REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES San Carlos, 15 de abril del 2024 SENTENCIA Nº: 104 EXPEDIENTE Nº: 1333 JUEZA: Abg. Marvis María Navarro. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES: DEMANDANTE: JOSÉ DANIEL MORENO MARTÍNEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-20.270.399, de este domicilio. APODERADO JUDICIAL: JUAN CARLOS SILVA MALPICA y JULIO DANIEL CORDERO AGUILAR, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-6.973.455 y V-20.269.997 respectivamente, debidamente inscritos por ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 74.040 y 227.262, de este domicilio. DEMANDADOS: JOSÉ VICENTE MORENO PÉREZ y ANNA YRIS CAPEZZUTI DE MORENO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nros. V-4.100.372 y V-8.550.191, domiciliada en la Calle Páez, Casa Nº 4-89, San Carlos Estado Cojedes. APODERADO JUDICIAL: JUAN PAULO RODRÍGUEZ FLORES y EDGAR RAFAEL VERA BRAVO, venezolanos, mayores de edades, titulares de las cedulas de identidad Nros. V-6.881.771 y V-9.530.238 respectivamente, debidamente inscritos por ante el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros 41.714 y 212.150 respectivamente, de este domicilio. MOTIVO: DAÑOS MORALES SENTENCIA: INTERLOCUTORIA (incidencia) CAPITULO I DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA CAUSA Actuaciones del Superior: De conformidad con lo preceptuado en el artículo 243, ordinal 3 del Código de Procedimiento Civil se procede hacer una síntesis de la controversia: En fecha 12 de Enero de 2024, se recibió del Tribunal Segundo de Primera Instancia Civil, copias certificadas del expediente 6161, (nomenclatura de ese Tribunal). En fecha 12 de Enero de 2024, se dio por recibido el expediente signado con el Nº 6161 (Nomenclatura interna del Tribunal Segundo de Primera Instancia Civil), fue remitido a esta alzada por el referido juzgado, mediante oficio Nº 05-343-008-2024, se deja transcurrir cinco (5) días de despacho siguientes a este para que las partes soliciten la constitución de asociados.Mediante auto de fecha 19 de Enero de 2024, se deja constancia que venció el lapso para que las partes soliciten la constitución de asociados, en consecuencia el tribunal fijó diez (10) días de despacho siguientes, para la consignación de informes. En fecha 24 de Enero de 2024, se recibió escrito de informe presentado por el Ciudadano Edgar Rafael Vera Bravo, venezolano, titular de la cedula de identidad Nº 9.530.238, Abogado en ejercicio, inscrito en el IPSA bajo el Nº 212.150, actuando en su carácter de co-apoderado judicial de los ciudadanos José Vicente Moreno Pérez y Anna Yris Capezzuti De Moreno, venezolanos, titulares de las cedulas Nº V-4.100.372. V-8.550.191, respectivamente, en esta misma fecha se agrego a los autos. En fecha 01 de Febrero de 2024, se recibió escrito de informe presentado por del ciudadano Julio Daniel Cordero Aguilar, venezolano, titular de la cedula de identidad Nº V-20.269.977, abogado en ejercicio, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano José Daniel Moreno Martínez, venezolano, titular de la cédula de identidad Nº V-20.270.399. En esta misma fecha se agrego a los autos. Mediante auto en fecha 05 de febrero de 2024, se dejó constancia que venció el lapso para la consignación de informes, en consecuencia el Tribunal fijó lapso ocho (8) días de despacho siguientes a este, para que las partes inmersas en la presente controversia consignen las observaciones a los informes. En fecha 06 de Febrero de 2024, se recibió diligencia del abogado Edgar Vera, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandante, el cual solicitó copias simples de los folios 64 al 68 Vto, del presente expediente, en esta misma fecha se acordó lo solicitado y se agrego a los autos. En fecha 08 de Febrero de 2023, se recibió escrito de informe presentado por el abogado Edgar Rafael Vera Bravo, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandante. En esta misma se agrego a los autos. En fecha 14 de Febrero de 2024, se recibió diligencia suscrita por el abogado Julio Daniel Cordero Aguilar, apoderado judicial de la parte demandante, el cual solicito copias simples de los folios 65 al 72 y 82 al 85 del presente expediente. En esta misma fecha se acordaron las copias solicitadas y se agrego a los autos. En fecha 19 de Febrero de 2024, se recibió escrito de observaciones a los informes presentado por el abogado Julio Cordero, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandante. En esta misma fecha se agrego a los autos. Mediante auto en fecha 19 de Febrero de 2024, se deja constancia del vencimiento del lapso para la consignación de observaciones a los informes, haciendo uso del mismo la parte demandante. En consecuencia se dejó transcurrir el lapso de treinta (30) días continuos, para dictar la correspondiente sentencia.Mediante auto de fecha 18 de marzo de 2024, esta alzada solicita al Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, informe de manera inmediata si en el expediente Nº6161 existe otro auto de fecha 14 de noviembre del 2023, en el cual se efectuó el pronunciamiento en cuanto a los lapsos procesales, siendo el principal objeto de apelación. En esa misma fechase libro oficio Nº 041-2024. En fecha 20 de marzo de 2024, se recibe por ante esta alzada oficio Nº 05-343- 054-2024, emanado del Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, en la cual remite copias certificadas solicitadas mediante oficio Nº 041/2024. Siendo agregado en esa misma fecha. Mediante auto de fecha 21 de Marzo de 2024, por razones preferentes del tribunal y en virtud del cumulo de causas que se encuentran en trámite y en etapa de sentencia se difiere por una sola vez el pronunciamiento de la sentencia por un lapso de treinta (30) días siguientes a este. Mediante auto de fecha 18 de marzo de 2024, esta alzada solicita al Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, que remita el correspondiente cómputo desde el día 10 de octubre al 20 de noviembre del año 2023, de días de despacho y no despacho. Se libro oficio Nº 044-2024. Mediante auto de fecha 26 de marzo de 2024, se recibe por ante esta alzada oficio Nº 05-343-060-2024, emanado del Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, en la cual remite a esta superioridad el computo de días de despacho y no despacho, solicitados mediante oficio Nº 044/2024. II MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO Esta Alzada como órgano superior asume el conocimiento pleno de la controversia, y en tal sentido, tiene plena jurisdicción sobre el asunto apelado, lo que le permite descender a las actas procesales y revisar todo lo acontecido durante el desarrollo del item procesal. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en el ordinal 3° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, la controversia en el caso bajo análisis quedó planteada en los siguientes términos. Alegatos de la parte demandada en su escrito de apelación: “Omissis…“…Que es deber recordar que el texto constitucional en los artículos 26, 49 y 257, contempla la garantía a los justiciables, el debido proceso y la protección del sagrado derecho a la defensa, así tenemos, que mis representados dentro del lapso de promoción de pruebas, y de conformidad con lo establecido en el artículo 396 del Código de Procedimiento Civil presentaron el correspondiente escrito de promoción de pruebas, medio procesal este que puede presentarse en uno cualquiera de los quince (15) días siguientes al vencimiento del lapso del emplazamiento otorgados para la contestación de la demanda, tal y como lo establece el artículo 388 ejusdem, la cual fue consignada por secretaria en fecha 01/08/2023, y que consta en actas, específicamente en los folios 210 al 214 de la Pieza Principal del expediente 6161 nomenclatura particular del tribunal, y en auto de fecha 01 de Agosto del año 2023, y que corre inserto al Folio 215 de la misma Pieza, mediante el cual el tribunal deja expresa constancia de haber agregado el escrito de contestación de la demanda. Ahora bien, de acuerdo al cómputo de los días de despacho transcurridos desde el día 25 de Julio de 2023, fecha en la que dejo constancia de haberse recibido la comisión del tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Tinaquillo del estado Cojedes, el lapso para contestar venció el día 28 de Septiembre del año 2023, comenzando a partir del día siguiente, es decir, el día 29 de septiembre inclusive, el lapso para que las partes promovieran sus pruebas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 388 del Código de Procedimiento Civil; tal y como lo indica la sentencia, que se recurre, efectivamente transcurrieron en el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil del Tránsito y Bancario de esta misma Circunscripción, solo dos días de pruebas, es decir, el día 29/09/2023 y el día 02/10/2023, esto motivado a que la Jueza Hilsy Alcántara (Jueza Suplente del mencionado Tribunal Primero) se inhibió mediante auto expreso, el día 03/11, desprendiéndose así de seguir conociendo el juicio, por lo cual opero lo que se denomina en doctrina y jurisprudencia, una suspensión momentánea del juicio, Remitido como fue el expediente de este Juzgado Superior Segundo en fecha 09/10/2023, este Tribunal le dio entrada en fecha 10/10/2023, reanudándose la causa el día 11/10/2023, es decir, continuándose con el lapso de promoción de pruebas, el cual por disposición legal venció el día 07/11/2023; Es de hacer notar que solamente nuestros representados, y de acuerdo al cómputo real de los días de despacho para la promoción de pruebas antes señalados, lo hicieron en fecha 24/10/2023, siendo los únicos que promovieron pruebas dentro del lapso legal y no así la parte actora, todo esto en virtud de lo establecido en los artículos 396, 93 y 97 del Código de Procedimiento Civil, que establecen que ni la recusación ni la inhibición detendrán el curso de la causa, y que al día siguiente a aquel en que se reciban los autos por el Tribunal que debe conocer, continuará la causa su curso en el estado en que se encuentre, sin necesidad de providencia.- Que SEGUNDO: Ahora bien, en vista de reiteradas jurisprudencias del Tribunal Supremo de Justicia, que señalan que no hay suspensión de lapsos estando las partes a derecho, a menos que exista una causa de recusación o inhibición, alertamos al Tribunal sobre la Preclusión del lapso legal para LA PROMOCIÓN DE PRUEBAS en el presente juicio el cual termino el día 07/11/2023 por lo cual y en base a lo que expusimos anteriormente solicitamos a este operador de justicia se sirviera pronunciarse sobre LA ADMISIÓN DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS por nuestras representadas, las cuales fueron consignadas en físico en fecha 24 de Octubre de 2023.- En tal sentido a fin de ilustrar la presente incidencia, cito Jurisprudencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 14/04/2009, expediente Nº AA-20-C-2008-000621, con ponencia del magistrado Carlos Oberto Vélez… …Que Siempre que el juicio se encuentre paralizado o suspendido, vale decir que los litigantes no estén a derecho o cuando el abocamiento serealice una vez fenecido el lapso natural para dictar sentencia o su prórroga –supuestos que no se configuraron en el sub índice, cabe señalar, que aún para el caso que siendo necesaria dicha notificación, la misma se omita, la Sala ha establecido que para que la reposición proceda, es obligante que el interesado exprese el motivo que lo induciría a recusar al juez; de no ser así, ni esta Máxima Jurisdicción, o en su caso el ad-quem, deberá declarar procedente la reposición solicitada. Que al respecto, la Sala de decisión Nº 674, de fecha 21 de octubre de 2008, Expediente Nº 2008-00211, en el caso de Bertha Pinto de Bastardo contra Karin Jorge Kalaja Karacoch, con ponencia del Magistrado que con tal carácter suscribe la presente, estableció: …La doctrina invocada supra, estableció claramente cuando debe proceder el juez o jueza a notificar a las partes, en los casos de abocamiento y de conformidad con la preceptiva legal contenida en el artículo 90 de la Ley Adjetiva Civil, otorga el lapso de tres (3) días para que los litigantes tenga la oportunidad de ejercer contra ellos la recusación, garantizando de ésta manera el derecho a la defensa, requisito que de omitirse, daría lugar a que prosperara la reposición de la causa. Ahora bien, expresa la doctrina citada que para que ello se haga necesario debe encontrarse la causa paralizada, en razón de que en tales situaciones las partes no se encuentran a derecho y de manera novedosa, consagra que a fin de que la reposición proceda, se hará necesario que el interesado exprese el motivo que lo induciría a recusar al juez; de no ser así, ni esta Máxima Jurisdicción, o en su caso el ad-quem, deberá declarar procedente la reposición solicitada… Que TERCERO: Habiendo señalado lo anterior, y en evidente contradicción a la ya reiterada Doctrina de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en fecha 14 de Noviembre del año 2023, el Tribunal dicta un auto, en el cual se pronuncia sobre el lapso para la promoción de las pruebas mediante el cual, hacer sus consideraciones indicando que para esa fecha 14/11/2023, había transcurrido trece (13) días de los quince (15), siendo que entonces dicho lapso de promoción de pruebas, vencería el día 16/11/2023, desconociendo con esto, no solo el contenido en las actas del expediente, tal y como se expresa en el particular primero de este escrito, sino lo contenido en los artículos 396, 93 y 97 del Código de Procedimiento Civil, dándole con esto, validez a las pruebas presentadas en forma extemporánea de la parte actora. Es por todo lo antes expuesto que APELO el auto de fecha 14 de Noviembre del año 2023, ya que en el mismo se constata que el Tribunal ERRÓ en el cómputo de los días de Despacho transcurridos para la promoción de las pruebas, en franca violación del Principio de Preclusión de los Lapsos Procesales, Principio en virtud del cual, transcurrido el plazo o pasado el término señalado para la realización de un acto procesal de parte, se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate; Dicho dictamen CAUSA UN GRAVAMEN IRREPARABLE, por colocarlos en una desventaja procesal que beneficia a la parte actora, en perjuicio de mis representados… (Negrita y subrayado del apelante). III CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Quedando planteado el problema, pasa esta Juzgadora a realizar las siguientes observaciones. En la oportunidad de presentar los informes, la Parte demandada, expresó lo siguiente:“…Omissis… …Que ahora bien, a fin de hacer un resumen que motiva la presente apelación procedo a hacerlo en los siguientes términos: en fecha 25 de julio de 2023, fue recibida en el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, expediente 11.731, la comisión del Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Tinaquillo del estado Cojedes, mediante la cual se dejaba constancia de la efectiva Citación efectuada mis representados, comenzándose a contar a partir del día siguiente, es decir, del día 26 de septiembre de 2023, el lapso de los veinte (20) días de despacho, para dar contestación a la demanda en uno cualquiera de esos; en fecha 01 de agosto de 2023, estando dentro de la oportunidad para que mis representados dieran contestación a la demanda, estos presentaron formal contestación de conformidad con lo establecido en los articulo 358, 359, 360 y 361 del Código de Procedimiento Civil; contando en Auto de esa misma fecha 01 de agosto de 2023, donde el Tribunal de la causa deja constancia que el escrito de contestación de la demanda fue agregado al expediente.