TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

EN SU NOMBRE:
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIO DE LA
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES

-I-
De las partes
Demandante: Orlando José Sandoval Jaspe, Delsy Carolina Sandoval Jaspe y LisethYusmila Sandoval Jaspe, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 15.300.194, V-16.424.148 y V-19.356.790, respectivamente.
Apoderado Judicial: Manuel Antonio Tovar Acosta, titular de la cedula de identidad N°V-4.132.309, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 16.234.
Demandados: María Josefa Escorche de Sandoval, titular de la cedula de identidad N°V-1.028.647; Omar José Sandoval Escorche, titular de la cedula de identidad N°V-5.209.133; Migdalia Elena Sandoval Escorche, titular de la cedula de identidad N°V-7.537.882; Belkis Maribel Sandoval Escorche, titular de la cedula de identidad N°V-9.534.787; Rafael Augusto Sandoval Escorche, titular de la cedula de identidad N°V-9.539.802; Elizabeth Sandoval Escorche, titular de la cedula de identidad N°V-3.692.972; Lilibeth Josefa Sandoval Escorche, titular de la cedula de identidad N°V-8.671.745; Cimar Carolina Sandoval Escorche, titular de la cedula de identidad N°V-14.899.551; María Narcisa Sandoval Escorche, titular de la cedula de identidad N°V-3.692.970; Cipriano Antonio Sandoval Escorche, titular de la cedula de identidad N°V-5.209.134.
Motivo: Partición
Decisión: Interlocutoria con Fuerza Definitiva-Inadmisibilidad de la Acción.
Expediente: Nº 0763
-II-
Antecedentes
En fecha 10 de noviembre de 2022, elabogado Manuel Antonio Tovar Acosta, titular de la cedula de identidad N°V-4.132.309, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 16.234 actuando en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos Orlando José Sandoval Jaspe, Delsy Carolina Sandoval Jaspe y LisethYusmila Sandoval Jaspe, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 15.300.194, V-16.424.148 y V-19.356.790, respectivamente, presentó escrito de Partición.
En fecha 10 de noviembre de 2022, el Tribunal le dio entrada a la presente demanda.
En fecha 15 de noviembre de 2022, mediante despacho saneador el Tribunal insto alos accionantes de autos, a subsanar el escrito de acción de conformidad con las formalidades establecidas en el artículo 199 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario
-III-
Motivos de Hecho y de Derecho para Decidir
Revisadas de manera exhaustiva las actuaciones procesales a que se contrae la presente Acción de Partición, se observa que se inician las presentes actuaciones, en virtud del escrito de acción presentado en fecha 10 de noviembre de 2022, por elabogado Manuel Antonio Tovar Acosta, titular de la cedula de identidad N°V-4.132.309, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 16.234 actuando en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos Orlando José Sandoval Jaspe, Delsy Carolina Sandoval Jaspe y LisethYusmila Sandoval Jaspe, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 15.300.194, V-16.424.148 y V-19.356.790, respectivamente. En tal sentido, este Tribunal encontrándose en el lapso para emitir el respectivo pronunciamiento pasa a explanar las siguientes consideraciones:
En fecha 10 de noviembre de 2022, éste Juzgado dictó auto de entrada a la presente acción, bajo el Nº 0775. De seguidas, enfecha15 de noviembre de 2022, éste Juzgado dictó auto mediante el cual dictó despacho saneador, de conformidad con el artículo 199 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, ordenando a la parte solicitante de autos lo siguiente:
(…) El procedimiento oral agrario comenzará por demanda oral, sin perjuicio que pueda ser interpuesta en forma escrita. En caso de demanda oral, el Juez ordenará que sea reducida a escrito en forma de acta, para ser agregada al expediente contentivo de la causa y contendrá la identificación del demandante y del demandado, el objeto de la pretensión determinado con precisión, así como los motivos de hecho y los fundamentos de derecho en que se funda la demanda, con las pertinentes conclusiones. En caso de presentar oscuridad o ambigüedad el libelo de la demanda, el Juez de la causa apercibirá al actor para que dentro de los tres días de despacho siguientes proceda a subsanar los defectos u omisiones que presente su libelo. De no hacerlo en el lapso el juez negará la admisión de la demanda. El actor deberá acompañar con el libelo, toda la prueba documental de que disponga, que sirva como instrumento fundamental de su pretensión. En caso de promover testigos, deberá mencionar su nombre, apellido y domicilio, los cuales deberán deponer su testimonio en la audiencia oral o probatoria (…). (Subrayado del Tribunal)
Al analizar la precitada disposición legal, se deduce que, el Procedimiento Oral Agrario inicia por demanda, y sin distinción de que se realice oral o escrita, el actor debe cumplir con unos requisitos de forma señalados expresamente. Sin embargo, determina el supuesto caso que, al introducir la misma, se incumpla con algunos de estos requisitos de procedencia y a los fines de evitar perjuicios en el derecho de petición del actor, el legislador, ha permitido que el Juez Agrario aperciba al solicitante, para que proceda a subsanar su petición dentro de un lapso de tres (03) días de despachos siguientes a la orden dada por el Tribunal de corregir los defectos u omisiones, para poder así posteriormente pronunciarse sobre la admisión o inadmisión de la solicitud.
