REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES San Carlos, 03 marzo del año 2020 SENTENCIA Nº: EXPEDIENTE Nº:1176 JUEZA PONENTE: Abg. Marvis María Navarro. JUECES ASOCIADOS: Abg. Enir Alejandra Rosales Guerra y Rodolfo Antonio Rodríguez Lozada. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES: DEMANDANTES: CESAR AUGUSTO DIAZ FIGUEREDO, venezolano mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-15.297.184, domiciliado en la carretera Vía a Boca Toma Sector La Colonia, tercera entrada frente al Geriátrico “Agustín Copabianco”, calle Los Mangos, 3era Transversal, casa S/N del Municipio Ezequiel Zamora del estado Bolivariano Cojedes. APODERADO JUDICIAL: JOHN FITGERAIT RIVERO, inscrito en el inpreabogado bajo el Nº 251.947 DEMANDADO:MARIELA CARLINA DIAZ FIGUEREDO, venezolana, mayor de edad, soltera, civilmente hábil, identificada con la cedula de identidad número V- 10.988.786, domiciliada en la ciudad de San Carlos estado Cojedes. ASISTIDA POR EL ABOGADO:JUAN CARLOS VILLEGAS, inscrito en el inpreabogado bajo el Nº 136.227 MOTIVO: DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO HOMOLOGADO Sentencia Definitiva. CAPITULO I DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA CAUSA Actuaciones del Superior: De conformidad con lo preceptuado en el artículo 243, ordinal 3 del Código de Procedimiento Civil se procede hacer una síntesis de la controversia: Se inicia la presente controversia, en virtud de la demanda de DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO HOMOLOGADO, intentada por el ciudadano: CESAR AUGUSTO DIAZ FIGUEREDO, venezolano mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-15.297.184, domiciliado en la carretera Vía a Boca Toma, Sector La Colonia, tercera entrada frente al Geriátrico “Agustín Copabianco”, calle Los Mangos, 3era Transversal, casa S/N del Municipio Ezequiel Zamora del estado Bolivariano Cojedes, contra la ciudadana MARIELA CARLINA DIAZ FIGUEREDO, venezolana, mayor de edad, soltera, civilmente hábil,identificada con la cedula de identidad número V-10.988.786, domiciliada en la ciudad de San Carlos estado Cojedes,Dándosele entrada 25 de julio de 2018, por ante el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes. En fecha 10 de octubre de 2019, se dio por recibido expediente signado con el Nº 11.614, (nomenclatura interna del Tribunal Primero de Primera Instancia) En fecha 11 de octubre de 2019, el Tribunal apertura el lapso para constitución de asociado, previsto en el artículo 118 del Código de Procedimiento Civil, asignándosele el número 1176, nomenclatura de este tribunal. En fecha 14 de octubre de 2019, se ordena agregar el escrito consignado por el apoderado judicial de la parte actora, donde solicita se constituya tribunal con asociados, de conformidad con el artículo 118 del Código de Procedimiento Civil. En fecha 18 de octubre de 2019, el Tribunal procede a fijar día y hora para la celebración, de la elección de asociados, a realizarse el día 23 de octubre de 2019, a las 10:00 a.m. de conformidad a lo previsto en el artículo 119 y 120 del Código de Procedimiento Civil. En fecha 23 de octubre de 2019, se ordena agregar el escrito de terna de jueces, consignado por el apoderado judicial de la parte actora, de conformidad con el artículo 118 del Código de Procedimiento Civil. Siendo la oportunidad fijada por esta alzada para que tenga la elección de asociados de conformidad con los artículos 118, 119 Y 120 del Código de Procedimiento Civil, se insta a la parte presente y solicitante de dicha constitución de asociados, a cumplir con tal formalidad el cual tiene un plazo de 5 días de despacho siguiente a la presente fecha a fin de que presente los honorarios, del asociado Rodolfo Antonio Rodríguez Lozada, quien debe comparecer al Tribunal a los fines de hacer uso de sus funciones como juez asociado, en atención a la elección del juez de la terna seleccionado, para tal constitución se ordena oficiar a la Coordinación Civil, a los fines de informar de la elección de la jueza Suplente. En fecha 29de octubre de 2019, mediante diligencia el apoderado judicial de la parte actora consigno cheque de gerencia número 2686451, del acuerdo por honorarios profesionales de juez asociado elegido por este Tribunal. En fecha 29de octubre de 2019, el ciudadano Rodolfo Antonio Rodríguez Lozada, titular de la cedula de identidad numero V-11.964.143, inscrito en el inpreabogado 193.745, residenciado en esta ciudad San Carlos, a los fines de manifestar, gustosamente la aceptación inherente al cargo asignado. En fecha 30 de octubre de 2019; el