TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

EN SU NOMBRE: EL
JUZGADO SUPERIOR AGRARIO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES Y CON COMPETENCIA TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO ARISMENDI DEL ESTADO BARINAS, CON SEDE EN SAN CARLOS

-I-
De las partes
Recurrentes: MARÍA TERESA PISCITELLI SPINIELO, VICENT PISCITELLI SPINIELO, JUAN DOMINGO PISCITELLI SPINIELO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-6.867.366, V-10.527.575 y V-11.943.891 respectivamente, domiciliados en la ciudad de Caracas, Distrito Capital.
Apoderado Judicial: JUAN ALBERTO VIVAS MORALES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-16.994.805, debidamente inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 219.958, con domicilio procesal en la Avenida José Laurencio Silva, sector banco obrero, edificio Olga, piso N° 01, apartamento N°05, en la Ciudad de San Carlos, Municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes, según Poder Especial sobre “Hato El Pesquero, C.A.”, inicialmente inscrito en fecha 10 de febrero de 1987, bajo el Nº 4.971, folios vto., 166 al 173, Tomo 34, en el Registro de Comercio que funcionaba anteriormente en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Trabajo, Tránsito y Menores de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes y de “HACIENDA PARAÍSO”, debidamente otorgado por ante la Notaría Pública Décima Octava de Caracas del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha siete (07) de agosto del año 2019, anotado bajo el Nro. 25, Tomo 113, Folios 161 al 164 de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaría, el cual acompaño en cuatro (04) folios útiles, (Anexo marcado con la letra “A-1”), que consigno en Documento Original, previa certificación del mismo y quienes son propietarios de la entidad mercantil “HATO EL PESQUERO, C.A.”.
Recurrido: INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (I.N.Ti.), adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Motivo: RECURSO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD.
Decisión: SENTENCIA INTERLOCUTORIA
Expediente: Nº 1064-21.
-II-
Antecedentes
En fecha 27 de enero de 2021, el abogado, JUAN ALBERTO VIVAS MORALES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-16.994.805, debidamente inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 219.958, apoderado judicial de los ciudadanos, MARÍA TERESA PISCITELLI SPINIELO, VICENT PISCITELLI SPINIELO, JUAN DOMINGO PISCITELLI SPINIELO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-6.867.366, V-10.527.575 y V-11.943.891 respectivamente, domiciliados en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, presentó formal Recurso de Nulidad.
En fecha 28 de enero de 2021, el Tribunal le dio entrada al Recurso de Nulidad.
-III-
Motivación
Siendo la oportunidad legal, de conformidad con lo establecido en el artículo 161 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, para que esta Juzgadora actuando como Jueza de Primera Instancia Regional de lo Contencioso Administrativo Especial Agrario, se pronuncie sobre la admisibilidad del presente Recurso de Nulidad de Acto Administrativo incoado por el abogado JUAN ALBERTO VIVAS MORALES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-16.994.805, debidamente inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 219.958, apoderado judicial de los ciudadanos MARIA TERESA PISCITELLI SPINIELO, VICENT PISCITELLI SPINIELO, JUAN DOMINGO PISCITELLI SPINIELO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-6.867.366, V-10.527.575 y V-11.943.891 respectivamente, domiciliados en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, contra los actos administrativos dictados por el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (I.N.Ti), en fecha 12 de mayo de 2020, en base a la sesión N° ORD 1257-20, signado con el numero 9/531/ADT/2019/1090008462 procedió a otorgar ADJUDICACION DE TIERRAS a favor del ciudadano OEL SUMOZA HENRIQUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-8.673.767, sobre una SUPERFICIE de NUEVE HECTAREAS CON NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN METRO CUADRADOS (09 Ha /9151 Mts2), y Sesión ORD 1290-20.
