REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES San Carlos, 30 de abril del 2024 SENTENCIA Nª: 109 EXPEDIENTE Nº: 1335 JUEZA: Abg. Marvis María Navarro. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES: DEMANDANTE: ORLANDO WILDER FERREIRA DE CAIRES, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V- 8.665.523, domiciliada en la Urbanización Tamanaco calle Paramaconi, casa Nº F-9, de la ciudad de Tinaquillo estado Cojedes. APODERADO JUDICIAL: EDDIEZ JOSE SEVILLA RODRIGUEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V- 10.989.839, debidamente inscrito por ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº70.023, domiciliado en la calle Silva entre Avenida Bolívar y Avenida Ricaurte, escritorio jurídico Pineda Nº 6-54, del Municipio Tinaquillo del estado Cojedes. DEMANDADO: NELLY MIREYA ZAMORA AREVALO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-6.932.366, domiciliada en la carretera principal, El Jabillo, sector Monagas abajo, casa S/Nº del Municipio Lima Blanco del estado Cojedes. APODERADO JUDICIAL: OLIS AYARIS FARIAS VILLAROEL, venezolana, mayor de edad, debidamente inscrita por ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 63.352, de este domicilio. MOTIVO: NUIDAD DE CONTRATO DE COMPRA Y VENTA SENTENCIA: INTERLOCUTORIA (Cuaderno de Medidas). CAPITULO I DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA CAUSAActuaciones del Superior: De conformidad con lo preceptuado en el artículo 243, ordinal 3 del Código de Procedimiento Civil se procede hacer una síntesis de la controversia: Se inicia la presente controversia, en virtud de la demanda de NULIDAD DE CONTRATO DE COMPRA VENTA (CUADERNO DE MEDIDAS), intentada por el ciudadanoOrlando Wilder Ferreira De Caires, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-8.665.523, debidamente asistido por el abogadoEddiez José Sevilla Rodríguez, venezolano, mayor de edad, titular de las cedulas de identidad Nº V-10.989.839, inscritos por ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº70.023. Por ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil del Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes. Mediante oficio Nº 05-343-010-2024, de fecha 10 de enero de 2024, se recibió expediente signado bajo el Nº 6163 (nomenclatura interna del Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil del Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes), contentivo del cuaderno de medidas de la demanda por NULIDAD DE CONTRATO DE COMPRA VENTA. En fecha 16 de enero del 2024, la suscrita Secretaria de este Juzgado Superior dejo constancia que recibió el expediente emanado del Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil del Bancario del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes. En fecha 16 de enero del 2024, este Juzgado Superior dio entrada al expediente Nº 6163, (nomenclatura interna del Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil del Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial del estado Cojedes), contante de una (01) pieza, de setenta (70) folios útiles, mediante oficio Nº 05-343-010-2024, de fecha 10 de enero de 2024, dándosele entrada en la misma fecha, bajo el Nº 1335, en consecuencia, se dejó transcurrir el correspondiente lapso de cinco (5) días de despacho siguientes, para que las partes, si así lo consideran, soliciten la constitución de Asociados de conformidad con lo establecido en el artículo 118 del Código de Procedimiento Civil. En fecha 23 de enero de 2024, se recibió diligencia suscrita por el abogado Eddiez Sevilla, en su carácter de Apoderado Judicial del demandante, mediante la cual solicitó copia simple de las actuaciones contentivas desde el folio 37 al 72 del presente expediente.En fecha 23 de enero del 2024, se emitió auto mediante el cualse ordenó agregar la diligencia consignada por el abogado Eddiez Sevilla identificado en autos, en consecuencia se acordó lo solicitado. En fecha 23 de enero del 2024, mediante auto se dejó constancia del vencimiento del lapso para que las partes soliciten constitución de asociados, en consecuencia se fijo lapso para que las partes consignaran sus escritos de informe. En fecha 07 de enero del 2024, se recibió escrito de informe suscrito por la abogada Olis Farias en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana Nelly Mireya Zamora Arvelo, parte demandada. En la misma fecha mediante auto se acordó agregarla a los autos. En fecha 07 de febrero de 2024,mediante auto se dejó constancia del vencimiento del lapso para la consignación de informes, en consecuencia se fijo lapso para que las partes consignen observación a los informes. En fecha 21 de febrero de 2024, se recibió diligencia suscrita por el abogado Eddiez Sevilla, en su carácter de apoderado judicial del demandante mediante la cual hizo observación al informe consignado por la demandada. En la misma fecha mediante auto se ordeno agregaral expediente. En fecha 21 de febrero de 2024, mediante auto se dejó constancia del vencimiento del lapso para la consignación de observaciones a los informes, en consecuencia se fijó lapso para dictar la correspondiente sentencia. En fecha 22 de marzo del 2024, mediante auto se dejo constancia del diferimiento del pronunciamiento de sentencia, en virtud del cúmulo de causas que se encuentran en trámite. Actuaciones del Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes: En fecha 24 de octubre de 2023, mediante auto se ordenó aperturar el presente cuaderno de medidas. En fecha 01 de noviembre de 2023, el Alguacil Suplente de ese Tribunal dejó constancia que se traslado en compañía del abogado Eddiez Sevilla, identificado en autos, a los fines de obtener copia fotostáticas de las actuaciones que corren insertas en el folio 2 al 6 y 37 del expediente signado con el número 6163 (nomenclatura interna de ese Tribunal). En fecha 06 de noviembre del 2023, mediante auto de ese Tribunal se dejó constancia que fueron reproducidas las copias para ser insertas en el presente cuaderno de medidas.En fecha 06 de noviembre del 2023,la suscrita secretaria suplente de ese Tribunal dejó constancia que certificó las copias de las actuaciones que corren insertas en el folio 2 al 6 y 37 del expediente signado con el número 6163 (nomenclatura interna de ese Tribunal). En fecha 06 de noviembre del 2023,mediante sentencia interlocutoria con fuerza definitiva (medida de Prohibición de Enajenar y Gravar) emitida por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes. En fecha 09 de noviembre del 2023,el Alguacil Suplente de ese Tribunal dejó constancia que se traslado en compañía del abogado Eddiez Sevilla, identificado en autos, a los fines de obtener copia fotostáticas de las actuaciones que corren insertas desde el folio 11 al 16 del expediente signado con el número 6163 (nomenclatura interna de ese Tribunal). En fecha 14 de noviembre de 2023, se recibió diligencia suscrita por el abogado Eddiez Sevilla en su carácter de apoderado judicial de la parte accionante, mediante la cual solicitó ser designado como correo especial. En fecha 16 de noviembre de 2023, mediante auto se ordeno expedir las copias certificadas solicitadas. En la misma fecha se realizó la respectiva certificación de las copias solicitadas. En fecha 16 de noviembre de 2023, mediante auto se acordó lo solicitado por el apoderado judicial abogado Eddiez Sevilla, en consecuencia se ordenó designarlo como correo especial. En fecha 20 de noviembre de 2023, mediante acta se designo como correo especial al abogado Eddiez Sevilla, en su carácter de apoderado judicial de la parte accionante. En fecha 22 de noviembre del 2023, se recibió diligencia suscrita por el apoderado judicial Eddiez Sevilla, identificado en autos, mediante la cual consigno oficio Nº 05-343-170-2023 debidamente firmado y recibido por el Registro Publico de Tinaquillo estado Cojedes. En fecha 22 de noviembre de 2023, mediante auto se acordó agregar la diligencia junto con anexo a las actuaciones que corren insertas en el presente para que surta sus efectos legales. En fecha 23 de noviembre del 2023, se recibió escrito de oposición a la medida de Enajenar y Gravar, suscrita por la abogada Olis Farias, en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada.En fecha 23 de noviembre del 2023, mediante auto se ordenó agregar el escrito de oposición a la medida de Enajenar y Gravar, consignado por la abogada Olis Farias, en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada. En fecha 06 de diciembre de 2023, se recibió escrito de contestación a la oposición de la medida de Enajenar y Gravar, suscrito por el abogado Eddiez Sevilla, en su carácter de apoderado judicial de la parte accionante. En la misma fecha se acordó agregarla a las actuaciones que corren insertas en el presente expediente para que surta sus efectos legales. En fecha 06 de diciembre del 2023, se recibió escrito de prueba con su respectivo anexo, suscrito por el abogado Eddiez Sevilla, en su carácter de apoderado judicial de la parte accionante. En la misma fecha se acordó agregarla a las actuaciones que corren insertas en el presente expediente para que surta sus efectos legales. En fecha 12 de diciembre del 2023, se recibió escrito de prueba, suscrito por la abogada Olis Farias, en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada. En la misma fecha se acordó agregarla a las actuaciones que corren insertas en el presente expediente para que surta sus efectos legales. En fecha 13 de diciembre del 2023, mediante auto se dejo constancia del vencimiento del lapso de incidencia probatoria de oposición a la medida. En fecha 18 de diciembre del 2023, se recibió escrito de ratificación de pruebas, suscrito por la abogada Olis Farias en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada. En fecha 18 de diciembre del 2023, mediante sentencia interlocutoria (Oposición a la medida) el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial. En fecha 21 de diciembre de 2023, se recibió diligencia suscrita por la abogada Olis Farias, en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada, mediante la cual apeló la decisión emitida por ese Tribunal. En fecha 09 de enero del 2024, mediante auto se dejó constancia del vencimiento del lapso de apelación a la sentencia interlocutoria (oposición a la medida). En fecha 10 de enero del 2024, se recibió diligencia suscrita por la abogada Olis Farias, en su carácter de apoderada judicial de la parte demandada, mediante la cual ratificó la diligencia consignada y en solicitó se acuerde copia correspondiente a los efectos de la apelación.En fecha 10 de enero del 2024, se emitió auto mediante el cual se acordó oír en ambos efectos la apelación ejercida, en consecuencia acordó remitir el presente cuaderno a esta Superioridad. En la misma fecha se libro oficio Nº 05-343-010- 2024, a los fines de informar y remitir el presente cuaderno de medidas. II CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Quedando planteado el problema, pasa esta Juzgadora a realizar las siguientes observaciones. Alegatos de la parte demandada en su escrito de apelación: “.Vista la decisión que cursa los folios 58 al 64, del cuaderno de medidas, mediante la cual este Tribunal declara sin lugar la oposición formulada por la apoderada judicial de la parte demandada relacionada en medida cautelar