REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL San Carlos de Austria, 17 IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y DE LA CAUSA: Parte Demandante: Apoderada Judicial: Parte Demandada: Abogados Asistentes: Expediente: Motivo: Sentencia: BREVE RESEÑA DE LAS ACTAS PROCESALES Se inicia el presente juicio mediante demanda por motivo de Nulidad de Documento Público interpuesto por TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN SU NOMBRE: EL DEL ESTADO COJEDES de Octubre del 2022. Años: 212º y 163º -IIDENTIFICACIÓN Andiz Keybert Triana Rodríguez, Juan Carlos Triana Rodríguez, Argenis José Triana Rodríguez y Carlos José Triana Rodríguez, venezolanos, mayores de titulares de las Cédulas de Identidad Nº V V-10.322.555, V-13.182.862, 10.990.250; domiciliados en la Avenida Caracas, Casa Nº 9 enero, de la ciudad de San Carlos, Municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes, teléfono 8889909 y correo electrónico: aktriana09@gmail.com : Daisy García Mendoza, venezolana, con Cédula de identidad Nº V-7.561.905 e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 103.957, con domicilio Procesal en el local 8-52, Calle Manrique entre Avenidas Bolívar y sucre de la ciudad de San Carlos, estado Cojedes, teléfono personal Nº 0412 correo electrónico: ndayga2007@gmail.com Anais Emperatriz del Valle Triana Rodríguez, venezolana, mayor de edad, titular de la Identidad Nº 13.970.406, con domicilio en la Av. Caracas, casa nº 9-43, sector 23 de enero, de la ciudad de san Carlos, Municipio Ezequi Cojedes, teléfono personal número 0412 correo electrónico: delvalle2105@gmail.com : Omar Enrique Piña Rojas, con Cédula de Identidad Nº V-12.608.202, inscrito en el Instituto de Pre del Abogado bajo el Nº 197.045, correo electrónico: rojaspiomaren19@gmail.com y teléfono personal Nº 0412-043.2534 y Rafael Tovias Arteaga Alvarado, Venezolano, inscrito en el Instituto de Previs del Abogado bajo el Nº 24.372, número de teléfono personal 0416-337.0153, correo electrónico: toviasarteaga36@hotmail.com 11.690 : Nulidad de Documento Público. Definitiva - II - Andiz Keybert Triana Rodríguez, Juan ctubre , edad, V-10.322.217, 9-43, sector 23 de personal Nº 0412- 0412-0333906 y las Cédulas de los, Ezequiel Zamora dele estado 0412-4458341 y Previsión Social Previsión Social Carlos Triana Rodríguez, Argenis José Triana Rodríguez y Carlos José Triana Rodríguez, venezolanos, mayores de edad, titulares de la Cédula de Identidad Nº V-10.322.217, V-10.322.555, V-13.182.862, 10.990.250; domiciliados en la Avenida Caracas, Casa Nº 9-43, sector 23 de enero, de la ciudad de San Carlos, Municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes, con teléfono personal Nº 0412-8889909 y correo electrónico: aktriana09@gmail.com, debidamente asistidos por la profesional del derecho Daisy García Mendoza, venezolana, con Cédula de identidad Nº V-7.561.905 e inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 103.957, con domicilio Procesal en el local 8-52, Calle Manrique entre Avenidas Bolívar y sucre de la ciudad de San Carlos, estado Cojedes. Con teléfono personal Nº 0412-0333906 y correo electrónico: ndayga2007@gmail.com en contra de la ciudadana Anaís Emperatriz del Valle Triana Rodríguez, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 13.970.406, con domicilio en la Av. Caracas, casa nº 9-43, sector 23 de enero, de la ciudad de san Carlos, Municipio Ezequiel Zamora dele estado Cojedes. Con teléfono personal número 0412-4458341 y correo electrónico: delvalle2105@gmail.com En fecha doce (12) de agosto de 2021 Realizada la distribución vía correo electrónico institucional de este despacho correspondió conocer de la misma a este Tribunal, quien le dio entrada en el libro respectivo asignándole el Nº 11.690, de la nomenclatura interna de este Tribunal, tal como consta en folio Nº tres (03) del presente expediente. En fecha diecisiete (17) de agosto de 2021, se le dio entrada en forma física a la presente demanda presentada por los ciudadanos Andiz Keybert Triana Rodríguez, Juan Carlos Triana Rodríguez, Argenis José Triana Rodríguez y Carlos José Triana Rodríguez, venezolanos, mayores de edad, titulares de la Cédula de Identidad Nº V-10.322.217, V-10.322.555, V- 13.182.862, 10.990.250, debidamente asistidos de la abogada en ejercicio Daisy García Mendoza, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 103.957. Así se observa y hace constar en el folio Nº 47 de este expediente. Posteriormente, este tribunal admitió la demanda por auto de fecha 20 de agosto de 2021, quien a su vez ordenó emplazar a la ciudadana Anais Emperatriz del Valle Triana Rodríguez, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº 13.970.406, en su condición de demandada a los fines de comparecer ante este tribunal dentro de los VEINTE (20) días de despacho siguientes a que conste en auto su citación, a dar contestación de la demanda propuesta en su contra. En esa misma fecha ser libró Boleta de Citación. Actuaciones asentadas en los folios Nº 48 y 49 del respectivo expediente. En fecha treinta y uno (31) de agosto de 2021, mediante diligencia presentada por la apoderada judicial de la parte actora, abogada Daisy García Mendoza, solicitó la citación personal de la ciudadana Anais Emperatriz del Valle Triana Rodríguez, debidamente identificada en autos, de igual modo solicitó la expedición de copias certificadas del libelo de demanda con la orden de comparecencia. Evidenciándose tal como ha sido mencionado en los folios Nros. 50 y 51 de este expediente. En fecha tres (03) septiembre de 2021 se dejó constancia que la respectiva Boleta de Citación fue consignada por el Alguacil de este Tribunal, declarando que la misma fue firmada por lo ciudadana Anais Emperatriz del Valle Triana Rodríguez, parte demandada en la presente causa, en su casa de habitación en la fecha mencionada. Signándole el Folio Nº 52 a dicha actuación. Por auto de fecha veintinueve (29) de septiembre de 2021, siendo la oportunidad legal para dar contestación a la demanda, se recibió mediante correo electrónico de este Tribunal tribunal1erocivilcojedes@gmail.com escrito de contestación a la demanda presentada por la ciudadana Anaís Triana debidamente asistida por los abogados Omar Piña y Rafael Tovias. En auto de fecha 01 de octubre de 2021, el Tribunal dejó constancia que venció el lapso de Contestación de la Demanda, quedando registrado en el Folio Nº 59 de este expediente. En fecha once (11) de octubre de 2021, se recibió diligencia en físico por el ciudadano Carlos José Triana Rodríguez a los fines de conferir Poder Apud– Acta a la profesional del derecho abogada Daisy García Mendoza. Obsérvese dicha actuación en el Folio Nº 61 de este expediente. En este mismo orden de ideas, sucede que en fecha trece (13) de octubre de 2021, se recibió diligencia en físico presentada por los ciudadanos Andiz Keybert Triana Rodríguez, Juan Carlos Triana Rodríguez, Argenis José Triana Rodríguez, a los fines de conferir Poder Apud Acta a la abogada Daisy García Mendoza. Obsérvese dicha actuación en el Folio Nº 63 de este expediente. Posteriormente, en fecha veinticinco (25) de octubre del 2021 se recibió escrito de promoción de pruebas presentado por la ciudadana Anais Emperatriz del Valle Triana Rodríguez debidamente asistida por el Abogado Omar Enrique Piña Rojas, correspondiéndoles en el debido orden de foliatura los Folios Nros. 65 y 66 en el respectivo expediente. Acto seguido, en fecha veintiocho (28) de octubre del 2021, la Abogada Daisy García Mendoza, actuando en su carácter de Apoderada de las partes accionantes de esta causa ya identificadas up supra, consignó ESCRITO DE PROMOCIÓN DE PRUEBAS, así como copias debidamente certificadas por la Secretaria de este Tribunal. Asimismo, en fecha veintinueve (29) de octubre de 2021, la Abogada Daisy García Mendoza, actuando en su carácter de Apoderada Judicial de las partes accionantes de esta causa, identificadas up supra, consignó Copias de Poder General debidamente apostillado en Santa Cruz de la Palma, España; otorgado por el ciudadano Carlos José Triana Rodríguez C.I V-10.990.250 a sus coherederos, los ciudadanos Andiz Keybert Triana Rodríguez, Juan Carlos Triana Rodríguez, Argenis José Triana Rodríguez. Folios del 232 al 235 de este expediente consecutivamente. Según diligencia de fecha dos (02) de noviembre de 2021 presentada por la Apoderada Judicial de la parte actora solicitó el ABOCAMIENTO de la jueza para que conociera de la presente expediente. Folio 237. Acto seguido, mediante diligencia de fecha diez (10) de noviembre del 2021 se solicitó el ABOCAMIENTO de la jueza para que conociera de la causa. Folio 239. Según auto de fecha quince (15) de noviembre de 2021, este tribunal acuerda abocarse al conocimiento de la presente causa. Folios 240 y 241. Seguidamente, en fecha 15 de noviembre de 2021 se recibió Diligencia en físico por la Abogada Daisy García Mendoza, actuando en su carácter de Apoderada Judicial de las partes accionantes de esta causa, identificadas up supra, mediante el cual consignó copias certificadas del Expediente Nº 1608 que llevó el Juzgado Segundo Ordinario y Ejecutor de Medidas de los municipios San Carlos, Rómulo Gallegos, Tinaco y Lima blanco de la circunscripción Judicial del estado Cojedes contentiva de Demanda de Desalojo intentada por la demandada de esta causa la ciudadana Anais Emperatriz del Valle Triana Rodríguez, en contra del ciudadano Juan Carlos Triana Rodríguez. Folios 243 al 304 de este expediente. Mediante auto de fecha dieciséis (16) de noviembre de 2021, este tribunal acordó agrégalos a los autos. En auto de fecha dieciséis de (16) de noviembre, este tribunal publicó en el Sistema de Notificaciones Digitales del Tribunal Supremo de Justicia, cojedes.ssc.org.ve, Boleta de Notificación a la ciudadana Anaís Emperatriz del Valle Triana Rodríguez, por ser parte demandada en la presente causa; asimismo, en esta misma fecha se envió al correo electrónico suministrado, quedando así debidamente notificada la parte accionada. En fecha dieciocho (18) de noviembre de 2021, se recibió diligencia presentada por los ciudadanos Andiz Keybert Triana Rodríguez, Juan Carlos Triana Rodríguez y Argenis José Triana Rodríguez a los fines de Sustituir Poder otorgado por el ciudadano Carlos José Triana Rodríguez, a favor de la abogado Daisy García Mendoza. En la misma fecha la secretaria de este tribunal certifico el debido Poder. Por auto de este tribunal, de fecha treinta (30) de noviembre de 2021 se dejó constancia que venció el lapso establecido en la norma adjetiva para que las partes ejercieran el derecho de recusación en la presente causa. Foliado con el número 314 dentro del presente expediente. En fecha primero (01) de diciembre de 2021, mediante auto, este Tribunal ordenó REANUDAR la presente causa en el estado en que se encuentra. Folio 315 del expediente contentivo de la causa. En fecha diecisiete (17) de enero de 2022 se recibió diligencia por la profesional del derecho Daisy García Mendoza, a los fines de solicitar el cómputo de días de despacho transcurridos efectivos desde el día 25 de octubre de 2021, hasta la presente fecha. Folio 317 del expediente signado para la causa. En fecha veinte (20) de enero de 2022, la ciudadana Jueza Nurycer González se aboco al conocimiento de la causa y ordenó librar Boleta de Notificación a la ciudadana Anais Emperatriz del Valle Triana Rodríguez, en su condición