República Bolivariana de Venezuela Poder judicial Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes (Actuando en sede Constitucional) San Carlos 24 de Abril del 2023 Año 213º y 163º Capítulo I Identificación de las partes, la causa y la decisión Parte presuntamente agraviado: Argenis Rafael Barrios Azconeguiz, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 1.341.560, domiciliado en la Urb. Jardines de Tamanaco, Sector Los Nevados, Tinaquillo, Estado Cojedes. Parte presunto agraviante: Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción judicial del Estado Cojedes, con sede en la Planta baja del Palacio de Justicia, calle Manrique c/c Sucre, frente a la plaza Bolívar de esta ciudad de San Carlos estado Cojedes. Motivo: Acción de Amparo Constitucional Sobrevenido. (Interlocutoria con fuerza definitiva). Expediente: 1274. CAPÍTULO II Síntesis de la controversia.- Se inicio la presente causa, mediante acción de amparo constitucional presentada, en fecha Veintinueve (29) de Marzo del año 2022, por el ciudadano Argenis Rafael Barrios Azconeguiz, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 1.341.560, domiciliado en la Urb. Jardines de Tamanaco, Sector Los Nevados, Tinaquillo, Estado Cojedes, contra el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción judicial del Estado Cojedes. Mediante auto de fecha 30 de Marzo del 2023, se recibió y se le dio entrada bajo el Nº 1274(Nomenclatura interna de este tribunal superior). En la misma fechase insto al agraviado a la consignación de copia certificada del expediente signado bajo el Nº 6066(Nomenclatura interna del Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción judicial del Estado Cojedes.), a su vez se libro boleta de notificación.Mediante diligencia de fecha 21 de abril del 2023, comparece ante este juzgado superior el ciudadano Carlos Montecinos, en su carácter de Alguacil, a los fines de exponer: Consigno boleta de notificación, correspondiente al expediente signado bajo el Nº.1274, contentivo del Recurso de Amparo Constitucional, incoado por el ciudadano Argenis Rafael Barrios Azconeguiz, haciendo constar, que se consigna la presente notificación, por cuanto, el solicitante se negó a recibir la misma, alegando que no tenia emolumentos para consignar las copias. Estando hoy dentro del lapso legal para pronunciarse sobre la admisibilidad de la presente acción de amparo, este tribunal actuando en sede constitucional procede a realizar las siguientes consideraciones: CAPÍTULO II SOBRE LA COMPETENCIA DEL TRIBUNAL Desde esta misma perspectiva estando en la oportunidad procesal para que este Órgano Subjetivo, se pronuncie acerca de la competencia y admisibilidad de la presente acción de amparo, pasa a realizar las siguientes observaciones de carácter legal y doctrinario: A, los fines de poder resguardar las garantías Constitucionales, le fue concedida atribuciones a los tribunales de instancia y a los Juzgados Superiores, actuando con sede constitucional, por lo que se proceder a verificar su competencia para conocer de la presente acción, analizando en primer término lo referido a la materia y al territorio, sobre la cual, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece, en su artículo 4 lo siguiente: “…Igualmente procede la acción de amparo cuando un tribunal de la República, actué fuera de su competencia, dicte una resolución o sentencia u ordene un acto que lesione un derecho constitucional…”. Partiendo de esa consideración anunciamos lo establecido por la jurisprudencia, sobre estos amparos, para lo cual nos encontramos con la diferencias entre la acción de amparo contra decisiones judiciales y el amparo sobrevenido, las cuales fueron, -a criterio de este Tribunal-, acertadamente delimitadas en la sentencia de la Sala Electoral del Tribunal Supremo deJusticia, anteriormente mencionada, en el siguiente sentido: OMISSIS… “…De todo lo anterior, se puede palpar claramente las diferencias entre la acción de amparo contra decisiones judiciales y el amparo sobrevenido, entre ellas, que el primero permite anular o suspender el acto impugnado, mientras que el segundo sólo permite la suspensión provisional de dicho acto; además, este debe intentarse ante el mismo Tribunal donde cursa el proceso en que se originó la lesión, mientras que aquel se interpone ante el Tribunal Superior del que causó la lesión; asimismo en el amparo sobrevenido el agraviante puede ser cualquier persona que intervenga en la relación jurídica procesal, incluso los terceros, mientras que en el amparo contra sentencias o decisiones judiciales sólo puede ser el Juez a través de una decisión. Aunado a lo anterior, y como corolario de las diferencias entre ambas modalidades del amparo constitucional, está el hecho de que el amparo sobrevenido procede cuando un acto surgido durante el transcurso de un proceso le lesiona a la parte que lo solicita un derecho constitucional; mientras que en el amparo contra sentencia no basta que el acto judicial impugnado le lesione al solicitante derechos o garantías constitucionales, sino que es necesario que tales violaciones se deban a que el juez al dictar el referido acto haya actuado fuera de su competencia, en el sentido antes esbozado”… De lo antes anunciado, se desprende que la presente acción de amparo constitucional, está planteado en restablecer los derechos vulnerado por una sentencia interlocutoria (incidencia) dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia, Civil, Mercantil Del Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, es por lo que se determina como amparo contra sentencia, siendo los competentes para conocer sobre los mismos, es por lo que la competencia debe ser fundamentada en la sentencia caso Emeri Mata Millan, donde la Sala Constitucional, estableció los parámetros que regirá la competencia en materia de amparo Constitucional, en los siguientes términos: “Estos lineamientos establecidos, prevén que la competencia prevista en el artículo 7 y 8 de la Ley Orgánica de Amparos sobre derechos y GarantíasConstitucionales se distribuirán, atribute la competencia a los Juzgados Superiores y cuando será conocido por el Tribunal Supremo de Justicia. Así se determina. