TSJ Regiones - Decisión

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO GIRARDOT DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES

El Baúl, 14 de Julio de 2022
212º y 163º

EXPEDIENTE: 636
MOTIVO: Divorcio por desafecto
DECISIÓN: Perención de la Instancia

-I-
DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS

SOLICITANTE: CARMEN ZENAIDA BENÍTEZ RODRÍGUEZ venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-10.329.828.
DEMANDADO: LUIS RAFAEL RAMO ALVARADO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de Identidad Nº. V-11.965.213.
ABOGADO ASISTENTE: VILMA DAMELIS LARA DE JIMÉNEZ, inscrita en el
Inpreabogado bajo el Nº 245.979.

-II-
BREVE RESEÑA DEL CASO

Mediante escrito presentado en fecha veinticinco (25) de mayo de dos mil veintidós (2022), por la ciudadana CARMEN ZENAIDA BENÍTEZ RODRÍGUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-10.329.828, debidamente asistida por la abogada, VILMA DAMELIS LARA DE JIMÉNEZ, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 245.979, solicitó el Divorcio por desafecto. Seguidamente el Tribunal le dio entrada a la presente causa, asignándole el Nº 636, de la nomenclatura interna de este Tribunal.
Posteriormente, por auto de fecha 26 de mayo de 2022, el Tribunal admitió la presente solicitud, ordenando emplazar al Fiscal IV con competencia en materia de familia del Ministerio Público del Estado Cojedes.
Ahora bien, encontrándose este Tribunal en tiempo útil y por considerarlo necesario y oportuno procede hoy a emitir el presente pronunciamiento con base en las consideraciones.
-III-
MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA DECIDIR