- Que en fecha 28 de septiembre de 2023, venció el lapso de los veinte (20) días para dar contestación a la demanda, comenzando el día 29 de septiembre de 2023, ha transcurrido los quince (15) días del lapso de promoción de pruebas, de conformidad con lo establecido en los artículos 388 y 396 del Código de Procedimiento Civil; Ahora bien ciudadana Juez, de este lapso de Promoción antes señalado, solo transcurrieron en el Tribunal Primero arriba indicado, solo dos (2) días, es decir, el día 29/09/2023 y el día 02/10/2023, motivado a la INHIBICIÓN de la Juez del Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil, Ciudadana HILSY ALCANTARA; en fecha 03/10/2023, ocurre lo que se denomina en doctrina, la suspensión momentánea de la causa , es decir, la causa se suspende momentáneamente fin de dejar transcurrir el lapso de allanamiento establecido en el artículo 84 del Código de Procedimiento Civil, cuestión esta que por supuesto no fue manifestada, por lo cual la juez inhibida debía desprenderse de seguir conociendo la causa, no pudiendo realizarse ninguna actuación en el expediente ni por las partes ni por el Tribunal hasta tanto fuera remitido el expediente al tribunal que debía seguir conociendo de la causa, es decir, no pueden contarse los días que dure el expediente en el Tribunal de origen desde la fecha de inhibición hasta el día en que llegue al tribunal de destino, a saber, 03/10/2023, 04/10/2023, 05/10/2023, 06/10/2023, y 09/10/2023. Que el expediente en cuestión fue remitido por el Tribunal primigenio al Tribunal Segundo de Primera Instancia y Mercantil de esta Circunscripción judicial en fecha 09 de octubre de 2023, por lo cual no deben contarse los días que transcurrieron en el Tribunal inhibido desde que ocurre la inhibición hasta que llegue el expediente al Tribunal que deba seguir conociendo la causa, es decir, no se cuenta los días ya mencionados a saber: 03/10/2023. 04/10/2023, 05/10/2023, 06/10/2023, y 09/10/2023, el expediente fue debidamente recibido y agregado por el Tribunal que debía conocer de la causa, es decir, Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil, en fecha 10 de octubre de 2023, es decir, que el lapso de promoción de pruebas continua a partir del 11 de octubre de 2023, venciéndose dicho lapso de promoción de pruebas el día 07 de noviembre de 2023 inclusive, en resumen, días de promoción transcurridos en el tribunal inhibido, dos (2), a saber: 29/09/2023 y 02/10/2023, días de promoción de pruebas transcurridos en el Tribunal Segundo de Primera Instancia Civil y Mercantil, trece (13), a saber: 11/10/2023, 16/10/2023, 17/10/2023, 18/10/2023, 19/10/2023, 23/10/2023, 24/10/2023, 30/10/2023, 31/10/2023, 01/11/2023, 02/11/2023, 06/11/2023 y 07/11/2023.Que habiendo señalado lo anterior, y en evidente contradicción a la reiterada Doctrina de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, el Tribunal de la causa en fecha 14 de noviembre del año 2023, dicta el auto apelado objeto del presente recurso, en el cual se pronuncia sobre el lapso para la promoción de las pruebas mediante el cual, al hacer sus consideraciones indica que para esa fecha 14/11/2023, habían transcurrido trece (13) días de los quince (15) de promoción, desconociendo con esto, no solo lo contenido en las actas del expediente, tal y como se expresa en este escrito, sino lo contenido en los artículos 396, 93 y 97 del Código de Procedimiento Civil, dándole con esto, validez a las pruebas presentadas en forma extemporáneas de la parte actora.- Lo que sí está claro y es totalmente cierto es que para la fecha de consignación del escrito de pruebas por parte del demandante, ya habían transcurrido más de los 15 días concedidos por la norma adjetiva para la promoción de pruebas, es decir, que al primer día hábil luego de que el tribunal de la causa recibió el expediente del Tribunal inhibido y en base a la justa interpretación y acatamiento de las reiteradas sentencias de la Sala de casación social del Tribunal Supremo de Justicia, la parte actora pudo muy bien haber presentado sus escritos de pruebas una vez comenzado a dar despacho el Tribunal, ya que todas las partes nos encontrábamos a derecho.- Que es de hacer notar que solamente nuestro representados, y de acuerdo al cómputo real de los días de despacho para la promoción de pruebas antes señalados, lo hicieron en fecha 24/10/2023, siendo los únicos que promovieron pruebas dentro del lapso legal y no así de la parte actora, todo esto en virtud de lo establecido en los artículos 396, 93 y 97 del Código de Procedimiento Civil, que establecen que ni la recusación ni la inhibición detendrán el curso de la causa, y que al día siguiente a aquel en que se reciban los autos por el Tribunal que deba conocer, continuara la causa su curso en el estado en que se encuentre, sin necesidad de providencia. Que ahora bien, en vista a reiteradas jurisprudencias del Tribunal Supremo de Justicia, que señalan que no hay suspensión de lapsos estando las partes a derecho, a menos que exista una causa de recusación o inhibición, alertamos al Tribunal sobre la preclusión del lapso legal para LA PROMOCIÓN DE PRUEBAS en el presente juicio el cual terminó el día 07/11/2023 por lo cual y en base a lo expuesto anteriormente solicité a este operador de justicia se sirviera pronunciarse sobre la ADMISIÓN DE LAS PRUEBAS PROMOVIDAS por mis representados, las cuales fueron consignadas en físico en fecha 24 de octubre de 2023. Que en tal sentido a fin de ilustrar la presente incidencia, cito jurisprudencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 14/04/2009, expediente Nº AA-20-C-2008-000621, con ponencia del magistrado Carlos Oberto Vélez, la cual dice… “En cuanto al trámite procesal que debe seguirse cuando se planteen incidencias de recusación o inhibición y como debe entenderse la temporal suspensión -que no paralización- que ello produce, la Sala de decisión Nº 565, de fecha 24 de septiembre de 2003, Exp. Nº 02- 244, en el caso de Construcciones y Mantenimientos S y P, C.A., contra Rasacaven, S.A... … Que a partir de ese día inclusive se produjo la suspensión momentánea o interina de la causa -no su paralización- (mientras tanto se verifico el lapso de allanamiento y de transferencia del expediente) la cual duro hasta el 30 de los mismo mes y año (inclusive), oportunidad en la cual el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la preindicada Circunscripción Judicial, mediante pronunciamiento expreso recibió el expediente, reanudándose el curso del juicio al día siguiente en el estado en la cual se encontraba, sin necesidad de providencia, pues el proceso civil venezolano está regido por el principio de orden consecutivo legal con fases de preclusión y, de acuerdo con losartículos 93 y 97 del Código Adjetivo Civil, las Inhibiciones y recusaciones no detienen el curso de la causa. Que asimismo, del anterior recuento de las actuaciones procesales que cursan insertan en el expediente se desprenden que concluida dicha suspensión, la demanda, obteniéndose de realizar algún acto de procedimiento, compareció en fecha 9 de diciembre de 2004 alegando incertidumbre en cuanto al cómputo de los lapsos procesales y el 12 de enero de 2005 para solicitar el abocamiento del nuevo juez al conocimiento de la causa, el cual se produjo el 20 de los mismos mes y año; cabe señalar que, la preindicada solicitud de pronunciamiento sobre el alegato de duda en cuanto a los días de despacho transcurridos y la solicitud de cómputo en modo alguno suspendieron ni paralizaron la causa. Igualmente, se evidencia que durante el iter procedimental la demandada no consignó escrito de contestación a la demanda, así como tampoco de promoción de pruebas. Que por tanto, no es cierto lo afirmado por el recurrente, cuando señala “…la situación planteada pone de manifiesto la subversión procesal acaecida en el presente caso, toda vez que ante una inhibición no se pasaron de inmediato los autos, para que otro tribunal conociera de la causa y se abocara al conocimiento del asunto, sino que el expediente se remitió 10 días después y el abocamiento se produjo a mucho mas de dos meses de producida la inhibición. Con el anterior alegato, pareciera que se pretende confundir a la sala pues, como ya se demostró no hubo retardo procesal en el trámite de la incidencia de recusación; luego, se remitió el expediente, el cual, una vez recibido, la causa al día siguiente continuó su curso sin que fuera necesario el abocamiento de un nuevo juez, toda vez que el tribunal se encontraba a cargo de la jueza temporal abogada Thais Elena Font Acuña y, fue posteriormente, vale decir, estando igualmente en curso de juicio, cuando se incorporo un nuevo juez al tribunal y se aboco a la causa. …Que siendo que, como ya se evidenció, en ningún momento estuvo paralizado el proceso, por tanto estando los intervinientes en la controversia a Derecho no era necesario, contrario a lo afirmado por el formalizante, notificar al demandante de dicho abocamiento. La sala ha señalado, como infra se demuestra, que cuando suceda el abocamiento de nuevo juez o jueza al conocimiento de la causa, es necesario notificar de ello a las partes, siempre que el juicio se encuentre paralizado o suspendido, vale decir que los litigantes no estén a derecho o cuando el abocamiento se realice una vez fenecido el lapso natural para dictar sentencia o su prorroga supuesto que no se configuraron en el sub iudice, cabe señalar, que aún para el caso que siendo necesaria dicha notificación, la misma se omita, la sala ha establecido que para que la reposición proceda, es obligante que el interesado exprese el motivo que lo inducirá a recusar al juez; de no ser así, ni esta máxima jurisdicción, o en su caso el ad-quem, deberá declarar procedente la reposición solicitada. Al respecto, la sala en decisión Nº674, de fecha 21 de octubre de 2008, expediente Nº2008-00211, en el caso de Bertha Pinto de Bastardo contra Karin Jorge Kalaja Karacoch, con ponencia del magistrado... …Que ciudadana juez, las pruebas presentadas por la parte actora fueron presentadas en forma extemporánea por tardía, y en clara contradicción, por parte del tribunal de la causa de la sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 14/04/2009, expediente Nº AA-20-C-2008-000621, con ponencia del magistrado Carlos Oberto Vélez, que ratifica la sentencia de la Sala en decisión Nº 565, de fecha 24 de septiembre de 2003, Exp. Nº 02-244, en el caso de construcciones y mantenimientos S y P, C.A, contra Rasacaven, S.A, que estableció el trámite procesal que debe seguirse cuando se planteen incidencias de recusación o inhibición y como debe entenderse la temporal suspensión que no paralización que ello produce. Que ciudadana juez tal y como se ha señalado, al día de despacho siguiente al termino del lapso para la contestación de la demanda, la cualocurrió en fecha 28 de septiembre de 2023, comienza el lapso para la promoción de pruebas por las partes, tal y como lo señala el artículo 388 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que quedara abierto el juicio a pruebas, sin necesidad de decreto o providencia del juez, es así ciudadana juez que mis representados consignaron dentro del lapso legal, en fecha 24 de octubre del año 2023, dicho escrito, lo cual consta en auto que corre inserto al folio 230. Que la parte actora en forma extemporánea presenta escrito de promoción de pruebas, el día 13 de noviembre de 2023, evidenciándose que desde la llegada del expediente del tribunal INHIBIDO, donde ya habían transcurrido dos (2) días del lapso de promoción de pruebas, es decir en fecha 09/10/2023 y agregando mediante auto de fecha 10/10/2023, hasta el día 13 de noviembre de 2023, ya habían transcurrido dieciocho (18) días de despacho. Es de hacer notar, que nuestras representadas hicieron la respectiva advertencia al tribunal de la causa a fin de que este se pronunciara sobre la preclusión del lapso para la promoción de las pruebas, en base a la aplicación del principio del orden consecutivo legal con fase de preclusión, todo lo cual consta en actas del expediente, haciendo referencia a la sentencia reiterada del Tribunal Supremo de Justicia, Sala de Casación Civil, ya mencionada, pues en este caso tiene plena vigencia el principio de que las partes se encuentran a derecho, consagrado en el artículo 26 del Código de Procedimiento Civil, y por ello se presume, antes que la causa quede en suspenso y se desactive este principio, que los litigantes están enterados de lo que acontece en los autos”. Que es oportuno indicar que no le está dado al juez suspender la causa salvo por los motivos que la propia ley se lo permita, que en el caso particular, de acuerdo a los supuestos de hechos ya analizado, no puede hacerlo, salvo la suspensión momentánea a la cual hice referencia anteriormente por motivos de la INHIBICIÓN y con base la jurisprudencia señalada y tampoco se evidencia de la lectura del auto dictado en fecha 16 de octubre de 2023 que el tribunal haya ordenado suspender la causa, ya que como indique no le está dado al juez ordenar suspensión de causa alguna y mucho menos cuando las partes nos encontrábamos a derecho y sabíamos que transcurría el lapso de promoción de pruebas, Ahora bien, el tribunal de la causa mediante el referido auto de fecha 16/10/2023, señala que a los fines de darle continuidad a la causa al estado en que se encuentra, ordeno solicitar al Tribunal remitente o inhibido, la relación de computo de los días de despacho transcurridos en dicho Tribunal remitente desde el día 11/10/2022 en que se le dio entrada a la presente causa, hasta el día 09/10/2023 ambos inclusive, y dándole entrada el Tribunal de destino en fecha 10/10/2023 a la presente causa, lo cual no significa ni debe interpretarse como una suspensión o paralización de la causa, ya que artículo 97 del Código de Procedimiento Civil es claro al expresar que es al día siguiente a aquel en que se reciban los autos por el tribunal que deba conocer, que debe continuarse la causa en el estado en que se encuentra, y tal y como he venido señalando la etapa procesal en curso era la promoción de pruebas y las partes estábamos a derecho, no pudiendo el juez de la causa, al solicitar el computo de los días de despacho transcurridos en el tribunal remitente, pretender de hecho, suspender o extender el lapso de promoción de pruebas que venía transcurriendo en el tribunal remitente y que debía continuar inexorablemente en el tribunal que conoce hoy de la causa, en franca contradicción de la Doctrina ya señalada y errónea interpretación de la norma contenida en el articulo 97 ejusdem, ya que repito, la parte actora pudo muy bien haber presentado sus escrito de pruebas una vez comenzado a dar despacho el tribunal de la causa, ya que todas las partes nos encontrábamos a derecho y sabíamos que lo acontecía en el expediente.Que en el auto apelado el tribunal de la causa expone entre otras cosas y cito…” Ahora bien, establecido lo anterior, pasa este tribunal a analizar si conforme a lo dicho por la representación judicial de la parte demandada, hubo alguna subversión del proceso al haber este tribunal suspendido la causa en el lapso de promoción de pruebas… Ciudadana juez, tal y como lo señale anteriormente, no puede el juez sin más ni más ordenar la suspensión de la causa, primero porque las partes nos en encontrábamos a derecho y sabíamos lo que acontecía en el expediente, ya que el lapso de promoción de pruebas estaba en plena vigencia y se había iniciado en el tribunal remitente, segundo no le está dado al juez ordenar la suspensión de la causa salvo como ya se indicó cuando la misma ley lo permita y tercero, no consta en el mencionado auto de fecha 16 de octubre de 2023 al cual hace referencia el auto apelado que se haya ordenado la suspensión de la causa, solo consta la solicitud al tribunal remitente del computo de los días de despacho transcurridos en el mismo. (Negrita y subrayado del demandado de autos)… Omissis…” Alegatos de la parte demandante en su escrito de informe: …Que ciudadana Juez Superior, el presente