TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

EN SU NOMBRE:
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIO DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES
-I-
De las partes
Solicitantes: Fátima Soto Cardozo y Héctor Manuel Sánchez Roa, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nº V-11.838.297 y V-11.492.709, respectivamente.
Abogados Asistentes: Jesús Gregorio Andrade Quintero y José Heriberto Carvallo Aular, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad V-16.158.137 y V-17.904.578, e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 234.937 y 234.955, respectivamente, en su condición de Defensores Públicos Segundo Agrario del estado Cojedes.
Motivo: Solicitud de Homologación.
Decisión: Sentencia Interlocutoria con Fuerza Definitiva - Inadmisible la Solicitudde Homologación.
Solicitud: Nº 0481
-II-
Antecedentes
En fecha 12 de Junio de 2024, los Ciudadanos Abogados Jesús Gregorio Andrade Quintero y José Heriberto Carvallo Aular, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad V-16.158.137 y V-17.904.578, e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 234.937 y 234.955, respectivamente, en su condición de Defensores Públicos Segundo Agrario del estado Cojedes, actuando en representación de los Ciudadanos Fátima Soto Cardozo y Héctor Manuel Sánchez Roa, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nº V-11.838.297 y V-11.492.709, respectivamente, presentaron Escrito de Solicitud de Homologación, consignando documentos anexos. Folios del 01 al 04 de la presente Solicitud.
Por auto de fecha 12 de Junio de 2024, se le dio Entrada a la Solicitud de Homologación, bajo el Nº 0481 (nomenclatura interna de este Tribunal). Folio 05 de la presente Solicitud.
En fecha 14 de Junio de 2024, mediante Despacho Saneador el Tribunal instó a los Solicitantes de autos, a subsanar el escrito de Solicitud de Homologación, de conformidad con las formalidades establecidas en el artículo 199 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Folio 06 de la presente Solicitud.
-III-
Motivos de Hecho y de Derecho para Decidir
Revisadas de manera exhaustiva las actuaciones procesales a que se contrae la presente Solicitud de Homologación, presentado por los Ciudadanos Abogados Jesús Gregorio Andrade Quintero y José Heriberto Carvallo Aular, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad V-16.158.137 y V-17.904.578, e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 234.937 y 234.955, respectivamente, en su condición de Defensores Públicos Segundo Agrario del estado Cojedes, actuando en representación de los Ciudadanos Fátima Soto Cardozo y Héctor Manuel Sánchez Roa, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nº V-11.838.297 y V-11.492.709, respectivamente. En tal sentido, este Tribunal encontrándose en el lapso para emitir el respectivo pronunciamiento pasa a explanar las siguientes consideraciones:
En fecha 12 de Junio de 2024, éste Juzgado dictó auto de entrada a la presente Solicitud de Homologación, bajo el Nº 0481. Posteriormente, enfecha, es decir14 de Junio de 2024, éste Juzgado dictó auto mediante el cual dictó despacho Saneador, de conformidad con el artículo 199 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, ordenando a la parte solicitante de autos lo siguiente:
(…) El procedimiento oral agrario comenzará por demanda oral, sin perjuicio que pueda ser interpuesta en forma escrita. En caso de demanda oral, el Juez ordenará que sea reducida a escrito en forma de acta, para ser agregada al expediente contentivo de la causa y contendrá la identificación del demandante y del demandado, el objeto de la pretensión determinado con precisión, así como los motivos de hecho y los fundamentos de derecho en que se funda la demanda, con las pertinentes conclusiones. En caso de presentar oscuridad o ambigüedad el libelo de la demanda, el Juez de la causa apercibirá al actor para que dentro de los tres días de despacho siguientes proceda a subsanar los defectos u omisiones que presente su libelo. De no hacerlo en el lapso el Juez negará la admisión de la demanda. El actor deberá acompañar con el libelo, toda la prueba documental de que disponga, que sirva como instrumento fundamental de su pretensión. En caso de promover testigos, deberá mencionar su nombre, apellido y domicilio, los cuales deberán deponer su testimonio en la audiencia oral o probatoria (…). (Subrayado del Tribunal).
Al analizar la precitada disposición legal, se deduce que, el Procedimiento Oral Agrario inicia por demanda, y sin distinción de que se realice oral o escrita, el actor debe cumplir con unos requisitos de forma señalados expresamente. Sin embargo, determina el supuesto caso que, al introducir la misma, se incumpla con algunos de estos requisitos de procedencia y a los fines de evitar perjuicios en el derecho de petición del actor, el legislador, ha permitido que el Juez Agrario aperciba al solicitante, para que proceda a subsanar su petición dentro de un lapso de tres (03) días de despachos siguientes a la orden dada por el Tribunal de corregir los defectos u omisiones, para poder así posteriormente pronunciarse sobre la admisión o inadmisión de la solicitud.