de Prohibición de Enajenar y Gravar, presento formal apelacióncontra la misma, a los fines de que el Tribunal Superior Civil de esta Circunscripción Judicial conozca de la misma…” Alegatos de la parte demandada en su escrito de Informe: Omissis... …Que en fecha 13 de octubre de 2023, el apoderado judicial del Ciudadano ORLANDO WILDER FERREIRA DE CAIRES, venezolano, mayor de edad, hábil en derecho, titular de la cédula de identidad Nro.8665523, presentó demanda de nulidad de contrato de compraventa de inmueble, contra mí representada Ciudadana: NELLY MIREYA ZAMORA AREVALO,ya identificada; solicitando se decretara MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR,sobre Un (01) inmueble, constituido por una parcela de TERRENO propio distinguida con el Nro. 10-46, sector la Candelaria, calle Sublette, Tinaquillo, Jurisdicción del Municipio Autónomo Tinaquillo, estado Cojedes, autenticado por ante el Registro Público del Municipio Tinaquillo del estado Cojedes, en fecha 09/07/2015, bajo el Nro. 2015.238, Asiento Registral 1 del inmueble matriculado con el Nro. 319.9.2.1.3178. Que En fecha 06 de noviembre de 2023, este tribunal acordó, la referida MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR, sobre el inmueble objeto de la medida. Que En fecha 23 de noviembre de 2023, la parte demandada presenta oposición a la MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR, entendiéndose abierta la articulación probatoria, tal como lo prevé el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil Venezolano Vigente. Que en fecha 18 de diciembre de 2023, el tribunal declara sin lugar oposición formulada.Que EN RELACIÓN A LA MEDIDA DE NULIDAD ABSOLUTA DEL NEGOCIO JURIDICO O VENTA, sobre un bien inmueble, supuestamente de la Comunidad Conyugal entre el demandante y la demandada, interpuesta por el Ciudadano ORLANDO WILDER FERREIRA DE CAIRES, mediante su apoderado judicial EDDIEZ JOSE SEVILLA RODRIGUEZ, IPSA Nro. 70.023; es necesario manifestar ante este tribunal, que fueron presentadas sendasDENUNCIAS interpuestas por mi representada, ante el Ministerio Público, por VIOLENCIA PSICOLOGICA (MP-1150-2021) Y VIOLENCIA PATRIMONIAL (MP- 2870-2023), las cuales cursan actualmente ante los Tribunales con competencia en materia de género, donde mi representada alególa violencia psicológica, acoso, hostigamiento y violencia patrimonial, de la cual ha sido objeto por parte del demandante, quien ha despilfarrado los bienes de la comunidad conyugal, los cuales se niega a liquidar, constituyendo esta demanda una represalia en contra de la Ciudadana NELLY MIREYA ZAMORA AREVALO, ya identificada. Omissis.. …Que La Sala de Casación Civil en jurisprudencia reiterada ha señalado que la solicitud de medidas cautelares debe estar acompañada de medios probatorios que constituyan una presunción del derecho que se reclama, del riesgo que pueda quedar ilusoria la ejecución del fallo y del peligro del daño inminente o de difícil reparación; extremos necesarios para que proceda el decreto de medidas preventivas, tal como se evidencia en sentencia Nº 287, de fecha 18 de abril del 2006 proferida por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia. Que se observa en el capítulo VI del escrito de la demanda, denominado “DE LAS MEDIDAS (..SIC..) CAUTELAR DE LA PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR” que el demandante señala como requisitos indicados en la norma para el decreto de medidas cautelares, los siguiente: Que en cuanto al “fumus boni iuris”, indica que “…la posición jurídica tutelable, o verosimilitud del Derecho que se reclama, se enmarca dentro del documento protocolizado en fecha 09 de julio de 2015, el cual quedo inscrito bajo el Nro. Asiento Registral 1 del inmueble matriculado con el Nro. 319.8.2.1.3178, y correspondiente al Libro del Folio Real del año 2015…” Que en ese mismo orden de ideas, la demandante alega como situación demostrativa del “…periculum in mora o riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, tal circunstancia viene marcada por la conducta por demás contumaz de mi comunera de no regresarme o devolverme de manera amistosa lo que por derecho me corresponde, por lo que deviene sumamente urgente asegurar mi cuota parte de éste bien común…” Que El principio de lealtad y probidad procesal supone para las partes en contienda, exponer ante el juez la verdad de los hechos, sin ocultar circunstancias con relevancia procesal; de manera que,puede considerarse desleal e incluso fraudulento la actitud asumidapor la parte demandante quien a los efectos de demostrar en “fumus boni iuris”, y el “periculum in mora”, trae a colación el negocio jurídico celebrado entre el demandante y mi representada, evitando mencionar al tribunal que él participó, avaló y suscribió dicha negociación, recibiendo una contraprestación a cambio, el demandante fue quién dio en venta el inmueble sobre el cual solicitó la medida cautelar. Tal suceso, desvanece la apariencia del buen derecho con que, el solicitante de la medida fundamenta su petición y da al traste como pretendida prueba del “fumusboni iuris”, y el “periculum in mora”, pues tal negocio jurídico no se realizó en perjuicio de sus derechos, sino que él en provecho propio, participó como vendedor, motivo por el cual las razones que dieron origen a las medidas cautelares aquí decretadas pierden sustento y por ello solicitamos al tribunal suspenda inmediatamente las mismas. Que lo anterior queda demostrado con la pretensión del documento consignado por el demandante con su demanda, por medio del cual el actor da en venta pura y simple perfecta e irrevocable de mi mandante, el inmueble objeto de la medida cautelar. Que sin pretender que este tribunal prejuzgue sobre el fondo del asunto,el medio de prueba aquí aportado es demostrativo de la mala fe con la que la solicitante ha peticionado la medida,y por esta razón insisto en que las medidas cautelares decretadas deben ser levantadas. Que en cuanto al último requisito, el periculum in mora o riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, no aporta al Demandante prueba alguna que mi patrocinada haya tenido una “conducta contumaz”, y como bien señala el parágrafo primero del artículo 588 ibídem, el peligro del daño inminente debe ser demostrado para que resulte procedente decretar medidas cautelares innominadas, situación que no ocurrió aquí y por ello deben ser levantadas las medidas cautelares decretadas. Que una revisión del Decreto de Medida cautelar acordado por este Tribunal en fecha 06 de noviembre de 2023, inserto en el Cuaderno de Medidas de la causa signada con el Nro. 6163, se evidencia que el mismo, contraría lo establecido en el artículo 585 del CPC, así como los distintos criterios emanados por las Salas del tribunal Supremo de Justicia, relativa a la obligatoriedad de la motivación del fallo que se acuerde o que se niegue las medidas cautelares, los cuales fueron mencionados anteriormente. Que en la decretada medida de prohibición de enajenar y gravar, no se evidencia la existencia del FomusBonis Iuris y el Periculum In Mora, que son suficientes para el decreto de la prohibición de enajenar. El demandante consigno con el libela de la demanda, copia certificada del documento de compra venta del inmueble, constituyendo el objeto de su pretensión la nulidad del contrato de compraventa en referencia. Sin embargo, no existen suficientes elementos que permiten establecer la apariencia de certeza o de credibilidad del derecho invocado por la parte solicitante de la medida cautelar, como señale en párrafos anteriores, el demandante participó, avaló y suscribió dichanegociación, recibiendo una contraprestación a cambio, el demandante fue quien dio en venta el inmueble sobre el cual solicitó la medida cautelar. Tal suceso, desvanece la apariencia del buen derecho con que, el solicitante de la medida fundamenta su petición y da al traste con la pretendida prueba del “fumusboni iuris”, por lo cual no se encuentra satisfecho el primer requisito para la procedencia de la medida acordada. Que con relación al segundo requisito, “periculum in mora” tenemos que su verificación no puede limitarse a la mera hipótesis o suposición, sino a la presunción grave del temor al daño por violación o desconocimiento del derecho que se reclama, ya sea por la tardanza del juicio o por los hechos del demandado durante ese tiempo con el con el objeto de burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia a proferir, y cuya condición de procedibilidad de la medida ha quedado comprendida genéricamente en la frase “cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia” (Ricardo Henríquez La Roche; Código de Procedimiento Civil” Tomo IV); observa esta representación de la parte demandada, que el apoderado de la parte actora, señala en su escrito libelar, “…periculum in mora o riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, tal circunstancia viene marcada por la conducta por demás contumaz de mi comunera de no regresarme o devolverme de manera amistosa lo que por derecho me corresponde, por lo que deviene sumamente urgente asegurar mi cuota parte de éste bien común…”. Siendo el caso que, de la lectura pormenorizada e individualizada que se efectúa a las actas que integran el presente cuaderno de medidas,no se evidencia medio probatorio alguno que haga presumir que la demandada esté renuente a regresarle o devolverle de manera amistosa el derecho que le corresponde a la parte actora, sobre el bien objeto de litis, que denuncia el abogado actor, así como tampoco se desprende, elementos de convicción que haga presumir la ilusoriedad de la ejecución del fallo, circunstancia esta que deba existir en la causa para dar por demostrado este segundo requisito de procedencia,al igual que, no se evidencia suficientes elementos que alerten sobre actos de la demanda para que se presuma el peligro en este caso específico de que quede ilusoria la ejecución del fallo. Que lo que si queda acreditado, es la mala fe de la parte demandante, quien al suscribir el contrato sobre el cual versa la demanda, se aprovechó de la buena fe, de la demanda, porque de la venta pactada a cambio el demandante, recibió el monto por el precio fijado. Que LA DECISIÓN DE ESTE TRIBUNAL, MEDIANTE LA CUAL ACORDÓ, LA PROTECCIÓN CAUTELAR, ASÍ COMO SU DECISIÓN INTERLOCUTORIA DE FECHA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, CON LA CUAL NIEGA LA OPOSICIÓN FORMULADA POR LA DEMANDADA, CONTRA EL DECRETO DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR, SON TOTALMENTE INMOTIVADAS, ya que si bien es cierto, que cuando el juez examina lapresunción del buen derecho, señala de manera expresa que tal presunción emerge del título de compraventa del inmueble en referencia, pero por otro lado, no es menos cierto, que cuando aborda el periculum in mora, en relación a este requisito el Tribunal de la causa lo engloba de una manera genérica, PERO DE NINGUNA MANERA INDICA EN CUALES HECHOS CONCRETOS SE FUNDAMENTAN NI SEÑALA LAS PRUEBAS DE LAS CUALES SEGÚN SU PROCESO INTELECTUAL LÓGICO SURGE LA PRESUNCIÓN QUE CONFIGURE EL PERICULUM IN MORA, PARA QUE SE PUEDA LLEGAR A LA CONCLUSIÓN DE QUE ESTE REQUISITO SE ENCUENTRE CUMPLIDO; Y EN CONSECUENCIA, PUEDA PROCEDER LA CAUTELAR PEDIDA. El Juez se limitó a señalar que existían suficientes