TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DE LOS MUNICIPIOS SAN CARLOS Y RÓMULO GALLEGOS, TINACO Y LIMA BLANCO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES.

-I-
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES

DEMANDANTE: MIGUEL ANGEL ORAMAS SILVA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 10.328.422, domiciliado en el sector Puente Azul, calle Alegría, casa s/n, vía Bocatoma San Carlos del estado Cojedes.
DEMANDADA: MARIA DE LA ASCENSION MONTILLA PEREZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V- 12.365.976, de este domicilio.
ABOGADOS ASISTENTE: JOSE ANTONIO LUQUE OEJEDA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-3.691.930, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el Nº 136.239, con domicilio procesal en el callejón Los Hornos, Los Colorados, casa Nº 2-335, en San Carlos estado Cojedes y DOMINGO ANTONIO VELAZQUEZ AULAR, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cedula de identidad Nº V-3.691.291, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el Nº 136.269, con domicilio procesal en la urbanización Los Colorados, carrera 2 Nº 2-64 San Carlos estado Cojedes.
DECISIÓN DEFINITIVA.
EXPEDIENTE Nº 2680/22.
FECHA: 21/11/2022.
-II-
ANTECEDENTES
Recibida por distribución en fecha 03/10/2022, bajo el Nº 2680, los documentos que conforman la solicitud de divorcio por desafecto, presentada por el ciudadano MIGUEL ANGEL ORAMAS SILVA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 10.328.422, domiciliado en el sector Puente Azul, calle Alegría, casa s/n, vía Bocatoma San Carlos del estado Cojedes, asistido por los abogados en ejercicio JOSE ANTONIO LUQUE OEJEDA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-3.691.930, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el Nº 136.239, con domicilio procesal en el Callejón Los Hornos, Los Colorados, casa Nº 2-335, en San Carlos estado Cojedes y DOMINGO ANTONIO VELAZQUEZ AULAR, venezolano, mayor de edad, soltero, titular de la cedula de identidad Nº V-3.691.291, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado, bajo el Nº 136.269, con domicilio procesal en la urbanización Los Colorados, carrera 2 Nº 2-64 San Carlos estado Cojedes, mediante la cual solicita a este Tribunal se declare disuelto el vinculo matrimonial que le une a la ciudadana MARIA DE LA ASCENSION MONTILLA PEREZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V- 12.365.976, de este domicilio, fundamentado, en la sentencia Nº 1070 (09/12/2016), dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

En fecha ocho (08) de octubre de 2022, el Tribunal dictó auto mediante el cual le dio entrada y admitió, la solicitud, ordenando la citación de la demandada ciudadana MARIA DE LA ASCENSION MONTILLA PEREZ, ya identificada y a la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público con competencia en el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares del estado Cojedes; quedando anotada bajo el Nº 2680-22.

