin, en el que se estableció:" "...OMISSIS..." "Asimismo, señala la referida sentencia de la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, que la parte demandada (ciudadano Tibor Michael Rambow Falcón) vendió la totalidad del inmueble al ciudadano Emilio Daniel Beyloune González, a quien le tenía arrendado la planta baja y a su vez tenía arrendada la planta alta a la ciudadana Aida Justa Nazoa de Fernández (accionante en el presente caso), por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, no es procedente "...el retracto legal arrendaticio, por cuanto de acuerdo a la disposición supra transcrita no procede en los casos de enajenación o transferencia global de la propiedad del inmueble del cual forme parte la vivienda, oficina o local arrendado...". Omissis. Fuente: http://historico.tsj.gob.ve/decisiones/sec/diciembre/2065 86- RC.000830-141217-2017-17-089.HTML. Que de la anterior cita, se concluye que resulta, en el anterior sentido, procedente resguardar el interés público constitucional y legal, que podría ser protegido en todo estado y grado de la causa; por lo tanto, la razón le asiste a nuestro poderdante y así lo deberá apreciar y declarar este Juzgador en la sentencia de mérito; aún antes, sin reparo alguno. Así se pretende. Que de la cuantía de la demanda Que esta representación judicial, por precisas instrucciones de nuestro poderdante, contradice la estimación de la demanda que hiciera la parte actora, en el Capítulo IV del libelo; toda vez que, no procede la estimación en moneda extranjera, trátese de la moneda estadounidense; vale decir, DÓLARES AMERICANOS (USD); por la sencilla razón, que se extrae del propio libelo de demanda y los medios probatorios adjuntado, en ninguna parte aflora que la negociación haya sido realizada en tal tipo de cambio, para que a golpes y porrazos, el actor, se antoje y considerar que la estimación deba ser hecha en moneda extranjera; por lo tanto, se reconviene, que la estimación de la demanda es la cantidad de DIECINUEVE MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.19.000.000,00), que equivale, al precio pagado, al momento de la firma de la negociación, en la oficina de Registro Inmobiliario del Municipio Tinaquillo del estado Cojedes. Que queda así contradicha la estimación de la demanda, que hiciera el apoderado actor, que lo fue, en la "...cantidad de QUINCE MIL DÓLARES (15.000$) con un valor de CINCO BOLÍVARES (Bs. 5,00.) Cada dólar, lo que arroja un total Bs. 75.000,00 multiplicados por el valor de la unidad tributaria de Bs.1 arroja un total de 75.000,00 U.T.".Que en el anterior sentido, se invoca como la estimación debida, conforme lo señala la actual Resolución 0001/2023, dictada por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha: 24 de mayo de 2023, que exige que las cantidades estimadas sean expresadas en bolívares; así se debe tener la estimación, en DIECINUEVE MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.19.000.000,00); lo que deberá determinarse, en caso de dudas, a través de una experticia complementaria del fallo, que deberá ordenar este Tribunal, en la sentencia de mérito. Así, se debe apreciar y tener. DEL PETITORIO Que por las razones de los hechos narrados y el derecho invocado se viene a esta instancia a solicitar como en efecto se hace, declare SIN LUGAR la demanda incoada en contra de nuestro poderdante JIACHENG FENG, de nacionalidad China, mayor de edad, comerciante, titular de la cédula de identidad Nro. E-84.428.082; con la expresa condenatoria en costas y costos; y demás determinaciones que procedan en derechos; no obstante, por cuanto los alegatos de fondo son de estricto orden público constitucional y legal, está llamado el Tribunal que resulte competente, no importando el estado y grado de la causa, declarar la CON LUGAR el alegato de NULIDAD ABSOLUTA de las actuaciones y decretar la reposición de la causa al estado de modificar el auto de admisión de la demanda, supra identificado; debiendo establecer, este Tribunal, de forma clara y precisa, por cuál de los procedimientos que se señalan (Oral u Ordinario) se deberá ventilar este proceso. Que finalmente, se solicita que el presente escrito de contestación de la demanda, sea admitido y tramitado conforme a derecho; declarada, SIN LUGAR, con los demás pronunciamientos de Ley, en los términos expuestos… Según el principio de exhaustividad previsto en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, que obliga a los jueces a valorar y analizar todas cuantas pruebas fueran producidas en juicio, este Tribunal pasa a revisar las pruebas presentadas en su oportunidad procesal por las partes en la presente causa. La demandante, junto a su escrito de demanda, presento las siguientes pruebas: DOCUMENTALES: 1. Marcado con la letra “A”: Copia Simple de Poder General otorgado por la ciudadana Elda del Valle Silva Terán, titular de la cédula de identidad Nº V-7.533.146, a los profesionales del derecho ciudadanos Francisco Javier Rodríguez Bolívar y Senén Ramón Díaz Santamaría, titulares de las cedulas de identidad números V-4.097.232 y V-5.208.969 respectivamente, debidamente inscritos ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 48.646 y 134.402 respectivamente, debidamente autenticado ante la Notaria Pública del Municipio Falcón del estado Cojedes en fecha 15 de julio de 2013, quedando inserto bajo el Nº 48, tomo 22 de los libros de autenticaciones llevados ante esa Notaria.De esta documental pertenece a la categoría de documentos públicos en virtud de haber sido presentado ante un funcionario competente para ello además de desprenderse de la referida documental la cualidad que posee los profesionales del derecho abogados Francisco Javier Rodríguez Bolívar y Senén Ramón Díaz Santamaría, titulares de las cedulas de identidad números V-4.097.232 y V-5.208.969 respectivamente, debidamente inscritos ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 48.646 y 134.402 respectivamente, para ejercer la representación judicial de la ciudadana Elda del Valle Silva Terán, titular de la cédula de identidad Nº V-7.533.146, y al no haber sido impugnada, ni tachada, se aprecia con todo su valor de conformidad a los artículos 1.357, 1.359, 1.366 y 1.384 del código civil, 429 y 509 del Código de Procedimiento Civil. Así se aprecia. 2. Marcado con el número 1: Copia Simple de Contrato de Arrendamiento Privado de fecha 01 de marzo del 2006, mediante el cual el ciudadano Juan Bautista Sandoval, titular de la cédula de identidad Nº V-1.365.425, le da en calidad de arrendamiento a la ciudadana Elda del Valle Silva Terán, titular de la cédula de identidad Nº V- 7.533.146, un (01) local comercial distinguido con el Nº 12-85, comprendido en mayor inmueble Nº 5-76, ubicado en la Avenida Ricaurte, cruce con calle El Socorro de la ciudad de Tinaquillo del estado Cojedes, con un tiempo de duración que comprendido desde el 01 de abril del 2006 al 01 de octubre de 2006. En consecuencia quedó demostrado que el ciudadano: Juan Bautista Sandoval, venezolano, mayor de edad, divorciado titular de la cedula de identidad Nº 1.365.425, suscribe un contrato de arrendamiento Privado a tiempo determinado, con la ciudadana Elda del Valle Silva Terán, venezolana, mayor de edad, divorciada, comerciante, titular de la cedula de identidad Nº V-7.533.146, cuyo arrendamiento recae sobre un local comercial distinguido con el Nº 12-85, comprendido en mayor inmueble Nº 5-76, situado en la avenida Ricaurte cruce con calle el Socorro, en esta ciudad de Tinaquillo, municipio Autónomo Falcón de Estado Cojedes, el cual no forma parte del contrato, cuyo tiempo de duración es de seis (06) meses, el cual comenzó a regir desde el 1 de abril de 2006 hasta el 1 de octubre de 2006, con un canon de arrendamiento mensual de ciento ochenta bolívares (antiguos) (Bs. 180.000) evidenciándose así el año de inicio, de la relación arrendaticia de la parte demandada con el ese entonces arrendador, quien no forma parte del presente juicio. Y así se establece. Al respecto, quien aquí decide, observa que el mencionado documento no fue impugnado ni fue objeto de tacha por parte de los demandados, por lo que se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 429 y 509 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1357, 1359 y 1360 del Código Civil. Así se aprecia. - 3. Marcado con el número 2: Copia Simple de Contrato de Arrendamiento Privado de fecha 04 de octubre del 2007, mediante el cual la ciudadana Ana Josefa Agüero Chejade, titular de la cédula de identidad Nº V-2.349.578, le da en calidad de arrendamiento a la ciudadana Elda del Valle Silva Terán, titular de la cédula de identidad Nº V-7.533.146, un (01) local comercial distinguido con el Nº 12-85, comprendido en mayor inmueble Nº 5-76, ubicado en la Avenida Ricaurte, cruce concalle El Socorro de la ciudad de Tinaquillo del estado Cojedes, con un tiempo de duración que comprendido desde el 01 de octubre del 2007 al 01 de octubre de 2008. 4. Marcado con el número 3: Copia Simple de Contrato de Arrendamiento Privado de fecha 01 de octubre del 2008, mediante el cual la ciudadana Ana Josefa Agüero Chejade, titular de la cédula de identidad Nº V-2.349.578, le da en calidad de arrendamiento a la ciudadana Elda del Valle Silva Terán, titular de la cédula de identidad Nº V-7.533.146, un (01) local comercial distinguido con el Nº 12-85, comprendido en mayor inmueble Nº 5-76, ubicado en la Avenida Ricaurte, cruce con calle El Socorro de la ciudad de Tinaquillo del estado Cojedes, con un tiempo de duración que comprendido desde el 01 de octubre del 2008 al 01 de octubre de 2009. 5. Marcado con el número 4: Copia Simple de Contrato de Arrendamiento Privado de fecha 28 de septiembre del 2009, mediante el cual la ciudadana Ana Josefa Agüero Chejade, titular de la cédula de identidad Nº V-2.349.578, le da en calidad de arrendamiento a la ciudadana Elda del Valle Silva Terán, titular de la cédula de identidad Nº V-7.533.146, un (01) local comercial distinguido con el Nº 12-85, comprendido en mayor inmueble Nº 5-76, ubicado en la Avenida Ricaurte, cruce con calle El Socorro de la ciudad de Tinaquillo del estado Cojedes, con un tiempo de duración que comprendido desde el 01 de octubre del 2009 al 01 de octubre de 2010. 6. Marcado con el número 5: Copia Simple de Contrato de Arrendamiento Privado de fecha 01 de octubre de 2010, mediante el cual la ciudadana Ana Josefa Agüero Chejade, titular de la cédula de identidad Nº V-2.349.578, le da en calidad de arrendamiento a la ciudadana Elda del Valle Silva Terán, titular de la cédula de identidad Nº V-7.533.146, un (01) local comercial distinguido con el Nº 12-85, comprendido en mayor inmueble Nº 5-76, ubicado en la Avenida Ricaurte, cruce con calle El Socorro de la ciudad de Tinaquillo del estado Cojedes, con un tiempo de duración que comprendido desde el 01 de octubre del 2010 al 01 de octubre de 2011. 7. Marcado con el número 6: Copia Simple de Contrato de Arrendamiento Privado de fecha 01 de octubre de 2011, mediante el cual la ciudadana Ana Josefa Agüero Chejade, titular de la cédula de identidad Nº V-2.349.578, le da en calidad de arrendamiento a la ciudadana Elda del Valle Silva Terán, titular de la cédula de identidad Nº V-7.533.146, un (01) local comercial distinguido con el Nº 12-85, comprendido en mayor inmueble Nº 5-76, ubicado en la Avenida Ricaurte, cruce con calle El Socorro de la ciudad de Tinaquillo del estado Cojedes, con un tiempo de duración que comprendido desde el 01 de octubre del 2011 al 01 de octubre de 2012. 8. Marcado con el número 7: Copia Simple de Contrato de Arrendamiento Privado de fecha 01 de octubre de 2012, mediante el cual la ciudadana Ana Josefa Agüero Chejade, titular de la cédula de identidad Nº V-2.349.578, le da en calidad de arrendamiento a la ciudadana Elda del Valle Silva Terán, titular de la cédula de identidad Nº V-7.533.146, un (01) local comercial distinguido con el Nº 12-85, comprendido en mayor inmueble Nº 5-76, ubicado en la Avenida Ricaurte, cruce concalle El Socorro de la ciudad de Tinaquillo del estado Cojedes, con un tiempo de duración que comprendido desde el 01 de octubre del 2012 al 01 de octubre de 2013. 9. Marcado con la letra “B”: Copia Simple de Contrato de Arrendamiento Privado, mediante el cual la ciudadana Ana Josefa Agüero Chejade, titular de la cédula de identidad Nº V-2.349.578, le da en calidad de arrendamiento al ciudadano Feng Junhong, titular de la cédula de identidad Nº E-84.492.956, dos (02) locales comerciales distinguidos con los números 5-76 y 5-76, independientes cada uno, construidos sobre dos lotes de terreno identificados como lote A y lote B, ubicados en la calle Socorro cruce con Av. Ricaurte con Tinaquillo, Municipio Tinaquillo del estado Cojedes, con un tiempo de duración de tres (03) años desde el día 01 de junio de 2013 al 01 de junio del 2016. Al respecto, quedó demostrado que la ciudadana: Ana Josefa Agüero Chejade, venezolana, mayor de edad, soltera, medico, titular de la cedula de identidad Nº 2.349.578, suscribe un contrato de arrendamiento Privado a tiempo determinado, con la ciudadana Elda del Valle Silva Teran, venezolana, mayor de edad, divorciada, comerciante, titular de la cedula de identidad Nº V-7.533.146, cuyo arrendamiento recae sobre un local comercial distinguido con el Nº 12-85, comprendido en mayor inmueble Nº 5-76, situado en la avenida Ricaurte cruce con calle el Socorro, en esta ciudad de Tinaquillo, municipio Autónomo Falcón de Estado Cojedes, el cual no forma parte del contrato, evidenciándose así, la relación arrendaticia entre la parte demandante y demandada del presente juicio. Se observa que el mencionado documento no fue impugnado ni fue objeto de tacha por parte de los demandados, por lo que se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 429 y 509 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1357, 1359 y 1360 del Código Civil. Así se aprecia. - Marcado con la letra “C”: Copia Simple de Registro de Comercio de la Compañía Anónima Ferretería El Mundo Junhong, C.A. en la cual los ciudadanos Wu Xiaomin y Feng Junhong, de nacionalidad China, titulares de las cédulas de identidad Nº E-84.545.069 y E-84.492.956 respectivamente, debidamente protocolizado ante el Registro Mercantil del estado Cojedes bajo el Nº 54, tomo 18-A de fecha 09/07/2013. En consecuencia quedó demostrado que la Compañía Anónima denominada FERRETERÍA DEL MUNDO JUNHONG C.A, quedo Debidamente Registrado por ante el Registro Mercantil del Estado Cojedes, Bajo el Numero 54, Tomo-18-A RM325, de fecha 09 de julio del Año dos mil trece(2013), evidenciándose en principio como representantes legales de la misma, a los accionistas: WU XIAOMIN y FENG JUNHONG, ambos de nacionalidad China, extranjeros residentes, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nros E-84.545.069 y E- 84.492.956, Posteriormente en fecha 27 de septiembre de 2019, realizaron modificaciones estatuarias, en la cual realizan nombramiento de junto directiva como presidente al Ciudadano JIANCHENG FENG, de nacionalidad, china, mayor de edad, soltero, comerciante, titular de la cedula de identidad N ºE-84.428.082, quedando registrado bajo el Nº 17, Tomo 7-A RM325. Al respecto, quien aquí decide, observa que el mencionado documento no fue impugnado ni fue objeto de tacha por la contraparte, por lo que se leotorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 429 y 509 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 1357, 1359 y 1360 del Código Civil. Así se aprecia. - Marcado con la letra “D”:  Copia simple de auto de certificación de la solicitud de Cumplimiento de Contrato de Arrendamiento tramitado ante el Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Falcón de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, signado bajo el número 4566-18.  Copia simple de libelo de demanda por motivo de Cumplimiento de Contrato de Arrendamiento incoado por la abogada Ylayali Enriqueta Herrera Aguirre, titular de la cédula de identidad Nº V-11.119.250, inscrita ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 157.443, en su carácter de Apoderada Judicial de la ciudadana Ana Josefa Agüero Chejade, titular de la cédula de identidad Nº V-2.349.579, contra la ciudadana Elda del Valle Silva Terán, titular de la cédula de identidad Nº V- 7.533.146.  Copia simple de auto de admisión emitido por el Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Falcón de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, en el expediente signado con el Nº 4566-18 (nomenclatura interna de ese Tribunal). Se evidencia que la ciudadana Ana Josefa Agüero Chejade, consigno escrito contentivo de Libelo de Demanda de Cumplimiento de Contrato de Arrendamiento por Vencimiento de Prorroga legal, por ante Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Falcón de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, en contra de la Ciudadana Elda del Valle Silva Terán Titular de la cedula de identidad Nº 7.533.146, en la cual mediante auto de fecha 1 de agosto de 2019 el tribunal la admite, y ordena emplazar a la ciudadana Elda del Valle Silva Terán, a fin de que comparezca dentro de los veinte (20) días, a dar contestación de la demanda conforme a lo establecido en el artículo 865 del Código de Procedimiento Civil y al no haber sido impugnado ni fue objeto de tacha por la contraparte, por lo que se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 429 y 509 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 1357, 1359 y 1360 del Código Civil. Así se aprecia. - 10.Marcado con la letra “E”: Copia Simple de documento de compra-venta de fecha 24 de octubre de 2019, mediante el cual la ciudadana Ana Josefa Agüero Chejade, titular de la cédula de identidad Nº V-2.349.579, da en calidad de venta al ciudadano Feng Junhong, titular de la cédula de identidad Nº E-84.492.956, dos (02) inmuebles identificado con el siguiente numero catastral: Edo.09, Dtto.02, Mcpio.01, ámbito urbano, sector 05, Manzana. 