elementos para estimar que se habían cumplido los extremos necesarios para el decreto de las medidas cautelares de los hechos manifestados en el libelo y conforme a los recaudos aportados surgían elementos suficientes que demostraban no sólo la presunción del buen derecho (fumus boni iuris), sino también los dos extremos restantes, como lo era el periculum in mora, pero como se dijo,NO INDICA EXPRESAMENTE EN QUE PRUEBAS SE FUNDAN SUS CONCLUSIONES FÁCTICAS, NECESARIAS PARA QUE PUEDA HABLARSE DE QUE LA SENTENCIA SE ENCUENTRA MOTIVADA EN CUANTO A LOS HECHOS. TAMPOCO, SE APRECIA APRECIA DE DICHA DECISIÓN, QUE EL TRIBUNAL HAYA EXPLICADO LOS HECHOS OBJETO DE LA SUBSUNCIÓN JURÍDICA, EN RAZÓN DE LO CUAL, NO PUEDE CONSIDERARSE FUNDADA EN UN DERECHO CONFORME AL CRITERIO DEL TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIAHA QUE SE HA HECHO REFERENCIA EN ESTE FALLO. LO ANTERIOR TRAE CONSIGO QUE, QUE LA DECISIÓN INTERLOCUTORIA APELADA FECHADA 18 DE DICIEMBRE DE 2023, ADOLEZCA DEL VICIO DE INMOTIVACIÓN, PIDIENDO SEA CONSIDERADO ASI, POR ESTE TRIBUNAL. Que Ciudadana Jueza Superior, es conveniente manifestar que el propósito de la motivación, es precisamente llevar claramente el ánimo de las partes, la justicia de lo decidido. Que el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil estatuye: “Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”. Que el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil establece: “En conformidad con el artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la cusa, las siguientes medidas: 1. El embargo de bienes muebles; 2. El secuestro de bienes determinados, 3. La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles.Que podrá también el juezacordar cualesquiera disposiciones complementarias para asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiere decretado. Que Parágrafo Primero: además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el artículo 585, el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para evitar daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión… Cabe citar el criterio sostenido y reiterado que existe en materia de medidas cautelares sentado por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Civil con ponencia del Magistrado Dr. Antonio Ramírez Jiménez en la Sentencia Nº 287 de fecha 18 de abril de 2006, el cual señala: “…se evidencia que la procedencia de las medidas preventivas consagradas en nuestra legislación, deben estar precedidas del cumplimiento de los extremos establecidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. Adicionalmente el legislador exige al solicitante, la presentación de un medio de prueba que sustente o apoye la solicitud, ello con la finalidad de proveer al juzgador de los elementos necesarios para obtener un juicio valorativo de probabilidad sobre la pertinencia de lo reclamado y así determinar la procedencia del decreto de la medida solicitada…”. Sobre las medidas cautelares de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 407 de fecha 21 de junio de 2005, con ponencia de la Magistrado Dra. Isbelia Pérez de Caballero, ha señalado: “…Ahora bien, la Sala reitera estos criterios jurisprudenciales en lo que respecta a la carga del solicitante de la medida de proporcionar al tribunal las razones de hecho y de derecho de la pretensión, conjuntamente con las pruebas que la sustenten; y el deber del Juez por su parte, de apreciar la existencia o no de la presunción grave, del derecho que se reclama (“fumusboni iuris”), y, el riesgo real y comprobable de que resulta ilusoria la ejecución de la sentencia definitiva (“peiculum in mora”)…”. Que la Sala Constitucional deja sentado en Sentencia Nº 3097, de fecha 14 de diciembre de 2004 Caso: Eduardo Parilli, que “…el otorgamiento de una medida cautelar sin que se cumpla los requisitos de procedencia violaría flagrantemente el derecho a la tutela judicial efectiva a la contraparte de quien solicitó la medida y no cumplió sus requisitos; y al contrario, la negación de la tutela cautelar a quien cumple plenamente los requisitos implica una violación a ese mismo derecho fundamental, uno de cuyos atributos esenciales es el derecho a la eficaz ejecución del fallo, lo cual sólo se consigue, en la mayoría de los casos, a través de la tutela cautelar (Cfr. GONZÁLEZ PÉREZ, JESÚS,el derecho a la tutela jurisdiccional, segunda edición, Civitas, Madrid, 1989, pp. 227 y ss)…”. Que de manera que, el poder cautelar tiene por objeto restringir el derecho de propiedad de la parte contra la cual obra, con el fin de asegurar y garantizar la efectividad de la decisión de fondo, es por ello, que en estricta observancia de las disposiciones legales, el jurisdicente no solo deberá verificar los presupuestos establecidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, por ser la norma que regula el otorgamiento de la tutela cautelar, sino que estará obligado a justificar su negativa o revocatoria mediante las razones de hecho y de derecho, así como circunstancias, argumentos y medios probatorios que sustenten la decisión sometido a su jurisdicción… Alegatos de la parte demandante en su escrito de Observación a los Informes: …Que estando dentro de la oportunidad procesal para realizar las correspondientes observaciones a los informes de la parte demandada; Invoco y Reproduzco a tales fines el escrito que consta en el folio 31 al 33 del presente expediente…” Que visto el escrito de oposición a la medida cautelar, decretada por este Tribunal de fecha 23 de noviembre del presente año 2023, rechazo la misma en todas y cada una de sus partes, para ello hago los siguientes razonamientos jurídicos pertinentes: Que en el escrito contentivo del libelo de demanda se solicita lo relativo a la medida de prohibición de enajenar y gravar en términos claros y precisos, de igual manera se realizó al momento de la ratificación de dicha mediada en los siguientes términos: "Ciudadano Juez, en la presente causa de NULIDAD DE LOS ACTOS, VENTAS Y NEGOCIOS JURÍDICOS, la pretensión cautelar es de naturaleza asegurativa para evitar que se siga enajenando el bien inmueble objeto de la presente acción, bien que se encuentran perfectamente enmarcado y determinado y el cual fue adquirido durante la vigencia del matrimonio que mantuve con la ciudadana NELLY MIREYA ZAMORA ARÉVALO y que se prolongo desde el 27 de marzo de 2009, hasta el 22 de Septiembre del año 2021. El objeto de la solicitud de estas medidas es proteger mis Derechos, siendo que se cumple con los requisitos necesarios para tal fin de conformidad con lo establecido en el Artículo 585 del Código de Procedimiento Civil a saber: Primeramente en cuanto al requisito de "Fumus Boni luris" la posición jurídica tutelable, o verosimilitud del Derecho que se reclama, se enmarca dentro del documento protocolizado en fecha 09 de julio de 2015, el cual quedó inscrito bajo el N° 2015.238. Asiento Registral 1 del inmueble matriculado con es 5398.2.1.3178 y correspondiente al Libro del Folio Real del año 2015. En cuanto al "periculum in mora" o riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, tal circunstancia viene marcada por la conducta por demás contumaz de mi comunera de no regresarme o devolverme de manera amistosa lo que por derecho me corresponde, por lo que se deviene sumamente urgente asegurar mi cuota parte de éste bien común.Que en consecuencia pido se decreten MEDIDAS PREVENTIVAS suficientes para garantizar mis derechos sobre la mitad o cincuenta por ciento (50%) del valor total del bien objeto del litigio y que forma parte de la COMUNIDAD CONYUGAL, esto para evitar que sea enajenado dicho bien sobre el que tengo plenos Derechos, y más aún para frenar un posible fraude en el transcurrir del presente procedimiento, siendo así explico a que se contrae la medida peticionada". Es de importancia resaltar el hecho de que estamos frente a un asunto que trastoca el orden público, donde efectivamente el contrato cuya nulidad se pide lo constituye una venta prohibida por la legislación nacional, específicamente el artículo 1481 del Código Civil que preceptúa: "Entre marido y mujer no puede haber venta de bienes", por lo que evidentemente una vez interpuesta la acción y en virtud que en contra de mi representado se interpusieron dos denuncias infundadas por ante la Fiscalía del Ministerio Público, específicamente sustanciadas por la Fiscalia Quinta del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, donde se formuló el pasado 17 de agosto de 2023, injusta e infundada acusación por la presunta y negada comisión de los delitos de VIOLENCIA PSICOLÓGICA Y ACOSO U HOSTIGAMIENTO, en el expediente identificado con el N° MP-1150-2021; y por la presunta y negada comisión del delito de VIOLENCIA PATRIMONIAL, en el expediente identificado con el N° MP-28760- 2021, los cuales fueron acumulados mediante decisión judicial de fecha 01-11-2023 bajo la nomenclatura HP21-AC-2023-000002 C1V, surgiendo ahora esta nueva acción tutelada constitucionalmente signada bajo el Nº 6163 nomenclatura particular de este tribunal, nos encontramos en lo que se puede denominar "situaciones litigiosas o conflictivas por resolver ante los tribunales competentes", que surgieron antes de la disolución del vinculo conyugal contraído en fecha veintisiete (27) de agosto de dos mil nueve (2009), los cuales se han mantenido a lo largo y posterior a la disolución del mencionado vinculo que culminó mediante sentencia de fecha 15 de diciembre de 2021 y la cual quedó definitivamente firme en fecha 22 de septiembre del año 2021, por el Tribunal de Municipio Ordinaria y Ejecutor de Medidas de los municipios San Carlos y Rómulo Gallegos, Tinaco, Lima Blanco de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, todo lo cual consta en autos, es decir, es sin lugar a duda pruebas irrefutables que una vez que la accionada fuera notificada de la presente acción se corría el riesgo que enajenara el bien inmueble determinado en el libelo y objeto del decreto de medida cautelar, eso en primer lugar. En segundo lugar, obsérvese que razonadamente el Tribunal en su decisión deja claro: "Con fundamento en los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Segundo de Primera instancia, en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, Administrando Justicia en nombre de las ciudadanas y ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, conforme a derecho, declara Procedente la medida típica de Prohibición de Enajenar y Gravar sobre el cincuenta por ciento (50%) del derecho de propiedad correspondiente a la ciudadana Nelly Mireya Zamora Arévalo, suficientemente identificada en actas, del bien inmueble constituido...", por lo que denota dicho fallo cautelar que no se está perjudicando con dicha medida de forma alguna a la accionada, en virtud que dicho decreto se limita al cincuenta por ciento (50%) del derecho depropiedad que en una eventual sentencia declarada CON LUGAR le pudiera corresponder a mi mandante, ello luego que el juzgador analiza el material probatorio y observa que la presente demanda tiene por objeto una NULIDAD ABSOLUTA. Que Alega la parte demandada, que la actuación de mi representado puede estar infectada de mala fe, tomando en cuenta que fue el ciudadano ORLANDO WILDER FERREIRA DE CAIRES quien pacto la venta del inmueble sobre el cual