REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN SU NOMBRE: JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES -I- De las partes Recurrente: Jorge Luis Reyes Bello, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-11.806.103. Apoderada Judicial: Anavith Moreno, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 136.488, actuando en su condición de Defensora PúblicaPrimera Agraria del estado Cojedes. Motivo: Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad. Decisión: Interlocutoria Simple-Declinatoria de la Competencia. Expediente: Nº 0742 -II- Síntesis de la Controversia Se le dio entrada a las presentes actuaciones en este Tribunal por auto dictado en fecha 09 de junio de 2022, en virtud del libelo contentivo de Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, presentado en la misma fecha por la Abogada Anavith Moreno, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 136.488, actuando en su condición de Defensora Pública Primera Agraria del estado Cojedes, y en nombre y representación del CiudadanoJorge Luis Reyes Bello, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-11.806.103. -III- Motivos de Hecho y de Derecho para Decidir sobre la Competencia La competencia puede definirse como la medida de la jurisdicción que ejerce en concreto el Juez en razón de la materia, del valor de la demanda y del territorio (RengelRomberg. A, “Tratado de Derecho procesal Venezolano, 2003, Caracas, Tomo: 1, p: 298).- En este sentido, debe destacarse que al momento de proponer la demanda, no basta que el demandante se dirija a uno cualquiera de los cientos de jueces que existen en la organización judicial, sino que debe examinar previamente si conforme a los criterio fijados por la ley para determinar la competencia, el juez a quien dirige su demanda es el llamado a conocer de ella por corresponder el asunto a la esfera de poderes y atribuciones dentro de la cual puede ejercer en concreto la función jurisdiccional. Es por ello que la competencia es uno de esos requisitos o condiciones necesarias para que cualquier proceso sea considerado válido, es por esta razón que debe este Tribunal tomar en cuenta, además del carácter de orden público que ésta tiene, que la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela de 1999, prevé en su Artículo 253 el conocimiento de los Órganos del Poder Judicial de las causas y asuntos de su competencias mediante los procedimientos que determinan las leyes o hacer ejecutar sus sentencias. De igual forma, el numeral 4, del artículo 49, de nuestra Carta Magna, establece que toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales, con las garantías establecidas en la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela y en las Leyes. A la luz de lo anterior, éste Tribunal pasa a pronunciarse acerca de su competencia para conocer de la presente solicitud de medida de protección y al respecto lo hace bajo las siguientes consideraciones: Dispone el artículo 186 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, lo siguiente: (Sic) “Las controversias que se susciten entre particulares con motivos de las actividades agrarias serán sustanciadas y decididas por los tribunales de las jurisdicción agraria, conforme al procedimiento ordinario agrario, el cual se tramitará oralmente…” Por su parte el artículo 197 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario que expresa: “Los juzgados de primera instancia agraria conocerán de las demandas entre particulares que se promuevan con ocasión a la actividad agraria…” Las normas anteriores, no hacen sino establecer el marco de actuación de los Tribunales de Primera Instancia Agraria, y son claras al señalar que tales atribuciones competenciales abarcan la resolución de los conflictos que se generen entre particulares con ocasión a la actividad agraria, así pues, a los fines de determinar si este Tribunal es competente para conocer del presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, presentado por la Abogada Anavith Moreno, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 136.488, actuando en su condición de Defensora Pública Primera Agraria del estado Cojedes, y en nombre y representación del Ciudadano Jorge Luis Reyes Bello, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-11.806.103 al efecto, se observa que la parte recurrenteen fecha 09 de junio de 2022, presento un escrito, manifestando lo siguiente: …Omissis…acudimos con la finalidad de presentar formal Recurso de Nulidad de acto Administrativo en contra de mi representado, realizado por el Instituto Nacional de tierras, el cual se explica en su contenido. Se presenta ante este Juzgado con la finalidad de interrumpir el lapso