35, Lote: 01. Con una superficie de Mil Ciento Ochenta y Ocho Metros Cuadrados con Cuarenta y Cuatro Centímetros Cuadrados (1.188,44mts2) es decir, treinta y cinco metros (35mts) de frente, por cuarenta metros con cincuenta centímetros (40,50mts) de fondo, siendo sus linderos nacientes: Solary Casa que es o fue de los hermanos Malpica Sucesores, Poniente: La calle Ricaurte, Norte: Solar que es o fue de los sucesores de Concepción de López, Sur: La Calle El Socorro. Y actualizando sus linderos según plano en coordinadas UTM Deum La Canoa. Norte: del punto L-1 de coordenadas E.576058, N.109632, en una distancia de veinticinco metros con 70 centímetros (25,70mts) al punto L-14 de coordenadas E.5.76078, N1096307, con solar que es o fue de los sucesores de concepción de López Sur: del punto L-5 de coordenadas E.576035, N.1096289, en una distancia de treinta y cinco metros (35mts) al punto L-17 de coordenadas E.576064, N. 1096269, con calle el socorro Este: del punto L-14 de coordenadas E.576078, N.1096307en una distancia de seis metros con sesenta centímetros (6,60mts) al punto L-15 de coordenadas E.576074, N.1096302, y de este punto de distancia de seis metros con setenta y siete centímetros (6,77mts) al punto L-16 de coordenada E.576074, N.1096295 y de este punto de una distancia de veintisiete metros con ochenta centímetros (27,80mts) al punto L-17 de coordenadas E.576035, N.1096289, con solar y casa que es o fue de los Hermanos Malpica Sucesores Oeste: del punto L-5 de coordenadas E.576035, N.10963289, en una distancia de cuarenta metros con cincuenta centímetros (40,50mts) al punto L-17 de coordenada E.576064, N.1096269, con la calle Ricaurte; debidamente protocolizado ante por ante el Registro Público del Municipio Falcón del estado Cojedes, inscrito bajo el número 49, Protocolo Primero, tomo 7. Con la presente documental quedo demostrado que la propiedad de las bienhechurías antes descritas corresponde al ciudadano Feng Junhong, titular de la cédula de identidad Nº E- 84.492.956, en virtud de la venta que le hiciera la anterior propietaria ciudadana Ana Agüero, identificada, en fecha 24 de Octubre de 2019 y al ser un documento público y no haber sido objeto de tacha por la contraparte, por lo que se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 429 y 509 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 1357, 1359 y 1360 del Código Civil. Así se aprecia. - 11.Marcado con la letra “F”:  Copia Simple de cédula de identidad de la ciudadana Elda Del Valle Silva Terán.  Copia Simple de cédula de identidad del ciudadano Francisco Javier Rodríguez Bolívar.  Copia Simple del Carnet del Instituto de Previsión Social del Abogado del ciudadano Francisco Javier Rodríguez Bolívar. Quedó demostrada la identidad de la ciudadana Elda del Valle Silva Terán, identificada, así como la identidad de su apoderado judicial abogado Francisco Javier Rodríguez Bolívar, identificado, por lo que se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 429 y 509 del Código de Procedimiento Civil. Así se aprecia. - Pruebas Presentadas por la Parte Actora en la Oportunidad Procesal12.Marcado con la letra “G”: Copia Simple de planos parcelarios de terreno ubicado entre las calles socorro y Av. Ricaurte de la ciudad de Tinaquillo, Municipio Falcón del estado Cojedes, inscritos ante el Registro Público del Municipio Falcón del estado Cojedes, inscrito bajo el Nº 3655, folio 202 del año 2010. 13.Marcado con la letra “H”:  Original de comprobante de pago emitido por punto de venta, emitido por CORPOELEC, S.A., de fecha 22/05/2024, a favor de la ciudadana Ana Agüero, identificada, por un monto de mil seis bolívares con ochenta y cinco céntimos (1.006.85 bs).  Original de recibo de pago emitido por CORPOELEC S.A. 14.Marcado con la letra “H1”: Original de estado de cuenta emitido por CORPOELEC S.A. de fecha 01/03/2024 a favor de la ciudadana Ana Agüero, identificada. 15.Marcado con la letra “I”: Original de recibo de pago emitido por el Servicio Autónomo de Administración Tributaria (SAATRI), de fecha 30/05/2024, a favor de Inversiones JALSIEL, C.A. ubicado en el sector centro, avenida Ricaurte cruce con calle socorro, local Nº 12-85. 16.Marcado con la letra “J”: Original de recibo de pago emitido por HIDROCENTRO, de fecha 22/05/2024, a favor de la ciudadana Ana Agüero, identificada, en el cual se aprecia la solvencia del servicio prestado por esa institución. 17.Marcado con la letra “K”: Original de Certificado de Solvencia emitido por el Servicio Autónomo de Administración Tributaria (SAATRI), de fecha 27/06/2019, bajo el número de solvencia 082584, a favor de la ciudadana Ana Agüero, identificada, sobre el inmueble ubicado en la Av. Ricaurte Nº 5-76º de la ciudad de Tinaquillo estado Cojedes. De las presentes documentales marcadas con las letras G, H, H1, I, J y K se evidencia una serie de documentos administrativos gestionados tanto por la demandante de autos como por la ciudadana Ana Agüero (demandada) en los cuales se evidencia el cumplimiento con el pago de los servicios como electricidad, agua, aseo urbano, así como la ubicación y delimitación del inmueble ubicado entre las calles socorro y Av. Ricaurte de la ciudad de Tinaquillo, Municipio Falcón del estado Cojedes, que al no haber sido objeto de tacha por la contraparte, por lo que se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 429 y 509 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 1357, 1359 y 1360 del Código Civil. Así se aprecia. - 18.Marcada con la letra “L”: Copia certificada de sentencia interlocutoria con fuerza definitiva (Homologación del Desistimiento) proferida por el Tribunal de municipio Ordinario y Ejecutor de medidas del Municipio Falcón de la Circunscripción judicial del Estado Cojedes. (folios 235 al 240). Se observa que el mencionado documento es una copia fotostática certificada de sentencia interlocutoria con fuerza definitiva mediante la cual el Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de medidas del Municipio Falcón de la circunscripción Judicial del EstadoCojedes Decreta: Homologación al desistimiento de la demanda de la ciudadana Ylayali Enriqueta Herrera Aguirre, IPSA Nº 157.443, en su condición de apoderado judicial de la ciudadana Ana Josefina Agüero Chejade titular de la cedula de identidad Nº V- 2.349.578, contra la ciudadana: Elba del valle Silva Terán, titular de la cedula de identidad Nº 7.533.146, acordando tenerla como sentencia de pasada en autoridad de cosa juzgada que aun cuando el objeto de ambas litis es el mismo, el procedimiento incoado ante el Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Falcón correspondía a cumplimiento de contrato (arrendamiento), es por lo que se aprecia su contenido y se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 429 y 509 del Código de Procedimiento Civil. Así se aprecia. - 19.Marcado con la letra “LL”: Original de certificación de copias emitido por el Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Falcón de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, mediante el cual se certificó las copias de las actuaciones realizadas y diarizadas bajo los número 14, 19 y 25 siendo la primera de fecha 13/07/2022, y la segunda y tercera de fecha 14/07/2022, que corren inmersas en el expediente Nº 4566-19 de ese Tribunal, en el cual se evidencia que la ciudadana Ylayali Herrera, en su carácter de Apoderada Judicial de la ciudadana Ana Agüero, demandada de autos, mediante la cual manifestó su voluntad de desistimiento expreso de la demanda por Cumplimiento de Contrato de Arrendamiento contra la ciudadana Elda Del Valle Silva Terán, identificada. Se observa que son copias fotostáticas certificadas por el Tribunal de Municipio Ordinario y ejecutor de Medidas del Municipio Falcón de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes del expediente Nº 4566-19, en la cual se observa: 1) auto de fecha 13 de julio de 2022 contentivo de: oportunidad fijada para la audiencia de conciliatoria, en la cual el tribunal deja constancia que emitirá pronunciamiento por auto separado, previa solicitud de las partes y 2) diligencia suscrita por la ciudadana abogada Ylayali Enriqueta Herrera Aguirre IPSA Nº 157.443, en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana: Ana Josefa Agüero Chejade, titular de la cedula de identidad Nº V-2.349.578, en la cual expone: de conformidad con el artículo 263 del Código de procedimiento civil venezolano desiste de la presente demanda y el procedimiento que discurre, haciendo constar Formal Desistimiento Expreso, solicitando Homologación del Desistimiento Formulado, y al no haber sido impugnado ni fue objeto de tacha por la contraparte, se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 429 y 509 del Código de Procedimiento Civil Y así se verifica. Así se aprecia. - 20.Marcada con la letra “M”: Copia certificada de actuaciones contenidas en el expediente Nº CT-4566-19, del tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Falcón del Estado Cojedes. (folios 245 al 251). Se observa que son copias fotostáticas certificadas de actuaciones contenidas en el expediente Nº CT-4566-19 por motivo de Cumplimiento de Contrato presentada por laciudadana Ylayali Enriqueta Herrera Aguirre IPSA Nº 157.443, actuando en nombre y representación de la ciudadana Ana Josefa Agüero Chejade Titular de la cedula de identidad Nº V- 2.349.578, contentivas de: 1) Acta de inspección Ocular realizada por el Tribunal de Municipio Ordinario y ejecutor de Medidas del Municipio Falcón de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, en fecha 26 de noviembre de 2019, cuya inspección recayó sobre un inmueble signado con el número 5-76, ubicado en la calle el socorro cruce con av. Ricaurte de Tinaquillo estado Cojedes, 2) escrito suscrito por el abogado Francisco Javier Rodríguez Bolívar actuando en nombre y representación de la ciudadana Elda del Valle Teran Titular de la cedula de identidad Nº V-7.533.146, mediante la cual solicita sea declarada el Desistimiento Tácito, en la cual incurrió la demandante Ana Josefa Agüero Chejade y 3) constancia del tribunal de municipio ordinario y ejecutor de medidas del municipio falcón de la circunscripción judicial del estado Cojedes, en la cual hace constar que tuvo a la vista y confrontación documentos de compra venta protocolizado, en copia simple y en original para su vista y devolución, y al no haber sido impugnado ni fue objeto de tacha por la contraparte, por lo que se le otorga pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 429 y 509 del Código de Procedimiento Civil. Así se aprecia. - Pruebas ratificadas en su escrito de promoción de pruebas: 1. Marcado con la letra “O”: Copia Certificada de algunas de las actuaciones realizadas ante el Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Falcón de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, que corre inserta a los Folios 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 285 y Vto. De la pieza uno del presente expediente. 2. Marcado con la letra “P”: Copia Certificada de algunas de las actuaciones realizadas ante el Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Falcón de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, que corre inserta a los Folios 269, 270, 271, 272, 273 y Vto. De la pieza uno del presente expediente. 3. Marcado con la letra “Q”: Copia Certificada de algunas de las actuaciones realizadas ante el Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Falcón de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, que corre inserta a los Folios 274, 275 y 276 Vto. De la pieza uno del presente expediente. En el presente documental se evidencia escrito de consignación de poder Apud Acta, debidamente suscrito por el ciudadano Jiacheng Feng, identificado, mediante el cual le dio la facultad de representación al abogado Danny Antonio Illuzzi Chirinos, titular de la cédula de identidad Nº V-14.613.407, debidamente inscrito ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 134.395. Así como el Poder debidamente autenticado por ante la notaría pública sexta del Municipio Valencia del estado Carabobo, mediante el cual la ciudadana Ana Josefa Agüero Chejade, titular de la cédula de identidad Nº V-2.349.578, mediante el cual le confirió poder a la abogada Ylayali Enriqueta Herrera Aguirre, titular de la cédula de identidad Nº V-11.119.250, debidamente inscrita en el Instituto de Previsión Social bajo elnúmero 157.443 de igual forma se evidencia Poder Apud Acta, mediante el cual la abogada Ylayali Enriqueta Herrera Aguirre, titular de la cédula de identidad Nº V-11.119.250, debidamente inscrita en el Instituto de Previsión Social bajo el número 157.443, en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana Ana Agüero, identificada, el cual le confirió poder al abogado Danny Antonio Illuzzi Chirinos, titular de la cédula de identidad Nº V- 14.613.407, debidamente inscrito en el Instituto de Previsión Social bajo el número 134.395. En los que se refleja la cualidad de representación que posee los profesionales del derecho antes identificados que al haber sido presentado ante un funcionario debidamente acreditado corresponde a la categoría de documentos públicos y al no haber sido impugnado ni tachado por la contraparte se le otorga pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 429 y 509 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 1357, 1359 y 1360 del Código Civil. Así se aprecia. - 4. Marcado con la letra “R”: Copia debidamente certificada por el Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Falcón de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, que corre inserta desde el folio 76 al folio 142 de la tercera pieza del presente expediente, de los cuales se desprende:  Copia de diligencia de fecha 04/05/2024, debidamente suscrita por el ciudadano Francisco Javier Rodríguez Bolívar, en su carácter de apoderado judicial de la parte accionante, mediante la cual solicito al Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Falcón de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, copia certificada de algunas de las actuaciones que corren inserta en el expediente Nº 4566-19 tramitado ante ese Juzgado.  Copia de estado de cuenta emitido por el ciudadano Argenis Zambrano en su carácter de Gerente de Control Interno y Relación de Organismos Reguladores VPD Contraloría del Banco Fondo Común.  Marcado como anexo “A” estado de cuenta emitido por el Banco Fondo Común en el cual se ve reflejados movimientos bancarios, así como el saldo a favor.  Marcado como anexo “B” estado de cuenta emitido por el Banco Fondo Común en el cual se ve reflejados movimientos bancarios, así como el saldo a favor.  Copia de baucher emitido por el Banco Fondo Común correspondiente a las fechas 30/05/2019, 18/06/2019, 12/07/2019, 14/08/2019 y 22/10/2019, por motivo de depósito a la cuenta bancaria 6003075282, a nombre del ciudadano Juan Bautista Sandoval, titular de la cédula de identidad Nº V-1.365.425.  Copia de oficio Nº 559-19 de fecha 13 de diciembre de 2019, emitido por el Banco Occidental de Descuento, Banco Universal C.A. mediante el cual informo al Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Falcón de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, que la cuenta bancaria 0116-0039-59- 018345566655 pertenece al ciudadano Juan Bautista Sandoval, titular de la cédula de identidad Nº V-1.365.425 y a su vez remitió movimientos bancarios recibidos a laanterior cuenta bancaria descrita, realizados por la ciudadana Elda del Valle Silva Teran y de Inversiones Jalsiel, C.A. De estas documentales que se encuentran insertas en el expediente Nº 4566-19 (nomenclatura interna del Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Falcón de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes), presentadas en copias debidamente certificadas por el referido Tribunal, se evidencia relación de estados bancarios, es decir los activos y pasivos pertenecientes a la cuenta bancaria del ciudadano Juan Bautista Sandoval, identificado, en las entidades Bancarias Banco Fondo Común (BFC) y Banco Occidental de Descuento (BOD) así como los depósitos realizados por la demandante de autos ciudadana Elda del Valle Silva Terán, identificada, el cual solo demuestra el pago efectivo a favor del referido ciudadano, y al no haber sido tachadas ni impugnadas por las partes se lo otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil. Así se aprecia. - Copia de facturas de pago emitidas por la ciudadana Ana Agüero, identificada, por motivo de alquiler de un local comercial a favor de la ciudadana Elda del Valle Silva Terán, identificada. Esta documental permite demostrar la relación contractual de arrendamiento existente entre la demandante y demandada, en la que se evidencia que durante los años 2009, 2012, 2013, 2014 y 2015, del local comercial distinguido con el Nº 5-76-A, ubicado en la Avenida Ricaurte cruce con calle El Socorro de la ciudad de Tinaquillo estado Cojedes, en el que se distingue la presunta firma de la ciudadana Ana Agüero, identificada, demostrando que por más de cinco (05) años existió el pago realizado por la demandante a favor de la demandada Ana Arguero; al no haber sido tachada ni impugnada la presente documental se le otorga valor probatorio de conformidad con los artículos 429 y 509 del código de Procedimiento Civil. 5. Marcado con la letra “S”: copia simple de recibos de pago electrónicos, correspondientes al año 2020, emitidos por la entidad bancaria Banco Occidental de Descuento (BOD) mediante el cual la ciudadana Elda Silva, identificada, consignaba a favor del ciudadano Juan Bautista Sandoval, identificado un monto económico por motivo de “alquiler”. 6. Marcado con la letra “T”: copia simple de recibos de pago electrónicos, correspondientes al año 2021, emitidos por la entidad bancaria Banco Occidental de Descuento (BOD) mediante el cual la ciudadana Elda Silva, identificada, consignaba a favor del ciudadano Juan Bautista Sandoval, identificado un monto económico por motivo de “alquiler”. 