recurso de apelación planteado por la parte demandada y recurrente de autos versa sobre la preclusión del lapso de promoción de pruebas en la causa signada bajo el Nro: 6161, que cursa por ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, fundamentando su pretensión en lo que establece el artículo 93 del Código de Procedimiento Civil vigente… …Que tratándose el presente caso precisamente de una inhibición que planteara la Juez originaria de la causa, Dra. Hilsy Alcántara, la cual se produce justamente en el discurrir del lapso de promoción de las pruebas, hubo de hecho una ruptura de la estadía a derecho de las partes por cuanto, como bien lo explana el A Quo en el fallo que aquí se recurre en fecha 03 de octubre del año 2023 la prenombrada Juez se inhibe para seguir conociendo de la causa. Que consecuencialmente en fecha 10 de octubre del año 2023 el expediente es recibido por el Tribunal Segundo de Primera Instancia Civil, sin embargo el expediente fue remitido a ese Despacho sin el computo correspondiente a los días de despacho transcurridos para el conocimiento y certeza pertinente que debe tener el nuevo Juez en cuanto a la fase de promoción de pruebas, es por cuanto en fecha 16 de octubre de 2023 oficia al Tribunal remitente para que este envié los cómputos de días de despacho para determinar el lapso transcurrido en la causa y el estado en que se encuentra, a los fines de salvaguardar el derecho a la defensa y el debido proceso Que en fecha 01 de noviembre del año 2023 una vez recibido los cómputos solicitados, el Tribunal Segundo mediante auto reanuda la causa, dejando sentado y claro hasta esa fecha habían transcurrido un total de doce (12) días de despacho y además destacando y claramente (el Juez como director del proceso) no se encontraba en conocimiento de los días de despachos transcurridos en la fase de promoción de pruebas, por lo cual había una incertidumbre total, en la cual se aferra la parte recurrente para pretender dejar a quien demanda sin pruebas basándose a rajatablas en lo que establece el artículo ut supra señalado sin tomar en cuenta lo que sentencio el juez de la causa en el fallo del recorrido e ignorado además la supremacía constitucional y con base a este el control difuso que puede aplicar todo juez de la república dentro de sus competencias cuando en cualquier caso concreto se vea afectada cualquier garantía constitucional, como lo es el caso de marras. Que en este mismo orden de ideas y enunciada de una manera sucinta y clara la situación que se presento en la causa de instancia y quedesemboco en la sentencia interlocutoria que la parte demandada y recurrente ataca mediante el presente recurso de apelación, conforme lo que se adujo anteriormente es evidente a todas luces que el A-quo, actuó dentro de sus competencias y siempre en vista a la supremacía de la constitución por encima de cualquier disposición que transgreda las garantías establecidas en nuestra carta magna, en este aspecto es importante citar lo que establece el artículo 334. …Que dicha norma constitucional, es clara y diáfana al imponer a todos los jueces de la república la protección que deben hacer dentro del uso de sus facultades y competencia de la constitución nacional, resolviendo en las causas que tengan a su conocimiento las situaciones que se generen en donde haya un conflicto entre una ley que para el caso en concreto atente contra lo plasmado en la constitución... …Que pilares en los cuales reposan los principios de tutela judicial efectiva, debido proceso y derecho a la defensa del cual deben ser garantes todos los jueces de la república, haciéndolos prevalecer tal y como se esbozado anteriormente, sobre cualquier disposición legal y sublegal que atente contra esto por cuanto es la constitución la que debe imponerse y así deben garantizarlo los jueces, lo cual sin ninguna duda fue lo que ejecuto el A Quo, aplico la constitución por encima de los mandamientos de leyes que están por debajo de la misma, hizo uso del control difuso de la constitucionalidad. Que en este aspecto, tal como señale antes el articulo 334 faculta y ordena a todos los jueces a resguardar la constitución por encima de cualquier norma y ley, aplicando la supremacía constitucional ante los casos concretos donde colida una norma con nuestra carta magna …Que en criterio de nuestro máximo Tribunal el poder que tienen todos los jueces, pero más allá de eso, la obligación de velar por la supremacía constitucional, apartándose de las normas que en los casos concretos colidan con la carta fundamental y vulnere los derechos y garantía que esta recoge dentro de su texto, tal actuación fue la que ejecuto el A Quo al momento de dictar la sentencia que la parte demandada y recurrente de autos apela en el presente recurso, pues no podía aplicar lo que establece el artículo 93 del Código de Procedimiento Civil, cuando ni siquiera el mismo como Juez y rector del proceso estaba en conocimiento de la fase en la que se encontraba la causa mucho menos los días de despacho transcurridos, necesariamente debía solicitar el computo de los mismos al Tribunal remitente, manteniendo mientras tanto la causa en suspenso, de no hacerlo así notoriamente habría un quebrantamiento a la tutela judicial efectiva, debido proceso y derecho a la defensa, generando un desorden procesal, aunado a esto vale señalar que la parte recurrente de autos explana que esta situación le genera un gravamen irreparable, ciudadana Juez Superior, a todo evento las pruebas promovidas en el juicio primigenio por esta representación judicial se tratan de documentales que son copias certificadas de sentencias y otras actuaciones judiciales, las cuales son de carácter público y pueden ser presentadas inclusive hasta en la oportunidad de informes, tal y como lo estipula el articulo 435 ibídem, de dicha probanzas se desprende y prueba lo alegado e invocado en el escrito libelar, por lo cual no hay ningún gravamen que se le cause a la parte demandada y recurrente pues indistintamente al resultado del presente recurso los medios de pruebas son admisible en todo estado y grado de la causa. En la oportunidad de presentar observaciones a los informes, la Parte demandada, expresó lo siguiente: …Que la parte actora en su escrito de informes reconoce que el presente recurso de apelación versa sobre la preclusión del lapso de promoción de pruebas en la causa seguida por el A QUO , y perfectamente trae a colación la norma jurídica que fundamente que la inhibición ni la recusacióndetienen el curso normal de la causa, así mismo reconoce, por cuanto a las partes estamos a derecho, que en fecha 03 de octubre la Juez originaria de la causa Dra Hilsy Alcántara, se inhibe, y expone que esta inhibición se produce justamente en el discurrir del lapso de promoción de pruebas, es decir, la parte actora se contradice cuando expone más adelante que hubo una ruptura de la estadía a derecho, pero al mismo tiempo señala que reconoce que la inhibición se produce estando en conocimiento de que estaba transcurriendo el lapso de promoción de pruebas y que eso significo la ruptura de la estadía a derecho; Más adelante señala que en fecha 10 de octubre fue recibido por el Juez que hoy conoce de la causa, el expediente, pero que el mismo fue remitido sin el computo correspondiente a los días de despacho transcurridos para el conocimiento y certeza pertinente que debe tener el Juez, ahora bien, habría que preguntarse si acaso los jueces son los que deben indicar a las partes como deben computarse los lapsos procesales o es deber de las partes en el proceso estar pendientes de los mismos y sacar sus cómputos, tal y como debe ser, y precisamente en el presente caso tal y como lo indica la norma adjetiva procesal civil en su artículo 93, la inhibición ni la recusación detendrá el curso de la causa, Mas adelante cita el auto de fecha 16 de octubre de 2023 dictado por el Aquo, mediante el cual este solicita el computo de los días de despacho transcurridos en el tribunal remitente y señala que el Juez no se encontraba en conocimiento de los días de despacho transcurridos en la fase de promoción de pruebas, lo que ha de entenderse entonces es que la parte actora si estaba en pleno conocimiento de la fase procesal que ocurría, es decir, el lapso de promoción de pruebas y pudo entonces una vez que el expediente llego y se le dio entrada al Tribunal que hoy conoce, consignar sus escritos de pruebas, sin tener que esperar el computo solicitado, ya que como indique, la parte actora tenia pleno conocimiento de lo que ocurría y está ocurriendo en el expediente. Así entonces ciudadana Juez Superior, la presente apelación se trata como efectivamente si lo señala la parte actora en su escrito de informes, SOBRE LA EXTEMPORANEIDAD EN LA PRESENTACIÓN DEL ESCRITO DE PROMOCIÓN DE PRUEBAS POR PARTE DEL DEMANDANTE-ACTOR, y no sobre otra cosa, ya que como se ha indicado, la inhibición de la juez que conoció del presente asunto (Juez HILSY ALCANTARA), solo suspendió momentáneamente el lapso que transcurría es decir, el lapso de promoción de pruebas, y solo por motivo de que dicha juez inhibida ya no podía seguir conociendo de la causa, ni las partes podíamos realizar ningún acto en el expediente, mientras transcurría el lapso para un eventual allanamiento de la juez inhibida y se remitiera del expediente al tribunal que debía seguir conociendo, lo cual ocurrió y es lo que hoy se solicita, es decir, que este Tribunal establezca en forma cierta y clara, que los lapsos deben seguir corriendo en el tribunal remitido independientemente de si constaban o no los cómputos, ya que de acuerdo a la norma y a la jurisprudencia la causa no se detiene, siendo esta una particularidad del proceso civil, que establece la preclusión de los lapsos, una vez que las partes se encuentran a derecho, es decir, que una vez que el tribunal de origen le da entrega al expediente y comienza a dar despacho, deben ser computados todos los días para todos los efectos legales, y no desde que conste los cómputos, ya que esto lo realiza el tribunal a quo una vez que conste y verifique si las partes han cumplido con su derecho de actuar en el expediente y en el caso concreto era consignar los escritos de pruebas; Ciudadana Juez, en el presente asunto las partes NOS ENCONTRAMOS A DERECHO, y nunca se ha dado paralización, mucho menos ruptura ni de la causa, ni de la estadía a derecho, siendo que solo hubo SUSPENSIÓN MOMENTÁNEA, por motivo de la inhibición, que inicio a partir del día 03 de octubre de 2023, hasta el día 10 de octubre de 2023 ambos inclusive, pero que al día siguiente al recibo del expediente, es decir el día 11 de octubre de 2023, comenzaron nuevamente a correr los lapsos para la promoción de pruebas, y no con erróneamente lo indica el aquo en el Auto dictado, en fecha 14 de noviembre del año 2023; en tal sentido a fin de ilustrar la presenteincidencia, cito jurisprudencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 14/04/2009, expediente NºAA-20-C-2008- 000621, con ponencia del magistrado Carlos Oberto Vélez. … Que ciudadana juez, la sentencia citada, encuadra perfectamente en el presente caso, por cuanto la parte actora tenía conocimiento de todo lo que ocurría en el expediente, incluido los días de despacho transcurridos en el tribunal inhibido y en el tribunal que hoy conoce de la causa, ya que señala que ciertamente cuando ocurrió la inhibición de la juez, nos encontrábamos en el lapso de promoción de pruebas tal y como lo expresa en su escrito de informes capítulo I vuelto del folio 74 y cito: ahora bien tratándose en el presente caso precisamente de una inhibición que planteara la juez originaria de la causa, Dra Hilsy Alcántara, la cual se produce justamente en el discurrir del lapso de promoción de pruebas.. Que establecido como ha quedado asentado en la ya tantas veces citada jurisprudencia de la sala de casación civil del tribunal supremo de justicia que no hay suspensión de los lapsos procesales, cuando se inhibe un juez y otro pasa a conocer la causa, a menos que contra este ultimo hay causal de recusación, lo cual no ocurrió en el presente caso, de manera que, al no alegar la parte actora ninguna causa de recusación respecto al nuevo juez hoy conoce, perfectamente podía presentar sus escritos de promoción de pruebas, a partir del día siguiente de recibido el expediente, es decir el día 11 de octubre de 2023. Que en base a esta sentencia, la cual es vinculante para todos los procesos, el demandante o parte actora en este proceso tuvo la oportunidad de presentar su escrito de promoción de pruebas por ante el tribunal de la causa, es decir, por ante el Tribunal Segundo De Primera Instancia En Lo Civil, Mercantil Transito Y Bancario De La Circunscripción Judicial Del Estado Cojedes, una vez recibido el expediente, es decir, a partir del día 11 de octubre de 2023, cuando continuaron corriendo los lapsos y no lo hizo, si no que lo presento en forma totalmente extemporánea por tardía el día 13 de noviembre de 2023. Que en consecuencia de lo anterior es totalmente falso, tal como en forma confusa pretende hacer ver la parte actora y trata de confundir a este tribunal, cuando señala que hay una incertidumbre total en cuanto a la fase que transcurría al momento de la inhibición, cuando el mismo señala que la misma ocurrió cuando precisamente nos encontrábamos en el discurrir del lapso de promoción de pruebas, tal como lo cité anteriormente, indicando del mismo modo que lo que se pretende es dejar a quien demanda sin pruebas y señalando que el basamento legal, es decir, el artículo 93 del Código de Procedimiento Civil, es un basamento a rajatablas, queriendo decir, de acuerdo al significado de esta palabra, según el diccionario de la real academia española, que se aplico estrictamente y demás que no tomamos en cuenta lo que sentencio el aquo; precisamente Ciudadana Juez, de esto se trata el presente recuro, por no estar de acuerdo en lo dictaminado por el Juez de la causa y en estricto apego a la norma, o acaso no es ese EL DEBER SER. Ciudadana Juez, lo único cierto, es que las partes nos encontrábamos a derecho, ya que estábamos en plena etapa de promoción de pruebas, y como ya he señalado en reiteradas oportunidades, la inhibición en comento no suspendió el curso de la causa la cual continuo su curso normal, a partir del recibo del expediente por el Tribunal Segundo Civil y Mercantil, es decir, el mismo día 10/10/2023 o en su defecto al día siguiente, es decir, a partir del día 11 de octubre de 2023. Que igualmente consideramos importante señalar, que en su escrito de informes, la parte actora, señala, que los jueces tiene la obligación de velar por la supremacía constitucional, apartándose de las normas que en los casos concretos colidan con la carta fundamental y vulnere los derechos y garantías que esta acoge, indicando que el juez de la causa no podía aplicar lo que establece el artículo 93 de la ley adjetiva procesal civil, en evidente contradicción con los mismos artículos que señala de la carta magna, a saber artículo 26, 49 y 257, lo cuales a mi entender no han sidoviolados, sino más bien ratifican no solo los derechos de acceso a la justicia, que hemos tenido las partes en el proceso que hoy cursa, sino al debido proceso que debe cumplirse, y en el presente caso precisamente y en apego a los artículos citados por el actor, debe aplicarse no solo lo que indica el articulo 93 ejusdem, sino la jurisprudencia vinculante de nuestro máximo tribunal; ahora bien, el presente caso no se trata de uno que colida con la carta fundamental tal y como lo quiere hacer ver la parte actora, sino de una correcta aplicación del contenido del artículo 93 y de la Jurisprudencia patria. Que es necesario reiterar que el A Quo ERRÓ en el cómputo de los días de Despacho transcurridos para la Promoción de las pruebas, en franca violación del Principio