de caducidad y en virtud que el Juzgado Superior Agrarioi tiene días sin dar despacho de conformidad con lo establecido en el Paragrafo Segundo del artículo 17 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, por lo cual pido sea declinada la Competencia para el Tribunal Competente…Omissis… De igual forma, en la misma fecha, la Abogada Anavith Moreno, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 136.488, actuando en su condición de Defensora Pública Primera Agraria del estado Cojedes, y en nombre y representación del Ciudadano Jorge Luis Reyes Bello, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-11.806.103, al presentar el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad en contra del Punto de Cuenta N° 1090009621 de fecha 12 de abril de 2022 emanado por el Instituto Nacional de Tierras, se observa que la parte recurrente dentro de la fundamentación de los hechos manifiesta lo siguiente: …Omissis…acudo a fin de interponer formal RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD ABSOLUTA por ilegalidad e inconstitucionalidad, estando dentro del lapso establecido por la citada Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el cual persigue obtener la Nulidad Total y Absoluta del Acto Administrativo de efectos particulares emanado del directorio del Instituto Nacional de Tierras de fecha 12 de abril de 2022, en deliberación sobre el Punto de Cuenta nro. 1090009621 en la cual el Directorio del Instituto Nacional de Tierras acordó la Liberación del Predio de oficio, por motivo incumplimiento de la función social según sesión ORD-1356-22 que no es más que la Revocatoria del Título de Garantía de Permanencia y Carta de Registro Agrario signado con el número 910652817RAT0005176 de fecha 24 de octubre de 2017 que se encontraba a favor de mi representado relacionado a un lote de terreno de 9 has con 4758 m2 ubicado en el Sector El Laurel Parroquia Rómulo Gallegos Municipio Rómulo Gallegos del estado Cojedes denominado “La Estancia”, cuyo procedimiento se llevó a cabo bajo el número de expediente 9/531/REV/DGP/2021/1090011004…Omissis… Atendiendo a las afirmaciones de hechos expuestas por la accionante en su escrito, aprecia este Tribunal que la parte interesada, no solamente dirige su acción en contra de un grupo de Ciudadanos los cuales se encuentran identificados, sino que también, dirige su acción contra el Instituto Nacional de Tierras a través de, en forma concreta, aduce que éste también es el responsable de los daños causados a la producción, puesto que, afirma que el Ente agrario a través de la actuación de la Oficina Regional de Tierras del estado Cojedes, autorizó el ingreso de un colectivo de personas, sumado a ello, en el petitorio del escrito de solicitud, de forma expresa peticionan la declinatoria por la competencia, en consecuencia vista la manifestación dada por la parte solicitante, es suficiente para que este Tribunal considere que efectivamente el Instituto Nacional de Tierras (ORT-Cojedes), conjuntamente con los integrantes del Colectivo de personas que se encuentran dentro y cuya identificación se desconoce, resultan ser los mismos sujetos contra los cuales se quiere hacer valer el derecho alegado, pues no cabe duda para este Juzgador que el propósito del actor es contra el Instituto Nacional de Tierras (ORT-Cojedes) y el Colectivo de personas incorporadas, y que éstos son los agentes contra los cuales se quiere hacer valer la titularidad del derecho. De acuerdo a lo anterior, conviene traer a colación, los artículos 156 y 157 de la indicada Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, establecen: Artículo 156. Son competentes para conocer de los recursos que se intenten por razones de ilegalidad contra cualquiera de los actos administrativos agrarios: Los Tribunales Superiores Regionales Agrarios competente por la ubicación del inmueble, como Tribunales de Primera Instancia…”. Artículo 157. Las competencias atribuidas de conformidad con el artículo anterior comprenden el conocimiento de todas las acciones que por cualquier causa, sean intentadas con ocasión a la actividad u omisión de los órganos administrativos en materia agraria, incluyendo el régimen de los contratos administrativos, el régimen de las expropiaciones, las demandas patrimoniales y demás acciones con arreglo al derecho común que sean interpuestas contra cualesquiera de los órganos o los entes agrarios. Por su parte en la Disposición Final Segunda de la referida Ley de Tierras y Desarrollo Agrario textualmente nos indica lo siguiente: …Omissis... Los Tribunales Superiores Regionales Agrarios, además de conocer en alzada de los juicios ordinarios entre particulares en materia agraria, conocerán igualmente del contencioso administrativo y demandas contra los entes agrarios, de conformidad con lo establecido en el Capítulo II del título V de la presente Ley.”