TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

EN SU NOMBRE: EL
JUZGADO SUPERIOR AGRARIO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES Y CON COMPETENCIA TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO ARISMENDI DEL ESTADO BARINAS, CON SEDE EN SAN CARLOS

-I-
De las partes
Recurrente: JAVIER DAVID SOJO MENDOZA, venezolano, mayor de edad, Titular de la Cédula de Identidad Nº V-14.583.332.
Apoderada Judicial: MARIBEL DEL CARMEN ALARCON DE MONTILLA, venezolana, mayor de edad, Titular de la Cédula de Identidad Nº V-9.472.256, debidamente inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 91.274.
Recurrido: INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (I.N.Ti.), adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Asunto: RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD.
Decisión: SENTENCIA INTERLOCUTORIA.
Expediente: Nº 992-18.

-II-
Antecedentes
En fecha 16 de abril de 2018, la abogada Maribel del Carmen Alarcón de Montilla, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-9.472.256, debidamente inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 91.274, actuando en nombre y representación del ciudadano Javier David Sojo Mendoza, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-14.583.332, según se evidencia de instrumento poder debidamente autenticado por ante la Notaria Pública de San Carlos del estado Cojedes en fecha 15 de noviembre de 2016, quedando inserto bajo el Nº 60, Tomo 63, Folios 185 hasta 188 de los libros de autenticaciones llevados por dicha Oficina Notarial, presentó formal Recurso de Nulidad.
En fecha 16 de abril de 2018, el Tribunal le dio entrada al Recurso de Nulidad.
En fecha 20 de abril de 2018, el tribunal dictó sentencia Interlocutoria declarando INADMISIBLE el recurso de nulidad del acto administrativo agrario incoado por la abogada Maribel del Carmen Alarcón de Montilla, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-9.472.256, debidamente inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 91.274, actuando en nombre y representación del Ciudadano Javier David Sojo Mendoza, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-14.583.332, según se evidencia de instrumento poder debidamente autenticado por ante la Notaria Pública de San Carlos del estado Cojedes en fecha 15 de noviembre de 2016, quedando inserto bajo el Nº 60, Tomo 63, Folios 185 hasta 188 de los libros de autenticaciones llevados por dicha Oficina Notarial
En fecha 26 de abril de 2018, la abogada Maribel del Carmen Alarcón de Montilla, en su carácter en autos presento escrito de apelación contra la decisión dictada por este Tribunal en fecha 30 de abril de 2018, el tribunal mediante auto oyó la apelación en ambos efectos interpuesta por la Abogada Maribel del Carmen Alarcón de Montilla, en su carácter en autos, igualmente se ordeno remitir el presente expediente a la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia.
En fecha 18 de mayo de 2018, La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia dio entrada al presente expediente.
En fecha 06 de junio de 2021, la abogada Maribel del Carmen Alarcón de Montilla, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-9.472.256, debidamente inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 91.274, actuando en nombre y representación del ciudadano Javier David Sojo Mendoza, estampo diligencia consignando pruebas, en la unidad de atención al público de la secretaria de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia
En fecha 06 de junio de 2021, auto de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia que recibieron escrito de pruebas presentado la abogada Maribel del Carmen Alarcón de Montilla, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-9.472.256, debidamente inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 91.274, actuando en nombre y representación del ciudadano Javier David Sojo Mendoza.
En fecha 07 de junio de 2021, auto de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia se dio cuenta del expediente y correspondió la ponencia al Magistrado Dr. JESÚS MANUEL JIMÉNEZ ALFONZO.
En fecha 06 de marzo de 2019, decisión del Juzgado de sustanciación de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de justicia en el cual admiten las pruebas promovidas por la abogada Maribel del Carmen Alarcón de Montilla, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-9.472.256, debidamente inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 91.274, actuando en nombre y representación del ciudadano Javier David Sojo Mendoza.
En fecha 26 de enero de 2021, auto de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia que recibieron diligencia de la abogada Maribel del Carmen Alarcón de Montilla, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-9.472.256, debidamente inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 91.274, actuando en nombre y representación del ciudadano Javier David Sojo Mendoza solicitando celeridad procesal y avocamiento en la presente causa.
En fecha 16 de abril de 2021, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia dictó sentencia y Declaró: Primero: CON LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial del ciudadano JAVIER DAVID SOJO MENDOZA, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, en fecha 20 de abril de 2018, mediante el cual declaró inadmisible el recurso de nulidad ejercido el 8 de abril de 2018, contra el acto administrativo contentivo del Titulo de Adjudicación y Carta de Registro Agrario de fecha 10 de Diciembre de 2016, sesión de Directorio ORD-7333-16, emanado del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS.
En fecha 20 de agosto de 2021, se recibió el expediente mediante oficio N° 84 de fecha 29 de abril de 2021.
En fecha 02 de septiembre de 2021, el Tribunal mediante auto ordenó darle entrada bajo su mismo número.

