REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES San Carlos, 30 de abril del 2024 SENTENCIA Nº: 108 EXPEDIENTE Nº: 1339 JUEZA: Abg. Marvis María Navarro. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES: DEMANDANTE: JOSÉ DANIEL MORENO MARTÍNEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-20.270.399, de este domicilio. APODERADO JUDICIAL: JUAN CARLOS SILVA MALPICA y JULIO DANIEL CORDERO AGUILAR, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-6.973.455 y V- 20.269.997 respectivamente, debidamente inscritos por ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 74.040 y 227.262, de este domicilio. DEMANDADOS: JOSÉ VICENTE MORENO PÉREZ y ANNA YRIS CAPEZZUTI DE MORENO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nros. V-4.100.372 y V- 8.550.191, domiciliada en la Calle Páez, Casa Nº 4-89, San Carlos Estado Cojedes. APODERADO JUDICIAL: JUAN PAULO RODRÍGUEZ FLORES y EDGAR RAFAEL VERA BRAVO, venezolanos, mayores de edades, titulares de las cedulas de identidad Nros. V-6.881.771 y V- 9.530.238 respectivamente, debidamente inscritos por ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros 41.714 y 212.150 respectivamente, de este domicilio. MOTIVO:DAÑOS MORALES (Cuaderno de Medidas) SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CAPITULO I DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA CAUSA Actuaciones del Superior: De conformidad con lo preceptuado en el artículo 243, ordinal 3 del Código de Procedimiento Civil se procede hacer una síntesis de la controversia: En fecha 01 de Febrero de 2024, se recibió del Tribunal Segundo de Primera Instancia Civil, copias certificadas del expediente 6161, (nomenclatura interna de ese Tribunal).En fecha 01 de febrero de 2024, se dio por recibido el expediente signado con el Nº 6161 (Nomenclatura interna del Tribunal Segundo de Primera Instancia Civil), el cual fue remitido a esta alzada mediante oficio Nº 05-343- 024-2024 de fecha 30 de enero de 2024, se deja transcurrir cinco (5) días de despacho siguientesa este para que las partes soliciten la constitución de asociados. Se le dio entrada bajo el Nº 1339. Mediante auto de fecha 08 de Febrero de 2024, se deja constancia que venció el lapso para que las partes soliciten la constitución de asociados, en consecuencia el tribunal fijó diez (10) días de despacho siguientes, para la consignación de informes. Mediante diligencia de fecha 21 de febrero de 2024, suscrito por la parte demandada a los fines de solicitar copia simple de los folios 34 al 38y los folios 105 al 112 del expediente. Siendo acordado mediante auto de esa misma fecha. En fecha 23 de febrero de 2024, se recibió escrito de informe presentado por el Ciudadano Edgar Rafael Vera Bravo, venezolano, titular de la cedula de identidad Nº 9.530.238, Abogado en ejercicio, inscrito en el IPSA bajo el Nº212.150, actuando en su carácter de co-apoderado judicial de los ciudadanos José Vicente Moreno Pérez y Anna Yris Capezzuti De Moreno, venezolanos, titulares de las cedulas Nº V-4.100.372. V-8.550.191,siendo agregado mediante auto de esa misma fecha. Mediante diligencia de fecha 26 de Febrero de 2024, presentada por del ciudadano Juan P. Rodríguez, abogado en ejercicio, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte demandada, a los fines de solicitar le sea expedida copias de los folios 138 al 142. Siendoacordado mediante auto de esa misma fecha. Mediante auto en fecha 26 de febrero de 2024, se deja constancia del vencimiento del lapso para la consignación de informes, en consecuencia el Tribunal fijó un lapso de ocho (8) días de despacho siguientes a este, para que las partes inmersas en la presente controversia consignen las observaciones a los informes. Mediante diligencia de fecha 28 de febrero de 2024, suscrita por la parte demandante a los fines de que sea expedida copias simples de los folios 131 al 136 y vto. Siendo acordado mediante auto de esa misma fecha.En fecha 04 de Marzo de 2024, se recibió escrito de observación a los informes presentado por el abogado Edgar Rafael Vera Bravo, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada. En esta misma se agrego a los autos. En fecha 08 de Marzo de 2024, se recibió escrito de observaciones a los informes presentado por el abogado Julio Cordero, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandante. Siendo agregado mediante auto de esa misma fecha. Mediante auto en fecha 08 de Marzo de 2024, se deja constancia del vencimiento del lapso para la consignación de observaciones a los informes. En consecuencia se deja transcurrir el lapso de treinta (30) días continuos, para dictar la correspondiente sentencia. Mediante auto de fecha 08 de abril del 2024, este tribunal por razones preferentes y en virtud del cumulo de causas que se encuentran en trámitey en etapa de sentencia, es por lo que se difiere por una sola vez el pronunciamiento de la sentencia por el lapso de treinta (30) días siguientes a este. II CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Quedando planteado el problema, pasa esta Juzgadora a realizar las siguientes observaciones. En la oportunidad de presentar los informes, la Parte demandada, expresó lo siguiente: “…Omissis… …Que cursa pro ante este superior tribunal formal recurso de apelación contra sentencia interlocutoria Nº 096, dictada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo civil, Mercantil, Transito y Bancario de la circunscripción judicial del estado Cojedes en fecha 17 de enero de 2024, en la incidencia contentiva de la oposición a medidas cautelares, con ocasión al juicio principal por daño moral incoado por el demandante de autos contra mis representados en expediente signado con el numero 6161, mediante la cual la recurrida declaro sin lugar la oposición formulada por esta representación judicial cuyas actas procesales contentivas del cuaderno de medidas rielan inserta al expediente que reposa en este superior tribunal bajo el numero 1339….. Que la actividad recursiva propuesta se circunscrita a la negativa del tribunal dela recurrida a no declarar la pretensión de oposición a la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar, dictada por el juzgado de primero de primera instancia en lo civil, mercantil, transito y Bancario de la circunscripción judicial del estado Cojedes la cual cursaba en ese tribunal en el expediente Nº 11.731, contentivo de la demanda por daño moral interpuesta en contra de mis conferentes. Que es de importancia destacar que la parte demandante en esa oportunidad de admisión de su demanda presento escrito en el juzgado primero de la primera instancia (Juez Inhibido), en fecha 07 de junio de 2023 mediante la cual solicita a ese tribunal medida de prohibición de enajenar y gravar sobre unos bienes inmuebles que el peticionante de la medida identifica de la siguiente manera:1) Un inmueble constituido por un apartamento signado C-2-F, ubicado en el segundo piso de la torre C del conjunto residencial Residencias Arauca y el puesto de estacionamiento C-2-F, el cual le corresponde, propiedad de la codemandada Ana Yris Capezzuti de Moreno, que según establecen deviene del documento protocolizado por ante el registro público de naguanagua del estado Carabobo, bajo el Nº31, folios 1 al e4, tomo: 45, protocolo: primero del cual consignar copia de dicha instrumental, marcada C1. 2) Un inmueble constituido por un puesto de estacionamiento identificado con las siglas y numero EV- 18 ubicado en el nivel de estacionamiento elevado del conjunto residencial Arauca, que se dice ser de la propiedad de la codemandada Ana Yris Capezzuti de Moreno, el cual deviene el documento protocolizado en fecha 11 de noviembre de 2010 por ante el registro público de Naguanagua del estado Carabobo, bajo el Nº 2010-3090 Asiento Registral 1 del inmueble matriculado bajo el Nº 311.712.1.1372 y corresponde al folio real del año 2010, del cual consignaron copia marcada C2. 3) Un inmueble constituido por una parcela de terreno ubicada en el parcelamiento del conjunto Residencial VIMARCA I, signada P1, que sedice ser propiedad de la codemandada Ana Yrys Capezzuti de Moreno el cual deviene de documento protocolizado en fecha 18 de noviembre de 2005 por ante el registro público de Tinaquillo del estado Cojedes bajo el Nº 46 folios 461 al 461 TomoII Protocolo 1º, del cual consignaron copia simple marcada C3. Que el tribunal respectivo a los fines de proveer realizo un conjunto de consideraciones doctrinarias relativas a la procedencia de las medidas cautelares referidas al humo, olor o buen derecho, el cual se relaciona con la presunción grave del derecho que se reclama, estableciendo que la misma radica en la necesidad que se pueda presumir al menos que el contenido de la sentencia definitiva del juicio reconocerá como justificación de las consecuencias limitativas que acarrea la medida cautelar el decreto precio ad-initio o durante la secuela del proceso de conocimiento de la medida precautelativa. Que tal propósito se hace menester realizar un juicio de verosimilitud que haga presumir la garantía de que la medida preventiva cumpla con su función instrumentalizada de asegurar el resultado práctico de la ejecución forzada o la eficacia del fallo. Que así mismo destaco doctrinariamente que la segunda condición de procedencia es el peligro en el retardo que concierne a lapresunción de existencia de las circunstancias de hecho que si el derecho existiera, serian tales que harían verdaderamente temibles el daño inherente a la inefectividad del fallo e insatisfacción del derecho. Esta condición de procedencia de la medida ha quedado comprendida en la frase “cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia”. Omissis… … Que para que sea posible otorgar providencias cautelares, se hace imprescindible verificar el cumplimiento de los extremos antes citados, primordialmente los referidos a la presunción del buen derecho y a la existencia del riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo tal y como fue establecido ut supra, en el texto del presente escrito y siendo que la parte peticionante de la medida no acompaño medios de pruebas que permitan establecer un juicio de verosimilitud o de razonamiento lógico que tampoco fue realizado por la sentenciadora ante ello resulta imposible poder comprobar los extremos a que hace referencia la norma in comento estatuida en el artículo 585 del código del procedimiento civil, es decir no hay manera de que pueda constatarse de algún recaudo consignados la presunción grave del derecho que se reclama maxime cuando lo que buscan la parte demandante es asegurar las resultas de un juicio futuro de intimación de honorarios profesionales, por una eventual acción de costas procesales de otro juicio. Que realizada formal oposición a las medidas acordadas y encontrándose inhibido la jueza primigenia del referido asunto, el expediente fue remitido al juzgado segundo de primera instancia en lo civil, mercantil, transito y bancario de esta circunscripción judicial a objeto de continuar en el conocimiento de la causa, correspondiéndole dictar la decisión interlocutoria que resolviese la oposición formulada por esta representación judicial. omissis… … Que si observa con detenimiento puede constatarse que los apoderadosjudiciales que se identifican en esta acción infundada de daño moral han establecido los hechos de lo que verdaderamente buscan y es el presunto pago de honorarios profesionales que han manifestado que se les adeuda sin determinar cuál es el quantum de los mismos, lo observado se puede verificar del contenido de los fundamentos vertidos en el libelo de demanda que pretenden utilizar como fumus boni iuris y