7. Marcado con la letra “U”: copia simple de recibos de pago electrónicos, correspondientes al año 2022, emitidos por la entidad bancaria Banco Occidental de Descuento (BOD) mediante el cual la ciudadana Elda Silva, identificada, consignaba a favor del ciudadano Juan Bautista Sandoval, identificado un monto económico por motivo de “alquiler”.De estas documentales presentadas en copias simples, se evidencia los depósitos realizados por la demandante de autos ciudadana Elda del Valle Silva Terán, identificada, a favor del ciudadano Juan Bautista Sandoval, identificado, demostrando que existía una relación contractual con el referido ciudadano, y al no haber sido tachadas ni impugnadas por las partes se lo otorga valor probatorio de conformidad con el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil. Así se aprecia. - III CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Quedando planteado el problema, pasa esta Juzgadora a realizar las siguientes observaciones. En la oportunidad de presentar los informes, la Parte Demandante, expresó lo siguiente: “Omissis… …Que de la transcripción parcial de la Sentencia se puede evidenciar que la Juez Aquo, vulnero y quebrantó las reglas para juzgar prevista en el artículo 254 del Código de Procedimiento Civil y de igual manera la Jurisprudencia de la sala de Casación Civil y Sala de Casación Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre dichas reglas, de la norma establece: "Los Jueces no podrán declarar Con Lugar la demanda sino cuando, a su juicio, exista plena prueba de los hechos alegados en ella. En caso de duda, sentenciarán a favor del demandado, y, en igualdad de circunstancias, favorecerán la condición del poseedor, prescindiendo en sus decisiones de sutilezas y de punto de mera forma. Que en ningún caso usaran los Tribunales de providencias vagas u oscuras, como las devenga en forma, ocurra a quien corresponda u otras semejantes, pues siempre deberá indicarse la Ley aplicable al caso, la formalidad a que se haya facultado, o el Juez a quien deba ocurrirse". Que de manera que la Jueza aun estando convencida con los alegatos y el acervo probatorio proporcionado por esta representación judicial, como lo señala en su sentencia al valorar y apreciar los hechos y las pruebas, (plena prueba) y notar que uno solo de los codemandados de autos, dio contestación al fondo de la demanda, sin haber proporcionado elementos probatorios que lo favoreciese y que mediante auto de fecha: 18 de junio de 2024 que corre en el folio 175 de la tercera pieza, le NIEGA lo solicitado sin que ejerciera recurso alguno, de manera que la Sentencia Recurrida en apelación vulnero el principio de la PLENA PRUEBA (REGLAS PARA JUZGAR) de los hechos alegados por mi poderdante en el presente juicio, violentando la norma e incurriendo en el vicio de quebrantamiento de forma o efecto por error de actividad, previsto en el artículo 313, ordinal 1, del Código de Procedimiento Civil, pues como se refiere en la norma antes trascrita en la presentecausa, la Jueza de Instancia la vulnera al no aplicarla, pues cuando valora todas las pruebas aportadas y que las mismas son concordantes con los hechos y el derecho alegado, incurrió en los vicios antes indicados, motivo por el cual el presente recurso de apelación debe ser declara CON LUGAR, y en consecuencia revocada la Sentencia del 01 de julio del 2024 y así espero se haga en la definitiva… …Que en base al criterio doctrinal anteriormente transcrito es menester enfatizar que la COSA JUZGADA es la forma en que se manifiesta la autoridad del Estado, y es por ello que se fundamenta en rezones de ORDEN PÚBLICO, es decir, que de allí se derivan sus caracteres de irrecurrible por cuanto es inmune a nuevos recursos, de inmutables por resistir a todo cambio en lo decidido y de coercible porque la eficacia se ampara en el poder del Estado para ejecutarlo. Así las cosas, al no ser posible de acuerdo a este criterio atacar la decisión definitivamente firme de fecha 28 de abril del 2023-05 mayo 2023, dictada por este Juzgado Superior Civil, Mercantil, Bancario y del tránsito, por medio del cual declaro: Primero: reponer la causa, Segundo: anulo la Sentencia Interlocutoria de fecha 15/11/2022..." Ejercido en recurso de apelación. Es una decisión que indudablemente incurrir en una flagrante VIOLACIÓN A LA COSA JUZGADA, que abiertamente representa un absoluto desprecio al Orden Publico Constitucional y Procesal, toda vez que podría quebrantar este principio y le puede dar cabida a una violación a un acto procesal cuando la etapa de cognición estaba definitivamente terminada por medio de la sentencia definitivamente firme, como lo fue la decisión dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial en fecha(20/02/2024). Por lo anteriormente expuesto, razonado y fundamentado solicito muy respetuosamente a esta alzada declare procedente la apelación y REVOQUE O anule la sentencia definitiva dictada por el Tribunal Aquo en fecha 01 de julio del 2024. Que en materia de nulidades procesales y de reposición, la jurisprudencia dio a la COSA JUZGADA un efecto saneador o de convalidación de los actos procesales, respecto de cualquier vicio, por considerar que una vez que surge la cosa juzgada, ya no existe recurso alguno, ni vía procesal de ninguna especie para denunciar irregularidades; y ello porque según nuestro sistema, las nulidades tienen que solicitarse aprovechando el medio ordinario de la apelación o el extraordinario de casación. Así, en sentencia de fecha 12-12-61" y en sentencias de fechas 19-07- 67(12) y 26-04-84(13), la Casación señaló que advenida la cosa juzgada "la única vía posible de impugnación es la del juicio de invalidación". Que con anterioridad había dicho la Casación, como cuestión de principio, que no puede haber reposición sino en las causas en curso, pero no en los juicios concluidos (Sentencias de 31-10-46 y 24-11-44 (14)). Esta posición tenía su fundamento en el efecto preclusivo de la cosa juzgada formal, y como un mediopara impedir los esfuerzos o intentos de reabrir procesos ya concluidos, buscando con ello subsanar faltas o descuidos imputables a la negligencia de las partes. Que sin embargo, al criterio anterior se le criticaba su carácter absoluto, alegando que si no se ha cumplido con la garantía constitucional del debido proceso, derivado del artículo 68 de la Constitución (hoy º 7, artículo 49 de la vigente), la cosa juzgada no puede surgir con efectos preclusivos definitivos. Ello se planteó con motivo de la violación del principio de la causa en suspenso y de la obligatoria notificación de su reanudación, a que antes se refería el artículo 158 del Código de Procedimiento Civil derogado, y que ahora tiene su respaldo en los artículos 233 y 14, del vigente Código de Procedimiento Civil. Que en fecha 18-12-85(16), la Casación abandonó la anterior posición, al asentar que no existe cosa juzgada "si se han violado las normas relativas a la continuación de las causas paralizadas, obviándose la notificación de las partes". En resumen, la doctrina de la cosa juzgada aparente descansa en las siguientes premisas: A. En el reconocimiento de la garantía constitucional del debido proceso. A.1. En este sentido, en otra decisión que aparece en la G.F. N° 72, p. 227, la Casación afirmó: "Las normas jurídicas que regulan el derecho a la defensa deben ser interpretadas no en forma restrictiva sino en forma extensiva, a fin de que no se corra el riesgo de menoscabarlo o vulnerarlo, para acatar así el mandato constitucional que ordena mantener la inviolabilidad de la defensa en todo estado y grado del proceso". A.2. Más, con motivo de la interpretación del art. 197 del Código de Procedimiento Civil, en sentencia de 18-07-90, se sostuvo que la Corte Suprema de Justicia como garante de la constitucionalidad, "debe aplicar preferentemente el artículo 68 de la Constitución, frente a las normas que lesionen el derecho a la defensa". Hoy art. 49 de la Constitución de 1999. B. El concepto doctrinario de la cosa juzgada aparente, cuando no ha habido un proceso regular y legalmente conducido, y con violación de las normas procesales que legitiman el orden público, es precisamente el que permite salvaguardar el derecho de defensa… …Posición en el Código de Procedimiento Civil. Que si nos atenemos a los textos de los artículos 272 y 273 de nuestro código de Procedimiento Civil, puede concluirse que la verdadera cosa juzgada es la señalada en el artículo 273, antes citado, puesto que establece que es "un mandato obligatorio e inmutable", al que se llega por la preclusión de los medios de impugnación de la sentencia, es decir, por la cosa juzgada formal. Por ello, el Código de Procedimiento Civil, en mi criterio, siguiendo a CARNELUTTI, en el concepto de cosa juzgada comprende tanto la eficacia obligatoria como la inmutabilidad de la sentencia. La primera es la cosa juzgada material y la segunda la cosa juzgada formal.LÍMITES O DETERMINACION DE LA COSA JUZGADA. Que efectivamente ciudadana jueza, el artículo 243 del C.P.C. vigente, no permite distinguir entre "cosa juzgada formal" y "cosa juzgada material". E igualmente según el ordinal 3º del artículo 1.395 del C.C. sólo existe un solo tipo de cosa juzgada, porque toda sentencia firme es inmodificable o irrevocable respecto de su contenido o declaración; y que admitir una distinción como la propuesta es tergiversar la fe pública de la sentencia como documento autentico. Que no obstante los anteriores pronunciamiento jurisprudenciales acerca de la distinción de la sentencia con autoridad de la cosa juzgada solamente procedimental y no respecto de la materia litigiosa, no resultaba convincente de tal distinción, máxime cuando el valor presunto de verdad iure et iure que prevé el ordinal 3º del artículo 1.395 del C.C., es aplica tanto a la relación procesal dentro de la cual se ventilo la causa, como a la materia de fondo, puesto que en uno u otro caso no se admite prueba en contrario. Siendo otro el elemento que determina el aspecto objetivo de la cosa juzgada es la causa petendi o título de la pretensión. Que el titulo o causa petendi es la razón o fundamento de la pretensión deducida en juicio, pero no lo simple motivo que determina al sujeto a plantear la pretensión, si no la causa jurídica de la misma. En general, consistiría siempre de un hecho o acto jurídico del cual se derivan las consecuencias a favor del sujeto activo de la pretensión a cargo del sujeto pasivo de la misma como el hecho ilícito, el contrato, la gestión de negocio etc. De manera que hay 3 elementos fundamentales con respecto a la cosa juzgada: 1) Análisis de la identidad de objeto: Se entiende por objeto el bien de la vida sobre el cual recae la pretensión, en este sentido la doctrina de casación ha afirmado que objeto de la demanda no es el procedimiento, ni la acción que se adopten para lograrlo, si no el derecho mismo que se reclama. 2) Análisis de la identidad de la causa: Se entiende por causa el título de la pretensión es decir la razón o fundamento de la pretensión deducida en juicio que en general consistiría siempre en un hecho o acto jurídico de la cual se derivan las consecuencias a favor del sujeto activo de la pretensión a cargo del sujeto pasivo de la misma. 3) El tercer aspecto tiene que ver con la causa petendi o titulo. La causa petendi consiste en el fundamento de hecho y derecho en que se basa la acción procesal. Esto es, el hecho o acto jurídico del cual se derivan las consecuencias jurídicas. En el presente caso, se observa que la causa es el retracto legal arrendaticio, de conformidad con lo previsto en los artículos 38 y 39 de la Ley de Alquileres de Locales Comerciales, relativa al derecho de preferencia ofertiva que tiene mi poderdante (arrendataria poseedora) para comprar el local o los locales arrendados.Que de lo anterior se desprende que los elementos de la acción son 4: El primero, la existencia de un derecho sustantivo, porque no se concibe una acción sin un derecho que le sirva de fundamento y a cuya protección se dirige. El segundo, la presencia de un interés, ya que el derecho es un interés protegido por la ley y si el interés falta la protección desaparece. El tercero, la cualidad, porque la acción recurre al derecho del titular sustantivo; y por último la capacidad, es decir: la actitud para actuar personalmente en juicio. Que para fundamentar la argumentación anterior le señalo ciudadana jueza un extracto de una sentencia emanada de SALA DE CASACIÓN CIVIL, en el caso que en ella se refiere: SALA DE CASACIÓN CIVIL Exp. AA20-C-2022-000364 Magistrado Ponente: HENRY JOSÉ TIMAURE TAPIA… …Que de igual manera ciudadana juez le manifiesto que la sentencia dictada por el Tribunal aquo, en fecha 01 de julio del 2024 no solo se vulneraria el Orden Publico, sino que es una desobediencia de la sentencia dictada por el Tribunal a su digno cargo en fecha 28 de abril del 2023 - 5/05 de mayo del 2023, y la Sentencia del 20 de febrero del 2024, dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario y Tránsito de esta Circunscripción Judicial, lo cual también podría incurrirse en un desorden procesal por lo que le señalo y le transcribo parcialmente sentencia Nº 0465 del 15/05/2023 Sala Constitucional. Que el Desorden Procesal, consiste en la subversión de los actos procesales, lo que produce la nulidad de las actuaciones, al desestabilizar el proceso. Anarquía Procesal Que respecto al desorden procesal, esta sala en sentencia 2821/2003, recaída en el caso "José Gregorio Rivero Bastardo" estableció: "...En sentido estricto el desorden procesal, consiste en la subversión de los actos procesales, lo que produce la nulidad de las actuaciones, al desestabilizar el proceso, y que en sentido amplio es un tipo de anarquía procesal, que se subsume en la teoría de las nulidades procesales. Stricto sensu, uno de los tipos de desorden procesal, no se refiere a una subversión de actos procesales, sino a la forma como ellos se documenten. Los actos no son nulos, cumplen todas las exigencias de ley, pero su documentación en el expediente o su inter conexión con la infraestructura del proceso, es contradictoria, ambigua, inexacta cronológicamente, lo que atenta contra la transparencia que debe regir la administración de justicia, y perjudica el derecho de defensa de las partes, al permitir que al menos a uno de ellos se le sorprenda (artículos 26 y 49 constitucionales). En otras palabras, la confianza legítima que genere la documentación del proceso y la publicidad que ofrece la organización tribunalicia, queda menoscabada en detrimento del Estado Social de derecho y de justicia.(...Omissis...) Se trata de situaciones casuísticas donde el juez, conforme a lo probado en autos, pondera su peso sobre la transparencia que debe imperar siempre en la administración de justicia y sobre la disminución del derecho de defensa de los litigantes y hasta de los terceros interesados, y corrige la situación en base a esos valores, saneando en lo posible las situaciones, anulando lo perjudicial, si ello fuere lo correcto. Otro tipo de desorden procesal, ocurre cuando sobre un mismo tema decidendum, existen varios procesos inacumulables, sustanciándose por separado varias causas conexas que en cierta forma incide la una sobre la otra, instruidas por procedimientos distintos, que puedan provenir de acciones diversas (ordinarias, especiales, amparos, etc.). Esta profusión de causas, con sentencias contradictorias, y por ello inejecutables provenientes de los diversos juicios, conlleva a la justicia ineficaz; y ante tal situación -igualmente casuística-un Tribunal (sic) Superior (sic) capaz de resolver un conflicto de competencia entre los jueces involucrados que conocen los distintos procesos, debe ordenar y establecer los procesos, señalando un orden de prelación de las causas en cuanto a su decisión y efectos, pudiendo decretar la suspensión de alguna de ellas, así como la liberación de bienes objeto de varias medidas preventivas surgidas dentro de las diversas causas. Se trata de una orden judicial saneadora, que atiende al mantenimiento del orden público constitucional, ya que la situación narrada atenta contra la finalidad del proceso y la eficacia de la justicia. (...Omissis...) Los dos tipos reseñados requieren que el proceso sea ordenado, sea saneado en sus vicios constitucionales que conducen a la justicia ineficaz, opaca y perjudicial al derecho de defensa. Ahora bien, los correctivos del desorden procesal, solo pueden utilizarse -tanto de oficio como a petición de parte, ya que el desorden también perjudica al sentenciador- cuando objetivamente conste en autos o en la audiencia tal situación, hasta el punto que ella puede fijarse válidamente como fundamento de la nulidad o de la orden saneadora...". Con fundamento en el ordinal 1 del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, se denuncia la infracción de los artículos 272 y 273 eiusdem, por quebrantamiento de la forma procesal que regula los efectos de las decisiones, lo cual a decir del Que alega el Apelante: Que la sentencia de Primera Instancia incurre en las violaciones denunciadas al desconocer el carácter de COSA JUZGADA contenida en el fallo dictado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial en fecha 20 de Febrero de 2024, contentivo de las cuestiones previas planteadas por el codemandado: JIACHENGFENG, identificado en autos, en el presente juicio de Retracto Legal Arrendaticio que mi representado le sigue. Dicha sentencia interlocutoria declaro Sin Lugar las Cuestiones Previas con fuerza definitiva. Que el Aquo entonces omitió, desconoció la existencia y fuerza de la COSA JUZGADA dictaminada en el presente juicio, no se adentró en aquel proceso interlocutorio ya concluido y no juzgó sobre dicha decisión del 20 de febrero del 2024. Que afirma el apelante que la Juez de Primera Instancia violó la COSA JUZGADA al ignorar, desconocer y obviar la existencia de la sentencia definitivamente firme de fecha 20 de febrero de 2024 dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario y de Tránsito de esta circunscripción judicial. Que la cosa juzgada es una institución jurídica que tiene por objeto fundamental garantizar el estado de derecho y la paz social, y su autoridad es una manifestación evidente del poder del Estado cuando se concreta en ella la jurisdicción. Que