TSJ Regiones - Decisión

REPÙBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

EN SU NOMBRE: EL
TRIBUNAL DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS
DEL MUNICIPIO ANZOÀTEGUI DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES
San Diego de Cojedes, doce (12) de agosto del 2025.

CAPITULO I
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

DEMANDANTE:

ABOGADO ASISTENTE:

DEMANDADOS: DANIEL ALFREDO ESTRADA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 15.019.158.
JOSÉ RODOLFO ROMERO ROPERO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el Nº 317.004.
JOSÉ DE LOS SANTOS ESTRADA MUÑOZ y CARLOS JOSÉ RODRÍGUEZ RAMÍREZ, venezolanos, mayores de edad, y titulares de las cédulas de identidad Nros V- 5.375.285 y V- 19.259.185 respectivamente.

MOTIVO: PERENCION DE LA INSTANCIA (Nulidad Absoluta de Documento.
EXPEDIENTE: 453-2023
SENTENCIA: Interlocutoria con Fuerza Definitiva

CAPITULO II
NARRATIVA

Se inicio el presente procedimiento mediante escrito de Demanda de Nulidad Absoluta de Documento, presentado ante este Tribunal en fecha 10 de Julio de dos mil veintitrés (2023), por el ciudadano DANIEL ALFREDO ESTRADA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 15.019.158, bebidamente asistido por el Abogado JOSÉ RODOLFO ROMERO ROPERO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el Nº 317.004, dándosele entrada en los libros respectivos mediante auto de esta misma fecha; quedando signado bajo el Nº 457-2023, el cual riela al folio treinta y seis (36) del presente asunto. Teniéndose para decidir lo que sea de Ley.
En fecha trece (13) de Julio de dos mil veintitrés (2023), mediante auto de esta misma fecha el Tribunal insta al solicitante a subsanar omisión en la presente demanda.
En fecha veinticinco (25) de Julio de dos mil veintitrés (2023), Se admitió la misma, de conformidad con las normas pautadas para ello, emplazándose a los ciudadanos JOSÉ DE LOS SANTOS ESTRADA MUÑOZ y CARLOS JOSÉ RODRÍGUEZ RAMÍREZ, venezolanos, mayores de edad, y titulares de las cédulas de identidad Nros V- 5.375.285 y V- 19.259.185 respectivamente; domiciliados el primero en el sector Centro, Avenida Leonardo Ruiz Pineda, casa sin número, de la población de Cojedito, Municipio Anzoátegui del estado Cojedes y el segundo en el sector Santa Isabel, de frente a la Avenida Páez, a la derecha calle Pinto Salina, e izquierda calle Figueredo, diagonal al Ministerio de Agricultura y Tierra, de la población de Cojedito, Municipio Anzoátegui del estado Cojedes, a los fines de que comparezcan por ante este Tribunal a dar contestación a la Demanda dentro de los veinte (20) días de Despacho siguiente a que conste en auto su citación.
En fecha dos (02) de Agosto de dos mil veintitrés (2023), el Alguacil Titular de este Tribunal consignó boleta de Citación, correspondiente al ciudadano JOSÉ DE LOS SANTOS ESTRADA MUÑOZ, siendo consignada negativa, mediante auto de esta misma fecha.
En fecha dos (02) de Agosto de dos mil veintitrés (2023), el Alguacil Titular de este Tribunal consignó boleta de Citación, correspondiente al ciudadano CARLOS JOSÉ RODRÍGUEZ RAMÍREZ, siendo consignada negativa, mediante auto de esta misma fecha.
En fecha tres (03) de Agosto de dos mil veintitrés (2023), mediante auto de esta misma fecha el Tribunal insta al solicitante a subsanar omisión en la presente demanda.
En fecha once (11) de agosto de dos mil veintitrés (2023), comparece por ante este Tribunal el ciudadano DANIEL ALFREDO ESTRADA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-15.019.158, debidamente asistido por el Abogado en ejercicio JOSÉ PADRÓN, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el Nº 212.180, a los fines de subsanar dicha omisión; siendo agregado mediante auto de esta misma fecha.
En fecha catorce (14) de Agosto de dos mil veintitrés (2023), mediante auto de esta misma fecha el Tribunal ordena emplazar a los ciudadanos JOSÉ DE LOS SANTOS ESTRADA MUÑOZ y CARLOS JOSÉ RODRÍGUEZ RAMÍREZ, venezolanos, mayores de edad, y titulares de las cédulas de identidad Nros V-5.375.285 y V-19.259.185 respectivamente; domiciliados el primero Avenida Leonardo Ruiz Pineda, entre Avenida Las Flores, y Avenida Sucre, frente a la Farmacia San Marcos II, casa sin número, sector Centro, de la población de Cojedito, Municipio Anzoátegui del estado Cojedes y el segundo en la Avenida Leonardo Ruiz Pineda, sector Centro, entre Avenida Sucre, y Avenida Bolívar, punto de referencia cerca de la parada El Samán, vía Retajao, Municipio Anzoátegui del estado Cojedes; a los fines de que comparezcan por ante este Tribunal a dar contestación a la Demanda dentro de los veinte (20) días de Despacho siguiente a que conste en auto su citación.
En fecha diecinueve (19) de Septiembre de dos mil veintitrés (2023), el Alguacil Titular de este Tribunal consignó boleta de Citación, correspondiente al ciudadano JOSÉ DE LOS SANTOS ESTRADA MUÑOZ, efectivamente practicada, la cual fue agregada a los autos en esta misma fecha.
En fecha diecinueve (19) de Septiembre de dos mil veintitrés (2023), el Alguacil Titular de este Tribunal consignó boleta de Citación y compulsa, correspondiente al ciudadano CARLOS JOSÉ RODRÍGUEZ RAMÍREZ, siendo consignada negativa, mediante auto de esta misma fecha.
En fecha trece (13) de Octubre de dos mil veintitrés (2023), comparece por ante este Tribunal el ciudadano DANIEL ALFREDO ESTRADA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-15.019.158, debidamente asistido por el Abogado en ejercicio JOSÉ RODOLFO ROMERO ROPERO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el Nº 317.004, a los fines de subsanar dicha omisión y solicitar la Citación por Cartel; siendo agregado y acordado mediante auto de esta misma fecha.
No hubo más actuaciones.
En tal sentido, este Tribunal, encontrándose en tiempo oportuno para emitir el presente pronunciamiento, pasa a hacerlo en los siguientes términos:

CAPITULO III
MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA DECIDIR

Ahora bien de la revisión exhaustiva de las actas que conforman el presente expediente se observa, que la parte interesada no han impulsado la misma por un período mayor al de un (01) año y nueve (09) meses, en consecuencia, a los fines de garantizar los principios de celeridad procesal, proteger el interés superior, que representa un principio fundamental en el derecho, el cual consiste en evitar dilaciones innecesarias en todas las acciones de la justicia, establecido en los artículos 141 y 257 de la Constitución Nacional, en concordancia con el artículo 26 eiusdem y el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Verificando la inactividad en el procedimiento por la parte que conforman el presente asunto, esta Juzgadora considera oportuno traer a colación el contenido de la norma legal que establece la institución de la perención de la instancia, del Código de Procedimiento Civil, el cual establece:
Artículo 267: “…Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención…” (Resaltado y cursivas del Tribunal).
En atención a lo anterior es oportuno traer a referencia la sentencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Emérito Dr. Alfonso Valbuena Cordero, con relación al juicio que por jubilación intentaron los ciudadanos ADRIÁN EUSEBIO LÓPEZ y OTROS, contra la empresa (hoy entidad de trabajo) COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL TELÉFONOS DE VENEZUELA (C.A.N.T.V.), en la se decidió lo siguiente:
“… Ahora bien, resulta indispensable para la resolución del presente caso señalar que la sentencia Nº 956, de fecha 1° de junio del año 2001 de la Sala Constitucional, analizó la figura procesal de la perención de la instancia a la luz de la norma prevista en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, estableciendo que la inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención, pues tal disposición persigue sancionar la inactividad de los litigantes, produciendo la extinción del procedimiento, con lo cual el demandante no podrá proponer nuevamente su demanda antes de que transcurran noventa (90) días después de su declaratoria, de conformidad con lo previsto en el artículo 271 eiusdem, salvo que se trate de materias de orden público.
No obstante, lo asentado sobre la inactividad procesal en estado de sentencia, la Sala Constitucional estableció que esta inactividad de las partes en esa fase procesal, tiene otro efecto que sí las perjudica y que está determinado por el interés procesal, estableciendo dentro de las modalidades de extinción de la acción, la pérdida de interés que tiene lugar cuando el accionante no impulsa el proceso a estos fines. Esta falta de interés surge en el juicio en dos oportunidades procesales, la primera, cuando habiéndose interpuesto la demanda, el Juez no se pronuncia en un tiempo prudencial sobre su admisibilidad, y la segunda, cuando la causa se paraliza en estado de sentencia. En ese sentido estableció, que lo que sí puede aplicarse es la pérdida de interés procesal que causa el decaimiento de la acción por no tener el accionante interés en que se le sentencie, cuando la causa se encuentra en estado de sentencia y se paraliza, por no haberse decidido dentro de los lapsos legales previstos para ello, impidiéndose de esta manera que las partes estén a derecho.
En el fallo comentado, la Sala Constitucional interpretó el artículo 26 constitucional, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, estableciendo que si la causa paralizada ha rebasado el término de la prescripción del derecho controvertido, a partir de la última actuación de los sujetos procesales, el Juez puede de oficio o a instancia de parte, declarar extinguida la acción previa la notificación del actor, en las formas previstas para ello en el Código de Procedimiento Civil, ponderando a los efectos de la declaratoria de extinción, las razones o explicaciones dadas por el actor que compareciere, o la incomparecencia de los notificados, de ser el caso.