pesa la medida, cabe destacar que el contrato de compra venta es de naturaleza bilateral, es decir, necesaria la intervención de dos personas, sin duda alguna participaron mi representado y la hoy opositora de la medida cautelar nominada, en razón de que se encontraban legítimamente casados para el momento de la negociación, en contravención con el artículo 1481 del Código Civil, en razón a ello el respetado Juez, considera pertinente la procedibilidad de la misma y la admisión de la presente acción, para reforzar el artículo 789 del Código Civil establece: "La buena fe se presume siempre y quien alegue la mala deberá probarla", En otro orden de ideas, se solicito la medida cautelar de prohibición deenajenar y gravar sobre el bien inmueble objeto de la presente acción, a la brevedad que el caso amerita, a los fines de que no quede ilusoria la ejecución del fallo, y de conformidad con lo establecido en los artículos 585 588 del Código de Procedimiento Civil, explicando, que en el presente caso existía el "riesgo manifiesto de que la demandada, Nelly Mireya Zamora Arévalo, enajene el inmueble suficientemente identificado, haciendo en consecuencia ilusoria la ejecución de un eventual fallo favorable a ser dictado en la presente causa, en el mismo hilo de argumentación se alegó, que se fundamentaba su petición en el documentos de compraventa protocolizado por ante la Oficina de Registro Público de Tinaquillo estado Cojedes, en fecha 29 de septiembre de 2009, bajo el Nro. 01. Folios 02 al 04 Protocolo Primero, Tomo IV, de fecha 26 de marzo de 2014, bajo los Nros. 25, folio 161, Tomo 2, del protocolo de transcripción del año 2014; y aclaratoria de fecha 18 de Junio de 2014, bajo el Nro. 16, folia 109, Tomo 4 del protocolo de transcripción del año 2014, es asi que por existir el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución el fallo definitivo que pueda dictarse por el solo hecho -repito de existir la probabilidad de enajenar el bien inmueble. Que en el pedimento cautelar innominado, se señaló que el periculum in mora se materializa por la inevitable posibilidad que la parte demandada pueda vender el bien objeto de litigio, ello por no existir ninguna medida asegurativa que permita la eventual ejecución de un fallo a nuestro favor, indicándolo perfectamente el tribunal que se trata de detener o poner limite al trato sucesivo del bien hasta que se resuelva mediante sentencia definitivamente firme el presente asunto. Que en cuanto al fumus boni iuris, se indicó que en nuestro caso no solo es claro que nuestra solicitud, no es tan sólo una apariencia de buen derecho (...) sino que por el contrario, que los hechos alegados son ciertos y el derecho que nos asiste es habido desde el mismo momento en que se celebra el contrato de venta precitado entre mi poderdante y la hoy opositora de la medida, todo ello tomando en cuenta la copia certificada del referido documento protocolizado, el acta de matrimonio y la sentencia de divorcio que se acompañaron con el libelo de demanda, lo que demuestraque efectivamente hubo motivación y análisis probatorio a los efectos de acordar la medida. Que el Tribunal Supremo de Justicia ha señalado muchas veces que la negación de una medida cautelar a quien solicitó cumpliendo plenamente con los requisitos legales, como el caso bajo estudio, implica una violación a la tutela judicial efectiva, uno de cuyos atributos esenciales es el derecho a la eficaz ejecución del fallo, lo cual sólo se consigue, en la mayoría de los casos, a través de la tutela cautelar. Que para concluir se debe señalar que las medidas cautelares tienen por objeto limitar el derecho de propiedad de la parte contra la cual obra, con el fin de asegurar y garantizar la efectividad de la decisión de fondo y su decreto no debe tocar circunstancias de mérito, lo cual fue perfectamente encuadrado en el presente caso, trayendo como consecuencia que el Decreto de Medida Cautelar de Enajenar y Gravar dictado por éste tribunal en fecha 06 de noviembre de 2023, debe mantenerse y DECLARAR SIN LUGAR LA OPOSICIÓN de fecha 23 de noviembre de 2023. Es justicia, San Carlos a la fecha de su presentación. (negrita y subrayado del demandante). III MOTIVACIONES PARA DECIDIR Esta Alzada como órgano superior asume el conocimiento pleno de la controversia, y en tal sentido, tiene plena jurisdicción sobre el asunto apelado, lo que le permite descender a las actas procesales y revisar todo lo acontecido durante el desarrollo del iter procesal, y para resolver la situación jurídica planteada este Tribunal, procederá al estudio de la actas procesales que conforman el expediente, y todo en base al artículo 12 de Código de Procedimiento Civil que expresamente señala lo siguiente: “…Los Jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procuraran conocer en los límites de su oficio. En sus decisiones el Juez debe atenerse a las normas del derecho, a menos que la ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de estos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados. El Juez debe fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común o máximas de experiencia…” Ahora bien, de las actuaciones antes discriminadas, se observa, que el presente juicio se fundamenta principalmente en el recurso de Apelación interpuesta por la parte demandada ciudadanaOLIS AYARIS FARIAS VILLAROEL, venezolana, mayor de edad, debidamente inscrita por ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 63.352, en su carácter de apoderada judicial dela ciudadanaNELLY MIREYA ZAMORA AREVALO, venezolano, mayor de edad, titularde la cedula de identidad Nº V-6.932.366, contra sentencia interlocutoria (oposición a la medida) de fecha 18 de Diciembre de 2023, en la cual el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes Declara: “… Omissis… (Extracto de la motiva) …Que siendo la oportunidad procesal para pronunciarse en la presente incidencia de oposición a las medidas cautelares dictadas, pasa este Tribunal a pronunciarse de la siguiente manera: Que respecto a la posibilidad de la parte demandada a oponerse al fallo interlocutorio en materia cautelar dictado dentro del proceso, se observa que establece el Código de Procedimiento Civil: Artículo 602. Dentro del tercer día siguiente a la ejecución de la medida preventiva, si la parte contra quien obre estuviere ya citada; o dentro del tercer día siguientes a su citación, la parte contra quien obre la medida podrá oponerse a ella, exponiendo las razones o fundamentos que tuviere que alegar. Haya habido o no oposición, se entenderá abierta una articulación de ocho días, para que los interesados promuevan y hagan evacuar las pruebas que convengan a sus derechos. En los casos a que se refiere el artículo 590, no habrá oposición, ni la articulación de que trata este artículo, pero la parte podrá hacer suspender la medida como se establece en el artículo 589. Artículo 603. Dentro de dos días, a más tardar, de haber expirado el término probatorio, sentenciara el Tribunal la articulación. De la sentencia se oirá apelación a un solo efecto. Artículo 604. Ni la articulación sobre estas medidas, ni la que origine la reclamación de terceros, suspenderán el curso de la demanda principal, a la cual se agregará el cuaderno separado de aquellas, cuando se hayan terminado. Que es así, que la parte que pretenda oponersea la medida o medidas cautelares decretadas In auditam alteram pars (sin la audiencia de la otra parte), deberá hacerlo dentro del lapso establecido para la indicada oposición, en el supuesto de su ejecución, dentro del tercer (3er) de despacho siguiente, o en el supuesto de no haber sido ejecutada la cautela, el tercer (3er) de despacho siguiente a partir de la citación; aperturándose en cualquiera de los dos casos una articulación probatoria de ocho (8) días para que las partes promuevan y evacuen todas las probanzas que considere pertinentes, a los efectos de desvirtuar los presupuestos de procedencia de las medidas cautelares contenidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil (Fumus bonis iuris y Periculum in mora), conforme a lo establecido en el artículo 602 idem,. Vencido dicho lapso, el Tribunal dictará su decisión dentro de los dos (2) días siguientes, a tenor de lo dispuesto en elartículo 603 ibidem. Estas articulaciones no suspenderán el curso de la demanda principal a tenor de lo dispuesto en el artículo 604 eiusdem.- Que en consecuencia, debe este sentenciador verificar la tempestividad de la oposición planteada por la parte demandada en su escrito de fecha veintitrés (23) noviembre de 2023, por la abogada Olis Farias, en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana Nelly Mireya Zamora Arvalo, ambas identificadas en actas, verificando que una vez ejecutada las medidas preventivas, se materializo el día veinte (20) de noviembre del presente año, haciendo la oposición de forma tempestiva y debe considerarse como válido, por lo que, se opuso a la medida dentro del tercer (3er) día de despacho siguiente a la práctica de la medida, tal como se evidencia del calendario judicial de este juzgado, de forma oportuna y tempestiva. Así se constata.- Que una vez determinada la tempestividad de la oposición planteada por la abogado Olis Ayaris Farías Villaroel, en su carácter apoderada judicial de la ciudadana Nelly Mireya Zamora Arvalo, se fundamente en argumentos tales como que “la medida acordada a la cual se opone ha sido dictada sin que se motivara el buen derecho reclamado, ni cual medio de prueba que llevo a la convicción del juez de que exista probabilidad del éxito de la demanda, que así mismo no se explica en qué consiste el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo por cuanto fue el mismo demandante quien pacto la venta del inmueble sobre el que pesa la medida a favor de su representada,que igualmente el juez no se ajusto a los extremos establecidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil como lo son el periculum in mora y el fumus boni iuris, al admicular la pretensión del demandante, referida al supuesto sobre el inmueble que luego de venderlo, y recibir una contraprestación reclama, además de la falta de motivación de las medidas proferidas por este despacho. Así alego. Que a lo expresado por la apoderada judicial de la demandada, el abogado Eddiez José Sevilla Rodríguez, en su carácter en auto, se opuso a lo alegado por esta, al considerar, que el bien objeto de la presente medida, fue adquirido durante la duración la vigencia del matrimonio de los ciudadanos Orlando Wilder Fereira de Caires y al ciudadana Nelly Mireya Zamora Arevalo; y la misma tiene como fin proteger los derechos de su representado; y en cuanto al requisito del fumus Boni Iuris o el derecho que se reclama, se enmarca dentro del documento protocolizado en fecha 9 de julio del año 2015, el cual quedo inserto bajo el Nº 2015 238, Asiento Registral 1 del inmueble matriculado con el nro. 319.8.2.1.3178, correspondiente al libro del folio real del año 2015, que en cuanto al Peliculum in Mora o riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, tal circunstancia viene de la conducta contumaz de la comunera del demandante de no devolverle lo que por derecho le corresponde, así mismo señala que las medidas preventivas suficiente para garantizarsus derechos sobre el cincuenta por ciento (50%) de los derechos del precitado bien objeto del presente juicio y que forma parte de la comunidad conyugal, para evitar que sea enajenado y más aun para frenar un posible fraude en el transcurrir del presente procedimiento. Así arguyo.Que de tales argumentos se observa que los referentes a que a atacar los extremos contemplados en el artículo 585 de la norma adjetiva civil, como objeto de estudio es este fallo, por al iter procesal de la incidencia de oposición contemplados en el artículo 602 ibidem.Así se precisa.