REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA EN SU NOMBRE: JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES -I- Identificación de las Partes Solicitante: Teresa del Carmen Chacón Roa, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-13.141.744, domiciliada en el lote de terreno denominado AGRONAIM, ubicado en la Parcela Nº 101-A, Sector Puerta Negra II, El Charcote, Vía El Tirado, Estado Cojedes, Apoderados Judiciales: Janan Naim Nim y Paul Newbury Thomas Vielma, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nº V-17.888.845 y V-9.879.956 respectivamente, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nº 233.684 y 39.575, en su orden. Sujeto Pasivo: Organ Guevara, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-5.365.421 Asunto: Medida Autónoma de Protección a la Continuidad de la Producción. Decisión: Interlocutoria Simple-Decretando Medida de Protección. Expediente: Nº 0627. -II- Antecedentes En fecha 05 de marzo de 2021, la Ciudadana Teresa del Carmen Chacón Roa, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-13.141.744 asistida por los Abogados JananNaimNim y Paul Newbury Thomas Vielma, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nº V-17.888.845 y V-9.879.956 respectivamente, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nº 233.684 y 39.575, en su orden, presento escrito de Solicitud de Medida de Protección. Por auto de fecha 05 de marzo de 2021, inserto al folio trece (13) del presente expediente, se le dio entrada bajo el Nº 0627 (nomenclatura interna de este Tribunal) a la solicitud presentada. En fecha 05 de marzo de 2021, la Ciudadana Teresa del Carmen Chacón Roa, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-13.141.744, otorgo poder Apud-Acta a los Abogados JananNaimNim y Paul Newbury Thomas Vielma, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nº V-17.888.845 y V-9.879.956 respectivamente, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nº 233.684 y 39.575, en su orden. -III- Sobre la Competencia Este Tribunal Primero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, en primer lugar, pasa ha pronunciarse acerca de su Competencia y al respecto observa: Dispone el artículo 151 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario: (Sic) “...La jurisdicción agraria estará integrada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, y los demás tribunales señalados en esta Ley…”OMISSIS. Por su parte el artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario que expresa: “El juez agrario debe velar por el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la Nación y el aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental. En tal sentido, el juez agrario, exista o no juicio, deberá dictar oficiosamente las medidas pertinentes a objeto de asegurar la no interrupción de la producción agraria y la preservación de los recursos naturales renovables, haciendo cesar cualquier amenaza de paralización, ruina, desmejoramiento, o destrucción…” (Subrayado del Tribunal) De una revisión a las actas que conforman el presente expediente, se observa del escrito solicitud, que dicha acción está dirigida a conseguir que se dicte una Medida Autónoma de Protección de la Producción Pecuaria, además, se busca que se permita el desarrollo normal de las actividades productivas sobre una porción del lote de terreno denominado “AGRONAIM”, ubicado en el Sector Puerta Negra, Parroquia Rómulo Gallegos del Municipio Rómulo Gallegos, Estado Cojedes, lo cual hace inferir, que los derechos alegados en el escrito de solicitud están relacionados con el régimen estatutario del Derecho Público en el ámbito agrario. De manera que, atendiendo a la naturaleza jurídica de la solicitud como Juzgado Primero de Primera Instancia Agrario que tiene atribuida la competencia para el conocimiento de las acciones y controversias que surjan entre particulares, con ocasión a la actividad agraria de conformidad con lo establecido en el articulo 197 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario que establece: “Los Juzgados de Primera Instancia Agraria conocerán de las demandas entre particulares que se promuevan con ocasión de la actividad agraria, sobre los siguientes asuntos: 15. En general, todas las acciones y controversias entre particulares relacionados con la actividad agraria y atendiendo el contenido de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia de fecha 16 de marzo de 2005 con carácter vinculante, que la competencia para conocer de las solicitudes de medidas de protección tendentes a evitar la interrupción de la producción agraria y garantizar la preservación de los recursos naturales renovables en los supuestos de que estos fines se encuentren amenazados de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción y como quiera que en la presente solicitud de medida de protección se encuentran vinculados intereses de particulares, con ocasión a la actividad agraria este Tribunal declara su COMPETENCIA para conocer de la presente acción incoada. Así se decide. -IV- Alegatos de la Parte Solicitante La Ciudadana Teresa del Carmen Chacón Roa, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-13.141.744 asistida por los Abogados JananNaimNim y Paul Newbury Thomas Vielma, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nº V-17.888.845 y V-9.879.956 respectivamente, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nº 233.684 y 39.575, en su orden, al fundamentar su pretensión de solicitud lo realizo bajo los siguientes argumentos: Que le fue adjudicado un lote de terreno, contiguo a la parcela que inicialmente poseía denominada “AGRONAIM”, el cual fue unificado con su lote de terreno primario, tal y como se evidencia de copia fotostática de “Título de Adjudicación Socialista Agrario y Carta de Registro Agrario” que acompaña marcado con letra “A”, el cual se encuentra ubicado en la Parcela Nº 101-A, Sector Puerta Negra II, El Charcote, Vía El Tirado, Estado Cojedes, alinderado de la siguiente manera: Norte: terrenos ocupados por parcela ECH-102. Sur: terreno ocupado por parcela ECH-100. Este: terreno denominado Sector Puerta Negra y caño. Oeste: vía de penetración. El referido terreno lo ha venido efectivamente trabajando y poniendo a producir, en pro de la seguridad alimentaria a la que se refiere el artículo 22 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en el rubro ganadero de pastoreo y siembra de pasto, así como también me he dedicado al mantenimiento del predio en labores de limpieza de maleza, montura de cerca, creación de cortafuego y rastreo. Que la parte accionada es la Ciudadana Organ Guevara, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 5.365.421, vecina colindante con mi predio, quien genera los problemas denunciados en el presente escrito y a quien le fue revocada la tenencia de la tierra por parte del INTI Que en fecha 25 de noviembre de 2020, los nietos de la Ciudadana Organ Guevara, hijos de la Ciudadana Eglis Quiñones, quien es parte activa de la Junta Comunal de Puerta Negra II, cuyas edades oscilan entre los 12 y 16 años de edad aproximadamente, y por mandato de ellas, dañaron un estimado de 50 metros de cerca con cuatro pelos de alambre, hecho observado por la parte solicitante en el momento en el que ocurrían los hechos. El 28 de noviembre del mismo año, es decir, tan solo 3 días después, su hijo Jisham Nim junto al muchacho que los ayuda en la finca, de nombre Rustber Antonio Álvarez Fernández y a su persona, repararon la cerca Que, en fecha 06 de diciembre de 2020, instalaron una cerca eléctrica divisoria de potrero, labor que ejecutaron desde las 06 de la mañana hasta las 10 de la mañana, aproximadamente, con la finalidad de controlar el pastoreo diario. Sin embargo, siendo la 1:55 p.m., y aprovechándose del proceso eleccionario que mantenía acuartelados a los funcionarios de seguridad del estado, un grupo de 5 personas, más la ciudadana Organ Guevara, quien se encontraba monitoreando el proceso, se dedicaron a cortar de manera maliciosa la cerca que horas antes se había levantado, enrollando el alambre liso de uso eléctrico, del cual se apropiaron. La misma suerte corrieron los estantillos que sostenían los referidos alambres. Ello motivó a que sedirigiéran al Comando Rural de la Guardia Nacional con sede en la población de Las Vegas, Estado Cojedes, a denunciar lo ocurrido, de donde inmediatamente enviaron una comisión al sitio, y al llegar, los sujetos huyeron del sitio, percatándose de que, además de la cerca central eléctrica, dañaron la cerca perimetral de la finca, colindante con el caño “La Iguana” (cerca trasera), de la cual hurtaron 100 metros de alambre de púas, y picaron de manera dolosa cada 2 metros, la cantidad de 200 metros de alambre, además de sacar los estantillos. De dichos hechos, existe grabación realizada por su hijo Jisham Nim con su teléfono celular en el momento en el que ocurrían los hechos, en el que se puede perfectamente visualizar la actitud belicosa y violenta de los ciudadanos actuantes, quienes son supuestamente familiares y/o allegados de la Ciudadana Organ Guevara. La referida grabación está a disposición del Tribunal cuando así se requiera. Que, el 22 de diciembre de 2020, los nietos de la Ciudadana Organ Guevara, los cuales son los mismos mencionados en el punto primero de este escrito, junto al Ciudadano Eduardo Farfán, sobre quien pesa una orden de alejamiento en favor de su hijo JishamNim, ordenada por el Tribunal de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, previa solicitud del Ministerio Público, según número MP-314223-19,llegaron hasta su parcela siendo las 5:52 p.m., donde procedieron a dañar nuevamente la cerca eléctrica divisoria de potrero, hecho que trajo como consecuencia la necesidad de presencia policial, quienes citaron a la Ciudadana Eglis Quiñones (madre de los menores), Iris Lazo (vecina) Zuli García (vecina) y a mi persona para conciliar. Sin embargo, el acto fue írrito por no haber logrado su cometido. Que, en fecha 14 de enero de 2021, siendo aproximadamente las 11:30 a.m., ejecutando las labores propias de la producción de la tierra que le fue adjudicada por el INTI, contrato un tractor con rastra. Ante esta situación, los ciudadanos Organ Guevara, Rosa Guevara (hermana de la primera) e Iris Lazo (vecina), amenazaron con causar daños al conductor y quemar el tractor con gasolina, por lo que el tractorista no pudo culminar el trabajo ante el temor de que las ciudadanas antes nombradas, quienes llegaron con el combustible, llevaran a cabo la acción, perdiendo la inversión realizada por el uso de la máquina, hecho este que le afectó económicamente, puesto que, además de perder el pago del tractor y del tractorista, afecta la producción de la tierra. Luego de que el tractorista se retiró, la Ciudadana Organ Guevara, junto al ciudadano encargado de entregar las bolsas de Clap de Puerta Negra II, cuyo nombre desconoce, visiblemente alterados y de manera violenta, procedieron a, una vez más, dañar la cerca eléctrica divisoria, haciendo cuatro cortes y extrayendo 8 estantillos, afectándome económicamente porque debe reparar los daños de manera inmediata so pena de que se escape el ganado y paralizando la labor de pastoreo y división de las reses. De los hechos narrados, existe grabación tomada por mi hijo Jisham Nim desde su teléfono celular, la cual será puesta a disposición de la Representación Fiscal cuando así lo requiera. Que, en la madrugada del 16 de enero de 2021, la Ciudadana Iris Lazo en compañía de su esposo, cuyo nombre desconoce, dañaron nuevamente la cerca eléctrica divisoria central de su finca, y hurtaron 80 metros de cerca eléctricos, además de partir 10 estantillos. Que en fecha04 de Marzo de 2021, siendo las 7:30 a.m. aproximadamente, estaba con su hijo JishamNim y Rustber Antonio Álvarez Fernández, haciendo la cerca que corre paralela a la vía principal, cuando de forma repentina se presentó la Ciudadana Organ Guevara quien sin mediar palabras se encimo sobre nosotros blandiendo un machete de forma amenazante, y a todas estas desde la carretera, un grupo de aproximadamente 10 personas de la zona nos lanzaron piedras, en los que pude distinguir a las Ciudadanas Iris Lazo y su esposo, Eglis Quiñones, y dos que reconozco como milicianos cuyos nombres desconozco. Seguidamente, la Ciudadana Organ Guevara, tomo peñascos y los lanzó contra nosotros. No conforme con ello, tomó una “chícora” y me golpeó con ella por el pecho. De igual forma, le “lanzó machetazos” a su hijo JishamNim, hiriéndolo levemente en el nudillo del dedo medio y arrancándole un pedazo de la bota de goma y causando un hematoma a la altura de la espinilla, hecho que motivó a que se viéran en la necesidad de asistir al ambulatorio del Sector El Espinal, donde fue atendida por el médico de guardia quien la trató por padecer fuerte dolor de cabeza y dolor en el pecho producto de los golpes, además de presentar cuadro agudo de hipertensión. Una vez dada de alta, un funcionario policial la condujo hasta el Comando de Las Vegas donde, para su sorpresa, estaba retenido su hijo Jisham quien había asistido de forma voluntaria a poner la denuncia sobre los hechos ocurridos. Posteriormente fueron llevadas al Comando de la Policía Estadal la Ciudadana Organ Guevara y la otra ciudadana a quien conozco como “la miliciana”, para llevar a cabo un acto conciliatorio por segunda vez, de los cuales la Ciudadana Organ Guevara hace caso omiso, entorpeciendo su labor de producción y desarrollo del predio que les fue adjudicado por el Estado, realizando daños a la propiedad, daños morales e insultos tanto por ella como de sus familiares y allegados, lo cual ha generado miedo y zozobra por las múltiples amenazas. Que, la anterior enunciación de hechos, representa una clara y evidente violación a la posesión pacífica del predio que le fuera adjudicado por el Instituto de Tierras, efectuado por la Ciudadana Organ Guevara, que impide el desarrollo adecuado de la actividad productiva, que constituye uno de los postulados Constitucionales y legales, lo que le obliga a solicitar del Estado Venezolano, por órgano de este digno Tribunal, la protección al desarrollo de sus actividades. Que, a lo largo de la narración de los hechos antes descritos, queda fehacientemente demostrado y ratificado que ha ejercido de manera efectiva la posesión y ocupación sobre el lote de terreno denominado AGRONAIM por más de quince años, siendo una de las fundadoras del sector productivo. De igual forma, se evidencia que el mismo está cumpliendo la función social, que es el único sustento que tiene y siempre ha tenido para su grupo familiar. Es por ello, Ciudadano Juez, que solicito que se le garantice la posesión del terreno y proteja de las reiteradas amenazas que en su contra y en contra de su hijo JishamNaim, han venido ocurriendo. Que invoca a su favor, los artículos 55, 305 y 307 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, concatenados con los artículos 09 y 10 de la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, en concordancia con los artículos 8 y 17 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Asimismo, menciona que, en la aplicación de los mecanismos legales a los que se ha hecho referencia, el legislador otorga al Juez Agrario, deberes inminentes de protección en el Artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Para lo cual invoca a su favor, el criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 29 de marzo de 2012, expediente N° 11-0513, con ponencia de la Magistrada Luisa Estela Morales, al referirse a las medidas cautelares Que, visto que en fecha 29 de enero del presente año 2021, interpuso por ante este Tribunal con Competencia Agraria una solicitud de Medida Cautelar de Protección a la Continuidad de las Actividades Agroalimentarias, y que en el mismo fueron promovidos los elementos de prueba fehacientes que quedaron insertos en el expediente signado con el número 0619, por vía de notoriedad