. De igual manera, el artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario expresa que: Artículo 196. El juez agrario debe velar por el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la Nación y el aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental. En tal sentido, el juez agrario, exista o no juicio, deberá dictar oficiosamente las medidas pertinentes a objeto de asegurar la no interrupción de la producción agraria y la preservación de los recursos naturales renovables, haciendo cesar cualquier amenaza de paralización, ruina, desmejoramiento, o destrucción. Dichas medidas serán vinculantes para todas las autoridades públicas, en acatamiento del principio constitucional de seguridad y soberanía nacional. Así mismo, la Sala Constitucional en sentencia de fecha 09 de mayo de 2006 (caso Cervecería Polar Los Cortijos C.A. y otros), dejó establecido lo siguiente: “…En tal sentido, el artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone los principios que rigen la seguridad alimentaria y el desarrollo agrícola, las cuales se alcanzan por parte de los órganos administrativos, privilegiando y desarrollando la producción agropecuaria interna, entiéndase como tal, la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola, que por razones de sanidad, seguridad alimentaria, protección del medio ambiente y del mercado agrícola nacional, está facultado para restringir, incluso impedir, el ingreso de determinados productos al país, mediante el control establecido a tal fin, esto es, el otorgamiento del permiso fitosanitario, sin el cual algunas mercancías no pueden ingresar al país. Omissis…Con el referido criterio, la Sala evidenció que, el legislador viene a reforzar la protección jurídico-constitucional de los particulares a través de normas garantistas de los derechos amparados por la Constitución, favoreciendo la tutela judicial efectiva y protegiendo para el presente caso, la vigencia y efectividad del derecho a la seguridad agroalimentaria en pro del interés general de asentar las bases del desarrollo rural integral y sustentable, asegurando la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones. Todo en el contexto de la actuación eficaz del Poder Público, donde los órganos y entes del Estado gestionan efectivamente sus competencias, fomentando la consolidación del principio de paz social, el bien común y la convivencia, en un medio ambiente armónico. En tal sentido, mal podrían limitarse las potestades del Juez contencioso-agrario para sustituirse en las funciones del correspondiente órgano o ente administrativo, cuando las circunstancias de hecho demanden su proceder en el sentido de propiciar un proceso judicial que inaudita parte provea lo conducente para la salvaguarda de la continuidad de la producción agraria y la preservación de los recursos naturales, restableciendo de este modo la situación jurídica particular o colectiva lesionada, para seguidamente sustanciar el correspondiente contradictorio, ante quienes tuvieran interés en oponerse a la medida acordada. Efectivamente, siendo que a los órganos jurisdiccionales en la materia les corresponde garantizar la seguridad alimentaria, el legislador no se encuentra limitado en el establecimiento de las facultades inquisitivas de los mencionados órganos, ni siquiera para posibilitar una actuación oficiosa que en modo alguno colide con su imparcialidad, sino que se encuadra en el carácter subjetivo y garantista del procedimiento contencioso administrativo, donde el juez propende a la salvaguarda de las situaciones jurídicas que en el ámbito de sus competencias y por mandato constitucional, se encuentra llamado a tutelar, aun frente a la inactividad particular de invocar la tutela a la seguridad agroalimentaria o ante la omisión de los órganos administrativos, en privilegiar y desarrollar la producción agropecuaria interna y proteger la biodiversidad. Con ello, resulta constitucionalmente legitima la actuación oficiosa de los órganos jurisdiccionales cuando el bien tutelado así lo amerite y exista disposición legal que lo faculte, como es el caso de la adopción de medidas que desde el punto de vista material, pudieran calificarse de funciones administrativas, tomadas en ejercicio de la potestad jurisdiccional para la salvaguarda de la seguridad agroalimentaria y de la biodiversidad y así se declara. En este sentido, la exposición de motivos del Decreto con fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, dispone en cuanto al procedimiento agrario, que