periculum in mora para solicitar que se les acuerde una medida cautelar sobre bienes propiedad de mis representados a través de esta acción judicial interpuesta en su contra, se lee lo siguiente omissis… … Que como se verifica el confuso libelo de demanda es que el demandante de autos con sus abogados, tratan de asegurar a través de un derecho de medida cautelar la eventual acción de intimación de honorarios profesionales que pudieran ejercer contra mis representados, situación que es totalmente aislada del asunto que hoy nos ocupa contentiva de demanda por daño moral, que es otra cosa distinta a la acción que les haya podido nacer al demandante y sus abogados para interponer el cobro de costas procesales causadas en ocasión al juicio interdictal restitutorio por despojo que incoaron mis representados contra el hoy demandante. omissis…… Que cuando el propio aquo, hoy sentenciador de la recurrida, observo que la parte demandante no acompaño alguna instrumental o documental probatorias de la ocurrencia de un eventual afección sentimental o emocional tanto del demandante como de su grupo familiar y que ellos han considerado como la eventual de daño moral solo pretendieron promover como pruebas (extemporáneas) en el lapso que ellos consideraron informes psiquiátricos o psicológicos que le fueron desechado por el sentenciador de la causa por considerar que esas instrumentales debieron ser acompañadas como fundamentales en la demanda ya que posterior a ello, no podrán consignarse y así ocurrió mediante auto de fecha 07 de diciembre de 2023 y del cual este tribunal tiene la notoriedad judicial mediante causa incidental que conoce en apelación del referido auto por otras razones que tiene que ver con la oportunidad procesal para promover pruebas en juicio. Omissis… Que en el caso de autos no encontramos ante la petición realizada por la parte demandante y solicitante de la medida típica de prohibición de enajenar y gravar decretada por esta instancia ningún análisis y valoración por parte de este tribunal de algún medio probatorio que haya podido aportar el solicitante de la medida cautelar dentro de la presente acción ejercida claro esta no existe en actas procesales… omissis… Que debe aclararse a este jurisdicente que el hecho controvertido guarda relación con la ocurrencia de presunto daño moral producto de un juicio aislado donde existe una condenatoria en costas procesales de otro asunto judicial y el cual la ley adjetiva les brinda el procedimiento idóneo para reclamar si así lo desearen lo que hasta ahora no ha ocurrido por lo que mal podría pretender asegurar a través de una medida cautelar en el presente juicio las resultas de un futuro juicio de intimación de costas procesales que incluya honorarios profesionales, como lo confiesan en su demanda, que es lo que se infiere en el caso de marras que hoy nos ocupa, de allí su dificultad para verse impedido ese jurisdicente de analizar y valorar algún elemento o medio probatorio que le permitiera valorar y dejar establecido la comprobación de los extremos de ley, cosa que no ha ocurrido en el presente caso… omissis…” Alegatos de la parte demandante en su escrito de informe: “…Omissis… … Que el presente recurso de apelación versa sobre la sentencia interlocutoria que declaro sin lugar la oposición planteada contra las medidas cautelares solicitadas por esta representación judicial y acordadas por el tribunal de la causa en fecha 16-06-2023, las referidas medidas cautelares fueron propuestas en los términos siguientes: omissis… …Que puede esta juzgadora imponerse a los alegatos y pruebas presentados por esta representación judicial al momento de solicitar la tutela cautelar del juez de instancia , aunado al hecho de que en el escrito libelar constan copias certificadas de las sentencias proferidas por el tribunal de instancia, sentencia del tribunal superior sentencia de la sala de casación civil, marcadas “1, 2 y 3”, respectivamente de la misma se desprende y prueba lo que se alego en la solicitud libelar y en el pedimento de las medidas cautelares,como lo es la temeridad y mala fe con la que actuaron los demandados de autos José Vicente Moreno Pérez y Anna Yris Capezzuti de moreno, identificados en autos, siendo patente la mala fe con la que actuaron, en abuso de derecho y detrimento de mi representado de mi representado, se constituyen dichas documentales con un compendio claro y diáfano de prueba suficiente para que el juez de la causa declara procedentes las medidas cautelares solicitadas, cabe exclamar y preguntase ¡¡ si demandaron alegremente a mi representado sin ningún fundamento sin importar el daño causado!! ¿Cómo no van a proceder a insolventarse ante la acción que ahora se planteapor daño moral? es lógico que se bastan estas sentencia como prueba suficiente tanto para FUMUS BONIS IURI como para PERICULUM IN MORA, requisitos que explana la parte recurrentes no fueron aportados por esta representación judicial ni tampoco tomados en cuenta por el rector de proceso al momento de acordar las medidas, lo cual conforme a lo antes expuesto no tiene ningún asidero pues fueron cubierto con bastante suficiencia los requisitos que establece el artículo 585 del código de procedimiento civil, mas allá de eso inclusive fue aportada a la solicitud cautelar en PERICULUM IN DAMNI el cual atañe solamente a las medidas cautelares innominadas pero aun así fue aportada en este aspecto del mismo modo se cumplió con lo que ordena el articulo 587 idem, pues se aportaron los documentos de propiedad de cada uno de los inmuebles a los cuales se pidió le fuera impuestas las medidas cautelares. Omissis… Que el Aquo en el fallo apelado hace una revisión exhaustiva de los requisitos que fueron cumplidos además de lo alegado también se probo en autos tanto el olor al buen derecho como el peligro en la mora, sin dejar de tomar en cuenta el peligro o daño inminente (periculum in damni), que pudiera causarle la parte accionada a mi representado mediante el desarrollo y final del iter procesal, garantizando de esta manera la tutela judicial efectiva, manteniendo las medidas cautelares acordadas ad initio, en aras de que posteriormentede resultar vencedor en la causa principal tenga como ejecutar la sentencia, no quedando esta ilusoria, de esta manera se salvaguarda ese estado social de la parte actora y adminiculando las mismas con lo alegado en autos al moento de solicitar la tutela cautelar por parte del tribunal, considera que fueron llenados con creces los extremos de ley para que fueran acordadas las medidas cautelñares y así lo ratifico el Aquo al declarar sin lugar la oposición presentada por los demandados de autos, manteniendo las mismas, lo cual deberá ratificar esta alzada en aras de mantener garantizado el principio de expectativa plausible y seguridad jurídica. omissis… … Que como lo es la garantía de la tutela judicial efectiva mediante el aseguramiento de una eventual ejecución de sentencia y de que no quede ilusorio un fallo condenatorio, así mismo se contrae tal jurisprudencia a que cumplidas por la parte peticiónante las disposiciones o requerimientos de ley es deber de todo juez otorgar las medidas cautelares planteadas, so pena de violentar la mentada tutela judicial efectiva, es por lo cual se evidencia sin ninguna duda que el fallo apelado que mantienen las mediadas cautelares acordadas en fecha 16-06-2023, se encuentran ajustado a derechohaciendo un análisis claro y preciso de los requisitos cumplidos por esta representación judicial y en consecuencia deberá ser ratificada por esta digna juzgadora, desechando el recurso de apelación planteado por la parte recurrente. omissis…” En la oportunidad de presentar observaciones a los informes, la Parte demandada, expresó lo siguiente: “… Omissis… … Que unos alegatos y pruebas presentadas por esa representación judicial al momento de solicitar la tutela cautelar ante el juez de instancia y así mismo que aunado al supuesto hecho de que consta en el escrito libelar copias certificadas de las sentencias proferidas por el tribunal de instancia, sentencia deltribunal superior y sentencia de la sala de casación civil y que prueba lo alegado en la solicitud libelar y el pedimento de las medidas cautelares, y a su vez expone que de allí se deriva la temeridad y mala fe con la que actuaron mis representadosciudadanosJoséVicenteMoreno y Anna Yris Capezzuti y de allí se evidencio la mala fe, y abuso del derecho, que origino el detrimento de su representadociudadanoJosé Daniel Moreno Martínez y así mismo expone que de allí, es decir, de esas documentales constituyen clara y diáfana como suficiente para que el juez de la causa declarara `procedente las medidas cautelares solicitadas y dice más adelante en su escrito de informes que el lógico que se bastan estas sentencias como prueba suficiente tanto para FUMUS BONI IURIS como para el PERICULUM IN MORA. Que estos argumentos están muy alejados de la realidad jurídica como para determinar que se han cumplido los extremos de ley para que el Aquo fundamentara su decisión de acordar y ratificar las medidas cautelares contra bienes de mis representados tal y como se explano en el escrito de informes los recaudos consignados como sentencias definitivas con ocasión de la querella interdictal restitutoria por despojo, les da legitimación para interponer las acciones legales devenidas del cobro de costas procesales, por haber sido condenados mis representados a pagarlas en el caso subjudice y no para incoar pretensión de daño moral con miras a garantizar el eventual cobro de honorarios profesionales como realmente lo confiesa el demandante de autos conjuntamente con sus apoderados judiciales en su improcedente libelo de demanda, alegatos que es apreciado por el sentenciador de la recurrida, que lo hace incurrir en un verdadero error grotesco inexcusable in iudicandu y no existiendo en el expediente prueba alguna que al menos haga presumir a través de un juicio de verosimilitud que permita por lo menos hacer un cálculo de probabilidades donde se pueda prever que la providencia principal declarara el derecho en sentido favorable a aquel que solicita la medida cautelar, y menos aun cuando no existe prueba alguna de la ocurrencia de lo que han dado en llamar afección moral o emocional, es por lo que lo único que encontró el sentenciador de la recurrida fue la propia manifestación del demandante para justificar la existencia del fumus boni iuris o presunción grave del derecho que se reclama, en donde el Aquo expone: omissis…... Que tal y como lo expresa la parte actora, que el Aquo en el fallo apelado, hay realizado una revisiónexhaustiva de los requisitos para ratificar la medida y mucho menos que estén probados en autos el olor al bien derecho y el peligro en la demora y el periculum in damni, lo cierto es que ciudadana juez, que no están dados ni se han cumplido los requisitos legales jurisprudenciales ni doctrinarios para acordar o ratificar las medidas cautelares apeladas, por cuanto como ya se ha expuesto anteriormente, el periculum in mora, no de presume pro la sola tardanza del proceso sino que debe probarse de manera sumaria, prueba esta que debe ser a lo menos una presunción grave lo cual no consta en si decisión haber analizado algún instrumento probatorio (y es porque no lo hay) a los fines del decreto de la medida solicitada. Asolo se observa consideraciones doctrinarias que en nada aporta que justifique la procedencia de las medidas cautelares decretadas y que dieron lugar a declarar sin lugar la oposición formulada que es objeto del tema decidendum. Que la motivación de la sentencia debe incluir una explicación de los