Judicial, invoco los mismos para que surtan sus efectos en la presente causa. Por Notoriedad Judicial, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia del 24 de marzo de 2000, estableció que “consiste en aquellos hechos conocidos por el Juez en ejercicio de sus funciones, hechos que no pertenecen a su saber privado ya que él no los adquiere como particular, sino como Juez dentro de la esfera de sus funciones”. Que, dado que en materia Agraria, el juez tiene Poder Cautelar Genérico y que con fundamento en el artículo 191 de la Ley de Tierra y Desarrollo Agrario, puede dictar providencias y autos con miras a esclarecer y aligerar de oficio los trámites de actuaciones y pruebas tendiente a la protección de los fines expuestos, y con fundamento en el artículo 196 de la ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que le imponen al Juez velar por el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria así como dictar oficiosamente las medidas pertinentes a objeto de asegurar la no interrupción de la producción agraria y la preservación de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción, velar por la continuidad de la producción agroalimentaria, la continuidad en el entorno agrario de los servicios públicos, la cesación de actos y hechos que puedan perjudicar el interés social y colectivo, el establecimiento de condiciones favorables al entorno social y colectivo, y todas estas medidas serán vinculantes para todas las autoridades públicas imponiendo órdenes de hacer o no hacer a los particulares y a los entes estatales agrarios, en acatamiento al principio constitucional de seguridad y soberanía nacional, por cuanto de los recaudos presentados se evidencia la perturbación al derecho y garantía de permanencia aquí reclamado, con todo respeto pide al tribunal que en interés y protección de la producción nacional, bienestar social y paz del colectivo, que mediante decreto en el auto de admisión de la presente acción agraria, se sirva dictar las correspondientes medidas cautelares innominadas tendientes su protección en las tierras antes descritas y explotarla pecuariamente. Que en relación al FumusBonis Iuris:El objetivo de este requisito legal, consiste en proteger al demandante ante la conformidad a derecho que demuestra.A fin de permitir una normal continuidad de las actividades agro productivas que ha venido desarrollando en el predio denominado AGRONAIM, cuya adjudicación le fue otorgada por el Estado Venezolano, fundamento el interés cautelar que nace, en razón de la situación de peligro que corren tanto su hijo como ella, además de la productividad de su predio, la situación de peligro que amenaza la vigencia y la estabilidad de los derechos y garantías establecidos en su favor por la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, hechos denunciados en el presente escrito, todo lo cual demuestra la existencia de presunción grave de lesión de sus derechos, al verse mermada en el ejercicio de los mismos a pesar de poseer los instrumentos jurídicos pertinentes, lo cual llena los extremos del FumusBonis Iuris o Apariencia de Buen Derecho objeto de la Tutela Judicial Efectiva. Que en relación al, Periculum In Mora: En lo concerniente a este extremo, se encuentra en riesgo manifiesto al estar siendo afectada por las constantes amenazas y agresiones que en su contra y en contra de su hijo realiza la Ciudadana Organ Guevara, acompañada de algunos representantes de la comunidad, quienes pretenden evitar el desarrollo de la actividad agraria que llevo a cabo en su predio, lo que coarta su derecho, poniendo en riesgo la producción. Ello hace necesario que de forma inmediata se le restituya en el ejercicio de sus derechos a través del dictamen con premura de la medida cautelar solicitada. Que en relación al, Periculum In Damni:En cuanto a este extremo que se refiere a la procedencia de las medidas innominadas, las cuales se decretan cuando hubiera fundado temor de que una de las partes pueda causar lesión grave o difícil reparación al derecho de la otra, en cuyo caso el tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de actos que pongan en peligro el derecho o interés de algún particular. Que constatados los extremos aquí denunciados, se decrete de conformidad con los artículos 196, 152 numerales 1, 2, 3 y 5, de la ley de Tierras y Desarrollo Agrario, Medida Cautelar de Protección Agroalimentaria, que contribuya con la continuidad de la producción agraria que se desarrolla en la Parcela Nº 101-A, Sector Puerta Negra II, El Charcote, Vía El Tirado, Estado Cojedes, alinderado de la siguiente manera: Norte: terrenos ocupados por parcela ECH-102. Sur: terreno ocupado por parcela ECH-100. Este: terreno denominado Sector Puerta Negra y caño. Oeste: vía de penetración. -V- Consideraciones para Decidir De conformidad con el ordinal 3 del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil Venezolano pasa este Sentenciador a establecer los motivos de hecho y de derecho en que fundamentará su decisión y al efecto lo hace previo a las siguientes consideraciones. Ahora bien, establecido lo anterior considera este Jurisdicente, antes de emitir el pronunciamiento en la presente causa, realizar algunas consideraciones, sobre el bien jurídico cuya tutela cautelar se pretende y al respecto, debe destacar que la seguridad alimentaria en los términos consagrados en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, no es más que la capacidad efectiva que tiene el Estado, en corresponsabilidad con el sector agroalimentario nacional, para garantizar a toda la población, la disponibilidad, acceso, intercambio, y distribución equitativa de los alimentos de manera estable, que aseguren las condiciones físicas y emocionales adecuadas para el desarrollo humano integral y sustentable, considerando el intercambio, la complementariedad y la integración económica de los pueblos y naciones como elemento esencial que garantiza el derecho a la alimentación. De tal modo que, el Estado venezolano es garante de los derechos del productor nacional como protagonistas de la producción para la satisfacción de las necesidades agroalimentarias del país y el derecho de todos los ciudadanos a alimentarse de manera preferente con productos nacionales como ejercicio pleno de la soberanía agroalimentaria del pueblo venezolano. De igual forma, les reconoce el derecho a la producción sustentable, enfocada con la sostenibilidad medioambiental, social y económica de las actividades agrícolas. En este sentido, y del estudio practicado a las presentes actuaciones, se constata que los solicitantes de la acción autónoma de tutelar cautelar agraria, fundamentan su petición preventiva muy especialmente en el artículo 305 constitucional. “Artículo 305: El estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, a fin de garantizar la seguridad alimentaria de la población (omissis) La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna…” Del contenido normativo anterior, a la luz de la sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 09 de mayo de 2006, (caso Cervecería Polar y otros) se verifica la competencia específica del Juez Agrario con fundamento en la salvaguarda de la seguridad agroalimentaria de la Nación y el aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental, lo cual presenta su justificación constitucional en los artículos 305 y 306 del Texto Fundamental y que del mismo modo, dicho artículo resulta aplicable únicamente con dos objetivos específicos a saber, evitar la interrupción de la producción agraria y garantizar la preservación de los recursos naturales renovables y, finalmente, que la medida preventiva sólo podrá tomarse cuando estos fines se encuentren amenazados de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción, debe concluir este Despacho que, la actuación analizada, se encuentra ciertamente delimitada por un entorno normativo. Dentro de éste mismo contexto y visto el fundamento del solicitante de la petición cautelar, considera este Tribunal hacer mención del contenido normativo estatuido en los artículos 196 y 152 de la ley de Tierras y Desarrollo Agrario, los cuales textualmente señalan lo siguiente: Artículo 196: “El juez agrario debe velar por el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la Nación y el aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental. En tal sentido, el juez agrario, exista o no juicio, deberá dictar oficiosamente las medidas pertinentes a objeto de asegurar la no interrupción de la producción agraria y la preservación de las o recursos naturales renovables, haciendo cesar cualquier amenaza de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción. Dichas medidas serán vinculantes para todas las autoridades públicas, en acatamiento del principio constitucional de seguridad y soberanía nacional”. Artículo 152. “En todo estado y grado del proceso, el juez competente para conocer de las acciones agrarias, de las demandas patrimoniales contra los entes estatales agrarios y de los recursos contenciosos administrativos agrarios velará por: (…omissis…) 3. La conservación de los recursos naturales y el medio ambiente. 4. Mantenimiento de la biodiversidad. (…omissis…) 6. La cesación de actos y hechos que puedan perjudicar el interés social y colectivo. 7. El establecimiento de condiciones favorables al entorno social e intereses colectivo. A tales efectos, dictará de oficio, las medidas preventivas que resulten adecuadas a la situación fáctica concreta y conforme al supuesto de hecho de la norma que le sirve de fundamento contenida en la presente ley, imponiendo ordenes de hacer a los particulares y a los entes estatales agrarios, según corresponda” En este sentido, debe destacarse que aun cuando el Juez Agrario está facultado para decretar medidas complementarias o innominadas distintas a las tradicionales, donde puede hacer valer su prudente arbitrio, y por tanto, hacer cesar actos y hechos que puedan perjudicar el interés social y colectivo, debe en éste caso, verificarse los requisitos de procedencia de las medida innominada de protección solicitada en los términos contenidos en conformidad con el artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y el artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en conformidad con el criterio jurisprudencial emanado de la Sala Constitucional en sentencia de la Sala Constitucional en sentencia de fecha 09 de mayo de 2006 (Caso Cervecería Polar Los Cortijos C.A y otros). A tenor de lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en relación a Decretar medida o medidas cautelares, sin la existencia de juicio previo, considera este Juzgado verificar y analizar si se encuentran satisfechos los extremos previstos en los artículos 585 y 588, parágrafo único del Código de Procedimiento Civil, y su concatenación con lo establecido en el parágrafo único del artículo 152 y artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. En tal sentido, ha sido reiterada la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia en cuanto a la presencia necesaria de tres (3) condiciones fundamentales para la procedencia de las medidas cautelares, a saber el periculum in mora, fumusboni iuris y el periculum in damni, estos requisitos que se encuentran previstos en el artículo 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil y están referidos, en primer lugar, a la existencia del riesgo manifiesto en que la ejecución del fallo quede ilusoria, en segundo lugar, a la apariencia del buen derecho que reclama y en tercer lugar se refiere a la procedencia de las medidas innominadas, las cuales se decretan cuando hubiere fundado temor de que una de las partes pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra, en cuyo caso para evitar el daño, el Tribunal podrá autorizar o prohibir la ejecución de determinados actos y adoptar las providencias que tengan por objeto hacer cesar la continuidad de la lesión como ya se explicó. Siendo ello así, considera este Jurisdicente que las previsiones establecidas en los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil no deben ser consideradas de manera concurrente en la aplicación de los dispositivos contenidos en los artículos 152 y 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, ya que resulta más que suficiente la demostración de la apariencia del buen derecho (fumusboni iuris) y el fundado temor de que la lesión del derecho sea de difícil o imposible reparación (periculum in damni) y todo ello a la particular necesidad de decretar la medida sin previo juicio (no garantiza ningún fallo) y que lo que está en juego es un interés colectivo y social que requiere ser protegido bajo el principio constitucional de seguridad y soberanía nacional. Es por ello, que este Tribunal de Primera Instancia, debe pronunciarse sobre la procedencia o no de la medida de protección solicitada, si verdaderamente existen elementos de convicción que evidencien, si la conducta de la Ciudadana Organ Guevara, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 5.365.421, en compañía de otro grupo de Ciudadanos, han puesto en peligro las actividades agropecuarias llevadas a cabo por la Ciudadana Teresa del Carmen Chacón Roa, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-13.141.744, domiciliada en el lote de terreno denominado AGRONAIM, ubicado en la Parcela Nº 101-A, Sector Puerta Negra II, El Charcote, Vía El Tirado, Estado Cojedes, es decir, determinar si la conducta de dichaCiudadana (Organ Guevara) ha interferido con las actividades desarrolladas por la referida Ciudadana (Teresa del Carmen Chacón Roa), hoy solicitante de la presente medida cautelar. Ahora bien, a los fines de dictar el presente fallo en la presente solicitud, este Juzgador, considera necesario, señalar lo siguiente, en virtud de que la parte solicitante invoco la notoriedad judicial para la constatación de los hechos y medios probatorios, que hicieran prosperar su solicitud, en este sentido, se debe manifestar lo siguiente: Revisadas como han sido las actas procesales que conforman la presente solicitud y el antes mencionado Expediente signado con la nomenclatura N° 0619 (llevado por este Tribunal), se entiende que la notoriedad judicial consiste en aquellos hechos conocidos por el juez en ejercicio de sus funciones, hechos estos que no pertenecen a su saber privado, ya que él no los adquiere como particular, sino como juez dentro de la esfera de sus funciones. Por su parte, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha desarrollado la tesis jurisprudencial conocida como Notoriedad Judicial, atinente a aquellos hechos y circunstancias que el juez debe conocer por acaecer en el tribunal que encabeza o por las funciones que ejerce, habida cuenta del conocimiento que proviene de la notoriedad circunscrita al ámbito del tribunal. Al respecto cito sentencia Nº 724, de fecha 05/05/2005, que parcialmente transcrita señala: (...) el juez puede fundar su decisión en los conocimientos de hechos que se encuentran comprendidos en la experiencia común, principio éste de un alto valor dogmático y práctico, que conduce a una mejor administración de justicia Así también tenemos que, la notoriedad judicial ha sido tratada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, bajo dos puntos de vista o hipótesis de hecho, a saber: A.- EN PRIMER LUGAR: La notoriedad judicial, propiamente dicha, estrictu sensu, que es aquella derivada de los hechos y circunstancias presentes en el tribunal regentado por el juez que dictara la sentencia, principio que constituye la regla principal en materia de notoriedad judicial, en el sentido que dicha figura se circunscribe al ámbito concreto del tribunal, es esa la real concepción desarrollada en la sentencia, y en ese orden de ideas se expresa en la misma que la notoriedad judicial es aquella derivada de la circunstancia que “el juez, por su cargo, conoce de una serie de hechos que tienen lugar en el tribunal donde presta su magisterio, y que le permiten conocer qué juicios cursan en su tribunal, cuáles sentencias se han dictado, y cuál es su contenido; identificar a los abogados que representan a las partes y otros hechos semejantes”. Ciertamente, la notoriedad judicial, como regla principal, se circunscribe y limita al espacio concreto del tribunal; en ese caso, se presume que el juez conoce dichos hechos y en tal sentido, emanan de manera directa los efectos procesales y probatorios de la notoriedad judicial. B.