REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES San Carlos, 20 de diciembre del 2024 SENTENCIA Nª: 153 EXPEDIENTE Nº: 1391 JUEZA: Abg. Marvis María Navarro. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES: DEMANDANTE: DIEGO HERNANDEZ GUTIERREZ Y LUIS FELIPE BAPTISTA PEÑA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nrosº V-4.866.857, V-8.677.269 de este domicilio, en sus condiciones de Director Gerente y Director Administrativo respectivamente, de la sociedad mercantil Construcciones El Viejo C.A., (CONSTRUELVICA) APODERADO JUDICIAL: MATIAS RAFAEL PINO MENESINI, venezolano, titular de la cedula de identidad Nr. V-5.744.534, inscritos por ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 94.858, de este domicilio. DEMANDADO: CARLOS MIGUEL SAEZ CASADIEGO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedulas de identidad Nr V-15.627.447, respectivamente, domiciliado en la Troncal 5, entrando a la ciudad de Tinaco, estado Cojedes. APODERADO JUDICIAL: Sanil Begonia Aparicio Veloz, Enio Jesús Rosales Velasco, Juan Alberto Vivas Norales, debidamente inscrita por ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 86.920, 136.322 y 273.958, todos de este domicilio. MOTIVO: RESOLUCION DE CONTRATO DE OPCION DE COMPRA VENTA (Medida Preventiva) SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CAPITULO I DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA CAUSA Actuaciones del Superior: De conformidad con lo preceptuado en el artículo 243, ordinal 3 del Código de Procedimiento Civil se procede hacer una síntesis de la controversia:En fecha 07 de Agosto del año 2024, Mediante auto de se da por recibido expediente signado con el numero 11.804 (Nomenclatura Interna del Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes), remitido ante esta alzada por el referido juzgado mediante oficio Nº 116/2024, de fecha 06 de Agosto del 2024. Se le dio entrada bajo el Nº 1391. En consecuencia, se deja transcurrir cinco (05) días de despacho siguientes para que las partes soliciten la constitución de asociados. En fecha 14 de Agosto de 2024, mediante auto se dejó constancia que venció el lapso para la constitución de asociados, en consecuencia, el tribunal fijó diez (10) días de despacho siguientes a este, para que las partes inmersas en la presente controversia, consignen sus informes. En fecha 25 de septiembre de 2024, se recibió de informe suscrito por el ciudadano Matías Rafael Pino Menesinis, abogado en ejercicio, inscrito en el IPSA, bajo el numero 94.858, actuando en este acto como apoderado judicial de la Sociedad Mercantil CONSTRUCCIONES EL VIEJO C.A., (CONSTRUELVICA) parte demandante. En fecha 25 de septiembre de 2024, mediante auto el tribunal acuerda agregarlo a los autos que conforman el presente expediente, se dejo constancia que fue presentado dentro del lapso legal correspondiente. En fecha 30 de septiembre de 2024, mediante auto se dejó constancia que venció el lapso para la consignación de informes, en consecuencia, esta superioridad dejó transcurrir el lapso de ocho (08) días de despacho siguiente a este para que las partes inmersas en la presente controversia consignen observaciones a los informes presentados. En fecha 11 de octubre de 2024, mediante auto el tribunal, dejó constancia que venció el lapso para la consignación de observaciones a los informes, en consecuencia, se deja transcurrir el lapso de treinta (30) días continuos, para dictar la correspondiente sentencia. Revisadas como han sido las actuaciones llevadas por esta alzada; se procede a verificar las actuaciones llevadas por el tribunal Aquo, a los fines de comprobar que se hayan resguardado las garantías constitucionales, así como un debido proceso: En fecha 14 de junio de 2024, mediante auto se admitió la reforma de la demanda consignada por los ciudadanos Diego Hernández Gutiérrez y Luis Felipe Baptista Peña, identificados en autos, actuando en su carácter de representantes legales de la Sociedad Mercantil Construcción El Viejo, C.A. (CONSTRUELVICA) contrael ciudadano Carlos Miguel Sáez, venezolano, titular de la cedula de identidad Nº V- 15.627.447. En fecha 10 de Julio de 2024, se recibió escrito debidamente suscrito por el abogado Matías Rafael Pino Menesinis, apoderado judicial de la parte actora, mediante el cual solicito la medida de secuestro del bien objeto del presente litigio. En fecha 12 de Julio de 2024, mediante auto el tribunal A-quo, insto a la parte actora indicar los medios probatorios sobre los cuales se fundamentan la medida nominada de secuestro, y en el mismo acto ordeno agregar el escrito de solicitud de medida al presente cuaderno separado para que surtan sus efectos legales consiguientes. En fecha 22 de Julio de 2024. Se recibió ratificación de medida nominada de secuestro, debidamente suscrito por el ciudadano Matías Rafael Pino Menesinis, apoderado judicial de la parte actora. En fecha 26 de julio de 2024, el tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, dicto sentencia interlocutoria con fuerza definitiva donde Niega la Medida de Secuestro, solicitada por el apoderado judicial de la parte actora. En fecha 02 de agosto de 2024, se recibió diligencia debidamente suscrita por el abogado Matías Rafael Pino Menesini, apoderado judicial de la parte actora, el cual apela la sentencia dictada en fecha 26 de julio de 2024. En fecha 02 de agosto de 2024, mediante auto el tribunal A-quo dejo constancia del vencimiento del lapso de apelación de la sentencia dictada por el tribunal, ejerciendo tal recurso el apoderado judicial de la parte demandante. En fecha 06 de agosto de 2024, mediante auto se ordeno oír la apelación en ambos efectos y en consecuencia el tribunal ordeno remitir junto con oficio Nº 116- 2024 al Juzgado Superior en lo Civil, el Cuaderno de Medidas a los fines de que conozca de dicha apelación. II CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Esta Alzada como órgano superior asume el conocimiento pleno de la controversia, y en tal sentido, tiene plena jurisdicción sobre el asunto apelado, lo que le permite descender a las actas procesales y revisar todo lo acontecido durante el desarrollo del iter procesal, y para resolver la situación jurídica planteada este Tribunal, procederá al estudio de la actas procesales que conforman el expediente, y todo en base al artículo 12 de Código de Procedimiento Civil que expresamente señala lo siguiente: “…Los Jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procuraran conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe atenersea las normas del derecho, a menos que la ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de estos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados. El Juez debe fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común o máximas de experiencia… Quedando planteado el problema, pasa esta Juzgadora a realizar las siguientes observaciones. Alegatos de la parte demandada en su escrito de apelación: …Actuando en mi condición de parte demandante del presente asunto contenido en el expediente Nº 11.804, de manera muy respetuosa acudo ante este órgano jurisdiccional a los fines de exponer y solicitar: APELO de la Sentencia Interlocutoria Con Fuerza Definitiva, dictado por el tribunal en fecha 26 de julio del 2024, que corre inserta al 09 al 12 Vto., el Cuaderno de Medidas adjunto al presente expediente identificado con el Nº 11.804, para que lo conozca la Juez Superior Competente... Alegatos de la parte demandante en su escrito de Informe: …Omissis …Que en el libelo de la demanda se solicito de conformidad con lo establecido en el artículo 585, del vigente Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 588. 3, eiusdem, la MEDIDA CAUTELAR NOMINADA DE SECUESTRO la cual fue ratificada mediante escrito en el cuaderno de medidas en los términos siguientes: En efecto, ratifico en nombre de mi representada CONSTRUCCIONES EL VIEJO C.A., (CONSTRUELVICA), de conformidad con lo establecido en el artículo 585 del vigente Código de Procedimiento Civil, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 588. 3, eiusdem, la solicitud de la medida cautelar nominada de SECUESTRO SOBRE EL BIEN INMUEBLE objeto del contrato de opción de compra-venta, solicitada en el libelo de la demanda, que tiene como finalidad evitar el uso, goce y disfrute del inmueble objeto del presente juicio por parte del ciudadano CARLOS MIGUEL SAEZ CASADIEGO, quien es venezolano, mayor de edad, de estado civil casado, titular de la cedula de identidad Nº V-15.627.447, condomicilio en la troncal 5, entrando a la ciudad de Tinaco, al lado del punto de control de la Policía Nacional, frente de la empresa ALBORADA CAFÉ S, de la ciudad de Tinaco, estado Cojedes, con teléfono personal Nº 0414-4149581 y correo electrónico: cysmig1@hotmail.com, en razón de haber cumplido nuestra representada con la obligación de hacer entrega temporal del inmueble objeto de la opción de compra-venta. El citado inmueble objeto de la opción de compra-venta, se encuentra constituido por una parcela de terreno y el galpón industrial en el construido, con todos los accesorios y anexos que tiene, sus linderos y medidas son los siguientes: NORTE: Con Ejidos municipios cercanos al Barrio San Lorenzo, con una distancia aproximada de CIEN METROS (100Mts). SUR: Con carretera nacional San Carlos- Valencia y Barrio El Fraile, ESTE: Con terreno ejido por donde se encuentra un camino de penetración que conduce al Caserío San Lorenzo, en una extensión de DOCIENTOS METROS (200Mts) aproximadamente, y OESTE: Con galpón Industrial perteneciente a la empresa Construcciones Metálicas Venezolanas (COMOVEN), recorriéndose con ese lindero una distancia de DOCIENTOS METROS (200Mts), siendo los linderos y medidas particulares los que a continuación se especifican: NORTE: en CUARENTA Y TRES METROS CON CINCUENTA (43,50Mts), aproximadamente con ejidos municipales del Barrio San Lorenzo, SUR: en CINCUENTA Y CINCO METROS CON TREINTA CENTÍMETROS (55,30Mts), aproximadamente, con terreno que son o fueron de la Empresa CAMEPLAST C.A., que los separa de la carretera nacional, ESTE: en CIENTO UN METRO CON SESENTA CENTIMETROS (101,60Mts) aproximadamente con la carretera de tierra o vía de penetración que conduce de la via nacional hacia El Barrio San Lorenzo y OESTE: en CIEN METROS (100Mts) aproximadamente, con ejidos Municipales. Según se desprende de documento debidamente protocolizado por ante el Registro Publico del Municipio Tinaco estado Cojedes, en fecha treinta (30) de septiembre de 2013, quedando inscrito bajo el Nº2013.250, Asiento Registral 2 del inmueble, matriculado con el Nº324. 8. 7. 1. 