En el presente caso, el Juez debe ser garante del orden público, y verificar que las solicitudes que sean interpuesta por ante esta Instancia Judicial, deben ser sustanciadas conforme al Procedimiento Ordinario Agrario, por lo que ineludiblemente debe cumplir con las normativas vigentes en materia agraria, esto en aras de procurar y garantizar la autonomía del derecho agrario, tal como lo exige el artículo 199 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario; y siendo que el Derecho Agrario en los últimos tiempos ha venido luchando por su obtener su propia autonomía, razón por lo cual resulta de vital transcendencia transcribir lo que establece, la Disposición Final Cuarta de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario que dispone:
(…) La interpretación y ejecución de los contenidos de las normas de la presente Ley, estarán sometidas al principio constitucional de seguridad y soberanía nacional, y privaran sobre cualquier otra disposición sustantiva o adjetiva que verse sobre la materia (…). (Subrayado de este Juzgado Agrario).
En este sentido, se observa que dentro del escrito de la acción interpuesta, la parte actora señala, que pretende la partición y liquidación de una herencia, indicando que dentro de las documentales que consigna su finalidad es demostrar el acervo hereditario del causante por una parte y la cualidad de legítimos herederos de sus representados, encontrándose dentro de los bienes pretendidos partir y liquidar unos afectos a la actividad agraria.
En tal sentido, es de suma importancia destacar que, la Disposición Final Décima de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario dispone:
(…) Los registradores y Notarios exigirán las autorizaciones previstas en ésta Ley y no podrá protocolizarse, reconocerse o autenticarse por ante Notaría u Oficina de Registro Público alguna, sin la debida autorización del Instituto Nacional de Tierras (INTI), ningún acto de transferencia de la propiedad o gravamen de tierras con vocación agrícola o bienhechurías fomentadas en dichas tierras, o mediante los cuales se efectúe la constitución de sociedades, celebración de contratos de mandato, arrendamiento, comodato, cesión de derechos, medianería, aparcería, usufructo o, en general, cualesquiera documentos o negocios jurídicos, que impliquen el aprovechamiento de predios rurales con vocación agrícola de forma indirecta (…).(Subrayado de este Juzgado Agrario).
Ahora bien, comprobada la inobservancia del procedimiento ordinario agrario, éste Juzgado Primero Agrario de Primera Instancia de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, ordena a dar fiel cumplimiento a los Principios establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela a los fines de garantizar su acceso a la Justicia, asimismo como adecuar su pretensión conforme al procedimiento ordinario agrario.
Por cuanto de una revisión exhaustiva y minuciosa a las actuaciones contenidas en el presente expediente y que fueron consignadas al momento de introducir la presente demanda, se verifica la inexistencia de algún instrumento agrario, como lo es, la debida consignación como anexo de documentos emitidos por el ente administrador de las tierras del Estado Venezolano (ya sea por el extinto Instituto Agrario Nacional o posteriormente un Titulo de Adjudicación Agrario Socialista de Tierras (otorgado por el Instituto Nacional de Tierras), el cual transmite derechos hereditarios en materia agraria o el Acto Administrativo de Reconocimiento de Propiedad Privada sobre dichos lotes de terreno o en su defecto una sentencia judicial en la cual se haya declarado Con Lugar una Acción Mero Declarativa de Certeza de la Propiedad); documentos que se hacen necesario para la tramitación y/o evacuación por ante esta Instancia Agraria, ello a los fines de brindar la debida y efectiva tutela judicial a los justiciables, y en ejercicio del principio constitucional establecido en el artículo 26 de la Carta Fundamental, y no solamente soportar la presente demanda en los documentos sobre los lotes de terreno que pretende sean partidos y liquidados los bienes, ya que de conformidad y en estricta aplicación del artículo 65 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en el presente caso al encontrarse unos predios agrícolas, se hace necesario consignar cualquiera de los anteriormente mencionados documentos probatorios Así se establece.