- Que en lo tocante a los argumentos de la parte demandada en donde precisan que “en relación a la demanda de nulidad absoluta del negocio de compra venta e indica que el ciudadano Orlando Winder Ferreira tiene denuncia por ante los Tribunales de violencia de género y que el mismo ha despilfarrado los bienes de la comunidad conyugal, los cuales se niega a liquidar, y que la presente acción obedece a una represaría en contra de la ciudadana Nelly Mireya Zamora Arvalo”, agregando que “el demandante no menciono que fue quien avalo, participo en la negociación, recibiendo una contraprestación a cambio, siendo el que dio en venta el inmueble a su ponderante”, los mismos son materia de fondo de la causa principal que debe demostrar en su momento procesal, pues, es en ella que el juzgador se pronunciará sobre la demanda de nulidad del contrato de compra venta; lo contrario, podrá materializar un adelanto de opinión de este juzgador en la presente causa que concluirán en una Inhibición, por lo que, resultan Inadmisibles como fundamento de la oposición a la medida cautelares decretadas.Así se concluye.- Que respecto a la no configuración de los requisitos delFumus Boni Iuris y del Periculum In Mora, Periculum In Mora, observa este jurisdicente que la parte demandada, indicó que “En la presente causa no se ha dado cumplimiento a tales extremos establecido en el artículo 585ni fue motivado la presunción del buen derecho ni del peliculum in mora, al tribunal los englobal de manera genérica, sin señal los hechos en concretos, ni señala las pruebas de la cual emerge su convicción para decretar la medidas cautelares”,. Así se observa.- Que finalmente, en atención al argumento de la parte apoderada judicial de la parte demandada, referente a que las cautelas decretadas no cumple con los extremos que establece el artículo 585 de la norma adjetiva vigente, para que proceda el decreto de la medidas sobre el bien inmueble propiedad de su representada, así como las pruebas que debe soportar tal petición, observa este jurisdicente que es la naturaleza misma de estas providencias el separar temporalmente el patrimonio de la demanda, inclusive in limine litis (al comenzar el proceso) e inaudita aiteram pars (sin la presencia de la otra parte), pues como precisa el autor patrio Dr. Ricardo Henríquez La Roche, en su obra Medidas Cautelares según el nuevo Código de Procedimiento Civil (1988): La pretensión del solicitante es el aseguramiento del resultado práctico de la ejecución forzosa, el objeto del juicio son los bienes a afectar o afectados por la medida y la causa de la pretensión está representada por el peligro en la mora;por manera que el tema a decidir, no es que sea contrario o ajeno al del juicio principal, sino que se halla en una dimensión distinta a la de éste. Ciertamente,el procesopreventivo es esencialmente un juicio ejecutivo en cuanto solo lo refiramos a la aprehensión de bienes… En cambio, el juicio principal es un proceso de conocimiento en el cual solo se persigue la formación del mandato contenido en la sentencia pasada a la autoridad de cosa juzgada;la finalidad de la medida preventiva no es, pues, la declaración; es el aseguramiento material y efectivo de esa declaración. Tales disparidades dejan ver la necesidad de una plena autonomía de sustanciación… (p. 172). Que ciertamente, dicho afianzamiento inicial de los bienes del o de los demandados pudiese causar algún gravamen por la desposesión en si, pero no es mas que la carga que deba soportar por el hecho de haber sido llamado al proceso y de haber demostrado el demandante prima facie (A primera vista) los extremos de ley establecidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil; más sin embargo, los mismos no son colocados a disposición de la parte actora, sino en custodia del Tribunal, pues, sólo son una garantía que se ejecutará en caso de resultar vencedor el demandante, por contrario, estos le serán restituidos al o los demandados, de resultar victoriosos, quienes podrán ejercer las acciones pertinentes en contra del demandante, de considerar que no sólo estas medidas preventivas, legalmente establecidas en el ordenamiento jurídico, sino el proceso completo, le causaron un gravamen o daño irreparable, alegando tales daños y demostrando estos. Así se determina.- Que este sentenciador al momento de dictar sentencia en esta incidencia cautelar, en fecha seis (6) de noviembre de dos mil veintitrés (2023), indicó en la motivación del fallo que (FF.13-16): “En este orden de ideas, en lo referente a la medida de Prohibición de Enajenar y Gravar observa este jurisdicente, que en el caso de bajo examen, la parte demandante señalo como: 1º Fumus Boni Iuris: La parte demandante alegó en su escrito de donde deviene el humo del buen derecho que lo asiste, el cual se encuentran demostrado de la comunidad conyugal que existió entre los ciudadanos Orlando Wilder Fereira de Caires y la ciudadana Nelly Mireya Zambrano Arvalo adquirido durante la vigencia del matrimonio que mantuvo con la ciudadana Nelly Mireya Zambrano Arvalo y que se prolongó desde el 27 de marzo del año 2009 hasta el 27 de septiembre del año 2021, tal como se evidencia de la acta de matrimonio y la sentencia de divorcio que la acompaña al libelo que cursa a los folios 9 al 24, de la cual puede presumirse que todos los bienes adquiridos entre las indicadas fechas son propiedad de la comunidad conyugal, verificándose el primer requisito respecto a las acciones indicadas,respecto al inmueble descrito en actas que se pide la medida preventiva de enajenar y gravar, se verifica este requisito en virtud de que el documento de compra-venta celebrado entre el demandante (vendedor) y la emanada (compradora), se encuentra registrado por lo tanto, surte efecto ante Terceros y posibilita el Decreto de la medida solicitada. Así se verifica.- Periculum in mora (peligro en la demora), se materializa por la posibilidad de que la parte demandada puede vender el inmueble que forma parte de la comunidad de bienes conyugales y al conducta contumaz de la comunera del bien inmueble, devenido del matrimonio y no devolverle lo que le corresponde al accionante, como lo es el cincuenta (50%) del total del bien objeto delpresente juicio, verificándose de actasPrima facie (a primera vista), la demostración de dichos extremos y en consecuencia, siendo necesario decretar la cautela peticionada a los fines de detener el tracto sucesivo del citado bien inmueble hasta que se resuelva el fondo de la presente controversia evitando así el daño que pudiese causarse a terceros o ajenos a este proceso, con la eventual declaratoria de nulidad de documento, en caso de ser procedente. Así se declara.- Como corolario de lo antes expuesto, a juicio de quien aquí decide se encuentran llenos los extremos de ley, necesarios para el otorgamiento de la media preventiva de Prohibición de Enajenary Gravar, sobre el cincuenta por ciento (50%) del inmueble propiedad de la comunidad conyugal, tal como consta en Copia Certificada del Documentode Compra-venta del bien inmueble, debidamente registrado por ante el Registro Publico del municipio Tinaquillo del estado Cojedes, de fecha 09 de julio del 2015, el cual quedo inscrito bajo el Nº 2015.238, Asiento Registral 1 del inmueble matriculado con el Nro. 319.8.2.1.3178 y correspondiente al Libro de Folio Real del año 2015., y así lo dictaminará este sentenciador en la dispositiva del presente fallo. Así se declara”.- Que a la no configuración del requisito delFumus Boni Iuris, observa este jurisdicente que la parte demandante esta demandado la Nulidad de un contrato de compra venta de un inmueble que pertenece a la comunidad conyugal, ya que fue adquirido dentro del lapso de tiempo estuvieron casados los ciudadanos Orlando Wilder Ferreira de Caires con la ciudadana Nelly Mireya Zambrano Arvalo, para lo cual consigno copia certificada del acta de nacimiento de fecha 27/3/2009, realizado por los precipitadosciudadanos, signado la letra “A” (FF 09-11); copia de la sentencia de divorcio de fecha 15/9/2021, marcada con las letras “B” (FF 11-27) y copia certificadas del documento de propiedad de inmueble debidamente registrado por ante el Registro Publico de municipio Tinaquillo del estado Cojedes, de fecha 09 de julio de 2015, el cual quedo inscrito bajo el Nº 2015.238, Asiento Registral 1 del inmueble matriculado con el Nro. 319.8.2.1.3178 y correspondiente al Libro Folio Real del año 2015, de la cuales se evidencio que el bien inmueble de la cual se pide la nulidad de la compra venta, fue adquirido dentro del periodo del matrimonio de los ciudadanos Orlando Wilder Ferreira de Caires con la ciudadana Nelly Mireya Zambrano Arvalo, con lo cual, en esta incidencia cautelar y a los solos efectos del análisis de los extremos contenido en el artículo 585, queda demostrado el humo del buen derecho observado prima facie (a primera vista) y en ese estado de cosas para el momento por este jurisdicente, no pudiendo quien aquí decide entrar a conocer, resolver el resto de alegaciones que presento la apoderada judicial de la parte demandada. Así se determina.-Que en lo tocante al Periculum In Mora, conocido como la presunción grave del derecho que se reclama referido a que exista el riesgo real y comprobable de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva, teniendo como condición a su procedibilidad sea el peligro en el retardo del juicio y a la presunción de existencia de las circunstancias de hecho que, si el derecho existiera, serian tales que harían, verdaderamente temible el daño inherente a la no satisfacción del mismo, de esta forma, el juez deberá verificar que exista una presunción grave de un estado objetivo de peligro que haga aparecer como inminente la realización del daño derivado de la insatisfacción del derecho, para lo cual tiene amplia discrecionalidad, en este sentido, el Periculum in Mora (Peligro en la demora), se materializa y así lo dejo asentado quien aquí decide en la sentencia interlocutoria de fecha seis (6) de noviembre del año 2023, que el peligro en la demora esta reflejado por la posibilidad de que la parte demandada pueda vender o enajenar el inmueble que es de su propiedad y fue adquirido durante el lapso de tiempo que los ciudadanos Orlando Wilder Ferreira de Caires con la ciudadana Nelly Mireya Zambrano Arvalo, estuvieron unidos por el vinculo del matrimonio, sin que tal comprobación de este estreno legal para conceder la medidas cautelar solicitada, sea un adelanto entorno a los alegatos realizados por la apoderada judicial de la parte demandada, abogada Olis Farias Villaroel, todo ello a los fines de detener el tracto sucesivo del citado bien inmueble hasta que se resuelva el fondo de la presente controversia, evitando así el daño que pudiese ocasionarse a terceros ajenos a este proceso, con la eventual declaratoria de nulidad del documento, en caso de ser procedente. Así se declara. Que en base al análisis de las pruebas promovidas en la incidencia por las partes se observa que no existe argumento suficienteque logre desvirtuar la medida decretada, en tal sentido se desprende que se encuentra soportada sobre instrumentos que no han sido desvirtuados, por lo que no hay prueba alguna o elemento de convicción de esta incidencia que conozca u oriente en otro sentido, así las cosas este juzgador debe proceder forzosamente ratificar la medida de embargo preventivo decretada en este asunto y Declararse Sin Lugarla Oposición a la Medida, que fuere opuesta por la representación judicial de la parte demandada, y así lo decide finalmente esta operadora de justicia. IV.