871 y correspondiente al Libro de folios Real del año 2013, cuyo documento se acompaño con el escrito libelar identificado con el Nº”5”.Ahora bien, con respecto a los requisitos exigidos para la procedencia de las medidas, el procesalista RICARDO ENRIQUE LA ROCHE en su obra CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL., Tomo IV. Centro de Estudios Jurídicos del Zulia. Caracas, 1998, señala: “3 Condiciones de procedebilidad. Este articulo 585 prevé dos requisitos de procedibilidad de las medidas preventivas, a saber: la presunción grave de que quede ilusoria la ejecución del fallo (fumus periculum in mora). Añádase la pendencia de una litis en la cual se decreta la medida, lo cual denota el carácter eminentemente judicial que caracteriza las medidas cautelares…” (…) “4. Fumus boni iuris: Humo, olor, a buen derecho, presunción grave del derecho que se reclama. Radica en la necesidad de que se pueda presumir al menos que el contenido de la sentencia definitiva del juicio reconocerá, como justificación de las consecuencias limitativas que acarrea la medida cautelar, el decreto previo –ab initio o durante la secuela del proceso de conocimiento de la medida precautelativa. Es menester un juicio de valor que haga presumir la garantía de que la medida preventiva va a cumplir su función, instrumentalizada, de asegurar el resultado práctico de la ejecución forzosa o la eficacia del fallo, según sea su naturaleza; y ello depende de la estimación de la demanda”. (…) “Lo que no puede hacer el tribunal es decretar o negar la medida particularmente la que no tiene reconsideración ulterior en la misma instancia-inopidamente, sin tomar en cuenta los elementos en que se funda (cfr abajo CSJ. Sent.13-8-85) u omitir el respectivo pronunciamiento so pretexto de no quedar inhabilitado por emisión de opinión (cfr abajo CSJ. Sentencia.10/11/83)”. (…) “6 Fumus periculum in mora: la otra condición de procedibilidad inserida en este articulo bajo comento sea, el peligro en el retardoconcierne a la presunción de existencia de la circunstancia de hecho que, si el derecho existiera, serian tales que harían verdaderamente temible el daño inherente a la no satisfacción del mismo. No establece la ley supuestos embargo y prohibición de enajenar y gravar del Código derogado. Esta condición de procedibilidad de la medida ha quedadocomprendida genéricamente en la frase. El peligro en la mora tiene dos causas motivas: una constante y notoria, que no necesita ser probada, cual es la inexcusable tardanza del juicio de conocimiento, el arco del tiempo que necesariamente transcurre desde la deducción de la demanda hasta la sentencia ejecutoriada; otra causa de los hechos del demandado durante ese tiempo para burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada. A este supuesto se refiere la presunción hominis exigida por este articulo en comento” Para demostrar al tribunal que la presente acción cumple con los requisitos necesarios que hacen procedente la medida preventiva de secuestro solicitada como lo son el FUMUS BONI IURIS o presunción grave del derecho que se reclama, se acompaña el contrato escrito del mal llamado opción de Compra-Venta, cuya resolución de demanda, se acompaño con el escrito libelar identificado con el Nº “3” El pedimento de la medida preventiva de secuestro solicitada, cumple además con el requisito PERICULUM IN MORA o riesgo manifiesto que quede ilusoria la ejecución del fallo, no solo por el hecho de que el comprador se mantenga ocupando el inmueble, el tiempo de duración del presente juicio, ya que esa situación, le ocasiona a nuestra representada un grave perjuicio a su patrimonio. En lo que respecta al requisito PERICULUM IN MORA, o sea, de la existencia del riesgo manifiesto que quede ilusoria la ejecución del fallo, es un hecho notorio que la tramitación del procedimiento hasta llegar a la sentencia que quede definitivamente firme conlleva un lapso de tiempo bastante prolongado, dentro del cual el demandado puede revisar puede realizar actos en contra del inmueble, en detrimento del interés legitimo de nuestra representante. Al respecto, la Sala de Casación Civil, de nuestro mas alto Tribunal en sentencia Nº00446, de fecha treinta de junio de año 2005, expediente NºAA20-C-2004-000039, componencial del magistrado Antonio Ramírez Jiménez, señalo lo siguiente: “… de la transcripción de la recurrida, se infiere que el juzgador ad-quem acordó mantener la medida preventiva de secuestro, por cuanto del análisis del contrato de opción de compra, venta objetos de la acción por resolución, y específicamente de la clausula sexta, pudo constatar que la demandada se le entrego la tenencia del bien objeto de la litis; que para que la accionante compradora gozara del bien debíaver cumplido con la clausula que acepto en el contrato, y que al no pagar el precio pactado aplico la consecuencia jurídica del ordinal 5º del artículo 599 del Código de Procedimiento Civil, norma que se adecua al puesto de hecho planteado en autos. Así mismo, se evidencia que el juzgador no estableció que la accionante compradora era la propietaria del bien inmueble, como erradamente lo alega el formalizantes, si no que al momento de la suscripción del contrato de opción de compra-venta, según la clausula sexta del contrato, se le entrego a la demandada la sentencia del local comercial y que al no pagar el precio pactado, era perfectamente aplicable el articulo denunciado, por lo que se debía mantener el secuestro del bien. Por tanto, el ordinal 5º del artículo 599 del Código de Procedimiento Civil, que prevé, como se indico con precedencia que, se decretara el secuestro “…de la cosa del demandado haya comprado y este gozando sin haber pago su precio…”, es la causal idónea de procedencia del secuestro aplicable al caso bajo estudio, donde el solicitante de la medida demando la resolución del contrato de opción de compra-venta, por no cumplirse con las clausulas convenidas, y estar disfrutando la demandada del bien inmueble sin haber pagado el precio pactado, de ellos se infiere que el juzgador de alzada no aplico falsamente lamentada norma, pues la situación verificada en autos encuadran en el supuesto abstracto contemplado en dicha disposición con base a las consideraciones que proceden, se declara improcedente la infracción por falsa aplicación del ordinal 5º del artículo 599 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide…” De la sentencia anterior se deduce que durante dicho lapso existe riego de que pueda quedar ilusoria la ejecución del fallo como se deriva en la presente causa. Además, dicha medida preventiva es procedente pues de no acordarse pues el demandado podía disponer, dañar el bien inmueble objeto de contrato resultando ilusoria la sentencia que se dicte en el caso de que la presente demanda sea declarada como lugar al causar un gravamen irreparable al patrimonio de nuestra representada, lo cual constituye un temor mas que fundado que justifique el decreto de medida cautelar de secuestro, razón por la cual solicitamos se acuerdey decrete medida cautelar de secuestro para evita la disposición o ocultamiento fraudulento del bien inmueble ut supra descrito para ellos juro la urgencia del caso, pedimos se habilite todo el tiempo que sea necesario. 1. Documento Público, según de desprender de documento debidamente protocolizado por ante el Registro Publico del Municipio Tinaco del estado Cojedes, en fecha treinta (30) de septiembre de 2013, quedado escrito bajo el numero 2013.250, asiento registral 2 del inmueble, matriculado con el Nº324.8.7.1.871 incorrespondiente al libro de folio real del año 2013, cuyo documento se acompaño con el escrito libelar identificado con el Nº”5”. Que se corresponde al inmueble objeto de la opción de compra-venta, que se encuentra constituido por una parcela de terreno y el galpón industrial construido, con todos los accesorios y anexos que tiene, sus linderos y medidas son lo siguiente: NORTE: Con ejidos municipio cercanos al barrio San Lorenzo con una distancia aproximada de CIEN METROS (100Mts). SUR: Con Carretera Nacional San Carlos- Valencia y barrio El Frailer, ESTE: Con terreno ejidos por donde se encuentra un camino de penetración que conduce al caserío San Lorenzo, en una extinción de DOSCIENTOS METROS (200Mts), aproximadamente, y OESTE: Con galpón industrial perteneciente a la empresa Construcciones Metálicas Venezolana (COMEVEN), recorriéndose con ese lindero una distancia de DOSCIENTOS METROS (200Mts), siendo los linderos de medidas particulares los que a continuación se especifican: NORTE: En CUARENTA Y TRES METROS CON CINCUENTA CENTIMETROS (43,50Mts), aproximadamente con ejidos municipales del Barrio San Lorenzo, SUR: en CINCUENTA Y CINCO METROS CON TREINTA CENTIMETROS (55,30Mts), aproximadamente con terrenos que son o fueron de la empresa CAMEPLAST C.A., que los separa de la carretera nacional, ESTE: en CIENTO UN METROS CON SESENTA CENTIMETROS (101,60Mst) aproximadamente con la carretera de tierra o vía de penetración que conduce de la via nacional El Barrio San Lorenzo y OESTE: en CIEN METROS (100Mts) aproximadamente con ejidos municipales. La instrumental antes escrita, corre inserta a la pieza principal del presente asunto identificadas con el Nº “5” . la pertinencia y legalidad de la instrumental, es demostrar la existencia del inmueble objeto de la medida solicitada, el cual está actualmente enposiciones del demandado de autos y constituye FUMUS BONI IURIS o presunción del derecho que se reclama. 