de Preclusión de los Lapsos Procesales, Principio en virtud del cual, transcurridos el plazo o pasado el término señalado para la realización de un acto procesal de parte, se producirá la preclusión y se perderá la oportunidad de realizar el acto de que se trate y efectivamente el acto recurrido CAUSA UN GRAVAMEN IRREPARABLE, por colocar a mis representados en una desventaja procesal, que beneficia a la parte actora, y más adelante señala la parte actora que por tratarse de pruebas documentales estas pueden presentarlas en cualquier otra etapa del proceso, pero debo señalar que para este momento procesal las mismas fueron presentadas en forma extemporánea por tardía y así debe declararlo el Tribunal. Ciudadana Jueza, las formas procesales SON DE ORDEN PUBLICO, y su quebrantamiento debe denunciarse, y en el presente caso existe un flagrante quebrantamiento del mismo, al no cumplirse EL ORDEN CONSECUTIVO LEGAL Y LA PRECLUSIÓN DEL LAPSO LEGAL PARA LA PROMOCIÓN DE PRUEBAS, lo cual fue solicitado al juez de la causa y el mismo descontextualizando completamente lo establecido en el Articulo 93 ejusdem en el auto apelado de fecha 14/11/2023, que para esa fecha habían transcurrido 13 días de despacho del lapso de promoción de pruebas. Que es por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento a los hechos como en el derecho señalado y en la sentencia antes expuestas, así como de la constatación de los días de despacho transcurridos desde la llegada del expediente del Tribunal remitente, donde quedo reconocido por la parte actora que nos encontrábamos dentro del lapso para la promoción de pruebas, siendo cierto como lo es que el día en que la parte actora consigno en su escrito de promoción de pruebas, es decir el día 13 de noviembre de 2023, transcurrieron dieciocho (18) días de despacho, todo lo cual consta en la certificación de los días de despacho que se encuentran agregado a los autos que conforman el presente asunto 6161-23 y del presente expediente 1333, siendo por ende como ya se indicó totalmente extemporáneo el referido escrito probatorio de la actora, es por lo que solicito de este Tribunal Superior declare CON LUGAR la Apelación interpuesta por mis representados, contra el Auto dictado por el Tribunal de la causa, en fecha 14 de noviembre del año 2023 y en consecuencia REVOQUE dicha decisión con todos los pronunciamientos de ley, y como consecuencia de ello sean declaradas extemporáneas por tardías las pruebas presentadas por la parte actora desechando en consecuencia todo lo señalado por la actora en su escrito de informes… Alegatos de la parte demandante en su escrito de Observación a los Informes: “…Omissis… … Que tal como lo aduje anteriormente, paso a exponer a este despacho a su digno cargo las observaciones que ha bien tiene esta representación judicial a considerar por parte de quien Juzga, con respecto a los puntos o particulares señalados por la parte recurrente en su escrito de informes las cuales serán señaladas en el mismo modo. Que con respecto al particular PRIMERO de los informes se observa lo siguiente: Indica la parte quejosa un esbozo de las actuaciones procesales que se subsumen en las actas del expediente de la causa (6161), que cursapor ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, haciendo un recuento desde la recepción de la comisión de citación de los demandados, pasando por la contestación de la demanda e inhibición de la juez primigenia que era la titular del Juzgado Primero Civil, hasta que recibió el nuevo Juez quien rige el Juzgado Segundo Civil, encontrándose en plena fase de promoción de pruebas cosa que no se ha discutido en ningún momento, sin embargo disiente de lo decidido por el A Quo en cuanto a los días transcurridos e insiste en que la parte demandante promovió las pruebas fuera del lapso, fundamentándose en lo que establece el artículo 396, 93 y 97 del Código de Procedimiento Civil vigente, como lo son el lapso del promoción de pruebas y la no suspensión o paralización de la causa cuando hay inhibición y recusación de algún Juez, indicando que el A Quo ha contradicho la doctrina de la Casación Civil al respecto. Que no podemos más que rechazar totalmente los argumentos planteados en este particular por la parte recurrente pues tal y como se indicó en el escrito de informes presentados por esta representación judicial, el Juez de la causa no actuó de otra manera sino que dentro de las facultades que le otorga nuestra norma suprema al percatarse que en el expediente había sido remitido por el Tribunal Primero Civil sin ningún computo en cuanto a los días de despacho efectivamente transcurridos en cuanto al lapso de promoción de las pruebas siendo esto fundamental en todo proceso, de modo que el mismo Juez como director del proceso no tenía una certeza de cuantos días quedaban para promover pruebas. Que se dedica la parte recurrente de autos a señalar que las pruebas oferidas por la parte actora se promovieron fuera del lapso, incurriendo el Juez en la inobservancia de los artículos supra señalados, sin embargo, debo resaltar bajo mi humilde criterio, que el A Quo no pudo haber sido más garantista en su actuar al cuidar el derecho a la defensa de las partes, dejando sin efecto los días transcurridos mientras llegaba la certificación del cómputo solicitada al Tribunal Primero Civil, a los fines de tener certeza de los lapsos y así definir el estado exacto en el que se encontraba la causa, todo esto dentro de las facultades que le otorga nuestra constitución nacional en su artículo 334, haciendo un control difuso en el caso en concreto y desaplicando lo que establece el artículo 93 de la Ley Adjetiva Civil y reanudando la causa una vez llego al expediente el computo solicitado al Tribunal primigenio, teniendo certeza y organizando el proceso todo con el fin de garantizar el debido proceso y el principio de seguridad jurídica imponiendo los postulados constitucionales del derecho a la defensa y la tutela judicial efectiva. Que cuanto al particular SEGUNDO del escrito de informes, se observa que el mismo se trata de una cita literal de una sentencia de la Sala Civil de fecha 14-04-2009 EXP:AA-20-C-2008-000621, la cual hace alusión a lo que establece el artículo 93 del Código de Procedimiento Civil, sin embargo de una manera engañosa pretenden hacer ver a esta superioridad que la misma se trata de un criterio vinculante cuando es bien sabido que las únicas sentencias que tienen tal carácter son las proferidas por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, no pudiendo tomarse como un criterio vinculante que lo adujo la Sala de Casación Civil en la sentencia supra señalada y citada de manera literal por la parte recurrente ya que se resolvió en ese asunto un caso concreto que nada tiene que ver con el de marras, por lo tanto mal podría revocarse lo decidido por el A Quo bajo el fundamento de esta decisión explanada por la parte recurrente, se deja entrever que traen a colación una sentencia análoga de la casación civil para invocarla como jurisprudencia (vinculante), cuando es bien conocido por cualquier legisperito que es la Sala Constitucional la única que emite decisiones las cuales deben ser acatadas y cumplidas por todos los Tribunales de la república, es por lo tanto menester de esta superioridad, ser garante de la supremacía constitucional y mantener incólume lo decidido por el Juez de instancia.Que en atención al particular TERCERO expuesto por la parte recurrente en su escrito de informes, intitulado De las pruebas presentadas en forma extemporánea por la parte actora, vale señalar que en dicha aparte del escrito de informes traen a colación la misma decisión de la Sala Civil, citada o transcrita en el particular anterior e insisten en la inobservancia del A Quo a los artículos 93 y 97 del Código de Procedimiento Civil vigente y que conforme a lo que estos estipulan las pruebas presentadas por esta representación judicial son extemporáneas no deben ser admitidas, igualmente señalan que las partes siempre estuvimos a derecho. Que si se analiza con detenimiento el auto o providencia recurrida en el presente recurso de apelación se puede observar con claridad meridiana que el Juzgador de Instancia, de una manera garantista y apegada a las facultades que le otorga la Constitución Nacional como rector de proceso, ejerció el control difuso de la constitucionalidad y desaplico lo que ordena el artículo 93 del C.P.C, suspendiendo de hecho la causa hasta tanto todas las partes incluyéndole como director del proceso estuvieran contesten en los lapsos transcurridos, aun cuando se estaba a derecho no había certidumbre de los días de despacho que habían pasado efectivamente para tener claro si en la promoción de pruebas había precluido o no, lo más sensato y garante de los postulados constitucionales fue lo que materializo el Juez de la causa al no darle curso a la causa hasta que constara en el expediente el computo de los días de despacho transcurridos en el Tribunal que remitió la causa, para así proceder de una manera ordenada a reanudarla, teniendo claro cuántos días habían transcurrido, concluyendo que para el momento en que hubo el pronunciamiento habían pasado un total de doce (12) días de despacho, de modo que las pruebas promovidas por esta representación judicial están tempestivas y así lo declaro el A Quo, aplicando la supremacía constitucional por encima de las disposición legal que en el caso concreto colide con el derecho a la defensa, la tutela judicial efectiva y el principio de seguridad jurídica. Que debo insistir en lo ajustada a derecho que se encuentra la decisión cuestionada pues ni siquiera el mismo Juez y rector del proceso estaba en conocimiento de la fase en la que se encontraba la causa mucho menos los días de despacho transcurridos, necesariamente debía solicitar el computo de los mismos al Tribunal remitente, manteniendo mientras tanto la causa en suspenso, de no hacerlo así notoriamente habría un quebrantamiento a la tutela judicial efectiva, debido proceso y derecho a la defensa, generando un desorden procesal, aunado a esto vale señalar que la parte recurrente de autos explana que esta situación le genera un gravamen irreparable, ciudadana Juez Superior, a todo evento las pruebas promovidas en el juicio primigenio por esta representación judicial se tratan de documentales que son copias certificadas de sentencia y otras actuaciones judiciales, las cuales son de carácter público y pueden ser presentadas inclusive hasta en la oportunidad de informes, tal y como lo estipula el artículo 435 ibídem, de dichas probanzas se desprende y prueba lo alegado e invocado en el escrito libelar, por lo cual no hay ningún gravamen que se le cause a la parte demandada y recurrente pues indistintamente al resultado del presente recurso los medios de pruebas son admisibles en todo estado y grado de la causa…” IV MOTIVACIONES PARA DECIDIR Leído como han sido las defensas de las partes, y dándole una apreciación a las misma, a fin de poder determinar lo más ajustado en derecho, este tribunal considera prudente, a los fines de motivar la presente sentencia, traer a colación la Tutela Judicial Efectiva, que no es más, que el derecho de Rango Constitucional y Legal; el cual como bien sabemos es garante del Orden Público, del debido proceso y de la defensa de las partes, es decir, garantizadordel ejercicio eficaz de los derechos de las partes en el proceso. Cuando hablamos del Principio de Legalidad, hacemos referencia al estricto cumplimiento de los trámites que son fundamentales para el procedimiento, el cual está enlazado al principio de las formas procesales, salvo lo exceptuado por la ley. En virtud de ello, no se les permite a los jueces omitir algún lineamiento bien sea estructural, secuencial o de desarrollo del proceso, es decir, el tiempo, el modo, y lugar en que deben realizarse tanto el análisis o estudio como los actos procesales, porque estarían vulnerando tal derecho. Con base en tal aserto, pasa esta Juzgadora a realizar las siguientes observaciones, con el objeto de dictar una sentencia ajustada a derecho, con cabal adecuación a la pretensión, y enmarcada en los límites del Themadecidendum, todo conforme a lo estipulado en el ordinal cuarto (4°) del artículo 243 de la norma adjetiva. Corresponde a esta Alzada emitir pronunciamiento acerca de las diferentes defensas que alegaron las partes inmersas en la presente litis, que origino la apelación del auto, de fecha 14 de noviembre de 2023, mediante la cual el Juzgado A quo, declaro lo siguiente: “vista la anterior diligencia de dos (2) de noviembre del año 2023, suscrita por el abogado Edgar Rafael Vera Bravo, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada, y el escrito de fecha nueve (9) de noviembre del presente año, por el abogado julio Daniel Cordero Aguilar, en su carácter en auto, relativo al estado en el cual se encuentra la causa y si el lapso procesal de la promoción de pruebas, se paraliza o no con el avocamiento del nuevo juez, así como por la inhibición del mismo, el tribunal de conformidad con lo peticionado, seguidamente a pronunciarse sobre la solicitud planteada, en tal sentido este tribunal observa: 1. En fecha 25 de julio de 2023, se recibió comisión, enviada al tribunal de municipio ordinario y ejecutor de medidas del municipio falcón (Tinaquillo), con la citación de las partes demandadas, realizada efectivamente. 2. En fecha 27 de julio del año 2023, se avoca la juez suplente Gloria Linares y ordena reanudar la causa en fecha 20 de septiembre el abogado Edgar vera, en su carácter en auto, pide el avocamiento de la nueva juez suplente. 3. En fecha 20 de septiembre el abogado Edgar Vera, en su carácter en auto, pide avocamiento de la nueva juez suplente. 4. en fecha 21 de septiembre del año 2023, se avoca al conocimiento de la causa la abogada Magaly Quintero. 5. En fecha 27 de septiembre del presente año, se avoca al conocimiento de la causa la abogada Hilsy Alcantara. 6. Posteriormente, en fecha 3 de octubre del año 2023, mediante auto se ordena reanudar la causa y en esta misma fecha la juez Hilsy Alcantara se inhibe de seguir conociendo la presente demanda. 7. En fecha cinco de octubre del año en curso, por auto se deja constancia del vencimiento del lapso de allanamientos y se ordena reanudar la causa. 8. Subsiguientemente, el expediente se remitió al tribunal segundo de primera instancia civil, siendo recibido en el mismo dándole entrada en fecha 10 de octubre del año 2023. 