Es por lo que, el Juez debe ser garante del orden público, y verificar que las solicitudes que sean interpuestas por ante esta Instancia Judicial, deben ser sustanciadas conforme al Procedimiento Ordinario Agrario, por lo que ineludiblemente debe cumplir con las normativas vigentes en materia agraria, esto en aras de procurar y garantizar la autonomía del Derecho Agrario, tal como lo exige el artículo 199 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario; y siendo que el Derecho Agrario en los últimos tiempos ha venido luchando por obtener su propia autonomía, razón por lo cual resulta de vital transcendencia transcribir lo que establece, la Disposición Final Cuarta de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario que dispone:
(…) La interpretación y ejecución de los contenidos de las normas de la presente Ley, estarán sometidas al principio constitucional de seguridad y soberanía nacional, y privaran sobre cualquier otra disposición sustantiva o adjetiva que verse sobre la materia (…). (Subrayado de este Juzgado Agrario).
En este sentido, evidenciado que la parte actora, en el escrito primigenio consignado en fecha 12 de Junio de 2024, solicita la Homologación del acuerdo conciliatorio celebrado en fecha 10 de Junio de 2024, y de una revisión a dicho acuerdo, se observa lo siguiente:
…Omissis…”Segundo: Mover el portón que se encuentra en el lindero de Jesús Yépez y Alexis Contreras según coordenadas N – 1059675 E 546481 hasta el final de la vía o en todo caso eliminar el mencionado portón.
Tercero: En relación a la cerca perimetral de la ciudadana Fátima Soto y Alexis Contreras, realizaran la cerca a objeto de realizar la manga al ras de la vía. La ciudadana Fátima Soto pasará su rebaño de semovientes por la vía hasta el predio Santa María”…Omissis…
…Omissis…”Séptimo: El levantamiento de la cerca por parte de la señora Fátima Soto y Alexis Contreras en un lapso de dos (02) meses a partir de la siguiente fecha”…Omissis…
En tal sentido, dentro de su petitorio y alegatos, la parte accionante señala que solicita la Homologación del Acuerdo conciliatorio de fecha 10 de Junio de 2024, sin embargo se observa que dentro de dicho acuerdo señalan la existencia del Ciudadano Alexis Contreras e incluso del lote de terreno denominado Santa María, sin aparecer suscrito dicho acuerdo por el referido ciudadano y ni por la persona que se encuentra regularizado el lote de terreno denominado “Santa María”, surgiendo con ello una oscuridad y/o ambigüedad, ya que se pudiera estar comprometiendo los derechos e intereses de dichas personas, que no aparecen hayan manifestado su voluntad de suscribir el pretendido acuerdo conciliatorio que desean sea homologado, es por lo que, este Juzgado a los fines de admitir la presente solicitud, apercibe, a la parte actora para que proceda a adecuar la acción propuesta a los principios rectores que rigen los procesos agrarios y subsane las omisiones señaladas, todo ellos de conformidad con el artículo 199 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. A los fines de garantizar el debido proceso, se acuerda concederle a la parte peticionarte, un lapso de tres (03) días de despacho siguientes a la publicación del presente auto, para que proceda a efectuar las correcciones señaladas, so pena sea declarada la inadmisibilidad de la acción, conforme a lo establecido en el invocado artículo 199 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, esto es, a los fines de garantizar su acceso a la justicia en aplicación del artículo 26 de la Constitución Nacional de la Republica Bolivariana de Venezuela. Cúmplase. (…)
Siendo ello así, y encontrándose el asunto en la etapa procesal de admisión o no de la pretensión de la parte accionante de autos, resulta indispensable plasmar lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que regula la subsanación, en el caso que los accionantes en sus escritos, incurran en ambigüedades u oscuridades, de la siguiente manera:
(…) En caso de demanda oral, el Juez ordenará que sea reducida a escrito en forma de acta, para ser agregada al expediente contentivo de la causa y contendrá la identificación del demandante y del demandado, el objeto de la pretensión determinado con precisión, así como los motivos de hecho y los fundamentos de derecho en que se funda la demanda, con las pertinentes conclusiones.En caso de presentar oscuridad o ambigüedad el libelo de la demanda, el Juez de la causa apercibirá al actor para que dentro de los tres (03) días de despacho siguientes proceda a subsanar los defectos u omisiones que presente su libelo. De no hacerlo en el lapso el juez negará la admisión de la demanda (…) (Cursivas y Subrayado de este Juzgado Agrario).
Analizado el mismo, se infiere que, el Juez Agrario en el caso que se den los supuestos de defectos u omisiones, debe ordenar la correspondiente corrección, sin que ello implique considerar que el Juzgador está supliendo defensas o esté parcializado con una de las partes, sino por el contrario, denota real un acceso a la justicia, siendo el mismo operador de Justicia quien dirige el proceso, para que la verdad real y la verdad procesal se materialicen en el procedimiento y se logre la paz social del campo.