dicha institución ostenta rango de garantía constitucional al encontrarse reconocida en el numeral 7 del artículo 49 del Texto Fundamental como parte integrante del debido proceso y, en consecuencia, ninguna persona podrá ser sometida a juício por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente que establece "El debido proceso se aplicara a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia... 7. Ninguna persona podrá ser sometida a juicio por los mismos hechos en virtud de los cuales hubiese sido juzgada anteriormente...", es decir que estamos en la expresión de un principio que se denomina "NON BIS IN IDEM". Que la cosa juzgada como efecto de la sentencia presenta un aspecto formal y otro material, contenidos en los artículos 272 y 273 del Código de Procedimiento Civil, respectivamente, siendo que el primero se presenta dentro del proceso al hacer inimpugnable la decisión y, el segundo de estos, el que trasciende al exterior, cuyo fin es prohibir a las partes el ejercicio de una nueva acción sobre lo ya decidido; la inmutabilidad, la cual conjuntamente con la coercibilidad constituyen los aspectos para la eficacia de la autoridad de la cosa juzgada. (Al efecto ver fallo N 89 del 13/02/2014, caso: Nubian Gabira Guerrero Guerrero y otros c/ Filomena Ramírez Delgado). Que ahora bien, el contenido del fallo dictado por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de esta circunscripción judicial en fecha 20 de febrero del 2024, que declaró Sin Lugar las cuestiones previas alegadas por el codemandados de autos, sin que el mismo aun cuando ejerció el recurso de apelación, no le dio impulso procesal sobre el mismo y solo se limitó a dar una contestación al fondo de la demanda en fecha 30 de abril del2024, por lo que desistió de forma presunta o tasita del recurso de apelación, por lo que dicha sentencia interlocutoria quedo definitivamente firme, razón por la cual solicito al Tribunal declare procedente la presente denuncia, CON LUGAR el presente recurso de apelación, revoque la Sentencia de Primera Instancia de fecha 01 de julio de 2024 y en consecuencia CON LUGAR la demanda la de RETRACTO LEGAL ARRENDATICIO con todo el pronunciamiento de Ley... …Que efectivamente ciudadana jueza con fundamento en lo dispuesto en el ordinal 1 de artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, el apelante denuncia que el sentenciador de Primera Instancia incurrió en la infracción del ordinal 4 del artículo 243 eiusdem, por considerar que en la sentencia apelada, se evidencia la ocurrencia del vicio de inmotivación por contradicción en los motivos del fallo... El que suscribe para soportar su denuncia señalo siguiente: Que apreciado Jueza, la sentencia apelada aportó al fallo dos motivaciones que resultan contradictorias y que se destruyen a su vez, al concluir por una parte que se ha dado cumplimiento de los requisitos procesales para la procedencia del Retracto Legal Arrendaticio, enmarcados en los medios probatorios aportados por la actora, a través de las documentales consignadas oportunamente; y por otro lado y de manera contradictoria sostener y afirmar que quien demanda el Retracto Legal Arrendaticio, no suministró convicción necesaria respecto al lapso de los seis (06) meses que da la Ley para interponer la acción de Retracto Legal Arrendaticio legítima y tomando como base lo anterior y a fin de establecer una fecha, en virtud de que la parte actora no indicó tal como lo establece la doctrina, la jurisprudencia y la ley, la fecha en que tuvo discernimiento de la respectiva negociación del local comercial, esta juzgadora se ve en la imperiosa necesidad analizar exhaustivamente acervo probatorio, observando que la venta, fue debidamente protocolizado en fecha: 24 de octubre del año 2019, por ante el Registro Público del Municipio Tinaquillo del Estado Cojedes, quedando Inserto Bajo el Nº 2019.1400. Asiento Registral 1 del inmueble matriculado con el Nro 319.8.2.1.10128. Folio real del año 2019 Nro. 2019.1407, documento donde la ciudadana: ANA JOSEFA AGUERO CHEJADE, da en venta pura y simple al ciudadano: JIACHEN FENG, ya identificados, el inmueble objeto de la presente acción, siendo esta venta la que contiene la trasmisión de propiedad del inmueble, de la cual nunca fue notificada a la parte demandante conforme a las formalidades de ley, a fines de manifestar o no su interés en adquirir dichos inmuebles y aunado al hecho de que, en virtud de que la accionante no demuestra fehacientemente la fecha exacta en la que tuve conocimiento de la venta, y siendo que es en fecha: 24 de octubre de 2019, donde materializó la venta de dicho inmueble, todo ello conlleva que desde esa fecha cierta es el nacimiento del lapso de sets (06) meses para ejercer la presente acción, computados desde el momento de la protocolización del documento anteriormente identificado, y por cuanto la fecha de interposición de la presente demanda fue para: 24 de enero del año 2022, se evidencia quetrascurrieron dos (02) años y tres (03) meses, es por lo que considera quien aquí decide que la presente acción por retracto legal arrendaticio intentado por la ciudadana: ELDA DEL VALLE SILVA TERAN, no puede prosperar en derecho, es por todo lo antes expresado y en apego a nuestro ordenamiento jurídico que se declara CON LUGAR LA CADUCIDAD PROPUESTA COMO DEFENSA DE FONDO, Y SIN LUGAR LA PRESENTE DEMANDA DE RETRACTO LEGAL ARRENDATICIO Y así decideQue todo lo anterior, aún y cuando consideró legítimo y acogió todos los medios probatorios conformados por los documentos públicos y administrativos revestidos de fe pública y solemnidad respectiva, aportados en la oportunidad legal correspondiente por esta parte actora, como medios probatorios documentales, de los cuales se desprende fehacientemente la acción de retrato legal arrendaticio de mi representada, tal y como quedó demostrado en autos, analizado y sentenciado por el Juez A quo; medios probatorios exentos de impugnación y contradicción alguna, tal y como lo sostuvo el propia Juez de Primera Instancia, medios probatorios que además, que no fueron contradichos ni revertidos por los codemandados e autos en el ínterin procesal... …Que efectivamente ciudadana jueza, en la presente causa no consta ni se evidencia, de que se le haya realizado la notificación legal y formal a mi representada: ELDA DEL VALLE SILVA TERAN identificada en autos, del negocio jurídico realizado entre los codemandados: ANA JOSEFA AGÜERO arrendadora vendedora y el ciudadano JIANCHENG FENG, identificado en autos del local que ocupa mi poderdante, ni tampoco se demostró la fecha cierta o certeza en que mi supuestamente mi representada tuvo conocimiento del negocio jurídico entre los demandados para poder computarse el lapso de caducidad, por las razones de hecho y de derecho siguiente: 1. Que no costa en autos que los codemandados hayan hecho la notificación legal y formal a mi poderdante, ni antes ni después del negocio jurídico que realizaron como lo proveen los art. 38 y 39 (Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el uso Comercial) y de la misma manera la doctrina y la jurisprudencia del máximo Tribunal de la República. 2. Que no probaron en auto, la fecha cierta o certeza de que mi poderdante pudo haber tenido conocimiento del negocio jurídico entre los demandados. 3. Que la codemandada: ANA JOSEFA AGÜERO antes identificada, no dio contestación al fondo de la demanda, ni probo nada que le favoreciera, ni por si, ni por apoderado se le consumo la CONFESION FICTA y el codemandado: JIANCHENG FENG, aún cuando dio connotación al fondo de la demanda, no demostró ni probo sus alegatos. 4. Que en el documento marcado "E" que corre desde el folio 63 al 75 y sus vto., copia certificada y no simple como lo señaló la sentenciadora Aquo, se puede evidenciar: A. en el folio 63, caratula del mismo lo siguiente "... MunicipioTinaquillo, Cojedes Jueves 09 de diciembre de 2021..." B.- en el folio 64"... Planilla Única Bancaria..., fecha de emisión: 09/12/2021..., solo para uso de SAREN..., Funcionario Emisor..., Receptor.... Revisor.... Registrador- otario en fecha 09/12/2021. C.- La Demanda de Retracto Legal, se introdujo el día: 28 de enero del 2022, es decir un (01) mes y 19 días. D.- La Reforma de la Demanda se introdujo el día: 17 de mayo del 2022, admitida el 21 de julio del 2022. E.- no consta en autos la notificación legal y formal, que el adquirente y la arrendadoravendedora le hayan hecho a mi poderdante sobre el negocio jurídico. F.- la demandante: ANA JOSEFA AGÜERO CHEJADE, identificada en autos no contesto la demanda y probó nada que la favoreciera, se consumó de la Confesión Ficta. G.- el codemandado: JIANCHENG FENG (Tercero extraño), aún cuando contesto la demanda, no demostró ni probó nada; que lo favoreciera en cuanto a las Cuestiones Previas opuestas, ni a los hechos alegados. H.-las partes codemandadas de autos no demostraron, ni tampoco consta la supuesta fecha cierta o certeza, en que mi poderdante tuvo conocimiento del negocio juridico de los codemandados, salvo la que esta representación judicial presentó y probó. 5. Que la jueza de primera instancia hace en dicha sentencia una especie de presunción (PRESUME), lo que no le es permitido a ningún tribunal sobre los asuntos no alegados ni probados en autos por las partes ya que la presunción admite prueba en contrario solo entre las partes. 6. Que la sentencia del A quo de fecha: 01 de julio del 2024 violo o quebranto el principio de la COSA JUZGADA sobre venida, prevista en los Art. 272 y 273 C.P.C. en concordancia con el numeral 7 del Art. 49 de la carta fundamental de la República, violando de esta manera el Orden Público, Procesal y Constitucional establecidos y previstos en la ley especial sobre Ley de Alquileres de Locales Comerciales existiendo la colisión con la sentencia del 28 de abril del 2023 con aclaratoria del: 05 de mayo del mismo año, dictada por esta alzada cuando anula la sentencia del 15 de noviembre del 2022, dictado por el tribunal hoy apelado y la sentencia definitivamente firma dictada el: 20 de febrero del 2024 por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, que declaro SIN LUGAR LAS CUESTIONES PREVIAS DE LOS ORDINALES 10 Y 11 DEL ART. 346 C.P.C. y que dicha sentencia doy por reproducidos totalmente en este acto y en especial la segunda de dichas decisiones. 7. Que además de los vicios que presenta la sentencia apelada y la trasgresión de los mismos, constituye vicios procesales que hacen al fallo susceptible de revisión en esta alzada, entre otros vicios del fallo si se analiza, tenemos los siguientes: INCOGRUENCIA NEGATIVA pues omitió pronunciamiento, sobre el escrito de contradicción a la cuestiones previas opuesta por el demandado adquirente; INCONGRUENCIA POSITIVA, se pronunció y presumió sobre alegatos no probados ni formulados en el proceso por las partes demandada, pues según la doctrina y lajurisprudencia es preciso: "EL FALLO NO CONTENGA MAS DE LO PEDIDO POR LAS PARTES": ne cat iudex ultra petita, partium, pues si lo hiciere incurriera en incongruencia positiva. Que el fallo no contenga menos de lo solicitado o alegado por las partes: ne cat iudex citra petita, partium, pues si así lo hiciere incurriría en incongruencia negativa, la que se da cuando la sentencia omite decidir sobre algunas de las pretensiones procesales; en principio, esto podría ocurrir tanto cualitativo como cuantitativo (...). Por su parte, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia afirma las sentencias plenamente absolutorias y plenamente condenatorias no pueden considerarse como incongruente". Que el fallo no contenga algo distinto de lo pedido por las partes: ne cat extra petita, partium, pues si así lo hiciere incurría en una incongruencia mixta, combinación de la positiva y la negativa que sucede cuando la sentencia falla de objetos diferentes al pretendido, verbigracia, se pide la nulidad de un contrato y en la parte dispositiva de la sentencia se declara su resolución. Que desacuerdo con la doctrina expresada concluye el Tribunal Supremo de Justicia-, la congruencia de la sentencia en la conformidad de la decisión respecto la pretensión deducida en el libelo de la demanda la defensa opuesta en la contestación de la misma. 8. Tanto como la doctrina como la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia reiteradamente a sostenido que en todo Estado de Derecho, debe respetarse y reconocerse el principio de la seguridad juridica, según el cual la normativa vigente debe ser aplicada con la mayor certeza y transparencia posible tal como quedo sentado en la sentencia número 3180, del 15 diciembre 2024 caso Teno Agrícola los Pinos Tecpica, C.A., que se refiere por lo que el principio abarca el que los derechos adquiridos por las personas no se vulneren arbitrariamente cuando se cambia se modifican se interpretan las leyes; y por qué la interpretación de la ley se hace de forma estable y reiterativa, creando en la persona confianza legítima de cuál es la interpretación de las normas jurídicas a la cual se acogen… …Que efectivamente ciudadana jueza, por todas las razones de hecho, de derecho, doctrinarias y jurisprudenciales, le solicito que el presente recurso de apelación contra la sentencia de fecha 01 de julio del 2024 dictado por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario y Transito de esta Circunscripción Judicial, PRIMERO: Sea declarada, CON LUGAR, el recurso de apelación ejercido por la parte actora, SEGUNDO: SEA REVOCADA DICHA SENTENCIA; TERCERO: CON LUGAR LA DEMANDA DE RETRATO LEGAL ARRENDATICIO, sobre el inmueble constituido por el local comercial identificado con el número 5-76A, plenamente identificado en autos, así como de los accesorios y derechos que le corresponden, y consecuente subrogación de mi mandante en las condiciones estipuladas en el instrumento traslativo de propiedad, ello al no haberse efectuado de modo alguno, el procedimiento de Preferencia Ofertiva; previsto en los artículos 38 y 39 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de ley DeArrendamientos Inmobiliarios para Uso Comercial. CUARTO: Que los demandados y codemandados, paguen las costas y costos del presente juicio, la demanda fue basada y estimada en: QUINCE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD 15.000), y QUINTO: Que sea declarado mi mandante subrogado en la parte contractual d adquiriente y en consecuencia, propietario del referido inmueble, cumpliendo con el pago del precio de: DIECINUEVE MILLONES DE BOLIVARES (BS. 19.000.000,00), de acuerdo a la reconversión monetaria, hoy en día son: DIECINUEVE BOLIVARES (BS. 19,00), en la oportunidad en que sea inscrita dicha escritura en el Registro Inmobiliario correspondiente en caso de convenir los demandados y codemandados, en cumplir con su obligación, o con la ejecución de la sentencia definitiva de ser condenados a ello y el fallo definitivo sobre esta causa, funja como título de propiedad. Así lo espero en la sentencia definitiva. Es justicia que espero, en San Carlos a la fecha de su presentación… En la oportunidad de presentar Observación a los informes, la Parte Demandada, expresó lo siguiente: “Omissis… …Que con relación a este vicio es importante resaltar. En tal sentido: El proceso, es considerado como un conjunto concatenado y coordinado de actos procesales realizados por los órganos jurisdiccionales en nombre del Estado Venezolano, tendentes a resolver los conflictos de los ciudadanos mediante la aplicación de la Ley en forma pacífica y coactiva, cuando se violenta un derecho subjetivo y resultan infructuosas las gestiones amistosas tendentes a reparar la violación aludida. De esta manera, cumple el proceso la función de solucionar los conflictos surgidos entre los justiciables, eliminando la posibilidad de la justicia auto-impartida. Que este mismo criterio es sostenido por el insigne tratadista HERNANDO DEVIS ECHANDÍA en su obra estudios de derecho procesal, tomo I, página 337, 1967, para quien el proceso contiene una pugna de intereses que persigue la solución definitiva del conflicto mediante una sentencia, sea aquel de naturaleza civil, mercantil, laboral, tránsito, entre otros. Conflicto este, que se traduce en una especie de lucha jurídica, de pruebas y alegaciones, incidencias, recursos y solicitudes de otra índole que discurren a lo largo del proceso. Que nuestro texto Constitucional, postula al proceso como un instrumento fundamental para la realización de la justicia (Vid. Articulo 257), refiriéndose así, según las más avanzada doctrina a una justicia material verdadera, lo cual obliga a los distintos integrantes del sistema de justicia diseñado por la Carta Política de 1999 (Vid. Artículo 253), a interpretar el proceso, a través de la nueva perspectiva que sobre el Estado y las Leyes generó la vigente Carta Magna, debiendo tanto el justiciable como el jurisdicente, desdoblar cada institución diseñada por la vieja norma adjetiva civil aún vigente, hasta conseguir su fundamento constitucional, con el fin de impregnar al vetusto proceso de las valores, derechos y garantías diseñados por el constituyente patrio y así lograr tutelar satisfactoriamente los derechos judicializados. Tal ejercicio trapecístico de derecho, impone esencialmente informar al proceso civil del año 1987, de la garantía de la tutela judicialefectiva diseñada por la Carta Política del año 1999, así como del debido proceso como expresión bifronte tanto de los derechos como de las garantías mínimas con las que deben contar los ciudadanos en los procesos administrativos y judiciales, teniendo como ansia de ello, la supremacía constitucional contenida en el artículo 7 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, ello en el marco de un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia como el que nos rige. No obstante lo anterior, aun teniendo en cuenta la constitucionalización del proceso civil antes expuesta, resulta innegable que a fin de garantizar la certeza jurídica y la paz social, todo proceso debe estar regido por el principio de legalidad, observándose en tal sentido que el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, dispone, lo