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL CONTRA SENTENCIA. - Estando dentro del lapso legal para pronunciarse sobre la admisibilidad de la presente acción de amparo, este Tribunal actuando en sede constitucional procede a realizar las siguientes consideraciones: Señaló la parte presuntamente agraviada, ciudadano Argenis Rafael Barrios Azconeguiz, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 1.341.560, domiciliado en la Urb. Jardines de Tamanaco, Sector Los Nevados, Tinaquillo, Estado Cojedes, en su pretensión de fecha veintinueve (29) de Marzo del año 2023, que: Omisiss.. …Que Manifiesto mi voluntad de interponer Recurso de Amparo Constitucional contra el tribunal antes identificado por motivo de Negación al derecho a la defensa, el cual solicite al tribunal en fecha 04 de agosto del 2022, en el Expediente Nº.6066, por motivo de INTIMACION Y ESTIMACION DE HONORARIOS PROFESIONALES incoado por el abogado Ramón Morean, titular de la cedula de identidad Nº V-7.560.613, debidamente inscrito ante el IPSA, bajo el Nº 101.463. Ocurro de conformidad con los artículos 1 y 4 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en concordancia con el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (Omissis) …Que de conformidad con el numeral 2º y 3º del artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, señalo como VIOLADOS De conformidad con el numeral 4º del artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, señalo como VIOLADOS los artículos 26, 49 ordinales 1º, 3º, 8º y 80 de la Constitución Bolivariana de la República Bolivariana de Venezuela: Artículo 26: Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia gratuita, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reposiciones inútiles. (Subrayado y negrilla de la Defensa). Artículo 49: El debido proceso se aplicará a todas las actuaciones judiciales y administrativas; en consecuencia: 1. La defensa y la asistencia jurídica son derechos inviolables en todo estado y grado de la investigación y del proceso. Toda persona tiene derecho a ser notificada de los cargos por loscuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa. Serán nulas las pruebas obtenidas mediante violación del debido proceso. Toda persona declarada culpable tiene derecho a recurrir del fallo, con las excepciones establecidas en esta Constitución y la ley. 2. Toda persona se presume inocente mientras no se pruebe lo contrario. 3. Toda persona tiene derecho a ser oída en cualquier clase de proceso, con las debidas garantías y dentro del plazo razonable determinado legalmente, por un tribunal competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad. Quien no hable castellano o no pueda comunicarse de manera verbal, tiene derecho a un intérprete. 8. Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o de la magistrada, del juez o de la jueza; y el derecho del Estado de actuar contra éstos o éstas. Artículo 80: El estado garantizará a los ancianos y ancianas el pleno ejercicio de sus derechos y garantías. (Negrilla de la Defensa) Artículo 255:...Los jueces o juezas son personalmente responsables, en los términos que determine la ley, por error, retardo u omisiones injustificados, por la inobservancia sustancial de las normas procesales, por denegación, parcialidad, y por los delitos de cohecho y prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones. (Negrilla de la Defensa) …Que Es el caso, ciudadana Jueza Superior, que en fecha 20 de Abril de 2022, se dictó sentencia interlocutoria, en el cual se declaró la Nulidad de las actuaciones, a la admisión de la demanda y a las actuaciones anteriores, por no haberse ordenado sustanciar por el procedimiento breve de demanda de cobro de Bolívares por Honorarios Profesionales, por actuaciones extrajudiciales del abogado demandante. …Que Vale acotar que el juez agraviante cometió faltas graves no sólo al subvertir el orden constitucional con las acciones violatorias antes mencionadas, sino que a su vez se puede presumir que ignora de manera ex profesa el artículo 176 del Código de Procedimiento Civil que dicta “El beneficio de la justicia gratuita podrá ser solicitado por cualquiera de las partes en cualquier estado y grado de la causa, y la respectiva incidencia se sustanciará y decidirá en cuaderno separado” (negrita y subrayado de la defensa), que se encuentra en concordancia con el articulo 15ejusdem. Se debe resaltar que el artículo 177 ejusdem reza que “contradicha o no la solicitud de justicia gratuita, se abrirá una articulación probatoria por ocho (8) días, sin término de distancia, a fin de que las partes hagan instruir las pruebas pertinentes. Vencida la articulación, elTribunal