República Bolivariana de Venezuela Poder Judicial Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la circunscripción judicial del estado Cojedes. (Actuando en sede Constitucional) Años: 209º y 161°. I.- Identificación de las partes, la causa y la decisión.- Parte presuntamente agraviada: Sulay Castillo Mujica, venezolana, mayor de edad, identificada con la Cédula de Identidad número V.10.326.358, en su carácter de Propietaria del fondo de comercio Salón de Belleza Castillo, “Mi Nueva Imagen” y domiciliada en la ciudad de San Carlos y municipio Ezequiel Zamora del estado bolivariano de Cojedes. Abogado asistente: Otto Barrientos y Angelo Sapagnolo, venezolanos, mayores de edad, profesionales del derecho, inscritos ante el Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado) bajo los números 134.421 y 287.796. Parte presunta agraviante: Gaudi Josefina de la Coromoto Alvarez Mujica, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número 5.365.289.- Motivo: Acción de Amparo Constitucional. Sentencia: Inadmisibilidad (Interlocutoria con fuerza definitiva). Expediente: 6046.- II.- Síntesis de la controversia.- Se inició la presente causa mediante acción de amparo constitucional autónoma incoada en fecha ocho (8) de septiembre del año 2020, por la ciudadana Sulay Castillo Mujica, en su carácter de Propietaria del fondo de comercio Salón de Belleza Castillo “Mi Nueva Imagen”, y arrendadora del local comercial donde funciona dicho establecimiento comercial, asistida por los abogados Otto Barrientos y Angelo Sapagnolo y previa Distribución de causas ante el Tribunal Distribuidor, fue asignada a éste Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la circunscripción judicial del estado bolivariano de Cojedes, siendo recibida en la misma fecha y dándosele entrada en fecha diez (10) de septiembre del año 2020. Estando hoy dentro del lapso legal para pronunciarse sobre la admisibilidad de la presente acción de amparo, este tribunal actuando en sede constitucional procede a realizar las siguientes consideraciones: III.- Sobre la Admisibilidad de la Acción de Amparo Constitucional.- Señaló la parte presuntamente agraviada, ciudadana Sulay Castillo Mujica, asistida por los abogados Otto Barrientos y Angelo Sapagnolo, ambos ya identificados, en su pretensión de fecha ocho (8) de septiembre del año 2020 que: “…Ciudadano Juez, desde hace mas de veinte años he venido ocupando pacíficamente un local donde ha funcionado mi peluquería, con la cual trabajo para mantener a mi familia de manera honrada, dicho local esta ubicado en la Calle Carabobo entre avenida Bolívar y calle Alegría, local Nº.02 de esta ciudad capital, he cumplido con el pago de las de las cuotas o canon de arrendamiento de manera mensual hasta el mes de junio y cuyo propietario es la ciudadana Gaudi Josefina de la Coromoto Alvarez Mujica, quien desde el año pasado me a fustigado y amenazado que necesita el local. Ahora bien ciudadano Juez, es caso encontrándome en posesión de dicho inmueble, estos ciudadanos con un proceder por demás arbitrario y abusivo, el día 05 de julio del presente año, el ciudadano Oliver Pantoja, acompañado de dos sujetos mas, llegaron hasta el local en una camioneta y procedieron a violentar los candados anti cinzaya que protegían las cerraduras, abriendo la puerta Santa María e Introduciéndose al interior de la peluquería, aprovechando que era Domingo y la zona es sola, no me notificaron de esta acción, la de hacerse justicia por sus propias manos, la perturbación Pacifica y la desocupación arbitraria de todos mis enceres, equipos y objetos relacionado con la profesión, como es mi caso de Peluquería, desocuparon el local, utilizando un vehículo camioneta para transportar todos los objetos de mi propiedad hasta la casa de mi señor padre identificado como Darío Antonio Castillo Romero, ubicada en la avenida I, casa Nº 07 de la urbanización Monseñor Padilla de esta ciudad, dejando todos los objetos en el porche de la residencia de mi padre y marchándose del lugar, y no conforme con ello se apoderaron de 970 dólares en efectivo, varios objetos de de la peluquería mas los destrozos ocasionados a mi propiedad valorado en la cantidad de mil dólares… Osmisis… …la conducta observada por estos ciudadanos, constituye una violación de mis derechos constitucionales, estos ciudadanos