En tal sentido, una vez corroboradas las omisiones en la presente demanda de Partición, y a los fines de lograr un tutela judicial efectiva, en ejercicio de garantizar una respuesta oportuna a los justiciables por parte de la administración de justicia, este Juzgado Agrario de conformidad con el articulo 190 y 191 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario insta a la parte demandante de marras a subsanar su escrito de demanda. Así se establece.
En este sentido, como en el caso de marras, la pretensión fue propuesta sin cumplir con todos los requisitos de la ley para la interposición de la demanda de Partición, por lo que se prescribe que la parte actora, no haya atendido a los principios y características propias del derecho agrario, por lo que este Juzgado, a los fines de admitir la presente solicitud, apercibe a la parte demandante para que proceda a adecuar la acción propuesta a los principios rectores que rigen los procesos agrarios y subsane las omisiones señaladas, todo ello de conformidad con el artículo 199 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. A los fines de garantizar el debido proceso, se acuerda concederle a la parte accionante, un lapso de tres (03) días de despachos siguientes a la publicación del presente auto, para que proceda a efectuar las correcciones señaladas e indique la normativa agraria que fundamente su acción, y acompañe en autos las pruebas necesarias para la demanda, so pena sea declarada la inadmisibilidad de la demanda de Partición, conforme a lo establecido en el invocado artículo 199 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, esto es, a los fines de garantizar su acceso a la Justicia en aplicación del artículo 26 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Cúmplase (…)
Siendo ello así, y encontrándose el asunto en la etapa procesal de admisión o no de la pretensión de la parte accionante de autos, resulta indispensable plasmar lo dispuesto en el artículo 199 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que regula la subsanación, en el caso que los accionantes en sus escritos, incurran en ambigüedades u oscuridades, de la siguiente manera:
(…) En caso de demanda oral, el Juez ordenará que sea reducida a escrito en forma de acta, para ser agregada al expediente contentivo de la causa y contendrá la identificación del demandante y del demandado, el objeto de la pretensión determinado con precisión, así como los motivos de hecho y los fundamentos de derecho en que se funda la demanda, con las pertinentes conclusiones.En caso de presentar oscuridad o ambigüedad el libelo de la demanda, el Juez de la causa apercibirá al actor para que dentro de los tres (03) días de despacho siguientes proceda a subsanar los defectos u omisiones que presente su libelo. De no hacerlo en el lapso el juez negará la admisión de la demanda (…) (Cursivas de este Juzgado Agrario).
Analizado el mismo, se infiere que, el Juez Agrario en el caso que se den los supuestos de defectos u omisiones, debe ordenar la correspondiente corrección, sin que ello implique considerar que el Juzgador está supliendo defensas o esté parcializado con una de las partes, sino por el contrario, denota real un acceso a la justicia, siendo el mismo operador de Justicia quien dirige el proceso, para que la verdad real y la verdad procesal se materialicen en el procedimiento y se logre la paz social del campo.
Observa este Tribunal, que desde el día en que fue dictado el mencionado despacho saneador, es decir, el día martes15 de noviembre de 2022, hasta el día de hoy, ha trascurrido íntegramente el lapso establecido para que la parte accionante, corrigiera el libelo de la acción presentada y adecuara la misma a los principios rectores del derecho agrario conforme a la normativa establecida en la materia agraria, sin que se hubiere producido tal actividad.
Es oportuno indicar lo señalado por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, respecto al despacho saneador, en la sentencia Nº 248, de fecha 12 de abril del año 2005, en la cual estableció:
La naturaleza jurídica de esta institución puede ser establecida a partir del objeto de la misma, que es, como se dijo, depurar el ulterior conocimiento de una demanda cuando adolece de defectos en el libelo o vicios procesales. Por ello se ha atribuido al juzgador, como director del proceso y no como espectador, no sólo la facultad sino también la obligación, de controlar que la demanda y la pretensión en ella contenida, sean adecuadas para obtener una sentencia ajustada a Derecho. Comúnmente esta actividad contralora del juez es exigida en la primera etapa del proceso, dependiendo del defecto que la motive.