2º Contrato Privado de opción Compra-Venta, suscrito en fecha veintitrés (23) de octubre del año 2020, en la ciudad de tinaco estado Cojedes, por nuestra representada CONSTRUCCIONES EL VIEJO C.A., (CONSTRUELVICA) con el ciudadano CARLOS MIGUEL SAEZ CASADIEGO, titular de la cedula de identidad Nº15.627.447, cuyo contrato acompañamos en Original y una copia para que el original sea resguardado en la caja fuerte del Tribunal que le corresponda la presente acción, que identificamos con el Nº “3”. La instrumental antes descrita, corre inserta a la pieza principal del presente asunto identificada con el Nº “3”. La pertinencia y legalidad de la instrumental, es demostrar que el inmueble objeto de la medida está actualmente en posesión del demandado de autos, lo cual constituye el FUMUS BONI IURIS o presunción grave del derecho que se está reclamando en la presente acción, tal como se constata en la clausula octava del contrato, en el cual se observa textualmente: “…CLAUSULA OCTAVA. DE la entrega del inmueble: EL OFERENTE entregara a el OFERIDO, TEMPORALMENTE el inmueble objeto de este contrato, libre de cualquier tipo de ocupantes, en el momento de la entrega de la CUOTA INICIAL U/O ARRAS establecidas en la clausula séptima del presente convenio…” 3 DOCUMENTO PÚBLICO JUDICIAL, contentivo de la REFORMA DE LA DEMANDA, la cual corre inserta, tanto la pieza principal y del cuaderno de medidas, que demuestra el FUMUS PERICULUM IN MORA, que es la otra condición de procedibilidad para la procedencia de la medida, es decir, el peligro en el retardo del presente asunto, serian tales que harían verdaderamente temible el daño inherente a la no satisfacción del mismo. Es importante destacar en este inciso, que la ley no establece supuestos de peligro de daño, sino mas bien, que queda comprendida en la constante y notoria, que no necesita ser probada, cual es la inexcusable tardanza del juicio de conocimiento de la pretensión, por el transcurso del tiempo que necesariamente que transcurre desde la introducción de la demanda hasta la sentencia ejecutoriada y otra causa de los hechos del demandado durante ese tiempo para burlar, incumplir y desmejorar la efectividad de la sentencia esperada.Por las razones antes expuesta y con las pruebas producidas anexas al libelo de demanda, consideramos que estos elementos son suficientes para la procedencia de la medida cautelar solicitada. Vista la medida preventiva de secuestro peticionada por la representación judicial de la parte actora mediante diligencia de fecha diez (10) de los corrientes, esta juzgadora a los fines de pronunciarse respecto de la procedencia de la misma observa: Ante tal pedimento considera pertinente quien suscribe traer la colación la disposición del artículo 585 del Código de Procedimiento Civil Venezolano, el cual instituye: Las medidas preventivas establecidas en este título las decretara el juez, solo cuando exista riegos manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama. (Negritas propias del Tribunal) De acuerdo a la norma antes transcrita y revisadas las actas que conforman el expediente, debe esta juzgadora pasar a pronunciarse respecto de la medida peticionada, por lo que se hace imperante traer a los autos lo establecido por la Sala de Casación Civil del Máximo Tribunal en sentencia de fecha 21-06-05, donde indico lo siguiente: “…la sala presenta serias dudas respecto al criterio sostenido hasta ahora en el sentido de que cumplidos los extremos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, el juez sigue siendo soberano para negar la medida, con pretexto en la interpretación literal del término “podrá” empleado en el referido artículo de conformidad con lo previsto en el articulo 23 eiusdem… El criterio actual de la Sala se basa en la interpretación literal de termino “podrá” empleado en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, cuyo contenido y alcance es determinado de conformidad con el articulo 23 eiusdem a pesar de que esa norma remite el término “decretara” en modo imperativo. Esta norma es clara al señalar Esta norma es clara al señalar que cumplimos esos extremos el juez decretara la medida, con lo cual le es impartida una orden, que no debe desacatar…De cara al criterio anterior, resulta congruente afirmar que cumplidos esos extremos, el juez debe decretar la medida, sin que en modo alguno pueda ser extendido que aún conserva la facultad de negarla, con la sola justificación literal de un término empleado de forma incorrecta en una norma, sin atender que las restantes normas referidas al mismo supuesto de hecho y que por lo tanto deben ser aplicadas en conjunto, y no de forma aislada, refieren la intención clara del legislador de impartir una orden y no prever la facultad… Por consiguiente, la Sala considera necesario modificar la doctrina sentada en fecha 30 de noviembre de 2000 (caso: Cedel Mercado de Capitales, C.A., c/Microsoft Corporation), y en protección del derecho constitucional de la tutela judicial efectiva y con soporte en una interpretación armónica de las normas establecidas en el Código de Procedimiento Civil, relacionadas con el poder cautelar del juez, deja sentado que reconociendo la potestad del juez en la apreciación de las pruebas y argumentos de las incidencias cautelares cuando considere que están debidamente cumplidos los extremos previstos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, debe proceder al decreto de la medida en un todo conforme a lo pautado en el articulo 601eiusdem…” De la sentencia parcialmente transcrita, se puede observar, el cambio de criterio asumido por nuestro Tribunal Supremo de Justicia, en el sentido de que es obligatorio, y no discrecional del juez, acordar una medida cautelar, cuando considere llenos ambos extremos necesarios, es decir, el fumus bonis iuris y el periculum in mora. En este orden de ideas el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, establece: “Las medidas preventivas establecidas en este título las decretara el juez, solo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama” Así las cosas, las medidas cautelares que el juez considere adecuadas se someterán a las previsiones del artículo 585, es decir, que es necesario que exista riesgo manifiesto, de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora) y que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave del indicado riesgo y del derecho que se reclama (fumus boni iuris).Siendo ello así, debemos apuntar que estas dos condiciones de carácter concurrente, deben materializarse para que el juez pueda dictar una medida cautelar, pues la existencia aislada de alguno de los dos supuestos antes mencionados no da lugar a su decreto. Así pues, para la procedencia de una medida cautelar, tal como lo disponen los dispositivos señalados supra, su declaración debe estar condicionada al cumplimiento concurrente de los siguientes requisitos a saber a) Que se presuma la existencia del buen derecho cuya protección se persigue con la cautelar (fumus boni iuris), esto es, que el derecho que se pretende tutelar aparece como probable y verosímil, vale decir, que de la apreciación realizada por el sentenciador al decidir sobre la protección cautelar, aparece tal derecho en forma realizable en el sentido de existir altas posibilidades de que una decisión de fondo asi lo considere; b) Que existe riesgo de quedar ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora), es decir, la amenaza de que se produzca un daño irreversible para la parte peticionante por el retardo en obtener la sentencia definitiva, debiendo, “el solicitante de la medida cumplir con la carga de acreditar ante el juez, haciendo uso de los medios de pruebas que confiere el ordenamiento, para hacer valer tales presunciones”. Aunado a lo anterior, debe acotarse respecto de las existencias mencionadas, que su simple alegación no conducirá a otorgar la protección cautelar sino que tales probanzas deben acreditarse en autos. En este orden de ideas, el juez habrá de verificar en cada caso, a los efectos de pronunciarse sobre la procedencia o no de la medida cautelar solicitada, la existencia en el expediente de hechos concretos que permitirá comprobar la certeza del derecho que se reclama y el peligro de que quede ilusoria la ejecución del fallo. Así lo ha sostenido la Sala de Casación Civil del Máximo Tribunal, en sentencia Nº00287 de data vieja de fecha 18-4-2006 en la cual preciso lo siguiente: (…Omisis…) Esta sala ha manifestado en múltiples oportunidades y aquí se reitera una vez, mas, que el otorgamiento de providencia cautelares solo es posible una vez cumplidos los requisitos previstos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, es decir, cuando se han verificado,efectivamente y en forma concurrente, los elementos esenciales para su procedencia… Asimismo, se ha señalado la estricta conexión que existe entre la procedencia de la medida cautelar y los alegatos y pruebas que le solicitante traiga a los autos para demostrar la verificación de los requisitos exigidos por la ley para que proceda su dictación. De tal manera que la sola existencia de un juicio no resulta presupuesto suficiente, aunque si necesario, para dictar medidas preventivas durante el curso del mismo, debiendo por tanto fundamentarse la verificación de los requisitos de procedencia y, más aun, aportar un medio de prueba que constituya al menos presunción grave de esa circunstancia. Es decir, no basta con alegar que existe un peligro inminente de que de quede ilusoria la ejecución del fallo definitivo, sino que además debe acompañarse un medio de prueba que pueda hacer surgir en el juez, al menos una presunción grave de la existencia de dicho peligro. Ahora bien, es menester para esta Sala reiterar que la carga de alegar y probar las razones de hecho y de derecho que fundamenten la procedencia de las medidas cautelares recae sobre la parte solicitante, ya que el órgano jurisdiccional se encuentra evidentemente impedido de explicar sus argumentos, como sustento de la medida en cuestión... (Negrillas, cursivas y subrayado de este Tribunal). Llegado a este punto, aplicando el criterio jurisprudencial transcrito al caso que nos ocupa, resulta forzoso para esta Juzgadora arribar al silogismo conclusorio, que para decretar una medida cautelar, se requiere el cumplimiento copulativo de los requisitos exigidos por nuestra ley adjetiva civil (artículo 585 del Código de Procedimiento Civil), debiendo el solicitante de la medida acompañar los medios de prueba que lleven al Juez a la convicción de que existe efectivamente la presunción grave del peligro de infructuosidad del fallo así como el daño inminente (periculum in damni) que la parte contra quien se pretende que la medida pueda causar al requirente de la misma, no bastando la sola afirmación de tales circunstancias ni la existencia de presunción de demora del juicio; verificando que en el caso bajo examen la parte actora no demostró la presunta existencia de una presunción grave del derecho que se reclama y el riesgo manifiesto dequedar ilusoria la ejecución del fallo, ni tampoco el peligro de daño. Así se declara. Con vista de lo anterior, por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley NIEGA la Medida de Secuestro solicitada por el abogado MATÍAS RAFAEL PINO MENESINI..." La sentencia objeto de la presente apelación se encuentra afectada de nulidad, al haber incurrido en el vicio de silencio de prueba, infringiendo así el ordinal 4º del artículo 243, en concordancia con los artículos 12. 15, 509, todos del Código de Procedimiento Civil y como consecuencia de ellos resultan también infringidos los artículos 26. 