motivos por los que, el juez ha considerado que lamedida cautelar es necesaria, eficaz, proporcionada y urgente. El juez, ha considerado que la medida cautelar es necesaria, eficaz, proporcionada y urgente. El juez también debe explicar porque ha considerado que los intereses del demandante en obtener la medida cautelar superan los intereses del demandado en no ser sometido a ella. Si el juez no motiva o razona su sentencia analizando y valorando las pruebas, la medida cautelar puede ser impugnada por el demandado. El demandado puede argumentar que la medida cautelar es ilegal porque no está debidamente motivada o razonada sobre la base de una análisis de la carga probatoria. Omissis… … Que no encontramos ante la petición realizada por la parte demandada y solicitante de la medida típica de prohibición de enajenar y gravar decretada y ratificada por el Aquo, ningún análisis y valoración de algún medio probatorio que haya podido aportar el solicitante de la medida cautelar dentro de la presente acción ejercida , claro esta no existe en actas procesales. Que quiero ratificar, lo que se ha expuesto tanto en el escrito de informes, como en la contestación de la demanda y en todo recorrido procesal, que el hecho controvertido guarda relación con la ocurrencia de presunto daño moral producto de un juicio aislado donde existe una condenatoria en costas procesales de los cuales manifiestan el demandante conjuntamente con sus abogados que tiene una relación de crédito por virtud de esas costas procesales de otro asunto judicial y el cual la ley adjetiva les brinda el procedimiento idóneo para reclamar si así lo desearen, lo que hasta ahora no ha ocurrido, por lo que mal podría pretender asegurar a través de una medida cautelar en el presente juicio las resultas de un futuro juicio de intimación de costas procesales que incluya honorarios profesionales, como lo confiesan en su demanda, que es lo que infiere en el caso de marras que hoy nos ocupa, de allí su dificultad para verse impedido este jurisdicente de analizar y valorar algún elemento o medio probatorio que le permita valorar y dejar establecido la comprobación de los extremos de ley, cosa que no ha ocurrido en el presente caso. Omissis…”Alegatos de la parte demandante en su escrito de Observación a los Informes: “…Omissis… … Que tal como aduje anteriormente, paso a exponer a este despacho a su digno cargo las observaciones que ha bien tiene esta representación judicial a considerar pro parte de quien juzga, con respecto a los puntos o particulares señalados por la parte recurrente en su escrito de informes las cuales serán señaladas en el mismo modo. es el caso que la parte recurrente de autos en los informes presentados mediante el escrito respectivo no es precisa al momento de señalar lo que a su considerar hace susceptible al fallo de fecha 17-01-2024, el cual declaro sin lugar la oposición a las medidas cautelares ratifico la misma, cabe destacar que la parte demandada y recurrente de autos pretende mediante el informe presentado plantear nuevamente la controversia suscitada en instancia lo cual evidentemente es improcedente debe limitarse a señalar los defectos, errores u omisión que considere únicamente del fallo que recurre (antes señalado), no venir ante esta superioridad a plantear una nueva oposición a las medidas cautelares, lo cual se desprende del confuso y enrevesado escrito de informes. Que señalando a este tribunal superior que la misma manera mal intencionada que lo ha hecho ante el tribunal de la causa, que la acción no versa sobre un daño moral sino sobre unos honorarios profesionales, lo cual ya han conocido los juzgadores de instancia y que han podido deducir no es así. Que los recurrentes tal y como es su práctica citando sentencias de la sala civil sin más argumentos, que la juez que acordó las medidas cautelares solicitadas ad initio lo hizo sin fundamento y sin pruebas, dejan pasar el hecho en primer lugar que como se adujo la sentencia que aquí se recurre fue la que declaro sin lugar la oposición a las medidas cautelares y las ratifico la cual es en fecha 17-01-2024, no versa la apelación sobre el fallo originario que acordó las medidas y además de eso de una forma mal intencionada y con el ánimo de sorprender a esta digna juzgadora en su buena fe, pasan por alto el hecho de que junto al escrito libelar se consignaron sendas sentencias de los tribunales que conocieron la causa donde reposa una decisión de esta misma alzada y finalmente de la sala civil donde se puede evidenciar con claridad meridiana que los hoy demandados de autos en el juicio que genero la acción por daño moral, actuaron con temeridad, sin ningún fundamento y abusando de derecho, lo cual evidentemente genero el daño que se demanda actualmente en nombre de mi poderdante , también fueron presentados como pruebas los documentos en copias certificadas en donde se probaba sin ninguna duda la propiedad de los demandados sobre los bienes a los cuales se les solicito la imposición de las medidas cautelares. Que se desprende de dichos anexos mas los planteamientos realizados ante el tribunal de instancia que hay acervo probatorio bastante y sobrado, presentando y promovido por esta representación para decidir a favor de las medias cautelares tal y como se explana, no así lo hizo la parte demandada y recurrente deautos, pues en la incidencia cautelar las pruebas que presentaron fueron atacadas debidamente por esta representación judicial y la contraparte no insistió en sus probanzas, quedando de esta manera desechadas del acervo probatorio. Omissis… Que no fueron cubiertos los extremos del fumus bonis iuris y el periculum in mora por falta de medios probatorios y pareciera que no leyeron el contenido de las tres sentencias que se consignaron como prueba donde finalmente la sala de casación civil les dio el toque de gracia dejando en evidencia que en su momento actuaron sin ningún fundamento y que obviamente esto genero una lesión grave a mi mandante al tener que afrontar la carga de un juicio que incluso llego hasta el tribunal supremode justicia solo por que los hoy demandados abusando de sus derechos ejercieron una acción “alegremente”, contra una persona que nada tenía que ver en lo que demandaron, por tanto es claro y notorio que si fueron llenados los extremos de ley para que las medidas se mantengan y negaran la oposición, hay un proceso que hoy se ventila y que bajo el actuar malicioso de los demandados eludirían quedando insolventes sino se aseguran las resultas con el procedimiento cautelar que decretó de las medidas. … omissis…” III MOTIVACIONES PARA DECIDIR Esta Alzada, como órgano superior asume el conocimiento pleno de la controversia, y en tal sentido, tiene plena jurisdicción sobre el asunto apelado, lo que le permite descender a las actas procesales y revisar todo lo acontecido durante el desarrollo del iter procesal. Establecido lo anterior, se tiene que, en aras de cumplir como otra instancia superior, y revisar dadas mis facultades que se haya garantizado los lapsos previsto en la norma así como detectar los vicios existentes, es por lo que se considera oportuno, como ya lo deje plasmado anteriormente, que el deber de los jueces es garantizar la tutela judicial efectiva, por lo que dentro de esta figura nos encontramos el deber de cumplir en todos los órganos de justicia lo invocado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que establece que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas. En este sentido, podemos anunciar la sentencia dictada en fecha 15 de marzo de 2000, número 97, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante el cual define el derecho al debido proceso de la siguiente manera:“… Se denomina debidoproceso a aquél proceso que reúna las garantías indispensables para que exista una tutela judicial efectiva. Es a esta noción a la que alude el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, cuando expresa que el debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas. Pero la norma constitucional no establece una clase determinada de proceso, sino la necesidad de que cualquiera sea la vía procesal escogida para la defensa de los derechos o intereses legítimos, las leyes procesales deben garantizar la existencia de un procedimiento que asegure el derecho de defensa de la parte y la posibilidad de una tutela judicial efectiva. De la existencia de un proceso debido se desprende la posibilidad de que las partes puedan hacer uso de los medios o recursos previstos en el ordenamiento para la defensa de sus derechos e intereses. En consecuencia, siempre que de la inobservancia de las reglas procesales surja la imposibilidad para las partes de hacer uso de los mecanismos que garantizan el derecho a ser oído en el juicio, se producirá indefensión y la violación de la garantía de un debido proceso y el derecho de defensa de las partes…”. Refrescado como ha sido, el derecho a la defensa, que no es más que garantizar el debido proceso y la tutela judicial efectiva, pasamos a dejar sentado que, del presente cuaderno de medidas, remitido a este Juzgado Superior, a fin de resolver la apelación ejercitada ala sentencia interlocutoria dictada en fecha 17 de enero del 2024, por el Tribunal Segundo de Primera Instancia Civil, Mercantil, Del Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, donde declara sin lugar la oposición formulada por los abogados Juan Pablo Rodriguez y Edgard Rafael vera Bravo, en su carácter de apoderados judiciales de los demandados en autos, manteniendo vigente la medida cautelar la medida típica de prohibición de enajenar y grabar sobre los bienes inmuebles decretados en sentencia de fecha 16 de junio del 2023, por lo que ccorresponde a esta Alzada emitir pronunciamiento acerca de las diferentes defensas que alegaron las partes inmersas en la presente litis, que origino la apelación delasentencia Interlocutoria de fecha 17 de Enero de 2024, mediante la cual el Juzgado A quo, declaro lo siguiente: “Omissis… … Es así, que la parte pretenda oponerse a la medida o medidas cautelares decretada, deberá hacerlo dentro del lapso establecido para la indicada oposición, en el supuesto de su ejecución, dentro del tercer (3er) día de despacho siguientes o en el supuesto de no haber sidoejecutada la cautela, al tercer (3er) día de despacho siguiente a partir de la citación, abriéndose en cualquiera de los dos (2) casos, una articulación probatoria de ocho (8) días para que las partes promuevan y evacuen todas las probanzas que consideren pertinentes, a los efectos de desvirtuar los presupuestos de procedencia de las medidas cautelares contenidos en el artículo 585 del código de procedimiento civil (fumus bonis iuris y periculum in mora), conforme lo establece el artículo 602 idem. Vencido dicho lapso, el tribunal dictara su decisión dentro de los dos (2) días siguientes, a tenor de lo dispuestos en el artículo 603 ibidem. Estas articulaciones no suspenderán el curso de la demanda principal a tenor de lo dispuesto en el artículo 604 eiusdem. Así se contempla. Así las cosas, se observa que fue recibida comisión para la citación de los ciudadanos José Vicente Pérez y Anna Yris Capezzuti de moreno, proveniente del tribunal de municipio Ordinario y ejecutor de medidas del municipio Tinaquillo del estado Cojedes, debidamente cumplida, el día veintisiete (27) de julio del año 2023, y en esa misma fecha la parte demandada se opuso a la medida cautelar dictada el dieciséis (16) de junio del año 2023 y ejecutada el veintidós (22) y veintiocho (28) de junio delaño 2023, habiéndose opuesto dentro de los tres (03) días de despacho legalmente contemplados