(…omissis…)
En conclusión, el despacho saneador debe entenderse como un instituto procesal de ineludible cumplimiento, que impone al juez -se insiste- la depuración de la demanda y de los actos relativos al proceso, conforme a los presupuestos procesales y a los requisitos del derecho de acción, de modo que permita y asegure al juez que ha de conocer y decidir sobre el fondo, dictar una sentencia conforme al derecho y la justicia, sin ocuparse, como ha tenido que hacerlo la Sala en este caso, de declaratorias de nulidad y reposiciones que pudieron evitarse si el Juez competente hubiese tenido el cuidado de subsanar los errores formales antes de proseguir a otra etapa del juicio. (Cursivas de este Juzgado Agrario).
En este orden de ideas, y de la revisión de las actas que conforman el presente asunto, se verificó que, posterior a la publicación del auto de despacho saneador de fecha 15 de noviembre de 2022, transcurrieron los siguientes tres (03) días de despacho siguientes, establecidos en el invocado artículo 199 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, los cuales serían los siguientes:miércoles 16, jueves 17 y viernes 18 de noviembre de 2022; es decir, el lapso para que la parte accionante de autos procediera a corregir finalizó el día viernes 18 de noviembre de 2022, sin observarse que los mismos comparecieran por sí o por intermedio de abogado a dar cumplimiento a la orden emanada por este Tribunal, conducta que conlleva forzosamente a este Juzgado Agrario, aplicar la sanción prevista el artículo 199 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que no es otra que declarar INADMISIBLE la presente solicitud, por no haber sido subsanada en el tiempo establecido. Así se decide.
-IV-
Decisión
Por las razones antes expuestas este Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, declara: PRIMERO: INADMISIBLE, la Acción de Partición presentada por el el abogado Manuel Antonio Tovar Acosta, titular de la cedula de identidad N°V-4.132.309, inscrito en el INPREABOGADO bajo el Nº 16.234 actuando en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos Orlando José Sandoval Jaspe, Delsy Carolina Sandoval Jaspe y LisethYusmila Sandoval Jaspe, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 15.300.194, V-16.424.148 y V-19.356.790, respectivamente, en contra de los ciudadanos María Josefa Escorche de Sandoval, titular de la cedula de identidad N°V-1.028.647; Omar José Sandoval Escorche, titular de la cedula de identidad N°V-5.209.133; Migdalia Elena Sandoval Escorche, titular de la cedula de identidad N°V-7.537.882; Belkis Maribel Sandoval Escorche, titular de la cedula de identidad N°V-9.534.787; Rafael Augusto Sandoval Escorche, titular de la cedula de identidad N°V-9.539.802; Elizabeth Sandoval Escorche, titular de la cedula de identidad N°V-3.692.972; Lilibeth Josefa Sandoval Escorche, titular de la cedula de identidad N°V-8.671.745; Cimar Carolina Sandoval Escorche, titular de la cedula de identidad N°V-14.899.551; María Narcisa Sandoval Escorche, titular de la cedula de identidad N°V-3.692.970; Cipriano Antonio Sandoval Escorche, titular de la cedula de identidad N°V-5.209.134, de conformidad con el artículo 199 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, por no haber sido subsanada en el tiempo establecido. Así se decide. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas en virtud de la naturaleza del presente fallo. TERCERO: No se hace necesaria la notificación de la parte accionante de autos, por encontrarse a derecho, dejándose constancia que el lapso para interponer los recursos de Ley, comenzara a transcurrir al día siguiente de la publicación de este fallo.
Publíquese, Regístrese y Déjese Copia Certificada de la presente Decisión de conformidad con lo establecido en el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, en San Carlos a los veintiún (21) días del mes de Noviembre del año dos mil Veintidós (2022). Años 212º de la Independencia y 163º de la Federación.

El Juez Provisorio,
Abg. CARLOS ANTONIO ORTIZ PEREIRA

La Secretaria,
Abg. MIRTHA CHIRIVELLA
En la misma fecha se dictó y publicó la anterior decisión siendo las 10:20 de la mañana, quedando anotada bajo el Nº 080-2022.

La Secretaria,
Abg. MIRTHA CHIRIVELLA

CAOP/mirtha
Exp. Nº 0775