49 (encabezamiento y numeral 1 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuya trasgresión tiene como sanción la nulidad de la sentencias tenor del articulo 244 ibidem. Articulo 12. "Los Jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procuraran conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse... a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados..." Articulo 15. "Los Jueces garantizarán el derecho de defensa, y mantendrán a las partes en los derechos y facultades comunes a ellas, sin preferencia ni desigualdades y en los privativos de cada una, las mantendrán respectivamente, según lo acuerde la ley a la diversa condición que tengan en el juicio, sin que puedan permitir ni permitirse ellos extralimitaciones de ningún género. Articulo 243. "Toda sentencia debe contener: 1°.... 2º..., 3°.... 4°. Los motivos de hecho y de derecho de la decisión. Articulo 509. Los Jueces deben analizar y juzgar todas cuantas pruebas se hayan producido, aun aquellas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresándose siempre cuál sea el criterio del Juez respecto de ellas. En efecto, en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, establece que el juez está obligado a pronunciarse sobre todas y cada una de las pruebas aportadas por las partes en el proceso, sopena de incurrir en el vicio de inmotivación.En este sentido, nuestro más alto Tribunal en sus diferentes salas ha reiterado en diferentes sentencias el criterio que estableció la Sentencia dictada en fecha 26-07-2024 por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en el Expediente N° 00-557, estableció al respecto lo siguiente: "...La motivación de la cuestión de derecho, se relaciona con la aplicación de los preceptos legales y los principios doctrinarios a los hechos establecidos en la causa, con fundamento en las pruebas aportadas por las partes. Esta labor del juez, es lo que se conoce en doctrina, como "subsunción" que es el enlace lógico de una situación particular, específica y concreta, con la previsión abstracta genérica e hipotética contenida en la ley. La motivación de la cuestión de derecho así entendida, es donde reside la parte más excelsa y delicada de la decisión del juez. Por otro lado, la motivación sobre la cuestión de hecho la Sala, ha sostenido que ésta consiste en el establecimiento de los hechos con ajustamiento a las pruebas que los demuestran. Por el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, el juez se encuentra obligado a pronunciarse sobre todas y cada una de las pruebas aportadas por las partes en el proceso, sopena de incurrir en el vicio de inmotivación... Al respecto el tratadista Leopoldo Márquez Áñez, en su obra "Motivos y Efectos del Recurso de Forma en la Casación Civil Venezolana", pág. 38, ha dicho: "... El examen de las pruebas constituye uno de los campos más importantes de la cuestión de hecho que el juez debe motivar... a este respecto, creemos que la obligación del juez puede resumirse en un solo postulado: El de examinar todas las pruebas. Bajo este postulado, la motivación de la sentencia tiene que contener los razonamientos apropiados, así para acoger las pruebas, como para rechazarlas..." En este mismo orden de ideas, la Sala de Casación Civil, mediante Sentencia Nº 576 de fecha 23 de octubre de 2009, asentó: "...En materia de medidas preventivas, la tendencia jurisprudencial actual ha dicho que el requisito de la motivación es insoslayable tanto en los decretos que las acuerdan como en aquellos en los que las niegan, así, la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 2629 de fecha 18 de noviembre de 2004,expediente número 04-1796, caso LUIS ENRIQUE HERRERA GAMBOA, ratificada por esa misma Sala, entre otras, en sentencia Nº 1201 del 25 de junio de 2007, expediente Nº 05-2024, caso ARNOUT DE MELO y otros, estableció que "siempre es obligatoria la motivación de dicho decreto, lo cual significa que el Juez debe exponer las razones de hecho y de derecho por las cuales considera que procede o no la medida que se le requirió ya que, si no lo hace, es imposible que su acto sea susceptible de control por las vías ordinarias (oposición o tercería) y extraordinaria (casación), tanto, respecto de su legalidad propiamente dicha (si se entiende que emana de una potestad reglada), como de lo que se conoce como fundamento de legitimidad o legalidad material del acto discrecional (si se entiende que proviene de una facultad discrecional), lo que impediría el cabal ejercicio del derecho a la defensa de la parte o del tercero que pueda verse afectado por dicho decreto...". En este sentido, se pronunció la Sala de Casación Social, en Sentencia Nº 388, Expediente Nº 00-213, con ponencia del Magistrado Doctor OMAR ALFREDO MORA DÍAZ, que señaló lo siguiente: "...Al respecto, la Sala de Casación Civil en sentencia del 26 de mayo de 1994 expresó: ...El silencio de prueba, conforme lo expresa el Dr. José Santiago Nuñez en la doctrina de la Corte, se configura en dos casos específicos: a) cuando el juzgador omite en forma absoluta toda consideración sobre un elemento probatorio existente en los autos, cuando lo silencia totalmente; y b) cuando no obstante que la prueba es señalada, es decir, cuando el juzgador deja constancia que está en el expediente, no la analiza… Así mismo esta sala de casación social sujetándose a la jurisprudencia que ha sido pacifica y reiterar, estableció en sentencia del 24 de mayo de 2000, lo siguiente los jueces tienen que examinar todas las prueba aportadas a los autos para valorarlas y de esta manera, evitar el quebrantamiento del artículo 509 del Código de Procedimiento Civil e incurrir en el vicio de inmotivación de su fallo por silencio de pruebas. Y en sentencia de fecha 22 de marzo del mismo año, indicó: …un silencio absoluto de pruebas e incluso un análisis parcial del material probatorio, produce una sentencia carente de motivos, de motivos, contrariando el mandato del artículo 243 Ordinal 4º del Códigode Procedimiento Civil que señala que el Juez debe expresar los motivos de hecho y de derecho de la decisión... Ahora bien, se constata de la sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva dictada por el Juzgado a-quo de fecha 26 de julio de 2024, parcialmente transcrita en el Capitulo Il de este escrito, que en las consideraciones para decidir, la juzgadora a-quo, solamente se limitó a transcribir unos criterios jurisprudenciales para negar la solicitud de la medida nominada de secuestro del inmueble, pero no menciono o fundamento el por qué no se probó la solicitud de la medida cautelar solicitada, a pesar de haberse indicado los medios probatorios que sustenta la procedencia de la medida solicitada, tal como lo ordeno en el auto dictado por ese Tribunal en fecha 12 de julio de 2024, en el cual se nos insta que se indicarán los medios de pruebas que sustentan la procedencia de la solicitud de la medida cautelar nominada de secuestro. En efecto, del escrito presentado al tribunal a-quo por petición del mismo, se señalaron como pruebas las siguientes: 1. DOCUMENTO PÚBLICO, Según se desprende de documento debidamente Protocolizado por ante el Registro Público del Municipio Tinaco Estado Cojedes, en fecha Treinta (30) de septiembre de e 2013, quedando inscrito bajo el N° 2013.250, Asiento Registral con el N° 324.8.7.1.871 y correspondiente al Libro de folio Real del año 2013, cuyo documento se acompañó con el escrito libelar identificado con el N° "5". Que se corresponde al inmueble objeto de la opción de compra-venta, que se encuentra constituido por una parcela de terreno y el galpón industrial en él construido, con todos los accesorios y anexos que tiene, sus linderos y medidas son los siguientes: NORTE: Con Ejidos Municipios cercanos al Barrio San Lorenzo, con una distancia aproximada de CIEN METROS (100 Mts). SUR: Con carretera Nacional San Carlos-Valencia y Barrio El Fraile, ESTE: Con terreno Ejidos por donde se encuentra un camino de penetración que conduce al Caserío San Lorenzo, en una extensión de DOSCIENTOS METROS (200 Mts) aproximadamente, y OESTE: Con Galpón Industrial perteneciente a la Empresa Construcciones Metálicas Venezolanas (COMEVEN), recorriéndose con ese lindero una distancia de DOSCIENTOS METROS (200 Mts), siendolos linderos y medidas particulares los que a continuación se especifican: NORTE: En CUARENTA Y TRES METROS CON CINCUENTA CENTIMETROS (43,50) aproximadamente con ejidos municipales del Barrio San Lorenzo, SUR: En CINCUENTA Y CINCO METROS CON TREINTA CENTIMETROS (55.30Mts), aproximadamente, con terreno que son o fueron de la Empresa CAMEPLAST CA Carretera Nacional, ESTE: En CIENTO UN METRO CON SESENTA CENTIMETROS (101.60M) aproximadamente con la Carretera de tierra o vía de per que condice de la vía Barrio San Lorenzo y OESTE: En CIEN METROS (100 Mts) aproximadamente, con ejidos municipales. La instrumental antes descrita, corre inserta a la Pieza Principal del presente asunto identificada con el N° "5" La pertinencia y legalidad de la instrumental, es demostrar la existencia del inmueble objeto de la medida solicitada, el cual está actualmente en posesión del demandado de autos y constituye FUMUS BONI IURIS o presunción grave del derecho que se reclama. 