De fecha 01 de diciembre de 2020, signado con el numero 9/531/ADT/2019/1090008470, en la cual la referida institución le otorga ADJUDICACION DE TIERRAS, a favor del ciudadano JIXON FERMIN HENRIQUEZ GARCIA, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD N° V- 15.485.800, sobre una superficie de DIEZ HECTAREAS CON SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO METROS CUADRADOS (10 ha /648Mts2), pasa a realizarlo en los siguientes términos:
-IV-
De la competencia para conocer del presente Recurso
Corresponde a este Tribunal pronunciarse acerca de su competencia para conocer el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad y a tal efecto observa lo siguiente:
Los Actos Administrativos recurridos han sido dictado por el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (I.N.Ti.), que como Instituto Autónomo se encuentra adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, con personalidad jurídica y patrimonio propio, distinto e independiente de la República, el cual gozará de las prerrogativas y privilegios que le otorga la Ley a ésta, cuyos actos están sometidos al control del Órgano Jurisdiccional del sistema Contencioso Administrativo Especial Agrario.
El recurso en cuestión, ha sido interpuesto y se dirige a obtener la declaratoria de nulidad de los actos administrativos emanados por el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (I.N.Ti.), en fecha 12 de mayo de 2020, en base a la sesión N° ORD 1257-20, signado con el numero 9/531/ADT/2019/1090008462 procedió a otorgar ADJUDICACION DE TIERRAS a favor del ciudadano OEL SUMOZA HENRIQUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-8.673.767, sobre una SUPERFICIE de NUEVE HECTAREAS CON NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN METRO CUADRADOS (09 Ha /9151 Mts2), y Sesión ORD 1290-20.
De fecha 01 de diciembre de 2020, , signado con el numero 9/531/ADT/2019/1090008470, en la cual la referida institución le otorga ADJUDICACION DE TIERRAS, a favor del ciudadano JIXON FERMIN HENRIQUEZ GARCIA, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD N° V- 15.485.800, sobre una superficie de DIEZ HECTAREAS CON SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO METROS CUADRADOS (10 ha /648Mts2)
En este sentido, dispone ad litteram el artículo 151 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, lo siguiente:
Artículo 151. La jurisdicción agraria estará integrada por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia y los demás tribunales señalados en esta ley…”.
De igual forma los artículos 156 y 157 de la indicada Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, establecen:
Artículo 156. Son competentes para conocer de los recursos que se intenten por razones de ilegalidad contra cualquiera de los actos administrativos agrarios:
1. Los Tribunales Superiores Regionales Agrarios competente por la ubicación del inmueble, como Tribunales de Primera Instancia…”.
Artículo 157. Las competencias atribuidas de conformidad con el artículo anterior comprenden el conocimiento de todas las acciones que por cualquier causa, sean intentadas con ocasión a la actividad u omisión de los órganos administrativos en materia agraria, incluyendo el régimen de los contratos administrativos, el régimen de las expropiaciones, las demandas patrimoniales y demás acciones con arreglo al derecho común que sean interpuestas contra cualesquiera de los órganos o los entes agrarios.
Por su parte en la disposición final segunda de la referida Ley de Tierras y Desarrollo Agrario textualmente nos indica lo siguiente:
…Omissis...
“Los Tribunales Superiores Regionales Agrarios, además de conocer en alzada de los juicios ordinarios entre particulares en materia agraria, conocerán igualmente del contencioso administrativo y demandas contra los entes agrarios, de conformidad con lo establecido en el Capítulo II del título V de la presente Ley.”
Del contenido normativo de las indicadas disposiciones legales se verifica una competencia especifica, que comprende el conocimiento de los Recursos o acciones que se intenten contra cualquiera de los actos administrativos agrarios dictados por los órganos administrativos en materia agraria, incluyendo el régimen de los contratos administrativos, el régimen de las expropiaciones, demandas patrimoniales y demás acciones con arreglo al derecho común, y siendo ello así, este Órgano Superior Jurisdiccional actuando en sede administrativa como Juzgado de Primera Instancia, tomando en consideración lo establecido en los artículos 151, 156, 157 y la disposición final segunda de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario se declara COMPETENTE para conocer del Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad incoado. ASÍ SE DECIDE.