Revisadas las actuaciones cursantes en autos se constata que en fecha 26 de mayo de 2022), este Tribunal le dió entrada y admitió la presente causa ordenando su registro en el libro respectivo, en esa misma fecha fue ordenando emplazar al Fiscal IV del Ministerio Público del Estado Cojedes. Igualmente el Tribunal advirtió a la solicitante que de conformidad con lo establecido en el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil, aplica el criterio establecido en sentencia de fecha 29 de julio de 2008 de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, ponente Dr. Carlos Oberto Vélez, caso Francisco Rodríguez Rodríguez contra Amparo Dorta Dorta, y en ese sentido la parte actora debía cumplir con la obligación de proveer al Alguacil de los gastos relativos a su traslado a la dirección en la que se debía verificar la citación ordenada, si esta estuviera ubicada a una distancia mayor de 500 metros de la sede del Tribunal dentro de los 30 días calendario consecutivos siguientes al auto de admisión, so pena de verificarse la perención de la instancia, por acontecer el supuesto de hecho contenido en el ordinal 1 del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.
Ahora bien, precisa esta Juzgadora que de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 1º del artículo 267 de nuestro vigente Código de Procedimiento Civil, la perención de la instancia procede cuando, una vez admitida la demanda, el actor no cumple con las obligaciones que le impone la Ley para practicar la citación, dentro de los treinta (30) días siguientes.
Textualmente expresa la norma in comento:
“Artículo 267.-… También se extingue la instancia:
1º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la Ley para que sea practicada la citación del demandado.”
También reconoce esta sentenciadora que a partir de la consagración en vía constitucional del principio de gratuidad de la justicia, la jurisprudencia ha desechado la exigencia de pago de arancel alguno para proceder a la citación de la parte demandada en todo juicio, de donde ha quedado aceptado que no es ésta una de las obligaciones que impone la ley al actor para que se lleve a cabo la citación de la parte demandada. No obstante, considera quien aquí decide, que cuando el legislador procesal previó la señalada causal de extinción de la instancia, no vinculó con carácter exclusivo este supuesto al incumplimiento del pago del arancel judicial cuyo cobro era legal y estaba en vigencia para la época en que se sancionó nuestro texto adjetivo, sino que existen otras obligaciones que son de cargo del actor, cuando incoa una acción, y que lo compelen a atender la demanda una vez incoada y admitida por el Tribunal e impulsar el proceso iniciado, so pena de ser declarada la extinción de la instancia por falta del impulso necesario.
Entre estas obligaciones, la doctrina ha reconocido el deber que tiene el actor de señalar en forma expresa la dirección donde el alguacil, bien del Tribunal de la Causa, o bien del Juzgado Comisionado, ha de practicar o gestionar la citación de la parte demandada; pero antes de esta obligación existe otra que necesaria y previamente debe ser cumplida por el actor, y ella no es otra que la de sufragar los costos de obtención de las copias necesarias para la elaboración de las compulsas por parte del Tribunal, pues constituye un hecho evidente y además lógico, que si no son suministradas las copias para la elaboración de las compulsas, no podría el juzgado de la causa librar las mismas y por ende no sería posible llevarse a cabo la citación por parte del alguacil del Juzgado o remitirse la comisión cuando se haya ordenado.
Se evidencia pues, que la parte actora no acudió ante esta instancia a impulsar el proceso, siendo la ultima actuación en el expediente, el auto de fecha 26 de mayo de 2022, mediante el cual el Tribunal admitió la misma, y como puede observarse, después de esa actuación hasta la presente fecha, no existe en el presente expediente actividad procesal alguna, situación jurídica que coloca a esta causa en estado de perención.
Todo lo anterior denota un absoluto abandono del trámite que configura sin lugar a dudas el supuesto específico de perención establecido en el Ordinal 1º del Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, y que no es otro que el transcurso de treinta (30) días contados a partir de la fecha de la admisión de la demanda sin haberse ejecutado en el juicio ningún acto de procedimiento, sin haber dado la parte actora cumplimiento a sus mas elementales obligaciones procesales para gestionar y procurar la citación de las partes, disposición legal esa que a juicio de quien aquí decide tiene plena aplicabilidad, pues no estaría ajustado a una interpretación analítica y razonada de la Ley pensar que éste supuesto de perención habría desaparecido por el sólo hecho de haber quedado proscrito todo pago arancelario, lo cual conduciría a entender que la disposición del ordinal primero del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, pasaría a ser letra muerta. Así se establece.
Como consecuencia de lo anterior, y en virtud de que la negligencia de la parte en el cumplimiento de su obligación para que sea practicada la citación ordenadas por este Tribunal en fecha 26 de mayo de 2022, y habiendo transcurrido íntegramente los treinta (30) días, que establece la norma up supra referida, desde la fecha en que se admitió la demanda hasta el día de hoy, sin que las partes interesadas hubieren proveído de los fotostatos requeridos en el auto de admisión de la presente demanda, y siendo que es deber de ellos cumplir con esta obligación, y al no hacerlo en tal forma, dejando transcurrir treinta (30) días contados a partir de la fecha de admisión de la demanda, es evidente que el caso bajo análisis se subsume dentro de la previsión contenida en el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, por lo que se hace se hace procedente declarar consumada la PERENCIÓN de la Instancia. Así se decide.
-IV-
DECISION
Atendiendo a los razonamientos antes señalados, en virtud de la facultad que tiene el Juez para declarar de oficio la PERENCION de la Instancia en cualquiera de los casos previstos en el Artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, toda vez que la misma opera de pleno derecho y no es renunciable por las partes, conforme a las previsiones del Artículo 269 eiusdem, este TRIBUNAL DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO GIRARDOT DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara EXTINGUIDA la instancia, por haber operado la PERENCIÓN de la Instancia en el presente juicio, de conformidad con lo previsto en el ordinal 1º del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, al haber transcurrido más de treinta (30) días contados a partir de la admisión de la demanda, sin que se hubiere cumplido ningún acto efectivo de impulso procesal, como antes se dejó claramente expresado en este fallo.
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Tribunal del Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipios Girardot, de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, en El Baúl, a los catorce (14) días del mes de julio del año dos mil veintidós (2022). Siendo las 10:30 a.m. Años 212° de la Independencia y 163° de la Federación. PUBLÍQUESE Y REGÍSTRESE. Déjese copia por Secretaría de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

La Jueza Provisoria.
Abg. María Gabriela Nieves Arvelo.
La Secretaria.
Abg. Genesis Noemy Salazar Aguirre.
En la misma fecha y hora, se publicó y registró la anterior decisión en la página del Tribunal Supremo de Justicia, Cojedes.scc.gov.ve

La Secretaria.

Abg. Genesis Noemy Salazar Aguirre.

Exp. Nº. 636