- EN SEGUNDO LUGAR: Como una extensión o mejor dicho una excepción, prevé la Sala Constitucional en la sentencia in comento, situaciones en las cuales aun cuando el hecho o circunstancia no ocurre o se presenta en el tribunal regentando por el juez, sin embargo, puede aplicarse o emplearse la notoriedad judicial. En efecto, son dos dichas situaciones, cuando se trata de sentencias dictadas por la Sala Constitucional que por mandato del artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tienen carácter vinculante, siendo obligatorio, por ende, su acatamiento por el tribunal, y en un segundo caso, al tratarse de sentencias dictadas por tribunales dentro del ámbito de su competencia conocidas por el juez a través de la página web del Tribunal Supremo de Justicia o por otro medio de divulgación, y en este caso, a tenor de lo dispuesto en la sentencia aludida, el juez puede traer a colación el referido precedente; usando la Sala la expresión “puede” que implica un carácter potestativo mas no obligatorio, imperativa es la notoriedad judicial cuando se trata de lo acaecido en el ámbito específico del tribunal en el cual el juez ejerce su magistratura. Así se determina. Asimismo, se observa que en aras de uniformar la jurisprudencia, si el Jurisdicente tiene conocimiento de una decisión emanada de un órgano jurisdiccional dentro de su ámbito de competencias, por medio de la página web del Tribunal Supremo de Justicia, el cual ha sido concebido como un medio auxiliar de divulgación de la actividad jurisdiccional de este Tribunal (Vid. Sentencia de esta Sala N° 982 del 6 de junio de 2001, caso: “José Vicente Arenas Cáceres.”), o por cualquier otro mecanismo de divulgación (Vgr. Copias fotostáticas), éste –Juez- puede traer a colación el referido precedente al caso concreto, aun de oficio. En este sentido, se tiene que este Tribunal, anteriormente en el precitado expediente, declaró de manera sobrevenida la Inadmisibilidad de la solicitud de Medida Autónoma de Protección para la Continuidad de las Actividades Agroproductivas, por haber acumulado en la solicitud procedimientos incompatibles, es decir las medidas dictadas de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, son pretensiones preventiva autónoma o autosatisfactiva pero no cautelar (de conformidad con la Sentencia dictada el 03 de noviembre de 2010 por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia de la Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño en el Expediente N° 09-0573), que consiste en que se adopten medidas tendentes a asegurar la efectividad de la tutela judicial, en cambio las que se peticionen de conformidad con el artículo 243 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, las mismas son peticionadas y decretadas de forma cautelar, enmarcadas dentro del Procedimiento Ordinario Agrario. Es por ello, que procederemos a estudiar los requisitos, para la procedencia o no de la medida preventiva peticionada, es por ello que, en cuanto al fumusbonis iuris, es evidente que este requisito encierra la apariencia razonable de la titularidad del buen derecho, es decir, que el mismo consiste en la indagación que debe hacerse sobre la apariencia razonablemente cierta de que el derecho invocado por el solicitante, en realidad existe, y que en consecuencia existen grandes posibilidades de ser reconocido. En el presente caso, es claro que de la solicitud se verifica la apariencia de un buen derecho, de este modo, se determina que no solo se está en presencia de una presunción de buen derecho, sino de un derecho efectivamente constituido, que se demuestra palmariamente con los documentos consignados en copia simple, los cuales obran agregados a los folios 12 al 43 del precitado expediente N° 0619 (nomenclatura interna de este Juzgado), consistentes en documento de Titulo de Adjudicación Socialista Agrario y Carta de Registro Agrario N° 910652818RAT0005924 en beneficio de la solicitante de autos, otorgado por el Directorio del Instituto Nacional de Tierras, en Sesión ORD-1010-18 fecha 24 de septiembre de 2018 sobre un lote de terreno constante de 15 hectáreas con 3118 metros cuadrados, y posteriormente le fue otorgado, un Titulo de Adjudicación Socialista Agrario y Carta de Registro Agrario N° 910652820RAT0007651 en beneficio de la solicitante de autos, otorgado por el Directorio del Instituto Nacional de Tierras, en Sesión ORD 1245-20 fecha 11 de marzo de 2020 sobre un lote de terreno constante de 29 hectáreas con 5900 metros cuadrados, copia de levantamiento topográfico elaborado por la Oficina Regional de Tierras del estado Cojedes, registro de hierro debidamente protocolizado por ante la Oficina de Registro Público delos Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos del estado Cojedes, en fecha 14 de octubre de 2015, inserto bajo el Nº 39, Folios 348 al 351, Tomo 01°, Protocolo Primero, Cuarto Trimestre del año 2015, de los libros llevados por dicha oficina, Certificado del Registro Único Nacional Obligatorio y Permanente de Productores y Productoras Agrícolas expedido en fecha 11 de octubre del año 2016 por la Dirección Estadal del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, Constancia de pignoración de 35 semovientes emanada por el Banco Agrícola de Venezuela en fecha 24 de mayo del año 2018, Guías Únicas de Despacho de Movilización, Certificados de Vacunación, así como de la inspección judicial realizada por este Juzgado en fecha 03 de febrero de 2021, por lo que este Tribunal considera el cumplimiento del mentado requisito. Así se establece. En cuanto al supuesto, relacionado a las lesiones graves o de difícil reparación que una parte pueda causarle a la otra (periculum in damni), se aprecia de los hechos y circunstancias constatadas por este Tribunal haciendo uso de la notoriedad judicial de la Inspección Judicial practicada en fecha 03 de febrero del presente año, por este Juzgado Agrario, lo cual va en consonancia con el acta levantada con ocasión a dicho acto judicial, la cual corre inserta de los folios 54 al 56 del mencionado Expediente N° 0619 (nomenclatura interna de este Juzgado), que existen elementos suficientes que hacen inferir a este Juzgador de la real e indudable actividades pecuaria y vegetal que desarrolla la solicitante de autos, así como de las copias de guías de Movilización y los Certificados de Vacunación, aunado al hecho de que fue observado la existencia de pastos, bovinos, equinos, ovinos, aves de corral, porcinos, así como el desarrollo de cultivos a pequeña escala de caña de azúcar, quinchonchos, topocho, plátano, ají, yuca, piña y lechosa, en el sitio inspeccionado. Asimismo, el Tribunal dejo constancia en la inspección judicial efectuada en fecha 03 de febrero del año en curso, conforme al principio de inmediación que rige al Derecho Agrario, de la existencia de una serie de bienhechurías y mejoras fomentadas sobre el lote de terreno inspeccionado, consistente en: una casa de habitación con piso de cemente, techo de platabanda, sin divisiones, un baño, un corral techado con sala de ordeño, quesera, embarcadero, un tendido eléctrico de 500 metros aproximadamente con 01 transformador de 25 KVA, cerca perimetral en casi la totalidad del predio (faltándole por colocar aproximadamente 500 metros lineales, que no habían podido instalar, manifestando la parte solicitante que es debido a los problemas con la Ciudadana Organ Guevara) constituida con estantillos de madera y 5 pelos de alambre, dividido en 11 potreros, cochinera de 04 puestos, 02 pozos de agua, entre otras mejoras. Igualmente, el Tribunal dejó constancia en la realización de dicha Inspección Judicial, que durante el recorrido al predio inspeccionado, se encontró con la Ciudadana Organ Guevara (constando inclusive en los autos del precitado Expediente N° 0619 las evidencias fotográficas al respecto), y la misma manifestó y reconoció que fue ella quien corto la cerca junto a otras personas (dejándose constancia de que efectivamente el Tribunal pudo observar aproximadamente 300 metros lineales que habían sido cortados con un intervalo de entre dos (02) a dos metros y medio (2 ½) de separación entre cada corte), aparte de también paralizar el tractor, ya que no estaba de acuerdo con el procedimiento de revocatoria que le había sido realizado por el Instituto Nacional de Tierras y la nueva adjudicación que le habían otorgado a la señora Teresa Chacón. Asimismo, en el trayecto del recorrido al lote de terreno inspeccionado, el tribunal pudo observar y dejó constancia de la existencia de un ilícito ambiental, como lo era la tala de árboles de mediana vegetación de la especie guásimo. Así se establece. Todos estas situaciones fácticas, que pudieron ser percibidas por este jurisdicente al momento de la práctica de la señalada inspección judicial, debe necesariamente ser contrastada con los motivos y hechos expresados por la parte solicitante, como fundamento de la Medida de Protección a la Actividad Agroproductiva, al mismo tiempo que a la constatación directa de cualquier otro tipo de situaciones, que al ser percibidas por este juzgador, en ejercicio del poder cautelar de que se encuentra dotado, pudieran derivar en premisas que hagan necesaria la intervención protectora o tutelar, en caso de existencia de elementos, situaciones y hechos que de forma latente, potencial y cierta, se traduzcan de alguna forma, en amenaza de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción a la continuidad de la actividad agroproductiva, en el predio identificado en la solicitud de Medida Cautelar de Protección a la Producción Agroalimentaria, que nos ocupa. Atendiendo a las actuales circunstancia que existen dentro del lote de terreno inspeccionado, considera este Juzgador que los actos perturbatorios y la conducta de la Ciudadana Organ Guevara, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-5.365.421, en compañía de otras personas, obra en contra de la misma, y si bien es cierto, dicha Ciudadana manifestó que no se encontraba conforme con la actuación del Instituto Nacional de Tierras al haberle efectuado un procedimiento de revocatoria y concederle una adjudicación a la Ciudadana Teresa Chacón, no es menos cierto, que como seres humanos debemos respetar las instituciones públicas, más aún, cuando dicho ente agrario, es el encargado de administrar, regularizar y distribuir los predios agrícolas a nivel nacional, pudiendo de conformidad con el artículo 34 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, adoptar las medidas que estime pertinentes para la transformación de todas las tierras con vocación de uso agrícola en unidades productivas bajo modalidades organizativas diversas, privilegiando las de propiedad social. En cumplimiento de dicho mandato, puede rescatar toda tierra de su propiedad, o del dominio de la República, institutos autónomos, corporaciones, empresas del Estado, fundaciones o cualquier entidad de carácter público nacional, incluso baldíos nacionales que se encuentren ociosas o de uso no conforme, no evidenciándose para el momento en que se efectuó la inspección judicial de fecha 03 de febrero del año en curso, ningún tipo de actividades agroproductivas por parte de la Ciudadana Organ Guevara, que le permitiera a este Juzgado proteger la misma, e instar a la convivencia de conformidad con la jurisprudencia vigente al respecto. En este sentido, debe ser enfático este Tribunal, que en aras del resguardo y paz social en el campo, no se puede avalar la conducta de un Ciudadano o Ciudadana, en este caso, la Ciudadana Organ Guevara, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-5.365.421, que pretende hacer justicia con sus propias manos, en compañía de otras personas, pues para ello, existen las instituciones públicas del Estado Venezolano, para garantizar y hacer cumplir los derechos constitucionales y legales de los justiciables, y si algún justiciable no está conforme con la actuación de una institución pública, como lo es en el presente caso, el Instituto Nacional de Tierras, el deber ser, es interponer las acciones legales correspondientes, por ante el Juzgado Superior Agrario de esta Circunscripción Judicial dentro de los lapsos establecidos en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en virtud de que los actos administrativos emanados de este ente agrario, gozan del principio de legalidad administrativa, es decir, se consideran realizados conforme a las normativas vigentes, lo que hace presumir hasta esta oportunidad procesal de proveer, que ciertamente lo denunciado por la parte solicitante se encuentra ajustado a derecho y que se encuentra en peligro inminente de ruina, desmejoramiento y paralización la producción agropecuaria que desarrolla dentro del aludido lote de terreno, pudiendo ocasionar sin duda alguna daños irreparables a la producción agropecuaria, aunado a el riesgo económico a toda la inversión que ha efectuado la solicitante de la medida, lo cual, pone de manifiesto las lesiones graves o de difícil reparación que una parte pueda causarle a la otra, más aun, cuando como ya se dejó establecido en párrafos anteriores, la Ciudadana Organ Guevara, manifestó y reconoció haber sido ella junto a otras personas, quienes cortaron la cerca y paralizaron las actividades de mecanización que se estaban llevando a cabo, lo cual que va en contra de la paz social del campo y no deja lugar a dudas, de que dicha Ciudadana, al igual que todas las demás personas que la han acompañado en la ejecución de dichos actos perturbatorios, están actuando y han actuado en desmedro de las actividades desarrolladas por la solicitante de autos y más aún en perjuicio de la seguridad y soberanía agroalimentaria de la nación, por lo que de persistir en sus conductas y actividades perturbatorias, se le deberán iniciar las acciones legales correspondientes por ante el Ministerio Publico para determinar el grado de responsabilidad y las sanciones a que hayan lugar. Así se establece. Por lo que respecta a la ponderación del “Interés colectivo y social” es decir que priva el interés general sobre el particular y la materia tutelar o protectora de la seguridad alimentaria, y de los recursos naturales lo cual se encuentran ligadas al concepto más íntimo de seguridad y soberanía nacional. Esta circunstancia, constituye un derecho originario de supervivencia humana por lo que basta su invocación para protegerlo y de acuerdo a la Inspección practicada por este Tribunal, así como de las instrumentales contenidas en el expediente N° 0619 (nomenclatura interna de este Tribunal), se evidenció el desarrollo agropecuario desplegado por la Ciudadana Teresa del Carmen Chacón Roa, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-13.141.744, domiciliada en el lote de terreno denominado AGRONAIM, ubicado en la Parcela Nº 101-A, Sector Puerta Negra II, El Charcote, Vía El Tirado, Estado Cojedes, afectando tanto a la población venezolana, muy en especial a la población Cojedeña, lo cual involucra el interés colectivo de la población, y que, de permitirse que dicha actividad este paralizada o desmejorada, tendría incidencia negativa no sólo en el patrimonio dela peticionante de la medida, sino en la continuidad de la actividad agraria ejercida por la solicitante de la referida medida, que más, que una actividad comercial constituye el desarrollo y crecimiento del sector rural, cuya afectación irá en detrimento de la seguridad alimentaria de la población del país, los cuales son fundamentales para el