-V-
Sobre la admisibilidad del Recurso Nulidad
Determinada como ha sido la competencia, pasa este Tribunal a pronunciarse acerca de la admisibilidad del presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, interpuesto contra el acto administrativo emanado del Instituto Nacional de Tierras (I.N.Ti.), en fecha 12 de mayo de 2020, en base a la sesión N° ORD 1257-20, signado con el numero 9/531/ADT/2019/1090008462 procedió a otorgar ADJUDICACION DE TIERRAS a favor del ciudadano OEL SUMOZA HENRIQUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-8.673.767, sobre una SUPERFICIE de NUEVE HECTAREAS CON NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN METRO CUADRADOS (09 Ha /9151 Mts2), y Sesión ORD 1290-20,
De fecha 01 de diciembre de 2020, , signado con el numero 9/531/ADT/2019/1090008470, en la cual la referida institución le otorga ADJUDICACION DE TIERRAS, a favor del ciudadano JIXON FERMIN HENRIQUEZ GARCIA, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD N° V- 15.485.800, sobre una superficie de DIEZ HECTAREAS CON SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO METROS CUADRADOS (10 ha /648Mts2)
La disposición contenida en el artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, contempla los requisitos que deben cumplir los Recursos a que se refiere el Título V de dicho instrumento legal, los cuales deben ser objeto de revisión y estudio al decidirse sobre la admisibilidad de los mismos.
Del mismo modo, el artículo 162 ejusdem, establece todo un elenco de causales de inadmisibilidad, tanto de las acciones patrimoniales como de los Recursos Contenciosos-Administrativos que se interpongan ante la Jurisdicción Especial Agraria, los cuales deben ser necesariamente revisados al decidir sobre la admisibilidad del recurso.
En efecto, la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia dictada en fecha 19 de octubre de 2004, estableció que la admisión del recurso contencioso constituye una decisión declarativa, que exige la revisión del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, la caducidad y la competencia.
La decisión sobre la admisibilidad de este Recurso obliga, como antes se dijo, a la necesaria revisión de las causales de inadmisibilidad, estudio que debe realizarse en forma rigurosa, dada la especial naturaleza de la materia agraria y los fines que se persiguen con la legislación sobre la misma, función revisora que además responde a las prerrogativas de derecho público de que se encuentra investida la Administración Pública, y que tienen plena aplicabilidad y vigencia en la Jurisdicción Agraria. Ello obliga entonces al Juzgador a ser particularmente celoso en el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la acción recursiva, teniendo el Juez la especial facultad de verificar si han quedado satisfechos tales requisitos y si no existe alguna causal que haga inadmisible el Recurso.
Ahora bien, del articulado mencionado se desprenden, los supuestos esenciales de admisibilidad del Recurso de Nulidad interpuesto, y en ese sentido, pasa esta Juzgadora a examinar el cumplimiento de los mismos, partiendo del artículo 160 de la ley de Tierras y Desarrollo Agrario, y al efecto determina:
1º Que al señalar el recurrente que el presente Recurso de Nulidad se intenta, contra los Actos Administrativos emanados del Instituto Nacional de Tierras (I.N.Ti.), en fecha 12 de mayo de 2020, en base a la sesión N° ORD 1257-20, signado con el numero 9/531/ADT/2019/1090008462 procedió a otorgar ADJUDICACION DE TIERRAS a favor del ciudadano OEL SUMOZA HENRIQUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-8.673.767, sobre una SUPERFICIE de NUEVE HECTAREAS CON NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN METRO CUADRADOS (09 Ha /9151 Mts2), y Sesión ORD 1290-20.
De fecha 01 de diciembre de 2020, , signado con el numero 9/531/ADT/2019/1090008470, en la cual la referida institución le otorga ADJUDICACION DE TIERRAS, a favor del ciudadano JIXON FERMIN HENRIQUEZ GARCIA, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD N° V- 15.485.800, sobre una superficie de DIEZ HECTAREAS CON SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO METROS CUADRADOS (10 ha /648Mts2). Queda en evidencia que hasta la presente oportunidad procesal, ha sido satisfecho el primero de los requisitos establecido en el artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el referido a la necesidad de determinar con meridiana precisión, los Actos Administrativos cuyas nulidades se pretenden.