siguiente: Artículo 12: Los jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse a las normas del derecho, a menos que la Ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de estos, ni suplir excepciones o argumentos de hechos no alegados ni probados. El Juez puede fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común o máxima de experiencia. En la interpretación de contratos o actos que presenten oscuridad o deficiencia, los jueces se atendrán al propósito y a la intención de las partes o de los otorgantes, teniendo en mira las exigencias de la Ley, de la verdad y de la buena fe. Que desprendiéndose de la norma supra trascrita el principio dispositivo que rige a los procesos civiles, donde el juez debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin que ello implique per se, que no pueda aplicar como un verdadero componedor de la controversia, las facultades probatorias oficiosas previstas en la norma adjetiva civil, máxime cuando el fundamento de las mismas sea la necesidad de aclarar dudas en búsqueda de la verdad como norte de sus actos y la justicia como fin del proceso. Ahora bien, en relación con el eje central de todo proceso de cognición, vale destacar que conforme a las normas distributivas de la carga de la prueba consagrada en los artículos 1.354 del Código Civil y 506 del Código de Procedimiento Civil, las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho y quien pida la ejecución de una obligación debe probarla, y quien pretenda que ha sido liberado de ella, debe por su parte probar el pago o el hecho extintivo de la obligación. En base a lo anterior y a la luz de las normas procesales vigentes, el actor al establecer en su demanda la existencia de ciertos hechos constitutivos entendidos éstos, como aquellos de donde se origina el derecho -en el cual basa su pretensión- ha de cargar con las pruebas de ellos si le son contradichos por la parte demandada, tal y como sucedió en el presente caso, ello al margen de la posibilidad jurisprudencial de la dinamización de la carga probatoria. Así, la carga de la prueba, según nos dicen los principios generales del Derecho, no es una obligación impuesta caprichosamente a una cualquiera de las partes; esa obligación se tiene según la posición del litigante en la demanda. De ahí que, al demandante, le toca la prueba de los hechos que alega, partiendo del principio ei incumbit probatio qui dicit non qui negat, es decir, que incube probar a quien afirma la existencia de un hecho, no a quien lo niega; más que el demandado puede tocar la prueba de los hechos en que se basa su excepción, en virtud de otro principio de Derecho; reus in excipiendo fit actor, al tornarse el demandado actor, a su vez, en la excepción, este principio se armoniza con el primero y en consecuencia, sólo cuando el demandado alegue en la excepción nuevos hechos toca a él la prueba correspondiente. Por consiguiente, el peso de la prueba, no puededepender de la circunstancia de negar o afirmar un hecho, sino de la obligación que se tiene de demostrar el fundamento de cuanto se pretende en el juicio, o inclusive, al ser dinamizada la carga, de la mejor posición o facilidad de probar determinado hecho u argumento… Que no indica el apelante que forma o que error se cometió en la sentencia recurrida Que en este sentido la sala de casación social indica Sala de Casación Civil N° 749- 21/7/2021 "Que ahora bien, al respecto se indica que el artículo 313, ordinal 1º, del Código de Procedimiento Civil consagra como uno de los motivos de la casación por defecto de actividad, el quebrantamiento de formas sustanciales que produzca indefensión, la cual ocurre en el juicio cada vez que el juez priva o limita a alguna de las partes el libre ejercicio de los medios y recursos que la Ley pone a su alcance para hacer valer sus derechos, y ese quebrantamiento de formas procesales en menoscabo del derecho de la defensa puede ocurrir en el iter procesal que conduce a la decisión definitiva, o en la propia decisión recurrida. Que en cuanto al quebrantamiento de formas sustanciales del proceso, la doctrina de esta Sala de muy vieja data, desde hace más de treinta (30) años, señala en cuanto a los elementos de la delación y su redacción por parte de los formalizantes, que debe cumplir con los siguientes requisitos: a) Explicar cuál forma procesal se ha quebrantado u omitido y si lo ha hecho el juez de la causa o el de la alzada; b) Indicar por qué tal quebrantamiento u omisión de las formas ha quebrantado el derecho de defensa; c) Si el juez de la causa ha quebrantado u omitido las formas que menoscabaron el derecho de defensa, denunciar la infracción del artículo 208; la norma expresa contenida en la disposición general del artículo 15 del Código de Procedimiento Civil y las normas específicas que establecen la forma procesal quebrantada u omitida, que acarrean el menoscabo del derecho de defensa, las cuales resultan ser las realmente infringidas por la recurrida, al no decretarse la nulidad o la reposición cuando la omisión o quebrantamiento de las formas que menoscaban el derecho de defensa lo produce el tribunal de la causa. d) Si el tribunal de la alzada ha quebrantado u omitido formas en menoscabo del derecho de defensa, además de la infracción de la norma expresa contenida en la disposición general del artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, deben denunciarse como infringidas las particulares referentes al quebrantamiento u omisión de las formas que menoscaban el derecho de defensa que han sido vulneradas por el propio juez de la recurrida; e) Explicar a la Sala que, con respecto a dichos quebrantamientos u omisiones de formas o lesiones al orden público, se agotaron todos los recursos; y f) Igualmente, a la referida técnica casacional, debe incorporarse la alegación de infracción del artículo 206 del Código de Procedimiento Civil, que es la norma rectora en materia de nulidad de cualquier acto procesal, como obligación del juzgador en el cumplimiento de su deber de mantener la estabilidad de los juicios, evitando o corrigiendo las faltas que pudieran anular cualquier acto procesal… …Que no existe violación a la cosa juzgadaQue la Caducidad de la Acción propuesta: Que solo se refiere a la caducidad legal, y no la caducidad contractual que es oponible solo como defensa de fondo, es decir en la oportunidad de dar contestación a la demanda. Que el Código de Procedimiento Civil vigente reconoce de manera clara y determinante un carácter de incidencia autónoma al sistema de las cuestiones previas, abandonando el planteamiento que en ese mismo sentido establecía el artículo 247 del Código de Procedimiento Civil. Aunado a ello, y en atención la finalidad depuradora del proceso con el que fueron concebidas las cuestiones previas podemos afirmar que éstas constituyen un acto procesal del demandado de naturaleza esencialmente saneador o depurador del proceso, de carácter facultativo. Que en efecto, es indiscutible que la concepción de las cuestiones previas como instituto procesal sustitutivo de las excepciones que regían en el sistema derogado, tienden a evitar que el proceso pase a la fase del contradictorio sin antes haberse dirimido aspectos que por su naturaleza pueden incidir en la supervivencia del proceso. Por eso afirmamos que las cuestiones previas constituyen: i) una incidencia autónoma y previa a la fase de contestación de la demanda; ii) su finalidad es esencialmente depuradora del proceso; iii) están concebidas de manera privativa para la parte demandada; iv) son de carácter eminentemente facultativo. Que en cuanto a las notas resaltantes señaladas, es necesario hacer las siguientes precisiones: i) Por lo que se refiere a que constituyen una incidencia autónoma y previa a la fase de contestación a la demanda, terminando con la diferencias de criterios que al respecto surgían bajo la vigencia del régimen de excepciones derogado, podemos llegar a tal afirmación habida consideración del contenido del artículo 346 del C.P.C., según el cual, el demandado puede en vez de contestar la demanda promover las cuestiones previas indicadas en dicha norma. Este carácter incidental quedó reforzado con lo dispuesto en el último aparte de dicha norma, que predica que en caso que hubiesen varios co-demandados y uno de ellos promueva cuestiones previas, no podrá admitirse la contestación a los demás hasta tanto no sea resuelta la incidencia que con motivo de la cuestión previa se genera. ii) En cuanto a la función depuradora de las cuestiones previas, distintos son los efectos que éstas producen en el juicio. En algunos casos, gozan de un efecto repositorio el cual se materializa a través de la subsanación (voluntaria o forzosa) de vicios formales. Su trámite supone un pronunciamiento judicial que ordena al actor la necesidad de corregir defectos u omisiones formales como aspecto previo a la continuación del curso del proceso, quedando el actor colocado en una fase equiparable a la inicial de interposición de la demanda, en la cual se requiere incluso una resolución del tribunal que homologue la actividad de subsanación. Que en otros casos, las cuestiones previas producen efectos suspensivos que permiten sustanciar el procedimiento hasta determinada etapa en el cual, se suspenderá el curso de la causa e impedirán al tribunal dictar sentencia mientras no acontezcan determinadas situaciones jurídicas que tienen estrecha relación con la pretensión de que se trate, como es el caso de la prejudicialidad o la existencia de condición o plazo pendiente. Que es decir, se evidencia que la sentencia proferida por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario y Transito de esta Circunscripción Judicial, noconstituye una sentencia definitivamente firme; tampoco se trata de una decisión interlocutoria que haya implicado la culminación del proceso o que hubiere causado un gravamen irreparable, toda vez que se trata de un pronunciamiento incidental, que declaró sin lugar una cuestión previa, y que en el discurrir del proceso se determinó que existe la caducidad luego de contestar demanda, promover pruebas, por lo que no existe cosa la juzgada alegada QUE DE LAS SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS: El Dr. RENGEL-ROMBERG, en su obra "Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano señala: "... La sentencia interlocutoria es la que se dicta en el curso del proceso, para resolver cuestiones incidentales... En nuestro derecho la categoría de sentencia interlocutoria admite una subdivisión: 1) Interlocutorias con fuerza de definitivas, que son aquellas que ponen fin al juicio...". Que en ese mismo orden de ideas, el Dr. EDUARDO J. COUTURE, en su obra "FUNDAMENTOS DEL DERECHO PROCESAL CIVIL" señala: "...Las sentencias interlocutorias son aquellas que deciden los incidentes surgidos con ocasión del juicio... La clasificación corriente en materia de interlocutorias es la que distingue entre interlocutorias simples e interlocutorias con fuerza de definitivas..." Que ahora bien, tal como consta en el citado artículo del Código de Procedimiento Civil, que efectúa una distinción entre sentencias definitivas e interlocutorias, en este caso a los efectos de establecer el lapso correspondiente para la presentación de los informes en alzada en materia de procedimiento ordinario. Así se tiene que las primeras son aquellas dictadas al final de la instancia respectiva mediante las cuales el órgano jurisdiccional pone fin al proceso, resolviendo sobre el fondo mismo del litigio. En cambio, las sentencias interlocutorias son aquellas providencias por las que se deciden cuestiones incidentales surgidas durante el iter del proceso o con posterioridad a la publicación de la sentencia definitivamente firme o de cualquier otro acto que tenga fuerza de tal. Ahora bien, las sentencias interlocutorias admiten una sub división: sentencias Interlocutorias con fuerza de definitiva, que son aquellas que ponen fin al juicio e Interlocutorias simples, sin embargo las sentencias interlocutorias con fuerza de definitivas, no pierden su naturaleza de tales (interlocutorias), por la circunstancia de poner fin al proceso, Que el quebrantamiento de las formas procesales con menoscabo del derecho de defensa, sólo ocurre por actos del tribunal, al conculcar de forma flagrante el ejercicio a los justiciables del derecho a la defensa, el debido proceso y la tutela judicial efectiva, lo cual dará lugar a la reposición y renovación del acto. Asimismo, debe advertir que no se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales, porque además de la infracción de una forma procesal, debe verificarse que dicho quebrantamiento haya producido indefensión, pues, de lo contrario, no procederá la denuncia por quebrantamiento de formas sustanciales Que de allí que debe tener claro que para la procedencia de la denuncia del quebrantamiento de formas procesales, es necesario verificar la concurrencia de determinados elementos, a saber, en primer lugar, haberse dejado de cumplir en el acto alguna formalidad esencial; en segundo lugar, que el acto no haya logrado el fin para el cual estaba destinado; en tercer lugar, que la parte contra quien obra la falta no lo haya causado y que el quebrantamiento sea imputable al juez; en cuarto lugar, que la parte nohaya convalidado o consentido el quebrantamiento de la forma del acto; en quinto lugar, que se haya hecho uso de todos los recursos contra esas faltas; y en sexto lugar, que se haya verificado la existencia de la lesión al derecho de defensa, y de esta manera se dará lugar a la nulidad y reposición de la causa al estado de los cuales se subsane el acto procesal viciado. (Vid Sent. N° 96. de fecha 22 de febrero de 2008, caso: Banesco, Banco Universal, C.A. contra Héctor Jesús Pérez Pérez). Que señala la Sala de Casación Civil en un reciente fallo que, cuando el juez infringe las normas que regulan las condiciones de modo, tiempo y lugar que deben ser cumplidas para incorporar la prueba en el expediente, es decir, aquellas que regulan la promoción y evacuación de las pruebas incurre en un error de juzgamiento y no en un defecto de la actividad. La errónea interpretación y falsa aplicación de normas de naturaleza procesal que solo podrían constituir el fundamento propio de una denuncia por infracción de ley, en el supuesto de que hubiesen sido infringidas por el juez al resolver la controversia, mediante un pronunciamiento capaz de adquirir fuerza de cosa juzgada sobre la relación jurídico material discutida. Un aspecto meramente procesal, precisa de una denuncia por quebrantamiento u omisión de formas sustanciales del proceso con menoscabo del derecho de defensa, previsto en el ordinal 1º del artículo 313 del Código de Procedimiento Civil, lo que conduce a la desestimación de la misma por inadecuada fundamentación. Sala de Casación Civil, Exp.2014-000490, MP. Luis Antonio Ortiz Hernández, mar.03/15 CUARTO QUE NO EXISTE EL VICIO DE CONTRADICCION DELATADO POR EL APELANTE Que para que una sentencia este viciada por contradicción es necesario que este ocurra en su parte dispositiva. En este sentido, en la sentencia que se declare o reconozca un derecho, pero que al mismo tiempo desconozca su eficacia, impidiendo que lo disfrute el poseedor del derecho reconocido, convierte la decisión en estéril e inejecutable por la evidente contradicción que la envuelve. La contradicción tiene relación con el desconocimiento del principio de armonía y congruencia del fallo; para que esta sea causa de anulabilidad de la sentencia es necesario que no pueda ejecutarse. "Que respecto al vicio de contradicción entre motivos, esta Sala ha dejado sentado entre otras en sentencia N° 000269, de fecha 21 de junio de 2011 y el expediente N 10-658, caso: Ana Luisa Bordones y Ana Clemencia Bordones Márquez, contra Bordones y Compañía Sociedad de Responsabilidad Limitada, que el citado vicio de inmotivación puede configurarse a través de las siguientes modalidades: "...a) Cuando los motivos son tan vagos, generales, inocuos, ilógicos o absurdos que impiden conocer el criterio jurídico que siguió el juez para dictar su decisión; b) Cuando en la sentencia hay una falta absoluta de motivos tanto de derecho como de hecho; c) Cuando surge una contradicción entre los motivos y el dispositivo. y. d) Cuando hay una contradicción en los motivos, que es lo ocurrido en el presente caso...". (Vid. Sentencia de fecha 20 de diciembre de 2006, caso: Inversiones Longaray C.A, contra Marino Silvelión Valdéz). (Subrayado por esta Sala). Que al respecto, la Sala ha indicado que...la motivación contradictoria, como ya se señaló, constituye una de las modalidades de inmotivación del fallo y se verifica si los motivos se destruyen unos a otros por contradicciones graves e irreconciliables, generando así una situación equiparable a la falta de fundamentos y ello conllevaría a la infracción del ordinal 4º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil... (Vid. Sentencia de fecha 3 de mayode 2005, caso: Marco Antonio Rojas Toledo, contra Máximo Enrique Quintero Cisneros). (Resaltado de la Sala)." Que de la sentencia recurrida se observa que las motivaciones explanadas en dicha sentencia son congruentes lógicos, contiene motivos de hechos y de derecho que llevaron a la ciudadana Jueza a realizar un análisis comparativo de todos y cada una de los medios de pruebas aportados por las partes, para llegar a la conclusión de que existe la caducidad de acción, pues el recurrente no aportó durante el discurrir del proceso pruebas que demostraran la certeza de la fecha para realizar el computo del lapso de caducidad, aduce el apelante que la jueza de la recurrida declaro con lugar la cuestión previa, lo cual no es cierto, dicto fue la sentencia definitiva. Que el apelante no presento prueba fehaciento que demuestren sus dichos, aunado a ello, menciona a un tercero que no forma parte del juicio Juan Bautista Sandoval, ello cual debe ser considerado por esta superioridad a los fines de determinar la interrupción contractual de la demandante de autos. Que respecto a la prueba fehaciente, esta Sala en sentencia Nº 144, de fecha 12 de junio de 1997, expediente N° 95-754, (caso: Joel Hernández Pérez contra Rafael Ordaz Rodríguez y otra), ratificada el 26 de mayo de 2004, caso: DAYSI JOSEFINA RIVERO MATA contra GIOVANNY TORREALBA, se estableció: "...Por sentencia de 16 de junio de 1993, la Sala expresó: En sentido general, prueba fehaciente es aquella capaz de llevar a conocimiento del sentenciador la existencia de un determinado hecho..."