2 CONTRATO PRIVADO DE OPCIÓN DE COMPRA VENTA, suscrito en fecha veintitrés (23) de octubre del año 2020, en la ciudad de Tinaco, Estado Cojedes, por nuestra representada CONSTRUCCIONES EL VIEJO C.A, (CONSTRUELVICA) con el ciudadano CARLOS MIGUEL SAEZ CASADIEGO, titular de la cédula de identidad Nº V-15.627.447, cuyo contrato acompañamos en Original y una copia para que el original sea resguardado en la caja fuerte del Tribunal que le corresponda la presente acción, que identificamos con el N "3". La instrumental antes descrita, corre inserta a la Pieza Principal del presente asunto identificada con el N° "3". La pertinencia y legalidad de la instrumental, es demostrar que el inmueble objeto de la medida está actualmente en posesión del demandado de autos, lo cual constituye el FUMUS BONI IURIS o presunción grave del derecho que se está reclamando en la presente acción, tal como se constata en la Cláusula Octava del contrato, en el cual se observa textualmente: "...CLAUSULA OCTAVA. De la entrega del inmueble: EL OFERENTE entregará a EL OFERIDO, TEMPORALMENTE el inmueble objeto de este contrato, libre de cualquier tipo de ocupantes, en el momento de la entrega de la CUOTA INICIAL u/o ARRAS establecidas en la cláusula séptima del presente convenio..."3. DOCUMENTO PÚBLICO JUDICIAL, contentivo de la REFORMA DE LA DEMANDA, la cual corre inserta, tanto la Pieza Principal y del Cuaderno de Medidas, que demuestra el FUMUS PERICULUM IN MORA, que es la otra condición de procedibilidad para la procedencia de la medida, es decir, el peligro en el retardo del presente asunto, serían tales que harían verdaderamente temible el daño inherente a la no satisfacción del mismo. Es importante destacar en este inciso, que la Ley no establece supuestos de peligro de daño, sino más bien, que queda comprendida en la constante y notoria, que no necesita ser probada, cual es la inexcusable tardanza del juicio de conocimiento de la pretensión, por el transcurso del tiempo que necesariamente que transcurre desde la introducción de la demanda hasta la sentencia ejecutoriada y otra causa es los hechos del demandado durante ese tiempo para burlar, incumplir y desmejorar la efectividad de la sentencia esperada. En este sentido, el autor patrio RICARDO HENRIQUEZ LA ROCHE, en su obra, CODIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, TOMO IV. A la pagina 323 a 324, se expresa así: “…Si el Juez debe verificar el cumplimiento de los extremos exigidos por el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, siendo posible que decrete la medida al admitir la demanda, debe concluirse que, para ello, debe efectuar un análisis de las pruebas acompañadas al libelo…” (…) En consecuencia, debe evaluarse la apariencia de certeza o credibilidad del derecho invocado, sino que debe determinarse si de las argumentaciones y recaudos acompañados por el peticionario se deduce el peligro de infructuosidad de ese derecho, no solo en virtud del posible retardo de la actividad del juez, sino también de los hechos que pudieran resultar atribuible a la parte contra cuyos bienes la que recae la medida, si así fuere alegado por el solicitante de la cautela, lo cual debe ser apreciado en conjunto, pues la sola demora del pronunciamiento sobre la pretensión constituye en si mismo un hecho notorio y constante que no amerite e toda medida cautelar, autoriza sin más el decreto y que no prueba. La nota de celeridad propia de toda medida cautelar, autoriza sin más el decreto y ejecución de la medida. De lo contrario se correría el riesgode hacer totalmente nugatorio el decreto que se ha considerado procedente, pues el sujeto contra quien obra la decisión, avisado ya, podría maliciosamente retrasar la remisión del expediente interponiendo recurso de hecho contra la negativa del de casación y servirse de esta inexcusable tardanza para disipar o traspasar sus bienes... (Destacado y subrayado de esta defensa) Por las razones antes expuestas y con las pruebas producidas anexas al libelo de demanda consideramos que estos elementos son suficientes para la procedencia de la medida cautelar solicitada Partiendo del hecho que el Juez debe realizar un detenido estudio sobre las pruebas aportadas por las partes, para aceptarlas o desecharlas, de manera que permita entender el porqué de su decisión vale decir, que es necesario que el Juez, para establecer los hechos, examine todas cuantas pruebas cursen en autos, las valore, de allí derivará su convicción sobre la verdad procesal, que plasmará en su sentencia. Cuando el sentenciador incumple este deber, comete el vicio denominado silencio de prueba con la consiguiente infracción del artículo 509 de la Ley Adjetiva Civil, por falta de aplicación, como es el caso aquí planteado. Ahora bien, de la lectura de la sentencia se constata que la Juez a-quo no menciona ninguna de estas pruebas en su sentencia, es decir, guarda un silencio absoluto sobre las mismas, que de haberlas mencionados y analizados hubiera llegado a una conclusión diferente, pues con las pruebas aportadas en el expediente se prueba el fumus boni iuris o presunción grave del derecho que se reclama y el fumus periculum in mora, es decir, el peligro en el retardo del presente asunto, cuyos daños serian tales que harían verdaderamente temible el daño inherente a la no satisfacción del mismo. Es importante destacar en este la Ley sino más bien, que queda comprendida en la constante y notoria, que no necesita ser aprobada cual es la inexcusable tardanza del juicio de conocimiento de la pretensión, por el transcurso del tiempo que necesariamente que transcurre desde la introducción de la demanda hasta la sentencia ejecutoriada y otra causa es los hechos del demandado durante ese tiempo para burlar, incumplir y desmejorar la efectividad de la sentencia esperada.De la exposición anterior, queda evidenciado que además de las infracciones de las disposiciones adjetivas ya mencionadas ut-supra, que son normas de orden público, también resultan desconocidas y violadas el artículo 26 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho de una tutela judicial efectiva que comprende entre otros derechos. a) el derecho a la defensa y al debido proceso (Sentencia N° 269, del 25-04-2000, Contenido la Tutela Judicial efectiva. Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia), el cual conlleva “… el derecho a ser oído por los órganos de administración establecidos por el Estado, es decir, no solo el derecho de acceso sino también el derecho a que, cumplidos los requisitos establecidos en las leyes adjetivas, los órganos judiciales conozcan al fondo de las pretensiones de los particulares, y mediante una decisión dictada en derecho, determinen el contenido y la extensión declarado... (Sentencia N° 708. dictada el 10-05-2001, derecho a la Tutela Judicial Efectiva en la anterior y la actual Constitución. Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia). Igualmente, infringe el encabezamiento del Articulo 49 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho al debido proceso, tal como se precisa Sentencia Nº 1173, dictada el 11-10-2000, por Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, sobre el Debido Proceso y Derecho a la Defensa, en la cual asentó: “...derecho civil fundamental de nuestro Estado de Derecho, y máxima de la administración de justicia tiene como contenido esencial el derecho a la defensa consagrado en el art. 49 de la Constitución Nacional, que se encuentra conformado por la potestad de las personas de salvaguardar efectivamente sus derechos e intereses legítimos en el marco de procedimientos administrativos o de procesos judiciales mediante, por ejemplo, el ejercicio de acciones, la oposición de excepciones, la presentación de medios probatorios favorables y la certeza de una actividad decisoria imparcial..." Asimismo, resulta infringido el articulo 49 en su ordinal 1º de la Constitución de la república Bolivariana de Venezuela, que garantiza el derecho a la defensa, al ser éste "... un contenido esencial del debido proceso, y está conformado por la potestad de las personas de salvaguardar efectivamente sus derechos o intereses legítimos en elmarco de procedimientos administrativos o de procesos judiciales mediante, por ejemplo, el ejercicio de acciones, la oposición de excepciones, la presentación de medios favorables y la certeza de una actividad decisoria imparcial..." (Sentencia N° 99 del 15-03-2.000 Sala Constitucional y en sentencia N° 181 dictada por la misma Sala, en fecha 14-02-2003 Ahora en el cual asentó: “… ahora bien señala Hernando Devit Echandia (Teoria General de la Prueba Judicial Tomo I editorial Jurídica Medellín Dike Pag. 37) que dicho “ no tiene por objeto convencer al juez sobre la verdad del hecho afirmado, es decir, no es un derecho a que el juez se de por convencido en presencia de medios de prueba, sino a que acepte y practique las pedidas y presentadas por las partes y las tenga en cuenta en la sentencia o decisión (con prescindencia del resultado de su concretamente la Sala Constitucional ante el silencio de prueba, en sentencia N° 5032 dictada de diciembre de 2.005, asentó apreciación)…”, y más completamente la sala constitucional antes el silencio de pruebas, en sentencia Nº5032, dictada el 15 de diciembre de 2005 asentó. “…Ello así, esta Sala advierte que si bien ha sido reiterativa la jurisprudencia en la definición del alcance del amparo contra decisión judicial como medio restitutoria frente a derechos constitucionales por parte de los jueces en tanto que no es admisible que el mismo se convierta en una tercera instancia ni en un mecanismo que vulnere la autonomía de juzgamiento de éstos, no es menos cierto que frente a errores de juzgamiento grotescos o aberrantes que infrinjan notoriamente derechos constitucionales pueda declararse con lugar la protección constitucional (Vid. Sentencia N° 1.338 del 3 de agosto de 2001, caso: "José Manuel Márquez Quesada). Al respecto, resulta oportuno hacer referencia a la sentencia N° 828 del 27 de julio de 2000, en la cual la Sala señaló lo siguiente: “... Los errores de juzgamiento sobre la aplicabilidad o interpretación de las normas legales, en principio no tienen por qué dejar sin contenido o contradecir una norma constitucional, motivo por el cual ellos no pueden generar amparos. Lo que los generan es cuando los errores efectivamente hagan nugatoria la Constitución, que la infrinjan de una manera concreta y diáfana. Es decir, que el derecho o garantía constitucional, en la forma preceptuada en la constitución, quede desconocido (...)". En este sentido, estima la Sala que corresponde determinar en la presente apelación si lavaloración de los medios de prueba realizada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, vulneró el derecho constitucional a la tutela judicial efectiva, tal como lo estableció el pronunciamiento del a-quo, quien declaró con lugar la presente acción de amparo constitucional, partiendo de las siguientes consideraciones: (...) Ahora bien, el silencio de pruebas se verifica cuando el juez no aprecia todos o alguno de los medios de prueba que se hayan incorporado a los autos, señalando al respecto la Sala de Casación Civil en sentencia N° 248 del 19 de julio de 2000, lo siguiente: "La Sala considera que el deber que a los jueces de instancia le imponen los artículos 509 y 243, ordinal 4º del Código de Procedimiento Civil, no se limita a que éstos dejen constancia de haber leído o revisado las pruebas, para luego, desecharlas o acogerlas, sino que deben verter en la decisión las consideraciones particulares de cada prueba aportada al proceso, señalar los motivos por los que la toman o desechan y, en este último supuesto, establecer los hechos que de la misma se deriva y se da por demostrado (...)". Igualmente, la Sala de Casación Civil en sentencia N° 01 del 27 de febrero de 2003, estableció que; "(...) el Juez debe realizar un detenido estudio sobre las pruebas aportadas por las partes, para aceptar o desecharlas, de manera que permita entender el por qué de su decisión, vale decir, que es necesario que el Juez, para establecer los hechos examine todas cuantas pruebas cursen en autos las valore, de