desarrollo agrícola sustentable de la región. Con fundamento a lo mencionado y a las precitadas normas y dado que éste operador de justicia debe velar por el interés general de la actividad agraria, resulta para éste Tribunal evidente que se encuentran presentes los requisitos de procedibilidad para el decreto de la medida, evidenciándose que en el lote de terreno denominado AGRONAIM, ubicado en el Sector Puerta Negra II, El Charcote, Vía El Tirado, Estado Cojedes, constante de una superficie de veintinueve hectáreas con cinco mil novecientos metros cuadrados (29 has con 5900 mts.2), alinderado de la siguiente manera: Norte: Terreno ocupado por la Parcela ECH-102; Sur: Terreno ocupado por la Parcela ECH-100; Este: Terreno denominado Sector Puerta Negra y Caño; Oeste: Vía de Penetración, según el Titulo de Adjudicación y Carta de Registro Agrario número 910652820RAT0007651, otorgado por el Instituto Nacional de Tierras en Sesión N° 1245-20 de fecha 11 de marzo de 2020, en beneficio de la Ciudadana Teresa del Carmen Chacón Roa, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-13.141.744, y ante la manifestación y reconocimiento efectuado por la Ciudadana Organ Guevara, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-5.365.421, de haber realizado actividades perturbatorias que atentan contra las actividades agroproductivas del predio objeto de la presente solicitud, hace que obre en favor dela solicitante, y que se tengan por ciertos hasta el presente momento, los hechos, alegatos y argumentos contenidos en el escrito de solicitud de la presente medida de protección, asimismo se infiere que el referido lote de terreno, ostenta la capacidad de llevar a cabo una producción para satisfacer las necesidades alimentarías, consagradas en el Principio de Seguridad Alimentaría establecido en el artículo 305 de nuestra Carta Magna. Así se declara. Expuesto lo anterior, es necesario para este Sentenciador, traer a colación el significado de la Seguridad Alimentaria, como principio social, previsto en nuestra Constitución Nacional, concretamente en su artículo 305 particularmente y en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario como el instrumento jurídico normativo de aplicación preferente en materia agraria y ambiental, deviene del movimiento campesino internacional “Vía Campesina”, el cual se remonta en abril de 1992, cuando varios líderes campesinos de América Central, de Norteamérica y de Europa se fijaron como meta principal el impulsar la solidaridad y la unidad en la diversidad entre organizaciones de pequeños agricultores, para promover relaciones económicas basadas en igualdad y la justicia social, la preservación de la tierra, la soberanía alimentaria y la producción agrícola sostenible, rechazando el modelo neoliberal y buscando establecer así un modelo alternativo de agricultura. En constituciones como la de Nepal y de Venezuela se han positivizado el concepto de Soberanía Alimentaria (el cual encuentra consigo implícitamente el de Seguridad Alimentaria) que el movimiento campesino elaboró hace unos años en 1996, estableciendo que la alimentación es un derecho humano básico y “todos los pueblos y Estados deben tener derecho a definir sus propias políticas agrícolas y alimentarias” para garantizar la seguridad interna en la materia y el bienestar de su población. La Soberanía Alimentaria, significa en las propias palabras de éste movimiento internacional “que los pueblos tiene derecho a producir su comida en su territorio”. Así se establece. La Soberanía Alimentaria se centra en la producción de comida y en quienes de hecho trabajan la tierra. Por tanto, la Seguridad Alimentaria, implica garantizar que se produzca una cantidad adecuada de alimentos accesible a todas las personas, a diferencia de la Soberanía Alimentaria ya que la misma se enfoca en cuestiones como qué alimentos se producen, dónde se producen, cómo se producen y en qué escala, asegurando “Vía Campesina” que la Soberanía Alimentaria no puede lograrse sin la Seguridad Alimentaria. De ahí que decimos que la Seguridad Alimentaria bajo ningún concepto puede estar apartada de la noción anterior. Con respecto a la Seguridad Alimentaria vale decir la siguiente frase famosamente expresada en 1992, por KoffiAnnan en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), “El hambre perpetua la pobreza al impedir que las personas desarrollen sus potencialidades y contribuyan al progreso de sus sociedades”, de lo que se colige que definitivamente contar con el acceso económico y físico alimentos de calidad y altamente nutritivos le permite a una Sociedad y al Mundo avanzar y Desarrollarse, señalando además que aunque se ha querido hacer creer a distintas las poblaciones que la causa del hambre es la escasez de alimentos en el mundo nada es más alejado de la realidad, porque se producen suficientes cantidades de alimentos en el planeta, sólo que modelos capitalista y neoliberales en sus deseos mercantilistas y puramente económicos se ha alterado en repetidas ocasiones la realidad, distribuyendo de manera desigual los alimentos, lo cierto es que la ONU (FAO) ha establecido que una persona requiere de dos mil doscientas (2.200) calorías diarias mínimas para que el ser humano pueda vivir normalmente, por lo tanto los Estados deben tener como política nacional la satisfacción del derecho de alimentos y lograr simultáneamente, que la ingesta de alimentos en la población sea lo suficiente y altamente nutritiva, que pueda alcanzar estos niveles de calorías diarias mínimas. Así se establece. El derecho a la alimentación es un derecho fundamental entendido entonces por la doctrina desarrollada por el autor Ricardo Zambrano Zambrano en su obra “Derecho Agrario.”, que el derecho a la Seguridad Alimentaria es un derecho de solidaridad perteneciente a los derechos humanos de tercera generación, con impacto en los pueblos, los grupos y las personas, con profundo sentido económico y social, pues ha sido concebida para la adecuada protección de la vida, la salud y la seguridad de las personas, los alimentos vegetales y animales y el medio ambiente. “Consiste en la disponibilidad de alimentos en todo momento, del acceso de todas las personas a ellos, los cuales deben ser nutricionalmente adecuados en términos de cantidad y variedad, además culturalmente aceptables por la población”. Así se establece. Siendo necesario para este sentenciador, dejar establecido que, la ganadería bovina forma parte del sub-sector agrícola animal, alrededor de una décima parte de la población mundial tiene algún grado de vinculación del sector ganadero y de cría, por tanto, los sistemas de producción pecuaria son considerados como la estrategia demográfica, social, económica y cultural más apropiada para mantener el bienestar de las comunidades -especialmente las rurales-, debido a que es la única actividad que puede simultáneamente proveer seguridad en el sustento diario, conservar ecosistemas, colaborar en las estrategias de poblamiento nacional y satisfacer los valores culturales y tradiciones. En nuestro país el sector pecuario proporciona alrededor de dos quintos del valor total de la producción agropecuaria, predominando el ganado vacuno de doble propósito (carne y leche), le sigue la cría de ganado porcino, aviar y, en menor escala, el ganado caprino y ovino. La ganadería en Venezuela se puede diferenciar según sus técnicas y sus fines. Puede ser extensiva: requiriéndose grandes extensiones de tierras -hatos- y el libre pastoreo de grandes rebaños de ganado bovino y equino; como también es intensiva: cuando se invierte capital en el establecimiento de potreros, el mejoramiento de los pastos y la atención de la calidad genética y la salud de los animales; en algunos casos el ganado permanece estabulado y es alimentado con fórmulas concentradas para cubrir todas sus necesidades e incrementar el rendimiento por unidad animal. En resumen, la ganadería bovina es de gran importancia ya que su aprovechamiento aporta beneficio a la comunidad y la obtención de sus productos constituyen un alimento indispensable en la dieta diaria. Esta actividad es de suma importancia ya que proporciona a la comunidad grandes fuentes de alimentos. Según el propósito o finalidad de producción, la actividad ganadera se clasifica en ganadería bovina de leche, ganadería de carne y ganadería bovina doble propósito. Ahora bien, siendo la producción bovina una de las más importantes en nuestro país, por la cantidad de proteínas aportadas a la población, incluso en nuestro estado Bolivariano de Cojedes, recientemente, tal como puede ser verificado en el link informático http://www.safonapp.gob.ve/?p=7305, fue inaugurada una Empresa Socialista adscrita a la Gobernación del estado. Denominada “PROTEICO COJEDES”, la cual busca surtir de los derivados de la producción bovina, de los productos necesarios para el consumo de la población, como parte de las políticas públicas implementadas por el Ejecutivo Regional. Así las cosas, considera este Sentenciador que la producción agropecuaria que se encuentra actualmente en un inminente peligro, de ruina, desmejoramiento y paralización, dentro del lote de terreno denominado AGRONAIM, ubicado en la Parcela Nº 101-A, Sector Puerta Negra II, El Charcote, Vía El Tirado, Estado Cojedes, por los actos perturbatorios y la conducta desplegada por la Ciudadana Organ Guevara, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-5.365.421, en compañía de otras personas, se está viendo amenazada la actividad productiva desplegada por la solicitante de la presente medida, pues, está demostrado, por la inspección judicial practicada por este Tribunal, que dicha Ciudadana (Organ Guevara) atenta contra el interés colectivo de la población, de allí que, es criterio de este Tribunal que el extremo de ley objeto de análisis resulta cumplido por la peticionante de la medida. Así se decide. Ahora bien, a los fines de determinar el tiempo de vigencia de la Medida Cautelar de Protección y en atención a la sentencia dictada en fecha 29 de julio de 2013, por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia recaída en el Expediente Nº 13-0516, en la cual entre otras cosas señalo lo siguiente: …Omissis…Sin embargo, en relación a la garantía de los intereses generales vinculados a la culminación del ciclo biológico productivo (pecuario) en la unidad de producción en la cual surgió la controversia, esta Sala advierte de oficio que tal elemento constituye un punto cardinal en la motivación para la procedencia de las medidas cautelares autónomas de protección reguladas en el artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y que permiten determinar los fundamentos que sustentan la temporalidad de la cautela. Siendo ello así, en el caso bajo examen, la Sala advierte que el Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, no formuló consideración alguna en torno al ciclo biológico productivo (pecuario) en la unidad de producción, que permitiera conocer los fundamentos del lapso de dos años de vigencia de la medida acordada, lo cual constituye una violación del derecho a la defensa de los presuntos agraviados y configura el vicio de inmotivación o falta de fundamentos, cuya consecuencia es, la obstaculización para la verificación del control de la legalidad del dispositivo de la sentencia (Cfr. Sentencia de esta S. Nº 1.619/08) por lo que la acción de amparo debe declararse con lugar. Así se declara…Omissis… En virtud de la anterior sentencia constitucional, la cual estableció que la temporalidad se determina de acuerdo a los ciclos productivos existentes en el lote de terreno objeto a la presente medida, y el tiempo donde imperará la medida es necesario explanar que los rubros agrícola vegetal y pecuarios de acuerdo a sus ciclos productivos van aproximadamente hasta un tiempo o ciclo productivo de Veinticuatro (24) meses lo que hace necesario para quien aquí decide establecer el tiempo de esta medida en Setecientos Treinta (730) días continuos, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente sentencia, tal y como se hará en el Dispositivo del presente fallo todo esto a los fines de asegurar la producción agroalimentaria. Así se establece. Ahora bien, no puede dejar pasar por alto este Juzgador, los ilícitos ambientales observados al momento de realizar la inspección judicial en fecha 03 de febrero de 2021, pues no es menos cierto que la conservación de los recursos naturales, así como el cumplimiento de las normativas ambientales revisten un carácter de orden público, pues se trata de proteger los derechos ambientales para las presentes y futuras generaciones, razones por la cual, obligan a este Sentenciador actuar de oficio para dictar una medida de protección ambiental en el lote de terreno objeto de la presente solicitud. Así se establece. Con relación a la medida de protección ambiental, esta Instancia Judicial, pasa a establecer algunas consideraciones acerca de la naturaleza jurídica de la medida autosatisfactiva ambiental, en tal sentido observa: En principio, las medidas preventivas por su naturaleza jurídica están enmarcadas dentro del derecho privado, en contrapeso para el Derecho agrario y el ambiental, por ser de naturaleza eminentemente social y de importancia determinante para el cumplimiento del Estado social y democrático de Derecho y de Justicia, en cuanto a la seguridad agroalimentaria, protección del ambiente y la biodiversidad, en consecuencia, las medidas cautelares deben ser cónsonas con los intereses tutelados por el Derecho, es así que resulta extensivas en pro del interés social y colectivo, lo ambiental, el entorno social agrario y los bienes de producción agropecuaria, entendida ésta, la proveniente del resultado de la actividad agrícola, pecuaria, pesquera, agrícola, acuícola y forestal, en los términos del artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el numeral 9 del artículo 2 del Reglamento Parcial de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario para la determinación de la vocación de uso de la tierra rural, asimismo, el artículo 196 de la misma Ley de Tierras y Desarrollo Agrario establece el deber de los Jueces o Juezas Agrarios, de velar por el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la Nación, el aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental, respectivamente. Es por ello, que el poder cautelar del Juez agrario se aparta de la rigidez de las medidas dictadas por los Jueces Civiles y Mercantiles, que tutelan intereses particulares, y tienen como fin asegurar bienes litigiosos y así evitar la insolvencia de la contraparte antes que la sentencia sea ejecutoriada, mientras que las dictadas por los Jueces Agrarios de conformidad con los artículos 152 y 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, van en función del interés general, social y colectivo, incluso no sólo para la presente, sino para las futuras generaciones, insertando además lo ambiental, el cual es de excepcional prioridad, por ser un eje transversal, igualmente como resultado del uso abusivo de los recursos naturales, aun prescindiendo de juicio alguno. En tal sentido, está obligado este Juzgado de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, exista o no juicio, a dictar oficiosamente las medidas pertinentes a objeto de asegurar la no interrupción de la producción agraria y la preservación de los recursos naturales, haciendo cesar cualquier amenaza de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción. En este orden, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece la tutela judicial efectiva, particularmente en los artículos 26 y 257, consagrando el derecho a tener acceso a la justicia, el derecho al Juez Natural, el derecho a la tutela judicial efectiva cautelar y el derecho a la ejecución del fallo entre otros, por lo que el Juez Cautelar Agrario, quedó habilitado para dictar todo tipo de medida que se requiera en el marco de los principios rectores del