...Omissis... Que así pues, de las anteriores jurisprudencias se colige que para que una prueba sea considerada fehaciente para demostrar la condición de propietario y por ende solicitar la partición de un bien inmueble, la misma debe cumplir con la formalidad del registro a fin de ser oponible a terceros...". (Destacado de la Sala). Que de conformidad con la jurisprudencia parcialmente transcrita, una prueba fehaciente en los procedimientos de partición sirve para demostrar ya sea la cualidad o la condición de propietario de un bien inmueble, y es necesario que el documento de propiedad cumpla con la formalidad del registro a fin de ser oponible a terceros. Dicho título resulta ser un elemento fundamental para que el juez presuma por razones serias la existencia de la comunidad, además de, como se dijo supra, dar una visión más clara de los hechos debatidos, haciendo más asequible el trabajo para el funcionario judicial. Así mismo no existe desorden procesal ni vulneración del orden público, por el contrario existe garantía de la tutela judicial efectiva por otra parte la tutela judicial efectiva no significa que la sentencia sea favorable al accionante Por su parte, el artículo 26 de la Constitución que junto con el artículo 257 eiusdem han sido denunciado infringidos; establece el primero de ellos lo que se ha llamado el derecho a la tutela judicial efectiva que comprende el derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, el derecho a obtener una decisión en derecho y el derecho que esa decisión sea efectiva. Asimismo garantiza dicho artículo la gratuidad, imparcialidad, idoneidad, transparencia, autonomía, independencia, responsabilidad y celeridad en la administración de justicia, así como que dicha función debe ser equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas ni formalismos o reposiciones inútiles. El referido artículo 257 establece la instrumentalidad del proceso como medio de actualización de la justicia y define sus características esenciales indicando que éste debe ser determinado por la Ley. No comprenden el derecho a la tutela judicial efectiva ni elderecho al debido proceso, el de que la decisión resultante de un proceso sea aquella querida o que beneficie al titular de dichos derechos, sino que dicha decisión sea obtenida dentro del proceso legalmente establecido, desarrollado sin infracción de los particulares derechos a que se refiere el artículo 49 de la Constitución y con las características de celeridad, ausencia de formalidades no esenciales y otras contempladas en los artículos 26 y 257 eiusdem. Que sentencia número 5 del 24 de enero de 2001, ha sostenido la Sala, en cuanto al derecho a la defensa y al debido proceso, cuanto sigue: "...Al respecto, es menester indicar que el derecho a la defensa y al debido proceso constituyen garantías inherentes a la persona humana y en consecuencia, aplicables a cualquier clase de procedimientos. El derecho al debido proceso ha sido entendido como el trámite que permite oír a las partes, de la manera prevista en la Ley, y que ajustado a derecho otorga a las partes el tiempo y los medios adecuados para imponer SUS defensas. En cuanto al derecho a la defensa, la Jurisprudencia ha establecido que el mismo debe entenderse como la oportunidad para el encausado o presunto agraviado de que se oigan y analicen oportunamente sus alegatos y pruebas. En consecuencia, existe violación del derecho a la defensa cuando el interesado no conoce el procedimiento que pueda afectarlo, se le impide su participación o el ejercicio de sus derechos, o se le prohíbe realizar actividades probatorias...". Que lo cual no ocurrió en el presente asunto donde se garantizó en igualdad de condiciones el debido proceso y el derecho a la defensa QUINTO SI EXISTE CADUCIDAD Que siendo que el 24 de octubre de 2019 se materializo la venta del inmueble y la demanda fue interpuesta en fecha 24 de enero de 2022, después de trascurrido 2 años y tres meses, por lo que en la sentencia de manera congruente se estableció en base al material probatorio analizado, además existía una demanda por incumplimiento de contrato por insolvencia de la arrendataria, es decir se ajusta a las exigencia de ambas partes. Que efectivamente que se cumple tal requisito cuando hay conformidad entre la sentencia y la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso, y las oposiciones, defensas y excepciones del demandado en cuanto delimitan dicho objeto. Que según Guasp," la congruencia es la causa jurídica del fallo... La sentencia es congruente cuando se ajusta a las pretensiones de las partes, tanto del actor como del demandado, independientemente de si es acertada o errónea. No se puede apreciar, más ni menos, de las cuestiones controvertidas, ni dejar de resolver algunas..." Que ahora bien, a tenor de lo expuesto, lo cual se configura como el elemento de derecho que indefectiblemente llevó a la juzgadora a emitir la sentencia hoy recurrida, lo cual da lugar al desenlace jurídico con la debida fundamentación legal y jurisprudencial, Que en tal sentido, existe un razonamiento lógico de la Jueza de Primera Instancia en su sentencia, es decir existe la motivación de la sentencia, que persigue fundamentalmente una doble finalidad, por una parte, salvaguardar las garantías de las partes contra las decisiones arbitrarias, pues la sentencia, a pesar de ser un acto de autoridad, no puede consistir en un simple mandamiento en el cual no se expresen las razones por las cuales se ha dictado en tal o cual sentido, toda vez que debe contener prueba de su legalidad; y, porotra parte, esta debe ser expresión en su contenido de la forma en la cual los jueces han cumplido su obligación de examinar las actas del proceso, indicando cual fue el proceso intelectual que ha seguido el juez para llegar a sus conclusiones. Que en este orden de ideas la Sala de casación Civil en sentencia No 442 de fecha 26 de junio de 2017 señalo: "Así pues, que conforme al criterio de la Sala el lapso para incoar la demanda de retracto legal arrendaticia conforme a la hoy extinta Ley de Arrendamientos Inmobiliarios es de cuarenta (40) días contados desde la oportunidad en que el arrendatario tenga conocimiento sobre dicha venta, lo cual deberá ser demostrado en forma clara y definida en el juicio puesto que ese momento específico constituye el punto de partida para que se realice el computo del precitado lapso para ejercer la demanda. La disposición transcrita del Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, resulta de una claridad meridiana tal que su interpretación no deja lugar a dudas sobre lo que ella establece; su redacción es tajante, no procede el retracto legal arrendaticio en los supuestos en que el inmueble enajenado constituya parte de un todo y la venta se esté produciendo en relación a ese todo. También ha señalado la Sala que el ejercicio de dicha acción no aplica cuando el arrendatario ejerza la posesión arrendaticia sobre una parte del bien vendido, o parte de una globalidad, ya que en ese caso no nace para éste el derecho de ejercer el retracto legal, así como tampoco para el propietario la carga legal de ofrecérselo en venta. " Que por todas las razones de hecho y de derecho anteriormente expuestas es por lo que solicito, nuevamente a este competente tribunal DECLARE SIN LUGAR LA APELACION PRESENTADA, CON TODOS SUS PRONUNCIAMIENTOS DE LEY. ES JUSTICIA... IV MOTIVACIONES PARA DECIDIR Leído como han sido las defensas de las partes, así como las pruebas presentadas, y dándole una apreciación a las misma a fin de poder determinar lo más ajustado en derecho, este tribunal considera prudente, a los fines de motivar la presente sentencia, traer a colación la Tutela Judicial Efectiva, que no es más que el derecho de Rango Constitucional y Legal; el cual como bien sabemos es garante del Orden Público, del debido proceso y de la defensa de las partes, es decir, garantizador del ejercicio eficaz de los derechos de las partes en el proceso. Cuando hablamos del Principio de Legalidad, hacemos referencia al estricto cumplimiento de los trámites que son fundamentales para el procedimiento, el cual está enlazado al principio de las formas procesales, salvo lo exceptuado por la ley. En virtud de ello, no se les permite a los jueces omitir algún lineamiento bien sea estructural, secuencial o de desarrollo del proceso, es decir, el tiempo, el modo, y lugar en que deben realizarse tanto el análisis o estudio como los actos procesales, porque estarían vulnerando tal derecho. Con base en tal aserto, pasa esta Juzgadora a realizar las siguientes observaciones, con el objeto de dictar una sentencia ajustada a derecho, con cabal adecuación a la pretensión, y enmarcada en los límites del Thema decidendum, todo conforme a lo estipulado en el ordinal cuarto (4°) del artículo 243 de la norma adjetiva.Ahora bien, de las actuaciones antes discriminadas, se observa, que en el presente juicio se fundamenta principalmente en el recurso de Apelación interpuesta por el Ciudadano abogado FRANCISCO JAVIER RODRÍGUEZ BOLÍVAR, venezolano mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de identidad numero V-4.097.232, debidamente Inscrito por ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 48.646, de este domicilio, actuando en nombre y representación de la ciudadana ELDA DEL VALLE SILVA TERAN, venezolana mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de identidad numero V-7.533.146, parte Demandante en el presente proceso, contra la Sentencia de fecha 01 de julio de 2024, en la cual el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil Mercantil del Tránsito y Bancario de la Circunscripción del estado Cojedes declara: CON la caducidad de la acción; Bajo los siguientes términos: (Extracto de la Motiva) “Omissis… …Que este órgano jurisdiccional en cumplimiento con la Tutela Judicial Efectiva y Garantía del Debido Proceso, por razones de Celeridad Procesal, Derecho de Petición, Oportuna Respuesta e Igualdad de las Partes en el Proceso, de Conformidad con estipulado en los artículos 2, 21, 26, 49, 51 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y siendo la oportunidad procesal para dictar sentencia, de conformidad con lo establecido en el ordinal 4° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, se pasa a decidir la litis planteada, previa las siguientes consideraciones: Que se hace imperativo esbozar ciertos lineamientos a los fines de inteligenciar con fines didácticos e ilustrativos la decisión a ser proferida en esta instancia; en este sentido, el retracto legal, ha sido definido por la doctrina y legislación como el derecho que tiene todo arrendatario a quien le asiste el derecho de preferencia de adquirir el inmueble arrendado, de subrogarse en las mismas condiciones en las que fue vendido el inmueble a un tercero adquirente. Que vista las actas procesales que conforman el presente expediente y de la revisión exhaustiva de las mismas quien aquí considera el caso de autos, observa que se desprende de las argumentaciones fácticas expuestas y a los fines de pronunciarse respecto a la procedencia en derecho de la pretensión deducida en el presente juicio, observa que no resultó un hecho controvertido que la parte actora es arrendataria del local comercial distinguido con el N° 12-85, comprendido en mayor inmueble N° 5-76, Ubicado en la Av. Ricaurte cruce con calle el socorro, en la ciudad de Tinaquillo Estado Cojedes, señalando en el escrito libelar que dicho local comercial está constituido por dos (02) parcelas, identificadas como PARCELA "A" y PARCELA "B", siendo la PARCELA "A", objeto de la presente controversia, cuyas características son las siguientes: con una superficie de CUARENTA Y OCHO METROS CON OCHENTA CENTIMETROS CUADRADOS (48,80mtrs2), identificada con el numero catastral 09-02-01 URBANO-05-35-27A; ubicada en la av. Ricaurte N° 5-76A, cruce con calle socorro de Tinaquillo, Municipio Tinaquillo del EstadoCojedes, siendo sus linderos los siguientes: Norte: del punto L-3, de coordenadas E.5704500, N.109304.00, con una distancia de DOCE METROS CON VEINTE CENTIMETROS (12.20MTS), al punto L-8, de coordenadas E.576055.00, Ν.1096297.00, con terrenos que son o fueron de Ovidio villamediana, SUR: del punto L-4 de coordenadas E.576043.00, en una distancia de ONCE METROS COMA SESENTA Y CINCO CENTIMETROS (11, 65MTS), al punto L-11 de coordenadas E.576052.00, Ν.1096293.00, con terrenos que son o fueron de Ana Josefa Agüero, ESTE: desde el punto L-8 de coordenadas E.576055.00, Ν.1096297.00, en una distancia de CUATRO METROS CON DIEZ CENTIMETROS, al punto 1-11 de coordenadas E.576052.00, N.1096293.00, con terrenos que son o fueron de Ana Josefa Agüero y OESTE: del punto L-3 de coordenadas E.5704500.00, N.109304.00, en una distancia de CUATRO METROS CON TRES CENTIMETROS (4,03MTS) al punto L-4 de coordenadas E.576043.00, N.1096300.00 con la av. Ricaurte, que la prenombrada parcela le corresponde un porcentaje del valor atribuido en relación al valor fijado del área destinada a la venta conforme al artículo 13 de la ley de ventas de parcelas ponderado en un CUATRO COMA DIEZ PORCIENTO (4,10%) en virtud de todas las cargas y obligaciones del parcelamiento, pasando a formar parte del mérito el valor jurídico del documento de compra- venta que contiene la negociación entre la Ciudadana: ANA JOSEFA AGUERO CHEJADE, venezolana, Mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-2.349.578, y el ciudadano JIACHENG FENG, de nacionalidad china, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N" E-84.428.082, codemandados en el presente juicio, en la cual está sustentado el presente retracto Legal Arrendaticio y de acuerdo con las disposiciones legales, debe expresamente señalarse que la pretensión tutelada en el ordenamiento jurídico, está referida al retracto legal de bienes inmuebles sujetos a formalidad registral, por tratarse de actos traslativos de la propiedad, de tal modo que, para que pueda ser satisfecha en derecho la pretensión de subrogar a la parte actora en los derechos del tercero adquirente del inmueble, es requisito indispensable que el documento traslativo de la propiedad haya sido registrado, lo cual queda plenamente demostrado en el acervo probatorio. Y Así se determina. Que en este sentido, es pertinente traer a colación lo dispuesto en los artículos 38 y 39del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de ley De Arrendamientos Inmobiliarios para Uso Comercial a saber: Artículo 38: "En caso de que el propietario del inmueble destinado al uso comercial, o su apoderado, tuviere intención de venderlo, la preferencia ofertiva la tendrá el arrendatario que lo ocupa, siempre que tenga más de 2 años como tal, se encuentre solvente en el pago de los canones de arrendamiento, de condominio y demás obligaciones contractuales, legales y reglamentarias, y satisfaga las aspiraciones del propietario. El propietario deberá informar directamente alarrendatario, mediante notificación escrita a través de Notaria Pública, su voluntad de vender el inmueble, expresando su derecho de preferencia, indicando el precio justo, condiciones de venta, plazo de sostenimiento de la oferta no menor a tres (03) meses, procedimiento y dirección de notificación de la correspondiente respuesta, documento de propiedad del inmueble, documento de condominio o propiedad colectiva y certificación de gravamenes. El arrendatario deberá notificar por escrito a través de Notaria Pública, al oferente dentro de los quince (15) días calendarios siguientes al ofrecimiento, su aceptación o rechazo; en caso de rechazo o abstención de pronunciamiento, el propietario quedará en libertad de dar en venta el inmueble a terceros."