allí derivara su convicción sobre la verdad procesal, que plasmara en su sentencia. Cuando el sentenciador incumple este deber, bien silenciando totalmente la prueba bien mencionándola pero sin analizarla comete el vicio denominado silencio de prueba con la consiguiente infracción del artículo 509 de la Ley Adjetiva Civil, por falta de aplicación (…)”… Ello así, advierte esta Sala que la parte accionante alegó que la prueba de experticia desechada por el aludido Juez de Primera Instancia por considerarla inmotivada, resultaba necesaria a los efectos de demostrar que la porción de terreno ocupada por el ciudadano...., se encuentra dentro de los linderos del terreno cuya propiedad quedo establecida por el documento de particióndebidamente protocolizado, en virtud de lo cual el juzgador incurrió en el vicio de silencio de pruebas. En este orden de ideas, esta Sala ha considerado que no siempre el vicio de silencio de prueba acarrea una violación a los derechos a la defensa y a la tutela judicial eficaz y que tal agravio constitucional sólo se produce cuando los medios de prueba objeto del silencio sean fundamentales para que el Juez falle en tomo a la pretensión que hubiere sido deducida. Ahora bien, de la lectura de la decisión objeto de amparo se evidencia que el informe de los expertos fue desechado por el juzgador, prueba determinante para la comprobación de la identidad de los terrenos ocupados y el terreno del accionante, motivo por el cual, esta Sala estima que en el caso de autos se produjo el vicio de incongruencia omisiva, al omitirse el examen de la prueba de experticia-cuyo análisis era esencial-, generando una afectación al derecho a la defensa y al debido proceso, por cuanto dicha prueba fue descartada individualmente y no se le apreció de forma concordada y en conjunto, situación también significativamente decisiva para la determinación del fallo, generando en consecuencia la trasgresión a los referidos derechos y con ello una vulneración a la tutela judicial efectiva, consagrados en los artículos 26 y 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Ello así, esta Sala advierte que en el caso bajo estudio la actuación desplegada por el Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y de Protección del Niño y del Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, estuvo ajustada a derecho, en virtud de que verificada las irregularidades en que incurrió el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de dicha Circunscripción Judicial, anuló la decisión dictada el 27 de octubre de 2004 y ordenó dictar nueva sentencia -en el juicio por reivindicación-, por lo que resulta forzoso para esta Sala declarar sin lugar la apelación interpuesta y confirmar el fallo dictado el 11 de julio de 2005 por el referido Juzgado Superior, que declaró con lugar la presente acción de amparo constitucional. Así se declara. Es más, resulta sorprendente que la Juez a-quo concluye en su sentencia que no se demostró la presunta existencia de una presunción grave del derecho que se reclama y el riesgo manifiesto de quedarilusoria la ejecución del fallo, ni tampoco el peligro de daño, sin analizar o al menos mencionar el porqué de su decisión de manera que permita entender tal negativa pues es su obligación establecer los hechos, bajo examen de todas las pruebas cursen en autos, las valore, de allí derivara su convicción sobre la verdad procesal que plasmara en su sentencia, cosa que no se constata de la sentencia que se recurre. En cuanto al periculum in damni, razón por la cuales niega la procedencia de la medite solicitada obviando lo que la Ley no establece supuestos de peligro de daño, sino más bien, que queda comprendida en la constante y notoria que no necesita ser probada, cual es la inexcusable tardanza de juicio de conocimiento de la pretensión, por el transcurso del tiempo que necesariamente que transcurre desde la introducción de la demanda hasta la sentencia ejecutoriada y otra causa es los hechos del demandado durante ese tiempo para burlar, incumplir y desmejorar la efectividad de la sentencia esperada. Como se ha visto en la narración contenida en el presente escrito el auto dictado por la juez a-quo no se encuentra ajustado a derecho y en consecuencia debe ser revocado Tribunal Superior deberá decretar las medidas cautelares solicitadas. En razón de lo antes expuestos solicito la admisión del presente recurso de apelación Interpongo contra la sentencia interlocutoria dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en e Civil, Mercantil del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, y publicada fecha 26 de julio de 2024, que negó la medida cautelar nominada de secuestro y una vez tramitada se declare CON LUGAR. ES JUSTICIA, en San Carlos, hoy, día, mes y año de la nota de presentación III MOTIVACIONES PARA DECIDIR Ahora bien, de la actuación antes indiscriminada, se observa que se encuentra en este Juzgado Superior, el presente cuaderno de medidas, en atención al Juicio Principal que llevan por Resolución de Contrato de opción de compra venta y que en relación a la medida de secuestro negada sube en apelación, el cual fue interpuesto por el abogado Matía Rafael Pino Menesinis, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 5.744.534, inscrito en el IPSA bajo el Nº 94.858. actuando en su carácter de apoderadojudicial de la sociedad mercantil CONSTRUCCIONES EL VIEJO C.A., datos de la compañía, contra la decisión de fecha 26/07/2024, emanada por el tribunal de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes. El cual declaro…. Extracto: Vista la medida preventiva de secuestro peticionada por la representación judicial de la parte actora mediante diligencia de fecha diez (10) de los corrientes, esta juzgadora a los fines de pronunciarse respecto de la procedencia de la misma observa: Ante tal pedimento considera pertinente quien suscribe traer a colación la disposición del artículo 585 del Condigo de Procedimiento Civil Venezolano, el cual instituye: Las medidas preventivas establecidas en este título las decretara el juez, solo cuando exista riesgos manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama. (Negrita propias del tribunal) De acuerdo a la norma antes transcrita, revisadas las actas que conforman el expediente, debe esta juzgadora pasar a pronunciarse respecto de la medida peticionada, por lo que se hace imperante traer a los autos lo establecido por la Sala de Casación Civil del Máximo Tribunal en sentencia de fecha 21-06-05, donde indico lo siguiente: “…la sala presenta serias dudas respecto al criterio sostenido hasta ahora en el sentido de que cumplidos los extremos exigidos en el artículo 585 del Condigo de Procedimiento Civil, si el juez sigue siendo soberano para negar la medida, con pretexto de la interpretación literal del término “podrá” empleado en el referido artículo, de conformidad con lo previsto en el artículo 23 eiusdem… El criterio actual de la sala se basa en la interpretación literal del término “podrá” empleado en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, cuyo contenido y alcance es determinado de conformidad con el articulo 23 eiusdem, a pesar de que esa norma remite el término “decretara” en modo imperativo.Esta norma es clara al señalar que cumplidos esos extremos el juez decretara la medida, con lo cual le es impartida una orden, que no debe desacatar… De cara al criterio, resulta congruente afirma que cumplidos esos extremos, el juez debe decretar la medida, sin que en modo alguno pueda ser atendido que aún conserva la facultad de negarla, con la sola justificación literal de un término empleado de forma incorrecta en una norma, sin atender que las restantes normas referidas al mismo supuestos de hecho y que por lo tanto deben ser aplicadas en conjunto, y no de forma aislada, refieren la intensión clara del legislador de impartir una orden y no prever la facultad… Por consiguiente, la Sala de Casación Civil considera necesario modificar la doctrina sentada en la sentencia Nº 387 de fecha 30 de noviembre de 2000 (caso; Cedel Mercado de Capitales, C.A.,) c/Microsoft Corporation), y en protección del derecho constitucional de la tutela judicial efectiva y con soporte en una interpretación armónica de las normas establecidas en el código de procedimiento civil, relacionadas con el poder cautelar del juez, deja sentado que reconociendo la potestad del juez en la apreciación de las pruebas y argumentos en las incidencias cautelares cuando considere que están debidamente cumplidos los extremos previstos en el artículo 585 del código de procedimiento civil, debe proceder al decreto de la medida en un todo conforme a lo pautado en el articulo 601 eiusdem…” De la sentencia parcialmente transcrita, se infiere, el cambio de criterio asumido por el Tribunal Supremo de Justicia, en el sentido de que es obligatorio y no discrecional del juez, acordar una medida cautelar, cuando considere llenos los extremos necesarios, es decir, el fumus bonis iuris y el periculum in mora. En este orden, establece el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil: “las medidas preventivas establecidas en este título las decretara el juez, solo cuando exista riego manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.” Así las cosas, las medidas cautelares que el juez considere adecuadas se someterán a las previsiones del artículo 585, es decir, que esnecesario que exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora), y que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave del indicado riesgo y del derecho que se reclama (fumus boni iuris). Siendo ello así, debemos apuntar que estas dos condiciones de carácter concurrente, deben materializarse para que le juez pueda dictar una medida cautelar, pues la existencia aislada de alguno de los dos supuestos antes mencionados no da lugar a su decreto. Así pues, para la procedencia de una medida cautelar, tal como lo disponen los dispositivos señalados supra, su declaratoria debe estar condicionada al cumplimiento concurrente de los siguientes requisitos a saber: Que se presuma la existencia del buen derecho cuya protección se persigue con la cautelar (fumus boni iuris), esto es, que el derecho que se pretende tutelar aparezca como probable y verosímil, vale decir, que de la apreciación realizada por el sentenciador al decir sobre la protección cautelar, aparezca tal derecho en forma realizable en el sentido de existir altas posibilidades de que una decisión de fondo así lo considere; y, b) que existan riesgo de quedar ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora), es decir, la amenaza de que se produzca