hicieron justicia por sus propis manos, ejecutando un desalojo de forma arbitraria, violentando mis derechos al trabajo, a la posesión pacifica a la propiedad y demás derechos constitucionales. DE LOS DERECHOS Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES VULNERADOS POR EL AGRAVIANTE. A los fines de dar cumplimiento en lo establecido en el numeral 4to, del artículo 18 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, señalamos como derechos y garantías Constitucionales vulnerados por el agraviante los siguientes: 01) Artículos 26, 49, 256 de la República de Venezuela, violación del articulo 12 del Decreto con Rango Valor y Fuerza contra el Desalojo y Desocupación Arbitraría del referido Local, en concordancia con los artículos 5 referido a el procedimiento previo a la demanda; articulo 6, inicio; artículo 7, audiencia Conciliatoria y el articulo 8, referido a la culminación del procedimiento, el cual es llevado por el Ministerio de Habitad y Vivienda….tomando en consideración la resolución Nro. 005 de echa 12 de julio de 2020, emanada del Tribunal Supremo de Justicia de conocer y despachar en Materia de Amparos… Por último, rectifico de conformidad con lo establecido en los artículos 2, 18, 22, 23 de la ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, sea admitido el presente recurso de Amparo y me sea restablecido mis derechos vulnerados, con los en la instalación y restitución de mi fondo de comercio denominado Salón de Belleza Castillo “Mi Nueva Imagen”, que ha venido funcionando pacíficamente en la calle Carabobo, entre Avenida Bolívar y calle Alegría, S/N, sector centro, San Carlos del estado Cojedes. . Es justicia que solicito en la ciudad de San Carlos estado Cojedes a la fecha exacta de su presentación.” IV.- Motivaciones para decidir sobre la competencia y admisibilidad de la acción.- Siendo la oportunidad procesal para que este Tribunal se pronuncie acerca de la competencia y admisibilidad de la acción de amparo, pasa a realizar las siguientes observaciones de carácter legal y doctrinario: En primera instancia debe este jurisdicente actuando en sede constitucional, proceder a verificar su competencia para conocer de la presente acción, analizando en primer término lo referido a la materia y al territorio, sobre la cual, la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece: Artículo 7.- Son competentes para conocer de la acción de amparo, los Tribunales de Primera Instancia que lo sean en la materia afín con la naturaleza del derecho o de la garantía constitucionales violados o amenazados de violación, en la jurisdicción correspondiente al lugar donde ocurrieren el hecho, acto u omisión que motivaren la solicitud de amparo. Ahora bien, con fundamento a la supra transcrita norma contenida en el artículo 7 de la Ley especial en materia de amparo, se constata que el acto u hecho alegado como violatorio de sus derechos constitucionales, se verificó en el ámbito territorial de esta circunscripción judicial del estado Cojedes y que los mismos versan sobre la materia “Posesoria civil” en virtud de la ocupación que dice ejercer la parte actora, ciudadana Sulay Castillo Mujica, sobre un bien inmueble constituido por un local comercial, ubicado en la calle Carabobo, entre Avenida Bolívar y calle Alegría, sin numero, sector centro de la ciudad de San Carlos, municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes, con fundamento, según manifiesta la parte agraviada en calidad de arrendataria de dicho inmueble y que los hechos narrados sucedieron producto de esa relación arrendaticia con la propietaria del local comercial, la ciudadana Gaudi Josefina de la Coromoto Alvarez Mujica, quien por lo que, correspondería conocer a este Tribunal de Primera Instancia en lo Civil, por el territorio y por la materia, como primera instancia en Amparo Constitucional, conforme al citado artículo 7 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se establece.