TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

EN SU NOMBRE:
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIO DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES
-I-
De las partes
Solicitantes: Norela Concepción Rumbo Landaeta, Leana Noriersy Rumbo Landaeta, Juan Guillermo Sevilla Pinto y Juan Guillermo Sevilla Arguello, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nº V-11.962.061, V-15.297.010, V-5.744.045 y V-20.041.925, respectivamente, domiciliados en la comunidad de La Palma, Sector Carrasposo, vía Manrique, Municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes.
Abogado Asistente: Jiovanni José Pérez López, titular de la cédula de identidad Nº V-17.593.277, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 317.108, domiciliado en la Colonia La Morena, Zona Agrícola vía La Planta de Tratamiento Elías Nazar Arroyo, Parcela Nº 20, Municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes.
Asunto: Medida de Protección.
Decisión: Sentencia Interlocutoria con Fuerza Definitiva - Inadmisible la Solicitud Medida de Protección.
Solicitud: Nº 0464
-II-
Antecedentes
En fecha 11 de Marzo de 2024, se recibió Escrito de Solicitud de Medida de Protección por los Ciudadanos Noriela Concepción Rumbo Landaeta, Leana Noriersy Rumbo Landaeta, Juan Guillermo Sevilla Pinto y Juan Guillermo Sevilla Arguello, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nº V-11.962.061, V-15.297.010, V-5.744.045 y V-20.041.925, respectivamente, debidamente asistidos en este acto por el Ciudadano Abogado Jiovanni José Pérez López, venezolano, mayor de edad, Titular de la Cédula de identidad V-17.593.277, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 317.108.
Por auto de fecha 11 de Marzo de 2024, se le dio entrada a la Solicitud de Medida de Protección, bajo el Nº 0464 (Nomenclatura Interna del Tribunal).
En fecha 12 de Marzo de 2024, mediante despacho Saneador el Tribunal instó al Solicitante de autos, a subsanar el escrito de Solicitud de Medida de Protección, de conformidad con las formalidades establecidas en el artículo 199 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
-III-
Motivos de Hecho y de Derecho para Decidir
Revisadas de manera exhaustiva las actuaciones procesales a que se contrae la presente Solicitud de Medida de Protección, presentado por los Ciudadanos Norela Concepción Rumbo Landaeta, Leana Noriersy Rumbo Landaeta, Juan Guillermo Sevilla Pinto y Juan Guillermo Sevilla Arguello, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nº V-11.962.061, V-15.297.010, V-5.744.045 y V-20.041.925, respectivamente, debidamente asistidos en este acto por el Ciudadano Abogado Jiovanni José Pérez López, venezolano, mayor de edad, Titular de la Cédula de identidad V-17.593.277, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 317.108. En tal sentido, este Tribunal encontrándose en el lapso para emitir el respectivo pronunciamiento pasa a explanar las siguientes consideraciones:
En fecha 11 de Marzo de 2024, éste Juzgado dictó auto de entrada a la presente Solicitud, bajo el Nº 0464. Posteriormente, enfecha, es decir12 de Marzo de 2024, éste Juzgado dictó auto mediante el cual dictó despacho Saneador, de conformidad con el artículo 199 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, ordenando a la parte solicitante de autos lo siguiente:
(…)El procedimiento oral agrario comenzará por demanda oral, sin perjuicio que pueda ser interpuesta en forma escrita. En caso de demanda oral, el Juez ordenará que sea reducida a escrito en forma de acta, para ser agregada al expediente contentivo de la causa y contendrá la identificación del demandante y del demandado, el objeto de la pretensión determinado con precisión, así como los motivos de hecho y los fundamentos de derecho en que se funda la demanda, con las pertinentes conclusiones. En caso de presentar oscuridad o ambigüedad el libelo de la demanda, el Juez de la causa apercibirá al actor para que dentro de los tres días de despacho siguientes proceda a subsanar los defectos u omisiones que presente su libelo. De no hacerlo en el lapso el Juez negará la admisión de la demanda. El actor deberá acompañar con el libelo, toda la prueba documental de que disponga, que sirva como instrumento fundamental de su pretensión. En caso de promover testigos, deberá mencionar su nombre, apellido y domicilio, los cuales deberán deponer su testimonio en la audiencia oral o probatoria (…). (Cursivas y Subrayado de este Tribunal Agrario).
Al analizar la precitada disposición legal, se deduce que, el Procedimiento Oral Agrario inicia por demanda, y sin distinción de que se realice oral o escrita, el actor debe cumplir con unos requisitos de forma señalados expresamente. Sin embargo, determina el supuesto caso que, al introducir la misma, se incumpla con algunos de estos requisitos de procedencia y a los fines de evitar perjuicios en el derecho de petición del actor, el legislador, ha permitido que el Juez Agrario aperciba al solicitante, para que proceda a subsanar su petición dentro de un lapso de tres (03) días de despachos siguientes a la orden dada por el Tribunal de corregir los defectos u omisiones, para poder así posteriormente pronunciarse sobre la admisión o inadmisión de la solicitud.