de parte demandada en la presente causa. Obsérvese actuación en folio 318 y 319 de este expediente. Por auto emitido en fecha primero (01) de febrero de 2022, la secretaria adscrita a este tribunal dejó constancia que se publicó en el portal web cojedes.scc.org.ve Boleta de Notificación del Abocamiento dictado por la ciudadana Jueza Suplente Especial Nurycers González. Se deja asentado dicho acto en el folio Nº 321 de este expediente. Por auto de fecha cuatro (04) de febrero de 2022 se dejó constancia del vencimiento del lapso establecido en la norma adjetiva para que las partes ejercieran el derecho de Recusación. Folio Nº 322 de este expediente. Seguidamente, por medio de auto de fecha siete (07) de febrero de 2022 este tribunal ordenó REANUDAR la presente causa, en el estado en que se encuentra. Folio 323 de este expediente. Mediante auto de fecha diez (10) de febrero de 2022 este Tribunal acordó certificar por secretaría los días de despacho transcurridos en este Tribunal tal como fue solicitado mediante diligencia interpuesta de fecha catorce (14) de diciembre de 2021 respectivamente. En fecha veintidós (22) de febrero de 2022, se recibió en físico diligencia presentada por la Apoderada Judicial Daisy García Mendoza, quien solicitó el ABOCAMIENTO del conocimiento de la causa; así como también, se le notifique a la parte accionada por vía de correo o llamada telefónica. De igual modo solicitó el pronunciamiento de este tribunal en cuanto a la admisión de pruebas. Folio 327. Consta en auto que en fecha veinticinco (25) de febrero del año 2022, este Tribunal acordó abocarse al conocimiento de la presente causa y ordenó librar Boleta de Notificación acerca de tal abocamiento a la ciudadana Anais Emperatriz del Valle Triana Rodríguez. Folio 323 de este expediente. Mediante auto de fecha siete (07) de marzo del año 2022, este tribunal dejó constancia que venció el lapso para que las partes ejercieran el derecho de recusación sin que hubieran hecho uso del mismo. Acto seguido, se ordenó REANUDAR la presente causa en el estado en que se encuentra. En fecha primero (01) de abril del año 2022, se dictó sentencia Interlocutoria donde se declaró la revocatoria de nulidad en el presente expediente de todo lo actuado desde el día 02 de diciembre del año 2021 hasta la 01 de abril del año 2022, con excepción de la presente decisión, y se ordenó reponer la cauda al estado de lapso de admisión de las pruebas. (FF. 331 al 333) Seguidamente, mediante auto de fecha ocho (08) de abril del 2022, este tribunal dejó constancia de que venció el lapso de apelación de la sentencia dictada en fecha primero (01) de abril del año en curso. (Folio 334) En fecha dieciocho (18) de abril del año 2022, estando en el lapso para admitir pruebas este tribunal se pronunció respecto a las pruebas documentales presentadas por la partes dejando su apreciación en la definitiva, de la prueba de informes, este tribunal acordó oficiar al Seniat solicitando información de la sucesión Petra Emperatriz Rodríguez, y sobre las pruebas promovidas por la parte demandada, las mismas fueron admitidas dejando su apreciación en la definitiva. En la misma fecha se libro oficio. (FF.335 al 336) Posteriormente en fecha dos (02) de junio del año 2022, mediante auto este tribunal dejó constancia de que venció el lapso de evacuación de pruebas, fijando el DECIMO QUINTO (15) día de despacho siguiente, para que las partes presenten INFORMES. (Folio 338) En fecha veintidós (22) de junio de 2022, la apoderada judicial Daisy García Mendoza, consignó Escrito de Informes contentivo de seis (06) folios útiles. (FF.340 al 345). Seguidamente, en esa misma fecha, mediante auto este tribunal dejó constancia de que la apoderada judicial Daisy García Mendoza, consignó escrito de informes de forma anticipada, y se acordó agregar a las actas del presente expediente. (Folio 346) En fecha veintisiete (27) de junio de 2022, la ciudadana Anaís Emperatriz del Valle Triana Rodríguez, debidamente asistida por el abogado Omar Enrique Piña Rojas, consignó ante este tribunal escrito de Informes contentivo de cuatro (04) folios útiles. (FF.348 al 351). Seguidamente en esa misma fecha, este tribunal mediante auto, dejó constancia de que venció el lapso para que las partes presentaran sus informes. (Folio 353) Posteriormente en fecha Primero (1ero) de julio de 2022, la apoderada judicial Daisy García Mendoza, consignó diligencia solicitando copias simples, siendo acordadas por este Tribunal en la misma fecha. En fecha siete (07) de julio de 2022, la apoderada judicial Daisy García Mendoza, consignó Escrito de Observaciones por ante este tribunal contentivo de seis (06) folios útiles. En esa misma fecha, mediante auto, este tribunal ordenó agregar a los autos dicho escrito. En esta misma fecha la secretaria de este tribunal dejo constancia de que el referido escrito está incompleto en su texto. (Folio 363) En fecha once (11) de julio de 2022, la apoderada judicial Daisy García, consignó diligencia por ante este tribunal subsanando el error involuntario de impresión que se percató este tribunal. (Folio 364) En la misma fecha, este tribunal ordenó agregar a los autos y mediante auto dejó constancia que venció el lapso para que las partes consignaran las observaciones a los informes presentados por las partes. (Folio 366) -IIISÍNTESIS DE LA CONTROVERSIA: La demanda contenida en estos autos, es intentada por Andiz Keybert Triana Rodríguez, Juan Carlos Triana Rodríguez, Argenis José Triana Rodríguez y Carlos José Triana Rodríguez contra su hermana ciudadana Anaís Emperatriz del Valle Triana Rodríguez, en ese sentido debe esta sentencia determinar si el documento público otorgado objeto de nulidad efectivamente se encuentra viciado; señalado por la parte demandante, por ser contrario a derecho, siendo esta causa de orden público, violenta los derechos de la parte demandante y por ende nulo, como lo alega la parte actora, siendo ello carga probatoria de la parte demandante, en virtud de la contradicción pura y simple que sobre tales imputaciones realizó la parte demandada en su contestación al fondo de la demanda. Con tal propósito se precisa analizar los alegatos y defensas esgrimidos por ambas partes en el juicio, y a tal efecto el Tribunal observa: -IVDEL ACERVO PROBATORIO TRAIDO A LOS AUTOS POR LAS PARTES Y DE SU VALORACIÒN IV.1.- Parte Demandante. Consignó con su libelo y promoción de pruebas las siguientes documentales: De las Instrumentales: a)- Copia Certificada de Documento Público contentivo de la Renuncia de Derechos y Acciones, sobre un inmueble propiedad de la causante PETRA EMPERATRIZ RODRIGUEZ, protocolizado en fecha 12 de mayo del año 2015, por ante la Oficina del Registro Público de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos del estado Cojedes bajo el N° 24, Folios 114 al 116, Tomo 3o, Protocolo Primero, Segundo Trimestre del año 2015, la cual fue indicada como anexo marcado con la sigla “Ñ” (FF. 28 al 32). Dicho documento no fue impugnado por la parte demandada, razón por la cual este Tribunal valora como un instrumento público traído a los autos en copia certificada de conformidad con lo establecido en el artículo 1.357 del Código Civil y en el primer (1er) aparte del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, ya que se presume la autenticidad y veracidad de su contenido, quedando demostrado con el mismo, la manifestación de voluntad de los Ciudadanos ANDIZ KEYBER TRIANA RODRIGUEZ, JUAN CARLOS TRIANA RODRIGUEZ , ARGENIS JOSE TRIANA RODRIGUEZ y CARLOS JOSE TRIANA RODRIGUEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nº V- 10.322.217, V-10.322.555, V-13.182.862 y V-10.990.250. Así se aprecia.- b)- Copia Certificada del Acta de Defunción Nro. 365, Folio 115, Tomo II de fecha 27-05-2015, emanada del Registro Civil del Municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes, de la ciudadana PETRA EMPERATRIZ RODRÍGUEZ (+) quién en vida era venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V 1.030.253, la cual fue indicada como anexo marcado con la letra “A” (FF.106 al 107). Dicho documento no fue impugnado por la parte demandada, razón por la cual este Tribunal valora como un instrumento público traído a los autos en copia certificada de conformidad con lo establecido en el artículo 1.357 del Código Civil y en el primer (1er) aparte del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, ya que se presume la autenticidad y veracidad de su contenido, quedando demostrado con el mismo que la de cujus ciudadana PETRA EMPERATRIZ RODRÍGUEZ (+), falleció el 27 de mayo de 2015, a consecuencia de Insuficiencia Respiratoria Aguda. Metástasis Pulmonar y Cerebral Cáncer y que era madre de los ciudadanos ANDIZ KEYBER TRIANA RODRIGUEZ, JUAN CARLOS TRIANA RODRIGUEZ, CARLOS JOSE TRIANA RODRIGUEZ, ARGENIS JOSE TRIANA RODRIGUEZ y ANAIS EMPERATRIZ TRIANA RODRIGUEZ. Así se Aprecia.- c)- Copia Certificada del Documento “Testamento Abierto”, otorgado por la de cujus ciudadana PETRA EMPERATRIZ RODRÍGUEZ (+), protocolizado en fecha 12 de mayo del año 2015, por ante la Oficina del Registro Público de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos del estado Cojedes bajo el N° 05, folios 22 al 24, Tomo Único, Protocolo Cuarto, segundo Trimestre del año 2015, la cual corre inserta dentro del presente expediente como anexo marcado con la sigla “Ñ” (FF. 25 al 27). Dicho documento no fue impugnado ni tachado por la parte demandada. Ahora bien, este Tribunal valora la presente prueba por cuanto es un documento público, de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.359 del Código Civil, quedando por demostrado que la única beneficiaria del testamento abierto es la ciudadana ANAIS EMPERATRIZ TRIANA RODRIGUEZ. Así se establece.- d)- Copia Certificada de Documento contentivo de Titulo Supletorio, solicitante Petra Emperatriz Rodríguez, de fecha 28 de septiembre del año 2007, mediante el cual el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, declara bastante y suficiente las probanzas evacuadas para asegurarle a la solicitante el derecho de propiedad sobre las bienhechurías construidas sobre un lote de terreno, propiedad de la Municipalidad del Municipio San Carlos, estado Cojedes constante de 542,42 mts2, ubicado en la avenida Caracas y avenida Bolívar, casa Nro. 9-43, comprendido dentro de los siguientes linderos: NORTE: Solar y casa del señor Antonio Martínez, con una longitud de 34,15ML, SUR: casa del señor Evelio Sosa, con longitud de 33,93 ML. ESTE: Que es su frente, avenida caracas, con una longitud de 16,00ML. Y OESTE: Casa del señor Guillermo Hernández, con una longitud de 15,85ML. Debidamente Registrado por ante la Oficina Subalterna de Registro Público de los Municipios Autónomos de San Carlos y Rómulo Gallegos en fecha 14 de noviembre de 2007, quedando registrado bajo el número 42, Folios 174 al 183, Protocolo Primero, Tomo 4o , Cuarto Trimestre del año 2007. La cual corre inserta en el presente expediente como anexo marcado con la letra “O” (FF.33 al 46). Sobre la valoración probatoria del título supletorio la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha nueve (9) de julio de dos mil nueve (2009), contenida en el expediente número AA20-C-2008-000524, con ponencia del Magistrado Dr. LUÍS ANTONIO ORTÍZ HERNÁNDEZ, estableció lo siguiente: “ esta Sala de Casación Civil, en fallo de fecha 22 de julio de 1987, caso IRMA ORTA DE GUILARTE contra PEDRO ROMERO, estableció la siguiente doctrina: “...El título supletorio, como elemento probatorio que es, deberá estar sometido a la contradicción de prueba por la parte contraria en el juicio en el cual se pretende hacer valer; esto a fin de determinar si dicho título se pretende hacer valer ante el ‘tercero en sentido técnico’, o sea, el tercero cuyo derechos quedaron a salvo, por imperio de la misma disposición legal…” Como se denota, la valoración del título supletorio está circunscrita a los dichos de los testigos que participaron en la conformación extra litem del justificativo de perpetua memoria, por lo que la misma, se repite, para que tenga valor probatorio, tendrá que exponerse al contradictorio, mediante la presentación de aquéllos testigos para que ratifiquen sus dichos, y de esta forma ejerza la parte contraria, el control sobre dicha prueba. De la revisión de la actas, esta se constata que en el sub iudice no fueron llamados aquellos testigos que participaron en la conformación de los justificativos de perpetua memoria aportados, por lo que, al tratarse este tipo justificativo de una prueba preconstitutiva, su valoración no puede afectar a terceros ajenos a su configuración y, por tanto, no puede asimilarse su efecto probatorio al de un documento público, con efectos erga omnes”, razón por la cual, se desecha del proceso. Así se decide.