Así pues, consecuente con el criterio asentado por la Sala Constitucional, no deben entonces confundirse las figuras de la perención de la instancia con el decaimiento de la acción, pues para su procedencia deben analizarse los supuestos de hecho que la hacen aplicable en cada caso. La perención es una institución clásica del Derecho Procesal Civil, establecida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que censura la poca diligencia del demandante cuando éste ha dejado transcurrir el tiempo -un año- y no impulsa el proceso para que se mantenga viva la instancia, mientras que la extinción de la acción por falta de interés procesal, que causa el decaimiento de la acción, por inactividad de la parte en estado de sentencia, debe garantizar a las partes el debido proceso y el derecho a la defensa como uno de los pilares de la cultura jurídica, pues para su declaratoria debe previamente cumplirse con la notificación de las partes en el juicio, a fin de que éstas demuestren que su interés está vivo, y quieren que el Juez dicte sentencia en su causa…” (Resaltado y cursivas del Tribunal).
Visto lo anterior y en total sintonía con lo establecido en la sentencia citada y con los fundamentos legales transcritos, y luego de revisadas las actuaciones que conforman el presente asunto, es evidente para esta Juzgadora que la presente causa se encuentra sin actividad alguna por la parte, pero mayor aún por la parte recurrente (interesada) desde el día trece (13) de Octubre de dos mil veintitrés (2023), tal como se evidencia al folio sesenta y nueve (69), y desde la mencionada fecha hasta la presente ha transcurrido con creces los lapsos establecidos en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, es decir, más de un (1) año y nueve (09) meses , razón por la cual y en atención a la inactividad de la parte, debe en consecuencia este Tribunal declarar la perención de la instancia en el presente asunto. Así se establece.

IV
DECISIÓN

Por las razones de hecho y de derecho expuestas, y de conformidad con lo sentado en la sentencia ut supra aludida y con la doctrina señalada, criterios acogidos por quien juzga en atención a lo dispuesto en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, es por lo que este TRIBUNAL DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO ANZOÁTEGUI DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara LA PERENCION DE LA INSTANCIA, en la Demanda de (Nulidad Absoluta de Documento), y en consecuencia se da por terminado el presente procedimiento, interpuesto por el ciudadano DANIEL ALFREDO ESTRADA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-15.019.158, debidamente asistido por el Abogado en ejercicio ciudadano JOSÉ RODOLFO ROMERO ROPERO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el Nº 317.004.
No hay condenatoria en costas de conformidad con lo establecido en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese y Regístrese, incluso en la página Web de este Tribunal. Déjese copia certificada por Secretaria del presente fallo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines previstos en los ordinales 3 y 9 del artículo 72, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Anzoátegui de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, en San Diego de Cojedes, a los doce (12) días del mes de Agosto del año dos mil veinticinco (2025). Años: 215° de la Independencia y 166° de la Federación.
La Jueza Provisoria,

Abg. Karelys Liset Manzabel Montenegro
La Secretaria Titular,

Abg. Neida Ramírez García

En esta misma fecha se publicó y registró la anterior decisión, siendo las dos y treinta minutos de la tarde (2:30 p.m.).-

La Secretaría,

Expediente Nº 453-2024
KLMM/nmfc.-
Sentencia Interlocutória con fuerza definitiva.