Alegó el solicitante en su escrito:
1. Que contrajo matrimonio civil con la ciudadana MARIA DE LA ASCENSION MONTILLA PEREZ, en fecha dieciocho (18) de enero de 1.991, por ante el Registro Civil del Municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes, según consta en acta Nº 12, folio vto 18, Tomo II, Año 1.991.
2. Que una vez casados fijaron su domicilio conyugal callejón Los Pocitos casa Nº 16-50 ubicado en San Carlos estado Cojedes.
3. Que en la relación conyugal existe desafecto e incompatibilidad de caracteres, lo cual hace imposible la vida en común.
4. Que durante la unión conyugal no obtuvieron bienes.
5. Que durante el matrimonio procrearon una (01) hija que lleva por nombre MARIA DE LOS ANGELES ORAMAS MONTILLA.
Por los motivos señalados, solicita se proceda a disolver el vínculo conyugal que lo une a la ciudadana MARIA DE LA ASCENSION MONTILLA PEREZ, de conformidad con lo establecido en la sentencia Nº 1070 (09/12/2016) proferida por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
En fecha diez (10) de octubre de 2022, el solicitante ciudadano MIGUEL ANGEL ORAMA SILVA, antes identificado asistido por abogado de su confianza, presentó diligencia solicitando la expedición de las copias fotostáticas necesarias para practicar la citación de la demandada ciudadana MARIA DE LA ASCENSION MONTILLA PEREZ.
En fecha diez (10) de octubre de 2022, se dictó auto acordando expedir por secretaria las copias fotostáticas certificadas a fin de practicar la citación de la demandada.
En fecha diecisiete (17) de octubre de 2022, el alguacil de este Tribunal consignó diligencia mediante la cual expone que practicó la citación de la ciudadana MARIA DE LA ASCENSION MONTILLA PEREZ y consignó boleta de citación debidamente firmada.
En fecha veintiuno (21) de octubre de 2022, el tribunal dictó auto dejando constancia del vencimiento del lapso de comparecencia de la ciudadana MARIA DE LA ASCENSION MONTILLA PEREZ.
En fecha veintiséis (26) de octubre de 2022, el solicitante ciudadano MIGUEL ANGEL ORAMA SILVA, antes identificado asistido por abogado de su confianza presentó diligencia solicitando la expedición de las copias fotostáticas necesarias para citar al ministerio publico.
En fecha veintiséis (26) de octubre del 2022, se dictó auto acordando expedir por secretaria las copias fotostáticas certificadas a fin de practicar la citación del Ministerio Publico.
El fecha dos (02) de noviembre del 2022, el alguacil de este Tribunal consignó diligencia mediante la cual expone que practicó la citación de la Fiscalía Cuarta del Ministerio Publico en la misma fecha, consignando boleta debidamente firmada y sellada.
En fecha dieciséis (16) de noviembre de 2022, el Tribunal ordenó agregar el oficio Nº 09-FP4-0490-2022-O, emanado de la Fiscalía Cuarta con competencia en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial, recibido en esa misma fecha, mediante el cual emite opinión favorable.
-III-
MOTIVACIÓN
Siendo la oportunidad procesal para decidir la solicitud de divorcio, este Tribunal, observa lo siguiente:
El matrimonio es la base fundamental de la familia, ya que un hombre y una mujer se asocian con obligaciones recíprocas, siendo su objeto esencial la creación de la familia.
A su vez, la familia es la base fundamental de la sociedad, razón por la cual el Estado debe proteger al matrimonio y a la familia como asociación natural de la sociedad y como el espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas, conforme a lo establecido en los artículos 75 y 77 de nuestra Carta Magna. Asimismo, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la familia es concebida como el elemento natural, universal y fundamental de la sociedad, que tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado (artículo 16).
Por otra parte, el matrimonio no puede pensarse como un vínculo que obligue a los cónyuges a vivir juntos como sanción o represalia por su conducta (matrimonio castigo). Por el contrario, el matrimonio debe ser enfocado como una institución que une a los cónyuges por su común y recíproco afecto. Como consecuencia de lo anterior, en aquellos casos de matrimonios en los cuales sea demostradamente imposible la expectativa de una vida en común armoniosa y, en protección tanto de los cónyuges, como de sus hijos comunes -si los hubiere- y de la sociedad en general, la única solución posible es el divorcio como vía Jurídica para la disolución del vínculo matrimonial; no como castigo a determinadas conductas de alguno de los cónyuges.

En efecto, el vínculo matrimonial puede disolverse por muerte de uno de los cónyuges y por divorcio. De igual manera, la sentencia de divorcio trae consigo importantes efectos de tipo personal, entre los cuales destacan la disolución del matrimonio como efecto principal y consecuentemente, la extinción de los deberes y derechos conyugales, así como otros efectos patrimoniales para ambos cónyuges.
Establecido lo anterior, este Tribunal de Municipio, observa lo siguiente:

1. Que los solicitantes se encuentran casados desde el dieciocho (18) de enero de 1.991, según consta en acta Nº 12, folio vto 18, Tomo II, Año 1.991, emanada del Registro Civil del Municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes, la cual fue consignada y riela de los folios 04, 05 y 06 y su vuelto y se le otorga pleno valor probatorio por ser un documento público, en cuanto a la existencia del vinculo matrimonial.
2. Que una vez casados fijaron su domicilio conyugal en el callejón Los Pocitos, casa Nº 16-50, San Carlos estado Cojedes.
3. Que en la relación conyugal existe desafecto e incompatibilidad de caracteres, lo cual hace imposible la vida en común.
4. Que durante la unión conyugal, no obtuvieron bienes que liquidar.
5. Que durante la unión conyugal procrearon una (01) hija que llevan por nombre MARIA DE LOS ANGELES ORAMAS MONTILLA.
6. Citada como quedó la Fiscalía del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, con Competencia en el Sistema de Protección de Niños, Niñas y del Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares del estado Cojedes, la misma opinó favorablemente.
Ahora bien, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia Nº 693, de fecha 02 de junio de 2015, con ponencia de la magistrada Carmen Zuleta de Merchán, realizó una interpretación constitucionalizante del artículo 185 del Código Civil, estableciendo, con carácter vinculante, que las causales de divorcio contenidas en el referido artículo no son taxativas, por lo cual, cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia N° 446/2014, incluyéndose el mutuo consentimiento.
“…Es indiscutible para esta Sala Constitucional que quien se une en matrimonio aspira y se compromete a las obligaciones que de tal institución derivan, definidas en el encabezamiento del artículo 137 del Código Civil cuando establece: “Con el matrimonio el marido y la mujer adquieren los mismos derechos y asumen los mismos deberes. Del matrimonio deriva la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente”.
Asimismo, es indudable que el cónyuge, aun habiéndose comprometido moral y jurídicamente a esa relación, puede con posterioridad y debido a innumerables razones sobrevenidas estar interesado en poner fin al matrimonio. Ese interés debe traducirse en un interés jurídico procesal, de acudir a los órganos jurisdiccionales e incoar una demanda donde pueda obtener una sentencia que ponga fin al vínculo conyugal.
Desde luego que esa posibilidad no está negada y el ordenamiento jurídico ofrece como mecanismo la demanda de divorcio, empero cuando se limita éste de manera irrestricta a una tipificación que en la actualidad luce sumamente estrecha, nos encontramos frente a un vacío, que hace nugatorio el núcleo central del derecho por lo menos en lo que al libre desarrollo de la personalidad y a la tutela judicial efectiva se refiere, específicamente a obtener una sentencia judicial favorable que tutele la libertad del individuo de decidir un importante aspecto de su vida, a través del divorcio, frente a una regulación pre constitucional escasa, incapaz de satisfacer las expectativas creadas frente a las vicisitudes de la vida y las nuevas tendencias sociales.
De la tangibilidad de estos derechos debe concluirse que la previsión del artículo 185 del Código Civil, que establece una limitación al número de las causales para demandar el divorcio, deviene insostenible de cara al ejercicio de los derechos constitucionales ya comentados devenidos de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esto es el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad y a obtener una tutela judicial efectiva. Es decir, que en la actualidad resulta vetusto e irreconciliable con el ordenamiento constitucional, el mantenimiento de un numerus clausus de las causales válidas para accionar el divorcio frente a la garantía de los derechos fundamentales del ciudadano al libre desarrollo de la personalidad y a la tutela judicial efectiva.
Igualmente la Sala de Constitucional de nuestro máximo tribunal, mediante sentencia N° 1070 dictada con carácter vinculante en fecha 9 de diciembre de 2016, concluye que cualquiera de los cónyuges que así lo desee, podrá demandar el divorcio por las causales previstas en el artículo 185 del Código Civil, o por cualquier otro motivo, como la incompatibilidad de caracteres o desafecto, sin que quepa la posibilidad de que manifestada la ruptura matrimonial de hecho, se obligue a alguno de los cónyuges a mantener el vínculo jurídico cuando éste ya no lo desea, pues de lo contrario, se verían lesionados derechos constitucionales como el libre desenvolvimiento de la personalidad, la de adquirir un estado civil distinto, el de constituir legalmente una familia, y otros derechos sociales que son intrínsecos a la persona.
Así las cosas, vista las anteriores consideraciones realizadas en torno a la institución del divorcio, analizada e interpretada, en aplicación directa e inmediata de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 20 y 26, respectivamente, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Sala Constitucional realiza una interpretación del artículo 185 del Código Civil, y declara, con carácter vinculante, que las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común.