- e)- Copia Certificada de Acta de Nacimiento del ciudadano ANDIZ KEYBER TRIANA RODRIGUEZ, anexo marcado con la letra “C” la cual corre inserta en el expediente de perpetua memoria que se marcó como anexo signado con la letra “M” (FF. 109 al 110), el mismo se encuentra registrado por ante la Oficina del Registro Civil del Municipio Ezequiel Zamora estado Cojedes, en fecha 14 de octubre del 219, quedando inserto bajo el No 839, Folio Vto24, Tomo nro. 2. Dicho documento no fue impugnado por la parte demandada, razón por la cual este Tribunal valora como un instrumento público traído a los autos en copia certificada de conformidad con lo establecido en los artículo 1.357 y 1360 del Código Civil y en el primer (1er) aparte del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, ya que se presume la autenticidad y veracidad de su contenido, quedando demostrado con el mismo la cualidad de hijo legítimo de la de cujus. Así se aprecia. f).- Copia Certificada de Acta de Nacimiento del ciudadano JUAN CARLOS TRIANA RODRIGUEZ, anexo marcado con la letra “D”, la cual corre inserta en el expediente de perpetua memoria que se marcó como anexo signado con la letra “M” (FF. 112 al 113), el mismo se encuentra registrado por ante la Oficina del Registro Civil del Municipio Ezequiel Zamora estado Cojedes, en fecha 16 de agosto del 2019, quedando inserto bajo el No 12, Folio 64, Tomo I. Dicho documento no fue impugnado por la parte demandada, razón por la cual este Tribunal valora como un instrumento público traído a los autos en copia certificada de conformidad con lo establecido en los artículo 1.357 y 1360 del Código Civil y en el primer (1er) aparte del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, ya que se presume la autenticidad y veracidad de su contenido, quedando demostrado con el mismo la cualidad de hijo legítimo de la de cujus. Así se aprecia. g).- Copia Certificada de Acta de Nacimiento del ciudadano CARLOS JOSE TRIANA RODRIGUEZ, anexo marcado con la letra “E”, la cual corre inserta en el expediente de perpetua memoria que se marcó como anexo signado con la letra “M” (FF. 116 al 117), el mismo se encuentra registrado por ante la Oficina del Registro Civil del Municipio Ezequiel Zamora estado Cojedes, en fecha 03 de octubre del 2019, quedando inserto bajo el No 854, Folio 430, Tomo 1. Dicho documento no fue impugnado por la parte demandada, razón por la cual este Tribunal valora como un instrumento público traído a los autos en copia certificada de conformidad con lo establecido en los artículo 1.357 y 1360 del Código Civil y en el primer (1er) aparte del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, ya que se presume la autenticidad y veracidad de su contenido, quedando demostrado con el mismo la cualidad de hijo legítimo de la de cujus. Así se aprecia. h).- Copia Certificada de Acta de Nacimiento del ciudadano ARGENIS JOSE TRIANA RODRIGUEZ, anexo marcado con la letra “F”, la cual corre inserta en el expediente de perpetua memoria que se marcó como anexo signado con la letra “M” (FF. 120 al 123), el mismo se encuentra registrado por ante la Oficina de Registro Principal del estado Cojedes, en fecha 21 de octubre del 2019, quedando inserto bajo el Acta No 191, Folio 100. Dicho documento no fue impugnado por la parte demandada, razón por la cual este Tribunal valora como un instrumento público traído a los autos en copia certificada de conformidad con lo establecido en los artículo 1.357 y 1360 del Código Civil y en el primer (1er) aparte del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, ya que se presume la autenticidad y veracidad de su contenido, quedando demostrado con el mismo la cualidad de hijo legítimo de la de cujus. Así se aprecia. i).- Copia Certificada de Acta de Nacimiento de la ciudadana ANAIS EMPERATRIZ TRIANA RODRIGUEZ, anexo marcado con la letra “G”, la cual corre inserta en el expediente de perpetua memoria que se marcó como anexo signado con la letra “M” (FF. 127 al 130), el mismo se encuentra registrado por ante la Oficina de Registro Principal del estado Cojedes, en fecha 19 de noviembre del 2020, quedando inserto bajo el Acta No 97, Folio 49. Dicho documento no fue impugnado por la parte demandada, razón por la cual este Tribunal valora como un instrumento público traído a los autos en copia certificada de conformidad con lo establecido en los artículo 1.357 y 1360 del Código Civil y en el primer (1er) aparte del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, ya que se presume la autenticidad y veracidad de su contenido, quedando demostrado con el mismo la cualidad de hija legítima de la de cujus. Así se aprecia. j)- Copias Certificadas del Expediente N° 022/2020, por motivo de Perpetua Memoria de Declaración de Únicos y Universales Herederos a solicitud del ciudadano ANDIZ KEYBER TRIANA RODRIGUEZ en representación de sus hermanos, de conformidad con lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Civil, mediante el cual el Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios san Carlos y Rómulo Gallegos, Tinaco y Lima Blanco de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes declara bastante y suficiente las probanzas evacuadas para asegurarle a los ciudadanos ANDIZ KEYBER TRIANA RODRIGUEZ, JUAN CARLOS TRIANA RODRIGUEZ , ARGENIS JOSE TRIANA RODRIGUEZ y CARLOS JOSE TRIANA RODRIGUEZ la cualidad de UNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS de la De Cujus PETRA EMPERATRIZ RODRÍGUEZ(+). La cual riela en el presente expediente como anexo marcado con la letra “M” (FF.11 al 23). Dicho documento no fue tachado ni impugnado por la parte demandada, razón por la cual este Tribunal valora como un instrumento público, traído a los autos en copia certificada de conformidad con lo establecido en el artículo 1.359 del Código Civil y el artículo 429 Código de Procedimiento Civil, se valora por ser útil, necesario, pertinente y guarda relación con los hechos introvertidos. Así se aprecia.- k)- Copia Certificada de la Cédula de Identidad del ciudadano ANDIZ KEYBER TRIANA RODRIGUEZ, anexo marcado con la letra “H” la cual corre inserta en el expediente de perpetua memoria que se marcó como anexo signado con la letra “M” (Folio 111). Dicho documento no fue tachado ni impugnado por la parte demandada, razón por la cual este Tribunal valora como un instrumento público, traído a los autos en copia certificada de conformidad con lo establecido en el artículo 1.359 del Código Civil y el artículo 429 Código de Procedimiento Civil. Se trata de un instrumento definido en el artículo 11 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de Identificación como de carácter personal e intransferible, y constituye el documento principal de identificación para los actos civiles, mercantiles, administrativos y judiciales; en tal virtud, quien juzga le confiere pleno valor probatorio para demostrar la identidad del ciudadano antes señalado. Así se Aprecia.- l)- Copia Certificada de la Cédula de Identidad del ciudadano JUAN CARLOS TRIANA RODRIGUEZ, anexo marcado con la letra “I”, la cual corre inserta en el expediente de perpetua memoria que se marcó como anexo signado con la letra “M” (FF. 114). Dicho documento no fue tachado ni impugnado por la parte demandada, razón por la cual este Tribunal valora como un instrumento público, traído a los autos en copia certificada de conformidad con lo establecido en el artículo 1.359 del Código Civil y el artículo 429 Código de Procedimiento Civil. Se trata de un instrumento definido en el artículo 11 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de Identificación como de carácter personal e intransferible, y constituye el documento principal de identificación para los actos civiles, mercantiles, administrativos y judiciales; en tal virtud, quien juzga le confiere pleno valor probatorio para demostrar la identidad del ciudadano antes señalado. Así se Aprecia.- m)- Copia Certificada de la Cédula de Identidad del ciudadano CARLOS JOSE TRIANA RODRIGUEZ, anexo marcado con la letra “J”, la cual corre inserta en el expediente de perpetua memoria que se marcó como anexo signado con la letra “M” (FF. 118). Dicho documento no fue tachado ni impugnado por la parte demandada, razón por la cual este Tribunal valora como un instrumento público, traído a los autos en copia certificada de conformidad con lo establecido en el artículo 1.359 del Código Civil y el artículo 429 Código de Procedimiento Civil. Se trata de un instrumento definido en el artículo 11 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de Identificación como de carácter personal e intransferible, y constituye el documento principal de identificación para los actos civiles, mercantiles, administrativos y judiciales; en tal virtud, quien juzga le confiere pleno valor probatorio para demostrar la identidad del ciudadano antes señalado. Así se Aprecia.- n)- Copia Certificada de la Cédula de Identidad del ciudadano ARGENIS JOSE TRIANA RODRIGUEZ, anexo marcado con la letra “K”, la cual corre inserta en el expediente de perpetua memoria que se marcó como anexo signado con la letra “M” (FF. 126). Dicho documento no fue tachado ni impugnado por la parte demandada, razón por la cual este Tribunal valora como un instrumento público, traído a los autos en copia certificada de conformidad con lo establecido en el artículo 1.359 del Código Civil y el artículo 429 Código de Procedimiento Civil. Se trata de un instrumento definido en el artículo 11 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de Identificación como de carácter personal e intransferible, y constituye el documento principal de identificación para los actos civiles, mercantiles, administrativos y judiciales; en tal virtud, quien juzga le confiere pleno valor probatorio para demostrar la identidad del ciudadano antes señalado. Así se Aprecia.