un daño irreversible para la parte peticionante por el retardo en obtener la sentencia definitiva, debiendo “el solicitante de la medida cumplir con la carga de acreditar ante el juez, haciendo uso de los medios de pruebas que confiere el ordenamiento, para hacer valer tales presunciones”. Aunado a lo anterior, debe acotarse respecto de las exigencias mencionadas, que su simple alegación no conducirá a otorgar la protección cautelar sino que tales probanzas deben acreditarse en autos. En este orden de ideas, el juzgador habrá de verificar en cada caso, a los efectos de pronunciarse sobre la procedencia o no de la medida cautelar solicitada, la existencia en el expediente de hechos concretos que permitan comprobar la certeza del derecho que se reclama y el peligro de que quede ilusoria la ejecución del fallo. Asi lo ha sostenido la Sala de Casación Civil del Máximo Tribunal, en sentencia Nº00287 de data vieja de fecha 18-4-2006 en la cual preciso lo siguiente: “(…Omisis…)Esta Sala ha manifestado en múltiples oportunidades y aquí se reitera una vez, mas, que el otorgamiento de providencia cautelares solo es posible una vez cumplidos los requisitos previstos en el artículo 585 del código de procedimiento civil, es decir, cuando se han verificado, efectivamente y en forma concurrente, los elementos esenciales para su procedencia… Asimismo, se ha señalado la estricta conexión que existe entre la procedencia de la medida cautelar y los alegatos y pruebas que el solicitante traiga a los autos para demostrar la verificación de los requisitos exigidos por la ley para que proceda su dictación. De tal manera que la sola existencia de un juicio no resulta presupuesto suficiente, aunque si necesario, para dictar medidas preventivas durante el curso del mismo, debiendo por tanto fundamentarse la verificación de los requisitos de procedencia y mas, aun aportar un medio de prueba que constituya al menos presunción grave de esa circunstancia. Es decir, no basta con alegar que existe un peligro inminente de que quede ilusoria la ejecución del fallo definitivo, sino que además debe acompañarse un medio de prueba que pueda hacer surgir en el juez, al menos una presunción grave de la existencia de dicho peligro. Ahora bien, es menester para esta sala reiterar que la carga de alegar y probar las razones de hecho y de derecho que fundamenten la procedencia de las medidas cautelares recae sobre las partes solicitante, ya que el órgano jurisdiccional se encuentra evidentemente impedido de explanar sus argumentos como sustento de la medida en cuestión….” Llegando a este punto, aplicando el criterio jurisprudencial transcrito al caso que no ocupa , resulta forzoso para esta juzgadora arriba al silogismo conclusorio que para decretar una medida cautelar, se requiere el cumplimiento copulativo de los requisitos exigidos, por nuestra ley adjetiva civil (articulo 585 del código de procedimiento civil), debiendo el solicitante de la medida acompañar los medios de prueba que lleven al juez a la convicción de que existe efectivamente la presunción grave del peligro de infructuosidad del fallo así como el daño inminente (periculum in damni) que la parte contra quien se pretende la medida pueda causar al requirente de la misma, no bastando la sola afirmación de tales circunstancia ni la existencia depresunción de demora del juicio, verificándose que el caso bajo examen la parte actora no demostró la presunta existencia de una presunción grave del derecho que se reclama y el riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, ni tampoco el peligro de daño. Así se declara. Con vista de lo anterior, por las razones precedentemente expuesta, este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil Transito y Bancario de la Circunscripción del estado Cojedes, administrando justicia en nombre del a República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley NIEGA la medida de secuestro solicitada por el abogado Matia Rafael Pino Menesini, venezolano, inscrito en el inpreabogado bajo el Nº94.858, actuando en carácter de Apoderado Judicial de los ciudadanos Diego Hernández Gutiérrez y Luis Felipe Baptista Peña, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nros. V-4.866.857 y 8.677.269, en su condiciones de Director Gerente y Director Administrativo respectivamente, de la sociedad mercantil CONSTRUCCIONES EL VIEJO C.A., (CONSTRUELVICA), sobre el inmueble constituido por una parcela de terreno y el galpón industrial en el construido, con todos los accesorios y anexos que tiene, sus linderos y medidas son lo siguiente: Norte: con ejidos municipios cercanos San Lorenzo, con una distancia aproximada de cien metros (100Mts), Sur: con Carretera Nacional San Carlos Valencia y Barrio Frailer, ESTE: Con terreno Ejidos por donde se encuentra un camino de penetración que conduce al Caserío San Lorenzo, en una extensión de DOSCIENTOS METROS (200 Mts) aproximadamente, y OESTE: Con Galpón Industrial perteneciente a la Empresa Construcciones Metálicas Venezolanas (COMEVEN), recorriéndose con ese lindero una distancia de DOSCIENTOS METROS (200Mts), siendo los linderos y medidas particulares los que a continuación se especifican: NORTE: En CUARENTA Y TRES METROS CON CINCUENTA CENTIMETROS (43,50) aproximadamente con ejidos municipales del Barrio San Lorenzo, SUR: En CINCUENTA Y CINCO METROS CON TREINTA CENTIMETROS (55.30Mts), aproximadamente, con terreno que son o fueron de la Empresa CAMEPLAST CA Carretera Nacional, ESTE: En CIENTO UN METRO CON SESENTA CENTIMETROS (101.60M) aproximadamente con la Carretera de tierra o vía de per que condice dela vía Barrio San Lorenzo y OESTE: En CIEN METROS (100 Mts) aproximadamente, con ejidos municipales, según se desprende de documento protocolizado por ante el Registro Publico del Municipio Tinaco, en fecha 30 de septiembre de 2013, quedando inscrito bajo el Nº 2013.250, asiento registral 2 del inmueble, matriculado con el Nº324.8.7.1.871 y correspondiente al libro de folio real del año 2013, por cuanto no se encuentran cumplidos los extremos previstos en la norma rectora sobre medidas cautelares (Art. 585 del Código de Procedimiento Civil), al no haberse aportado ningún elemento probatorio que demostrare el periculum in mora, como requisito de procedibilidad de toda medida cautelar. Establecido lo anterior, se tiene que el proceso, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, constituye el instrumento fundamental para la realización de la justicia, la cual ha sido concebida como un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico y de la actuación de los órganos que conforman el poder público. Ahora bien, en el presente cuaderno separado de medidas, el abogado Matías Rafael Pino Menessini, IPSA 94.858, en su carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil Construcciones El Viejo C.A. solicitó la medida cautelar de secuestro en sobre el bien inmueble objeto del presente litigio, ubicado en la troncal 5, entrando a la ciudad de Tinaco al lado del punto de control de la Policia Nacional, frente a la empresa Alborada Café de la ciudad de Tinaco estado Cojedes cuyos linderos son por el NORTE: con ejidos Municipios cercanos al Barrio San Lorenzo; SUR: con carretera Nacional San Carlos-Valencia y barrio el Fraile, ESTE: con terrenos ejidos por donde se encuentra un camino de penetración que conduce al caserío San Lorenzo y OESTE: con galpón industrial perteneciente a la empresa Construcciones Metálicas Venezolanas (COMEVEN), por lo cual este Juzgado Superior en estudio de la misma y con base a las siguientes consideraciones estima necesario lo siguiente: Nuestro ordenamiento jurídico ha establecido la posibilidad de decretar medidas denominadas como típicas, solo en caso de encontrarse satisfechos los extremos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, del cual se extrae lo siguiente:“Artículo 585: Las medidas preventivas establecidas en este título las decretará el Juez, sólo cuando existe riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama” De la norma que antecede se evidencia la instrumentalidad como característica esencial de la medida preventiva, destinadas a preveer el resultado práctico de un juicio y la existencia de dos requisitos para su procedibilidad, a saber: la presunción grave del derecho que se reclama o fumus bonis iuris, y la presunción grave de que pueda quedar ilusoria la ejecución del fallo, denominado periculum in mora. De modo que se puede precisar que para ser decretadas la medida cautelar requiere: 1. La demostración del fumus bonis iuris, es decir, la presunción de que al demandante le asiste un buen derecho. 2. La comprobación del periculum in mora, que se refiere a que el demandante demuestre que existe peligro de quedar ilusoria la ejecución del fallo por la demora. En el marco de las observaciones anteriores encontramos en el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil y de acuerdo al artículo 22 eiusdem, las normas especiales establecidas en el Código, se deben observar con preferencia a las disposiciones generales en todo lo relativo a la especialidad; de modo que en el referido artículo se encuentra contemplado normas especiales para el dictado de medidas cautelares, por lo cual se debe traer a colación lo establecido en el referido artículo, del cual se extrae textualmente lo siguiente: “Artículo 646: si la demanda estuviere fundada en un instrumento público, instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, facturas aceptadas o en letras de cambio, pagarés, cheques y en cualesquiera otros documentos negociables, el Juez a solicitud del demandante, decretará embargo provisional de bienes muebles, prohibición de enajenar y gravar inmuebles o secuestro de bienes determinados. En los demás casos podrá exigir que el demandante afiance o compruebe solvencia suficiente para responder de las resultas de la medida. La ejecución de las medidas decretadas será urgente.Quedan a salvo los derechos de terceros sobre los bienes objeto de las medidas.” En principio cuando se está en presencia de un juicio por Resolución de Contrato de Opción de Compra Venta, el legislador previó en un régimen particular las medidas cautelares para cada uno de los procedimientos especiales de los contemplados en el mismo, en razón de la especificidad de cada uno de ellos, siendo necesario cumplir con los requisitos del fumus boni iuris y periculum in mora, si se trata de medidas nominadas, como en la presente solicitud bajo análisis, en la cual se peticiona la medida de Secuestro. Por lo cual el secuestro es una medida que se relaciona con la ejecución de una sentencia de condena a