para ello, empero, resulta tempestiva la oposición conforme a derecho. Así se precisa. Resuelto lo anterior y respecto a la oposición a la medida de enajenar y gravar decretada el dieciséis (16) de junio del año 2023 y ejecutada el veintidós (22) y veintiocho (28) de junio del año 2023, se observa que la parte demandada alega que la medida decretada no llena los requisitos establecidos en la norma adjetiva civil, en cuanto a los extremos que deben cumplirse para decretar la misma, ya que la parte peticionante no presento prueba alguna que sopesase el otorgamiento de la tutela cautelar además que no solo debe evaluarse la apariencia o certeza de credibilidad del derecho invocado, sino que debe determinarse si de las argumentaciones y recaudos acompañados por el peticionario se deduce el peligro de infructuosidad de ese derecho, así como también los hechos que pudieran resultar atribuible a la parte contra cuyos bienes recaerá la medida de prohibición de enajenar y gravar, todo lo cual debe ser apreciado en conjunto pues la sola demora del pronunciamiento sobre la pretensión constituye en sí mismo un hecho notorio arguyendo que la parte solicitante de la medida no acompaño medios de pruebas que permitan establecer un juico de verosimilitud o de razonamiento lógico, el cual no fue tomado en cuenta por la sentenciadora, por lo que no se pudo comprobar los extremo a que hacer referencia la norma in comento estatuida en el artículo 585 del código de procedimiento civil, de los cuales se pueda evidenciar la presunción grave del derecho que se reclama, por los que se pide se revoque la medida de prohibición de enajenar y gravar dictada, ya que no cumple con lo extremos a que hacer referencia el articulo 585 ejudem. Así se alega. Así mismo, en su escrito de pruebas de fecha dos (02) de agosto de 2023, en el lapso de incidencia probatoria, invoco la comunidad de la prueba a saber, presentando copia del oficio Nº 31900027 de fecha 13 de julio del año 2023, emanado del registro público del municipio Tinaquillo del estado Cojedes y copia simple de nota marginal del referido registro, donde se deja constancia de la nota marginal de lamedida decretada de fecha 22/06/2023, así como una nota de error por cuanto el oficio que ordenaba estampar la nota marginal de la medida decretada, señala que la ciudadana Anna Yris CAPEZZUTI González es propietaria de un terreno con una superficie de 7400 mtrs2 y la misma está conformado por varias parcelas, destinadapara la construcción del conjunto residencial Vimarca 1, por lo que solicito mediante oficio N° 31900027 de fecha 13 de julio del año 2023, que al tribunal remita sobre cual inmueble debe recaer la medida en referencia esta documentales fueron impugnada por la parte demandante, sin embargo de la revisión de la que cursan en el expediente, se pudo constatar que el referido oficio que hace mención larepresentación judicial de la parte demandada y consignan copia simple fue recibido en el tribunalen fecha 20 de julio del año 2023, se le dio respuesta mediante oficio N. 124-2023 de fecha tres (3) de agosto del 2023, corrigiendo y aclarando sobre cual bien inmueble recaería la medidas de enajenary gravar con lo que quedo resuelto tal alegación. En cuanto a la prueba documental marcada con la letra "B, la misma fue impugnada conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Esta documental por ser copias simples, y al no presentar la parte promoverte copia certificadas de la misma para hacer valer su valor probatorio, no se valora de conformidad con el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil. Asimismo, la parte demandante en su escrito de pruebas de fecha cuatro (4) de agosto de 2023, ratifica las pruebas consignadas con el libelo de la demanda marcadas con los números 1, 2, y 3, y las letras C1, C2 y C3, con el objeto de probar lo alegado en la solicitud de la medidas de prohibición de enajenar y gravar como son el Fumus Boni luris y el Piliculum in Mora, alegando además que su derecho deriva de los daños morales causados por los demandados de autos en virtud a la demanda malintencionada, infundada y temeraria, por interdicto restitutorio por despojo incoaron en su oportunidad contra sus representados, lo cuales perdieron en todas las instancia, y no para asegurar las resultas de un eventual cobro de honorarios profesionales como alegaron los demandados de autos y que no tiene nada que ver con la presente pretensión de daño moral. Así arguyeron. Así las cosas, se verifica de actas del fallo cautelar del veintidós (22) de noviembre del año 2022. Se ordeno, lo siguiente: Omissis…. Ahora bien del extracto parcialmente transcrito del libelo de la demanda, se puede evidenciar que la presente demanda se fundamenta en el supuesto daño moral sufrido por el demandante de autos ciudadano José Daniel Moreno Martínez y su grupo familiar, producto de la demanda incoada en su contra por motivo de querella interdictal restitutoria por despojo, por los ciudadanos José Vicente Moreno Pérez y Anna Yins Capezzuti de Moreno y no como asegura la representación judicial de los demandados que el presente juicio surge como forma de asegurar las resultas de un juicio futuro por costas procesales, por lo que para quien aquí decide queda demostrado el derecho o el humo del buen derecho que le asiste a la parte demandante de accionar y en consecuencia probado el primer requisito establecido en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, como el Fumus Boni luris. Así se precisa.-En cuanto a lo alegado por la parte demandante, en lo concerniente a que la parte demandante, no demostró el riesgo de quedar insolvente la parte demandada, para que se pudiera configúrense el peligro en la mora o Periculum in Mora, que pudiera hacer infructuosos y ilusoria la ejecución de la Sentencia, el mismo fue valorado en la sentencia que decreto la medida cautelar en la formasiguiente: Omissis…. Ahora bien el peligro en la mora o periculum in mora, consiste en el temor fundado de que el transcurso de deba esperar para que se satisfaga el derecho que se reclama, pueda hacer nugatoria la sentencia que reconozca el derecho, o para que pueda hacerse efectiva la ejecución de la sentencia que se dicte favorablemente al accionante, producido por el prolongado tiempo que puede durar el normal desenvolvimiento del proceso, para reparar el daño o restablecer la situación jurídica infringida o la que más se asemeje ella esto es el fundado temor de que el fallo quede ilusorio en su ejecución correspondiéndole al juez su verificación y realizar un verdadero análisis de los hechos señalados y probados por el solicitante para constatar si los mismos tienen una trascendencia jurídica tal que haga necesaria la medida. En se sentido se observa que el Peliculum in Mora, fue establecido en base al temor o peligro que durante el tiempo que dure el proceso se hiciera infructuoso el derecho y la ejecución de la sentencia, no solo por el posible retardo de la actividad del juez, sino de la conducta que pudiera asumir la parte demanda, contra quien obra el decreto del medida cautelar de Prohibición de enajenar y gravar sobre seres propiedad de los demandados y con ello el riesgo de quedar insolvente la parte accionada. configurándose el peligro en la mora o periculum in mora, por lo que, siendo la tutela judicial efectiva cautelar una garantía básica del proceso y una de las finalidades del mismo, se cautelo las posibles resultas del juicio, a tenor de lo dispuesto en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es importante recalcar, que la naturaleza misma de estas providencias el separar temporalmente del patrimonio de los demandados, pues como precisa el autor patrio Dr. Ricardo Henriquez La Roche, en su obra Medidas Cautelares según el nuevo Código de Procedimiento Civil (1985) La pretensión del solicitante es el aseguramiento del resultado práctico de la ejecución forzosa, el objeto del juicio son los bienes a afectar o afectados por la medida y la causa de la pretensión está representada por el peligro en la mora, por manera que el tema a decidir, no es que sea contrario o ajeno al del juicio principal, sino que se halla en una dimensión distinta a la de este Ciertamente, el proceso preventivo es esencialmente un juicio ejecutivo en cuanto solo lo refiramos a la aprehensión de bienes. En cambio, el juicio principal es un proceso de conocimiento en el cual solo se persigue la formación del mandato contenido en la sentencia pasada a la autoridad de cosa juzgada, la finalidad de la medida preventiva no es, pues, la declaración; es el aseguramiento material y efectivo de esa declaración. Tales disparidades dejan ver la necesidad de una plena autonomía de sustanciación (p. 172) Como corolario de lo indicado supra la aplicación del procedimiento cautelar, legalmente establecido, no puede considerarse dañino para la parte demandada, pues, así lo contempló el legislador y por tanto, alser decretada estas, se convierten en una carga que debe soportar este en el decurso del proceso, ello con fundamento al derecho a una tutela judicial efectiva que garantice no solo que se produzca un fallo, sino que, dicho fallo sea ejecutado y es allí donde entran las medidas cautelares, como medio para prevenir que dicho fallo quede ilusorio, todo ello por interpretación del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así se concluye.- Omissis… por los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Segundo de Primera instancia en lo Civil, Mercantil, Transito Y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Cojedes, Administrando Justicia en nombre de las ciudadanas y ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, conforme a derecho, declara sin lugar la oposición formulada por los abogados Paulo Rodríguez y Edgar Rafael Vera Bravo, en su carácter de apoderados judiciales del ciudadano Daniel Moreno Pérez y Anna Yris Capezzuti de Moreno, identificados en actas, parte demandada y en consecuencia, se mantiene vigente la medida cautelar típica de Prohibición de Enajenar y Gravar sobre los bienes inmuebles decretada el dieciséis (16) de junio del año 2023, solicitada por la representación Judicial del Ciudadano José Daniel Moreno Martínez, parte demandante, abogados Juan Carlos Silva Malpica y Julio Daniel Cordero Aguilar, todos identificados en actas. Así se declara… Omissis…” Que atendiendo a lo supervisado por el tribunal de instancia, para dictar la medida y para negar la oposición a la misma, siendoprudente destacar que se cumplió con el debido proceso en el presente cuaderno de medidas, tal y como lo prevé el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil: Artículo 602: “...Dentro del tercer día siguiente a la ejecución de la medida preventiva, si la parte contra quien obre estuviere ya citada; o dentro del tercer día siguiente a su citación, la parte contra quien obre la medida podrá oponerse a ella, exponiendo las razones o fundamentos que tuviere que alegar. Haya habido o no oposición, se entenderá abierta una articulación de ocho días, para que los interesados promuevan y hagan evacuar las pruebas que convengan a sus derechos. En los casos a que se refiere el artículo 590, no habrá oposición, ni la articulación de que trata este artículo, pero la parte podrá hacer suspender la medida, como se estable en el artículo 589...”