-III-
Motivación
Siendo la oportunidad legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 161 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, para que esta Juzgadora actuando como Juez de Primera Instancia Regional de lo Contencioso Administrativo Especial Agrario, se pronuncie sobre la admisibilidad del presente Recurso de Nulidad de Acto Administrativo incoado por la abogada Maribel del Carmen Alarcón de Montilla, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-9.472.256, debidamente inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 91.274, actuando en nombre y representación del ciudadano Javier David Sojo Mendoza, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-14.583.332, según se evidencia de instrumento poder debidamente autenticado por ante la Notaria Pública de San Carlos del estado Cojedes en fecha 15 de noviembre de 2016, quedando inserto bajo el Nº 60, Tomo 63, Folios 185 hasta 188 de los libros de autenticaciones llevados por dicha Oficina Notarial, contra el acto administrativo dictado por el Instituto Nacional de Tierras (I.N.Ti), mediante el cual acordó Título de Adjudicación y Carta de Registro Agrario en fecha 10 de diciembre de 2016, Sesión de Directorio Nº ORD 733-16 a favor del ciudadano Gustavo José Ortiz Rivero, sobre un lote de terreno denominado “ESTEROS DE CAMAGUAN”, ubicado en el Sector Caño Hondo, Parroquia Libertad, Municipio Ricaurte del estado Cojedes, constante de una superficie de sesenta y tres hectáreas con sesenta y seis punto cincuenta y ocho metros (63 Has. con 66,58 m2), pasa a realizarlo en los siguientes términos:

-IV-
De la competencia para conocer del presente Recurso
Corresponde a este Tribunal pronunciarse acerca de su competencia para conocer el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad y a tal efecto observa lo siguiente:
El acto administrativo recurrido ha sido dictado por el Instituto Nacional de Tierras (I.N.Ti.), que como Instituto Autónomo se encuentra adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, con personalidad jurídica y patrimonio propio, distinto e independiente de la República, el cual gozará de las prerrogativas y privilegios que le otorga la Ley a ésta, cuyos actos están sometidos al control del Órgano Jurisdiccional del sistema Contencioso Administrativo Especial Agrario.
El recurso en cuestión, ha sido interpuesto y se dirige a obtener la Declaratoria de Nulidad de un acto administrativo emanado por el Instituto Nacional de Tierras (I.N.Ti.), mediante el cual acordó Título de Adjudicación y Carta de Registro Agrario en fecha 10 de diciembre de 2016, Sesión de Directorio Nº ORD 733-16 a favor del ciudadano Gustavo José Ortiz Rivero, sobre un lote de terreno denominado “ESTEROS DE CAMAGUAN”, ubicado en el Sector Caño Hondo, Parroquia Libertad, Municipio Ricaurte del estado Cojedes, constante de una superficie de sesenta y tres hectáreas con sesenta y seis punto cincuenta y ocho metros (63 Has. con 66,58 m2).
En este sentido, dispone ad litteram el artículo 151 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, lo siguiente:
Artículo 151. La jurisdicción agraria estará integrada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales señalados en esta ley…”.
De igual forma los artículos 156 y 157 de la indicada Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, establecen:
Artículo 156. Son competentes para conocer de los recursos que se intenten por razones de ilegalidad contra cualquiera de los actos administrativos agrarios:
1. Los Tribunales Superiores Regionales Agrarios competente por la ubicación del inmueble, como Tribunales de Primera Instancia…”.
Artículo 157. Las competencias atribuidas de conformidad con el artículo anterior comprenden el conocimiento de todas las acciones que por cualquier causa, sean intentadas con ocasión a la actividad u omisión de los órganos administrativos en materia agraria, incluyendo el régimen de los contratos administrativos, el régimen de las expropiaciones, las demandas patrimoniales y demás acciones con arreglo al derecho común que sean interpuestas contra cualesquiera de los órganos o los entes agrarios.
Por su parte en la disposición final segunda de la referida Ley de Tierras y Desarrollo Agrario textualmente nos indica lo siguiente:
…Omissis...
“Los Tribunales Superiores Regionales Agrarios, además de conocer en alzada de los juicios ordinarios entre particulares en materia agraria, conocerán igualmente del contencioso administrativo y demandas contra los entes agrarios, de conformidad con lo establecido en el Capítulo II del título V de la presente Ley.”
Del contenido normativo de las indicadas disposiciones legales se verifica una competencia especifica, que comprende el conocimiento de los Recursos o acciones que se intenten contra cualquiera de los actos administrativos agrarios dictados por los Órganos administrativos en materia agraria, incluyendo el régimen de los contratos administrativos, el régimen de las expropiaciones, demandas patrimoniales y demás acciones con arreglo al derecho común, y siendo ello así, este Órgano Superior Jurisdiccional actuando en sede administrativa como Juzgado de Primera Instancia, tomando en consideración lo establecido en los artículos 151, 156, 157 y la disposición final segunda de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario se declara COMPETENTE para conocer del Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad incoado. ASÍ SE DECIDE.