... Que del contenido de la norma sustantiva se desprende en primer lugar, es la preferencia ofertiva, que es un derecho que tiene el arrendatario, para que se le ofrezca en venta, en primer lugar, a su persona con preferencia de cualquier tercero, que pretenda comprar el inmueble esta norma establece las condiciones o requisitos para que el arrendatario pueda tener la preferencia ofertiva, como es el carácter de arrendatario, en segundo lugar, que este ocupando el inmueble con ese carácter, que tenga más de dos años poseyéndolo y que se encuentre solvente con el pago de los cánones de arrendamiento, condominio, obligaciones contractuales, legales y reglamentarias. Que la propia ley establece la formalidad mediante la cual se llevará a cabo la oferta de venta, la cual debe hacerse mediante una notificación escrita a través de notaría pública, donde el arrendador propietario exprese su voluntad consciente de vender el inmueble y expresando la preferencia que tiene el arrendatario de comprar, en esa misma notificación se debe indicar el precio, el cual debe ser justo, se debe también establecer las condiciones de venta, el plazo de sostenimiento de la oferta que no debe ser menos de tres meses, se debe señalar el procedimiento y la dirección de notificación de la correspondiente respuesta, acompañándose el documento de propiedad del inmueble y para el caso de que el local comercial este regido bajo propiedad horizontal se debe presentar el documento de condominio o propiedad colectiva, conjuntamente con una certificación de gravamen del inmueble. Que el arrendatario también debe notificar por escrito y a través de notaría pública al oferente dentro de los quince días calendarios siguientes al ofrecimiento, su aceptación o rechazo, para el caso de rechazo o abstención de pronunciamiento, el propietario quedara en libertad de dar en venta el inmueble a tercero. "Articulo 39. En caso de violación de la preferencia ofertiva, o de que la venta a un tercero haya sido en condiciones más favorables que las ofrecidas inicialmente al arrendatario, éste tendrá derecho al retracto legal arrendaticio, que deberá ejercer dentro de un lapso de seis (06) meses, contado a partir de la fecha de la notificación que de la negociación celebrada deberá hacerle el adquiriente, juntocon copia certificada del documento contentivo de la negociación. (Subrayado por el Tribunal)." Que en este caso, cuando exista la violación de la preferencia ofertiva, y el inmueble haya sido enajenado a un tercero extraño a la relación arrendaticia, el arrendatario puede ejercer el derecho de retracto legal, pretensión ésta que debe interponer dentro del lapso de seis (06) meses contados a partir de la fecha de notificación que de la negociación celebrada deberá hacerla el adquirente junto con copia certificada del documento contentivo de la negociación jurídica, que es el caso de marras o el punto controvertido en el presente juicio, pues la demandante Ciudadana: ELDA DEL VALLE SILVA TERAN, plenamente identificada en las actas, alega al momento de interponer la petición que, no fue debidamente notificada conforme al artículo 38 de la citada ley, pues dicha notificación ha debido hacerlo por notaria la cual no se evidencia fehacientemente que fue realizada, y que el comprador ciudadano: JIACHENG FENG, incumplió con la obligación de participarle o notificarle como lo prevé el artículo 39 eiusdem. Que en el lapso procesal para dar contestación a la demanda, solo compareció en ejercicios de sus derechos el co-demandado Ciudadano JIACHEN FENG (comprador- Tercero Adquiriente), en cuanto a la Arrendadora-Vendedora ciudadana: ANA JOSEFA AGUERO CHEJADE, plenamente identificada y estando a derecho, no hizo acto de presencia, ni por si ni por medio de apoderado para dar formal contestación a la demanda configurándose la confesión ficta de conformidad con el artículo 362 del código de procedimiento civil venezolano. Que por su parte el ciudadano JIACHEN FENG (comprador- Tercero Adquiriente), opone como defensa de fondo de la demanda; la caducidad de la acción por cuanto el demandante de autos interpuso la presente acción pasado los seis (06) meses establecidos en la ley. Que la parte co-demandada aduce que feneció el lapso mediante la cual la parte demandante podía ejercer la pretensión de retracto legal arrendaticio, por haber transcurrido los seis (06) meses, contados a partir del momento en que el demandante tuvo conocimiento de la negociación, en virtud que: ... se desprende del texto de su pretensión tenia peno conocimiento de la fecha en que se realizó la venta del inmueble que trata de traer de su representada, lo que se aprecia claramente del hecho cierto de haber adjuntado la copia certificada del documento protocolizado por ante el registro inmobiliario competente contentivo de la compra verita del inmueble donde consta que la negociación se llevó a cabo en fecha: 24 de octubre de 2019, precisamente en pleno desarrollo del juicio de desalojo al que hace referencia la parte actora en el escrito de reforma de la pretensión de marras, llevados por ante el tribunal Ordinario y Ejecutor de medidas del Municipio Falcón de la Circunscripción judicial del estado Cojedes Expediente Nro. 4566/2019, lo que hace referencia en su escrito libelar...."Que se observan los alegatos esgrimidos por el co-demandado, y una vez analizado la precitada probanza, esta juzgadora no logra determinar fehacientemente que de la copias certificadas se desprendan algún hecho notorio sobre la compra - venta del inmueble objeto del presente juicio, pues las mismas son copias certificadas de Expediente contentivo de la Demanda de Cumplimiento de Contrato de Arrendamiento, interpuesta por la ciudadana: ANA JOSEFA AGUERO CHEJADE, venezolana, mayor de edad, Titular de la Cedula de identidad N° V-2.349.578, en contra de la ciudadana: ELDA DEL VALLE SILVA TERAN, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V. 7.533.146, siendo admitida por el Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Falcón de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, mediante auto de fecha 01 de agosto de 2019. Constatándose a que dicha demanda de Cumplimiento de Contrato de Arrendamiento es intentada a objeto de exigir el cumplimiento de sus obligaciones legales, como entrega del inmueble por cumplimiento de prorroga legal, no se evidencia de las copias la sentencia definitiva proferida por el tribunal de la causa. En consecuencia, no se demuestra lo alegado por la parte co-demandada. Y así se verifica. Que así mismo se desprende del acervo probatorio analizado y valorado, de la Copia Certificada de Expediente emitidas por el Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Falcón de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes las cuales rielan en desde el Folio 76 al 142, correspondiente a la tercera pieza, contentivas al Expediente signado bajo el N° 4566-19, referente al Juicio de Cumplimiento de Contrato Incoado por la Ciudadana: Ana Josefa Agüero Chejade, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-2.349.578, en contra de la ciudadana: Elda del Valle Silva Teran, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-7.533.146, desprendiéndose de las precitadas copias certificadas, una serie de legajos de recibos de pagos desde el año 2008 hasta el año 2019, por motivo de alquiler del local comercial distinguido con el N° 5-76A ubicado en la Av. Ricaurte cruce con calle el Socorro de la Ciudad de Tinaquillo Estado Cojedes, los cuales han sido realizados por la ciudadana: Elda del Valle Terán, identificada plenamente, a favor en principio del ciudadano: Juan Bautista Sandoval y posteriormente a favor de la ciudadana: Ana Josefa Chejade identificada en los autos desde el año 2008 hasta el 2019, demostrando asila continuidad de la relación arrendaticia sobre el local comercial objeto del presente juicio, así mismo se verifican legajos de pagos desde el año 2020 hasta el 2022, pero se observa que fueron realizados a nombre del ciudadano Juan Bautista Sandoval, quien no es parte del presente juicio, por tanto tales documentales no generan suficiente convicción a esta juzgadora en cuanto a la continuidad de la relación arrendaticia sobre el precitado local comercial desde el año 2020 hasta el año 2022. Y así se verifica.Que ahora bien, corresponde a este Tribunal determinar si efectivamente en la presente acción haya operado o no el lapso de caducidad a lo cual se hace las siguientes consideraciones: Que en tal sentido establece el artículo 39 de la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, el cual establece lo siguiente: "En caso de violación de la preferencia ofertiva, o de que la venta a un tercero haya sido en condiciones más favorables que las ofrecidas inicialmente al arrendatario, éste tendrá derecho al retracto legal arrendaticio, que deberá ejercer dentro de un lapso de seis (06) meses, contado a partir de la fecha de la notificación que de la negociación celebrada deberá hacerle el adquiriente, junto con copia certificada del documento contentivo de la negociación." Que en cuanto al lapso para ejercer la presente acción, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia ha resuelto esta disyuntiva en referencia cuando hay incumplimiento por parte del propietario del inmueble, que no hace la oferta y notificación del derecho de preferencia que tiene el arrendatario, analizando e interpretando el artículo 39, en cuanto al lapso que tiene éste para ejercer el derecho de retracto legal arrendaticio, y a tales efectos, señaló mediante sentencia Nº RC.000088 de fecha 18 de Febrero de 2016 con ponencia del magistrado Guillermo Blanco Vázquez, caso K-B-LLOS 00 C.A., contra Inversiones 1182450. C.A., y otra, en la que ratificó: “el lapso de caducidad para el retracto arrendaticio comienza a computarse a partir de la fecha de notificación al inquilino de la enajenación del inmueble, o la prueba cierta que ha tenido conocimiento de ello” Que así mismo, la Sala de Casación Civil de nuestro máximo tribunal en Exp N° 2021-000297, de fecha 10 del mes de marzo de dos mil veintidós (2022), con ponencia de la Magistrada: MARISELA VALENTINA GODOY ESTABA, acentuó el siguiente criterio "Omissis... Finalmente, en relación con el lapso de seis (6) meses para intentar la presente demanda, el juez señaló en aquellos casos, como el sometido examen, en los que el propietario del inmueble arrendado no se efectuó la notificación legal de la intención de su respectiva venta, el referido lapso comenzará a transcurrir desde el momento que el arrendatario haya tenido información de la venta, mediante consignación de una prueba cierta que demuestre que ha tenido dicho conocimiento. En consecuencia, estableció que: 1) La parte demandada no demostró que la demandante arrendataria haya sido notificada de la venta del inmueble, ni que haya tenido conocimiento de la misma al momento de la protocolización del acta de remate. 2) Que la parte actora realmente tuvo conocimiento de la negociación, el 23 de noviembre de 2017, oportunidad en la cual se ejecutó formalmente la sentenciadictada en fecha 31 de marzo de 2017, en juicio que siguiera la sociedad mercantil Distribuidora Ojo de Horus contra Inversiones Rila, C.A., en el cual se ordenó la entrega formal del inmueble objeto de la relación arrendaticia a la sociedad mercantil JOYERÍA COMERCIO, S.A. 3) como quiera que la parte actora interpuso la presente demanda en fecha 12 de abril de 2018, la cual fue admitida el 16 de abril de 2018, habían transcurrido tan solo cinco meses y diecinueve días desde la entrega del local hasta la interposición de la demanda, en consecuencia no había transcurrido el lapso establecido en el artículo 39 de la Ley de Regulación de Arrendamiento Inmobiliario para el uso Comercial. Con base en lo anteriormente señalado, se observa que el juez de la recurrida, una vez establecidos los hechos anteriormente indicados, los subsumió con las normas generales y abstractas que consideró pertinentes, vale decir, con los artículos 38 y 39 de la Ley de Regulación del Arrendamiento inmobiliario para uso Comercial y con el artículo 1600 del Código Civil. Por ende, aplicó la consecuencia pautada en de dichas normas al caso concreto, declarando con lugar la presente demanda. Omissis... De conformidad con lo anteriormente señalado, la Sala considera que el juez de la recurrida aplicó correctamente las normas jurídicas establecidas en los artículos 38 y 39 de la Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para uso Comercial, por lo que no se considera que haya incurrido en el vicio de falsa aplicación delatado por la parte recurrente, en consecuencia, se declara improcedente la presente denuncia. Así se decide.... "(Resaltado de este tribunal) Que los criterios jurisprudenciales ut supra citados se acentúa el criterio reiterado en cuanto al lapso de seis (6) meses para intentar la presente demanda, pues en aquellos casos, y como en el caso que nos ocupa, cuando el propietario del inmueble arrendado no efectuó la notificación legal de la intención de su respectiva venta, pues de ser así el referido lapso de seis (6) meses comenzará a transcurrir desde el momento que el arrendatario haya tenido información de la venta, mediante CONSIGNACIÓN DE UNA PRUEBA CIERTA QUE DEMUESTRE QUE HA TENIDO DICHO CONOCIMIENTO. (Resaltado de este tribunal), lo cual en el caso de marras no se efectuó la notificación, pero tampoco logra evidenciar fehacientemente la fecha cierta en que la ciudadana ELDA DEL VALLE SILVA TERAN tuvo conocimiento de la negociación del inmueble objeto de la presente controversia. Y así se declara. Que tomando como base lo anterior y a fin de establecer una fecha, en virtud de que la parte actora no indicó tal como lo establece la doctrina, la jurisprudencia y la ley, la fecha en que tuvo discernimiento de la respectiva negociación del local comercial, esta juzgadora se ve en la imperiosa necesidad analizar exhaustivamente acervo probatorio, observando que la venta, fue debidamente protocolizado en fecha 24 de octubre del año 2019, por ante el Registro Público delMunicipio Tinaquillo del Estado Cojedes, quedando Inserto Bajo el Nº 2019.1406, Asiento Registral 1 del inmueble matriculado con el Nro. 319.8.2.1.10128, Folio real del año 2019 Nro, 2019. 1407, documento donde La ciudadana ANA JOSEFA AGUERO CHEJADE, da en venta pura y simple al ciudadano JIACHEN FENG, ya identificados, el inmueble objeto de la presente acción, siendo esta venta la que contiene la trasmisión de propiedad del inmueble, de la cual nunca fue notificada a la parte demandante conforme a las formalidades de ley, a fines de manifestar o no su interés en adquirir dichos inmuebles; y aunado al hecho de que, en virtud de que la accionante no demuestra fehacientemente la fecha exacta en la que tuvo conocimiento de la venta, y siendo que es en fecha 24 de octubre de 2019 donde materializó la venta de dicho inmueble, todo ello conlleva que desde esa fecha cierta es el nacimiento del lapso de seis (06) meses para ejercer la presente acción, computados desde el momento de la protocolización del documento anteriormente identificado, y por cuanto la fecha de interposición de la presente demanda fue para 24 de enero del año 2022, se evidencia que trascurrieron dos (02) años y tres (03) meses, es por lo que considera quien aquí decide que la presente acción por retracto legal arrendaticio intentado por la ciudadana: ELDA DEL VALLE SILVA TERAN, no puede prosperar en derecho, es por todo lo antes expresado y en apego a nuestro ordenamiento jurídico que se declara CON LUGAR LA CADUCIDAD PROPUESTA COMO DEFENSA DE FONDO, Y SIN LUGAR LA PRESENTE DEMANDA DE RETRACTO LEGAL ARRENDATICIO, Y así decide.- …Que, en base a los razonamientos antes expuestos, este Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: CON LUGAR LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN. SEGUNDO: SIN LUGAR LA PRESENTE DEMANDA DE RETRACTO LEGAL ARRENDATICIO, presentada por la ciudadana ELDA DEL VALLE SILVA TERAN, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-7.533.146, en contra de los ciudadanos ANA JOSEFA AGUIERO CHEJADE, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-2.349.578, y JIACHENG FENG, de nacionalidad china, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N°E-84.428.082. No hay condenatoria en costa dada la naturaleza del fallo. Líbrese boletas de notificaciones a las partes… Ahora bien, una vez apelada la referida sentencia esta Superioridad asume la competencia para decidir sobre la controversia planteada en la presente demanda siendo así las cosas constituye principio cardinal en materia civil aquel conforme al cual el juez, se encuentra vinculado a lo alegado y probado en autos, sin que pueda sacar elementos de convicción fuera de estos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho que no fuesen demostrados, conforme al Artículo 12 del Código de Procedimiento Civil.En el referido artículo establece los límites del oficio del juez, lo que significa que está obligado a decidir sobre las cuestiones propuestas o planteadas por las partes, porque el límite de toda controversia judicial, está circunscrito por los hechos alegados como fundamento a la pretensión invocada en el libelo de la demanda y los hechos aducidos como fundamentos a la pretensión invocada en el escrito de apelación así como los hechos aducidos como fundamentos de las excepciones o defensas opuestas en la oportunidad de la contestación de la misma. Es por lo que, entes de entrar al fondo de la controversia se debe dejar establecido a fines didácticos e ilustrativos que el Retracto Legal es un derecho que se permite a una persona adquirir una cosa en lugar de otra, con las mismas condiciones del contrato y que una vez ejercida la compra venta se puede solicitar dejar sin efecto la operación, este recurso está contemplado en nuestro Código Civil en su artículo 1546 del cual se extrae textualmente lo siguiente: Artículo 1546: el retracto legal es el derecho que tiene el comunero de subrogarse al extraño que adquiera un derecho en la comunidad por compra o dación en pago, con las mismas condiciones estipuladas en el contrato. Este derecho solo puede ejercerse en el caso de que la cosa no pueda dividirse cómodamente o sin menoscabo. En el caso de dos o más copropietarios quieran usar el retracto, solo podrán a prorrata de la porción que tengan en la cosa común. Por su parte el Retracto Legal Arrendaticio, no es más que el derecho que tiene los arrendatarios de subrogarse en las mismas condiciones estipuladas en el instrumento traslativo de propiedad, por lo que para ejercer el derecho debe cumplir con ciertos requisitos, puesto que muchos arrendadores venden los inmuebles a terceras personas sin ofrecerle y darles prioridad a los arrendatarios. Por consiguiente, el retracto legal arrendaticio y la preferencia ofertiva van interconectados entre sí, debido a que la preferencia es el derecho que tiene un arrendatario que ocupa el inmueble, para que se le ofrezca en venta en primer lugar siempre y cuando este solvente en los pagos, por lo que el derecho de retracto legal se convierte en un mecanismo de acción para que el arrendatario pueda subrogarse en la venta una vez que el arrendador haya realizado la venta a un tercero sin antes darle el derecho de preferencia a su arrendatario. De igual forma los artículos 138 y 140 de la Ley de Regulación y Control de Arrendamientos de Vivienda, publicado en la Gaceta Oficial Nº 6.053 de fecha 12/11/2011, señala lo siguiente:“Artículo 138: el retracto legal arrendaticio es el derecho que tienen los arrendatarios o arrendatarias de subrogarse, en las mismas condiciones estipuladas en el instrumento traslativo de la propiedad, en el lugar de quien adquiere el inmueble arrendado por venta o por cualquier otro tipo de transferencia de la propiedad del inmueble que este en arrendamiento. Para ejercer este derecho, los arrendatarios y arrendatarias deberán cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 136 de la presente ley, según sea el