- Ahora bien, en lo que respecta a la procedencia del amparo constitucional en contra de este tipo de actuaciones de particulares, observa quien aquí se pronuncia, que la norma contenida en el artículo 27 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que: Artículo 27. Toda persona tiene derecho a ser amparada por los tribunales en el goce y ejercicio de los derechos y garantías constitucionales, aun de aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en esta Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. El procedimiento de la acción de amparo constitucional será oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. Todo tiempo será hábil y el tribunal lo tramitará con preferencia a cualquier otro asunto. La acción de amparo a la libertad o seguridad podrá ser interpuesta por cualquier persona, y el detenido o detenida será puesto o puesta bajo la custodia del tribunal de manera inmediata, sin dilación alguna. El ejercicio de este derecho no puede ser afectado, en modo alguno, por la declaración del estado de excepción o de la restricción de garantías constitucionales (Negrillas de este Tribunal). Por su parte, el artículo 2 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece respecto a la acción de amparo en contra de personas naturales que lesionen derechos constitucionales que: Artículo 2.- La acción de amparo procede contra cualquier hecho, acto u omisión provenientes de los órganos del Poder Público Nacional, Estadal o Municipal. También procede contra el hecho, acto u omisión originados por ciudadanos, personas jurídicas, grupos u organizaciones privadas que hayan violado, violen o amenacen violar cualquiera de las garantías o derechos amparados por esta Ley”. “Se entenderá como amenaza válida para la procedencia de la acción de amparo aquella que sea inminente (Negrillas y subrayado de este Tribunal). Del dispositivo legal indicado ut supra ,se verifica que la Acción de Amparo es procedente en contra de cualquier hecho, acto u omisión originada por ciudadanos, personas jurídicas o grupos u organizaciones privadas, siendo lo delatado por la parte presuntamente agraviada, un hecho o acción cometida por parte de la parte presunta agraviante, ciudadana Gaudi Josefina de la Coromoto Alvarez Mujica, quien alega vulneró sus derechos a ejercer la posesión legítima y pacífica que como arrendadora viene ejerciendo sobre el local comercial descrito, mediante contrato de arredramiento suscrito entre la parte agraviada ciudadana Sulay Castillo Mujica y la propietaria del local comercial, la ciudadana ante identificada, como resultado del desalojo inconsulto y arbitrario de parte de la arrendadora, hecho ocurrido en fecha el día 05 de julio del presente año, y una serie de eventos tales como, la desocupación arbitraria de todos los enceres , equipos y objetos relacionado con la Peluquería propiedad de la agraviada, desocupándola arbitrariamente del local comercial que tenia arrendado por mas de veinte (20) años, además del hurto de novecientos setenta ($. 970) dólares en efectivo, que se encontraba dentro de local al momento del desalojo, asi como, destrozos de varios objetos de la peluquería, valorado en la cantidad de mil ($.1.000) dólares, todos estos hechos encaminados a perturbar y terminar de manera abrupta, la posesión que venia ejerciendo como arrendataria del local comercial, arrendado a la ciudadana Gaudi Josefina de la Coromoto Alvarez Mujica. Así se alega.- Siendo el presunto agravio producto de un hecho o acción desplegada supuestamente por la parte demandada, ciudadana Gaudi Josefina de la Coromoto Alvarez Mujica, es por lo que en principio, podría proceder la Acción de Amparo en contra de ella, siempre que concurran para ello los supuestos establecidos por la ley y la jurisprudencia de nuestro máximo Tribunal; no obstante, ante el alegato de la parte actora, resulta preciso determinar, sí tal accionar se enmarca dentro de las causales de inadmisibilidad contempladas en el ordenamiento jurídico vigente, observando este Tribunal actuando en sede Constitucional que, la norma especial en la materia establece las siguientes causales de Inadmisibilidad de la Acción: Artículo 6.