-V-
Sobre la admisibilidad del Recurso Nulidad
Determinada como ha sido la competencia, pasa este Tribunal a pronunciarse acerca de la admisibilidad del presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, interpuesto contra el acto administrativo emanado del Instituto Nacional de Tierras (I.N.Ti.):
En base a la Sesión de Directorio Nº ORD 733-16 a favor del ciudadano Gustavo José Ortiz Rivero, sobre un lote de terreno denominado “ESTEROS DE CAMAGUAN”, ubicado en el Sector Caño Hondo, Parroquia Libertad, Municipio Ricaurte del estado Cojedes, constante de una superficie de sesenta y tres hectáreas con sesenta y seis punto cincuenta y ocho metros (63 Has. con 66,58 m2).
La disposición contenida en el artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, contempla los requisitos que deben cumplir los Recursos a que se refiere el Título V de dicho instrumento legal, los cuales deben ser objeto de revisión y estudio al decidirse sobre la admisibilidad de los mismos.
Del mismo modo, el artículo 162 ejusdem, establece todo un elenco de causales de inadmisibilidad, tanto de las acciones patrimoniales como de los Recursos Contenciosos-Administrativos que se interpongan ante la Jurisdicción Especial Agraria, los cuales deben ser necesariamente revisados al decidir sobre la admisibilidad del recurso.
En efecto, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia dictada en fecha 19 de octubre de 2004, estableció que la admisión del recurso contencioso constituye una decisión declarativa, que exige la revisión del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, la caducidad y la competencia.
La decisión sobre la admisibilidad de este Recurso obliga, como antes se dijo, a la necesaria revisión de las causales de inadmisibilidad, estudio que debe realizarse en forma rigurosa, dada la especial naturaleza de la materia agraria y los fines que se persiguen con la legislación sobre la misma, función revisora que además responde a las prerrogativas de derecho público de que se encuentra investida la Administración Pública, y que tienen plena aplicabilidad y vigencia en la Jurisdicción Agraria. Ello obliga entonces al Juzgador a ser particularmente celoso en el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la acción recursiva, teniendo el Juez la especial facultad de verificar si han quedado satisfechos tales requisitos y si no existe alguna causal que haga inadmisible el Recurso.
Ahora bien, del articulado mencionado se desprenden, los supuestos esenciales de admisibilidad del Recurso de Nulidad interpuesto, y en ese sentido, pasa esta Juzgadora a examinar el cumplimiento de los mismos, partiendo del artículo 160 de la ley de Tierras y Desarrollo Agrario, y al efecto determina:
1º Que al señalar el recurrente que el presente Recurso de Nulidad se intenta, contra el acto administrativo emanado del Instituto Nacional de Tierras (I.N.Ti.), identificados de la siguiente manera:
En base a la Sesión de Directorio Nº ORD 733-16 a favor del ciudadano Gustavo José Ortiz Rivero, sobre un lote de terreno denominado “ESTEROS DE CAMAGUAN”, ubicado en el Sector Caño Hondo, Parroquia Libertad, Municipio Ricaurte del estado Cojedes, constante de una superficie de sesenta y tres hectáreas con sesenta y seis punto cincuenta y ocho metros (63 Has. con 66,58 m2).
Queda en evidencia que hasta la presente oportunidad procesal, ha sido satisfecho el primero de los requisitos establecido en el artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el referido a la necesidad de determinar con meridiana precisión, el Acto Administrativos cuya nulidad se pretende.
2º Que siendo el Instituto Nacional de Tierras (I.N.Ti.) el órgano que dictó el acto administrativo impugnado y señalado por el recurrente, queda satisfecho a juicio de esta Sentenciadora, el segundo de los requisitos establecidos en el artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, vale decir, el referido a la necesidad de acompañar el precitado recurso, con la copia simple o certificada del acto cuya nulidad se pretende, o señalamiento de la Oficina Pública u Organismo en que se encuentran y los datos que identifican dichos actos.
3º Que a decir del recurrente, el acto administrativo dictado por el Directorio del Instituto Nacional de Tierras (I.N.Ti.) violó de orden legal, tal como los artículos 26, 49 ordinal 1, 87, 143, 305, 306 y 307, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 2, 9, 19 y 20 de la Ley Orgánica de Procedimientos administrativo, en concordancia con los artículos 13, 170, 164 y 165 de la Ley de Tierras y desarrollo Agrario.
De este modo determinó las disposiciones Legales que a su juicio han sido violadas por el acto recurrido, con lo cual queda en evidencia, que ha sido satisfecho el tercero de los requisitos establecidos en el artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el referido a la necesidad de determinar con meridiana claridad, las disposiciones normativas presuntamente violadas por el Acto Recurrido.
4º Finalmente, observa esta Sentenciadora que la parte recurrente consignó junto con el escrito recursivo, copia simple de titulo de garantía de permanencia agraria a favor de JAVIER DAVID SOJO MENDOZA, copia simple de solicitud de registro agrario de fecha 07 de octubre de 2010, copia simple de certificado de registro único nacional obligatorio y permanente de productores y productoras agrícolas, copia simple de consulta ante el inti Central de solicitud de adjudicación de tierras solicitada el 19 de septiembre de 2019, ante la ORT Cojedes, copia del acta levantada ante la defensoría pública agraria en fecha 16 de febrero de 2018, plano del predio denominado el paraíso terrenal. Observándose así que la Parte Recurrente cumple con el cuarto y quinto de los requisitos establecidos en el artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, quedando igualmente satisfechos los mismos a juicio de esta Sentenciadora, vale decir, los referidos a la necesidad de acompañar su solicitud con el o los instrumentos que demuestren el carácter con el que se actúa, acompañando el Recurso con las pruebas que el recurrente estimó convenientes.