Observa este Tribunal, que desde el día en que fue dictado el mencionado despacho Saneador, es decir, el día Jueves 13 de Junio de 2024, hasta el día de hoy, ha trascurrido íntegramente el lapso establecido para que la parte Solicitante, corrigiera el Escrito de la Solicitud presentada y adecuara la misma a los principios rectores del derecho agrario conforme a la normativa establecida en la materia agraria, sin que se hubiere producido tal actividad.
Es oportuno indicar lo señalado por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, respecto al despacho Saneador, en la sentencia Nº 248, de fecha 12 de abril del año 2005, en la cual estableció:
La naturaleza jurídica de esta institución puede ser establecida a partir del objeto de la misma, que es, como se dijo, depurar el ulterior conocimiento de una demanda cuando adolece de defectos en el libelo o vicios procesales. Por ello se ha atribuido al juzgador, como director del proceso y no como espectador, no sólo la facultad sino también la obligación, de controlar que la demanda y la pretensión en ella contenida, sean adecuadas para obtener una sentencia ajustada a Derecho. Comúnmente esta actividad contralora del juez es exigida en la primera etapa del proceso, dependiendo del defecto que la motive.
(…Omissis…)
En conclusión, el despacho Saneador debe entenderse como un instituto procesal de ineludible cumplimiento, que impone al juez -se insiste- la depuración de la demanda y de los actos relativos al proceso, conforme a los presupuestos procesales y a los requisitos del derecho de acción, de modo que permita y asegure al juez que ha de conocer y decidir sobre el fondo, dictar una sentencia conforme al derecho y la justicia, sin ocuparse, como ha tenido que hacerlo la Sala en este caso, de declaratorias de nulidad y reposiciones que pudieron evitarse si el Juez competente hubiese tenido el cuidado de subsanar los errores formales antes de proseguir a otra etapa del juicio. (Cursivas de este Juzgado Agrario).
En este orden de ideas, y de la revisión de las actas que conforman el presente asunto, se verificó que, posterior a la publicación del auto de despacho Saneador de fecha viernes14de Junio de 2024, transcurrieron los siguientes tres (03) días de despacho siguientes, establecidos en el invocado artículo 199 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, los cuales serían los siguientes:Lunes 17, Martes18 y Miércoles 19 de Junio de 2024 (sin dejar de mencionar que adicionalmente transcurrió el día jueves 20 de junio de 2024); es decir, el lapso para que la parte Solicitante de autos procediera a corregir finalizó el día Miércoles 19 de Junio de 2024. Es decir,lo que a todas luces, evidencia que no dió cumplimiento a la orden emanada por este Tribunal, conducta que conlleva forzosamente a este Juzgado Agrario, aplicar la sanción prevista el artículo 199 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que no es otra que declarar INADMISIBLE la presente Solicitud de Medida de Protección, por no haber sido subsanada en el tiempo establecido. Así se decide.
-IV-
Decisión
Por las razones antes expuestas este Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, declara: PRIMERO: INADMISIBLE, la Solicitud de Homologación, presentadapor los Ciudadanos Abogados Jesús Gregorio Andrade Quintero y José Heriberto Carvallo Aular, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad V-16.158.137 y V-17.904.578, e inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 234.937 y 234.955, respectivamente, en su condición de Defensores Públicos Segundo Agrario (y Auxiliar) del estado Cojedes, actuando en representación de los Ciudadanos Fátima Soto Cardozo y Héctor Manuel Sánchez Roa, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nº V-11.838.297 y V-11.492.709, respectivamente, de conformidad con el artículo 199 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, por no haber sido subsanada en el tiempo establecido. Así se decide. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas en virtud de la naturaleza del presente fallo. Así se establece. TERCERO: No se hace necesaria la notificación de la parte Solicitante de autos, por encontrarse a derecho, dejándose constancia que el lapso para interponer los recursos de Ley, comenzara a transcurrir al día siguiente de la publicación de este fallo.
Publíquese, Regístrese y Déjese Copia Certificada de la presente Decisión de conformidad con lo establecido en el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, en San Carlos alosVeintiún(21) díasdel mes de Junio del año dos mil Veinticuatro (2024). Años 214º de la Independencia y 165º de la Federación.

El Juez Provisorio,
Abg. CARLOS ANTONIO ORTIZ PEREIRA

La Secretaria,
Abg. MIRTHA C. CHIRIVELLA J.
En la misma fecha se dictó y publicó la anterior decisión siendo la12:30de la tarde, quedando anotada bajo el Nº 043-2024.

La Secretaria,
Abg. MIRTHA C. CHIRIVELLA J.

Sol. Nº 0481
CAOP/MCCHJ/Antony