- Decisión.- Que en consecuencia por los razonamientos antes expuestos este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, conforme a derecho declara: PRIMERO: Sin Lugar la oposición planteada por la parte demandada en su escrito de fecha veintitrés (23) de noviembre del año 2023, por la abogada Olis Ayaris Farias Villaroel, en su carácter de apoderada judicial de la ciudadana Nelly Mireya Zambrano Arvalo, ambas identificadas en actas, contra la medida cautelar de la Prohibición de Enajenar y Gravar decretada sobre bien propiedad de lademandada, dictada por este Tribunal ensu decisión interlocutoria cautelar de fecha seis (6) de noviembre del año 2023. SEGUNDO: se condena a la ciudadana Nelly Mireya Zambrano Arvalo, identificadas en actas, opositor en la presente incidencia, al pago de costas conforme a lo establecido en el artículo 276 del Código de Procedimiento Civil…(negrita y subrayado del Tribunal aquo) Así las cosas, de la revisión exhaustiva de las actas que conforman el expediente, y en atención al análisis cognitivo del caso, se observa que el objeto de conocimiento en esta segunda instancia se contrae, que El presente recurso de apelación, se circunscribe a la declaratoria sin lugar de la oposición formulada por la representación judicial de la parte codemandada Nelly Mireya Zambrano Arvalo identificada en actas, contra el decreto de la medida cautelar de prohibición de enajenar y gravar, de fecha 18 de diciembre de 2023, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, en el juicio por Nulidad de Contrato de Compra Venta incoado por el ciudadano ORLANDO WILDER FERREIRA DE CAIRES, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-8.665.523,contra la ciudadanaNELLY MIREYA ZAMORA AREVALO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-6.932.366. Ahora bien, en el estudio de marras, la potestad cautelar como garantía inherente al derecho a la tutela judicial efectiva, les confiere a los jueces la obligación de procurar las medidas necesarias para que la necesidad del proceso para obtener razón no se convierta en un daño para quien la tiene, dando así cumplimiento al contenido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, conforme al cual el proceso es un instrumento fundamental para la realización de la justicia. No obstante, el otorgamiento de dichas medidas, se encuentra vinculado a la satisfacción de determinadas exigencias tendientes a evitar que quien la solicite, se procure una ventaja inmerecida en perjuicio de su contraparte valiéndose del proceso con un objeto ajeno a la prosecución de la justicia.Estos presupuestos para determinar una medida cautelar emanan de la necesidad de preservar la eficacia de un eventual fallo favorable a la pretensión, pero se debe tener claro que para que nazca dichas medidas se exija a su accionante la demostración inicial del buen derecho que le asiste así como el peligro que corre su situación jurídica en el tiempo que discurrirá el proceso.En este orden de ideas, cuando se acuerda la medida de enajenar y gravar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado, ya que sólo debe comprenderse como una acción preventiva o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante, correspondiéndole al juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el escrito de solicitud de la medida a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama, por tanto, el Juez en uso de las amplias facultades otorgadas, verifica su procedencia o no de la medida solicitada, sin necesidad de emitir un pronunciamiento del fondo de la controversia. En este orden de ideas, debemos dejar claro, que en todo proceso judicial las Medidas Cautelares surgen como un instrumento del cual las partes pueden disponer, para asegurar y resguardar sus derechos, mientras se obtenga las resultas del juicio que han instaurado. De allí que el carácter que estas figuras procesales presentan, es meramente preventivo, sin que pueda pretenderse la obtención, a través de esta incidencia, de los efectos jurídicos añadidos a la sentencia definitiva que ponga fin al juicio en cuestión. Ahora bien, la incidencia cautelar objeto de estudio en el presente asunto, versa sobre la declaratoria sin lugar respecto a la oposición formulada, en fecha 21 de diciembre de 2023, por la parte codemandada, en virtud de la medida decretada de Prohibición de Enajenar y Gravar en fecha 18 de Diciembre de 2023, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial. Esta figura procesal, establecida en el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, funge como un mecanismo de defensa del cual puede valerse la parte afectada por la medida decretada, para así conseguir el levantamiento de la misma, siempre y cuando existan motivos legales para ello. A tal efecto debe quien decide, transcribir el contenido del artículo 602 ut supra referido: “Artículo 602.- Dentro del tercer día siguiente a la ejecución de la medida preventiva, si la parte contra quien obre estuviere ya citada; o dentro del tercer día siguiente a su citación, la parte contra quien obre la medida podrá oponerse a ella, exponiendo las razones o fundamentos que tuviere que alegar…” La norma precedentemente transcrita, es clara al establecer que la parte contra quien obra la medida tiene derecho de presentar oposición dentro del lapso de los tres días siguientes a su ejecución, siempre que estuviese citada. De no haberseverificado aún su citación, la oposición podrá ser presentada luego de ejecutada la medida, dentro de los tres días siguientes tal como lo establece el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil. Ahora bien, una vez formulada la solicitud de la medida preventiva, deberá encontrarse inmersa en la misma los diversos motivos que permitieron al Juez verificar el cumplimiento de los requisitos para su decreto, como son el fumus boni iuris y periculum in mora y en segundo término, la existencia de otros motivos en los que se aleguen reconocimiento de otros derechos o el cumplimiento de las obligaciones demandadas. De igual forma, debe advertirse que la oposición no tiene efectos anulatorios de la sentencia que decreta la medida, lo cual sólo podrá lograrse mediante los recursos ordinarios y extraordinarios correspondientes, pues con la oposición no se trata de determinar vicios de la sentencia, sino más bien el levantar los efectos de la medida acordada y por tanto, las situaciones y normas que se denuncien como infringidas serán aquellas relacionas con la medida. Es por ello que la sentencia que resuelva la oposición debe limitarse a confirmar la medida o revocar ésta, declarando con o sin lugar la oposición, según se hayan verificado o no los elementos antes mencionados como lo son el fumus boni iuris y periculum in mora. En este orden de ideas, se observa que la medida contra la cual se ejercicio la hoy debatida oposición, se trata de una Medida Cautelar de prohibición de enajenar y gravar sobre el inmueble objeto de la Nulidad de Contrato de Compra Venta, que se encuentra registrado a nombre dela codemandada ciudadanaNELLY MIREYA ZAMORA AREVALO, identificada en actas, por un bien inmueble constituido por una parcela de terreno, el cual posee una superficie de DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO METROS CON CUARENTA Y UN CENTIMETROS CUADRADOS (235,41 mts2) la casa cuenta con las siguientes características: un (01) porche, una (01) sala recibo, una (01) sala comedor, dos (02) dormitorios, una (01) cocina, un (01) baño, un (01) comedor y un (01) lavandero; cuyos linderos son los siguientes:NORTE: Marcos Pérez, SUR: Benjamín Díaz, ESTE: Familia Giménez y OESTE: Calle Soublete, distinguido con el Nro. 10-46, sector La Candelaria 1, CalleSoublette, Tinaquillo Municipio Falcón del estado Cojedes. En el marco de las observaciones anteriores, el poder cautelar se encuentra delimitado a la verificación del cumplimiento de los requisitos necesarios para decretarlas, siendo necesario para determinarlas hacer un análisis de losargumentos de hecho y derecho explanados por el solicitante. A tal efecto, es preciso transcribir el contenido de los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil en los siguientes términos: Omissis… “Artículo 585° Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama. Artículo 588° En conformidad con el Artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas: 1º El embargo de bienes muebles; 2º El secuestro de bienes determinados; 3º La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles. Podrá también el Juez acordar cualesquiera disposiciones complementarias para asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiere decretado”. Parágrafo Primero: Además de las medidas preventivas anteriormente enumeradas, y con estricta sujeción a los requisitos previstos en el Artículo 585, el Tribunal podrá acordar las providencias cautelares que considere adecuadas, cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En estos casos para evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión. Ahora bien, delas disposiciones legales precedentes, se desprenden los requisitos necesarios establecidos para decretar las medidas cautelares, los cuales se constituyen como una carga para la parte solicitante, teniendo esta la obligación de acreditarlos al momento de realizar la solicitud. Tales requisitos, se distinguen de la siguiente manera:El fumus boni iuris o la apariencia del buen derecho, relacionado este a la presunción que exista sobre el derecho reclamado por la parte accionante y solicitante. Tal requisito amerita entonces el establecimiento del juicio de verosimilitud sobre la pretensión aducida por el solicitante, todo lo cual debe desprenderse de las pruebas traídas a juicio en la oportunidad correspondiente, sin que esto presuponga un pronunciamiento sobre el fondo de lo debatido. El periculum in mora o peligro en la mora, siendo este requisito el que se encuentra referido a la probabilidad de quedar ilusoria la ejecución del fallo que sea dictado en la causa, lo cual puede ser consecuencia de los actos que ejecute el demandado para tal fin, sumado a la tardanza que sufren los distintos procesos judiciales. Este requisito, al igual que el anterior, debe desprenderse o presumirse de los elementos probatorios que, a tal efecto, traiga a juicio el solicitante de la cautelar. En el marco de las observaciones anteriores, puede afirmarse que el juez dictará la medida preventiva cuando exista