Determinadas las causales de admisibilidad establecidas en el artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario del presente recurso y una vez realizada la revisión exhaustiva de todas y cada una de las actas procesales que conforman el presente expediente, esta Juzgadora pasa a esgrimir si el mismo se encuentra incurso en alguna de las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 162 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, a saber:
1º En cuanto a este particular, la admisión del presente recurso no es contrario a ninguna disposición de ley.
2º El conocimiento de la acción del presente Recurso corresponde a este Organismo Jurisdiccional, de conformidad con el artículo 156 numeral primero de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, por cuanto se trata de un Recurso intentado contra un acto administrativo Agrario dictado por un ente estatal agrario como lo es el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (I.N.Ti.) y recayó sobre un lote de tierra ubicado en el estado Cojedes, siendo este Juzgado competente por la materia y por territorio en dicho estado, por lo que declara resuelta la causal establecida en este particular.
3º En cuanto al particular tercero, del artículo en análisis, se desprende de las actas que conforman el expediente, que dicho recurso fue interpuesto en fecha 16 de abril de 2018, asimismo se puede apreciar que el acto Administrativo hoy recurridos fue dictado por el directorio del Instituto Nacional de Tierras (I.N.Ti), en fecha 10 de diciembre de 2016, teniendo conocimiento la parte recurrente en fecha 16 de febrero de 2018, mediante citación es por lo cual esta Sentenciadora, evidentemente infiere que dicho Recurso de Nulidad fue interpuesto en tiempo hábil para ello, es decir dentro los días establecidos antes de la caducidad del recurso. 4º En cuanto a la cualidad o interés del recurrente, el mismo fue resuelto con el análisis del numeral 4º del artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
5º Revisado exhaustivamente el presente recurso, este Tribunal observa que el recurrente solicita específicamente la Nulidad del acto administrativo impugnado, por lo que no se acumulan pretensiones que se excluyan mutuamente entre sí o cuyos procedimientos sean incompatibles.
6º Riela en autos, copia simple de titulo de garantía de permanencia agraria a favor de JAVIER DAVID SOJO MENDOZA, copia simple de solicitud de registro agrario de fecha 07 de octubre de 2010, copia simple de certificado de registro único nacional obligatorio y permanente de productores y productoras agrícolas, copia simple de consulta ante el inti Central de solicitud de adjudicación de tierras solicitada el 19 de septiembre de 2019, ante la ORT Cojedes, copia del acta levantada ante la defensoría pública agraria en fecha 16 de febrero de 2018, plano del predio denominado el paraíso terrenal.
7° No existe algún Recurso paralelo que impida la admisibilidad de la presente acción.
8° De la lectura realizada al escrito recursivo, determina este Tribunal que el mismo fue realizado de forma legible, no contradictoria y respetuosa a la Majestad del Poder Judicial por lo que no se encuentra incurso en esta causal.
9° Que en el escrito recursivo el cual riela en el presente expediente, se evidencia que la abogada MARIBEL DEL CARMEN ALARCON DE MONTILLA, venezolana, mayor de edad, Titular de la Cédula de Identidad Nº V-9.472.256, debidamente inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 91.274, apoderada judicial del ciudadano del Ciudadano Javier David Sojo Mendoza, venezolano, mayor de edad, Titular de la Cédula de Identidad Nº V-14.583.332, de este domicilio, manifiesta que se le restituya los derechos como legitimo poseedor y productor agrario ya que este lote de terreno siempre ha sido los potreros de descanso y rotación de los bovinos que se encuentran en la finca AGROPOCHO, asimismo manifiesta que mi representado es productor agrícola y pecuario dedicado a la producción agraria la cual ha mantenido por más de 10 años de manera pública, pacifica, continua y ininterrumpida, con lo cual este Tribunal, hasta esta oportunidad procesal, salvo prueba en contrario, encuentra suficiente la cualidad, el interés legitimo y personal del recurrente de autos.
En lo atinente al numeral 10º, este Tribunal desconoce si la parte recurrente ejerció algún Recurso en Sede Administrativa, por lo que hasta esta oportunidad procesal, salvo prueba en contrario se presume que no se encuentre incurso en el presente numeral, lo cual se verificara una vez el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (I.N.Ti.), remita los Antecedentes Administrativos correspondientes.
En lo que se refiere a los numeral 11º y 12º del artículo 162 ejusdem, el Tribunal deja sentado que los mismos no resultan aplicables al recurso en cuestión.
13° Por último, este Tribunal considera que la pretensión no es manifiestamente contraria a los fines de la presente Ley ni de los preceptos constitucionales que rigen la materia.
En consecuencia, y satisfechas como han sido las causales de inadmisibilidad previstas en la legislación especial, se ordena la Admisión del presente Recurso de Nulidad por haber lugar a su sustanciación y así lo hará esta Juzgadora en el dispositivo de la presente decisión. ASÍ SE DECIDE.