el mismo se informa de los valores contenidos en el artículo 257 de la Constitución, relativos a la simplicidad, oralidad, celeridad, uniformidad y eficacia, procurando un procedimiento sencillo que desarrolle el principio de celeridad y economía procesal. Tal como se estableció supra, en el presente caso estamos ante una medida preventiva conducente a la salvaguarda de la continuidad de la producción agraria y la preservación de los recursos naturales, de adopción oficiosa, con lo cual encuentra esta Sala que dicha medida procede inaudita parte, situación ésta que en modo alguno supone la inexistencia de un procedimiento en el cual se tome el proveimiento jurisdiccional. Ciertamente, del análisis de la norma impugnada se evidencia que, el legislador al referirse a la posibilidad de la adopción de la medida “exista o no juicio”, se refiere a que el juez no se encuentra sujeto a la pendencia de un procedimiento previo, que es justamente la diferencia entre el artículo hoy impugnado y la disposición contenida en el artículo 167 eiusdem. Lo expuesto evidencia que, tal como señaló la representación de la Procuraduría General de la República, el artículo 211 del Decreto con fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, actualmente artículo 207 de la Ley de Tierras y desarrollo Agrario de 2005, recoge una visión axiológica de la función jurisdiccional, que se compadece con el referido carácter subjetivo del contencioso administrativo y con el derecho a la tutela judicial efectiva, contexto en el cual la medida adoptada por el juez agrario, se desarrolla conforme a la celeridad e inmediatez necesarias para salvaguardar una eventual transgresión a los principios de la seguridad agroalimentaria y al derecho a la biodiversidad, siguiendo a tal efecto, el procedimiento pautado en los artículos 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; ello ante la ausencia de un iter indicado expresamente por la Ley, conforme a la previsión contenida en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Así, cuando el juez agrario desarrolle oficiosamente la competencia atribuida en la norma impugnada, procederá a la apertura inmediata del correspondiente contradictorio, donde le garantizará a aquel contra quien obre la medida y a los eventuales interesados, el derecho a la defensa y al debido proceso, a través de la notificación de la decisión, el acceso al expediente y la posibilidad de alegar y probar a favor de la eventual oposición. Dicha tramitación análoga a la seguida en casos de medidas cautelares, no reviste en modo alguno, violación del derecho a la defensa o al debido proceso de la parte contra quien obra la medida, pues ésta podrá hacer la correspondiente oposición una vez ejecutada la misma, en el correspondiente contradictorio y así se declara…” De las normas y criterio constitucional anteriormente transcritos, emana la competencia de la jurisdicción agraria para conocer el Procedimiento Contencioso Administrativo Agrario cuando las demandas sean contra los Entes Estatales Agrarios, igualmente se desprende de los mismos, la atribución de competencia de esa jurisdicción para el conocimiento de todas las acciones que por cualquier motivo sean intentadas con ocasión de la actividad u omisión de los Órganos Administrativos en materia agraria y los Tribunales Superiores Regionales Agrarios por la ubicación del inmueble son competentes para conocer de las demandas contra los Entes Agrarios como Tribunales de Primera Instancia. Asimismo, considera necesario aclarar este sentenciador, que si bien es cierto, en fecha 11 de junio del año 2019, en el Expediente signado con el Nº 0357 contentivo de Medida de Protección, peticionada por los Abogados Juan Francisco Morales Montagne y Juan Francisco Morales Garay, inscritos en el Inpreabogados bajo los Nros. 15.890 y 146.769, respectivamente, actuando en su carácter de Coapoderados Judiciales de los Ciudadanos José Gregorio Peñalver Herrera y Víctor José Peñalver Herrera, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nros. V-14.413.881 y V-14.413.764775, respectivamente, este Jurisdicente se Inhibió de seguir conociendo dicha causa y cualquier otra causa, donde estuviera actuando la Abogada Anavith Gisela Moreno Jiménez, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-14.899.709, en su condición de Defensora Pública Primera Agraria del estado Cojedes, siendo declarada Con Lugar dicha Inhibición por el Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, mediante sentencia Nº 1030-19 de fecha 28 de junio de 2019. Asimismo, ha ocurrido en los Expedientes signados con los Nros. 0392, 0453, 0468, 0479, 0541, entre otros, sin embargo, visto que en el