- o)- Copia Certificada de la Cédula de Identidad de la ciudadana ANAIS EMPERATRIZ TRIANA RODRIGUEZ, anexo marcado con la letra “L”, la cual corre inserta en el expediente de perpetua memoria que se marcó como anexo signado con la letra “M” (Folio 132). Dicho documento no fue tachado ni impugnado por la parte demandada, razón por la cual este Tribunal valora como un instrumento público, traído a los autos en copia certificada de conformidad con lo establecido en el artículo 1.359 del Código Civil y el artículo 429 Código de Procedimiento Civil. Se trata de un instrumento definido en el artículo 11 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de Identificación como de carácter personal e intransferible, y constituye el documento principal de identificación para los actos civiles, mercantiles, administrativos y judiciales; en tal virtud, quien juzga le confiere pleno valor probatorio para demostrar la identidad de la ciudadana antes señalado. Así se Aprecia.- p)- Documento de Escrito de Oposición a la Declaración Definitiva de Impuesto sobre Sucesiones realizada por la Ciudadana ANAIS EMPERATRIZ TRIANA RODRIGUEZ, por ante la Oficina Administrativa Cojedes del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), en fecha 17/12/2020. La cual fue indicado como anexo signado con la letra “P” (FF. 199 al 200). Dicho documento no fue tachado por la parte demandada, razón por la cual este Tribunal valora como un instrumento público, traído a los autos conforme a lo dispuesto en el artículo 1.359 del Código Civil y el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, se valora por ser útil, necesario, pertinente y guarda relación con los hechos introvertidos. Así se aprecia.- q)- Copia Certificada del Registro de Información Fiscal de la SUCESIÓN PETRA EMPERATRIZ RODRÍGUEZ, inscrita bajo el número J500572034, la cual se indicó como anexo marcado con la letra “B”, la cual corre inserta en el expediente de perpetua memoria que se marcó como anexo signado con la letra “M” (FF. 108). Dicho documento no fue tachado por la parte demandada, razón por la cual este Tribunal valora como un instrumento público, traído a los autos en copia certificada de conformidad con lo establecido en el artículo 1.359 del Código Civil y el artículo 429 Código de Procedimiento Civil, se valora por ser útil, necesario, pertinente y guarda relación con los hechos introvertidos. Así se establece.- r)- Copia Certificada de la Planilla, número de control: 91666378435, del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT), en el cual el ciudadano ANDIZ KEYBER TRIANA RODRIGUEZ, titular de la cédula de identidad V.-10.322.217, realizó el trámite de inscripción del Registro de Información Fiscal, la misma se indicó como anexo signado con la letra “R”, que riela dentro del expediente 11.677 llevado por ante este tribunal como anexo marcado con la sigla “S”. (Folio 201). Dicho documento no fue impugnado y tachado por la parte demandada, razón por la cual este Tribunal valora como un instrumento público, traído a los autos en copia certificada de conformidad con lo establecido en el artículo 1.359 del Código Civil y el artículo 429 Código de Procedimiento Civil, se valora por ser útil, necesario, pertinente y guarda relación con los hechos introvertidos. Así se establece.- s)- Copia Certificada del Expediente Judicial No 1608, que llevó el Juzgado Segundo Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Carlos, Rómulo Gallegos, Tinaco y Lima Blanco de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, contentiva de Demanda de Desalojo, que intentó la ciudadana ANAIS EMPERATRIZ TRIANA RODRIGUEZ en contra del ciudadano JUAN CARLOS TRIANA RODRIGUEZ, la cual fue homologada por desistimiento según consta en sentencia de fecha 27 de Agosto de 2021, la cual fue indicada como anexo marcado con la letra “S” (FF.243 al 304). Dicho documento no fue impugnado y tachado por la parte demandada, razón por la cual este Tribunal valora como un instrumento público, traído a los autos en copia certificada de conformidad con lo establecido en el artículo 1.359 del Código Civil y el artículo 429 Código de Procedimiento Civil, se valora por ser útil, necesario, pertinente y guarda relación con los hechos introvertidos. Así se establece.- t)- Copias Certificadas del Expediente signado con el número 11.677, contentivo de demanda por nulidad de testamento, llevado por este mismo tribunal, intentada por los ciudadanos ANDIZ KEYBER TRIANA RODRIGUEZ, JUAN CARLOS TRIANA RODRIGUEZ, ARGENIS JOSE TRIANA RODRIGUEZ y CARLOS JOSE TRIANA RODRIGUEZ, en contra de la ciudadana ANAIS EMPERATRIZ TRIANA RODRIGUEZ, la cual corre inserta en el presente expediente como anexo marcado con la letra “S”. (FF. 77 al 229). Dicho documento no fue impugnado y tachado por la parte demandada, razón por la cual este Tribunal valora como un instrumento público, traído a los autos en copia certificada de conformidad con lo establecido en el artículo 1.359 del Código Civil y el artículo 429 Código de Procedimiento Civil, se valora por ser útil, necesario, pertinente y guarda relación con los hechos introvertidos. Así se establece.- u)- Diligencia suscrita por el ciudadano CARLOS JOSE TRIANA RODRIGUEZ, en fecha 04 de Octubre del año 2021, donde ratifica todos los actos que puedan ejercen en su nombre y representación en el presente juicio, los ciudadanos ANDIZ KEYBER TRIANA RODRIGUEZ, JUAN CARLOS TRIANA RODRIGUEZ, ARGENIS JOSE TRIANA RODRIGUEZ, en su condición de coheredero, el cual riela en el presente expediente al Folio 61. Dicho documento no fue tachado por la parte demandada, razón por la cual este Tribunal valora como un instrumento público, traído a los autos conforme a lo dispuesto en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, se valora por ser útil, necesario, pertinente y guarda relación con los hechos introvertidos. Así se aprecia.- Prueba de Informes: En cuanto a esta prueba, dicho tribunal acordó oficiar a la Oficina Administrativa Cojedes del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) a los fines de informar a este tribunal si es cierto que lleva un expediente signado con el nro. 500, de oposición a la Declaración Sucesoral que realizara la ciudadana ANAIS EMPERATRIZ TRIANA RODRIGUEZ?, asimismo informe si es cierto que el ciudadano ANDIZ KEYBER TRIANA RODRIGUEZ, fue quien tramitó e inscribió el RIF de la Sucesión PETRA EMPERATRIZ RODRÍGUEZ, y en qué estado se encuentra la declaración sucesoral?, resultando inoficiosa, al no haber recibido respuesta alguna de dicho Ente, por tal razón considera quien aquí juzga que no hay nada que valorar al respecto. Así de declara.- IV.2.- Parte Demandada: Consignó con su libelo y promoción de pruebas las siguientes documentales: a)- Copia Certificada de Documento Público contentivo de la Renuncia de los Derechos de los ciudadanos ANDIZ KEYBER TRIANA RODRIGUEZ, JUAN CARLOS TRIANA RODRIGUEZ, ARGENIS JOSE TRIANA RODRIGUEZ y CARLOS JOSE TRIANA RODRIGUEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nº V-10.322.217, V-10.322.555, V-13.182.862 y V-10.990250, documento debidamente protocolizado de fecha 12 de mayo de 2015, por ante la Oficina del Registro Público de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos del estado Cojedes bajo el N° 24, folios 114 al 116, Tomo 3°, Protocolo Primero, Segundo Trimestre del año 2015, mediante el cual renuncian a sus derechos y acciones, sobre un inmueble construido sobre un lote de terreno, propiedad de la Municipalidad del Municipio San Carlos, estado Cojedes constante de 542,42 mts2, ubicado en la avenida Caracas y avenida Bolívar, casa Nro. 9-43, comprendido dentro de los siguientes linderos: NORTE: Solar y casa del señor Antonio Martínez, con una longitud de 34,15ML, SUR: casa del señor Evelio Sosa, con longitud de 33,93 ML. ESTE: Que es su frente, avenida caracas, con una longitud de 16,00ML. Y OESTE: Casa del señor Guillermo Hernández, con una longitud de 15,85ML, propiedad de la ciudadana PETRA EMPERATRIZ RODRÍGUEZ (+), este documento objeto de nulidad en la presente causa fue atacado por la parte demandante, alegando que el mismo es contraria a la ley, a las buenas costumbres o al orden público y sin efecto alguno, por mandato del artículo 1157 del código civil, concatenado con los artículos 1022 y 1156 del código civil. Dicho documento fue impugnado con la acción que nos ocupa. Ahora bien, este Tribunal valora la presente prueba por cuanto es un documento público, de conformidad con lo establecido en el artículo 429 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1.359 del Código Civil. Así se establece.- -VPUNTO PREVIO DE LAS DEFENSAS DE FONDO OPUESTAS POR LA REPRESENTACION JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA, Y DE SU RESOLUCIÒN Antes de entrar a resolver el fondo de la controversia medular planteada en la presente causa, previamente debe esta juzgadora decidir las defensas de fondo opuestas por la representación judicial del accionado en la oportunidad de dar contestación a la demanda incoada en su contra, todo lo cual hace en los términos siguientes: PRIMERO: DE LA CUALIDAD ACTIVA DEL COHEREDERO CARLOS JOSE TRIANA RODRIGUEZ EN EL PRESENTE JUICIO COMO PARTE DE UN LITISCONSORCIO ACTIVO NECESARIO En la contestación de la demanda la representación judicial de la parte demandada, alegó lo siguiente: Que “en el encabezamiento de la demanda que le da inicio al presente procedimiento, que los demandantes están identificados de la siguiente manera: Andiz Keybert Triana Rodríguez, titular de la Cédula de Identidad Nº V-10.322.217; Juan Carlos Triana Rodríguez titular de la Cédula de Identidad Nº V-10.322.555; y, Argenis José Triana Rodríguez, titular de la Cédula de Identidad Nº V-13.182.862 y seguido a esto señalan que actúan en nombre de su coheredero Carlos José Triana Rodríguez, titular de la Cédula de Identidad Nº V-10.990.250, todo ello de conformidad con el artículo 168 del código de procedimiento civil en su parte inicial”. Que revisando el motivo de la presente acción nos damos cuenta al leer el texto libelar en especial en el aparte primero del petitorio que trata de la solicitud de nulidad absoluta del documento otorgado, (…omissis…) contentivo de la renuncia expresa sobre unos derechos y acciones de un inmueble propiedad de su causante; como verá usted ciudadana jueza se trata de una expresión expontánea por parte del ciudadano Carlos José Triana Rodríguez, a voluntad propia, sin presión y sin apremio, mal pueden su coherederos ejercer en su nombre tal acción; afirmado es que el artículo 168 del código de procedimiento civil, indica en su parte inicial que podrán presentarse en juicio como actores sin poder el heredero por su coheredero, en las causas originadas por la herencia, pero en este caso en particular se está tratando sobre la suscripción de un documento que contiene una manifestación de voluntad del precitado ciudadano, lo que sin lugar da a entender que es una acción muy personal de cada uno de los participantes y mal pueden venir a juicio en su nombre sus coherederos y tratar de revocar tal voluntad. Que es de recordar que la parte accionante está solicitando la nulidad absoluta de dicho documento, contentivo de la renuncia de los mencionados derechos y acciones, circunstancia de hecho esta que pueden desembocar varios supuestos de hecho que podrían afectar la voluntad manifestada por el ciudadano Carlos José Triana Rodríguez. Que en razón de todo lo antes expuesto en el presente caso, se hace necesaria la Litisconsorcio necesario, esperando que así sea declarado por este tribunal. Sentado lo anterior, a los fines de resolver la defensa opuesta, esta