En el presente caso, el Juez debe ser garante del orden público, y verificar que las solicitudes que sean interpuestas por ante esta Instancia Judicial, deben ser sustanciadas conforme al Procedimiento Ordinario Agrario, por lo que ineludiblemente debe cumplir con las normativas vigentes en materia agraria, esto en aras de procurar y garantizar la autonomía del Derecho Agrario, tal como lo exige el artículo 199 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario; y siendo que el Derecho Agrario en los últimos tiempos ha venido luchando por obtener su propia autonomía, razón por lo cual resulta de vital transcendencia transcribir lo que establece, la Disposición Final Cuarta de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario que dispone:
(…) La interpretación y ejecución de los contenidos de las normas de la presente Ley, estarán sometidas al principio constitucional de seguridad y soberanía nacional, y privaran sobre cualquier otra disposición sustantiva o adjetiva que verse sobre la materia (…). (Subrayado de este Juzgado Agrario).
En este sentido, evidenciado que la parte solicitante, no indicó la identificación plena de las personas contra la que obra la presente solicitud de Medida Cautelar Innominada de Protección, asimismo, en el desarrollo de los alegatos esgrimidos por la parte solicitante, surge una oscuridad y/o ambigüedad, ya que se debe determinar con claridad los hechos en el derecho, para dilucidar si la parte está intentando una Acción Posesoria por Perturbación y/o la Medida Cautelar. De igual manera, se insta a la parte solicitante, para que aclare a este Juzgado la cualidad con la que está actuando. De igual manera, se le debe hacer la observación a la parte solicitante, muy en especial a su Abogado asistente, el deber que tienen de actuar con lealtad y probidad conforme lo establecen los artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil, ello en virtud de que para futuras actuaciones, al momento de referirnos a nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debe utilizarse la ortografía idónea a la majestuosidad que nuestra Carta Magna merece, por lo que este Juzgado, a los fines de admitir la presente solicitud, apercibe, a la parte actora para que proceda a adecuar la acción propuesta a los principios rectores que rigen los procesos agrarios y subsane las omisiones señaladas, todo ellos de conformidad con el artículo 199 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. A los fines de garantizar el debido proceso, se acuerda concederle a la parte peticionarte, un lapso de tres (03) días de despacho siguientes a la publicación del presente auto, para que proceda a efectuar las correcciones señaladas, so pena sea declarada la inadmisibilidad de la acción, conforme a lo establecido en el invocado artículo 199 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, esto es, a los fines de garantizar su acceso a la justicia en aplicación del artículo 26 de la Constitución Nacional de la Republica Bolivariana de Venezuela. Cúmplase. (…)
Siendo ello así, y encontrándose el asunto en la etapa procesal de admisión o no de la pretensión de la parte accionante de autos, resulta indispensable plasmar lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que regula la subsanación, en el caso que los accionantes en sus escritos, incurran en ambigüedades u oscuridades, de la siguiente manera:
(…) En caso de demanda oral, el Juez ordenará que sea reducida a escrito en forma de acta, para ser agregada al expediente contentivo de la causa y contendrá la identificación del demandante y del demandado, el objeto de la pretensión determinado con precisión, así como los motivos de hecho y los fundamentos de derecho en que se funda la demanda, con las pertinentes conclusiones.En caso de presentar oscuridad o ambigüedad el libelo de la demanda, el Juez de la causa apercibirá al actor para que dentro de los tres (03) días de despacho siguientes proceda a subsanar los defectos u omisiones que presente su libelo. De no hacerlo en el lapso el juez negará la admisión de la demanda (…) (Cursivas y Subrayado de este Juzgado Agrario).
Analizado el mismo, se infiere que, el Juez Agrario en el caso que se den los supuestos de defectos u omisiones, debe ordenar la correspondiente corrección, sin que ello implique considerar que el Juzgador está supliendo defensas o esté parcializado con una de las partes, sino por el contrario, denota real un acceso a la justicia, siendo el mismo operador de Justicia quien dirige el proceso, para que la verdad real y la verdad procesal se materialicen en el procedimiento y se logre la paz social del campo.