Tribunal dejo constancia que venció el lapso para que las partes soliciten la constitución de asociados, fijando un lapso de veinte (20) días de despacho siguientes a este, para que las partes inmersas en la controversia, consignen informes.En fecha 05 de noviembre de 2019, este tribunal acordó fijar audiencia especial, a los fines de la reelección del juez Ponente, la cual se realizará el día 07 de noviembre de 2019. En fecha 07 de noviembre de 2019, oportunidad fijada por este Tribunal para que tenga lugar la elección del ponente en el presente juicio en sorteo, quedando elegida como juez ponente la Jueza Provisoria abogada Marvis María Navarro. En fecha de fecha 02 de diciembre de 2019, el Tribunal deja constancia que venció el lapso para la consignación de informes en la presente causa, siendo consignado por el apoderado judicial abogado John Fitgerait Rivero, inscrito en el IPSA Nro 251.947, en nombre y representación del ciudadano Cesar Augusto Díaz Figueredo. En consecuencia, este Tribunal dejo transcurrir el lapso de ocho (8) días de despacho siguiente a este, para que la parte demandada consigne observaciones que considere pertinentes a los informes de la contraria. En fecha 17 diciembre de 2019, el Tribunal deja constancia que venció el lapso para las consignaciones de observaciones, se dejan transcurrir un lapso de (60) días continuos para dictar la correspondiente sentencia. Revisadas como han sido las actuaciones llevadas por esta alzada; se procede a verificar las actuaciones llevadas por el tribunal Aquo, a los fines de comprobar que se hayan resguardado las garantías constitucionales, así como un debido proceso: El libelo de la demanda, fue presentado en fecha 23 de julio del año 2018, por el ciudadano: CESAR AUGUSTO DIAZ FIGUEREDO, venezolano mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-15.297.184, domiciliado en la carretera Vía a Boca Toma Sector La Colonia, tercera entrada frente al Geriátrico “Agustín Copabianco”, calle Los Mangos, 3era Transversal, casa S/N del Municipio Ezequiel Zamora del estado Bolivariano Cojedes, contra la ciudadana MARIELA CARLINA DIAZ FIGUEREDO, venezolana, mayor de edad, soltera, civilmente hábil, identificada con la cedula de identidad número V- 10.988.786, domiciliada en la ciudad de San Carlos estado Cojedes., ante el tribunal en funciones de distribución, correspondiendo su conocimiento al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, actuando como Juzgado Distribuidor de Causas el Tribunal Segundo. En fecha 25 de julio de 2018, fue recibido el expediente, por el tribunal que le correspondió, en distribución la presente demanda, Juzgado Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, asignándole el Numero 11.614, nomenclatura interna de ese Tribunal. En fecha 01 de agosto de 2018, se admite la presente demanda, ordenando emplazar al demandado.En fecha 10 de agosto de 2018, la secretaria suplente del aquo dejo constancia, que en esa misma fecha hizo entrega de compulsa con orden de comparecencia y recibo al alguacil de ese juzgado la boleta. En fecha 14 de agosto de 2018, el alguacil aquo consigno diligencia, presentando en secretaria el recibo de citación firmado por el abogado Héctor Matute, apoderado judicial de la ciudadana Mariela Carolina Díaz Figueredo, en los pasillos del Palacio. En fecha 25 de septiembre de 2018, mediante auto fue agregado a las actas, escrito de contestación, presentado por la ciudadana Mariela Carlina Díaz Figueredo, titular de la cedula de identidad V-10.988.786, debidamente asistida por el abogado Juan Carlos Villegas, inscrito en el IPSA Nro 136.227. En fecha 26 de octubre de 2018, deja constancia la secretaria del tribunal, de haber recibido, por parte del apoderado de la parte actora John Fitgerait Rivero, escrito de oposición a la citación de la demandada. En fecha 5 de noviembre de 2018, fue emitido auto por el tribunal de instancia, en la que desecha la citación del abogado Héctor Matute, por cuanto el mismo carece de cualidad para representar a la parte demandada en la presente causa y que se comenzara a computar el lapso de citación desde la presentación y consignación del escrito de contestación de la demanda por la ciudadana Mariela Carlina Díaz Figueredo. En fecha 05 de noviembre de 2018, el tribunal aquo dejó constancia del vencimiento de contestación de demanda y se apertura el lapso de promoción de pruebas, ordenándose agregar el escrito presentado por la parte actora. En fecha 20 de noviembre de 2018, fue recibido, escrito de ratificar de pruebas, por parte del ciudadano Cesar