9. En fecha 16 de octubre del año 2023, el tribunal oficia al tribunal primero de primera instancia, para que remita cómputos de días de despacho para determinar el lapso trascurrido en la causa y el estado en que se encuentra para darle continuidad al juicio a los fines de salvaguardar el derecho a la defensa y el debido proceso.10.En fecha primero de noviembre del año 2023, en virtud de haber recibido los cómputos de días de despacho solicitado al tribunal Primero, acuerda la reanudación de la causa en el estado en que se encuentra. En fecha primero de noviembre de año 2023, en virtud de haber recibido los cómputos de días de despacho solicitado al tribunal primero, acuerda la reanudación de la causa en el estado que se encuentra. Ahora bien, establecido lo anterior, pasa este tribunal a analizar si conforme a lo dicho por la representación judicial de la parte demandada, hubo una subversión del proceso al haber este juzgado suspendido la causa en el lapso de promoción de pruebas, para lo cual se hace necesario hacer un pequeño resumen cronológico de las actuaciones cumplidas en despacho a los efectos del presente juicio. Del estudio de las actas se aprecia que en fecha 25 de julio de 2023, se recibió despacho de comisión de las citaciones debidamente realizadas, por lo que al día 26 de ese mismo mes comienza a correr el lapso para dar contestación a la demanda, el cual y de conformidad a los días de despacho que envió el tribunal primero, vencieron en fecha 28 de septiembre del año en curso y quedo abierto el lapso para promover pruebas al día siguiente. Igualmente se observa, que encontrándose el presente juicio en la referida etapa probatoria, la suscrita juez suplente hilsy Alcantara, procedió a inhibirse en el presente juicio en fecha 3 de octubre del año 2023, procediendo en fecha 9 de octubre de este año a remitir el expediente a este tribunal para su conocimiento. Se aprecia así mismo, que el tribunal en fecha 16 de octubre del año en curso, suspendió la causa a los fines de solicitar los cómputos de días de despacho para constatar los días de despacho trascurridos del lapso de promoción de pruebas a los fines de garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso a las partes siendo recibido dichos cómputos y se ordena reanudar la causa en fecha primero (1º) de noviembre del año 2023. De manera pues que como se puede apreciar de los autos que desde la fecha 28/9/23 del vencimiento del lapso para contestar la demanda hasta la fecha en que se inhibió la jueza suplente Hilsy Alcantara en fecha 3/10/23, trascurrieron dos (02) días del lapso probatorio y en este tribunal una vez recibido pasaron tres (03) días más desde el 11/11/23 hasta la fecha 16/10/23, en la cual se suspendió el juicio a la espera de los cómputos de los días de despacho que hubieran pasado en el tribunal que remitió el expediente, en virtud del desconocimiento de este despacho de los días trascurridos del lapso de promoción de pruebas, para así garantizar el derecho a la defensa y al debido proceso, continuando con el juicio en fecha 1/11/23, con lo cual hasta la fecha de la reanudación del juicio transcurrieron en total cinco (05) días de despacho, y al día de hoy van doce (12) días de los quince (15) para la promoción de pruebas de las partes, determinándose con esto, que nos encontramos dentro de la etapa y fase probatoria correspondiente de promoción de pruebas, de allí que no ve este sentenciador, no observa que se haya os e hizo una subversión procesal a que la representación judicial se refiere. Ahora bien, debemos dejar establecido, que si la causa se encuentra en fase del lapso probatorio, aunque un nuevo juez se haga cargo del tribunal en donde se tramita la causa, los lapsos procesales no se interrumpen , cuando se haya abocado o no este al conocimiento de la misma, pues en estas circunstancias se aplica el principio de que las partes se encuentran a derecho y que el abocamiento del nuevo juez solo se justifica a los fines de que estas puedan conocer, cuando nace para ellas el derecho a ejercer el recurso a que se contrae el artículo 90 del código de procedimiento civil. Abundando más en razones, en cuanto a la necesidad del abocamiento del juez al conocimiento de la causa y su finalidad, es necesario traer a colación lo que ha dicho la jurisprudencia al respecto la sala de casación civil del tribunal supremo de justicia, en sentencia del 28 de julio del 2010, el expediente AA20C-2009-000633, señalo: omissis…En relación al artículo 90 del código de procedimiento civil, la sala de casación civil, en sentencia de Nº 131 de fecha 7 de marzo de 2002, expediente Nº 2001-000092, estableció: omissis…. Finalmente aun cuando como ya se ha dicho el lapso de tres días a que se contrae el artículo 90 del código de procedimiento civil, no interrumpe el curso de la causa, ha sido criterio reiterado, tanto de la doctrina como de la jurisprudencia patria, que durante esos tres días, aun cuando la ley no lo diga, el juez a los fines de garantizar a las partes el ejercicio pleno de su derecho a ejercer el recurso a que el mismo se contrae no interrumpiendo dicho lapso el curso de la causa, sino que el mismo corre paralelo en relación a cualquier otro que este corriendo, en este caso, el lapso para promoción de pruebas. Así se precisa. En cuanto a la referencia que hace el apoderado judicial de la parte demandante de la suspensión de juicio por parte del tribunal, la misma obedece a la prerrogativa que debemos tener todos los jueces de la república en el ámbito de su competencia en hacer cumplir lo previsto en la constitución Bolivariana de Venezuela, previsión contenida en el artículo 334 que señala: omissis… El encabezamiento de la norma trascrita no solo supone la potestad del juez para proceder a dejar sin efecto cualquier actuación que lesione normas constitucionales, sino además expresa la obligación en que aquel se encuentra, y por lo tanto debe garantizar el cumplimiento de los preceptos constitucionales tales como el derecho a la defensa, el debido proceso en todas las etapas del juicio, por lo cual en aras al acceso a la justicia y al debido `proceso y al derecho a la defensa, establecida en los artículos 26, 49 y 257 de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela, puede el juez dictar providencia en resguardo de esos derechos constitucionales de los justiciables, tal como se hizo al suspender el juicio en fecha 16/10/23 hasta tener certeza de los días de despacho transcurridos del lapso de promoción de pruebas y no causarles un daño en lo procesal se refiere a las partes intervinientes en el presente juicio y que sea causal de una reposición en el mismo. En virtud de las consideraciones anteriores y de la revisión exhaustiva de las actas del expediente queda determinado que hasta la presente fecha han transcurrido en total trece (13) días de despacho del lapso de promoción de pruebas de los quince (15) que están establecidos de conformidad con los artículos 388 y 396 del código de procedimiento civil. Así se declara…” Ahora bien, de las actuaciones antes discriminadas, se observa, que el presente juicio se fundamenta principalmente en el recurso de Apelación interpuesta por el apoderado judicial de la parte demandada abogado Edgard Rafael Vera Bravo, ahora bien, analizado la anterior donde citan textual del auto apelado y de la lectura de los argumentos expuestos, por la parte apelante en su escrito de fundamentación a la apelación, de informes y observaciones a los informes, deduce esta superioridad que sus alegatos se aducen que el JUEZ DEL A-QUO INCURRIÓ EN SUBVERSIÓN DEL PROCESO al haber suspendido la causa en el lapso de promoción de pruebas. Así se lee. Siendo la oportunidad legal, para este pronunciamiento esta superioridad pasa a hacerlo en los siguientes términos: al respecto, se observa que en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, se encuentra consagrada la génesis normativa del principio de exhaustividad el cual expresamente dispone lo siguiente: “Los jueces tendrán por norte de sus actos la verdad, que procurarán conocer en los límites de suoficio. En sus decisiones el juez debe atenerse a las normas de derecho, a menos que la Ley lo faculte para decidir con arreglo a la equidad. Debe atenerse a lo alegado y probado en autos, sin poder sacar elementos de convicción fuera de éstos, ni suplir excepciones o argumentos de hecho no alegados ni probados. El juez puede fundar su decisión en los conocimientos de hecho que se encuentren comprendidos en la experiencia común o máximas de experiencia”. Del mismo modo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia Nº 1618 de fecha 18 de agosto de 2004, con ponencia del Magistrado José M. Delgado Ocando, señaló referente al rol del Juez, lo siguiente: “[…]La Sala, en otras oportunidades (cfr. sentencia nº 779/2002 del 10 de abril) ha señalado que el juez, de conformidad con los artículos 11 y 14 del Código de Procedimiento Civil, es el director del proceso y debe impulsarlo de oficio hasta su conclusión; dicha conducción judicial que no se circunscribe sólo al establecimiento de las condiciones formales del proceso en el sucederse de las diferentes etapas del mismo, encuentra aplicación provechosa en la labor que debe realizar el juez para evidenciar, sin instancia de parte, los vicios en la satisfacción de los presupuestos procesales o en la existencia del derecho de acción en el demandante. En efecto, si el proceso es una relación jurídica, el mismo debe constituirse válidamente satisfaciendo las formalidades que la ley determina, y sólo después de que se haya depurado el proceso de cualquier vicio que afecte su válida constitución o lo haga inexistente, es que nace para el órgano jurisdiccional la obligación de conocer y resolver el fondo de la controversia. Se insiste que para verificar el cumplimiento de los llamados presupuestos procesales, tanto las partes como el Juez, están autorizados para controlar la válida instauración del proceso, con la advertencia de los vicios en que haya incurrido el demandante respecto de la satisfacción de los presupuestos procesales y la falta de oposición por el demandado de las cuestiones previas a que se refiere el artículo 346 del Código de Procedimiento Civil o de cualquier otro mecanismo de defensa de cuestiones procesales, no obsta para que el Juez, que conoce el derecho y dirige el proceso, verifique en cualquier estado y grado de la causa –v.g.: en la ejecución o en la alzada-, el cumplimiento de los presupuestos procesales, aunque al momento en que fue admitida la demanda por el Juez de la causa, no se hubiere advertido vicio alguno para la instauración del proceso. La Sala admite que, en condiciones de normalidad, en la etapa de admisión de la demanda, el juez de la causa debe evidenciar la falta de cumplimiento de los presupuestos procesales; pero si ello no ocurre deberá ser verificado en cualquier estado y grado de la causa (…)” En este mismo orden de ideas, resulta oportuno, citar la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, número 675, de fecha 1° de junio de 2009, expediente N° 06-0845, bajo ponencia de la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño; en la cual dejó sentado en cuanto al desarrollo del proceso y el rol del juez, lo siguiente: “Empero, el principio de preclusión en materia probatoria opera frente a las partes procesales, no frente al juez -Vid. Montero Aroca, Juan y otros, “Derecho Jurisdiccional”, Ediciones Tirant Lo Blanch, 14ª Edición, valencia 2005, pág. 391-, pues el proceso al estar ordenado por fases, el cumplimiento de cada carga u obligación repercute en detrimento de aquellas pretensiones o defensas hechas valer por éstas en la oportunidad legalmente fijada (i.e.demanda, contestación, promoción de pruebas). Sin embargo, el juez al erigirse en director del proceso (ex artículo 14 del Código de Procedimiento Civil), cuando actúa en procura de obtener mayores elementos de esclarecimiento de los hechos no coloca en desventaja a las partes, pues, por el principio de comunidad de la prueba, lo extraído de tales diligencias probatorias favorecerán, o perjudicarán, por igual a tales sin que ello suponga una incompetencia, pues en el proceso civil la ley lo faculta para ello, concretamente el artículo 401 del Código Procesal Civil.” (Negrillas de este Arbitrium Iudiciis) El procedimiento es el conjunto de reglas que regulan el proceso y este último es el conjunto de actos procesales tendentes a la sentencia definitiva. Las variadas actividades que deben realizarse en el proceso para que este avance hasta la etapa de la sentencia, están sometidas a ciertos requisitos relativos al modo de expresión, el lugar y el tiempo en que deben cumplirse. Las formas procesales son los modos en los cuales deben realizarse los actos que componen el proceso, de tal suerte, que siendo el sistema procesal civil venezolano un sistema regulado por formas procesales, tal y como fue previsto por el legislador patrio en el artículo 7° del Código de Procedimiento Civil, las formas en nuestro ordenamiento jurídico son inevitables y necesarias, y por ello es forzoso realizar los actos siguiendo las reglas previamente establecidas en la Ley, ya que de no ser así, la actividad desplegada por las partes no es atendible para garantizar el principio de la legalidad de las formas y consecuencialmente preservar las garantías y derechos constitucionales del debido proceso y la defensa, los cuales son inviolables en todo estado y grado del proceso. El debido proceso como impretermitible garantía de orden constitucional que es, establece en favor de las partes que intervienen en determinado proceso, que el mismo se desarrolle en total ausencia de dilaciones indebidas, con la más expedita posibilidad de ser oído, con todas las garantías y dentro del plazo razonablemente establecido legalmente, así como también disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa, de aportar pruebas lícitas y razonables, contradecir las aportadas por la contraparte, y que estas pruebas sean debidamente valoradas, hacer uso de todos los medios de impugnación que le otorga el sistema jurídicamente organizado, en síntesis, el Estado deberá garantizar una justicia imparcial, accesible, idónea, transparente, autónoma, responsable, equitativa, sin formalismos o reposiciones inútiles”… Bajo estas misma perspectivas, tenemos que Ricardo Henríquez La Roche (1995), señala que en el artículo 25 del Código de Procedimiento Civil, con su precepto inicial, consagra el sistema escrito del proceso civil, el cual se caracteriza por estar dividido el proceso en compartimientos estancos, fases del proceso, las cuales son, a la vez, efecto de la que le precede y causa de la que le sigue. Con ellos se persigue obtener un orden legal en la sustanciación y mantener a las partes en igualdad, evitando que las partes ejerzan sus facultades procesales. La separación de esos estados del proceso la determina el principio de preclusión, según el cual, el transcurso de los lapsos procesales hace caducar las facultades, posibilidades o cargas procesales que la Ley reconoce o asigna, para su ejercicio, a ese lapso en cuestión, con la finalidad de que haya un orden en la sustanciación que anteponga la alegación a la instrucción, y esta a la decisión. En cuanto, el artículo 196 del Código de Procedimiento Civil, indica el citado autor patrio, que contiene el principio de que el procedimiento esta tutelado por la ley, dada la función pública del proceso; y por tanto ni el juez ni las partes pueden alterar o subvertir el orden procedimental, haciendo referencia que los lapsos procesalestienen un carácter necesario en el proceso, pues todo proceso, incluso el oral, por muy sumario que sea, requiere de tres etapas: alegación, instrucción y decisión. De modo, que los actos procesales del proceso civil venezolano, están regidos por el principio de orden consecutivo legal con fases de preclusión, a los fines de obtener un orden legal en la sustanciación e igualdad de las partes en cada una de las etapas del proceso. Efectivamente es una obligación de todos los jueces y juezas de la República en el ámbito de sus competencias, asegurar la integridad de las normas y principios constitucionales, velar por el eficaz cumplimiento de las formas procesales, siendo esto materia de orden público. Ahora bien, explanado lo anterior, se desprende de las actas procesales, que conforman el presente expediente, que esta causa fue recibida por ante el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, en virtud de la Inhibición planteada en fecha 03 de octubre del año 2023, por la abogada Hilsy Alcantara, en su carácter de Jueza Suplente Especial del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, lo que resulta imperativo para la precitada Jueza, desprenderse del conocimiento mismo, siendo remitido al Juez Segundo de Primera Instancia en lo Civil, de esta misma circunscripción judicial, observando que no se evidencia el abocamiento del juez al conocimiento de la causa, pues este operador de justicia procede a darle entrada mediante auto de fecha 10 de octubre de 2023; asimismo, se observa de las actas que el A-quo mediante auto de fecha 16 de octubre de 2023, solicita al tribunal