2º Que siendo el Instituto Nacional de Tierras (I.N.Ti.) el órgano que dictó el Acto Administrativo impugnado y señalado por el recurrente, queda satisfecho a juicio de esta Sentenciadora, el segundo de los requisitos establecidos en el artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, vale decir, el referido a la necesidad de acompañar el precitado recurso, con la Copia Simple o Certificada del acto cuya nulidad se pretende, o señalamiento de la Oficina Pública u Organismo en que se encuentran y los datos que identifican dichos actos, siendo los mismos emanados en fecha 12 de mayo de 2020, en base a la sesión N° ORD 1257-20, signado con el numero 9/531/ADT/2019/1090008462 procedió a otorgar ADJUDICACION DE TIERRAS a favor del ciudadano OEL SUMOZA HENRIQUEZ, titular de la cédula de identidad N° V-8.673.767, sobre una SUPERFICIE de NUEVE HECTAREAS CON NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN METRO CUADRADOS (09 Ha /9151 Mts2), y Sesión ORD 1290-20.
De fecha 01 de diciembre de 2020, signado con el numero 9/531/ADT/2019/1090008470, en la cual la referida institución le otorga ADJUDICACION DE TIERRAS, a favor del ciudadano JIXON FERMIN HENRIQUEZ GARCIA, TITULAR DE LA CÉDULA DE IDENTIDAD N° V- 15.485.800, sobre una superficie de DIEZ HECTAREAS CON SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO METROS CUADRADOS (10 ha /648Mts2).
3º Que a decir del recurrente, el Acto Administrativo dictado por el Directorio del Instituto Nacional de Tierras (I.N.Ti.) (Antes indicado), la violación de normas de orden legal, tal como los artículos 25, 26, 49, 115, 143, 253, 259, 305 y 306 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con los artículos 1, 2, 19, 48, 73, 74 y 77 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en concordancia con los artículos 17, 94, 156 numeral 1 y 157 de la Ley de Tierras y desarrollo Agrario. De este modo determinó las disposiciones Legales que a su juicio han sido violadas por el acto recurrido, con lo cual queda en evidencia, que ha sido satisfecho el tercero de los requisitos establecidos en el artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, el referido a la necesidad de determinar con meridiana claridad, las disposiciones normativas presuntamente violadas por el Acto Recurrido.
4º Finalmente, observa esta Sentenciadora que la parte recurrente consignó junto con el escrito recursivo, copia simple del poder otorgado al abogado JUAN ALBERTO VIVAS MORALES, copia simple de acta constitutiva del registro de comercio “HATO EL PESQUERO, C.A”, copia simple de la acta de asamblea extraordinaria de accionistas de “ HATO EL PESQUERO”, copia simple de documentos de la sucesión hermanos PISCITELLI en relación “HACIENDA PARAÍSO”, copias simples de los actos administrativos, documentos de propiedad de “HATO EL PESQUERO”, documento de propiedad de “HACIENDA PARAÍSO”, copia simple cadena titulativa consignada en los registros de predios ante el Instituto Nacional de Tierras (I.NT.I), copia simple certificado de registro nacional de productores agrícolas del Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT), registro único nacional obligatorio permanente de productores y productoras agrícolas del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y tierras (MAT), registro nacional agrícola de “HATO EL PESQUERO”,. Observándose así que la Parte Recurrente cumple con el cuarto y quinto de los requisitos establecidos en el artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, quedando igualmente satisfechos los mismos a juicio de esta Sentenciadora, vale decir, los referidos a la necesidad de acompañar su solicitud con el o los instrumentos que demuestren el carácter con el que se actúa, acompañando el Recurso con las pruebas que el recurrente estimó convenientes.
Determinadas las causales de admisibilidad establecidas en el artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario del presente recurso y una vez realizada la revisión exhaustiva de todas y cada una de las actas procesales que conforman el presente expediente, esta Juzgadora pasa a esgrimir si el mismo se encuentra incurso en alguna de las causales de inadmisibilidad contenidas en el artículo 162 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, a saber:
1º En cuanto a este particular, la admisión del presente recurso no es contrario a ninguna disposición de ley.
2º El conocimiento de la acción del presente Recurso corresponde a este Organismo Jurisdiccional, de conformidad con el artículo 156 numeral primero de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, por cuanto se trata de un Recurso intentado contra un Acto Administrativo Agrario dictado por un ente estatal agrario como lo es el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (I.N.Ti.) y recayó sobre un lote de tierra ubicado en el estado Cojedes, siendo este Juzgado competente por la materia y por territorio en dicho estado, por lo que declara resuelta la causal establecida en este particular.