derecho Agrario, esto es, que dicho Juez posee el atributo legal, de dictar todo tipo de mandamientos dentro del marco de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, siempre dentro de los criterios de proporcionalidad y la racionalidad, por ser el Juez Natural. Es por ello, que el poder cautelar otorgado por la Carta Fundamental y la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, al Juez Agrario, viene dado por el hecho de tener potestad de decretar, ejecutar y hacer ejecutar medidas cautelares de cualquier índole. Siendo el único criterio que debe ser siempre valorado por éste, para la adopción de la misma, la concurrencia del “periculum in damni” y la ponderación de los intereses colectivos en conflicto, dado que existe el principio “indubio pro natura” es decir, que frente a la duda por no existir suficientes pruebas debe favorecerse a la naturaleza, es así que no son indispensables para decretar estas medidas el “perículum in mora” y el “fumusboni iuris”, más sin embargo, en párrafos anteriores, quien decide, dejo establecido, como quedaron demostrado los alegados extremos, a excepción del “perículum in mora” . Esto es, que el Juzgador al momento de decretar cualquier medida de las que se contraen los artículos 152 y 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, debe examinar y contrapesar los intereses que están en contradicción. Este requisito para decretar medidas precautelativas agrarias, ambientales o alimentarias, es determinante, puesto que es un poder cautelar atípico, a pesar de ser un deber, el que establece dicha disposición legal, su actuar debe ser con discreción, sin caer en la arbitrariedad, de ello se concluye que su poder-deber que lo faculta la mencionada Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. De lo precedente, se logra la convicción que no puede concebirse un aislamiento entre lo agroalimentario y lo ambiental, pues ambos conceptos aunque se distinguen uno del otro, los dos (2) se correlacionan, a los fines de conectar el sistema de la seguridad social, dentro del cual entra la conservación del ambiente en condiciones sanas y seguras, de modo que tal y como así lo prevén los artículos 152 y 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Ahora bien, en plena armonía con los postulados previstos en los artículos 127, 128 y 129 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, este Juzgador considera procedente realizar algunas consideraciones jurisprudenciales y doctrinarias acerca de la naturaleza jurídica de la medida innominada de protección ambiental a dictarse en el presente Expediente, ello en virtud, de considerar que el dictamen eventual de la misma, versa sobre materia de eminente orden público agrario y ambiental, siendo dentro de ellos, el tener un Derecho al ambiente seguro, sano y equilibrado y mantener la protección de las nacientes de agua, resguardo de las lagunas, así como, evitar daños irreversibles producidos por la tala y la quema. Conforme al principio precautorio. Todo ello, en virtud del recorrido realizado, anteriormente reseñado. Lo que es evidente, que el contenido de la norma ut supra se colige que la norma especial, señala ampliamente los poderes cautelares del Juez agrario competente, el cual debe indefectiblemente en todo estado y grado del proceso, velar principalmente por la continuidad de la producción agroalimentaria; la cesación de actos que puedan perjudicar el interés social y colectivo y por el restablecimiento de las condiciones favorables al entorno social e intereses colectivos, pudiendo el Juez agrario dictar de oficio, las medidas preventivas que resulten adecuadas a la situación fáctica concreta, imponiendo órdenes de hacer o no hacer a los particulares y a los Entes estatales agrarios, según corresponda. Esta pretensión, que consiste en la adopción de las medidas tendentes a asegurar la efectividad de la tutela judicial, cuyo norte está dirigido a la protección de los derechos del productor rural, de los bienes agropecuarios, la utilidad pública de las materias agrarias, así como también, la protección del interés general de la actividad agraria, cuando considere que se amenaza la continuidad del proceso agroalimentario. Dichas medidas autónomas judiciales son de carácter provisional y se dictan para proteger un interés de carácter general y por su naturaleza son vinculantes para todas las autoridades públicas, en acatamiento al principio constitucional de seguridad y soberanía nacional. Al respecto, los artículos 152 y 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, disponen la obligatoriedad del Juez Agrario de velar por el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la Nación y el aseguramiento de la biodiversidad y de la protección ambiental, exista o no juicio, debiendo dictar oficiosamente las medidas pertinentes a objeto de asegurar la no interrupción de la producción agraria y la preservación de los recursos naturales renovables, haciendo cesar cualquier amenaza de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción, más aun en el presente caso, que dicha medida ambiental fue solicitada a instancia de parte. En tal sentido, de los artículos 152 y 196 ejusdem, se desprenden que la magnitud y naturaleza jurídica del poder amplio y oficioso que poseen los jueces agrarios al momento de dictar medidas cautelares, pues, les permiten una mayor amplitud al momento de tener que decretar medidas cautelares, exista procedimiento judicial o no, a los fines de proteger la soberanía y seguridad agroalimentaria que garantiza el Estado, quedando a criterio del Juez, utilizando las reglas de la sana crítica y las máximas de experiencia, el determinar si es necesario el acordar o dictar las medidas oficiosas de protección, para lo que está facultado por la norma especial, como se esbozó en precedencia; toda vez que, el Estado para darle cumplimiento, debe garantizar la protección de dichos elementos, así como el acceso a los mismos por parte de las futuras generaciones, ello por encima del interés particular, por las razones de desarrollo humano, económico y otras de interés social que fundamentan nuestro régimen socioeconómico. (Artículo 299 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela). Resulta oportuno, señalar el artículo 1º de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el cual dispone lo siguiente: (SIC) “ La presente Ley tiene por objeto establecer las bases del desarrollo rural integral y sustentable; entendido éste como el medio fundamental para el desarrollo humano y crecimiento económico del sector agrario dentro de una justa distribución de la riqueza y una planificación estratégica, democrática y participativa, eliminando el latifundio y la tercerización como sistemas contrarios a la justicia, la igualdad, al interés general y a la paz social en el campo, asegurando la biodiversidad, la seguridad agroalimentaria y la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones”. Así pues, establecido lo anterior y siguiendo la misma línea de argumentación el artículo 1 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, reconoció la importancia y necesidad de preservar la seguridad agroalimentaria así como la vigencia efectiva de los derechos de protección agroalimentaria. Al respecto, este Juzgador trae a colación un conjunto de sentencias relacionadas con la competencia agraria referente a las medidas de protección a la continuidad de la actividad agraria concatenadas con nuestra Carta Magna. En ese orden, con la promulgación de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en el año 1.999, la normativa agraria trasciende al rango constitucional, al establecer en la exposición de motivos la obligación que tiene el Estado venezolano de impulsar tanto la sustentabilidad, como la equidad al sector económico, mediante el desarrollo de la actividad agropecuaria (Seguridad Agroalimentaria), siendo los artículos constitucionales 305, 306 y 307 los que establecen los principios sobre los cuales surge el Derecho agrario de forma autónoma en nuestro país, disponiendo además, que la Ley Especial regularía lo conducente. Es así, como nace la competencia Especial Agraria con la entrada en vigencia de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, creando Tribunales Especializados en la resolución de los conflictos en los cuales esté en discusión la continuidad de los procesos productivos a través del resguardo de la Seguridad y Soberanía Agroalimentaria de la Nación, Juzgados éstos, a quienes se les atribuyó el conocimiento por el fuero atrayente agrario (ver Sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia N° 5.047, del 15/12/2005, Exp. N° 05-1946, (caso: Humberto Lobo Carrizo), Ponencia de la Magistrada LuisaEstella Morales Lamuño y Sentencia de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia N° 24, del 16/04/2008, Exp. N° 06-0241, (caso: Francisca del Carmen Maldonado de Materano), Ponencia del Magistrado Francisco Antonio Carrasqueño López). En este mismo orden de ideas, igualmente resulta valioso mencionar la sentencia de Sala Constitucional de fecha veintinueve (29) de marzo de 2012, Exp. Nº 11-0513 (Caso María Fabiola Ramírez de Alcalá y otros) la cual hizo referencia a las “Medidas Autosatisfactiva” de protección a la actividad agraria y a la biodiversidad, y por vía consecuencial instituye el dictamen de decretos cautelares que tengan como basamento la referida disposición legal transcrita ut supra, estableciendo a tal efecto la necesidad de que una vez dictada una medida de esta naturaleza, deben ser notificados los sujetos pasivos de la misma, a los fines de que éstos puedan ejercer respectivamente las defensas que a bien tengan, y se de apertura el correspondiente contradictorio, así lo establece: …(Omissis)… (SIC)…“Así pues, cuando el juez agrario desarrolle oficiosamente la competencia cautelar atribuida través de la ley adjetiva especial (Ley de Tierras y Desarrollo Agrario), procederá a la apertura inmediata del correspondiente contradictorio, donde le garantizará a aquel contra quien obre la medida y a los eventuales interesados, el derecho a la defensa y al debido proceso, a través de la notificación de la decisión, el acceso al expediente y la posibilidad de alegar y probar a favor de la eventual oposición, siendo potestativo del juez revocar o confirmar la medida de acuerdo a la oposición propuesta y la vigencia de las condiciones iniciales que motivaron la decisión preliminar, escuchando de ser el caso, y en un solo efecto la apelación propuesta a los fines de garantizar el principio de doble instancia, razón por la cual esta Sala ratifica el referido criterio el cual tendrá carácter vinculante como el procedimiento a seguir dada la ausencia de procedimiento para su trámite en la ley adjetiva especial que rige el procedimiento agrario. Y así se decide. Es de resaltar que con el referido criterio, el legislador vino a reforzar la protección jurídico-constitucional de los particulares a través de normas garantistas de los derechos amparados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, favoreciendo la tutela judicial efectiva y protegiendo para el presente caso, la vigencia y efectividad del derecho a la seguridad agroalimentaria en pro del interés general de asentar las bases del desarrollo rural integral y sustentable, asegurando la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones. Por lo que concluye esta Sala, que dichas medidas especiales agrarias fueron instituidas por el legislador como soluciones jurisdiccionales de carácter urgente y por ende “autosatisfactivas”, ya que están llamadas a resolver de manera suficiente los requerimientos de los postulantes o de la acción oficiosa del juez, motivo por el cual resultan verdaderamente medidas autónomas que en principio no penden de la interposición coetánea o ulterior de una pretensión principal, como si requieren las medidas cautelares clásicas para que no quede ilusoria la ejecución de la sentencia de mérito. No obstante lo anterior y dado su eminente carácter excepcional, resulta fundamental dejar sentado, que la medida autosatisfactiva agraria tendente a evitar la interrupción, ruina, desmejoramiento o destrucción de la producción agraria en su sentido amplio, así como del ambiente, no puede ser entendida como un medio sustitutivo de aquellas vías ordinarias previstas en la legislación especial (Ley de Tierras y Desarrollo Agrario), por lo que necesariamente se debe indicar el tiempo de su vigencia partiendo de aquellos aspectos técnicos en especial del ciclo biológico, y su necesaria conexión con la producción primaria de alimentos y la biodiversidad, previniendo, de resultar imperioso, el eventual proceso jurisdiccional donde de manera definitiva se dirima la controversia planteada”. Criterio éste de carácter vinculante el cual es acogido por este sentenciador y que se mantiene vigente hasta la presente fecha. Cabe destacar que en sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, dictado en fecha veintinueve (29) de julio de dos mil trece (2013), Exp. N° 13-0485 Ponente Magistrada Luisa Estella Morales Lamuño; se ratifica el criterio en lo que respecta al Poder Cautelar del Juez Agrario, se explica la procedencia y el procedimiento a seguir en las Medidas Autónomas dirigidas a asegurar la continuidad de la producción agraria y preservar los recursos naturales renovables preestablecidos en el artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en los términos siguientes: …(Omissis)... (SIC)…”Tal como lo expresó el a quo constitucional, la Sala entiende que este tipo de solicitudes, al efectuarse sin que medie proceso judicial, deben enmarcarse necesariamente en el supuesto del artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario el cual le da la potestad al juez agrario para que existiendo o no juicio, dicte de oficio o a instancia de parte, las medidas necesarias a objeto de asegurar que la producción agraria no sea interrumpida y preservar los recursos naturales renovables, de acuerdo al carácter social del desarrollo de dicha actividad. (…). Al respecto, esta Sala en su fallo N° 368 del 26 de marzo de 2012, estableció el procedimiento a seguir para la tramitación de las medidas previstas en el artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en dicha decisión se expresó: “(…) el artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, indudablemente vino a recoger la visión axiológica de la función jurisdiccional, que se compadece con el carácter subjetivo de los procedimientos agrarios y con el derecho a la tutela judicial efectiva, contexto en el cual toda medida adoptada por el juez agrario, se desarrolla conforme a la celeridad e inmediatez necesarias para salvaguardar una eventual transgresión a los principios de la seguridad agroalimentaria, siguiendo a tal efecto, el procedimiento pautado en los artículos 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; ello ante la ausencia de un iter indicado expresamente por la Ley. Es importante destacar, en referencia a lo anteriormente transcrito, que esta Sala, ha establecido a través de la sentencia del 9 de mayo de 2006, (Caso: Cervecería Polar Los Cortijos y otros), el procedimiento a seguir para la tramitación de las medidas cautelares, a tales efectos la referida sentencia indica lo siguiente: (…) ‘Sobre el particular, esta Sala en sentencia del 15 de febrero de 2000 (Caso: Enrique Méndez Labrador), señaló que, si bien los derechos a que alude el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aplican a todas las actuaciones judiciales y administrativas, ello no significa que la referida norma constitucional establezca un procedimiento específico, ‘sino la necesidad de que cualquiera sea la vía procesal escogida para la defensa de los derechos o intereses legítimos, las leyes procesales deben garantizar la existencia de un procedimiento que asegure el derecho de defensa de la parte y la posibilidad de una tutela