presunción del derecho que se reclama (fumusboni iuris) así como el riesgo de que quede ilusoria la ejecución del fallo, esto es, de que no sean plenamente ejecutables las resultas del juicio (periculum in mora), ya que, en función a la tutela judicial efectiva, las medidas cautelares, en este ámbito, no son meramente discrecionales de los jueces, sino que, una vez que se verifique el cumplimiento de los requisitos que establece la norma para su otorgamiento, el órgano jurisdiccional debe acordarlas. En los marcos de las observaciones anteriores, se hace necesario traer a colación lo establecido por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial determino que: Omissis… “…se evidencio que el inmueble del cual se pide la nulidad de la compra venta, fue adquirido dentro del periodo del matrimonio de los ciudadanos Orlando Wilder Ferreira de Caires con la ciudadana Nelly Mireya Zamora Arevalo, con lo cual, en esta incidencia cautelar y a los solos efectos del análisis de los extremos contenidos en el artículo 585, queda demostrado el humo del buen derecho… (negrita y subrayado nuestro).Del extracto de la sentencia previamente citado, es evidente que el Tribunal aquo, estableció como prueba suficiente para decretar la medida de enajenar y gravar las probanzas aportadas por la parte accionante, a lo cual le ciudadana Nelly Mireya Zamora Arevalo, identificada en actas, hace mención tanto en su oposición a la medida como en su escrito de informe, consignado ante esta Superioridad,sin embargo, no se evidencia elementos de convicción por parte de la mencionada ciudadana para revocar la medida decretada, ya que, en sus alegatos solo hace mención bajo su criterio e interpretación que no existió los elementos necesarios para decretar dicha medida. En su interpretación a la norma estableció que el fumus boni iurisatribuido al documento de compra venta suscrito entre el ciudadano Orlando Wilder Ferreirade Caires,identificado en autos, y su persona no cumple con los extremos para ser considerado el humo del buen derecho, mas no aporto elementos de hecho o derecho suficientes que desvirtúen tal documental, por lo cual es preciso acotar que nuestra legislación establece los presupuestos de procedibilidad de las medidas preventivas desglosadas anteriormente, por cuanto se encuentran establecidas en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, las denominadas típicas y las correspondientes a las llamadas innominadas en el artículo 588 ejusdem, precisando que todas estas deben decretarse sólo cuando exista prueba tanto del riesgo de que quede ilusoria la ejecución del fallo (Periculum in Mora) como del derecho que se reclama (fumus boni iuris), en tanto que para las últimas, añade la prueba de un requisito adicional, para el caso, el temor fundado de que una de las partes, en el curso del proceso, pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra (periculum in damni). De modo que con la medida decretada, se pretende proteger el posible derecho que le asiste al demandante porque un teniendo una sentencia favorable no podría luego logar la efectividad del fallo, pues si no se resguarda el bien objeto de la demanda, con la medida de enajenar y gravar acordada se podría dar venta a un tercero lo que y en cuyo caso tendría la imperiosa necesidad de intentar nuevas acciones contra los terceros adquirientes que desconozcan el contenido de la sentencia o de ejercer acciones para lograr la recuperación de la posesión. Al respecto el autor Nerio Perera Planas en su libro Análisis del nuevo Derecho Civil señala:Omissis… “…En caso de bienes muebles intentada la demanda mediante la cual se pretende la anulación del acto o actos realizados, se solicitará en ella la notificación del Registrador en cuya oficina está inscrito el inmueble, para que estampe la nota marginal correspondiente y evitar así que el tercero registre su título, aludiendo los derivados de la acción…” De modo que, el espíritu del Legislador viene enmarcado en el resguardo de los derechos e intereses de las partes intervinientes, así como el resguardo de los derechos de posibles terceros intervinientes es decir, la medida de Prohibición de Enajenar y Gravar, no sólo protege el derecho de los intervinientes sino también a los terceros intervinientes de buena fe ya que, nada lograría el actor si al final, aun teniendo una sentencia favorable, se vea en la necesidad de intentar nuevas acciones contra terceros adquirientes, que pretendan desconocer la medida impuesta, o que pretendan reclamar posibles gastos efectuados en beneficio del inmueble o en el peor de los casos ejercer acciones para lograr la recuperación de la posesión del inmueble, aun siendo casos hipotéticos, pueden sin embargo presentarse, con consecuencias y perjuicios económicos. Una vez explanado lo anterior, se evidencia que la propiedad del inmueble, recae en la demandada existiendo documento debidamente protocolizado, por lo cual existe un riesgo inminente en perjuicio de la parte actora, ya que existe la posibilidad cierta que el bien pase a nuevas manos, en caso de no contar con la nota marginal ante el respectivo Registro Público donde fue Protocolizada, de modo que haría imposible la ejecución de fallo en caso de comprobarse la demanda accionada en la pieza principal. Por lo cual se debe traer a colación la sentencia de fecha 10/10/2006 dictada por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en el expediente Nº 2006- 000296, ratificada en sentencia de fecha 18/11/2020 dictada en el expediente AA20-C-2018-000308, por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia del Magistrado Guillermo Blanco Vazquez, de la cual se extrae lo siguiente:“...El artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, denunciado como infringido, señala lo siguiente: “Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”. De conformidad con lo previsto en el precedente artículo, las medidas preventivas se decretarán cuando se verifique en forma concurrente los dos elementos esenciales para su procedencia, a saber: 1) La presunción grave del derecho que se reclama (“fumus boni iuris”); y, 2) El riesgo real y comprobable de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva (“periculum in mora”). Es indudable que el interesado en el decreto de la medida tiene la carga de proporcionar al tribunal las razones de hecho y de derecho de la pretensión, conjuntamente con las pruebas que la sustenten por lo menos en forma aparente, quedando el sentenciador impedido de suplir la carga de la parte de exponer y acreditar sus argumentos. Si faltan esos elementos de convicción de ambas circunstancias, debe imponerse el rechazo de la petición cautelar, por ausencia de los requisitos de procedibilidad exigidos en el referido artículo 585 del Código de Procedimiento Civil. En relación con el periculum in mora, Piero Calamandrei sostiene lo siguiente: ...En sede cautelar el juez debe en general establecer la certeza (en las diversas configuraciones concretas que estos extremos puedan asumir según la providencia solicitada) de la existencia del temor de un daño jurídico, esto es, de la existencia de un estado objetivo de peligro que haga aparecer como inminente la realización del daño derivable de la no satisfacción de un derecho. Las condiciones de la providencia cautelar podrían, pues, considerarse estas dos: 1ª la existencia de un derecho; 2ª el peligro en que este derecho se encuentra de no ser satisfecho. ...II) Por lo que se refiere a la investigación sobre el peligro, el conocimiento en vía cautelar puede dirigirse a conseguir, dentro del mismo procedimiento cautelar y antes de que se dicte la providencia principal, la certeza (juicio de verdad, no de simple verosimilitud) sobre la existencia de las condiciones de hecho que, si el derecho existiese, serían tales que harían verdaderamente temer el daño inherente a la no satisfacción del mismo. Sin embargo, como también una cognición completa y a fondo sobre el punto exclusivodel peligro podría exigir una dilación incompatible con la urgencia de la providencia, la declaración de certeza del peligro puede obtenerse de diversas maneras, correspondientes a las especiales finalidades asegurativas a que cada tipo de medida cautelar debe servir. a) En ciertos casos la declaración de certeza del peligro se realiza de un modo pleno y profundo, antes de la concesión de la medida cautelar: piénsese, por ejemplo, en el secuestro judicial previsto por el artículo 921 del Cód. (sic) de Proc. (sic) Civ., (sic) cuando, según nos enseña la jurisprudencia dominante, se solicita mediante citación en las formas del proceso ordinario; o también en el secuestro conservativo, en los casos en que el interesado, en lugar de utilizar el procedimiento especial del recurso, prefiera, y no está prohibido, pedirlo mediante citación. Aquí la concesión de la providencia cautelar se basa siempre en un juicio de probabilidades, por lo que se refiere a la existencia del derecho, pero en cuanto a la existencia del peligro, y en general a la existencia de todas las circunstancias que pueden servir para establecer la conveniencia de la cautela pedida, está basada sobre un juicio de verdad... b) Otras veces, la declaración de la certeza del peligro se realiza, dentro del procedimiento cautelar, en dos tiempos: conocimiento sumario en el primer tiempo, ordinario en el segundo... c) Finalmente, hay casos en los que, aún cuando la cognición sobre la acción cautelar tenga lugar en vía sumaria, no va seguida de una fase ulterior, en la que, antes e independientemente de la emanación de la providencia principal, se vuelve a examinar con cognición a fondo la existencia de los extremos de la medida cautelar...”. (Providencia Cautelares, Buenos Aires, 1984, págs. 78-81). (Negritas de). De igual forma, el autor Rafael Ortiz -Ortiz expresa: “...Doctrinariamente, tal vez, esto es a los efectos de la comunidad científica, podemos definir este requisito de la siguiente manera: Es la probabilidad potencial de peligro de que el contenido del dispositivo sentencial pueda quedar disminuido en su ámbito patrimonial, o de que una de las partes pueda causar una daño en los derechos de la otra, debido al retardo de los procesos jurisdiccionales, aunado a otras circunstancias provenientes de las partes con la consecuencia de quedar ineficaz la majestad de la justicia en su aspecto práctico. Este peligro –que bien puede denominarse peligro de infructuosidad del fallo- no se presume sino que debe manifestarse demanera probable o potencial, además de ser cierto y serio; en otras palabras, el Periculum in mora no se presume por la sola tardanza del proceso sino que debe probarse de manera sumaria, prueba esta que debe ser a lo menos una presunción grave, constituyendo esta presunción un contenido mínimo probatorio...”. (El Poder Cautelar General y las Medidas Innominadas, Caracas-2002, págs. 283 y 284). Por su parte, el autor Ricardo Henríquez señala: “…Fumus Periculum in mora.