- No se admitirá la acción de amparo: … 5) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes. En tal caso, al alegarse la violación o amenaza de violación de un derecho o garantía constitucionales, el Juez deberá acogerse al procedimiento y a los lapsos establecidos en los artículos 23, 24 y 26 de la presente Ley, a fin de ordenar la suspensión provisional de los efectos del acto cuestionado; … En ese orden de ideas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia número 1233/2006 del diecinueve (19) de junio, con ponencia del magistrado Dr. Arcadio Delgado Rosales, expediente número 2006-0650 (Caso: Yexineths Coromoto Ortiz de Araujo), estableció respecto a la interpretación del citado artículo y la utilización de la Acción de Amparo en el caso de existir medios procesales judiciales ordinarios que: Al respecto, la Sala observa que el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales establece que serán inadmisibles aquellas acciones de amparo en las que el presunto agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o haya hecho uso de los medios judiciales preexistentes. Sobre este particular, se ha reiterado en doctrina y en jurisprudencia el carácter especial de la acción de amparo y el problema que constituiría el otorgarle un carácter sustitutivo de los demás mecanismos judiciales, los cuales al ser parte de un sistema jurídico homogéneo, se presentan igualmente como garantizadores y protectores de los derechos y garantías constitucionales. En tal sentido, reitera la Sala el criterio sustentado en la sentencia del 9 de noviembre de 2001 (Caso: Oly Henríquez de Pimentel), donde apuntó: "Es criterio de esta Sala, tejido al hilo de los razonamientos precedentes, que la acción de amparo constitucional opera bajo las siguientes condiciones: a) Una vez que la vía judicial haya sido instada y que los medios recursivos hayan sido agotados, siempre y cuando la invocación formal del derecho fundamental presuntamente vulnerado, en la vía o a través del medio correspondiente, no haya sido satisfecha; o b) Ante la evidencia de que el uso de los medios judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de la urgencia de la restitución, no dará satisfacción a la pretensión deducida. La disposición del literal a) apunta a la comprensión de que el ejercicio de la tutela constitucional por parte de todos los jueces de la República, a través de cualquiera de los canales procesales dispuestos por el ordenamiento jurídico, es una característica inmanente al sistema judicial venezolano, tal como se afirmó en líneas anteriores; por lo que, en consecuencia, ante la interposición de una acción de amparo constitucional, los tribunales deberán revisar si fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos, que de constar tales circunstancias, la consecuencia será la inadmisión de la acción, sin entrar a analizar la idoneidad del medio procedente, pues el carácter tuitivo que la Constitución atribuye a las vías o medios procesales ordinarios les imprime la potestad de conservar o restablecer el goce de los derechos fundamentales, por lo que su agotamiento es un presupuesto procesal a la admisibilidad de la acción de amparo. La exigencia del agotamiento de los recursos a que se refiere el aludido literal, no tiene el sentido de que se interponga cualquiera imaginable, sino sólo los que permitan reparar adecuadamente lesiones de derechos fundamentales que se denuncian. No se obliga, pues, a utilizar en cada caso todos los medios de impugnación que puedan estar previstos en el ordenamiento procesal, sino tan sólo aquellos normales que, de manera clara, se manifiesten ejercitables y razonablemente exigibles. Por ejemplo, ante el agotamiento de la doble instancia en un juicio civil, el actor tendrá la posibilidad de recurrir en casación o en amparo constitucional, pues es sabido que aquélla constituye una vía extraordinaria de revisión. De cara al segundo supuesto [literal b], relativo a que la acción de amparo puede proponerse inmediatamente, esto es, sin que hayan sido agotados los medios o recursos adjetivos disponibles, el mismo procede cuando se desprenda de las circunstancias fácticas o jurídicas que rodean la pretensión, que el uso de los medios procesales ordinarios resulta insuficiente para el restablecimiento del disfrute del bien jurídico lesionado. Alguna de tales circunstancias podría venir dada cuando, por ejemplo, la pretensión de amparo exceda del ámbito intersubjetivo para afectar gravemente al interés general o el orden público constitucional; en caso de que el recurrente pueda sufrir una desventaja inevitable o la lesión devenga irreparable por la circunstancia de utilizar y agotar la vía judicial previa (lo que no puede enlazarse el hecho de que tal vía sea costosa o menos expedita que el procedimiento de amparo, tal como lo argumenta el accionante); cuando no exista vía de