-VI-
Decisión
En virtud de las precedentes consideraciones, este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes y con Competencia Territorial en el Municipio Arismendi del estado Barinas con sede en San Carlos, actuando como Tribunal de Primera Instancia Regional de lo Contencioso Administrativo Especial Agrario, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: COMPETENTE para conocer el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto por la abogada MARIBEL DEL CARMEN ALARCON DE MONTILLA, venezolana, mayor de edad, Titular de la Cédula de Identidad Nº V-9.472.256, debidamente inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 91.274, apoderada judicial del ciudadano del Ciudadano Javier David Sojo Mendoza, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-14.583.332, de este domicilio. ASÍ SE DECIDE. ADMITE el presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad y a tal efecto se ordena la notificación del PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, de conformidad con lo establecido en los artículos 163 y 166 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, mediante oficio con copia certificada de todo el expediente, tal como lo establece el artículo 108 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, al Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (I.N.Ti.), mediante oficio con copia certificada del recurso, para que comparezcan por ante este Tribunal dentro de los diez (10) días de despacho siguientes a que conste en autos la última de las notificaciones ordenadas, pasados como sean noventa (90) días continuos, contados a partir de la fecha de la consignación en autos de la notificación que se practique al PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, más dos (2) días que se les conceden como término de distancia y a los terceros que tengan algún interés sobre el asunto en litigio, mediante un cartel que deberá ser publicado en un diario de circulación Nacional por cuanto en el estado Cojedes no circula un diario impreso, una vez cumplidas todas las notificaciones ordenadas anteriormente, para que comparezcan a oponerse al presente recurso, dentro de los diez (10) días de despacho siguientes a la publicación del mismo, con la advertencia que dicho cartel deberá ser consignado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiere expedido, teniendo la parte recurrente un lapso de diez (10) días de despacho, contados a partir del momento en que se haya librado el cartel, para retirarlo, publicarlo y consignar en autos un ejemplar del periódico donde hubiese sido publicado, todo de conformidad con lo preceptuado en el artículo 163 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y a la sentencia Nº 1708 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 16 de noviembre de 2011 (Exp. Nº 09-0695, Solicitud de Revisión-Instituto Nacional de Tierras).
Se ordena oficiar al INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (I.N.Ti.) a objeto que remita a este Tribunal, los Antecedentes Administrativos del caso sub-iudice, lo cual deberá ser cumplido por parte de la Autoridad Administrativa.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA DE LA
PRESENTE DECISIÓN.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes y con Competencia Territorial en el Municipio Arismendi del estado Barinas con sede en San Carlos, en San Carlos a los catorce (14) días del mes de septiembre de dos mil veinte uno (2021). Años: 211º de la Independencia y 162º de la Federación.

La Jueza Provisoria,
Abg. ERIKA DE LOURDES CANELÓN LARA

El Secretario,
Abg. MANUEL SALVADOR PINTO P.
En la misma fecha se dictó y publicó la anterior decisión siendo las 12:10 de la tarde, quedando anotada bajo el Nº 1105-21.

El Secretario,
Abg. MANUEL SALVADOR PINTO P.

EDLCL/Manuel
Exp. Nº 992-18