- La otra condición de procedibilidad inserida en este articulo bajo comento –sea, el peligro en el retardo- concierne a la presunción de existencia de las circunstancias de hecho que, si el derecho existiera, serían tales que harían verdaderamente temible el daño inherente a la no satisfacción del mismo. No establece la ley supuestos de peligro de daño, tipificados en varios ordinales, como ocurría en los supuestos de embargo y prohibición de enajenar y gravar del Código derogado. Esta condición de la medida ha quedado comprendida genéricamente en la frase cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituye presunción grave de esta circunstancia... El peligro en la mora tiene dos causas motivas: una constante y notoria que no necesita ser probada, cual es la inexcusable tardanza del juicio de conocimiento, el arco de tiempo que necesariamente transcurre desde la deducción de la demanda hasta la sentencia ejecutoriada; otra causa es los hechos del demandado para burlar o desmejorar la efectividad de la sentencia esperada. A este supuesto se refiere la presunción hominis exigida por este artículo en comento. (Código de Procedimiento Civil, Tomo IV, Caracas- 1995, págs. 299 y 300). La Sala acoge los criterios doctrinales y jurisprudenciales que anteceden, y en consecuencia considera que de acuerdo a la naturaleza de la cautelar solicitada, el sentenciador deberá apreciar, no sólo el hecho de la tardanza del juicio que no es imputable a las partes, sino todas aquellas circunstancias que pongan de manifiesto que en virtud de ese retardo, no podrá satisfacerse la pretensión del actor, lo que dicho con otras palabras significa que en cada caso el juez deberá ponderar si el demandado ha querido hacer nugatoria de cualquier forma la pretensión del accionante, valiéndose de la demora de la tramitación del juicio. De esta forma, el juez puedeestablecer si se han cumplido los extremos de acuerdo a la cautela solicitada, para lo cual deberá verificar que exista una presunción grave de un estado objetivo de peligro que haga aparecer como inminente la realización del daño derivado de la insatisfacción del derecho, para lo cual tiene amplia discrecionalidad. (Omissis) En consecuencia, para que proceda el decreto de la medida cautelar no solo debe evaluarse la apariencia de certeza o credibilidad del derecho invocado, sino que debe determinarse si de las argumentaciones y recaudos acompañados por el peticionario se deduce el peligro de infructuosidad de ese derecho, no solo en virtud del posible retardo de la actividad del juez, sino también de los hechos que pudieran resultar atribuibles a la parte contra cuyos bienes la que recae la medida, si así fuere alegado por el solicitante de la cautela, todo lo cual debe ser apreciado en conjunto, pues la sola demora del pronunciamiento sobre la pretensión constituye en sí mismo un hecho notorio y constante que no amerita prueba…”. (Resaltado de la Sala). De igual forma se debe dejar claro, y establecido que no compete al ámbito de las medidas cautelares la resolución del fondo de la controversia, sino como ya se dijo, lo que corresponde es asegurar la efectividad de la sentencia que se dicte en el juicio principal; por tanto, en la esfera cautelar el juez sólo está obligado a efectuar un juicio de mera probabilidad sobre la existencia del derecho reclamado y sobre el peligro de que quede ilusorio la ejecución del fallo, requisitos que en la doctrina se conocen como el fumus bonis iuris y periculum in mora. En este mismo orden y dirección este Juzgado Superior previo análisis del presente cuaderno de medidas, coincide en que existen los elementos necesarios para que sea decretada la Medida de Enajenar y Gravar ya que, se evidencia la existencia del fumus boni iuriso la apariencia del buen derecho que asiste al demandante alegandoqueel bien objeto de la litis fue adquirido durante la relación conyugal debiendo ser resuelta en la causa principal, de modo que puede existir riesgo a la afectación de los derechos e intereses de terceros interesados por cuanto existe un documento debidamente protocolizado ante el Registro Público del Municipio Tinaquillo, a favor de la ciudadana Nelly Mireya Zamora Arevalo,identificada en autos, de igual modo debe ser advertido que los requisitos exigidos en el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil para el decreto de la medida, obedecen a la protección de dos derechos Constitucionales en conflicto como son el derecho de acceso a la justicia y el derecho de propiedad, prevista en los artículos 49 y 115 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. De modo que la oposición a la medida debió estar dirigida a traer elementos probatorios, que pudieran modificar algunos de los extremos concurrentes exigidos por la Ley, como previamente se explicó y dado que con tal actuar no fue desvirtuado por parte de la demandada el fumus bonis iuris y el periculum in mora que conforman el decreto de la Medida Cautelar de Prohibición de Enajenar y Gravar. En este orden de ideas se hace necesario traer a colación lo establecido por la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en su decisión de fecha 22 de noviembre del año 2022, en el expediente Nº AA20-C-2022-000248 del cual se extrae lo siguiente: “…el encabezamiento del artículo 588 del Código de Procedimiento Civil señala, que las medidas cautelares pueden ser decretadas en cualquier estado y grado de la causa. Más adelante, dicho artículo establece en su parágrafo primero, que el tribunal podrá acordar "las providencias cautelares que considere adecuadas"(cautelares innominadas),cuando hubiere fundado temor de que "una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra".Esta última expresión sugiere la idea de la existencia de una demanda intentada y admitida, de un litigio en curso. La procedencia de las medidas cautelares innominadas, está determinada por los requisitos establecidos en los artículos 585 y 588, parágrafo primero del Código de Procedimiento Civil, que son los siguientes: 1) El riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo, es decir, elpericulum in moraque se manifiesta por la infructuosidad o la tardanza en la emisión de la providencia principal, según enseñaCalamandrei. Que tiene como causa constante y notoria, la tardanza del juicio de cognición, "el arco de tiempo que necesariamente transcurre desde la deducción de la demanda hasta la sentencia ejecutoriada", el retardo procesal que aleja la culminación del juicio. 2) La existencia de un medio probatorio que constituya presunción grave del derecho que se reclama y del riesgo definido en el requisito anterior. Elfumus boni iuriso presunción del buen derecho, supone un juicio de valor que haga presumir que la medida cautelar va a asegurar el resultado práctico de la ejecución o la eficacia del fallo. Vale decir, que se presuma la existencia del buen derecho que se busca proteger con la cautelar fumus boni iuris. 3) Por último, específicamente para el caso de las medidas cautelares innominadas, la existencia de un temor fundado acerca de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra. En relación con este último requisito milita la exigencia de que el riesgo sea manifiesto, esto es, patente o inminente.Periculum in damni. La medida cautelar innominada encuentra sustento en el temor manifiesto de que hechos del demandado causen al demandante lesiones graves o de difícil reparación y en esto consiste el“mayor riesgo” que, respecto de las medidas cautelares nominadas, plantea la medida cautelar innominada. Además, el solicitante de una medida cautelar innominada debe llevar al órgano judicial, elementos de juicio-siquiera presuntivos-sobre los elementos que la hagan procedente en cada caso concreto. Adicionalmente, es menester destacar, respecto del último de los requisitos(periculum in damni),que éste se constituye en el fundamento de la medida cautelar innominada, para que el tribunal pueda actuar, autorizando o prohibiendo la ejecución de determinados actos, y adoptar las providencias necesarias a los fines de evitar las lesiones que una de las partes pueda ocasionar a la otra...”.Sobre la base de las consideraciones anteriores y en estudio de las actuaciones procesales, la presente incidencia es sustanciada en el documento de compra venta suscrito entre los ciudadanos ORLANDO WILDER FERREIRA DE CAIRES, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-8.665.523 y NELLY MIREYA ZAMORA AREVALO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-6.932.366, en la cual el Tribunal A quo baso su sentencia Interlocutoria (Oposición a la Medida) de fecha 18 de diciembre de 2023, de modo que dicho documento establece la propiedad del inmueble debatido en la causa principal, sin embargo es importante dejar establecido que dicha propiedad fue transferida a la hoy demandada, pudiendo ser afectado los intereses de terceros en futuras negociaciones, que versen sobre el inmueble hoy objeto de la presente litis. Ahora bien, revisada como ha sido las medidas dictadas por el tribunal de instancia y analizada cada una de ellas, a los fines de resguardar la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que la causa principal ya se encuentra por notoriedad judicial en sentencia definitiva, Por lo que este tribunal en acatamiento a dicha norma, y en atención a la revisión de los alegatos presentados por las partes, así como la documentación presentada, considera que lo más ajustado en derecho, es declarar sin lugar la apelación sobre la sentencia interlocutoria que resolvió la oposición a las medidas decretadas, en fecha 06 de noviembre del 2023, por consiguiente, se ratifica la sentencia dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia Civil, Mercantil, Transito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, en fecha 18 de diciembre del 2023, en la que declarar sin lugar la oposición formulada por los apoderados judiciales de la apoderada de la parte demandada abogada Oñis Ayaris Farias, inscrita en el IPSSA N°63.352, es por lo que se ratifican las Medidas Dictadas en sentencia de fecha 6 de noviembre del 2023. Así se decide. IV DESICIÓN En consecuencia, este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO:Sin lugar la apelación sobre la sentencia interlocutoria que resolvió la oposición a las medidas decretadas, en fecha 06 de noviembre del 2023.SEGUNDO:Se ratifica la sentenciadictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia Civil, Mercantil, Transito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, en fecha 18 de diciembre del 2023, en la que declarar sin lugar la oposición formulada por los apoderados judiciales de la parte demandada abogada Olis Ayaris Farías, inscrita en el IPSSA N° 63.352, es por lo que se ratifican la Medida Ddictada en sentencia de fecha 6 de noviembre del 2023.TERCERO: Se Condena en costas a la parte accionante del presente recurso de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. CUARTO: Se acuerda notificar a las partes, por estar publicada fuera de lapso. Así se decide. - Publíquese, regístrese y cópiese. Remítase el expediente en su oportunidad al Tribunal de la causa. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, en San Carlos a los treinta (30) días del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024). Años: 213 de la Independencia y 163º de la Federación. Abg. Marvis María Navarro Jueza Provisoria La Secretaria Abg. Gloria Linarez En la misma fecha se publicó la anterior sentencia, siendo las tres y treinta de la tarde (03:30 p.m.). La Secretaria Abg. Gloria Linarez Sentencia: Interlocutoria Exp. Nº 1335