En efecto, en vista de la gran cantidad de casos que no encontraban vía de arreglo, debido a la tradicional aplicación taxativa del artículo 185 del Código Civil y, dado el carácter pre-constitucional de este instrumento normativo, la doctrina y ahora, la jurisprudencia del Máximo Tribunal de la República, han dado respuesta definitiva a una realidad ineludible: Hay vínculos matrimoniales que deben ser disueltos, aunque los motivos para hacerlo no aparezcan expresamente indicados en el listado de causales de divorcio contenido en el aludido artículo; proporcionando la referida sentencia, necesarias vías de solución a situaciones intolerables que de mantenerse, resultan perjudiciales para los cónyuges, los hijos y la sociedad en general. Por lo que ahora, los motivos que se pueden alegar, no se limitan a los que establece el artículo 185 del Código Civil y que cualquiera de los cónyuges si así lo desee podrá demandar el divorcio por las causales tradicionales, cualesquiera otras como la incompatibilidad de caracteres o el desafecto, siempre que sean de tal naturaleza que impidan la continuidad de la vida en común y puedan ser constatadas en el marco del juicio, a través de los medios de prueba legalmente aceptados.

Ahora bien, conforme a las sentencias señaladas y constatada la libre manifestación de voluntad del cónyuge solicitante y citada como fue la demandada, habiéndose cumplido con la citación del Ministerio Publico y este opinó favorablemente, estando fundada la presente solicitud de divorcio en la interpretación realizada por la Sala Constitucional, en cuanto a que resulta insostenible el mantenimiento de un numerus clausus de las causales válidas para accionar el divorcio, frente a la garantía de los derechos fundamentales del ciudadano al libre desenvolvimiento de la personalidad y a la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 20 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es por lo que, quien aquí decide, considera procedente la disolución del vínculo matrimonial que une a los ciudadanos MIGUEL ANGEL ORAMAS SILVA y MARIA DE LA ASCENSION MONTILLA PEREZ, ya identificados, basada en la sentencia vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Nº 1070/2016, de fecha 09/12/2016, alegando el desafecto como causal de divorcio. En consecuencia, la presente solicitud de divorcio, debe ser declarada con lugar, tal y como se establecerá en el dispositivo del presente fallo. Así se decide.
IV
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas, este Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos, Tinaco y Lima Blanco de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: Primero: Con lugar, la demanda de divorcio presentada por el ciudadano MIGUEL ANGEL ORAMAS SILVA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 10.328.422, contra la ciudadana MARIA DE LA ASCENSION MONTILLA PEREZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V- 12.365.976, basada en la sentencia vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Nº 1070/2016, de fecha 09/12/2016, alegando el desafecto como causal de divorcio, en consecuencia, DISUELTO, el vínculo matrimonial que unía a los conyugues desde fecha dieciocho (18) de enero de 1.991, celebrado por ante el Registro Civil del Municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes, según consta en acta Nº 12, folio vto 18, Tomo I, Año 1991, de conformidad con lo previsto por el artículo 185 del Código Civil y a la sentencia vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Nº 1070/2016, de fecha 09/12/2016. Segundo: Se ordena, conforme a lo establecido en los artículos 101, ordinal 6°, y 152 de la Ley Orgánica de Registro Civil, insertar la presente decisión, ante el Registro Civil correspondiente y agregar la nota marginal en el acta original, remitiendo copia certificada de la presente decisión. Tercero: No hay condenatoria en costas debido a la naturaleza del dispositivo del presente fallo. Publíquese y regístrese.
Déjese copia certificada por secretaría, de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos, Tinaco y Lima Blanco de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes; en San Carlos, a los veintiún (21) días del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022).
La Jueza

Daniela De Lourdes Canelón Lara
La Secretaria

María Soledad Moreno Mejías

En la misma fecha de hoy, se publicó y registró la anterior decisión, siendo las once y cuarenta y cinco de la mañana (11:45 a.m.).

La Secretaria

María Soledad Moreno Mejías
Expediente Nº 2680-22.-