presente caso, en los párrafos anteriores, se ha dejado asentado que el presente Recurso Contencioso Administrativo debe ser tramitado, sustanciado y decidido es por el Juzgado Superior Agrario de esta Circunscripción Judicial, es por ello, que en aras de la economía procesal, únicamente en la presente causa, es que este sentenciador no procede a Inhibirse, sin que con ello, se entienda que ha cesado las causas que generaron la Inhibición en esta Instancia Judicial Agraria, por cuanto las causales de Inhibición o Recusación operan en un expediente, generalmente es contra el juez que lleva el caso. Así se establece. Determinado lo anterior, se colige entre otras cosas, que en el caso que nos ocupa el sujeto pasivo de la presente acción, lo es un Ente agrario, es decir, el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad incoado en el presente caso ha sido interpuesta por un particular, contra las acciones derivadas de un Ente Agrario, que en este caso, lo es, el Instituto Nacional de Tierras (INTi), tal y como lo manifiesta la parte interesada en su escrito, circunstancia que mantiene a este recurso dentro del conocimiento del Tribunal Contencioso Administrativo Agrario y fuera del marco de relaciones entre particulares y de allí deviene la Incompetencia funcional en de este Tribunal Primero de Primera Instancia Agraria del Estado Cojedes, ya que, la acción propuesta involucra directamente al Instituto Nacional de Tierras como sujeto pasivo, cuando incluso solicitan se decline la competencia, no estando facultado legalmente esta Instancia Judicial Agraria para emitirles ordenes de hacer o no hacer al ente agrario, y por consiguiente resulta forzoso para este Juzgado Primero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, declarar su Incompetencia Funcionarial y declinar la competencia ante el Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, de conformidad con los artículos 156 ordinal 1º, 157 y 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, asimismo para garantizar de conformidad con el articulo 49 numeral 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el derecho constitucional de ser juzgado por el Juez Natural, y en consecuencia, se acuerda remitir el presente Expediente al Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes una vez transcurrido el lapso legal a que se contrae el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, para que sea esa máxima instancia judicial, quien se pronuncie acerca de la procedencia o no de la medida cautelar peticionada en el presente expediente. Así se decide. -IV- Decisión Por las razones antes expuestas este Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, declara: PRIMERO: Se declara Incompetente Funcionarialmente para conocer y decidir el presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, presentado por la Abogada Anavith Moreno, inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 136.488, actuando en su condición de Defensora Pública Primera Agraria del estado Cojedes, y en nombre y representación del Ciudadano Jorge Luis Reyes Bello, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-11.806.103, en contra del Punto de Cuenta N° 1090009621 de fecha 12 de abril de 2022 emanado por el Instituto Nacional de Tierras. Así se decide. SEGUNDO: Declina la competencia ante el Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, de conformidad con los artículos 156 ordinal 1º, 157 y 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, asimismo para garantizar de conformidad con el articulo 49 numeral 4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el derecho constitucional de ser juzgado por el Juez Natural. Así se decide. TERCERO: seacuerda remitir de manera inmediata el presente Expediente al Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, haciéndose la aclaratoria que no se dejara transcurrir el lapso legal a que se contrae el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil, en virtud de que la propia parte recurrente, peticiona la declinatoria por la competencia. Así se decide. Publíquese, Regístrese y Déjese Copia Certificada de la presente Decisión de conformidad con lo establecido en el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, en San Carlos alos diez (10) días del mes de junio del año dos mil veintidós (2022). Años 212º de la Independencia y 163º de la Federación. El Juez Provisorio, Abg. CARLOS ANTONIO ORTIZ PEREIRA La Secretaria, Abg. MIRTHA CHIRIVELLA En la misma fecha se dictó y publicó la anterior decisión siendo las 02:40 de la tarde, quedando anotada bajo el Nº 035-2022, se libró oficio de remisión N° 0251-2022. La Secretaria, Abg. MIRTHA CHIRIVELLA CAOP/mirtha Exp. Nº 0742