Juzgadora observa lo siguiente: Se habla de litisconsorcio cuando varias personas pueden constituir una parte, ocupando una misma posición de actores o demandados. También puede definirse como la pluralidad de partes que intervienen en el proceso desde su inicio, como actores o demandados, para ejercitar o serles reclamada una pretensión que les afecta directa o indirectamente. Ahora bien, con relación a la interposición de demandas en las cuales sea menester la intervención de varios sujetos, bien como demandados o bien como demandantes, es decir, constitución de litisconsorcio activo o litisconsorcio pasivo, el artículo 146 del Código de Procedimiento Civil contempla lo siguiente: Artículo 146: “Podrán varias personas demandar o ser demandadas conjuntamente como litisconsortes: a) siempre que se hallen en estado de comunidad Jurídica con respecto al objeto de la causa; b) Cuando tengan un derecho o se encuentren sujetas a una obligación que derive del mismo título; c) En los casos 1º, 2º 3º del artículo 52.” En análisis a la presente norma, el procesalista patrio R.E.L.R., en su obra “Comentarios al Código de Procedimiento Civil” expuso lo siguiente: “La distinción de mayor relevancia que formula la doctrina respecto al litisconsorcio, viene dada por el carácter necesario o voluntario como concurren las partes al proceso. Llámese Litisconsorcio necesario cuando existe una sola cosa o relación sustancial con varias partes sustanciales activas o pasivas, que deben ser llamadas todas a juicio para integrar debidamente el contradictorio, pues la cualidad activa o pasiva, no reside plenamente en cada una de ellas. Así la demanda de nulidad de matrimonio que propone el progenitor de uno de los contrayentes, conforme al artículo 117 CC, debe dirigirse contra ambos supuestos cónyuges y no contra uno solo de ellos, ya que la Ley concede la acción contra ambos, pues siendo única la causa ventilada (el vínculo matrimonial), no podría el Juez declarar la nulidad respecto a uno de los interesados y omitirla respecto al otro. Igual sucede cuando se demanda la nulidad, resolución o cumplimiento de un contrato o negocio jurídico de los previstos en el artículo 168 del Código Civil, según el cual está repartida entre ambos cónyuges la cualidad pasiva”. De la misma manera, si varios comuneros demandan el dominio sobre la cosa común o la garantía de la cosa vendida uno de ellos no puede ejercer singularmente la acción porque carece de la plena legitimación a la causa. Esta situación que planteamos es distinta a la representación sin poder entre comuneros prevista en el artículo 168 del código de procedimiento civil, la cual no obvia el litisconsorcio sino que lo supone, puesto que los (sic) comuneros no apersonados al juicio son efectivamente litigantes en él, representados sin poder. También señala la doctrina patria: “El artículo 146 del Código de Procedimiento Civil admite el litisconsorcio cuando las partes ‘tengan un derecho o se encuentren sujetas a una obligación que derive el mismo título’, y también regula el litisconsorcio necesario: ‘Cuando la relación jurídica litigiosa ha de ser resuelta de modo uniforme para todos los litis consortes, o cuando el litis consorcio sea necesario por cualquier otra causa”…..omissis.- (Sentencia de la Sala de Casación Civil. 23 de octubre de 2.009 (sic), con ponencia de L.O.H.). En atención al criterio doctrinario antes citado, y en el cual se resalta el elemento definitorio del litisconsorcio necesario como institución jurídicoprocesal, se patentiza el criterio que sostiene el hecho de que al existir un litisconsorcio necesario, bien activo, bien pasivo, la concurrencia a juicio de todos los que deben ser llamados a trabar la litis se configura como un presupuesto procesal de tal magnitud que genera efectos en la sentencia que pueda producirse y, por vía de consecuencia, a la realidad material que se manifieste a raíz de la decisión que al efecto sea dictada en los términos en que el Tribunal tenga a bien dictaminar. Lo anteriormente expresado, es un pronunciamiento de carácter previo necesario en todos aquellos supuestos en que existen varios sujetos legitimados respecto a una relación jurídica sustancial, sea cual sea la clase de acción que se ejercite. De lo expuesto, se deduce que el litisconsorcio necesario es imprescindible en un proceso impuesto por el carácter único e indivisible, que la relación jurídica sustantiva tiene para todas estas partes. Con respecto a ello también, nos indica la doctrina: Que “el hecho de que sea necesaria la concurrencia en el proceso de todas las personas interesadas en una determinada relación jurídica, se debe a que tales personas puedan resultar perjudicadas, porque a todas ellas va a alcanzar la Cosa Juzgada (sic), y de no estar todas presentes se infringiría el principio jurídico natural del proceso de que nadie puede ser condenado y vencido en juicio sin ser oído”. En este sentido, en el caso bajo estudio, se evidencia que la parte actora no ejerce la presente acción de nulidad de documento público de forma autónoma e independiente, cuando la nulidad del documento que se pide concierne a una supuesta renuncia de derechos y acciones sobre un bien inmueble que corresponde a la causante PETRA EMPERATRIZ RODRIGUEZ, y el mismo se realizó fundamentándose en el artículo 168 del Código de Procedimiento Civil, que establece lo siguiente: Artículo 168: “Podrán presentarse en juicio como actores sin poder: el heredero por su coheredero, en las causas originadas por la herencia, y el comunero por su condueño, en lo relativo a la comunidad”... (…omissis…) Ahora bien, de acuerdo a lo establecido en el artículo anterior, es posible que aquellas personas vinculadas por lazos de parentesco o de interés común, puedan ejercer su defensa en juicio, bien sea por vía de representación de los intereses de la herencia, o a través del comunero, sin necesidad de que los otros herederos le otorguen poder, porque la ley suple su voluntad. En este mismo orden de ideas, observa esta juzgadora que los coherederos identificados en autos, interpusieron la presente demanda en representación de su hermano Carlos José Triana Rodríguez, contando con su autorización y consentimiento, tal cual lo preceptúa el artículo in comento. Por consiguiente, en virtud de que en el asunto bajo estudio, el cual consiste en una acción de nulidad de documento Público intentada por varios integrantes de una sucesión hereditaria contra un también integrante de la misma sucesión hereditaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 168 del Código de Procedimiento Civil, no es necesaria la conformación del litisconsorcio activo necesario, y es por lo que considera quién aquí sentencia, que la defensa de fondo de falta de cualidad activa opuesta por la demandada en el presente caso debe declararse improcedente. Así se decide. SEGUNDO: DE LA FALTA DE CUALIDAD PASIVA En la contestación de la demanda la representación judicial de la parte demandada, alegó lo siguiente: Que, se lee de la parte petitoria de la demanda que los accionantes intentan su demanda en contra de mi persona, así se lee dicho texto libelar: “…En razón de lo antes expuesto, venimos a demandar, a la ciudadana ANAIS EMPERATRIZ DEL VALLE TRIANA RODRIGUEZ…” …omissis… “…para que convenga o en caso contrario sea condenada a PRIMERO: En la nulidad absoluta del documento otorgado, el día doce (12) del mes de Mayo del año Dos Mil Quince…” Que, como verá usted ciudadana jueza la acción va dirigida en mi contra, pero se ve con bastante precisión del texto del documento cuya nulidad es solicitada a través de la presente acción que la misma no fue suscrita por mi persona, por consiguiente no hay razón para que los hoy accionantes me demanden, es decir, que no tengo cualidad para estar como demandada en la presente acción, esperando que así sea declarado por este tribunal. Sentado lo anterior, a los fines de resolver la defensa opuesta, esta Juzgadora observa lo siguiente: La doctrina venezolana en manos del maestro Luis Loreto, en el ensayo titulado “Contribución al Estudio de la Excepción de Inadmisibilidad por Falta de Cualidad”, en el cual desarrolló un profundo estudio en relación al concepto de la cualidad o legitimación ad causam, en el cual, expresó: “El problema de la cualidad entendido de esta manera, se resuelve en la demostración de la identidad entre la persona que se presenta ejercitando concretamente un derecho o poder jurídico o la persona contra quien se ejercita, y el sujeto que es su verdadero titular u obligado concreto. Se trata, en suma, de una cuestión de identidad lógica entre la persona a quien la ley concede el derecho o poder jurídico o la persona contra quien se concede, y la persona que lo hace valer y se presenta ejercitándolo como titular efectivo o contra quien se ejercita en tal manera. La cualidad expresa la referencia de un poder o de un deber jurídico concreto a un sujeto determinado….”. (Destacado del Tribunal). La exposición de motivos del Código de Procedimiento Civil señala que: “...se destaca en esta última disposición la regla de que junto con las defensas invocadas por el demandado en su contestación, puede este hacer valer la falta de cualidad o la falta de interés en el actor o en el demandado para intentar o sostener el juicio. Así estas defensas que en el código vigente constituyen excepciones de inadmisibilidad, que pueden proponerse como previo pronunciamiento, dando lugar a una incidencia o bien como de fondo junto con las demás perentorias ahora (…) son defensas que necesariamente deben oponerse en la contestación al mérito de la demanda, junto con las demás perentorias, pues han sido eliminadas como cuestiones previas en el artículo 346…”. En el mismo sentido la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia ha establecido que: “…se ha dicho innumerables veces que la cualidad es inherente al fondo de la controversia, siendo que en contadísimas oportunidades en vigencia del código abrogado, era posible escindir este respeto del derecho reclamado sin adelantar opinión, éste fue el motivo por el cual la excepción fue incluida en el nuevo Código de Procedimiento Civil como punto previo al fondo de la controversia, y eliminada como defensa a tramitarse in limine litis”. (Sentencia de fecha 5 de mayo de 1988. Cao María del Socorro Prato de Obando y otros contra Seguros Venezuela C.A., ratificada en sentencia RC.00003-180106, Caso Cecilia Doncella de Castro). También sentencia de fecha 18 de diciembre de 2007, dictada por la Sala Constitucional del T.S.J. caso: J.C. Paparoni y otros.): “…es evidente pues, que en nuestro ordenamiento jurídico actual la falta de cualidad constituye una defensa de fondo que puede ser opuesta o no por el demandado y que, por tanto, de no ser alegada, no puede ser suplida o advertida de oficio por el Juez…”. Contemporáneamente sin embargo (desde el año 1999 a la fecha), esa misma Sala ha verificado un positivo cambio de concepción, impulsado por el vinculante criterio de la Sala Constitucional, que ha llevado a reconocer el carácter procesal de la institución y sus verdaderas consecuencias jurídicas, concluyéndose: De allí que, la falta de cualidad o legitimación ad causam (a la causa) es una institución procesal que representa una formalidad esencial para la consecución de la justicia (Vid. Sentencia de la Sala Constitucional N° 1930 del 14 de julio de 