judicial efectiva’. En relación con el tema comentado conviene traer a colación los principios establecidos por esta Sala en el caso María de los Ángeles Hernández Villaliego y otros, según decisión N° 926 del 1º de junio de 2001, en la cual se dejó asentado que, estos derechos son de contenido amplio y buscan que ‘las partes dentro del proceso permanezcan incólumes sin que los mismos se vean limitados o restringidos de manera tal, que impida el ejercicio pleno y efectivo de otros derechos relevantes dentro del proceso, que menoscaben las garantías que el mismo debe ofrecer. Es decir, que lo determinante de la realización de esta garantía, es que no exista una limitación insoportable en una de las partes, que restrinja el libre y seguro ejercicio de los derechos del justiciable dentro del proceso por una actuación antijurídica dentro de sus componentes’. Con ello, la observancia del derecho a la defensa y al debido proceso no se limita al cumplimiento de una mera forma procedimental, sino que, los particulares puedan actuar efectivamente en el juicio y en este sentido, el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que encuentra su antecedente en el artículo 102 de la derogada Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, otorga al juez contencioso administrativo, la facultad de sustanciar un determinado asunto, de acuerdo al procedimiento que juzgue más conveniente para la realización de la justicia, siempre que éste tenga base legal. En este sentido, la exposición de motivos del Decreto con fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, dispone en cuanto al procedimiento agrario, que el mismo se informa de los valores contenidos en el artículo 257 de la Constitución, relativos a la simplicidad, oralidad, celeridad, uniformidad y eficacia, procurando un procedimiento sencillo que desarrolle el principio de celeridad y economía procesal. Tal como se estableció supra, en el presente caso estamos ante una medida preventiva conducente a la salvaguarda de la continuidad de la producción agraria y la preservación de los recursos naturales, de adopción oficiosa, con lo cual encuentra esta Sala que dicha medida procede inaudita parte, situación ésta que en modo alguno supone la inexistencia de un procedimiento en el cual se tome el proveimiento jurisdiccional. Ciertamente, del análisis de la norma impugnada se evidencia que, el legislador al referirse a la posibilidad de la adopción de la medida ‘exista o no juicio’, se refiere a que el juez no se encuentra sujeto a la pendencia de un procedimiento previo, que es justamente la diferencia entre el artículo hoy impugnado y la disposición contenida en el artículo 167 eiusdem. Lo expuesto evidencia que, tal como señaló la representación de la Procuraduría General de la República, el artículo 211 del Decreto con fuerza de Ley de Tierras y desarrollo Agrario, actualmente artículo 207 de la Ley de Tierras y desarrollo Agrario de 2005, recoge una visión axiológica de la función jurisdiccional, que se compadece con el referido carácter subjetivo del contencioso administrativo y con el derecho a la tutela judicial efectiva, contexto en el cual la medida adoptada por el juez agrario, se desarrolla conforme a la celeridad e inmediatez necesarias para salvaguardar una eventual transgresión a los principios de la seguridad agroalimentaria y al derecho a la biodiversidad, siguiendo a tal efecto, el procedimiento pautado en los artículos 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil; ello ante la ausencia de un iter indicado expresamente por la Ley, conforme a la previsión contenida en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia’. Así pues, cuando el juez agrario desarrolle oficiosamente la competencia cautelar atribuida través de la ley adjetiva especial (Ley de Tierras y Desarrollo Agrario), procederá a la apertura inmediata del correspondiente contradictorio, donde le garantizará a aquel contra quien obre la medida y a los eventuales interesados, el derecho a la defensa y al debido proceso, a través de la notificación de la decisión, el acceso al expediente y la posibilidad de alegar y probar a favor de la eventual oposición, siendo potestativo del juez revocar o confirmar la medida de acuerdo a la oposición propuesta y la vigencia de las condiciones iniciales (sic) que motivaron la decisión preliminar, escuchando de ser el caso, y en un solo efecto la apelación propuesta a los fines de garantizar el principio de doble instancia, razón por la cual esta Sala ratifica el referido criterio el cual tendrá carácter vinculante como el procedimiento a seguir dada la ausencia de procedimiento para su trámite en la ley adjetiva especial que rige el procedimiento agrario. Y así se decide. Es de resaltar que con el referido criterio, el legislador vino a reforzar la protección jurídico-constitucional de los particulares a través de normas garantistas de los derechos amparados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, favoreciendo la tutela judicial efectiva y protegiendo para el presente caso, la vigencia y efectividad del derecho a la seguridad agroalimentaria en pro del interés general de asentar las bases del desarrollo rural integral y sustentable, asegurando la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones. Por lo que concluye esta Sala, que dichas medidas especiales agrarias fueron instituidas por el legislador como soluciones jurisdiccionales de carácter urgente y por ende 'autosatisfactivas', ya que están llamadas a resolver de manera suficiente los requerimientos de los postulantes o de la acción oficiosa del juez, motivo por el cual resultan verdaderamente medidas autónomas que en principio no penden de la interposición coetánea o ulterior de una pretensión principal, como si requieren las medidas cautelares clásicas para que no quede ilusoria la ejecución de la sentencia de mérito. No obstante lo anterior y dado su eminente carácter excepcional, resulta fundamental dejar sentado, que la medida autosatisfactiva agraria tendente a evitar la interrupción, ruina, desmejoramiento o destrucción de la producción agraria en su sentido amplio, así como del ambiente, no puede ser entendida como un medio sustitutivo de aquellas vías ordinarias previstas en la legislación especial (Ley de Tierras y Desarrollo Agrario), por lo que necesariamente se debe indicar el tiempo de su vigencia partiendo de aquellos aspectos técnicos en especial del ciclo biológico, y su necesaria conexión con la producción primaria de alimentos y la biodiversidad, previniendo, de resultar imperioso, el eventual proceso jurisdiccional donde de manera definitiva se dirima la controversia planteada. En el presente caso, estamos en presencia de una medida de protección agraria que no pende de un juicio principal, que pretendió salvaguardar la continuidad de la producción agraria de manera oficiosa a criterio de la juez, con lo cual encuentra esta Sala, que dicha medida en principio procedía inaudita parte como efectivamente resultó, correspondiéndoles a los hoy quejosos la posibilidad de ejercer la correspondiente oposición una vez practicada y notificada la misma, de conformidad con el procedimiento pautado en los artículos 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil (Vid. Sentencia del 9 de mayo de 2006, Caso Cervecería Polar Los Cortijos y otros). Así las cosas, concluye esta Sala que la parte accionante contaba con un medio idóneo para ejercer el respectivo contradictorio como lo es la oposición a la medida cautelar de protección agraria, por lo que en el presente caso la apelación propuesta debe resultar con lugar, ya que lo correcto era que el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas, con Competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental declarara inadmisible la acción de amparo propuesta de conformidad con lo previsto en el artículo 6 numeral 5° de la Ley Orgánica de Amparos sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y no sin lugar como en efecto lo hizo, razón por la cual esta Sala declara con lugar la apelación ejercida por la abogada Leticia Núñez de Ramírez, en su carácter de apoderada judicial de los ciudadanos María Fabiola Ramírez de Alcalá, María Gabriela Ramírez Alcalá y Américo José Ramírez Alcalá, como consecuencia de lo anterior se revoca la decisión dictada del 27 de enero del año 2011 por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil, Bienes de la Circunscripción Judicial del estado Monagas con competencia en lo Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, y se declara inadmisible la presente acción de amparo constitucional de acuerdo a lo establecido en el artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparos sobre Derechos y Garantías Constitucionales y así se establece”. De las jurisprudencias ut supra transcritas, se infiere la potestad que por mandato expreso de la Ley es otorgada al Juez o Jueza Agrario para garantizar además de la Seguridad agroalimentaria y el desarrollo rural agrícola, la preservación de los recursos naturales, el cual debe restablecer indefectiblemente la situación jurídica particular o colectiva lesionada, pudiendo este, dictar tanto de oficio como a solicitud de parte las medidas de protección que estime necesario para garantizar tal fin de interés social, criterios como el anterior, se ha venido desplegando en nuestro Máximo Tribunal, al señalar que la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario incrementa el poder cautelar general del juez y le establece al juzgador una serie de principios y objetivos que deben dirigir su conducta en el proceso, a los fines de proteger los intereses colectivos o cuando se advierta que está amenazada la continuidad del proceso, sin que el operador de justicia deba ceñirse a requisitos fundamentales para el ejercicio de la potestad cautelar, sino que es el análisis del juez el que le permite determinar, tomando en consideración la situación fáctica concreta para dictaminarlas, todo ello, orientado a proteger el interés general de la actividad agraria. De aquí que, cabe destacar, que las referidas sentencias de la Sala Constitucional, establecieron igualmente entre otras consideraciones de interés, seis (06) puntos fundamentales sobre el decreto de las medidas de protección agrarias, a saber: • Acordar una medida oficiosa innominada especial agraria, sin la existencia de juicio previo, no reviste en modo alguno violación del derecho a la defensa o al debido proceso, ello en virtud de considerar que tal y como lo preciso acertadamente nuestro máximo Tribunal en el referido fallo, resulta constitucionalmente legítima la actuación oficiosa de los órganos jurisdiccionales cuando el bien tutelado así lo amerite y exista disposición legal que lo faculte, como es el caso de la adopción de medidas que desde el punto de vista material, pudiesen calificarse de funciones administrativas, tomadas en ejercicio de la potestad jurisdiccional para salvaguardar la seguridad agroalimentaria, la protección al medio ambiente, la biodiversidad y la protección al legado cultural original. • Para dictar o acordar alguna medida de protección de manera anticipada al juicio, el juez no se encuentra sujeto a la pendencia de un procedimiento judicial previo, ello en virtud de considerar, que cuando el Juez agrario desarrolla oficiosamente la competencia atribuida en la norma impugnada, procede de forma automática, a la apertura inmediata del correspondiente contradictorio, donde le garantiza a aquel contra quien obre la medida y a los eventuales interesados, el derecho a la defensa y al debido proceso, a través de la notificación de la decisión, el acceso al expediente y la posibilidad de alegar y probar a favor de la eventual oposición, siguiendo a tal efecto, el procedimiento pautado en los artículos 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, el cual procederá una vez ejecutada la medida. • La competencia para dictar o acordar alguna medida cautelar sin la existencia de juicio, procede únicamente para salvaguardar dos objetivos específicos a saber, evitar la interrupción de la producción agraria y garantizar la preservación de los recursos naturales, y sólo podrá adoptarse cuando estos se encuentren amenazados de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción. • Sobre la base de la actuación eficaz del Poder Público, donde los órganos y entes del Estado gestionan efectivamente sus competencias, fomentando la consolidación del principio de paz social, el bien común y la convivencia, en un medio ambiente armónico; la adopción de alguna medida cautelar anticipada no implica la invasión de la esfera de competencias de otros órganos del Estado, ni la interferencia en sus funciones, sino por el contrario debe ser dictada en coordinación con los mismos, resultando vinculantes para todas las autoridades nacionales civiles y militares, quienes cooperarán y facilitarán su ejecución. • La concepción amplia del contencioso-administrativo como jurisdicción protectora no sólo del interés público que tutela la Administración sino también de los derechos e intereses de los particulares, hace que la medida anticipada además de ser de adopción oficiosa, también proceda a instancia de parte interesada. • La medida de protección o autosatisfactiva sin la existencia de juicio, está reservada exclusivamente a los jueces que conforman la jurisdicción especial agraria, a quienes corresponderá la ejecución personal y directa de la misma, claro está en aquellos Estados de su competencia, o en donde tengan asiento formal los organismos privados o de la administración pública que ejecuten las conductas calificadas como “dañosas” o que dicten los actos administrativos que conlleven peligro inminente de desmejoramiento, interferencia o destrucción de la producción agraria y/o la preservación de los recursos naturales, claro está, reservándose esta última, en lo referente al dictamen de “actos administrativos”, exclusivamente a la administración pública. Por todo lo anterior, es importante acotar que la medida de protección no puede ser entendida como un medio sustitutivo de aquellas vías ordinarias previstas en la norma especial, oficiosamente la competencia cautelar atribuida a través de la ley adjetiva especial, procediendo de inmediato a la apertura del correspondiente contradictorio, el cual le garantizará a aquel contra quien obre la medida y a los eventuales interesados, el derecho a la defensa y al debido proceso, a través de la notificación de la decisión, el acceso al expediente y la posibilidad de alegar y probar a favor de la eventual oposición, siendo potestativo del juez revocar o confirmar la medida de acuerdo a la oposición propuesta y la vigencia de las condiciones iníciales que motivaron la decisión preliminar, escuchando de ser el caso, y en un solo efecto la apelación propuesta a los fines de garantizar el principio de doble instancia, por lo que necesariamente se debe indicar el tiempo de su vigencia partiendo de aquellos aspectos técnicos en especial del ciclo biológico, y su necesaria conexión con la producción primaria de alimentos. Ahora bien, este Juzgado Primero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, a los efectos de garantizar el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la nación cuando tal bien jurídico se encuentre amenazado de paralización, desmejoramiento, ruina o destrucción y proteger los derechos colectivos, los bienes agrícolas, la utilidad pública de las materias agrarias, la protección del interés general de la actividad agraria y la promoción de un desarrollo sustentable, así como atender el interés nacional y fundamental al desarrollo económico y social de la Nación; consideró pertinente destacar lo establecido en el artículo 305 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en los siguientes términos: “Artículo 305. “El Estado promoverá la agricultura sustentable como base estratégica del desarrollo