. Artículo 603:“…dentro de los dos días, a más tardar, de haber expirado el termino probatorio, sentenciará el tribunal la articulación, de la sentencia se oirá apelación en un solo efecto…”. De la trascrita norma, se lee claramente que la parte contra quien obra la medida, puede presentar oposición dentro del lapso de los tres (3) días siguientes a su ejecución, siempre que estuviese citada, y que de no haberse verificado aún su citación, la oposición podrá ser presentada luego de ejecutada la medida, dentro de los tres (3) días siguientes a su citación, desde esta misma perspectiva nos dispone la norma que, para impugnar dicho decreto, aquélla parte contra quien obre la cautela, podrá oponerse exponiendo las razones o fundamentos que tuviere que alegar, así como que “haya habido o no oposición, se entenderá abierta una articulación de ocho días, para que los interesados promuevan y hagan evacuar las pruebas que convengan a sus derechos”, por lo que conforme a los artículo contemplado, nos presentan dos supuestos, siendo los siguientes: 1) Que la parte afectada por la cautela se oponga a ella y, 2) que no lo haga. Supuestos ante los cuales imperativamente, por mandato expreso de la ley adjetiva, debe abrirse, ope legis, un lapso de ocho días para que los interesados promuevan y hagan evacuar las pruebas que convengan a sus derechos, e igualmente ejerzan el control y contradicción sobre las que fueran incorporadas, por lo que culminado dicho lapso probatorio, procederá el tribunal dentro de los dos días a emitir una sentencia, tal y como lo expresa el artículo 603 del Código de Procedimiento Civil Desde este mismo orden de ideas, en cuanto al tema que hoy nos ocupa, recientemente Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante Expediente Nro. 2022-0392, AA40-X-2023-0004 de fecha 29 de marzo de 2023, con ponencia del Magistrado: Dr.Juan Carlos Hidalgo Pandares. “… Omissis… ….Corresponde a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia pronunciarse respecto a las medidas preventivas de embargo y prohibición de enajenar y gravar solicitadas por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, para lo cual se observa lo siguiente: Esta Máxima Instancia ha señalado en reiteradas oportunidades, que la garantía de la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no se agota con el libre acceso de los interesados e interesadas a los órganos de administración de justicia, ni con la posibilidad de obtener unpronunciamiento expedito o de hacer efectiva la ejecución de un fallo, sino también con la protección anticipada de los intereses y derechos en juego, cuando estos se encuentren apegados a la legalidad. Por tal razón, el ordenamiento jurídico coloca a disposición de los y las justiciables un conjunto de medidas de naturaleza preventiva, destinadas a procurar la protección anticipada de quien acude a juicio alegando ser titular de una posición o situación jurídico-subjetiva susceptible de ser protegida, de forma que el transcurso del tiempo no obre contra quien tiene la razón. (Vid., entre otras, sentencias de esta Sala números 160 y 35 de fechas 9 de febrero de 2011 y 25 de enero de 2012, respectivamente). Asimismo, en atención con lo dispuesto en el artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa (Publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela número 39.451 del 22 de junio de 2010), esta Sala ha indicado que el poder cautelar debe ejercerse con estricta sujeción a las disposiciones legales que lo confieren, en razón de lo cual la providencia cautelar solo se concede cuando haya en autos medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia concurrente del riesgo manifiesto que resulte ilusoria la ejecución del fallo y del derecho reclamado. En este orden de ideas, el referido artículo 104 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa establece la posibilidad para el tribunal a petición de las partes, en cualquier estado y grado del proceso, de acordar medidas cautelares que estime pertinentes para resguardar la apariencia del buen derecho invocado y garantizar las resultas del juicio, ponderando los intereses públicos generales y colectivos concretizados y ciertas gravedades en juego, siempre que dichas medidas no prejuzguen sobre la sentencia definitiva. Igualmente, dispone la norma en referencia que el tribunal contará con los más amplios poderes cautelares para proteger a la Administración Pública, a los ciudadanos o ciudadanas, a los intereses públicos y para garantizar la tutela judicial efectiva y el restablecimiento de las situaciones jurídicas infringidas mientras dure el proceso, teniendo la facultad de exigir a él o a la solicitante garantías suficientes en las causas de contenido patrimonial. De esta manera corresponde a esta Sala examinar los requisitos de procedencia de las medidas cautelares solicitadas a los fines de su otorgamiento, esto es, la presunción grave del derecho reclamado, fumus boni iuris y el peligro grave que resulte ilusoria la ejecución del fallo definitivo, periculum in mora. Con relación al primer requisito, su configuración consiste en un cálculo preventivo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del o la demandante, correspondiéndole al juez o jueza analizar los recaudos presentados junto con el libelo, a fin de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama. Respecto al segundo de los mencionados requisitos, la doctrina y la jurisprudencia han sido pacíficas, al sostener que el periculum in mora no se limita a una mera hipótesis o suposición sino a la presunción grave del temor al daño alegado, en virtud de la violación o desconocimiento del derecho reclamado y a la dificultad o imposibilidad de su reparación, bien sea por la demora del juicio o por las acciones que el demandado o la demandada pudiera realizar con el objeto deperjudicar la efectividad de la sentencia esperada, durante el tiempo que tome la tramitación de aquél. En correspondencia con todo lo anterior, esta Sala ha sostenido el criterio que debe haber una estricta relación entre la procedencia de la medida cautelar y los alegatos y pruebas que él o la solicitante aporte a los autos, a fin de demostrar la existencia de los requisitos establecidos en la Ley para otorgar la medida; de manera que no basta invocar el peligro inminente de ilusoriedad en la ejecución del fallo definitivo sino que, además, debe acompañarse un medio de prueba que haga surgir en el juez o la jueza al menos, la presunción grave de la existencia de ese peligro (vid., entre otras sentencias número 00739 del 17 de mayo de 2007, 01136 del 14 de octubre de 2015 y 00198 del 1° de septiembre de 2021). Ahora bien, a los efectos de emitir pronunciamiento sobre las medidas cautelares solicitadas en el asunto de autos, este Alto Tribunal estima necesario traer a colación el artículo 585 Código de Procedimiento Civil, así como los numerales 1 y 3 del artículo 588 señalado Código Adjetivo, aplicables por remisión expresa del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, los cuales son del siguiente tenor: “Artículo 585. Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”. “Artículo 588. En conformidad con el artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas: 1. El embargo de bienes muebles; 3. Prohibición de gravar y enajenar bienes muebles (…)”. En atención a las disposiciones antes transcritas, queda de manifiesto, en primer lugar, la necesaria vinculación que debe existir entre los alegatos formulados por el o la demandante en su petición cautelar y los elementos probatorios que servirán de fundamento a sus dichos.… Omissis…” En materia de medidas preventivas, la tendencia jurisprudencial actual ha dicho que el requisito de la motivación es necesario tanto en los decretos que las acuerdan como en aquellos en los que las niegan, así, la Sala Constitucional de nuestro máximo Tribunal mediante sentencia N° 2629 de fecha 18 de noviembre de 2004, expediente número 04-1796, caso Luis Enrique Herrera Gamboa, ratificada por esa misma Sala, entre otras, en sentencia N° 1201 del 25 de junio de 2007, expediente N° 05-2024, caso Arnout de Melo y otros, estableció que: “siempre es obligatoria la motivación de dicho decreto, lo cual significa que el Juez debe exponer las razones de hecho y de derecho por las cuales considera que procede o no lamedida que se le requirió ya que, si no lo hace, es imposible que su acto sea susceptible de control por las vías ordinarias (oposición o tercería) y extraordinaria (casación), tanto, respecto de su legalidad propiamente dicha (si se entiende que emana de una potestad reglada), como de lo que se conoce como fundamento de legitimidad o legalidad material del acto discrecional (si se entiende que proviene de una facultad discrecional), lo que impediría el cabal ejercicio del derecho a la defensa de la parte o del tercero que pueda verse afectado por dicho decreto”. En este mismo orden de ideas,la Sala de Casación Civil, mediante sentencia N° 407 de fecha 21 de junio de 2005, expediente signado bajo el N° 04-805, caso Operadora Colona C.A., dejó asentado que: “en el supuesto de que el sentenciador considere que no están llenos los requisitos de procedibilidad exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, y por ende, niegue o revoque la medida ya decretada, no le está permitido basar ese pronunciamiento en la potestad discrecional, pues para declarar la improcedencia de la cautela debe expresar las razones por las cuales considera que no se encuentran cumplidos los extremos exigidos por el legislador. En otras palabras, debe justificar el por qué niega la medida que le fue solicitada por la parte interesada”. En efecto, el correcto análisis acerca de la procedencia de las medidas cautelares nominadas, las cuales tienen su fundamento en los artículos 585 del Código de Procedimiento Civil, se requiere además de la verificación del periculum in mora, la determinación del fumus boni iuris, pues, mientras el primero, es exigido como supuesto de procedencia en el caso concreto, vale decir, la presunción grave de buen derecho, es el fundamento mismo de la protección cautelar, dado que en definitiva, sólo a la parte que posee la razón en juicio puede causársele perjuicios irreparables que deben ser evitados, bien que emanen de la contraparte o sean efecto de la tardanza del proceso. En tal sentido se observa, que resulta necesario la verificación de los requisitos concurrentes de procedencia de toda medida cautelar nominada, es decir, el fumus boni iuris y el periculum in mora. Sobre las medidas cautelares, el autor patrio, Rafael Ortiz Ortiz, en su obra “El Poder Cautelar General y las Medidas Nominadas”; nos ilustra: “las medidas cautelares son para los órganos jurisdiccionales una función de tutela y para los particulares una pretensión. Lo hemos dicho también en otras palabras, las medidas cautelares mediatamente están en función de la majestadde la justicia e inmediatamente en el aseguramiento concreto de la relación sustancial debatida”. En este mismo orden, y en razón a la potestad cautelar del juez, la Sala Constitucional de nuestro Máximo Tribunal, mediante sentencia No. 2.531, de fecha 20 de diciembre de 2.006, estableció: “La potestad cautelar como garantía inherente al derecho a la tutela judicial efectiva, le confiere a los jueces la obligación de procurar las medidas necesarias para que la necesidad del proceso para obtener razón no se convierta en un daño para quien la tiene, dando así cumplimiento al contenido del artículo 257 de la Constitución, conforme al cual el proceso es un instrumento fundamental para la realización de la justicia…” Con relación a lo anterior, esta Sala en sentencia de fecha 29 de abril de 2008, caso: Inversiones La Económica C.A., y Otras contra Del Sur Banco Universal C.A., y otros, Exp. Nº 2007-000369, señaló lo siguiente: “…Del precedente jurisprudencial parcialmente transcrito, se evidencia indefectiblemente que la decisión sobre las cautelares debe circunscribirse a la previa verificación de los extremos de Ley, para acordar su procedencia, sin que pueda el juez, por Ningún motivo, partir de algún elemento de fondo para fundamentar su decisión. De lo contrario, atentaría contra la verdadera esencia de las medidas preventivas, que no es otra que “…superar la demora que implica el proceso principal y el riesgo de que el demandado adopte conductas que dificulten la efectividad de la sentencia...”