2003, expediente N° 02-1597, caso: Plinio Musso Jiménez), por estar estrechamente vinculada a los derechos constitucionales de acción, a la tutela judicial efectiva y defensa, materia ésta de orden público que debe ser atendida y subsanada incluso de oficio por los jueces”. Como se ha dicho, es la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la que ha venido desarrollando el tratamiento del tema de una forma más acertada en cuanto a su alcance y consecuencias, produciendo reiteradas decisiones conforme a las cuales: “Si prospera la falta de cualidad o interés de alguna de las partes, no le es dable al juzgador entrar a conocer el mérito de la causa, sino desechar la demanda, ya que la persona que se afirma titular de un derecho, no es la persona a quien la ley le otorga la facultad para hacerlo exigible. Tal como lo ha señalado en fallo de fecha 18-5-01, (Caso: Montserrat Prato), la falta de cualidad e interés afecta a la acción, y si ella no existe, o se hace inadmisible, el juez puede constatar de oficio tal situación, ya que el aparato jurisdiccional se mueve en base al derecho de acción. En tal sentido, la inercia de las partes, mal puede obligar al juez a realizar actos jurisdiccionales, si la acción no existe o se hizo inadmisible, incluso sobrevenidamente”. La cualidad o legitimación a la causa ha sido, desde hace mucho tiempo, objeto de diversos estudios por parte de los más reconocidos estudiosos del Derecho Procesal, de donde surgió la brillante tesis del ilustre y reconocido jurista Luis Loreto “Contribución al Estudio de la Excepción de Inadmisibilidad por Falta de cualidad”, referido anteriormente; quien precisó la cualidad como la pura afirmación de la titularidad de un interés jurídico por parte de quien lo pretende hace valer jurisdiccionalmente en su propio nombre (cualidad activa) y como la sola afirmación de la existencia de dicho interés contra quien se pretende hacerlo valer (cualidad pasiva), sin que sea necesaria, para la sola determinación de la existencia o no de la legitimación, la verificación de la efectiva titularidad del derecho subjetivo que se pretende hacer valer en juicio, por cuanto ello es una cuestión de fondo que debe resolverse, precisamente, luego de la determinación de la existencia de la cualidad, es decir, que la legitimación ad causam constituye un presupuesto procesal del acto jurisdiccional que resuelva el fondo o mérito de lo debatido, sin que ello desdiga de la vinculación evidente con el derecho de acción, de acceso a los órganos de administración de justicia o jurisdicción y, por tanto, con una clara fundamentación constitucional. Tal vinculación estrecha de la cualidad a la causa con respecto al derecho constitucional a la jurisdicción obliga al órgano de administración de justicia, en resguardo al orden público y a la propia constitución (ex artículo 11 del Código de Procedimiento Civil), a la declaración, aun de oficio, de la falta de cualidad a la causa, pues, de lo contrario, se permitiría que pretensiones contrarias a la ley tuviesen una indebida tutela jurídica en desmedro de todo el ordenamiento jurídico, lo que pudiese producir lo contrario al objeto del Derecho mismo, como lo es evitar el caos social. (SCTSJ. Sentencia No. 1193 del 22 de julio de 2.008.) En este mismo orden de ideas, la Sala Constitucional a través de la sentencia N°507/05, caso: Andrés San Claudio Cavellas, en el expediente N° 05-0656, dejó asentado lo siguiente: “(…) Ahora bien, la legitimación es la cualidad necesaria para ser partes. La regla general en esta materia es que la persona que se afirma titular de un interés jurídico propio, tiene legitimación para hacerla valer en juicio (legitimación activa), y la persona contra quien se afirma la existencia de ese interés, en nombre propio, tiene a su vez legitimación para sostener el juicio (legitimación pasiva). En ese sentido, la legitimación ad causam, es un problema de afirmación del derecho, es decir, está supeditada a la actitud que tome el actor en relación a la titularidad del derecho. Si la parte actora se afirma titular del derecho entonces está legitimada activamente, si no, entonces carece de cualidad activa. Incluso la legitimación pasiva está sometida a la afirmación del actor, porque es éste quien debe señalar que efectivamente el demandado es aquél contra el cual se quiere hacer valer la titularidad del derecho. El juez, para constatar preliminarmente la legitimación de las partes, no debe revisar la efectiva titularidad del derecho porque esto es materia de fondo del litigio, simplemente debe advertir si el demandante se afirma como titular del derecho - legitimación activa-, y si el demandado es la persona contra la cual es concedida la pretensión para la legitimación o cualidad pasiva. La legitimidad se encuentra establecida en el ordenamiento jurídico venezolano en virtud de los principios de economía procesal y seguridad jurídica, debido a que ella le permite al Estado controlar que el aparato jurisdiccional sea activado sólo cuando sea necesario y que no se produzca la contención entre cualesquiera parte, sino entre aquellas que ciertamente existe un interés jurídico susceptible de tutela judicial. Es necesaria una identidad lógica entre la persona del actor en el caso concreto y la persona en abstracto contra la cual según la ley se ejerce la acción, lo que se manifiesta en la legitimación tanto activa como pasiva, lo cual puede ser controlado por las partes en ejercicio del derecho constitucional a la defensa…”. El artículo 361 del Código de Procedimiento Civil, deja ver que el legislador distingue o separa las instituciones de la falta de cualidad y de falta de interés, al indicar que “Junto con las defensas invocadas por el demandado en la contestación podrá éste hacer valer la falta de cualidad o la falta de interés en el actor o en el demandado para intentar o sostener el juicio”, de donde se aprecia que se trata de dos (2) “faltas” distintas, pues no indica “falta de cualidad o interés” (como sinónimas), sino la falta de una o la falta de otra. Sin embargo es común encontrar en las sentencias de los distintos tribunales e incluso de la casación, que se hable de la “falta de cualidad o interés”, como si se tratará de una misma cuestión. El interés procesal se refiere a la necesidad del demandante “de solicitar del órgano jurisdiccional su intervención para que se le reconozca un derecho subjetivo, como único medio a su disposición para lograr la satisfacción de ese derecho”. La Jurisprudencia del Máximo Tribunal ha diferenciado estas instituciones señalando: En cuanto a la falta de cualidad, la cual consiste en falta de legitimación a la causa por parte del sujeto procesal contra el cual se alegue, y el interés, como la necesidad de acudir al proceso como único medio legal de obtener el reconocimiento y satisfacción del derecho ventilado, o en palabras más concretas, la utilidad o el provecho que éste puede proporcionar a su titular. En relación al Interés se ha exigido igualmente que debe ser sustancial, subjetivo, concreto, serio y actual. Determinar si una persona o sujeto tiene o no interés procesal, requiere establecer: 1°) si acudir al proceso es la única vía pacífica que queda al accionante; 2°) si obtendrá personalmente un beneficio (material, económico, moral o de certeza) o perjuicio si se concede o niega la respectiva pretensión; y 3°) si la necesidad de la actuación o declaración judicial es “actual”. En cuanto a que el interés debe ser actual, debe aclararse que la ley reconoce derechos subjetivos de protección frente a las amenazas de perjuicios, cuando éstas resultan actuales e inminentes, como por ejemplo, en caso de amparos por amenazas de violación de derechos o garantías constitucionales, en los interdictos de obra nueva y obra vieja, y en la mayoría de casos de medidas preventivas (en especial las innominadas), destacando que en todos esos casos se exige la existencia en la “actualidad” de alguna circunstancia que refleje la posibilidad de algún perjuicio en el futuro, por lo que aún en estos casos, el interés debe ser serio y “actual”, no obstante el perjuicio sea incierto, pues lo que se exige es que sea posible según las circunstancias “actuales”. La legitimación en la causa guarda relación con la situación que tiene un determinado sujeto procesal con el objeto de la causa y conforme a las exigencias de la ley para esa determinada pretensión, en cambio el interés procesal tiene que ver con la “necesidad” que tiene ese sujeto de acudir al órgano jurisdiccional para obtener esa pretensión, y si la misma es personal seria y actual. Se puede tener legitimación y carecer de interés y viceversa. Por ejemplo, el acreedor que demanda prematuramente a su deudor, tiene legitimación pero no tiene interés actual; si una persona demanda la nulidad de un contrato pero no acciona contra todas las partes del mismo, pueda que tenga interés jurídico actual en tal declaración, pero en juicio faltará legitimación pasiva por no haberse accionado contra todas las partes interesadas (litisconsorcio pasivo necesario). Si una persona demanda a su cocontratante para que reconozca un documento auténtico ó público en el cual consta el contrato, tendrá legitimación en la causa, pero no tendrá un interés serio, pues tal instrumento no requiere ser reconocido. De todo lo antes expuesto, observa quien decide, que en el caso bajo estudio, la parte demandada sostiene que no posee la cualidad para estar como demandada en la presente acción, ya que el documento público objeto de nulidad no lo suscribió ella, sino sus hermanos, sin embargo, es evidente que dicho documento de renuncia de derechos y acciones suscritos por los ciudadanos Andiz Keyber Triana Rodríguez, Juan Carlos Triana Rodríguez, Argenis José Triana Rodríguez y Carlos José Triana Rodríguez, lo hacen en beneficio de la ciudadana Ana Emperatriz del Valle Triana Rodríguez, siendo ésta la beneficiaria directa de ese acto, por lo que obtendría personalmente un beneficio (material, económico, moral o de certeza) o perjuicio si se concediera o niega la respectiva pretensión, siendo ello así, este tribunal formuladas la consideraciones antes explanadas, estima que en el caso de autos, como ya se apuntara antes, la razón no asiste a la demandada oponente, y en consecuencia se declara Sin Lugar la defensa de fondo opuesta por este último relativa a la falta de cualidad pasiva y de interés del demandado para sostener el presente juicio. Así se decide. -VICONSIDERACIONES PARA DECIDIR DEL FONDO DE LA CONTROVERSIA Para decidir en la presente causa, esta juzgadora estima pertinente formular algunas consideraciones de orden pedagógico, en torno a la figura jurídica de la Nulidad, labor esta que indiscutiblemente forma parte del acto de juzgamiento o decisorio del tribunal. La nulidad puede ser definida como un modo de terminación de los actos jurídicos y contratos que han nacido con un vicio que afecte su validez y eficacia para producir efectos jurídicos. Se encuentra regulada en los artículos 1.346 y siguientes del Código Civil. La doctrina moderna se inclina por considerar la nulidad como una consecuencia de los vicios y ven en ella una sanción a ese quebrantamiento, considerando el acto inexistente como remedio a esa violación. En términos generales, puede decirse que la nulidad consiste en esencia en la desviación del acto realizado por el sujeto del modelo fijado por