rural integral, y en consecuencia garantizará la seguridad alimentaria de la población; entendida como la disponibilidad suficiente y estable de alimentos en el ámbito nacional y el acceso oportuno y permanente a éstos por parte del público consumidor. La seguridad alimentaria se alcanzará desarrollando y privilegiando la producción agropecuaria interna, entendiéndose como tal la proveniente de las actividades agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola. La producción de alimentos es de interés nacional y fundamental al desarrollo económico y social de la Nación (…)” En relación a los requisitos de procedencia analizados por este Juzgado, en atención a la medida de protección a la actividad ambiental, de conservación y preservación de los recursos naturales; cabe destacar lo establecido en sentencia de fecha 13 de diciembre de 2010, por la Sala Especial Agraria, Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en fallo Nº 1649-2011 caso “Rolando Sosa contra (INTI)”, asentó lo siguiente: (…) (SIC) “…con el objeto de establecer las bases del desarrollo rural y sustentable, los cuales se desarrollan dentro de los sistemas de justicia, igualdad y paz social del campo, y con el objeto de mantener la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de las distintas generaciones, le da la potestad al juez agrario para que existiendo o no juicio dicte las medidas apropiadas, de oficio o a instancia de parte, pues el objeto de las mismas es asegurar que la producción agraria no sea interrumpida y preservar los recursos naturales renovables, de acuerdo al carácter social del desarrollo de dicha actividad, involucrándose de esta forma intereses y valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico, teniendo sus bases en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (…)”. “(...) En ese sentido, el Juez tutelado por la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, y en virtud que tal situación versa sobre materia de orden público agrario, lo cual está vinculado a la materia de seguridad y soberanía alimentaria (…)”. Y así se decide” (…). Determinado lo anterior, de igual modo se precisó que la Sala Especial Agraria, según fallo que antecede, estableció que el Juez tutelado por la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, cuando la materia es de orden público agrario, lo cual está vinculado a la materia de seguridad y soberanía alimentaria, tiene que decretar la medida, a fin de garantizar la tutela judicial efectiva, pues la misma sólo es de carácter asegurativa y de protección temporal. En ese orden, las posiciones doctrinales emitidas por la Sala Especial Agraria del Tribunal Supremo de Justicia, se destacó la sentencia Nº 0612-2011, que registra el imperativo para los jueces agrarios, de dictar medidas tendentes a garantizar que no se paralicen las actividades agroproductivas desarrolladas en nuestra nación, por cuanto es una obligación, entre otras cosas, como es cuidar el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria del País. Ahora bien, es necesario traer a colación el avance jurisprudencial de la Sala Constitucional en relación a la protección ambiental para lo cual se invoca, lo siguiente: En este orden, se hace mención de la más reciente sentencia dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el expediente Nº Nº 06-0845, de fecha 12 de junio de 2014, Ponente Magistrada Dra. Luisa Estella Morales Lamuño, donde deja sentado la necesidad de preservar el medio ambiente y evitar el desarrollo de actividades susceptibles de causar daños ambientales potencialmente e irreversibles al entorno natural, en los términos siguientes: …(Omissis)… (SIC)…“La pretensión de tutela constitucional juzgada por esta Sala Constitucional se apoya en el deber del Estado, a través de los órganos del Poder Público, de conservar y proteger el ambiente, la diversidad biológica, los parques nacionales, los monumentos naturales, reservas de biosfera y demás áreas de especial importancia ecológica, de tal manera que la extensión montañosa sobre la cual se decretó el mandamiento de amparo constitucional forma parte de una extensión mayor sobre la cual se asienta el parque nacional WarairaRepano, denominación actual del Parque Nacional El Ávila, conforme con el Decreto Presidencial N°. 7.388 del 22 de abril de 2010, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 39.419 del 7 de mayo del mismo año. De tal forma que las órdenes emitidas responden a la preservación de un bien común a todos los pobladores de la ciudad de Caracas: la conservación del más importante pulmón vegetal de la ciudad, en tanto, por una parte, produce la mayor parte de oxígeno de la zona y, por la otra, forma parte de la variedad de ecosistemas que coexisten en el territorio nacional, cuya protección, entonces, rebasa el interés propio del accionante y de aquellos ciudadanos que conforman las comunidades agrícolas “Los Aguasales”, “Pablo Medina” y “El Chimborazo” que habitan las áreas que constituyen la Hacienda Las Planadas, enclavada en el Parque Nacional WarairaRepano. En este estado la Sala reitera, enfáticamente, la necesidad de preservar el medio ambiente y evitar el desarrollo de actividades susceptibles de causar daños ambientales potencialmente irreversibles al entorno natural del Parque Nacional WarairaRepano derivados de la intervención humana a través del impacto negativo del suelo con el cultivo de especies florales exóticas, uso no controlado de fertilizantes agroquímicos para mantener la producción de tales especies -que se reduce en definitiva a la existencia de actividades agrícolas restringidas o prohibidas dentro del Parque Nacional- con fines comerciales y de autosustento y del desvío irregular o represamiento del cauce de las aguas (ríos y quebradas), especialmente del río Sirimita, en detrimento del bosque primario autóctono del Parque Nacional (…). Por último, la Sala advierte que la inobservancia o incumplimiento de las órdenes aquí impartidas acarrearán a los funcionarios públicos encargados de su ejecución la responsabilidad administrativa, civil y penal a que haya lugar, sin perjuicio de la aplicación de la sanción prevista en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en caso de incumplimiento del presente mandamiento de amparo constitucional y de las responsabilidades a que haya lugar por la comisión de ilícitos penales ambientales. (Vid. sSC. Nº Nº 06-0845, de fecha 12 de junio de 2014). De lo antes expuesto, se desprende que en nuestra legislación, así como en la doctrina y jurisprudencia, establecen una relación entre los principios económicos y el desarrollo sustentable en la cual la producción agraria se encuentra plenamente sometida a la protección del ambiente como premisa fundamental para la consecución de dicho desarrollo y para así garantizar un ambiente sano y equilibrado para la presente y futuras generaciones, en pro de la garantía a los derechos colectivos y difusos constitucionales. De igual forma, en el Plan de la Patria en relación al Derecho Ambiental, en su quinto (5º) objetivo, cabe destacar que el mismo nos llama a contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana, de manera respectiva donde en sus diversos objetivos, establece lo siguiente: “Objetivo Nacional: 5.1 Construir e impulsar el modelo económico productivo ecosocialista, basado en una relación armónica entre el hombre y la naturaleza, que garantice el uso y aprovechamiento racional, óptimo y sostenible de los recursos naturales, respetando los procesos y ciclos de la naturaleza”. (…). Objetivo Nacional: 5.2. Proteger y defender la soberanía permanente del estado sobre los recursos naturales para el beneficio supremo de nuestro pueblo, que será su principal garante. Objetivos Estratégicos y Objetivos Generales: 5.2.1. Promover acciones en el ámbito nacional e internacional para la protección y conservación de áreas estratégicas, entre otras: fuentes y reservorios de agua (superficial y subterránea), gestión integrada de cuenca hidrográfica, biodiversidad, gestión sostenible de mares y océanos y bosques. 5.2.1.1. Mantener liderazgo en las negociaciones internacionales multilaterales y regionales, relacionadas con los respectivos marcos jurídicos sectoriales ambientales. 5.2.1.2. Continuar impulsando el reconocimiento del acceso al agua como un derecho humano en todos los foros y ámbitos. 5.2.2. Desmontar y luchar contra los esquemas internacionales que promueven la mercantilización de la naturaleza, de los servicios ambientales y de los ecosistemas. 5.2.2.1. Activar alianzas estratégicas para la lucha contra la mercantilización de la naturaleza en todos los foros internacionales. 5.2.2.2. Impulsar el desarrollo de una visión desde la ALBA-TCP y la CELAC que permita fortalecer la defensa de los intereses regionales, con una visión propia desde el sur, en estos temas sensibles y estratégicos que constituyen formas nuevas de dominación y dependencia. (…)”. Se desprende del contenido legal antes citado, la búsqueda de un modelo ecosocialista que mantenga una relación conforme entre el hombre y la naturaleza, vínculo éste que ha de ser perdurable pero con el uso y aprovechamiento de manera racional por parte del hombre, quien es el que actúa de manera activa en la consecución de dicha actividad de relación, lo cual viene motivado a los alcances que naturalmente a través de la Constitución Nacional, jurisprudencia y doctrina, respectivamente han desarrollado para fomentar a través de las instituciones y sociedad, el pleno ejercicio de los derechos ambientales de manera equilibrada, siempre y cuando también se respeten los principios de conservación y de ecología, en ese orden para finalmente tener un ambiente sano en su amplia concepción. Y así se decide. Ahora bien, cabe destacar que en cuanto al principio precautorio, se considera necesario precitar que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Ambiente y el Desarrollo, consagró en su Declaración de Río una serie de principios esenciales al desarrollo sustentable o sostenible, entre los cuales, se destaca el denominado principio o enfoque precautorio, el cual se puede definir como la situación en la cual se puede encontrar un Estado sobre una eventual obra o actividad con posibles impactos negativos en el ambiente, permitiendo que la decisión política no da lugar a su realización; basándose exclusivamente en indicios del posible daño sin necesidad de requerir la certeza científica absoluta. Asimismo, el principio o enfoque precautorio se encuentra previamente establecido en la Ley Orgánica del Ambiente, el cual consiste en la obligación de suspender o cancelar actividades que amenacen el medio ambiente, pese a que no existan pruebas científicas suficientes que vinculen tales actividades con el deterioro de aquél, y con el objetivo de proteger el medio ambiente quedó establecido en la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, en el principio Nº 15 entre otras consideraciones, lo siguiente: con el fin de proteger el medio ambiente, los Estados deben aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. En ese orden, cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del ambiente. En ese orden, la Declaración de Johannesburgo ratifica el criterio. El principio trastoca el Derecho en general y no sólo el Derecho ambiental y si bien el de prevención reinó desde Estocolmo hasta finales del siglo pasado, el principio precautorio se impone en el XXI. Va mucho más allá, pues el primero se basa en la previsibilidad de los acontecimientos, vale decir, en la certeza del hecho y de sus efectos, y por el contrario, el precautorio, encuentra su fundamento en una falta de certeza, en una incertidumbre, dicho de otro modo, en la imprevisibilidad. Así pues, de los Tratados y Convenios Internacionales en materia ambiental, y de acuerdo al principio o enfoque precautorio antes reseñados, se desprende, que cuando haya peligro de daño grave o irreversible la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces, en función de los costos, para impedir la degradación del ambiente; ya que, éste principio sirve como herramienta armonizadora del concepto de Desarrollo Sustentable. Por lo que no se opone al progreso, sino al daño ambiental posible de ser evitado. Lo anterior, es netamente inevitable de ser susceptible de protección, puesto que el “…medio ambiente en la actualidad no es sólo un recurso más que deba tenerse en cuenta al abordar estrategias integradas de desarrollo, sino que constituye un elemento clave en la competitividad de los territorios rurales. Conservar el medio ambiente es conservar la especificidad del territorio y encontrarle nuevas vocaciones. Esta tendencia que hoy día se va afirmando, se verá reforzada en el marco de la globalización, pues paralelamente a la reestructuración de los mercados y empresas observamos un creciente interés por aquellos recursos que confieren una identidad territorial y una imagen diferenciadora, y el medio ambiente es el primero de ellos” (Vid. Dominga Márquez y otros; Nuevos Horizontes del Desarrollo Rural; Universidad Internacional de Andalucía; España, 2002, p. 85). De tal manera que, la protección al ambiente ha pasado a ser materia de vital importancia, de allí que en el mundo se han desarrollado instrumentos internacionales que tienen por objeto procurar el interés general, representado por el derecho de toda la población y de la humanidad al goce de un ambiente seguro, sano y equilibrado, surgiendo así una serie de Acuerdos de tal categoría, encaminados a poner en marcha un plan de preservación mundial, que mantenga y eleve la calidad de vida mediante un alto grado de protección de nuestros recursos naturales, la determinación y aplicación de gestiones eficaces para contrarrestar los riesgos contra la seguridad ambiental y garantizar que las políticas en el ámbito ambiental se basen en un planeamiento multisectorial y multinacional. (Ver sentencia Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Nº 1515 (08-08-06) con ponencia de la Magistrada Dra. Luisa Estella Morales, caso C.V.G Productos Forestales de Oriente, C.A.). Sobre la base de lo reseñado, es que este Juzgador a los fines de cuidar el cumplimiento de los preceptos jurídicos normativos contemplados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el Plan de la Patria y demás leyes o normativas jurídicas del ámbito Agrario y Ambiental que tengan relación con la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria de la Nación, observa que las normas contenidas en los artículos 152 y 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, es imperativa, y en virtud de que prima facie, como se dejó establecido en párrafos anteriores, a través del principio de inmediación mediante la realización de una inspección judicial en fecha 03 de febrero de 2021, efectuada en el lote de terreno objeto de la presente solicitud, pudo establecerse la verosimilitud de unas actividades agrícolas de tipo pecuaria y vegetal, sujeta a especial protección por la Ley, desarrollada por la peticionante de la medida de protección, manifestando la peticionante de autos, que la Ciudadana Organ Guevara en compañía de otro grupo de personas, han venido ejerciendo diversas acciones para afectar las labores diarias, al igual que se dejó constancia de ilícitos ambientales observados, razones por lo cual emerge prima facie el riesgo de paralización, ruina y desmejoramiento de las actividades agrícolas que se desarrollan y que han sido perturbadas por un grupo de personas ajenas al lote de terreno de aproximadamente veintinueve hectáreas con cinco mil novecientos metros cuadrados (29 has con 5900 mts.2) hectáreas que ha venido ocupando y poseyendo la CiudadanaTeresa del Carmen Chacón Roa, es por ello que, como consecuencia de lo anterior, obliga a este Juzgado Agrario a decretar de Oficio una Medida de Protección Ambiental la cual tendrá una vigencia de Setecientos Treinta (730) días