caso. Artículo 140: los arrendatarios o arrendatarias podrán ejercer el derecho de retracto previsto en el artículo 138 de la presente ley, cuando ocurra cualquiera de los siguientes supuestos: 1. Cuando deje de cumplirse alguno de los requisitos establecidos en el artículo 132 de la presente ley. 2. Efectuada la venta a un tercero, su precio resultare inferior al ofertado, o sus condiciones fueren más favorables que las ofrecidas inicialmente a los arrendatarios o arrendatarias. Así pues, se puede inferir que el retracto legal es el derecho que tienen los arrendatarios de subrogarse, en las mismas condiciones estipuladas en el instrumento traslativo de la propiedad, en el lugar de quien adquiere el inmueble arrendado por venta o por cualquier otro tipo de transferencia. Siendo que en la presente Ley dispone que para poder ejercer dicha acción los arrendatarios deben encuadrarse en alguno de los dos supuestos del artículo 140 antes esgrimidos. Ahora bien, para que este recurso se pueda dar debe accionarse dentro del lapso establecido por el Código Civil en su artículo 1547 del cual se extrae textualmente lo siguiente: “Artículo 1547: no puede usarse el derecho de retracto sino dentro de nueve días, contados desde el aviso que debe dar el vendedor o el comprador al que tiene este derecho o a quien represente. Si no estuviese presente y no hubiere quien lo represente, el termino será de cuarenta días, contados desde la fecha del registro de la escritura”. De este modo se tiene establecido que el lapso de caducidad a los fines que quien tenga el derecho de ejercer el retracto legal, incluso arrendaticio, tiene dos vertientes, siendo la primera el lapso de caducidad de nueve días el cual comienza a regir una vez notificado el arrendador, y como segunda vertiente se tiene que encontrándose presente el arrendador y no habiendo sido notificado o avisado de la enajenación del bien, puede ejercer este, en un lapso de cuarenta días contados a partir de la fecha en que quedó demostrado haber tenido conocimiento de la predicha enajenación, de tal manera que si bien la Ley de Arrendamientos inmobiliarios exige que el adquiriente notifique al arrendatario de lanegociación celebrada, momento a partir del cual comenzará a correr el lapso de 40 días de caducidad para ejercer el derecho de retracto, puede ocurrir que tal notificación no se efectué, en cuyo caso el lapso será contado a partir de la fecha en que quedó demostrado que el arrendatario tuvo conocimiento de la predicha enajenación, tal como ocurrió en el presente caso ya que la demandante de autos alegó que no fue notificada de la venta del inmueble en su libelo de la demanda. Sin embargo, el criterio establecido por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 678 de fecha 02 de noviembre de 2017, criterio este ratificado en sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 14/07/2023, bajo el número de sentencia 000413 relacionados con la manera de computar el lapso de caducidad en los casos de retracto legal arrendaticio del cual se extrae textualmente lo siguiente: “Omissis… Según lo establecido jurisprudencialmente por esta Sala, como es el caso de la sentencia número 652, de fecha 7 de noviembre de 2003, (caso: Volney Fidias Robuste Graells, contra el entonces Banco Consolidado, C.A., hoy Corp Banca, CA, Banco Universal), siguiendo al autor patrio Profesor Eloy Maduro Luyando (Curso de Obligaciones, Tomo 1, p. 506, 11. Edición, UCAB, Caracas, 1999), la caducidad de la acción es un término fatal, cuyo transcurso produce la extinción de la acción, el titular del derecho subjetivo pierde la facultad de acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarlo o establecerlo. También ha sostenido esta Sala, atenida a los diuturnos, pacíficos y consolidados criterios doctrinales y jurisprudenciales reiterados en la transcripción que, ad exemplum, se vierte a continuación, reflejados en su decisión número 307, del 3 de junio de 2009 (caso: Goval, C.A contra Mar, C.A. (MARCA) y Otra), donde dispuso lo siguiente: “…Al respecto es de observar, que la caducidad de la acción constituye materia de orden público, y el Juez está facultado para declararía de oficio en cualquier estado y grado de la causa cuando verifique su existencia, al estar indefectiblemente ligada a la acción y no a la cuestión de fondo que se debate, dado que extingue la acción y si esta se ha perdido no podrá sentenciarse el fondo, sin importar en qué estado procesal, o en cual momento del juicio se extinguió la acción. Por consiguiente, cada vez que el Juez constata que la acción se extinguió, de oficio debe declarar tal situación, ya que el derecho a movilizar a la administración de justicia, en una causa particular, se ha perdido, al no poder existir fallo de fondo, y la extinción de la acción es independiente de los alegatos que se susciten con motivo de la contestación de la demanda, o de los informes…"Todo lo antes señalado encuentra soporte constitucional, en los artículos 2. 26, 49 y 257 de nuestra Carta Política, al establecer un Estado Democrático y Social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político, el derecho de igualdad para acceder a la justicia, a la tutela de los derechos, a la justicia imparcial, equitativa, sin formalismos5 reposiciones inútiles, así como el debido proceso y el derecho a la defensa, y un proceso como el instrumento fundamental para la realización de la justicia En este orden de ideas, es preciso señalar que esta Sala en sentencia número 36 de fecha 26 de febrero de 2015, (caso: Jacqueline María Aguilera Marcano, contra Oswaldo Emilio Mota Rivas y otros), en un caso análogo de retracto legal arrendaticio, estableció lo siguiente: "…La caducidad de la acción constituye materia de orden público, y el Juez está facultado para declararla de oficio en cualquier estado y grado de la causa cuando verifique su existencia, al estar indefectiblemente ligada a la acción y no a la cuestión de fondo que se debate, dado que extingue la acción y si ésta se ha perdido no podrá sentenciarse el fondo, sin importar en qué estado procesal, o en cual momento del juicio se extinguió la acción. Por consiguiente cada vez que el Juez constata que la acción se extinguió, de oficio debe declarar tal situación, ya que el derecho a movilizar a la administración de justicia, en una causa particular, se ha perdido, al no poder existir fallo de fondo, y la extinción de la acción es independiente de los alegatos que se susciten con motivo de la contestación de la demanda, o de los informes (Énfasis de esta Sala)…” El legislador consagra la figura de la caducidad por razones de seguridad jurídica, para evitar la incertidumbre en cuanto al ejercicio de las acciones, estableciendo un límite temporal para hacer valer las mismas y la falta de ejercicio del plazo prefijado los extingue. Ahora bien, el presente asunto se trata de una acción por retracto legal arrendaticio, y aprecia esta Sala que ambos demandados en la oportunidad de contestación a la demanda, opusieron como cuestión previa la caducidad de la acción propuesta, conforme a lo previsto en el artículo 346, ordinal 10 del Código de Procedimiento Civil. Primeramente, la representación judicial de la ciudadana Giovanna Durante de Mangieri, expuso lo siguiente: “…Primero: En fecha 02 de noviembre de 2.009, el Alguacil Suplente del Juzgado Segundo de los Municipios Juan Germán Roscio y Ortiz del Estado Guárico, ciudadano José Francisco López, estampó senda diligencia en la consignación Nº 132-09, que cursa por ese Tribunal de Municipio, donde señaló: "Que me trasladé a la AVENIDA ACOSTA CARLES, específicamentedonde están las instalaciones del taller Europa con el objeto de entregar una boleta de notificación que fue emanada por ese Juzgado al ciudadano VICENTE DURANTE PUGLIA se le notificaba que el ciudadano GIL CARLOS PEPINO consigno ante este Juzgado por concepto de canon de arrendamiento. Al hacerle entrega de dicha boleta la leyó y me manifestó que ese local ya no de su propiedad debido a que se lo vendió a una hermana y el ya no tenía nada que ver con eso, luego en la sede de este juzgado se apersonó el abogado DOMINGO DOMINGUEZ solicitando dicha boleta yo le participe lo que me dijo el ciudadano Vicente Durante y dicho abogado me autorizó para que consignara dicha boleta, motivo por el cual la consigno sin firmar” Esto se puede evidenciar en copia certificada presentada y consignada por el actor al momento de interponer la presente demanda, diligencia que corre al folio 32 de los autos. Es evidente ciudadana Juez, que en esa fecha (02 de noviembre de 2.009), el ciudadano Gil Carlos Pepino demandante de autos, por medio de su Abogado de confianza y Apoderado judicial hasta la fecha, tuvo conocimiento de la venta que se le hiciera a mi representada de los inmuebles objeto de esta demanda y a pesar que ya tenía conocimiento de las mismas por la oferta de manera verbal que se le hiciera en el año 2.007, la cual rechazo en ese entonces; ahora de manera irresponsable pretende el actor desconocer la dicha oferta. Para el momento de la venta (año 2.007), se encontraba en vigencia el Decreto con Rango y Fuerza de Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, donde en el Titulo VI, artículos 42 y siguientes, establecen las reglas aplicables en la Preferencia Ofertiva y Retracto Legal Arrendaticio, las cuales otorgan al arrendatario un tiempo prudencial de cuarenta días (40) calendario para ejercer el derecho de retracto al que se contrae el artículo 43 del referido Decreto Ley. …el lapso de seis (06) meses para que el arrendatario puede ejercer su acción de retracto legal arrendaticio pueda ejercer su acción de retracto legal arrendaticio, cuando no se haya efectuado la notificación o el aviso de la venta del inmueble al arrendatario, comienza a computarse a partir de la fecha de notificación o el aviso de la venta del inmueble al arrendatario, comienza a computarse a partir de la fecha de notificación al inquilino de la enajenación del inmueble, o la prueba cierta que ha tenido conocimiento de ello…” Ahora bien, en el presente asunto la demandante se limita en su escrito libelar únicamente a establecer la falta de notificación y la falta de oferta de la venta del inmueble, siendo necesario traer a colación un pequeño extracto de lo alegado por la demandante, el cual se encuentra inmerso al folio ciento veintisiete (127) de la primera pieza del presente expediente del cual se extrae lo siguiente: “…en razón de la Jurisprudencia invocada, resultaclaro que al no existir notificación formal a mi poderdante, previa a la compra-venta del bien inmueble y de esta demanda, de la venta efectuada, según documento debidamente registrado por ante la oficina del Registro Público del Municipio Tinaquillo del estado Cojedes el día 24 de octubre del 2019, Asiento Registral 1 del Inmueble matriculado con el Nº 319.8.2.1.10129 y correspondiente al libro de Folio Real del año 2.019, el lapso de caducidad no puede ser alegado por el demandado y en consecuencia de hacerlo debe ser declarado SIN LUGAR la excepción de fondo de caducidad…” De este modo se deja ver que sus alegatos hacen mención únicamente a la falta de notificación previa a la compra-venta del inmueble sin dejar establecido la fecha en la que tuvo conocimiento de la venta, para poder determinar si la demanda se encuentra dentro de los lapsos establecidos para ejercer la demanda por Retracto Legal arrendaticio, por cuanto se evidencia en el estudio de las actas procesales que la venta fue efectuada y protocolizada en fecha 24 de octubre del año 2019, de dicha venta hasta la fecha de interposición de la presente demanda han transcurrido holgadamente mucho más de seis meses, superando a todas luces el lapso establecido para ejercer el presente recurso, en virtud a ello la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en su sentencia Nº 000388 de fecha 30/09/2022, estableció: “Omissis… …se puede observar que la doctrina de esta sala establece, que cuando no se haya efectuado la notificación o el aviso de la venta del inmueble objeto de retracto, es decir que la parte que tiene el derecho no tenga conocimiento de la venta, el lapso para ejercer la acción de retracto legal será de cuarenta (40) días contados a partir de la fecha en que se registró la escritura de la venta del inmueble. Siendo los términos para recurrir por vía de retracto legal de naturaleza fatal, por tratarse de lapsos de caducidad, los mismos no son susceptibles de suspensión, pues en este caso el término de cuarenta días es presuntivo de información al que tiene el derecho, devenida por no encontrarse presente o no tener conocimiento de la venta y dado el principio de publicidad que confiere el registro de la escritura de la venta, el cual en este caso debe tomarse como punto de partida a los fines de computar el lapso de caducidad de esta acción…” De los criterios transcritos se desprende claramente que si bien el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley de Regulación del Arrendamiento Inmobiliario para el Uso Comercial, exige que el adquiriente notifique al arrendatario de la negociación celebrada, momento a partir del cual comenzará a correr el lapso de seis (06) meses de caducidad para ejercer el derecho de retracto legal arrendaticio, igualmente se puede configurar el supuesto en que tal notificación no se efectué, en cuyo caso, la interpretación realizada por esta Sala de Casación Civil ha indicado que el lapso para iniciar el computo de la caducidad será elcontado a partir de la fecha en que quedó demostrado en el expediente que el arrendatario tuvo conocimiento de la predicha enajenación, siendo este el criterio imperante y sostenido por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justica, sin embargo en el escrito libelar de la demandante así como en las actuaciones procesales que corren insertas en el presente expediente no se evidencia fecha cierta en la que la ciudadana Elda del Valle Silva Terán (demandante), tuviera conocimiento de la venta efectuada por lo que quien aquí decide debe forzosamente determinar que en el presente caso opera la caducidad de la acción, en virtud que desde la fecha de la venta debidamente protocolizada siendo esta en el año 2019 hasta la fecha de interposición de la presente demanda en el año 2022, han transcurrido aproximadamente tres (03) años, superando con creces el lapso establecido para ejercer el recurso de Retracto Legal, así mismo es prudente hacer mención en esta etapa de la sentencia que desde el año 2019 existía un incumplimiento por parte de la ciudadana Elda Del Valle Silva Terán, en su rol como arrendataria dentro de las clausulas estipuladas, cuando existió una demanda por cumplimiento de contrato por parte de la arrendadora en el Tribunal Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Falcón de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, tal y como se desprende de las mismas pruebas aportada por la actora, que si bien culmino por un desistimiento debidamente homologado se llevó hasta la etapa probatoria, dándose ese mismo año que la propietaria dio en venta el bien inmueble al ciudadano Jiacheng Fen, pudiéndose ver viéndose así afectada la cualidad que le da la ley para poder solicitar el retracto de preferencia que detenta tener la ciudadana Elda Silva, por lo que lo más ajustado en derecho es declarar SIN LUGAR la apelación ejercida por el abogado Francisco Javier Rodríguez Bolívar, IPSA Nº 48.646, en su carácter de apoderado judicial de la demandante de autos ciudadana Elda del Valle Silva Terán, titular de la cédula de identidad Nº V-7.533.146, en contra de la decisión emanada del Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil Mercantil del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, por motivo de Cumplimiento de Retracto Legal, contra los ciudadanos Ana Josefa Agüero Chejade y Jiacheng Feng, siendo de nacionalidad venezolana y extranjera respectivamente, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nº. V-2.349.578 y E-84.428.082; se ratifica la sentencia dictada por Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil Mercantil del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, en fecha 01 de julio 2024; se condena en costas de conformidad a lo previsto en los artículos 274 y 281 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide. - V DECISIÓN En consecuencia, este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR la apelación ejercidapor el abogado Francisco Javier Rodríguez Bolívar, IPSA Nº 48.646, en su carácter de apoderado judicial de la demandante de autos ciudadana Elda del Valle Silva Terán, titular de la cédula de identidad Nº V-7.533.146, en contra de la decisión emanada del Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil Mercantil del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, por motivo de Cumplimiento de Retracto Legal, contra los ciudadanos Ana Josefa Agüero Chejade y Jiacheng Feng, siendo de nacionalidad venezolana y extranjera respectivamente, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nº. V-2.349.578 y E-84.428.082. SEGUNDO: Se ratifica la sentencia dictada por Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil Mercantil del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, en fecha 01 de julio 2024. TERCERO: se condena en costas de conformidad a lo previsto en los artículos 274 y 281 del Código de Procedimiento Civil. CUARTO: Se ordena notificar a las partes por encontrarse la misma publicada fuera del lapso de publicación de la sentencia. Así se decide. - Publíquese, regístrese y cópiese. Remítase el expediente en su oportunidad al Tribunal de la causa. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, en San Carlos a los veintiséis (26) días del mes de febrero del año dos mil veinticinco (2025). Años: 214 de la Independencia y 132º de la Federación. Abg. Marvis María Navarro Jueza Provisoria La Secretaria Abg. Gloria Linarez En la misma fecha se publicó la anterior sentencia, siendo la una de la tarde (01:00 p.m.). La Secretaria Abg. Gloria Linarez Definitiva (Civil) Exp. Nº 1394