. En otras palabras, el juez debe tener extremo cuidado en el proceso cautelar, por cuanto la finalidad de éste, por ser distinta al propósito del juicio en el cual son dictadas las medidas, ya que éste último es un proceso de conocimiento en el cual sólo se persigue el reconocimiento de la petición expresada en la demanda, mientras que la finalidad de la medida preventiva no es, como se ha indicado, la declaración del derecho reclamado; sino el aseguramiento material y efectivo, la ejecutividad de la sentencia que declara la existencia del derecho reclamado. (…Omissis…) En cuanto a los instrumentos que deben acompañar la solicitud de las medidas cautelares, La Sala reitera los anteriores criterios y establece que la nota característica que distingue a las medidas cautelares, es su instrumentalidad; es por ello que la finalidad de las cautelas no es hacer justicia, sino garantizar el efectivo y eficaz funcionamiento del proceso. De allí que, no se puede pretender que el juez se comporte como si estuviera resolviendo el fondo de la causa, es decir, no se le puede exigir al sentenciador que para decretar una medida analice las alegaciones y las pruebas de fondo como debiera hacerlo en el proceso principal.En efecto, no compete al ámbito de las medidas cautelares la resolución del fondo de la controversia, sino como ya se dijo, lo que corresponde es asegurar la efectividad de la sentencia que se dicte en el juicio principal; por tanto, en la esfera cautelar el juez sólo está obligado a efectuar un juicio de mera probabilidad sobre la existencia del derecho reclamado y sobre el peligro de que quede ilusorio la ejecución del fallo, requisitos que en la doctrina se conocen como el fumus boni iuris y periculum in mora. Asimismo, es importante considerar lo previsto en el artículo 779 de nuestro Código de Procedimiento Civil: “…Artículo 779 del Código Civil: En cualquier estado de la causa podrá las partes solicitar cualquiera de las medidas preventivas a que se refiere el libro tercero de este código, incluyendo las medidas de secuestro establecidas en el artículo 599. El depositario podrá ser nombrado por la mayoría de los interesados, y a falta de acuerdo lo hará el tribunal…” Así mismo atendiendo a que se pueden decretar las medidas atinentes al artículo 599 del Código de Procedimiento Civil, sin embargo, los artículos 585 y 588 de la misma norma procesal, establece lo siguiente: Articulo 585 CPC: Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, solo cuando existe riesgo manifiesto que quede ilusorio la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituye presunción grave de estas circunstancias y del derecho que se reclama Articulo 588 CPC: En conformidad con el artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas: 1° El embargo de bienes muebles. 2° El secuestro de bienes determinados. 3° La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles. Podrá también el Juez acordar cualesquiera disposiciones complementarias para asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiere decretado”. Parágrafo Primero: Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el Artículo 585, el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión.Ahora bien, de lo anteriormente expuesto para el decreto de medidas cautelar nominada, a saber, debe encontrarse demostrado el FUMUS BONI IURIS, o verosimilitud del buen Derecho; PERICULUM IN MORA, o temor objetivo por parte del pretensor, de ver frustrado su derecho, por conductas inherentes a la parte demandada. En cuanto al FUMUS BONI IURIS de la verosimilitud del derecho que se reclama, radica en la necesidad que tiene el actor de hacer presumir al Tribunal de la causa, o durante el curso del proceso, el contenido del fallo definitivo, por ello, es oficioso, que el decreto cautelar cumpla una función instrumentalizada, cuyo fin es asegurar la eficacia, el resultado práctico de la ejecución forzosa de la sentencia definitiva. Que, en el presente caso, el apoderado judicial Juan Carlos Silva Malpica, Inscrito en el IPSA Nº 74.040, de la parte actora, en la que fundamenta la solicitud de la medidas cautelares lo expresa de la siguiente manera: “…consiste en la existencia de la apariencia del buen derecho, se observa que mi persona representado, conforme a lo narrado en el escrito libelar se evidencia, mediante el ejercicio infundado y temerario de una acción, en abuso de derecho la cual ha sido lesiva a mi representado, quedando demostrado que todo momento actuaron de mala fe, con temeridad sin tener razón alguna, utilizando el aparato de justicia del estado solo con el ánimo de perjudicar a mi poderdante, quien tenemos de lo explanado en la demanday en este, quedo en una serie de afectaciones desde el punto de vista de los daños y perjuicios generados en su contra por lo accionados, todo esto lo acredita como titular de ejercer la acción judicial de marras en busca del resarcimiento respectivo…” que con tal fundamentación se denota, que la presente acción proviene de demanda intentada por los hoy demandados y que, en razón al resultado de una sentencia definitiva, se generó la presente Litis, hoy acción principal en la presente incidencia Así pues, lo anterior, hace merecedor a la parte demandante, como el aparente titular del derecho reclamado, dentro de esta valoración superficial que realiza esta operadora de justicia, dejando a salvo la valoración definitiva correspondiente de tales documentales en la sentencia de mérito a dictarse, de acuerdo a la actividad procesal realizada por las partes, y en consecuencia, queda evidenciado el cumplimiento del primer requisito. Así se detecta. Referente al PERICULUM IN MORA, siendo el segundo requisito de procedencia para el decreto de las medidas cautelares, establece que es laposibilidad cierta de que, con el transcurso del tiempo, se haga ilusoria la ejecución del fallo, pudiendo enajenar, gravar, hipotecar o destruir la cosa.Arguyendo la parte solicitante en relación a la presente solicitud de Prohibición de Enajenar y Gravar sobre “…1) Un inmueble constituido por un apartamento signado C-2-F, ubicado en el segundo piso de la torre C del conjunto residencial Residencias Arauca y el puesto de estacionamiento C-2-F, el cual le corresponde, propiedad de la codemandada Ana Yris Capezzuti de Moreno, que según establecen deviene del documento protocolizado por ante el registro público de naguanagua del estado Carabobo, bajo el Nº 31, folios 1 al e4, tomo: 45, protocolo: primero del cual consignar copia de dicha instrumental, marcada C1. 2) Un inmueble constituido por un puesto de estacionamiento identificado con las siglas y numero EV-18 ubicado en el nivel de estacionamiento elevado del conjunto residencial Arauca, que se dice ser de la propiedad de la codemandada Ana Yris Capezzuti de Moreno, el cual deviene el documento protocolizado en fecha 11 de noviembre de 2010 por ante el registro público de Naguanagua del estado Carabobo, bajo el Nº 2010-3090 Asiento Registral 1 del inmueble matriculado bajo el Nº 311.712.1.1372 y corresponde al folio real del año 2010, del cual consignaron copia marcada C2. 3) Un inmueble constituido por una parcela de terreno ubicada en el parcelamiento del conjunto Residencial VIMARCA I, signada P1, que se dice ser propiedad de la codemandada Ana Yrys Capezzuti de Moreno el cual deviene de documento protocolizado en fecha 18 de noviembre de 2005 por ante el registro público de Tinaquillo del estado Cojedes bajo el Nº 46 folios 461 al 461 Tomo II Protocolo 1º, del cual consignaron copia simple marcada C3.Que no se desconocen que fueren de otra persona ajena a la presente litis codemandada Ana Yrys Capezzuti de Moreno. En atención a ello para esta superioridad, las medidas cautelares son instrumentos que están dispuestos por la justicia,para que el fallo dictado por el Órgano Jurisdiccional sea ejecutable y eficaz, siendo expresión del derecho a una Tutela Judicial Efectiva de los derechos e intereses, previstos en nuestro ordenamiento jurídico. Ahora bien, en la situación que se analiza, el requisito de congruencia exige precisamente que la decisión de esta superioridad, respecto a la medida cautelar se ajuste a resolver específicamente sobre su mantenimiento o revocación, debiendo esta alzada someterse plenamente a las alegaciones, oposiciones y pruebas aportadas por las partes y circunscribirse a las defensasy demás argumentaciones que realice el afectado en su escrito de oposición a la medida cautelar, el cual se expreso en los términos siguiente: Omissis… … Que en la oportunidad a que se contrae el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, hago formal oposición a la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar dictada por este Tribunal mediante sentencia interlocutoria signada con el Nº 07 de fecha 15 de Junio de 2023, la cual formalizo en los términos siguientes: Cursa por ante este Tribunal formal expediente signado con el Nº 11.731, contentivo de la demanda por daño moral interpuesta en contra nuestra por el ciudadano JOSÉ DANIEL MORENO MARTÍNEZ, identificada en actas procesales, admitida por este Tribunal en fecha 18 de octubre de 2022, quién a través de escrito consignado en fecha 07 de Junio de 2023 solicita a este Tribunal Medida de Prohibición de Enajenar y Gravar sobre unos bienes inmuebles que el peticionante de la medida identifica de la siguiente manera: 1) Un inmueble constituido por un apartamento signado C-2-F, ubicado en el segundo piso de la Torre C del Conjunto Residencial Residencias Arauca y el puesto de estacionamiento C-2- F, el cual le corresponde, propiedad de la codemandada ANA YRYS CAPEZZUTI DE MORENO, que según establecen deviene del documento protocolizado por ante el Registro Público de Naguanagua del estado Carabobo,, bajo el Nº 31, folios 1 al e4, Tomo: 45, Protocolo: Primero del cual consignar copia de dicha instrumental, marcada C1.-. 2º) Un inmueble constituido por un puesto de estacionamiento identificado con las siglas y número EV-18, ubicado en el nivel de estacionamiento elevado del Conjunto residencial ARAUCA, que se dice ser de la propiedad de la codemandada ANA YRYS CAPEZZUTI DE MORENO, el cual deviene del documento protocolizado en fecha 11 de Noviembre de 2010 por ante el Registro Público de Naguanagua del estado Carabobo, bajo el N° 2010- 3090 Asiento registral 1 del inmueble matriculado bajo el N°311.7.12.1.1372 y correspondiente al folio real del año 2010, del cual consignaron copia marcada C2. 