continuos, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente fallo, teniendo el mismo lapso de vigencia que la Medida de Protección Provisional para la continuidad agroalimentaria en la Producción Agroproductiva que se desarrolla, sobre el lote de terreno aproximado de veintinueve hectáreas con cinco mil novecientos metros cuadrados (29 has con 5900 mts.2) que ha venido ocupando y poseyendo la Ciudadana Teresa del Carmen Chacón Roa, dado que al haberse constado la presencia de ilícitos ambientales, y si bien es cierto, que se debe proteger el desarrollo de la actividad de producción, no es menos cierto que, estas deben estar orientadas al aprovechamiento racional de los recursos naturales presentes, por ende se podrá darle continuidad a la producción agrícola animal y vegetal desarrollada por la solicitante de autos,debiéndose oficiarle a la Oficina Regional de Tierras del estado Cojedes del Instituto Nacional de Tierras (I.N.Ti.), así como a la Comandancia de la Zona de Defensa Integral N° 34 del estado Cojedes, a la Comandancia General de la Policía Bolivariana del estado Cojedes e igualmente al Consejo Comunal de la zona geográfica a la que corresponde el lote de terreno denominado AGRONAIM, ubicado en el Sector Puerta Negra II, El Charcote, Vía El Tirado, Estado Cojedes, constante de una superficie de veintinueve hectáreas con cinco mil novecientos metros cuadrados (29 has con 5900 mts.2), alinderado de la siguiente manera: Norte: Terreno ocupado por la Parcela ECH-102; Sur: Terreno ocupado por la Parcela ECH-100; Este: Terreno denominado Sector Puerta Negra y Caño; Oeste: Vía de Penetración, según el Titulo de Adjudicación y Carta de Registro Agrario número 910652820RAT0007651, otorgado por el Instituto Nacional de Tierras en Sesión N° 1245-20 de fecha 11 de marzo de 2020, en beneficio de la Ciudadana Teresa del Carmen Chacón Roa, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-13.141.744, Instándolos a que se sirvan prestar toda la colaboración necesaria para garantizar el cumplimiento de las mencionadas Medidas, para lo cual deberán impartir las instrucciones que fueren necesarias para el cumplimiento de la decisión dictaminada por esta Instancia Judicial, en virtud, de que de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, dichas medidas serán vinculantes para todas las autoridades públicas, en acatamiento del principio constitucional de seguridad y soberanía nacional. Así se decide. De igual forma, se ordena oficiar a la Dirección Estadal del estado Cojedes del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo, a objeto de notificarle el decreto de las presentes medidas cautelares dictadas e instruirle para que tomen los correctivos y medidas necesarias de manera inmediata con la urgencia que el caso amerita para subsanar y erradicar los ilícitos ambientales que afectan el lote de terreno denominado AGRONAIM, ubicado en el Sector Puerta Negra II, El Charcote, Vía El Tirado, Estado Cojedes, constante de una superficie de veintinueve hectáreas con cinco mil novecientos metros cuadrados (29 has con 5900 mts.2), alinderado de la siguiente manera: Norte: Terreno ocupado por la Parcela ECH-102; Sur: Terreno ocupado por la Parcela ECH-100; Este: Terreno denominado Sector Puerta Negra y Caño; Oeste: Vía de Penetración, según el Titulo de Adjudicación y Carta de Registro Agrario número 910652820RAT0007651, otorgado por el Instituto Nacional de Tierras en Sesión N° 1245-20 de fecha 11 de marzo de 2020, en beneficio de la Ciudadana Teresa del Carmen Chacón Roa, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-13.141.744, y así lo hará este Juzgador en la dispositiva de la presente decisión. Así se decide. -VI- Decisión Por la razones expuestas en la presente medida y en torno al articulado legal y constitucional supra reseñado en la misma, este Juzgado Primero de Primera Instancia Agraria de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, a fin de prestar una tutela preventiva e idónea, y tomando en cuenta que la presente decisión tiene carácter eminentemente de protección, asegurativa y provisional, tal como se dispone en la norma contenida en el artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, y la jurisprudencia vinculante emanada de la Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia, decide: Primero: Se Decreta Medida Provisional de Protección Autónoma a la Continuidad de la Producción Agrícola Pecuaria y Vegetal, desarrollada por la Ciudadana Teresa del Carmen Chacón Roa, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-13.141.744, hijos y su grupo de trabajadores, sobre un lote de terreno denominado AGRONAIM, ubicado en el Sector Puerta Negra II, El Charcote, Vía El Tirado, Estado Cojedes, constante de una superficie de veintinueve hectáreas con cinco mil novecientos metros cuadrados (29 has con 5900 mts.2), alinderado de la siguiente manera: Norte: Terreno ocupado por la Parcela ECH-102; Sur: Terreno ocupado por la Parcela ECH-100; Este: Terreno denominado Sector Puerta Negra y Caño; Oeste: Vía de Penetración, según el Titulo de Adjudicación y Carta de Registro Agrario número 910652820RAT0007651, otorgado por el Instituto Nacional de Tierras en Sesión N° 1245-20 de fecha 11 de marzo de 2020, en beneficio de la antes mencionada Ciudadana Teresa del Carmen Chacón Roa, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-13.141.744. En consecuencia a la solicitud del peticionante de la medida, se le permitirá la continuidad de todas la labores inherentes para el desarrollo de las labores pecuarias y vegetales, que viene desarrollando, de conformidad con lo establecido en los artículos 305, 306 y 307 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 152 y 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Así se decide. Segundo: De conformidad con lo establecido en los artículos 127 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 152 (4, 5, 7 y 8) y 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario; Acuerda: De Oficio Medida Cautelar Provisional de Protección Ambiental, sobre todos los recursos naturales, hídricos, forestales y la biodiversidad existentes sobre el lote de terrenodenominado AGRONAIM, ubicado en el Sector Puerta Negra II, El Charcote, Vía El Tirado, Estado Cojedes, constante de una superficie de veintinueve hectáreas con cinco mil novecientos metros cuadrados (29 has con 5900 mts.2), alinderado de la siguiente manera: Norte: Terreno ocupado por la Parcela ECH-102; Sur: Terreno ocupado por la Parcela ECH-100; Este: Terreno denominado Sector Puerta Negra y Caño; Oeste: Vía de Penetración, según el Titulo de Adjudicación y Carta de Registro Agrario número 910652820RAT0007651, otorgado por el Instituto Nacional de Tierras en Sesión N° 1245-20 de fecha 11 de marzo de 2020, y en consecuencia: se Prohíbe a cualquier persona pública o privada, natural o jurídica la realización de actividades susceptibles de degradar el ambiente y demás recursos naturales ya establecidos sin el debido cumplimiento a la normativa ambiental vigente y sin que la misma cuente con la debida autorización de los Órganos Administrativos Competentes que otorguen las respectivas permisología, previo el cumplimiento de todas y cada una de las formalidades de ley, lo cual deberá ser comunicado a este Juzgado Primero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes a objeto de considerar la vigencia de la medida acordada. Así se decide. Tercero: la vigencia de las medidas aquí acordadas será de Setecientos Treinta (730) días continuos, contados a partir del día siguiente a la publicación del presente fallo. En consecuencia ala peticionante de la presente solicitud, se le permitirá la continuidad de todas la labores inherentes para el desarrollo de las labores pecuarias y vegetales, de conformidad con lo establecido en los artículos 305, 306 y 307 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los artículos 152 y 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, quedando a criterio de este Juzgado Agrario, la adecuación, ratificación, suspensión o revocatoria de las presentes medidas, en el supuesto de que se verifiquen que se hayan modificado las circunstancias que justificaron su procedencia. Así se decide. Cuarto: Se prohíbe a la CiudadanaOrgan Guevara, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-5.365.421, y a cualquier otro tipo de formas de asociación u organización de colectivos o grupos de personas, bien sea naturales ó jurídicas, publicas ó privadas, consejos campesinos, o cualquier forma de organización social, este o no legalmente constituido u organizado; a no perturbar, amenazar, paralizar o poner en riesgos todas las actividades agropecuarias desplegada por la Ciudadana Teresa del Carmen Chacón Roa, sobre un lote de terreno denominado AGRONAIM, ubicado en el Sector Puerta Negra II, El Charcote, Vía El Tirado, Estado Cojedes, constante de una superficie de veintinueve hectáreas con cinco mil novecientos metros cuadrados (29 has con 5900 mts.2), alinderado de la siguiente manera: Norte: Terreno ocupado por la Parcela ECH-102; Sur: Terreno ocupado por la Parcela ECH-100; Este: Terreno denominado Sector Puerta Negra y Caño; Oeste: Vía de Penetración, según el Titulo de Adjudicación y Carta de Registro Agrario número 910652820RAT0007651, otorgado por el Instituto Nacional de Tierras en Sesión N° 1245-20 de fecha 11 de marzo de 2020. Así se decide. Quinto: La medida acordada será extensiva a proteger todos los bienes muebles é inmuebles y en general a toda la maquinaria que por su uso ó destinación son empleados para el desarrollo de las actividades agrícola vegetal y pecuaria, desarrolladas por la Ciudadana Teresa del Carmen Chacón Roa, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-13.141.744, hijos y su grupo de trabajadores,, sobre un lote de terreno denominado AGRONAIM, ubicado en el Sector Puerta Negra II, El Charcote, Vía El Tirado, Estado Cojedes, constante de una superficie de veintinueve hectáreas con cinco mil novecientos metros cuadrados (29 has con 5900 mts.2), alinderado de la siguiente manera: Norte: Terreno ocupado por la Parcela ECH-102; Sur: Terreno ocupado por la Parcela ECH-100; Este: Terreno denominado Sector Puerta Negra y Caño; Oeste: Vía de Penetración, según el Titulo de Adjudicación y Carta de Registro Agrario número 910652820RAT0007651, otorgado por el Instituto Nacional de Tierras en Sesión N° 1245-20 de fecha 11 de marzo de 2020, por lo que se le permitirá el ingreso y salida de todas las maquinarias y equipos, así como el ingreso y salida del personal técnico, especializado, obrero y de vigilancia, nacional ó extranjero, que se encuentran sobre la extensión del lote de terreno antes identificado. A objeto de que se garantice un rendimiento idóneo delos rubros agroalimentario que desarrolla (principalmente bovinos, ovinos), haciendo uso de todas las prácticas de conservación de la vocación de uso de los suelos que conforman el denominado predio, sin que tales actividades pongan en peligro dicha vocación de uso, las cuales podrán ser ponderadas por este Tribunal en cualquier momento sí lo considerare procedente. Así se decide. Sexto: La presente medida cautelar, es dictada sin perjuicio de la sustanciación, decisión y medidas que dicte o realice el Instituto Nacional de Tierras en el marco de la aplicación de los procedimientos Administrativos Agrarios, encontrados en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Así se establece. Séptimo:La medida aquí acordada, deberá ser acatada por todos los organismos de seguridad e instituciones públicas, a fin de darle fiel cumplimiento a la misma, en acatamiento al principio de seguridad y soberanía agroalimentaria Nacional, a tal efecto, se ordena notificar a la Oficina Regional de Tierras del estado Cojedes del Instituto Nacional de Tierras (I.N.Ti.), así como a la Comandancia de la Zona de Defensa Integral N° 34 del estado Cojedes, a la Comandancia General de la Policía Bolivariana del estado Cojedes e igualmente al Consejo Comunal de la zona geográfica a la que corresponde el lote de terreno denominado AGRONAIM, ubicado en el Sector Puerta Negra II, El Charcote, Vía El Tirado, Estado Cojedes, constante de una superficie de veintinueve hectáreas con cinco mil novecientos metros cuadrados (29 has con 5900 mts.2), alinderado de la siguiente manera: Norte: Terreno ocupado por la Parcela ECH-102; Sur: Terreno ocupado por la Parcela ECH-100; Este: Terreno denominado Sector Puerta Negra y Caño; Oeste: Vía de Penetración, según el Titulo de Adjudicación y Carta de Registro Agrario número 910652820RAT0007651, otorgado por el Instituto Nacional de Tierras en Sesión N° 1245-20 de fecha 11 de marzo de 2020, en beneficio de la Ciudadana Teresa del Carmen Chacón Roa, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-13.141.744, mediante oficio de notificación adjuntándole copia certificada de la presente decisión. Así se establece. Octavo: Se ordena notificar mediante Boleta de Notificación a la Ciudadana Organ Guevara, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-5.365.421 y mediante un Cartel de Notificación dirigido a cualquier tipo de formas de asociación u organización de colectivos o grupos de personas, bien sea naturales ó jurídicas, publicas ó privadas, consejos campesinos, o cualquier forma de organización social, este o no legalmente constituido u organizado y/o a cualquier persona que con un simple interés desee hacer formal oposición a la presente medida, o en su defecto adherirse a la Medida Provisional Cautelar de Protección Autónoma a la Producción Agrícola Pecuaria y de Protección Ambiental dictada dentro de un lote de terreno denominado AGRONAIM, ubicado en el Sector Puerta Negra II, El Charcote, Vía El Tirado, Estado Cojedes, constante de una superficie de veintinueve hectáreas con cinco mil novecientos metros cuadrados (29 has con 5900 mts.2), alinderado de la siguiente manera: Norte: Terreno ocupado por la Parcela ECH-102; Sur: Terreno ocupado por la Parcela ECH-100; Este: Terreno denominado Sector Puerta Negra y Caño; Oeste: Vía de Penetración, según el Titulo de Adjudicación y Carta de Registro Agrario número 910652820RAT0007651, otorgado por el Instituto Nacional de Tierras en Sesión N° 1245-20 de fecha 11 de marzo de 2020, en beneficio de la Ciudadana Teresa del Carmen Chacón Roa, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-13.141.744, el cual deberá ser publicado en el Diario “Ciudad de Cojedes”. Asimismo, un ejemplar de dicho Cartel de Notificación deberá ser fijado por la Secretaria Suplente de este Juzgado Agrario, en la cartelera de este Tribunal de Primera Instancia Agrario, esto a los fines de que hagan uso de su derecho a la defensa, de conformidad con los artículos 602 y siguiente del Código de Procedimiento Civil. Así se decide. Noveno:El correspondiente contradictorio, conforme a las previsiones establecidas al artículo 602 del Código de Procedimiento Civil y la jurisprudencia vinculante emanada de la Sala Constitucional de Tribunal Supremo de Justicia de fecha 09 de mayo de 2.006, con ponencia del Magistrado Dr. Francisco Carrasquero López, comenzara a correr una vez consignado en el expediente la Boleta de Notificación, el cartel de notificación indicado en el particular anterior y que la Secretaria de este Despacho haya dejado constancia de haber cumplido lo aquí ordenado. Así se establece. Publíquese, regístrese y déjese copia certificada por secretaría de la decisión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, en San Carlos a los diecinueve (19) días del mes de Marzo del año dos mil Veintiuno (2021). Años 209º de la Independencia y 161º de la Federación. El Juez Provisorio, Abg. CARLOS ANTONIO ORTIZ PEREIRA La Secretaria Suplente, Abg. MIRTHA CHIRIVELLA En la misma fecha se dictó y publicó la anterior decisión siendo las 08:55 de la mañana, quedando anotada bajo el Nº 012-2021. La Secretaria Suplente, Abg. MIRTHA CHIRIVELLA CAOP/mirtha Expediente Nº 0627