la ley. Algunos autores consideran la nulidad atendiendo no ya a su naturaleza esencial, sino al efecto que produce, y la definen como la ineficacia de los actos realizados con violación o apartamiento de las formas o requisitos señalados para la validez de los mismos. En nuestro derecho, la nulidad procesal puede definirse como “el vicio que hace nulo un acto de procedimiento, en los casos expresamente determinados por la ley, o cuando hayan dejado de llenarse en el acto alguna formalidad esencial a su validez.” Por otra parte, tenemos que el Documento Público, es aquel autorizado por el funcionario público competente, con facultad para dar fe pública y teniendo como finalidad la de comprobar la veracidad de actos y relaciones jurídicas que han de tener influencia en la esfera del Derecho, siendo valederos contra toda clase de personas. El Código Civil venezolano, en su artículo 1.357 señala: Instrumento público o auténtico es el que ha sido autorizado con las solemnidades legales por un Registrador, por un Juez u otro funcionario o empleado público que tenga facultad para dar fe pública, en el lugar donde el instrumento se haya autorizado. También puede llamarse documento público cualquier otro acto constante de un Registro Público, y el otorgado ante el funcionario a quien por la ley se permite acudir en defecto del Registrador, para darle al escrito el carácter de tal, como sucede en las capitulaciones matrimoniales que deberán constituirse por escritura pública, para no caer en nulidad, antes de la celebración del matrimonio. El documento público, es la forma adecuada para dar autenticidad a los hechos y relaciones jurídicas en la normalidad y obtener los efectos adecuados a la naturaleza específica de la relación. Es el medio que ofrece el Poder Público para que las relaciones jurídicas obtengan las garantías necesarias a su desenvolvimiento normal. En este sentido, y en base a los razonamientos expuestos, entendemos por documento público aquella cosa material que constata la existencia de un hecho jurídico en el espacio y en el tiempo, de tal manera, que hace fe pública de la existencia de ese hecho y que tiene un valor y eficacia de prueba real pública atribuido por la ley, siempre que para su formación se hayan observado las formalidades que indica la ley y haya intervenido una autoridad pública que tenga facultad para formarlo. A mayor abundamiento, prescribe el Artículo 1.924 del Código Civil que: «Los documentos, actos y sentencias que la Ley sujeta a las formalidades del registro y que no hayan sido anteriormente registrados, no tienen ningún efecto contra terceros, que por cualquier título, hayan adquirido y conservado legalmente derechos sobre el inmueble». Cuando la Ley exige un título registrado para hacer valer un derecho, no puede suplirse aquel con otra clase de prueba, salvo disposiciones especiales. Igualmente los Artículos. 1.920 del Código Civil, y el Artículo 46 de la Ley del Registros y del Notariado, prescriben que determinados actos y documentos deben registrarse; y mientras no se cumpla esa formalidad, no tendrán efecto contra terceros; y mientras no sean registrados, esos actos y documentos no podrán probarse por otros medios de prueba, cuando se exige título registrado. El autor Allan Randolph Brewer C. en su obra “Consideraciones acerca de la Distinción entre Documento Público o Autentico, Documento Privado Reconocido y Autenticado y Documento Registrado” (pág. 371 y 372) señala lo siguiente: “…Ya hemos dicho que el documento público tiene tal carácter, el expresado en el artículo 1.357 del Código Civil, desde su nacimiento, es decir, es público ab initio. La publicidad del instrumento consiste en su autenticidad inicial, o sea, en que su otorgamiento haya sido hecho en toda forma ante el funcionario autorizado para dar fe pública de su contenido y firma. Ante esta situación, podemos afirmar que, en teoría y en doctrina, el documento público por excelencia según lo dispone el artículo 1.357 del Código Civil, es el registrado, el autorizado con las solemnidades legales por un registrador en el lugar donde el instrumento se haya autorizado. Ahora bien, los efectos entre las partes y respecto de terceros del documento registrado, serán los mismos del documento público según el artículo 1.359 del Código Civil, si el registrador ha efectuado, visto u oído los hechos jurídicos a que el instrumento se contrae. Es decir, el documento registrado hará plena fe, así entre las partes como respecto de terceros de su contenido, siempre y cuando el registrador que lo ha autorizado declare haber efectuado, visto u oído los hechos jurídicos a que el instrumento se contrae y siempre que el documento no sea declarado falso por los motivos señalados en el artículo 1.380 del Código Civil. En estos casos del documento registrado, la publicidad del documento es inicial, la publicidad surge con el nacimiento del documento. Su carácter de documento registrado, y en este caso también público, puede ser cuestionado por los motivos del artículo 1.380 del Código Civil. Y en lo que se refiere a las declaraciones de los otorgantes, referentes al hecho jurídico a que el instrumento se contrae, y que el registrador declara haber efectuado, visto u oído, también el documento registrado y público hará plena fe respecto de las partes y los terceros, siempre y cuando no se demuestre la simulación, de conformidad con el artículo 1.360 del Código Civil. Los medios de impugnación continúan siendo los mismos. El carácter de publicidad que le da el registro al documento público se fusiona al carácter de publicidad del propio instrumento por haber nacido o por haber sido autorizado ab initio en la forma del artículo 1.357 del Código Civil…” Se puede inferir de los conceptos antes expuestos, que el documento es público, porque lo forma o interviene en su formación un funcionario público facultado por la Ley para autorizarlo y dar certeza de los hechos jurídicos que él ha realizado, visto u oído, en el caso bajo examen, se observa que el documento el cual se exige su anulación absoluta, se trata pues, de un documento público que fue debidamente registrado en fecha 12 de mayo del año 2015, por ante la Oficina de Registro Público de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos del Estado Cojedes, quedando asentado bajo el No 24, Folios 114 al 116, Tomo 3o, Protocolo Primero, Segundo Trimestre del año 2015, en el mismo se indica textualmente que “los ciudadanos: Andiz Keyber Triana Rodríguez, Juan Carlos Triana Rodríguez, Carlos José Triana Rodríguez y Argenis José Triana Rodríguez… (…omissis…), por medio del presente documento declaramos: Renunciamos a nuestros derechos y acciones, sobre el inmueble construido sobre un lote de terreno, propiedad de la Municipalidad del Municipio San Carlos estado Cojedes (…omissis…) propiedad de nuestra progenitora ciudadana: PETRA EMPERATRIZ RODRIGUEZ. (…omissis…) nuestra renuncia la declaramos a favor de la ciudadana: ANAIS EMPERATRIZ DEL VALLE TRIANA RODRIGUEZ (…omissis…)”. Arguye la parte actora en su escrito libelar, lo siguiente: “Que el transcrito documento otorgado por nosotros, no debió la funcionaria del registro otorgar este documento, toda vez que este tipo de contrato o renuncia está imposibilitado por la Ley, haciendo que ese otorgamiento se encuentra viciado de nulidad absoluta, por cuanto esta materia es de orden público, ya que afecta notablemente la legítima nuestra que no puede renunciarse estando la causante viva”. (…omissis…) “Que, Hábilmente, nuestra madre dado su condición de salud nos pidió suscribir el precitado documento, dado su enfermedad para la fecha, desconociendo nosotros cual era la intención de nuestra hermana ANAIS EMPERATRIZ DEL VALLE TRIANA RODRIGUEZ, con la suscripción del referido documento. Siendo que nadie puede alegar su propia torpeza, pero en el presente caso la suscripción del documento de renuncia está afectada de nulidad absoluta por disposición de la Ley, tal como lo alegamos de seguida.” (…omissis…) “Que, el documento público otorgado por nosotros ante la Oficina de Registro Público de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos del Estado Cojedes, de fecha 12 de mayo del año 2015, trata de una renuncia sobre los derechos y acciones sobre un inmueble –que no era de nuestra propiedad- para la fecha de renuncia, cuya titular es aun la causante PETRA EMPERATRIZ RODRIGUEZ, inscrita bajo el número de registro J500572034, además se encontraba con vida para la fecha del día 12 de mayo del año 2015, por lo que no podíamos renunciar a un bien que todavía no nos pertenecía… (…omissis…) De manera que, se puede observar de lo antes expuesto por la parte demandante en su escrito libelar, que el presente documento de renuncia de derechos y acciones sobre un bien inmueble propiedad de la hoy de cujus Petra Emperatriz Rodríguez, se realizó ante un órgano competente como lo es el Registro Público, otorgándole a dicho acto fe pública, sin embargo, manifiestan expresamente haber renunciado a un inmueble el cual no eran los propietarios en ese momento, y que es además hoy día, un bien perteneciente a la sucesión ab intestato PETRA EMPERATRIZ RODRÍGUEZ, por lo tanto, es necesario señalar que la ley es muy explícita al indicar que NO se puede renunciar a la herencia de una persona viva, ni enajenar los derechos eventuales que se puedan tener de aquella herencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 1.022 del Código Civil venezolano, y qué, además, señala la misma ley in comento que las cosas futuras no pueden ser objeto de contratos, salvo disposición especial en contrario. Sin embargo, no se puede renunciar una sucesión aún no abierta, ni celebrar ninguna estipulación sobre esta sucesión, ni aún con el consentimiento de aquél de cuya sucesión se trate, (artículo 1156). Resulta necesario traer a colación diversos criterios doctrinarios a fin de dilucidar de forma más clara lo referente a la herencia y sucesiones, a saber: La herencia se asocia a los bienes de una persona fallecida o patrimonio del difunto deferido mortis causa. La herencia es para Díez-Picazo y Gullón el objeto de la sucesión mortis causa, y es el total patrimonio del difunto. Si bien algunos autores señalan diversas acepciones de la palabra herencia, una noción de la misma o “sucesión”, ciertamente por causa de muerte, supone distinguir una referencia objetiva y otra subjetiva, según nos ubiquemos respecto de la institución o del sujeto beneficiario de la misma, respectivamente. Para explicar la herencia, unos se inspiran en el factor subjetivo o persona y otros al objetivo o patrimonio. La herencia, en un sentido objetivo, es la masa hereditaria y, en uno subjetivo, es la facultad o aptitud de la persona para suceder en el patrimonio del causante. Desde un punto de vista objetivo, la herencia se presenta como el patrimonio objeto de una sucesión mortis causa, constituye el patrimonio, derechos y deberes de contenido pecuniario, del difunto o causante; esto es, la herencia estaría conformada objetivamente por todo el conjunto de relaciones jurídicas de carácter patrimonial o pecuniario “activo y pasivo” del de cujus susceptibles de transmisión. Subjetivamente, la herencia se conecta o asocia a la persona o sujeto del heredero, presentando como la subrogación o sustitución del heredero en los derechos y obligaciones del causante. Transmisión que tiene lugar en su