3) Un inmueble constituido por una parcela de terreno ubicada en el parcelamiento del Conjunto Residencial VIMARCA I, signada P1, que se dice ser propiedad de la codemandada ANA YRYS CAPEZZUTI DE MORENO, el cual deviene de documento protocolizado en fecha 18 de noviembre de 2005 por ante el Registro Público de Tinaquillo del estado Cojedes bajo el N° 46, folios 461 al 461, Tomo: II, Protocolo: 1°, del cual consignaron copia simple marcada C3. Que por auto de fecha 12 de Junio de 2023, este Tribunal ordena la apertura de cuaderno de medidas el cual corre inserto a la pieza principal Nº 11.731, en el cual cursa el escrito y la solicitud de medida cautelar, el Tribunal a los fines de proveer realizó un conjunto de consideraciones doctrinarias relativas a la procedencia de las medidas cautelares referidas al humo, olor o buen derecho, el cual se relaciona con la presunción grave del derecho que se reclama, estableciendo que la misma radica en la necesidad que se pueda presumir al menos que el contenido de la sentencia definitiva del juicio reconocerá, como justificación de las consecuencias limitativas que acarrea la medida cautelar el decreto previo ab-initio o durante la secuela del proceso de conocimiento de la medida precautelativa. Es menester un juicio deverosimilitud que haga presumir la garantía de que la medida preventiva cumpla con su función instrumentalizada de asegurar el resultado práctico de la ejecución forzada la eficacia del fallo. Que asimismo, destacó doctrinariamente que la segunda condición de procedencia, es el peligro en el retardo que concierne a la presunción de existencia de las circunstancia de hecho que si el derecho existiera, serian tales que harían verdaderamente temibles el daño inherente del derecho. Esta condición de fallo e insatisfacción la inefectividad del comprendida en la frase "cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba constituya presunción grave de esta circunstancia. Que en igual forma, la juzgadora en la continuidad de establecer criterios doctrinales y jurisprudenciales hace mención al contenido de la sentencia numero 0355 de la sala constitucional del tribunal supremo de justicia de fecha 11 de mayo de 2000 que hace referencia al fundamento teleológico de las medidas cautelares, haciendo referencia al principio de la necesidad del servicio del proceso para obtener la razón y refiere la potestad cautelar del Juez, como parte integrante del derecho a la tutela judicial efectiva, para presentarla como instrumento donde el retardo opera contra la efectiva tutela judicial efectiva de los ciudadanos. Que en ese mismo orden indica la sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 10 de Octubre de 2006 la cual guarda relación al señalar los requisitos exigidos para decretar la medida preventiva, estableciendo que en toda sentencia el juez realiza una operación lógica de vinculación de norma general con el caso concreto, esa operación lógica consiste en un razonamiento jurídico que le ha sido planteado, es decir el deber de motivar la sentencia consiste en la explicación por parte del juez del razonamiento lógico que justifica la decisión respecto al caso concreto, dentro de las reglas de derecho con fundamentos jurídicos. Que en este orden de idea, estableció como consecuencia, que para que proceda el decreto de cualquier medida cautelar, que no solo debe evaluarse la apariencia o certeza de credibilidad del derecho invocado, sino que debe determinarse si de las argumentaciones y recaudos acompañados por el peticionario se deduce el peligro de infructuosidad de ese derecho, no sólo en virtud del posible retardo de la actividad del Juez, sino también de los hechos que pudieran resultar atribuible a la parte contra cuyos bienes recaerá la medida de prohibición de enajenar y gravar, todo lo cual debe ser apreciado en conjunto, pues la sola demora del pronunciamiento sobre la pretensión constituye en sí mismo un hecho notorio. Que tales criterios doctrinarios y jurisprudenciales fueron motivos suficientes para que esta juzgadora encontrara probados los extremos a que hace referencia la norma estatuida en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, entrando en completa contradicción con esos mismos criterios doctrinarios y jurisprudenciales en cuanto a la actividad que debe desplegar el jurisdicente para considerar que se encuentran debidamente probados los extremos del fumus boni iuris y el periculum in mora, ya que no se evidencia que la sentenciadora haya hecho un juicio de verosimilitud de pronóstico de condena y menos aún un razonamiento lógico que justifique la decisión acordada respecto al caso concreto.Que ha sido criterio reiterado en Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia que el poder cautelar debe ejercerse con sujeción estricta a las disposiciones legales que lo confieren, y por ello la providencia cautelar sólo se concede cuando exista en autos, medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo, así como del derecho que se reclama. De allí que, resulta imperativo examinar los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, esto es, el peligro grave de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (periculum in mora) y la presunción grave del derecho que se reclama (fomus boni iuris). Que asi las cosas para que sea decretada cualquier medida cautelar es llene una serie de requisitos, 1) Que la ejecución del fallo pueda quedar frustarda 2) que exista presunción de buen derecho que se reclama. 3) Además para cada medida en particular se requiere cumplir con el supuesto de hecho que se establece para cada uno de sus tipos. Es por ello, que para que sea posible otorgar providencias cautelares, se hace imprescindible verificar el cumplimiento de los extremos antes citados, primordialmente los referidos a la presunción del buen derecho y a la existencia del riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, condiciones éstas de carácter concurrente, que deben materializarse para que el juez pueda dictar una medida cautelar, pues la existencia aislada de alguno de los dos supuestos no da lugar a su decreto.- Que es decir, que el solicitante de la medida, bien sea ésta nominada como el caso de marras, o innominada, debe demostrar la presunción de buen derecho, (fumus boni iuris) el cual se configura cuando el juzgador evidencia que el derecho respecto al cual se solicita la protección cautelar tiene apariencia de conformidad a derecho, sin incurrir con ello en un Estudio detallado y profundo de lo que constituye el thema decidendum del caso, es decir, se verifica la apariencia favorable del derecho que se alega conculcado del caso, es decir, riesgo de que quede ilusoria la ejecución del fallo, (periculum in mora) su verificación no limita a la mera hipótesis o suposición, sino a la certeza del temor al daño por violación desconocimiento del derecho si éste existiere, bien por la tardanza de la tramitación del juicio, bien por los hechos del demandado durante ese tiempo, tendentes a burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada Que lo precedentemente expuesto, evidencia que las providencias cautelares sólo pueden ser concedidas, cuando existan en autos pruebas que demuestren la concurrencia de los requisitos impuestos por el legislador, adicionalmente, en el Parágrafo Primero del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, a los fines del decreto de las medidas cautelares típicas y las innominadas, el ordenamiento procesal exige que complementariamente se satisfaga un tercer requisito, esto es, la presunción de que una de las partes pueda causar a la otra daños irreparables o de muy dificil reparación (periculum in danni). Que a los fines de determinar sí la pretensión cautelar de la parte actora cumple o no con los extremos exigidos por el legislador, el sentenciador debe hacer un juicio provisional de verosimilitud, de carácter hipotético, que está íntimamente identificado con la naturaleza misma de la providencia cautelar, siendo ello un aspecto necesario desu instrumentalizad, que en modo alguno signifique pronunciarse al fondo de la questio facti del pleito, ya que estas medidas podrán ser decretadas sólo cuando el juez considere que existe presunción grave del derecho que se reclama, para lo cual, obviamente, tiene que analizar y apreciar de alguna manera, los fundamentos y recaudos en que se apoya la acción. Que el régimen de las medidas preventivas implica por esencia o definición un juicio provisional de verosimilitud, según las circunstancias de cada caso en concreto, y en relación con el aseguramiento, que se estime suficientemente justificado, de las resultas del pleito, a objeto de evitar omitir la decisión expresa, positiva y precisa, con arreglo a lo deducido y que obliga la norma del ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, el cual resulta entonces infringido, en consecuencia con la infracción del artículo 12 ejusdem, al no atenerse con ello a lo alegado y probado en autos. Que con base a tal aserto, resulta de importancia traer a colación al Maestro Calamandrei, en lo que respecta al proceso de la cognición cautelar, sosteniendo lo siguiente:"Por lo que se refiere a la investigación sobre el derecho, la cognición cautelar se limita en todos los casos a un juicio de probabilidades y de verosimilitud. Declarar la certeza de la existencia del derecho es función de la providencia principal: en sede cautelar basta que la existencia del derecho aparezca verosímil, o sea, para decirlo con mayor claridad, hasta que, según probabilidades, se pueda prever la providencia principal declarará el derecho en sentido favorable a aquel que solicita la medida cautelar. El resultado de esta cognición sumaria sobre la existencia del derecho tiene pues,en todos los casos, valor no de declaración de certeza sino de hipótesis correspondiente a la realidad. No existe nunca, en el desarrollo de la providencia cautelar, una fase ulterior destinada a profundizar esta investigación provisoria sobre el derecho y a transformar la hipótesis en certeza, el carácter hipotético de este juicio esta íntimamente identificado con la naturaleza misma de la providencia cautelar y es un aspecto necesario de su instrumentalidad … existencia de una fase semejante estaría en absoluta oposición con la finalidad de este proceso, la providencia cautelar es, por su naturaleza hipotética, y cuando la hipótesis se resuelve en la certeza, es señal que la providencia cautelar ha agotado definitivamente su función (Calamandrei, Piero Providencias Cautelares, Ed. Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1984, pp75-76). Que ahora bien, respecto de la capacidad de decisión del Juez en el decreto de las medidas preventivas y muy especialmente, en lo relativo al examen del segundo de los presupuestos para la concesión de la medida, de que exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora) la Sala de Casación Civil del tribunal supremo de Justicia, en sentencia de fecha 27 de julio de 2004, ratificada sentencia de fecha 21 de junio de 2005, estableció la siguiente doctrina: omisiss… Que no hay dudas, que se desprende de las citas expuestas, que si bien el Juez debe siempre analizar las pruebas que constan en los autos a los fines de determinar si se encuentran Ilenos de forma coetánea y concomitante los extremos previstos en el artículo 585 delCódigo de Procedimiento Civil, para los casos de la medidas nominadas y en el extremo señalado en el Parágrafo Primero del artículo 588 ejusdem, para acordarlas o negarlas, no menos es cierto que no existe dudas de la obligación que tiene el solicitante de la medida de aparte de cumplir con la explanación de los hechos o motivos que justifiquen la medida, en este caso la indicación del periculum in mora, Fumus boni iuris y el periculum in damni, de la obligación de cumplir con la carga probatoria para llevar al Juez la convicción de la necesidad de la medida, por tanto no es suficiente con señalarlos, debe aportar la prueba de la existencia de los motivos que la justifiquen. Que es por ello, para que sea posible otorgar providencias cautelares, se hace imprescindible verificar el cumplimiento de los extremos antes citados, primordialmente los referidos a la presunción del buen derecho y a la existencia del riesgo manifiesto de quede ilusoria la