Inhibido los cómputos de los días de despachos trascurridos desde el día 11 de octubre de 2022, hasta el 9 de octubre del año 2023, y bajo la premisa de “salvaguardar el debido proceso”, suspende y/o paraliza la causa, hasta tanto “recibir los cómputos solicitados”, para ello procedió a librar oficio Nº 343-05-158-2023, cotejándose posteriormente que para la fecha de 31 de octubre de 2023, el A-quo recibe oficio Nº 159-2023 emanado del Tribunal Primero de Primera Instancia Civil de esta circunscripción Judicial (Tribunal Inhibido) con los cómputos correspondientes, seguido de ello, mediante auto de fecha 01 de noviembre de 2023, una vez verificado el precitado oficio remitido, el tribunal acuerda “la reanudación de la causa al estado de promoción de pruebas”. Así se observa. Se hace necesario en primer lugar, revisar esta institución procesal, por cuanto se evidencio su omisión, referida AL ABOCAMIENTO, pues ello implica la importancia de dejar constancia, que el nuevo Juez recibe las actuaciones del presente expediente para su conocimiento, el cual es un deber dejar trascurrir el lapso de tres (03) días de despacho de conformidad con el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, para que las partes ejerzan o no el derecho de recusación, y una vez transcurrido ese lapso se reanudará en el estadoen que se encuentre. Tal Figura procesal es importante en virtud de que en ella se encuentra sumida la Figura de La recusación, ampliamente definida por el Doctrinario Dr. Ricardo Henríquez La Roche (1995), como el acto por el cual la parte contra quien obra el impedimento exige la exclusión del juez o funcionario judicial del conocimiento o intervención en el asunto, por estar vinculado, en forma calificada por la ley, con las partes o con el objeto del proceso. Señala RENGEL-ROMBERG (1992), la recusación está sometida también a requisitos de tiempo para su promoción, y a este efecto, la ley distingue entre la recusación de los jueces y secretarios y la de los demás funcionarios ocasionales. (Articulo 90 C.P.C). En el caso de la recusación de los jueces y secretarios se intentara, bajo pena de caducidad, hasta un día antes del fijado para la contestación de la demanda, cuando se trate de causales existentes con anterioridad a dicho acto; si la causa o motivo de la recusación sobreviene con posterioridad al acto de la contestación demanda, o se trate de los pedimentos previstos en el artículo 85, la recusación podrá proponerse hasta el día en que concluya el lapso probatorio. Caso de que fenecido el lapso probatorio, otro juez o secretario intervengan en la causa, las partes podrán recusarlos, por cualquier motivo legal, dentro de los tres días siguientes a su aceptación. Cuando no haya lugar al lapso probatorio conforme al artículo 389 C.P.C., la recusación de los jueces y secretarios podrá proponerse dentro de los cinco primeros días del lapso legal previsto para el acto de informes en el artículo 391 C.P.C. En este orden, se debe dejar asentado, que el Juez que se aboque al conocimiento, tiene el deber de establecer en el auto de abocamiento que dicte, la reanudación de la causa al estado en que se encontraba, conforme a lo previsto en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, y necesariamente debe ser sucedido por el lapso de tres (03) días de despacho, a los fines de salvaguardar el derecho que tienen las partes de recusar al nuevo juez, es decir, es indispensable que se concedan los lapsos antes señalados, para la reanudación de la causa y así garantizar que las partes estén a derecho, porque de no cumplirse con los mismos, las partes podrían sufrir indefensión, violentándose el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues se les estaría privando de un medio procesal como es la recusación, que el legislador ha puesto a su alcance para el resguardo de sus derechos. Así mismo esta superioridad, considera oportuna y relevante citar el criterio sostenido entre otras, en la sentencia dictada en fecha 20-07- 05, N° 00474,(caso: Jesús Gustavo Hurtado Power y Nury Narda Machado de Hurtado, contra Juana Graciela Salazar y Mirian Isabel Brett Jurado,) en el expediente N° 05-117, en la cual, respecto a la obligatoriedad de notificación de las partes cuando se aboca un nuevo juez a la causa, se determinó lo siguiente: “…En relación al abocamiento del nuevo juez que conoce del asunto, esta Sala en sentencia Nº 732 del 1º de diciembre de2003, caso Marcos Ortíz Cordero contra Luis Marturet, expediente Nº 2001-000643, señaló: “…La Sala a través de su extensa y consolidada doctrina, ha mantenido el criterio, sustentado en el mandato contenido en los artículos 14 y 233 del Código de Procedimiento Civil, de la necesaria notificación que debe hacerse a las partes, cuando suceda el abocamiento de un nuevo juez o jueza al conocimiento de la causa, siempre que ella se encuentre paralizada o suspendida, vale decir que los litigantes no están a derecho; el sustrato de este mandato, viene dado por la obligación de los jueces de mantener a las partes en igualdad de condiciones, así como también, en el caso de que un juez o jueza distinto al que ha venido conociendo, deba dictar la sentencia, habiéndose vencido el lapso legal establecido para ello. Con esta previsión se le garantiza a los justiciables el ejercicio de su derecho a recusar al nuevo juez o jueza, cuando existan razones para ello; a tal efecto se otorgan tres días subsiguientes a la aceptación de aquél, conforme lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley Adjetiva Civil..”. (Subrayado de la Sala) En relación a la violación del artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, esta Sala, en sentencia N° 131, de fecha 7 de marzo de 2002, juicio Jorge Pabón contra Almacenadora Caracas, C.A., expediente N° 2001-000092, estableció: “...Mediante fallo N° 97, de 27 de abril de 2001, caso Luis Enrique García Lanz y otros contra la sociedad mercantil Inversiones García Lanz C.A., expresó el siguiente criterio, que hoy se reitera: la Ley Orgánica del Poder Judicial, prevé en sus artículos 45, 54 y 56, la forma como deben llenarse las faltas temporales y accidentales de los jueces estableciendo la convocatoria de los suplentes o los conjueces, según el caso; debiendo existir constancia de haberse practicado la misma, así como de la debida aceptación de parte del llamado, en este momento podrá el juez accidental o temporal reputarse juez natural en el juicio de que se trate. Es de impretermitible observancia, que cuando un juez distinto al que venía conociendo el mérito hasta el acto de informes, sea el encargado de dictar la decisión sobre el asunto; tal avocamiento conste en autos, pues el mundo para las partes como para el juez lo constituyen las actas que integran el expediente y lo que está fuera de él, es como si no existiera… El incumplimiento de esa formalidad acarrea que las partes, al no enterarse del cambio del funcionario, se vean impedidas de proponer contra él la recusación, si hubiese lugar a ello. Lo aquí expuesto lleva a la lógica conclusión, de que al no constar en autos el abocamiento de un nuevo juez del conocimiento, priva a las partes del ejercicio de su derecho. De acuerdo con la doctrina antes señalada, es menester que el nuevo juez que se incorpore al proceso dicte expresamente un auto de avocamiento (sic), y si fuera el caso, deberá notificar a las partes del mismo con la finalidad de que éstas puedan controlar su capacidad subjetiva a través del mecanismo de la recusación. En tal sentido, esta Sala considera apropiado señalar que la notificación del avocamiento (sic) no es necesaria si la incorporación del nuevo juez ocurre antes de vencerse el lapso natural de sentencia y su única prórroga, pues en este caso tiene plena vigencia el principio de que las partes se encuentran a derecho, consagrado en el artículo 26 del Código de Procedimiento Civil, y por ello se presume, antes que la causa quede en suspenso y se desactive esteprincipio, que los litigantes están enterados de lo que acontece en los autos. (…Omissis…) Adicionalmente, esta Sala amplia la citada doctrina en los términos que a continuación se explanarán, la cual será aplicable en los recursos admitidos a partir del día siguiente a la publicación de este fallo: -Para que prospere la denuncia de indefensión ante esta Sala el formalizante deberá: a) Indicar la causal de recusación que no pudo proponer contra el juez, bien por falta de avocamiento(Sic) expreso, o por no haberse notificado a las partes de dicho avocamiento(Sic). b) Que las partes no hayan consentido tácitamente la falta de avocamiento (sic) o la ausencia de notificación del avocamiento (sic), es decir, el recurrente en la primera oportunidad en que se hizo presente en autos debe haber denunciado la anomalía...”. (Negritas y subrayado de la Sala). En la presente denuncia el recurrente plantea la infracción por parte del Juez Superior de los artículos 14, 15, 90, 206, 208 y 233 del Código de Procedimiento Civil, dado que según el formalizante, el ad quem no ordenó la reposición de la causa al estado de notificar a las partes del abocamiento del juez temporal en primera instancia, violando de esta manera el derecho que tienen las partes de ejercer los recursos pertinentes que la ley prevé contra el acto de abocamiento. En este sentido, del estudio de las actas que integran el expediente la Sala observa que al folio 289 pieza 7, consta auto de fecha 2 de agosto de 2004, mediante el cual el juez Luís Enrique Ruiz Reyes se abocó al conocimiento de la causa de conformidad con lo previsto en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, al folio 290 pieza 7 corre inserto auto suscrito por el mismo juez temporal, de fecha 9 de agosto de 2004, el cual indica que siendo el día señalado para dictar sentencia se difiere dicho acto para el trigésimo (30) día siguiente, por lo que claramente se constata que el juez se abocó al conocimiento de la causa y aun no había vencido el lapso para dictar sentencia, por tanto, en aplicación a la jurisprudencia anteriormente trascrita las partes se encontraban a derecho y no era necesario la notificación a las mismas del abocamiento del juez, así pues, el juzgador de alzada no incurrió en la infracción de los artículos delatados por el recurrente. La doctrina invocada supra, estableció claramente cuando debe proceder el juez o jueza a notificar a las partes, en los casos de abocamiento y de conformidad con la preceptiva legal contenida en el artículo 90 de la Ley Adjetiva Civil, otorgar el lapso de tres (3) días para que los litigantes tengan la oportunidad de ejercer contra ellos la recusación, garantizando de esta manera el derecho a la defensa, requisito que de omitirse, daría lugar a que prosperara la reposición de la causa. Ahora bien, expresa la doctrina citada que para que ello se haga necesario debe encontrarse la causa paralizada, en razón de que en tales situaciones las partes no se encuentran a derecho y de manera novedosa, consagra que a fin de que la reposición proceda, se hará necesario que el interesado exprese el motivo que lo induciría a recusar al juez; de no ser así, ni esta Máxima Jurisdicción, o en su caso el ad-quem, deberá declarar improcedente la reposición solicitada, no obstante en el caso sub iudice las partes se encontraban a derecho pues el juez se abocó al conocimiento de la causa sin haber vencido el lapso para dictar sentencia, además de ello el recurrente no expresó el motivo de recusación del juez, por tanto es improcedente la reposición solicitada.Por todo lo antes expuesto y en aplicación de la doctrina casacionista supra transcrita, la Sala concluye que en el caso bajo análisis, el Juez Superior no infringió los artículos 14, 15, 90, 206, 208 y 233 del Código de Procedimiento Civil, por tanto la presente denuncia es improcedente…”. Conforme a lo establecido en el citado criterio, lo ha sostenido la Sala pacífica y reiteradamente, es importante dejar claro lo siguiente: si bien es cierto; de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, sobre el abocamiento del un nuevo juez al conocimiento de la causa, es prudente evidenciar que fue emitido auto dando por recibido, el presente asunto y asignándole número en atención a la nomenclatura de ese Tribunal Segundo de Primera Instancia Civil, Mercantil, Transito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, siguiendo las partes consignando escritos de ley y de petición, no evidenciándose que los mismos manifestaran interés de recusarlo, cumpliéndose a cabalidad el conocimiento del juez a-quo por cuanto el mismo no se encontraba en estado paralizado, para la fecha en que se remitió el mismo al Tribunal Segundo de Primera Instancia Civil, siendo que en el caso que nos ocupa, es contrario pues, al momento de plantearse la Inhibición de la Jueza Suplente Especial del Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, la causa se encontraba plenamente en su curso legal correspondiente, es decir no estaba ni paralizada ni suspendida, por ende las partes estaban totalmente a derecho, y en total conocimiento del estado en que se encontraba. En este particular, y haciendo las salvedades al respecto, esta alzada, considera pertinente, dejar constancia que no se configuro para las partes “indefensión”, las mismas estaban a derecho, hicieron uso del derecho a la petición no configurándose por las partes la recusación contra el Juez que inicio el conocimiento en la causa, las partes no manifestaron violación de sus derechos en el proceso, condición esta que hace innecesario para quien revisa sancionar al juez por tal omisión, siendo que los afectados de una reposición es las partes involucradas en la presente litis; no pudiendo dejar de lado que el Juez como director del Proceso y garante de resguardar las garantías constitucionales, que en lo sucesivo cumpla con el principio de publicidad y emita en el ítem procesal los pronunciamientos necesarios, que le den a las partes la seguridad jurídica que estamos llamados a garantizar, todo de conformidad a lo previsto en los artículos 2, 26, 49, 253 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Así se establece.-En cuanto a la apelación ejercida, y razón por la cual se encuentra en conocimiento bajo incidencia en este Juzgado Superior, que es referida a la suspensión de la causa verificada en el caso que nos ocupa, es importante pasearnos por una sentencia de la Sala Político Administrativa, de nuestro Máximo Tribunal, en expediente Nº 14.001, de fecha 14 de junio del año 2001, con ponencia del MAGISTRADO: LEVIS IGNACIO ZERPA, estableció el siguiente criterio: “…La suspensión de la causa consiste en una paralización temporal del curso del procedimiento, por diversos motivos a los cuales las leyes le reconocen este efecto. En nuestro ordenamiento jurídico la suspensión de la causa puede ser voluntaria o facultativa, es decir, cuando las partes en un proceso de mutuo acuerdo deciden suspender la causa; y legal cuando la ley ordena la suspensión de la causa ope legis en virtud de algún acontecimiento o evento al cual el ordenamiento le atribuye ese efecto; verbigracia, acontecimientos que no dependan de la voluntad de las partes como el caso de la muerte o la incapacidad (artículos 141 y 144 del Código de Procedimiento Civil); el caso de la solicitud de regulación de jurisdicción (artículo 62 eiusdem); o la solicitud de regulación de competencia inmersa en una incidencia de cuestiones previas (artículos 71 y 353 eiusdem)... El Código de Procedimiento Civil, el cual resulta aplicable al caso sub júdice en virtud de la remisión expresa que se hace en el artículo 88 de la Ley Orgánica que rige las funciones de este Alto Tribunal, dispone en su artículo 202 lo que a continuación se transcribe: “Artículo 202.