Observa este Tribunal, que desde el día en que fue dictado el mencionado despacho Saneador, es decir, el día Martes12 de Marzo de 2024, hasta el día de hoy, ha trascurrido íntegramente el lapso establecido para que la parte accionante, corrigiera el Escrito de la Solicitud presentada y adecuara la misma a los principios rectores del derecho agrario conforme a la normativa establecida en la materia agraria, sin que se hubiere producido tal actividad.
Es oportuno indicar lo señalado por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, respecto al despacho Saneador, en la sentencia Nº 248, de fecha 12 de abril del año 2005, en la cual estableció:
La naturaleza jurídica de esta institución puede ser establecida a partir del objeto de la misma, que es, como se dijo, depurar el ulterior conocimiento de una demanda cuando adolece de defectos en el libelo o vicios procesales. Por ello se ha atribuido al juzgador, como director del proceso y no como espectador, no sólo la facultad sino también la obligación, de controlar que la demanda y la pretensión en ella contenida, sean adecuadas para obtener una sentencia ajustada a Derecho. Comúnmente esta actividad contralora del juez es exigida en la primera etapa del proceso, dependiendo del defecto que la motive.
(…Omissis…)
En conclusión, el despacho Saneador debe entenderse como un instituto procesal de ineludible cumplimiento, que impone al juez -se insiste- la depuración de la demanda y de los actos relativos al proceso, conforme a los presupuestos procesales y a los requisitos del derecho de acción, de modo que permita y asegure al juez que ha de conocer y decidir sobre el fondo, dictar una sentencia conforme al derecho y la justicia, sin ocuparse, como ha tenido que hacerlo la Sala en este caso, de declaratorias de nulidad y reposiciones que pudieron evitarse si el Juez competente hubiese tenido el cuidado de subsanar los errores formales antes de proseguir a otra etapa del juicio. (Cursivas de este Juzgado Agrario).
En este orden de ideas, y de la revisión de las actas que conforman el presente asunto, se verificó que, posterior a la publicación del auto de despacho Saneador de fecha 12 de Marzo de 2024, transcurrieron los siguientes tres (03) días de despacho siguientes, establecidos en el invocado artículo 199 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, los cuales serían los siguientes:Miércoles13, Jueves14 yViernes15 de Marzo de 2024; es decir, el lapso para que la parte Solicitante de autos procediera a corregir finalizó el día Viernes 15 de Marzo de 2024, observándose que, la parte Solicitante no efectuó ninguna actuación, es decir,lo que a todas luces, evidencia que no dió cumplimiento a la orden emanada por este Tribunal, conducta que conlleva forzosamente a este Juzgado Agrario, aplicar la sanción prevista el artículo 199 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que no es otra que declarar INADMISIBLE la presente Solicitud de Medida de Protección, por no haber sido subsanada en el tiempo establecido. Así se decide.
-IV-
Decisión
Por las razones antes expuestas este Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, declara: PRIMERO: INADMISIBLE, la Solicitud de Medida de Protección, presentado por los Ciudadanos Norela Concepción Rumbo Landaeta, Leana Noriersy Rumbo Landaeta, Juan Guillermo Sevilla Pinto y Juan Guillermo Sevilla Arguello, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nº V-11.962.061, V-15.297.010, V-5.744.045 y V-20.041.925, respectivamente, debidamente asistidos en este acto por el Ciudadano Abogado Jiovanni José Pérez López, venezolano, mayor de edad, Titular de la Cédula de identidad V-17.593.277, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 317.108, de conformidad con el artículo 199 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, por no haber sido subsanada en el tiempo establecido. Así se decide. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas en virtud de la naturaleza del presente fallo. Así se establece. TERCERO: No se hace necesaria la notificación de la parte Solicitante de autos, por encontrarse a derecho, dejándose constancia que el lapso para interponer los recursos de Ley, comenzara a transcurrir al día siguiente de la publicación de este fallo.
Publíquese, Regístrese y Déjese Copia Certificada de la presente Decisión de conformidad con lo establecido en el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, en San Carlos a los Dieciocho(18) días del mes de Marzo del año dos mil Veinticuatro (2024). Años 213º de la Independencia y 165º de la Federación.

El Juez Provisorio,
Abg. CARLOS ANTONIO ORTIZ PEREIRA

La Secretaria Suplente,
Abg. JAIMAR LINARES.
En la misma fecha se dictó y publicó la anterior decisión siendo las 12:30de la tarde, quedando anotada bajo el Nº 013-2024.

La Secretaria Suplente,
Abg. JAIMAR LINARES.

Sol. Nº 0464
CAOP/JL/Antony