impugnación contra el hecho lesivo, o ésta sea de imposible acceso; cuando el peligro provenga de la propia oscuridad o complejidad del ordenamiento procesal; o ante dilaciones indebidas por parte los órganos judiciales, tanto en vía de acción principal como en vía de recurso”. Así las cosas, se evidencia que la parte accionante utilizó el mecanismo ordinario de oposición al embargo preventivo con respecto de la decisión del 27 de enero de 2006 dictado por el referido Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, el cual es suficientemente eficaz e idóneo para plantear su pretensión -la oposición a la medida de embargo de autos a tenor de lo establecido en el artículo 546 del Código de Procedimiento Civil, para el caso del adolescente, ya que el mismo actuaba como un tercero interesado. Por otra parte, contra la decisión accionada que fue dictada el 27 de enero de 2006, por el referido Juzgado Primero, el padre del adolescente accionante ejerció recurso de apelación según lo dispuesto en el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil -en virtud de que el auto accionado le producía a su criterio un gravamen irreparable según de desprende de la norma in comento, ya que la misma es una sentencia interlocutoria que le causó un gravamen” En efecto, el artículo 289 del Código de Procedimiento Civil, establece textualmente lo siguiente: “De las sentencias interlocutorias se admitirá apelación solamente cuando produzcan un gravamen irreparable”. De allí que, observa la Sala que para la admisibilidad de la acción de amparo constitucional, ante la existencia y utilización de la vía ordinaria, se requiere la demostración de su falta de idoneidad para restablecer la situación jurídica infringida y evitar se causen daños irreparables, por lo cual el accionante deberá justificar y fundamentarse la interposición del amparo en la inexistencia o inidoneidad de la vía ordinaria, lo cual aunque es señalado someramente por la accionante en el presente caso, ya que la misma no señala claramente el porque la interposición de la oposición a la medida de embargo no satisfacía su pretensión, pues la parte accionante en el presente caso utilizó la vía ordinaria establecida en la Ley para enervar el decreto de embargo a fin de satisfacer su pretensión -oposición-, la cual fue debidamente tramitada y declarada sin lugar por el referido Juzgado Primero de Primera Instancia, el 7 de marzo de 2006. Ahora bien, esta Sala considera ajustado a derecho el criterio sostenido por el a quo en el fallo apelado, al haber declarado la inadmisibilidad de la acción de amparo de conformidad con lo establecido en el numeral 5 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, fundamentando para ello el hecho de que el accionante había ejercido el 13 de febrero de 2006 la oposición a la medida de embargo, pero representado en ese caso por su progenitor ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Portuguesa, la cual fue declarada sin lugar el 7 de marzo de 2006, siendo la misma apelada por el progenitor el 9 de marzo de 2006. En consecuencia, resulta forzoso declarar sin lugar la presente apelación y confirmar la sentencia apelada. Así se decide. Tal como se desprende de la jurisprudencia parcialmente descrita ha sido en materia de interpretación del artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales referente a la Inadmisibilidad de la Acción de Amparo, y su Admisión como medio extraordinario para resolver las presuntas violaciones de derechos constitucionales, cuando haya optado por ejercer las vías ordinarias para resolver tal situación o existiendo las mismas, no haya incoado acción alguna en contra de tal situación, por interpretación en contrario de la indicada norma, casos en los cuales resulta Inadmisible la Acción de Amparo Constitucional, por lo tanto, sólo y sólo sí, no existe un medio ordinario judicial idóneo para resolver dichas situaciones o en el caso de que existiéndolo, la parte logre demostrar que el mismo es Inidóneo para restablecer la situación jurídica y para evitar daños irreparables, casos en los cuales, aun existiendo un remedio procesal ordinario, se haría admisible la acción de amparo constitucional, en virtud de que sería el único medio capaz judicialmente para resolver dicha situación, como último medio de los existentes para desplegar las defensas judiciales contenidas dentro del bloque de la legalidad, la cual en virtud de lo gravoso de la situación para los derechos constitucionales del presunto agraviado, que deban ser reparados por esta especial y extraordinaria vía. Así se declara.