-Los términos o lapsos procesales no podrán prorrogarse ni abrirse de nuevo después de cumplidos, sino en los casos expresamente determinados por la ley, o cuando una causa no imputable a la parte que lo solicite lo haga necesario. Parágrafo Primero: En todo caso en que el curso de la causa quede en suspenso por cualquier motivo, la causa reanudará su curso en el mismo estado en que se encontraba al momento de la suspensión. Parágrafo Segundo: Pueden las partes de común acuerdo, suspender el curso de la causa por un tiempo que determinarán en acta ante el Juez.” (Destacado de la Sala). Esta disposición legal, contiene el supuesto de suspensión del curso de la causa de manera facultativa, es decir, ambas partes de común acuerdo pueden suspender el curso de la causa o del procedimiento... omissis…” Así mismo, en sentencia Nº 956 de fecha 01 de junio de 2001. (Caso: Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de González) la Sala hizo referencia a los supuestos de suspensión y de paralización de una causa, y allí se dijo: “...A juicio de esta Sala hay que diferenciar la naturaleza de la detención procesal, ya que si ella es producto de una suspensión por algún motivo legal, durante la suspensión, el juez pierde la facultad de impulsar de oficio el proceso hasta su conclusión (artículo 14 del Código de Procedimiento Civil), y éste entra en un estado de latencia mientras dure el término legal de suspensión, pero transcurrido éste, así no exista impulso de los sujetos procesales, el proceso automáticamente debe continuar, y si no lo hace, comienza a computarse el término para perimir, tal como lo evidencia el ordinal 3° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil cuando resta del lapso de perención el término de suspensión legal, el cual previniendo que a partir de la terminación del lapso legal de suspensión comience a contarse el de perención, ya que la causa continúa y si no se activa y por ello se paraliza, perimirá. La perención tiene lugar cuando el proceso se encuentra paralizado y las partes o no están o han dejado de estar a derecho. Se trata de una relaciónprocesal que no se formó, o que, constituida, se rompió. El comienzo de la paralización es el punto de partida para la perención, y el tiempo que ella dure será el plazo para que se extinga la instancia. Estando la causa en estado de sentencia, ella puede paralizarse, rompiéndose el estado de derecho de las partes, por lo que el Tribunal no puede actuar, y se hace necesario para su continuación, que uno de los litigantes la inste y sean notificadas las partes no peticionantes o sus apoderados. En ese estado, la paralización puede nacer de situaciones casuísticas que necesariamente conducen a tal figura caracterizada por la ruptura de la permanencia a derecho de las partes, como puede suceder si las diversas piezas de un expediente que se encuentra en estado de sentencia se desarticulan y se envían a diversos tribunales, sin que el tribunal a quien le corresponde la última pieza para sentenciar, pueda hacerlo, ya que no tiene el resto de los autos y no sabe dónde se encuentran. Ante tal situación, la causa se paraliza, las partes dejan de estar a derecho, y al juez no queda otra posibilidad, sino esperar que los interesados le indiquen (producto de sus investigaciones) dónde se encuentra el resto de las piezas, a fin que las recabe, conforme el expediente total, y a petición de parte, reconstituya a derecho a los litigantes. Tal situación ha sucedido con motivo de las reorganizaciones de las competencias de los tribunales, lo que conoce la Sala por notoriedad judicial. Surge así una inactividad imputable a las partes, que ocurre en estado de sentencia, y que configura una carga incumplida de los litigantes, es a ellos a quien perjudica, y no al tribunal que se encuentra imposibilitado de actuar. Algo similar ocurría cuando no estaba vigente el principio de gratuidad de la justicia y las partes no consignaban el papel sellado necesario para sentenciar. Estos son los principios generales sobre perención de la instancia, los cuales son aplicables plenamente al proceso civil y a los procesos que se rijan por el Código de Procedimiento Civil (proceso común). Las causas en suspenso no se desvinculan del iter procesal. El juicio se detiene y continúa automáticamente en el estado en que se encontraba cuando se detuvo, sin necesidad de notificar a nadie, ya que la estadía a derecho de las partes no se ha roto. El artículo 202 del Código de Procedimiento Civil, marca los principios al respecto, mientras que el 14 eiusdem, establece que las suspensiones tienen lugar por motivos, pautados en la ley, tal como lo hacen -por ejemplo- los artículos 202, 354, 367, 387, 756 y 758 del Código de Procedimiento Civil. Para que exista paralización, es necesario que ni las partes ni el Tribunal actúen en las oportunidades señaladas en la ley para ello, por lo que esta inactividad de los sujetos procesales, rompe la estadía a derecho de las partes, las desvincula, y por ello si el proceso se va a reanudar, y recomienza en el siguiente estadio procesal a aquél donde ocurrió la inactividad colectiva, habrá que notificar a los litigantes de tal reanudación, habrá que reconstituir a derecho a las partes, tal como lo previó el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil. Ese es el criterio que gobierna al artículo 257 eiusdem. Las partes se encuentran a derecho mientras en el proceso corren los plazos para sentenciar, pero transcurridos estos términos sin fallo alguno, ellas dejan de estar a derecho, por lo que deberán ser notificados, a fin que corran los lapsos para interponer los recursos contra la sentencia dictada extemporáneamente. Tal notificación se ordena de oficio, debido al carácter de director del proceso que tiene el juez, ya que es a él a quien es atribuible la dilación. Cuando, en el término para sentenciar y en el de diferimiento, no se sentencia, la causa se paraliza y cesa la estadía a derecho de las partes. Para que el proceso continúe se necesita el impulso de uno de los sujetos procesales, ya que es la inactividad de éstos lo que produce la parálisis, y en el caso de la sentencia emitida extemporáneamente, el legislador consideró que es el Tribunal quien actúa y pone en movimiento el juicio en relación con las partes, quienes son los que tienen el interés en ejercer su derecho a ladefensa (interposición de recursos, aclaratorias, nombramientos de expertos para la experticia complementaria, etc)...” Ahora bien, aunado a lo anterior, preceptúa el artículo 93 de nuestro Código de Procedimiento Civil, la protección en la continuidad del proceso, dejando claro que éste no se detendrá por consecuencia de la inhibición o recusación, esta continuación está totalmente garantizada desde el instante en que se origina la transmisión del expediente al conocimiento de otro tribunal (con la misma jerarquía). Es decir, nuestro ordenamiento jurídico prevé la posibilidad de que otro juez, continúe conociendo de la causa, sin necesidad de ser paralizada o suspendida por otros motivos que no sean los estipulados por la ley, y cuando las partes están a derecho. En referencia a lo anterior es criterio de la sala constitucional mediante sentencia de fecha 23 de agosto del 2003, con Ponencia del Magistrado Jesús Eduardo Cabrera Romero: “…. Pasa ahora la Sala a pronunciarse sobre la sentencia apelada y al respecto observa: Luego de un procedimiento con muchas incidencias, el Tribunal de Primera Instancia al decidir la apelación de la sentencia del 12 de julio 2001 dictada por el Juzgado de los Municipios Independencia y Simón Bolívar de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, en la cual se había declarado la demanda inadmisible, el 10 de diciembre de 2001 revoca la sentencia apelada, la declara con lugar y condena al demandado a pagar lo adeudado por concepto de pensiones de arrendamiento insolutas comprendidas entre el mes de octubre de 1990 hasta el mes de junio de 2000, así como entregar el inmueble arrendado libre de bienes y personas, en las mismas condiciones recibidas. En ambas decisiones, el punto en discusión se basó en la contestación de la demanda y las pruebas presentadas, que en la primera decisión se consideraron presentadas dentro de los lapsos establecidos y en la segunda, se desecharon por extemporáneas. El Juzgado Superior que conoció del amparo, revoca la sentencia impugnada por considerar que la contestación de la demanda se efectúo oportunamente, por lo que al declararse la confesión ficta de la parte demandada se vulneró flagrantemente el derecho a la defensa y el debido proceso, así como la tutela judicial efectiva. De este decisión apeló, el ciudadano Leopoldo Loreto Lugo, parte demandante en el proceso de resolución de contrato de arrendamiento, donde el accionante fue la parte demandada. En efecto, la Sala observa que todo el proceso se ha visto complicado por las numerosas incidencias que se han producido con motivo de las inhibiciones de los jueces, a quienes en su oportunidad correspondía conocer de la causa, lo cual da lugar a circunstancias procesales que debían ser solucionadas en el camino, para poder pasar a decidir al fondo de la causa, no se trata de revisar criterios ni sentencias, sino de determinar si con la decisión impugnada se violaron derechos o garantías constitucionales. Alega la parte apelante que, tal como lo señala el artículo 93 del Código de Procedimiento Civil, el curso del juicio no se detendrá por una inhibición o recusación. El artículo en referencia indica que el conocimiento del mismo pasará inmediatamente, mientras se decide la incidencia, a otro tribunal de la misma categoría, si lo hubiere en la localidad, y en defecto de éste, a quien deba suplirlo conforme a la Ley. Encuentra la Sala que la primera inhibición se produce el 18 de septiembre de 2000, lo que evidentemente ocasiona una suspensión momentánea de la causa, mas no paralización, hasta tanto se pasen los autos al que deba conocer, pero en todo caso, debe entenderse que el juez inhibido no puede seguir conociendo y mientras el abocamiento del nuevo tribunal que va a conocer no se produzca, no puede realizarse ningún acto de procedimiento, porque es evidente que hay tramites que cumplir, tanto con el allanamiento, para el cual se abre un lapsode cuarenta y ocho horas, o también para la convocatoria del primer suplente, si se trata de constituir el tribunal accidental, y al producirse el supuesto procedente, conforme lo establece el artículo 97 del Código de Procedimiento Civil, es el día siguiente a aquel en que se reciban los autos por el tribunal que haya de seguir conociendo, cuando la causa continuará en el estado en que se encuentre, sin necesidad de providencia. La suspensión interina comienza con la inhibición del juez, quien expresamente se ha apartado del proceso por su propia voluntad, hasta el día en que el juez interino quede en conocimiento de la causa bajo su competencia y por tanto el acto que, hubiese quedado pendiente o la reanudación del lapso o término en curso, debe tener lugar el día siguiente del fenecimiento o conclusión de la suspensión interina, porque no se trata de una paralización del proceso, sino de una suspensión momentánea que se produce, para que pueda restructurarse el nuevo tribunal (accidental) que va a decidir. Este criterio está acorde con el que ha expresado la antigua Corte Suprema de Justicia, en sentencia del 5 de marzo de 1980 de la Sala de Casación Civil, en la cual expuso: “Concatenadas normas legales estatuidas en los artículos 114, 118 y 125 del Código de Procedimiento Civil (corresponden al anterior código y están comprendidos en el artículo 97 del vigente) regulan la situación que adviene en el proceso, cuando se produce la inhibición de un Juez o éste es recusado. En cualquiera de los dos actos precedentes, se suspende el curso de la causa hasta la decisión de la incidencia; y al día siguiente de terminada ésta, si el expediente está en poder del Tribunal que debe continuar conociendo de la causa, la misma seguirá su curso desde el estado en que se hallaba cuando la incidencia se originó, sin necesidad de providencias. Son claras y precisas las disposiciones legales citadas. En tal virtud, las mismas no precisan de exégesis. Y sobre ellas existe unanimidad de criterios, tanto en la jurisprudencia como en los comentarios patrios, Dijo la Casación Civil en sentencia del 11 de octubre de 1966: ‘Por consiguiente, iniciado todo el complicado proceso de las inhibiciones que se deja referido cuando había transcurrido una audiencia de las dos que se fijaron para que los testigos continuaran rindiendo declaración, la segunda audiencia en que debían producirse esas declaraciones, era la siguiente a aquella en que se recibió el expediente por el tribunal que debía seguir conociendo, sin necesidad de providencia como lo expresa el citado artículo 125 (artículo 97 Código Vigente), y lo hizo el Tribunal sentenciador, sin que hubiera necesidad de notificar a las prenombradas testigos de cuando iba a ocurrir ese segunda audiencia, pues estando las partes a derecho, debió el promovente de dichas testigos, estar pendiente de la aludida audiencia para recordarles a la mismas su obligación de ir al Tribunal a declarar’.(paréntesis de la Sala) Ya ha quedado perfectamente determinado, al tenor de las disposiciones legales contenidas en el Código de Procedimiento Civil, que cuando se inhibe un Juez ( en el caso sub júdice un Magistrado de la Sala de Casación Civil) se suspende el curso de la causa hasta la decisión de la incidencia. Las consecuencias de esa suspensión, lógica y necesariamente no son otras que las que aparecen claras y precisas de tal circunstancia: paralizada o en suspenso la causa, no puede practicarse en la misma ninguna actuación que tenga validez legal, pues,- como lo asienta Chiovenda-, ‘la actividad de las partes o de los órganos jurisdiccionales durante el período de suspensión es nula y la inactividad de los mismos durante ese período no puede tener consecuencia de ninguna clase, no pudiendo en particular caducar un proceso interrumpido’.(Chiovenda, Pag. 377) Y toda esta situación persiste, esto es, la causa no continúa nuevamente su curso, sino a partir de la decisión de la incidencia provocada por la inhibición”.