tenor de lo contemplado en el artículo 599 del Código de Procedimiento Civil, en la cual se pretende asegurar el o los bienes objetos del litigio en razón de la privación de la libre disposición de los bienes, que son materia de controversia con respecto a alguno de los litigantes. Ahora bien, en la esfera de las medidas cautelares, para declarar o no su procedencia, corresponde al juez los extremos que la Ley exige y realizar un verdadero análisis de los hechos señalados y probados por el solicitante para constatar si los mismos tienen una trascendencia jurídica tal que haga necesaria la medida, es decir, es determinante que el juez precise en cada caso, si el daño que el solicitante dice haber sufrido o la amenaza de que se produzca, es posible que la realidad. En el caso de marras se debe imponer que la petición cautelar, encuadra en los requisitos de procedibilidad exigidos en el artículo 599 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto en su escrito de solicitud de la medida consignado en fecha 10/07/2024, por el demandante, quien en su escrito de solicitud de la medida solicitada alegan que “dicha medida preventiva es procedente pues de no acordarse el demandado podría disponer, dañar el bien inmueble objeto del contrato, resultando ilusoria la sentencia que se dicte en el caso, pudiendo causar un gravamen irreparable al patrimonio de su representada…” así mismo se deprende del asunto principal por notoriedad judicial que existe el documento de compra venta en el cual en su cláusula octava establecieron lo siguiente "...CLAUSULA OCTAVA. De la entrega del inmueble: EL OFERENTE entregará a EL OFERIDO, TEMPORALMENTE el inmueble objeto de este contrato, libre de cualquier tipo de ocupantes, en el momento de la entrega de la CUOTA INICIAL u/o ARRASestablecidas en la cláusula séptima del presente convenio..." demostrando que el demandado de autos a la fecha posee el bien inmueble objeto del litigio, sin embargo es prudente precisar lo que os establece el artículo 599 del Código de procedimiento civil, el cual dispone textualmente lo siguiente: …Artículo 599 CPC: Se decretará el secuestro: 1° De la cosa mueble sobre la cual verse la demanda, cuando no tenga responsabilidad el demandado o se tema con fundamento que éste la oculte, enajene o deteriore. 2° De la cosa litigiosa, cuando sea dudosa su posesión. 3° De los bienes de la comunidad conyugal, o en su defecto del cónyuge administrador, que sean suficiente para cubrir aquéllos, cuando el cónyuge administrador malgaste los bienes de la comunidad. 4° De bienes suficientes de la herencia o, en su defecto, del demandado, cuando aquél a quien se haya privado de su legítima, la reclame de quienes hubieren tomado o tengan los bienes hereditarios. 5° De la cosa que el demandado haya comprado y esté gozando sin haber pagado su precio. 6° De la cosa litigiosa, cuando, dictada la sentencia definitiva contra el poseedor de ella, éste apelare sin dar fianza para responder de la misma cosa y sus frutos, aunque sea inmueble. 7° De la cosa arrendada, cuando el demandado lo fuere por falta de pago de pensiones de arrendamiento, por estar deteriorada la cosa, o por haber dejado de hacer las mejoras a que esté obligado según el Contrato. También se decretará el secuestro de la cosa arrendada, por vencimiento del término del arrendamiento, siempre que el vencimiento de dicho término conste del documento público o privado que contenga el contrato. En este caso el propietario, así como en vendedor en el caso del Ordinal 5° podrán exigir que se acuerde el depósito en ellos mismos, quedando afecta la cosa para responder respectivamente al arrendatario o al comprador, si hubiere lugar a ello. .. que e atención a lo que nos establece el anterior artículo, en especial en su numeral primero debemos los administradores de justicia tener presente “de manera que o puede un juez, con apoyo al parágrafo primero del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, extender la “previsión del legislador en cuanto a las procedencias de las medidas preventivas nominadas, a otro caso o situaciones no prevista por la misma norma, la disposición e estudio faculta al tribunal para acordar providencias cautelares que considere adecuadas” médiate la autorización o prohibición de ejecución de determinados actos omediante las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de las lesiones. Pero se deriva de la primera parte de dicho parágrafo, que las providencias cautelares innominadas son distintas de las medidas preventivas de embargo, secuestro y prohibición de enajenar y grabar y además deberán decretarse con estricta objeción a los requisitos previstos en el artículo 585 del CPC, que las limitas al caso de que exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe u media de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama” (código de procedimiento civil y normas complementaria , editorial LEGIS, pag. 472. Por lo que al hilo de lo alegado y demostrado por el peticiónate, no establece relación clara que permita determinar alguna de las causales establecidas en el artículo 599 ejusdem, ni da presunción clara con medios de prueba que pudiera detectarse el daño que se le este ocasionando al bien inmueble objeto de la Litis, por cuanto se evidencia de acuerdo a sus alegatos que el mismo estableció que: “…el pedimento de la medida preventiva de secuestro solicitada, cumple además con los requisitos PERICULUM IN MORA o riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, no solo por el hecho de que el comprador se mantenga ocupando el inmueble, el tiempo de duración del presente juicio, ya que esa situación, le coacionaria a nuestra representada un grave perjuicio a su patrimonio…” Este elemento probatorio por sí solo no constituye un elemento fundamental para ser demostrativo del fumus bonis iuris, por cuanto no constituye una figura jurídica válida que determine una presunción grave de la circunstancia y derecho que se reclama. Como se ha venido diciendo para que proceda la referida medida cautelar debe existir tanto el fumus bonis iuris así como periculum in mora, siendo necesaria la existencia conjunta de ambos elementos, por lo cual se hace evidentemente forzada dictar una medida de Secuestro por cuanto el demandante no consigno prueba alguna que demuestre la existencia del periculum in mora, exigido para el decreto de las medidas cautelares, siendo que, de los medios probatorios no se puede inferir el ánimo de impedir o hacer más difícil o gravoso la consecución de la pretensión intentada, es decir, no existe elementos de convicción que exista riesgo manifiesto que quede ilusoria la ejecución del fallo. En este mismo sentido, a falta de estos elementos, debe prosperar el rechazo de la petición cautelar, por ausencia de los requisitos de procedibilidad exigidos en el referido artículo 599 del Código deProcedimiento Civil. En tal sentido, evidenciándose que la parte actora no llenó el requisito del fumus bonis iuris, siendo necesaria la demostración concurrente de éste junto con el periculum in mora, hace inoficioso entrar en análisis de este último, pues al no estar demostrada la presunción del buen derecho, no ha de prosperar la tutela cautelar. Ahora bien, la petición de tutela cautelar y la oportuna respuesta a esa solicitud por parte del juez, es uno de los contenidos fundamentales del derecho de la tutela judicial efectiva reconocido en el artículo 26 de la Constitución, Estima entonces esta Juzgadora que el alcance de la potestad cautelar de que está investido el Juez, le faculta y obliga para su examen decreto o procedencia en tal virtud, tomando en consideración los criterios de justicia y de razonabilidad señalados ut supra, y con especial atención y acatamiento a lo dispuesto en los Artículos 2 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que obligan al Juez a interpretar las Instituciones Jurídicas, tomando en consideración los actuales principios que fundamentan el Sistema de Derecho, y que persiguen hacer efectiva la Justicia, inevitablemente este Órgano Jurisdiccional, debe declarar Sin lugar la apelación intentada por el abogado Matías Rafael Pino Menessini, IPSA 94.858, en su carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil Construcciones El Viejo C.A.; contra la sentencia dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil, Transito y Bancario de esta Circunscripción Judicial en fecha 26 de julio del 2024; se confirma la sentencia dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil, Transito y Bancario de esta Circunscripción Judicial en fecha 26 de julio del 2024; Se condena en costa, de conformidad a lo previsto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil IV DECISIÓN En consecuencia, este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Sin lugar la apelación intentada por el abogado Matías Rafael Pino Menessini, IPSA 94.858, en su carácter de apoderado judicial de la Sociedad Mercantil Construcciones El Viejo C.A.; contra la sentencia dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil, Transito y Bancario de esta Circunscripción Judicial en fecha 26 de julio del 2024. SEGUNDO: se confirma la sentencia dictada por elTribunal Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil, Transito y Bancario de esta Circunscripción Judicial en fecha 26 de julio del 2024. TERCERO: Se condena en costas a la parte perdidosa del presente recurso de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. CUARTO: Se acuerda notificar a las partes, al correo electrónico aportado, así como dejar constancia del acuse de recibido y de la llamada que le haga la secretaria del tribunal, al número que aportaron en las actas, y que una vez conste a los autos, acogiéndose quien aquí decide a la sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, Sentencia Nº RC.000241 de fecha 9 de julio de 2020, mediante la cual se Interpretan los artículos 515 y 521 del Código de Procedimiento Civil, publicada en la Gaceta Judicial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 118 de fecha 22 de julio de 2021. Así se decide. - Publíquese, regístrese y cópiese. Remítase el expediente en su oportunidad al Tribunal de la causa. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, en San Carlos a los veinte (20) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024). Años: 212 de la Independencia y 165º de la Federación. Abg. Marvis María Navarro Jueza Provisoria La Secretaria Abg. Gloria Linarez En la misma fecha se publicó la anterior sentencia, siendo la una y cuarenta de la tarde (01:40 p.m.). La Secretaria Abg. Gloria Linarez Sentencia Interlocutoria Exp. Nº 1391