totalidad y sin alteración, como si el sujeto no hubiere cambiado. En consonancia con las fuentes de las sucesiones a las que nos referimos previamente, las causas o fuentes de la sucesión hereditaria vienen dadas por la ley y el testamento. La primera entra en aplicación a falta de este último. Así prevé el artículo 807 del Código Civil: Las sucesiones se defieren por la ley o por testamento. No hay lugar a la sucesión intestada sino cuando en todo o en parte falta la sucesión testamentaria. En función de tales causas o fuentes se diferencia a su vez entre dos clases de sucesión: sucesión legítima, legal, ab intestato o intestada por contraposición a sucesión testamentaria o voluntaria. Pueden llegar a complementarse en aquellos casos en que la sucesión testamentaria sea insuficiente o incompleta, y entre en juego la sucesión legítima o ab intestato, así como cuando la ley se impone ante la pretendida voluntad del causante de ignorar normas de orden público como las relativas a la legítima. Se alude así a la importancia de la ley en la vocación hereditaria o llamamiento a la herencia porque este último puede tener lugar por voluntad del difunto, sin la voluntad de este e inclusive contra su voluntad. De allí que la sucesión intestada no solo se produce cuando falta absolutamente el testamento, sino en cualquier otro caso en que aquel falle total o parcialmente. Por otro lado, la apertura de la sucesión marca el instante preciso en que tiene lugar la transmisión universal del patrimonio del difunto a los herederos. Es el momento en que se inicia la transmisión del patrimonio del causante. Abrirse una sucesión significa que tiene lugar el nacimiento de los derechos sucesorios que confiere la ley o el testamento. La apertura de la sucesión tiene lugar a la muerte del causante momento en que el patrimonio queda sin titular. “A la muerte de una persona se abre o inicia siempre y de manera forzosa e inevitable su sucesión”. En efecto, de conformidad con el artículo 993 del Código Civil, “La sucesión se abre en el momento de la muerte y en el lugar del último domicilio del de cujus”. Así el presupuesto básico para que se abra la sucesión, viene dado como es natural por la “muerte” del causante; al perder el sujeto su personalidad, su patrimonio pasará a sus herederos o sucesores, a fin de mantener la continuidad del mismo. Comenta Romero Cifuentes que la apertura de la sucesión se presenta como un hecho jurídico que coincide con el fallecimiento, aunque en esencia el hecho jurídico propiamente dicho, dado su carácter natural productor de efectos jurídicos, viene dado por la muerte. En semejante sentido, indica Somarriva que la apertura de la sucesión es el hecho que habilita al heredero a tomar posesión de los bienes que se le transmitirán en propiedad. La apertura de la sucesión opera de pleno derecho y la ley vigente al momento de la muerte es la que rige la sucesión. Se indica al efecto: La apertura de la sucesión es el hecho jurídico que define las condiciones de lugar y de tiempo en la trasmisión sucesoral del patrimonio y otros bienes de una persona muerta o una o varias personas vivas o por vivir. La apertura ocurre única y exclusivamente por el hecho de la muerte, pues de acuerdo con el principio viventis non datur haereditas no puede abrirse la sucesión de una persona viva. La ley pretende con ello atribuir a los sucesores el conjunto de titularidades transmisibles del causante, sin solución de continuidad desde el instante mismo de la muerte. Mediante tal atribución jurídica se reputa que el patrimonio del causante no ha dejado ni por un instante de tener un titular, esto es qué los bienes que integran la herencia no se han convertido por efecto del fallecimiento en bienes sin dueño (res nullius), con los inconvenientes que ello aparejaría. De allí que la determinación de la fecha del fallecimiento es fundamental porque ella determina el momento exacto de la apertura de la sucesión. Ese es el instante en que hay que situarse para determinar las personas habilitadas para suceder y el comienzo de la indivisión de los sucesores. De todo lo antes expuesto, observa esta juzgadora, que es evidente pues, que en el caso bajo análisis nos encontramos con una sucesión ad intestato, a pesar de que la de cujus Petra Emperatriz Rodríguez otorgó un testamento abierto, donde manifestó su voluntad de dejar como única y universal heredera a su hija ANAIS EMPERATRIZ DEL VALLE TRIANA RODRIGUEZ, el mismo fue impugnado por no cumplir con las solemnidades requeridas por la ley para su validez, ante esta situación, es claro que al momento de fallecer la ciudadana Petra Emperatriz Rodríguez, se abrió la sucesión legítima naciendo así el derecho a heredar a sus hijos, antes descritos en autos, tal como lo indica el artículo 807 del Código Civil, “Las sucesiones se defieren por la Ley o por testamento. No hay lugar a sucesión intestada sino cuando en todo o en parte falta la sucesión testamentaria”, concatenado con el Artículo 993 del mismo código. Sobre la necesidad de la muerte del causante para asumir el titulo de heredero o asignatario la jurisprudencia sostiene: El carácter de heredero sólo se consolida con la muerte del causante. En vida de éste el presunto legitimario sólo tiene expectativas. Si es evidente que la condición de hijo se origina en el hecho mismo de la generación y que en ella radica la calidad de legitimario con que la ley llamará al hijo a heredar a su padre o a su madre en el instante en que aquél o ésta fallezca, no es menos cierto que el carácter de heredero en el descendiente no quedará constituido sino en el momento mismo de la muerte del causante. Por otro lado, los artículos 1.022 y 1156 de nuestro Código Civil venezolano, establece lo siguiente: Artículo 1022: “No se puede, ni aun por contrato de matrimonio, renunciar a la herencia de una persona viva ni enajenar los derechos eventuales que se puedan tener a aquella herencia”. (Negrillas y Subrayado de este Tribunal) Artículo 1.156: “Las cosas futuras pueden ser objeto de los contratos, salvo disposición especial en contrario. Sin embargo, no se puede renunciar una sucesión aún no abierta, ni celebrar ninguna estipulación sobre esta sucesión, ni aun con el consentimiento de aquél de cuya sucesión se trate. (Negrillas y Subrayado de este Tribunal) De los artículos anteriores se puede dilucidar que la Ley es muy clara y precisa al prohibir la renuncia o repudiación de una herencia cuando la persona a suceder aún está viva, puesto que, la condición sine qua non para ello, es “la muerte del causante”, se trataría de una renuncia a un derecho que todavía no se ha adquirido y por tanto sin causa. De manera que se tendrá por no hecha y no producirá efecto alguno. Este tribunal, sin embargo, considera necesario resaltar que este hecho que puede constituir un vicio capaz de provocar la nulidad del referido documento público, por ser contraria al orden público, no le es imputable a las partes como usuarios ya que es una completa inobservancia del cumplimiento de las formalidades establecidas en el Código Civil por parte del organismo competente, en este caso del Registro Público de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos del estado Cojedes, por permitir la protocolización del referido documento objeto de nulidad sin haberse percatado que el contenido del mismo se encontraba viciado, por cuanto los ciudadanos que suscribieron dicho documento no tenían en el momento de la suscripción “cualidad de herederos ni de propietarios” del bien inmueble para renunciar a ello. Así se observa.- De tal manera, que habiendo traído a los autos la parte actora los ciudadanos Andiz Keybert Triana Rodríguez, Juan Carlos Triana Rodríguez, Argenis José Triana Rodríguez y Carlos José Triana Rodríguez, pruebas suficientes para demostrar que la ciudadana PETRA EMPERATRIZ RODRIGUEZ, (hoy de cujus), ya para el año 2015, específicamente el 12 de mayo, fecha en la cual se otorgó el documento cuya nulidad se solicita por ante este Tribunal, la misma se encontraba aún con vida, habiendo fallecido posteriormente el 27 de mayo del mismo año, según consta en Acta de Defunción; la cual corre inserta en el presente expediente; por lo tanto resulta forzoso para quién aquí decide, sumado a qué la parte demandada no logró demostrar nada que le favoreciera, para desvirtuar los alegatos de la parte actora, permiten a ésta sentenciadora arribar al Silogismo Conclusorio que tal pretensión debe prosperar en derecho. Y ASI SE DECIDE. Por tales razones este Tribunal con las inserciones que se explicitan en la parte dispositiva de este fallo declara CON LUGAR la presente demanda de Nulidad de Documento Público que se señala en el libelo de demanda que encabeza las presentes actuaciones. ASI SE DECIDE. VII DECISIÓN Con fundamento en las anteriores consideraciones, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, emite el siguiente pronunciamiento: PRIMERO: Se declara CON LUGAR la pretensión de Nulidad de Documento Público ejercida por los ciudadanos ANDIZ KEYBER TRIANA RODRIGUEZ, JUAN CARLOS TRIANA RODRIGUEZ, ARGENIS JOSE TRIANA RODRIGUEZ Y CARLOS JOSE TRIANA RODRIGUEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nº V- 10.322.217, V-10.322.55, V-13.182.862 y V-10.990.250, respectivamente, representados por la abogada en ejercicio DAISY GARCIA MENDOZA, I.P.S.A. Nº. 103.957, en contra de la ciudadana ANAIS EMPERATRIZ DEL VALLE TRIANA RODRIGUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-13.970.406, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 243 del Código de Procedimiento Civil y 2, 21, 26 49 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia se declara NULO y SIN EFECTO ALGUNO el documento público, que fue registrado en fecha 12 de mayo de 2015 por ante la Oficina de Registro Público de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos del Estado Cojedes, inserto bajo el No 24, Folios 114 al 116, Tomo 3o Protocolo Primero, Segundo Trimestre del año 2015. SEGUNDO: Se CONDENA en costas a la parte demandada, por haber resultado perdidosa en la presente causa, todo ello de conformidad con lo establecido al efecto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. TERCERO: De conformidad con las previsiones del artículo 1.922 del Código Civil, una vez que quede firme el presente fallo, se ORDENA su REGISTRO, por ante la Oficina de Registro Público de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos del Estado Cojedes, debiendo el ciudadano Registrador estampar la nota marginal pertinente al documento que queda anulado por virtud del presente fallo. Publíquese y Regístrese, incluso en la página web del Tribunal Supremo de Justicia llevado por este Tribunal. Déjese copia certificada por Secretaria del presente fallo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines previstos en los ordinales 3 y 9 del artículo 72, de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, a los diecisiete (17) días del mes de octubre del año Dos Mil Veintidós (2022). Años: 212º de la Independencia y 163º de la Federación. La Jueza Suplente Especial, Hilsy Alcántara Villarroel. La Secretaria Suplente, Zulay C. Pérez G. En esta misma fecha siendo las tres de la tarde (03:00 pm), se publicó y registró de manera ordinaria la anterior sentencia y se cargó en la página web del Tribunal Supremo de Justicia. La Secretaria Suplente, Zulay C. Pérez G. Exp. Nº 11.690.- HJAV/ZCPG/DC.