3º En cuanto al particular tercero, del artículo en análisis, se desprende de las actas que conforman el presente expediente, que dicho recurso fue interpuesto en fecha 27 de enero de 2021, asimismo se puede apreciar que los Actos Administrativos hoy recurridos, fueron dictados por el Directorio del Instituto Nacional de Tierras (I.N.Ti.) el primero en fecha 12 de mayo de 2020, y el segundo en fecha 01 de diciembre de 2020, evidentemente infiere que dicho Recurso de Nulidad fue interpuesto en tiempo hábil para ello, en cuanto a la caducidad hasta esta oportunidad procesal no se evidencia que haya operado la caducidad.
4º En cuanto a la cualidad o interés del recurrente, el mismo fue resuelto con el análisis del numeral 4º del artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario.
5º Revisado exhaustivamente el presente recurso, este Tribunal observa que el recurrente solicita específicamente la Nulidad de los Actos Administrativos impugnado, por lo que no se acumulan pretensiones que se excluyan mutuamente entre sí o cuyos procedimientos sean incompatibles.
6º Riela en autos, copia simple de acta constitutiva del registro de comercio “HATO EL PESQUERO, C.A”, copia simple de la acta de asamblea extraordinaria de accionistas de “ HATO EL PESQUERO”, copia simple de documentos de la sucesión hermanos PISCITELLI en relación “HACIENDA PARAÍSO”, copias simples de los actos administrativos, documentos de propiedad de “HATO EL PESQUERO”, documento de propiedad de “HACIENDA PARAÍSO”, copia simple cadena titulativa consignada en los registros de predios ante el Instituto Nacional de Tierras (I.NT.I), copia simple certificado de registro nacional de productores agrícolas del Ministerio de Agricultura y Tierras (MAT), registro único nacional obligatorio permanente de productores y productoras agrícolas del Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y tierras (MAT), registro nacional agrícola de “HATO EL PESQUERO”,
7° No existe algún Recurso paralelo que impida la admisibilidad de la presente acción.
8° De la lectura realizada al escrito recursivo, determina este Tribunal que el mismo fue realizado de forma legible, no contradictoria y respetuosa a la Majestad del Poder Judicial por lo que no se encuentra incurso en esta causal.
9° Que en el escrito recursivo el cual riela en el presente expediente, se evidencia el abogado, JUAN ALBERTO VIVAS MORALES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-16.994.805, debidamente inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 219.958, apoderado judicial de los ciudadanos, MARIA TERESA PISCITELLI SPINIELO, VICENT PISCITELLI SPINIELO, JUAN DOMINGO PISCITELLI SPINIELO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-6.867.366, V-10.527.575 y V-11.943.891, domiciliados en la ciudad de Caracas, Distrito Capital, manifiesta que han tenido tradición de predios productores tanto de ganado vacuno, de pie de cría y engorde, así como bovino, porcino y equino, también, algunos cultivos diversos de acuerdo a la temporada. Ello desde su adquisición por parte de mis representados, como lo demuestra la cadena titulativa consignada en los registros de predios ante el INTI, infiriéndose que se atribuye un Derecho a la Posesión Agraria, con lo cual este Tribunal, hasta esta oportunidad procesal, salvo prueba en contrario, encuentra suficiente la cualidad, el interés legitimo y personal del recurrente de autos.
En lo atinente al numeral 10º, este Tribunal desconoce si la parte recurrente ejerció algún Recurso en Sede Administrativa, por lo que hasta esta oportunidad procesal, salvo prueba en contrario se presume que no se encuentre incurso en el presente numeral, lo cual se verificara una vez el INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (I.N.Ti.), remita los Antecedentes Administrativos correspondientes.
En lo que se refiere a los numeral 11º y 12º del artículo 162 ejusdem, el Tribunal deja sentado que los mismos no resultan aplicables al recurso en cuestión.
13° Por último, este Tribunal considera que la pretensión no es manifiestamente contraria a los fines de la presente Ley ni de los preceptos constitucionales que rigen la materia.
En consecuencia, y satisfechas como han sido las causales de inadmisibilidad previstas en la legislación especial, se ordena la Admisión del presente Recurso de Nulidad por haber lugar a su sustanciación y así lo hará esta Juzgadora en el dispositivo de la presente decisión. ASÍ SE DECIDE.