- Con fundamento a lo anterior, es evidente que la parte accionante, ciudadana Sulay Castillo Mujica, no consideró pertinente ejercer los remedios procesales civiles ordinarios o explico porque no lo hizo, tales como lo son, el Interdicto de Amparo a la Posesión, Cumplimiento de contrato de arrendamiento, daños y perjuicios, entre otros, y hasta una accion penal por la perdida del dinero en efectivo que afirma la agraviada en su escrito liberar; medios efectivos y célere legalmente establecido para resolver esta situación; en consecuencia, al razonar este sentenciador que dentro del proceso ordinario puede la parte demandante obtener cautelas y garantías suficientes del ejercicio de su derecho a la defensa y al debido proceso, amén de encontrarse en juego, situaciones de índole posesorias que no pueden ser establecidas mediante un amparo, que es un remedio restablecedor de derecho y no creador de ellos, es por lo que, considera este jurisdicente en sede Constitucional, que la presente acción no puede ser Admitida, por no estar dirigida a tutelar de forma directa un derecho constitucional de la presunta agraviada, además, de no haber indicado por qué este medio ordinarios legal sería inoficioso para hacer valer su pretensión. Así se declara.- Como consecuencia del anterior razonamiento, considera este jurisdicente, que la Acción de Amparo Constitucional interpuesta en contra de la presunta agraviante, no es la vía idónea para resolver la controversia en el caso de marras, por existir una vía procesal ordinaria en materia civil capaz de satisfacer la pretensión del accionante, la cual garantiza sus derechos e igualmente de la accionada, así como a cualquier tercero, mediante las debidas garantías procesales que deben imperar en el funcionar de los órganos de Administración de Justicia, resultando entonces, Inadmisible la presente acción de Amparo, de conformidad a la interpretación que en Contrario Sensu (Sentido contrario) del artículo 6.5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, ha desarrollado nuestro máximo tribunal, y así será declarado en el dispositivo de este fallo. Así se concluye.- IV.- Decisión.- Por lo antes expuesto, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la circunscripción judicial del estado bolivariano de Cojedes, administrando justicia en nombre de las ciudadanas y ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, actuando en sede Constitucional y conforme a derecho, declara: Primero: Su Competencia para conocer la presente acción de Amparo Constitucional incoada por la ciudadana Sulay Castillo Mujica, asistida por los abogados Otto Barrientos y Angelo Sapagnolo, en contra de la ciudadana Gaudi Josefina de la Coromoto Alvarez Mujica, todos identificados en actas.- Segundo: Inadmisible la presente acción de Amparo Constitucional incoada por la ciudadana Sulay Castillo Mujica, en contra de la ciudadana Gaudi Josefina de la Coromoto Alvarez Mujica, todos identificados en actas.- Tercero: La presente acción de Amparo Constitucional no fue interpuesta de forma Temeraria, pronunciamiento que se hace en atención al artículo 28 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.- Cuarto: No hay condenatoria en costas en virtud de la naturaleza del presente fallo en virtud de no haberse trabado la litis.- Regístrese, publíquese y déjese copia certificada por Secretaria de la decisión, conforme a lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.- Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la circunscripción Judicial del estado bolivariano de Cojedes (actuando en sede Constitucional), en San Carlos de Austria, a los catorce (14) días del mes de septiembre del año dos mil veinte (2020). Años: 209º de la Declaración de Independencia y 161º de la Federación.- El Juez Suplente Especial, Abg. Sergio Raúl Tovar. La Secretaria Titular, Abg. Magalys Janneth Quintero Navarro. En esta misma fecha, se publicó y registró la anterior decisión, siendo la una de la tarde (1:00 p. m.). La Secretaria Titular Abg. Magalys Janneth Quintero Navarro. Expediente Nº 6046 SRT/MjQn.-