(Obra Comentarios al Código de Procedimiento Civil de Juana Martínez Ledezma. Pags 388 y 389). Y aunque no estamos hablando de paralización de la causa, también la jurisprudencia, ha dicho que el largo transcurso del tiempo, por largo que haya sido, no es por sí solo el factor determinante para considerar una paralización del curso de los juicios, pues puede ocurrir que las diversas incidencias procesales suscitadas por las partes, requieran para su sustanciación y resolución períodos más o menos extensos, sin que la causapor esa sola circunstancias deba considerarse paralizada, mucho menos podría suponerse una paralización en el presente caso, que por lo demás no ha sido señalada en ningún momento, dado que el tiempo transcurrido entre la primera inhibición y la constitución del tribunal accidental que recibió la contestación, fue tan solo de dos meses, durante los cuales, se produjeron la incidencias procesales, para designar al suplente que vendría a conocer, por no existir en la localidad un tribunal de alzada. Con respecto a este aspecto, es de señalar que la jurisprudencia a que hemos hecho referencia, corresponde al Código de Procedimiento Civil, hoy derogado, pero con respecto a las inhibiciones y recusaciones, el Código vigente, ha incorporado el artículo 93, que establece expresamente, que el curso de las causas no se detendrán porque el conocimiento de las mismas debe pasar inmediatamente a otro Tribunal de la misma categoría de la localidad, mientras se decide la incidencia y si no existe, a quien deba suplirlo conforme a la ley. Las referencias jurisprudenciales expuestas, explican claramente la situación que se ha presentado en el presente caso, y por ello la Sala considera aplicable los mismos al caso en estudio… Omissis…” Dentro de este proceso, nuestro el Legislador, estableció se una serie de eventos, los cuales están regulados en los artículos 84, 86 y 87 del Código de Procedimiento Civil, los cuales disponen lo siguiente: . “… Artículo 84: El funcionario judicial que conozca que en su persona existe alguna causa de recusación, está obligado a declararla, sin aguardar a que se le recuse, a fin de que las partes, dentro de los dos días siguientes, manifiesten su allanamiento o contradicción a que siga actuando el impedido. Si del expediente apareciere haber conocido el funcionario dicha causal, y que, no obstante, hubiere retardado la declaración respectiva, dando lugar a actos que gravaren la parte, ésta tendrá derecho a pedir al Superior que le imponga una multa, la cual podrá alcanzar hasta mil bolívares. La declaración de que trata este artículo, se hará en un acta en la cual se expresan las circunstancias de tiempo, lugar y demás del hecho o los hechos que sean motivo del impedimento; además deberá expresar la parte contra quien obre el impedimento Artículo 86 La parte o su apoderado deberán manifestar su allanamiento, firmándolo ante el Secretario del Tribunal, dentro de los dos días siguientes a aquél en que se manifieste el impedimento. Pasado este término no podrán allanar al impedido. Artículo 87 Si el funcionario allanado no manifestare en el mismo día, o en el siguiente, que no está dispuesto a seguir conociendo, quedará obligado a continuar desempeñando sus funciones, caso de no ser el impedimento de los que según el artículo 85 no dejan al impedido la facultad de seguir conociendo en virtud del allanamiento.” En el caso de la inhibición, deben transcurrir dos días de despacho para que las partes puedan manifestar su allanamiento o contradicción frente a la declaración del funcionario que desea inhibirse. Pueden surgir eventos procedimentales, que retarden el envío del expediente al otro tribunal donde se encuentra el Juez que continuará conociendo el proceso. En el caso bajo estudio, en esta breve pausa, mientras se produjo la inhibición del Juez en fecha 03 de octubre del año 2023, y se recibió, se le dio entrada alexpediente por ante el nuevo tribunal conocedor (Tribunal Segundo de Primera Instancia) en fecha 10 de octubre, transcurrieron dos (02) días de lapso probatorio, pues la continuidad a que se refiere el artículo 93 del Código de Procedimiento Civil, se refleja en la garantía de que el otro Juez inmediatamente seguirá conociendo la causa, es decir; desde la fecha 11 de octubre del 2023, pues el Tribunal recurrido, (Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes) debió abocarse al conocimiento de la causa, y ordenar la continuidad de la causa en el estado en que se encontraba, sin ordenar SUSPENSIÓN Y/O PARALIZACIÓN de la presente causa, pues la partes se encontraban a derecho, razón por la cual no era necesaria la notificación pues es deber inherente de la representación judicial de ambas partes procesales, tener pleno conocimiento de la causa y por ende el estado en que se encuentra como lo era en su momento LAPSO PROBATORIO. Así se establece. Entonces Observa este Tribunal que el estado en el cual se encuentra la causa, al momento de desprenderse de ella la Jueza Inhibida, es el lapso probatorio. Tal aseveración se desprende del cómputo que consta en las actas procesales, la cual fue expedido por la Secretaria del Tribunal, donde cursaba el expediente de la causa, es decir Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes. Así mismo del Computo remitido por el Nuevo tribunal Conocedor de la causa, consta que a partir del día 10 de octubre del año 2023, el tribunal le dio entrada a la causa, lo correcto era que a partir del día 11 de octubre del año 2023, se ordenara la reanudación de la causa en el estado en que se encontraba, pero en su defecto en fecha 16 de octubre del año 2023, el tribunal ordena suspender y/o paralizar la causa, sujetando a la causa y los lapsos procesales en una pausa hasta la fecha 01 de noviembre del año 2023, en la cual el tribunal procede a reanudar la causa y darle continuidad a los lapsos; teniendo que como nos ha señalado la jurisprudencia antes citada existe una suspensión breve de índole necesaria para cumplir con normas legales y procesales como es la figura del allanamiento, cuando se inhibió el juez que es de dos días y la llegada del expediente al tribunal que lo va a seguir conociendo, llegado al tribunal a que fue remitido se da por recibido, se emite abocamiento del mismo, se cumple con el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil y continua la causa su curso legar a que se encontraba en el tribunal comitente “…el artículo 93 del Código de Procedimiento Civil, el curso del juicio no se detendrá por una inhibición o recusación. El artículo en referencia indica que el conocimiento del mismo pasará inmediatamente, mientras se decide la incidencia, a otro tribunal de la misma categoría, si lo hubiere en la localidad, y en defecto de éste, a quien deba suplirlo conforme a la Ley…”. Que considerando esa suspensión momentánea que sufre el ítem procesal en estas incidencia, en el presente caso la misma inicio el día 03 de septiembre del 2023, luego el día 10 de octubre del 2023, llego al Tribunal Segundo de Primera Instancia Civil, Mercantil, Transito y Bancario de estaCircunscripción Judicial, por cuanto no se emitió auto de abocamiento al recibirlo y estando las partes a derecho se estima por quien revisa, que inicio el derecho de las partes previsto en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, iniciando el día siguiente del recibimiento 11 de octubre de ese año concluyendo el día 16 de octubre de 2023, iniciando los trece (13) días faltante del lapso probatorio el día 17 de octubre del 2023 y concluyo 07 de noviembre del 2023. Que el tribunal a-quo prorrogo así el lapso probatorio de quince (15) días contemplado por nuestro ordenamiento jurídico, cuyo vencimiento debió ser 07 de noviembre del año 2023, y no como hiso ver en el auto de fecha 14 de noviembre del 2023, objeto del presente recurso de apelación, que según su computo vencía para la fecha 20 de noviembre de 2023, lapso que para esta superioridad es totalmente irrito así como la suspensión dictada en fecha 16 de octubre del 2023. Todo ello verificado por este Tribunal en el estudio y análisis realizado en la presente incidencia. Así se detecta.- Vistos así los hechos de esta incidencia, habría de concluir este Juzgado Superior que las pruebas consignadas POR LA PARTE ACTORA en fecha 13 de noviembre del año 2023, fueron consignadas de forma extemporáneas, es decir fueron presentadas cuando se encontraba vencido el lapso de promoción de las mismas establecido en el artículo 396 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece que, “…Dentro de los primeros quince días del lapso probatorio deberán las partes promover todas las pruebas de que quieran valerse, salvo disposición especial de la Ley. Pueden sin embargo, las partes, de común acuerdo, en cualquier estado y grado de la causa, hacer evacuar cualquier clase de pruebas en que tengan interés…” Sin embargo, La Roche, Código de Procedimiento Civil Comentado, Tomo I, página 309 y 310, explica: “…A diferencia del Código derogado, esta nueva norma del artículo 93 impide que el incidente de recusación o inhibición, suscite una crisis procesal de inactividad mientras se dilucida la capacidad subjetiva del juez, por lo que no habrá suspensión de la causa, salvo en el breve interregno de pase de los autos al sustituto interino…omissis…A esta falta interinaria se refiere el artículo 97 cuando implícitamente prevé cierta suspensión breve (efímera) de la causa, determinada por la necesidad de pasar los autos al Juez interino para que continué conociendo mientras se dilucida el incidente de inhibición o recusación…” Sobre el mismo punto, pero en comentarios al artículo 97 CPC, el autor expresa: “…La suspensión interina se inicia con el acto de inhibición del juez, pues mal puede continuar conociendo quien expresamente se aparte o se inhibe de tal conocimiento. En el caso de la recusación, consideramos que no basta la misma para hacer producir la suspensión: es menester el informe que rinde el juez ante la recusación de que ha sido objeto. La sola recusación no basta para suspender interinamente la causa, desde que es el juez y no la parte el ductor del proceso y él tiene potestad para calificar el repudio de que es objeto y dar curso o no al incidente. Además, la relación procesal de éste queda propiamente integrada con el informe del juez, el cual equivale a su contestación de larecusación...Según el (aparte) primero del artículo 202, la causa se reanuda en el mismo estado en que se encontraba al momento de la suspensión, es decir, al día cuando se inició la suspensión interina, que viene a coincidir con el día de la inhibición o recusación del juez. La suspensión concluye el día en el que, según se desprenda de las mismas actas, el juez interino queda enterado de la pendencia de la causa en su tribunal o bajo su ministerio (caso de suplentes o conjueces), y por tanto el acto pendiente o la reanudación del lapso en curso tendrá lugar al día siguiente al del fenecimiento o conclusión de la suspensión interina…” Atendiendo lo anterior, podemos inferir que en el proceso venezolano impera el principio de orden consecutivo legal con etapas de preclusión; además de la regla de que cada acto particular debe realizarse dentro del término que le corresponde o no puede ejecutarse ya en lo absoluto, que es otro principio del proceso venezolano, llamado de la preclusión, según el cual la parte que deje de actuar en el tiempo prescrito, queda impedida o precluida de hacerlo después. De la combinación de estos dos principios, surge el llamado proceso concentrado y se afirma entonces, que en el proceso venezolano rige el “principio de orden consecutivo legal con fase de preclusión,” una de cuyas fases es la etapa probatoria, que comprende un lapso para la promoción de las pruebas y otro lapso para su evacuación”. Omissis (…) En el caso, el Código de Procedimiento Civil contiene normas preclusivas sobre la promoción y evacuación de las pruebas en el proceso. Efectivamente, en la medida en que las garantías constitucionales o derechos fundamentales, formen parte de un sistema normativo, necesariamente han de tener límites, que derivan de la necesidad de respetar otros derechos de similar categoría. En el marco general del derecho de defensa, se ha establecido que la facultad de probar también tiene límites que han sido adecuadamente puestos de relieve por la doctrina y la jurisprudencia…” (Sala Accidental de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 308, de fecha 25 de junio de 2003, caso Banco Mercantil C.A. S.A.C.A) En adhesión a las anteriores argumentaciones, tomando base en los fundamentos de derecho, doctrinarios y jurisprudenciales aplicados al análisis cognoscitivo, aunado al examen de los argumentos de las partes, es determinante para este Sentenciador Superior declarar CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por el apoderado judicial de los demandados abogado Edgard Rafael Vera Bravo, inscrito en el IPSSA Nº 212.150, en fecha 20 de noviembre del 2023, que riela a los folios 06 al 11 del presente asunto; que, en atención a lo pronunciado en el presente asunto y a los fines de resguardar el orden procesal en la causa principal que lleva el Tribunal Segundo de Primera Instancia Civil, Mercantil, Transito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, signada con el Nº 6161, nomenclatura interna de ese tribunal, en lo sucesivo cumpla con sus funciones inherentes al resguardo de un debido proceso causando inestabilidad jurídica al ir en contra de lo establecido en la norma procesal y cumpliendo a cabalidad con lo previsto en el artículo 253 de laConstitución de la República Bolivariana de Venezuela: “…la potestad de administrar justicia emanada de los ciudadanos y ciudadanas y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley. Corresponde a los órganos del poder judicial conocer de las causas y asunto de su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias…” y el 257 el cual nos preceptúa: “…el proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán la simplificación, uniformidad, y eficacia de los trámites y adoptaran un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificara la justicia por la omisión de formalidades no esenciales…” es por lo que atendiendo a estas normas Constitucionales, y dándole a las partes una garantía procesal, así como al pronunciamientos antes delatado en razón a la apelación ejercida, es por lo que se deja sin efecto el auto de fecha 14 de noviembre del 2023, y se ordena al juez A-quo considerar que en atención al análisis realizado por esta alzada, el lapso probatorio en el tribunal Segundo de Primera Instancia Civil, Mercantil, Transito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, inicio los trece (13) días faltante del lapso probatorio, el día 17 de octubre del 2023 y concluyo 07 de noviembre del 2023. Se condena en costa de conformidad a lo previsto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. Se acuerda notificar a las partes, al correo electrónico aportado, así como dejar constancia del acuse de recibido y de la llamada que le haga la secretaria del tribunal, al número que aportaron en las actas, y que una vez conste a los autos, acogiéndose quien decide a la sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, Nº Sentencia N° RC.000241 de fecha 9 de julio de 2020, mediante la cual se Interpretan los artículos 515 y 521 del Código de Procedimiento Civil, publicada en la Gaceta Judicial de la República Bolivariana de Venezuela N° 118 de fecha 22 de julio de 2021. Así se decide.- IV DECISIÓN En consecuencia, este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por el apoderado judicial de los demandados abogado Edgard Rafael Vera Bravo, inscrito en el IPSSA Nº 212.150, en fecha 20 de noviembre del 2023, que riela a los folios 06 al 11 del presente asunto. SEGUNDO: Se deja sin efecto el auto de fecha 14 de noviembre del 2023, y se ordena al juez A-quo considerar, que en atención al análisis realizado por esta alzada, el lapso probatorio en el Tribunal Segundo de Primera Instancia Civil, Mercantil, Transito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, inicio los trece (13) días faltante del lapso probatorio, el día 17 de octubre del 2023 y concluyo 07 de noviembre del 2023. TERCERO: Se condena en costa de conformidad a lo previsto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. CUARTO: Se acuerda notificar a las partes, al correo electrónico aportado, así comodejar constancia del acuse de recibido y de la llamada que le haga la secretaria del tribunal, al número que aportaron en las actas, y que una vez conste a los autos, acogiéndose quien decide a la sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, Nº Sentencia N° RC.000241 de fecha 9 de julio de 2020, mediante la cual se Interpretan los artículos 515 y 521 del Código de Procedimiento Civil, publicada en la Gaceta Judicial de la República Bolivariana de Venezuela N° 118 de fecha 22 de julio de 2021. Así se decide.- Publíquese, regístrese y cópiese. Remítase el expediente en su oportunidad al Tribunal de la causa. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, en San Carlos a los quince (15) días del mes de abril del año dos mil veinticuatro (2024). Años: 213 de la Independencia y 163º de la Federación. Abg. Marvis María Navarro Jueza Provisoria La Secretaria Abg. Gloria Linarez En la misma fecha se publicó la anterior sentencia, siendo las doce del medio día (12:00 m.d.). La Secretaria Abg. Gloria Linarez Interlocutoria (Civil) Exp. Nº 1333