-VI-
Decisión
En virtud de las precedentes consideraciones, este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes y con Competencia Territorial en el Municipio Arismendi del estado Barinas con sede en San Carlos, actuando como Tribunal de Primera Instancia Regional de lo Contencioso Administrativo Especial Agrario, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: COMPETENTE para conocer el Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad interpuesto por el abogado, JUAN ALBERTO VIVAS MORALES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-16.994.805, debidamente inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 219.958, apoderado judicial, según Poder Especial sobre “Hato El Pesquero, C.A.”, inicialmente inscrito en fecha 10 de febrero de 1987, bajo el Nº 4.971, folios vto., 166 al 173, Tomo 34, en el Registro de Comercio que funcionaba anteriormente en el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Trabajo, Tránsito y Menores de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes y de “HACIENDA PARAÍSO”, debidamente otorgado por ante la Notaría Pública Décima Octava de Caracas del Municipio Libertador del Distrito Capital, en fecha siete (07) de agosto del año 2019, anotado bajo el Nro. 25, Tomo 113, Folios 161 al 164 de los Libros de Autenticaciones llevados por dicha Notaría, el cual acompaño en cuatro (04) folios útiles, (Anexo marcado con la letra “A-1”), que consigno en Documento Original, previa certificación del mismo y quienes son propietarios de la entidad mercantil “Hato El Pesquero, C.A.”. Los ciudadanos MARIA TERESA PISCITELLI SPINIELO, VICENT PISCITELLI SPINIELO, JUAN DOMINGO PISCITELLI SPINIELO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V-6.867.366, V-10.527.575 y V-11.943.891 respectivamente, domiciliados en la ciudad de Caracas, Distrito Capital. ASÍ SE DECIDE. ADMITE el presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad y a tal efecto se ordena la notificación del PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, de conformidad con lo establecido en los artículos 163 y 166 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, mediante oficio con copia certificada de todo el expediente, tal como lo establece el artículo 108 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, al Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (I.N.Ti.), mediante oficio con copia certificada del recurso, para que comparezcan por ante este Tribunal dentro de los diez (10) días de despacho siguientes a que conste en autos la última de las notificaciones ordenadas, pasados como sean noventa (90) días continuos, contados a partir de la fecha de la consignación en autos de la notificación que se practique al PROCURADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, más dos (2) días que se les conceden como término de distancia y a los terceros interesados que tengan algún interés sobre el asunto en litigio, mediante cartel que deberá ser publicado en un diario de circulación Nacional por cuanto en el estado Cojedes no circula un diario impreso, una vez cumplidas todas las notificaciones ordenadas anteriormente, para que comparezcan a oponerse al presente recurso, dentro de los diez (10) días de despacho siguientes a la publicación del mismo, con la advertencia que dicho cartel deberá ser consignado dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en que se hubiere expedido, teniendo la parte recurrente un lapso de diez (10) días de despacho, contados a partir del momento en que se haya librado el cartel, para retirarlo, publicarlo y consignar en autos un ejemplar del periódico donde hubiese sido publicado, todo de conformidad con lo preceptuado en el artículo 163 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y a la sentencia Nº 1708 dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 16 de noviembre de 2011 (Exp. Nº 09-0695, Solicitud de Revisión-Instituto Nacional de Tierras).
Se ordena oficiar al INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (I.N.Ti.) a objeto que remita a este Tribunal, los Antecedentes Administrativos del caso sub-iudice, lo cual deberá ser cumplido por parte de la Autoridad Administrativa.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA DE LA
PRESENTE DECISIÓN.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes y con Competencia Territorial en el Municipio Arismendi del estado Barinas con sede en San Carlos, en San Carlos a los nueve (09) días del mes de febrero de dos mil veinte uno (2021). Años: 210º de la Independencia y 161º de la Federación.

La Jueza Provisoria,
Abg. ERIKA DE LOURDES CANELÓN LARA

El Secretario,
Abg. MANUEL SALVADOR PINTO P.
En la misma fecha se dictó y publicó la anterior decisión siendo las 12:45 de la tarde, quedando anotada bajo el Nº 1099-21.

El Secretario,
Abg. MANUEL SALVADOR PINTO P.

EDLCL/Manuel
Exp. Nº 1064-21