decidirá el asunto dentro de los tres (3) días siguientes, y de la decisión no se oirá apelación.” Ahora bien, en lo que respecta a la procedencia del amparo constitucional, nuestra máximo tribunal ha establecido, que la causal de inadmisibilidad del amparo constitucional contemplada en el artículo 6, numeral 5, de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, no se limita exclusivamente al supuesto de que “…el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias” o cuando haya “…hecho uso de los medios judiciales preexistentes…”, sino que también resulta extensible a la hipótesis de cuando el presunto agraviado disponga de los recursos ordinarios idóneos, a través de los cuales pueda lograr una tutela judicial efectiva, es decir, satisfacer su pretensión, y no haga uso de tales medios. Resulta necesario precisar que, la acción de amparo constitucional prevista en el artículo 27 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no permite su utilización para sustituir los mecanismos o recursos idóneos que brinda la Ley, para la tutela judicial requerida ante el Órgano Jurisdiccional, dada su naturaleza extraordinaria, reservándose su ejercicio ante la ausencia de otros mecanismos procesales. Establece que: Artículo 27. Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto. La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser interpuesta por cualquier persona, y el detenido o detenida será puesto o puesta bajo la custodia del tribunal de manera inmediata, sin dilación alguna. El ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en modo alguno, por la declaración del estado de excepción o de la restricción de garantías constitucionales (Negrillas de este Tribunal). Que de un hecho o acción desplegada, debe ser revisada si concurran, para ello los supuestos establecidos por la ley y la jurisprudencia de nuestro máximo Tribunal; no obstante, ante el alegato de la parte agraviada, resulta precisodeterminar, sí tal accionar se enmarca dentro de las causales de inadmisibilidad contempladas en el ordenamiento jurídico vigente, observando este órgano subjetivo institucional judicial, actuando en sede Constitucional que, la norma especial en la materia establece en su artículo 6 las causas de inadmisibilidad sobre este tipo de acciones, sin embargo, nos encontramos con lo expresado, en el escrito de amparo, por el presunto agraviado, que expresan …Que Vale acotar que el juez agraviante cometió faltas graves no sólo al subvertir el orden constitucional con las acciones violatorias antes mencionadas, sino que a su vez se puede presumir que ignora de manera ex profesa el artículo 176 del Código de Procedimiento Civil que dicta “El beneficio de la justicia gratuita podrá ser solicitado por cualquiera de las partes en cualquier estado y grado de la causa, y la respectiva incidencia se sustanciará y decidirá en cuaderno separado” que por tales alegatos, se requiere copia de las actuaciones procesales, situación esta que de conformidad a lo previsto en el articulo18 y 19 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Gratinas Constitucionales, y que cumplida como ha sido con la notificación del solicitante, que manifestó no querer recibir la misma, quedando el mismo a derecho. Que de no cumplir con las formalidades previstas en el referido artículo 19 de la ley especial, cuando el juez que lo conozca, así lo detecte para poder hondar sobre su admisibilidad o de ser admisible tener claridad sobre lo peticionado, debe cumplirse con la misma, y visto que dese el día 21 de abril del año en curso hasta el día 24 de abril del mismo año, el presunto agraviado, no ha comparecido a esta instancia a cumplir con lo solicitado, es por lo que resulta Inadmisible la Acción de Amparo Constitucional, sanción esta prevista en el artículo 19 de la Ley de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, al no haber sido subsanado el escrito presentado. Así se decide.- III Decisión.- Por lo antes expuesto, este Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Bolivariano de Cojedes, administrando justicia en nombre de los ciudadanos y ciudadanas de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, actuando en sede Constitucional y conforme a derecho, se declara: Primero: Su competencia para conocer la presente acción de Amparo Constitucional Sobrevenido, incoada por el ciudadano Argenis Rafael Barrios Azconeguiz, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº1.341.560, en contra Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Del Tránsito y Bancario de la Circunscripción judicial del Estado Cojedes.- Segundo: Inadmisible la presente acción de Amparo Constitucional incoada el ciudadano Argenis Rafael Barrios Azconeguiz, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 1.341.560, Tercero: No hay condenatoria en costas en virtud de la naturaleza del presente fallo. Publíquese, regístrese y cópiese. Remítase el expediente en su oportunidad al tribunal de la causa. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, en San Carlos a los trece (24) días del mes de Abril del año dos mil veintitrés (2.023). Años: 213 de la Independencia y 163º de la Federación. Abg. Marvis María Navarro Jueza Provisoria La Secretaria Titular Abg. Gloria Linarez En la misma fecha, se publicó la anterior sentencia, siendo las tres de la tarde (03:20p.m) La Secretaria Titular Abg. Gloria Linarez Sentencia: Interlocutoria con Fuerza Definitiva.