ejecución del fallo tal y como fue establecido ut supra, en el texto del presente escrito y siendo que, la parte peticionante de la medida no acompañó medios de prueba que permitan establecer un juicio de verosimilitud o de razonamiento lógico que tampoco fue realizado por la sentenciadora resulta imposible poder comprobar los extremos a que hace referencia la norma in comento estatuida en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, es decir, no hay manera de que pueda constatarse de algún recaudo consignados la presunción grave del derecho que se reclama máxime cuando lo que buscan la parte demandante es asegurar las resultas de un juicio futuro de intimación de honorarios profesionales, por una eventual acción de costas procesales de otro juicio. Que se observa con detenimiento, puede constatarse que los apoderados judiciales que se identifican en esta acción infundada de daño moral, han establecidohechos de lo que verdaderamente buscan y es el presunto pago de honorarios profesionales manifestado que han observado, que se les adeuda, sin determinar cuál es el quantum de los mismos, lo observado se puede verificar del contenido de los fundamentos vertidos en el libelo de demanda que pretender utilizarcomo fumus boni iuris periculum in mora para solicitar, que se les acuerde una medida cautelar sobre bienes de nuestra propiedad a través de esta acción Judicial interpuesta en contra nuestra, omissis…. Que tal como se verifica del confuso libelo de demanda, es que el demandante de autos con sus abogados, tratan de asegurar a través de un decreto de medida cautelar la eventual acción de intimación de honorarios profesionales que pudieran ejercer contra nosotros, situación que es totalmente aislada del asunto que hoy nos ocupa, contentiva de demanda por daño moral, que es otra cosa distinta a la acción que les haya podido nacer al demandante y sus abogados para interponer el cobro de costas procesales causadas en ocasión al juicio interdictal restitutorio por despojo que incoamos contra el hoy demandante. Que si bien es cierto, ciudadana Juez, que el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil, establece que a la parte que fuere vencida totalmente en un proceso o en una incidencia se la condenará al pago de las costas, no menos cierto es, que el artículo 286 eiusdem establece el procedimiento para que las costas que deba pagar la parte vencida por honorarios del apoderado d de la parte contraria estarán sujetas a retasa. En ningún caso estos honorarios excederán del treinta por ciento (30%) del valor de lo litigado. Cuando intervengan variosabogados, la parte vencida sólo estará obligada a pagar los honorariospor el importe de lo que percibiría uno solo, sin perjuicio del derecho de retasa. Que es por ello, ciudadana Juez la dificultad que usted tuvo para constatar a través de un razonamiento lógico o de verosimilitud que el demandante de autos haya cumplido con la carga de probar los extremos a que hace referencia el artículo 585 del CPC, donde usted como juzgadora no alcanzó a establecer cómo se encontraba probado en autos ambos extremos que establece la indicada norma adjetiva civil, bajo la consideración de la carga probatoria inherente al solicitante de la tutela cautelar, ya que de la revisión de los instrumentos presentados concatenados con los alegatos esgrimidos, no se desprende una presunción grave del derecho que se reclame, el olor a buen derecho (fumus boni iuris) Que como tampoco un presunción de que pueda verse infructuoso y nugatorio la materialización de una sentencia favorable en caso de ser declarada, toda vez que el accionante al solicitar su medida preventiva de prohibición de enajenar y gravar sobre inmuebles que además resulta desproporcionada de conformidad con lo establecido en los artículos 585 y 588 del Código de procedimiento civil. Que el Periculum in mora, por su parte, no se presume por la sola tardanza del procesosino que debe probarse de manera sumaria, prueba esta que debe ser a lo menos una presunción grave lo cual no consta en su decisión haber analizado algún instrumento probatorio a los fines del decreto de la medida solicitada. Que asi las cosas, cabe resaltar que el juez debe motivar o razonar su sentencia para acordar cautelares son provisionales y que el juez debe justificar su decisión de por ello, que la motivación de la sentencia debe incluir una explicación de los motivos por los que, el juez ha considerado que la medida cautelar es ono. Es por ello que la motivación de la sentencia debe incluir una explicación de los motivos por lo que el juez ha considerado que la medida cautelar es necesaria, eficaz, proporcionada y urgente, El juez también debe explicar por qué ha considerado que los intereses del demandante en obtener la medida cautelar superan los intereses del demandado en no ser sometido a ella. si el juez no motiva o razona sus sentencias analizando y Valorando las pruebas, la medida cautelar puede ser impugnada por el demandado. El demandado puedeargumentar que la medida cautelar es ilegal porque no está debidamente motivada o razonada sobre la base de un análisis de la carga probatoria. Que sobre este aspecto el procesalista insigne Ricardo Henriquez La Roche, en su obra "Medidas Cautelares" (Según el nuevo código de Procedimiento Civil), señala: omissis…. Que del contenido doctrinario anteriormente trascrito, se constata que para la procedencia de las medidas preventivas se deben cumplir los extremos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, a saber el FUMUS BONI IURI, o presunción del buen derecho y el PERICULUM IN MORA, esto es, el fundado temor de que el fallo quede ilusorio en su ejecución, o que no pueda reparar daños colaterales mientras no se actúa la voluntad definitiva de la ley por conducto de la sentencia de mérito. Que de ahí que, el juzgador deberá apreciar de las pruebas traídas a los autos, dependiendo claro está de la naturaleza de la cautelarsolicitada, no sólo la presunción grave del derecho que se reclama (FUMUS BONI IURIS), sino el hecho del riesgo real y comprobable de certeza que pondría en peligro de quedar ineficaz la majestad de la justicia, como consecuencia del retardo de los procesos jurisdiccionales, pudiendo causar un daño en los derechos de una las partes que resultó gananciosa de una sentencia resolutoria del conflicto planteado. El Supuesto del PERICULUM IN MORA, se constituye no solo por hecho de la taraza juicio, sino también lo constituye el hecho de otras circunstancias que puedan poner en verdadero peligro del daño inherente a la no satisfacción del mismo. Que en el caso de autos, no encontramos ante la petición realizada por la parte demandante solicitante de la medida típica de prohibición de enajenar y gravar decretada por esta instancia ningún análisis y valoración por parte de este Tribunal de algún medio probatorio que haya podido aportar el solicitante de la medida cautelar dentro de la presente acción ejercida. Que el hecho controvertido guarda relación con la ocurrencia de presunto daño moral producto de un juicio aislado donde existe una condenatoria en costas procesales de los cuales manifiestan el demandante conjuntamente con sus abogados que tienen una relación de crédito por virtud de esas costas procesales de otro asunto judicial, y el cual la ley adjetiva les brinda el procedimiento idóneo para reclamar si así lo desearen, lo que hasta ahora no ha ocurrido, por lo que mal podría pretender asegurar a través de una medida cautelar en el presente juicio las resultas de un futuro juicio de intimación de costas procesales que incluya honorarios profesionales, que es lo que se infiere en el caso de marras que hoy nos ocupa, de allí su dificultad para verse impedido esta jurisdicente de analizar y valorar algún elemento o medio probatorio que le permitiera valorar y dejar establecido la comprobación de los extremos de ley, cosa que no ha ocurrido en el presente caso… Omissis…” Visto el anterior escrito de oposición, es importante destacar que por ningún motivo del pronunciamiento del juez puede valerse de argumentaciones que son aplicables a la sentencia de fondo. Es decir, no puede el sentenciador pronunciarse acerca de una medida cautelar solicitada, de modo que su decisión se convierta en una apreciación adelantada, de la forma en la cual puede ser resuelta la cuestión debatida. Ahora bien, revisada como ha sido las medidas dictadas por el tribunal de instancia y analizada cada una de ellas, a los fines de resguardar la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que la causa principal ya se encuentra por notoriedad judicial en sentencia definitiva, Por lo que este tribunal en acatamiento a dicha norma, y en atención a la revisión de los alegatospresentados por las partes, así como la documentación presentada, considera que lo más ajustado en derecho, es declarar sin lugar la apelación sobre la sentencia interlocutoria que resolvió la oposición a las medidas decretadas, en fecha 16 de junio del 2023, por consiguiente,se ratifica la sentencia dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia Civil, Mercantil, Transito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, en fecha 17 de enero del 2024en la que declarar sin lugar la oposición formulada por los apoderados judiciales de los ciudadanos José Daniel Moreno Pérez y Anna Yris Capezzuti De Moreno, abogados Juan Pablo Rodriguez y Edgard Rafael Vera Bravo, inscritos en el IPSSA Nos. 41.714 y 212.150. es por lo que se ratifican las Medidas Dictadas en sentencia de fecha 16 de junio del 2023. Así se decide. IV DESICIÓN En consecuencia, este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Sin lugar la apelación sobre la sentencia interlocutoria que resolvió la oposición a las medidas decretadas, en fecha 16 de junio del 2023. SEGUNDO: Se ratifica la sentencia dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia Civil, Mercantil, Transito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, en fecha 17 de enero del 2024 en la que declarar sin lugar la oposición formulada por los apoderados judiciales de los ciudadanos José Daniel Moreno Pérez y Anna Yris Capezzuti De Moreno, abogados Juan Pablo Rodríguez y Edgard Rafael Vera Bravo, inscritos en el IPSSA Nos. 41.714 y 212.150. es por lo que se ratifican las Medidas Dictadas en sentencia de fecha 16 de junio del 2023.TERCERO:Se Condena en costas a la parte accionante del presente recurso de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. CUARTO: Se acuerda notificar a las partes, al correo electrónico aportado, así como dejar constancia del acuse de recibido y de la llamada que le haga la secretaria del tribunal, al número que aportaron en las actas, y que una vez conste a los autos, acogiéndose quien decide a la sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, Nº Sentencia N° RC.000241 de fecha 9 de julio de 2020, mediante la cual se Interpretan los artículos 515 y 521 del Código de Procedimiento Civil, publicada en la Gaceta Judicial de la República Bolivariana de Venezuela N° 118 de fecha 22 de julio de 2021.Así se decide. -Publíquese, regístrese y cópiese. Remítase el expediente en su oportunidad al Tribunal de la causa. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, en San Carlos a los treinta (30) días del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024). Años: 213 de la Independencia y 163º de la Federación. Abg. Marvis María Navarro Jueza Provisoria La Secretaria Abg. Gloria Linarez En la misma fecha se publicó la anterior sentencia, siendo las tres y veinte de la tarde (03:20 p.m.). La Secretaria Abg. Gloria Linarez Interlocutoria (Civil) Exp. Nº 1339