Augusto Díaz Figueredo, parte actora en el presente procedimiento, ordenándose agregar a los autos. En la misma fecha 20 de noviembre de 2018, la parte actora consigno Poder apud acta, el cual se agrego a los autos. Por auto de fecha 07 de diciembre de 2018 el Tribunal aquo, dejó constancia del vencimiento del lapso de promoción de pruebas. En fecha 07 de enero de 2019, el tribunal aquo admitió las pruebas promovidas por la parte actora y se acordó para el tercer día de despacho siguiente al auto para que las partes presenten a sus testigos promovidos. En fecha 11 de enero de 2019, el tribunal aquo declaró desierto la evacuación del testigo ciudadano Antonio José Benítez Padrón, titular de la cedula de identidad numero V- 9.531.003; siendo evacuados los testigos los ciudadanos Anyeli Carolina Paz Paz y Naileth josefina Garaban Tovar. En fecha 15 de enero de 2019, el tribunal aquo declaró desierto la evacuación de testigo del ciudadano Antonio José Benítez Posteriormente en la misma fecha 15 de enero de 2019, el apoderado judicial de la parte actora consignó diligencia de solicitud de nueva oportunidad para laevacuación de testigos del ciudadano Antonio José Benítez Padrón, titular de la cedula de identidad numero V- 9.531.003. En fecha 21 de enero 2019, el tribunal acordó lo solicitado y ordenó para el 29 de enero de 2019, a las diez am de la mañana para que se lleve a cabo la evacuación de testigos del ciudadano Antonio José Benítez Padrón, titular de la cedula de identidad numero V- 9.531.003. En fecha 29 de enero de 2019, el tribunal aquo declaró desierto la evacuación del testigo ciudadano Antonio José Benítez Padrón, en la misma fecha el apoderado judicial consigno escrito de solicitud de nueva oportunidad para la evacuación de testigos del supra ciudadano. En fecha 08 de febrero de 2019, el tribunal aquo acordó lo solicitado y ordenó para el sexto (6to) día de despacho siguiente a las diez (10:00am) de la mañana para que se lleve la evacuación de testigos del ciudadano Antonio José Benítez Padrón. En fecha 09 de febrero de 2019, el tribunal aquo declaró desierto la evacuación del testigo ciudadano Antonio José Benítez Padrón. En fecha 20 de febrero de 2019, compareció el apoderado judicial de la parte actora a los fines de solicitar nuevamente oportunidad para evacuar testigos. En fecha 26 de febrero de 2019, el tribunal aquo acordó lo solicitado y ordenó para el quinto (5to) día de despacho siguiente, a las diez de la mañana, para que se lleve a cabo la evacuación de testigos En fecha 19 de marzo de 2019, el tribunal aquo declaró desierto la evacuación del testigo ciudadano Antonio José Benítez Padrón. En fecha 19 de marzo de 2019, el tribunal aquo dejó constancia del vencimiento del lapso de evacuación de pruebas. En fecha 03 de mayo de 2019, el abogado John Fitgerait Rivero, inscrito en el IPSA Nro 251.947, en su condición de apoderado judicial de la parte actora consignó escrito de informes, ordenándose agregar a los autos. Por auto de fecha 06 de mayo de 2019, el tribunal aquo dejó constancia del vencimiento para que las partes presenten informes, asimismo se dejó constancia que la parte actora hizo el uso de su derecho. Por auto de fecha 22 de mayo de 2019 el tribunal aquo dejó constancia que venció el lapso de observaciones a los informes, sin que las partes hicieran uso de su derecho, y procedió a decir “vistos”. En fecha 28 de mayo de 2019, mediante escrito la parte actora ratificó la solicitud de fijación de audiencia para leer el informe presentado. En fecha 04 de junio de 2019, el tribunal acordó fijar para el tercer (3º)día siguiente a este, para que se lleve a cabo la lectura del informe promovido por la parte actora. En fecha 10 de junio de 2019, el tribunal aquo, llevo a cabo la lectura del informe promovido por la parte actora.Por auto de fecha 22 de julio de 2019 el Tribunal difiere la oportunidad para dictar sentencia en la presente causa por un lapso de 30 días siguientes al de hoy, todo de conformidad con el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil. En fecha 14 de agosto de 2019, dicto sentencia definitiva por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, donde declaró Primero: Sin Lugar la demanda que, por DAÑOS Y PERJUICIOS, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE ACUERDO HOMOLOGADO, Segundo: No hay condenatoria en costas por no haber resultado totalmente vencida en el proceso la parte demanda así de decide. En fecha 20 de septiembre de 2019, el abogado John Fitgerait Rivero, apoderado judicial de la parte demandante, presentó escrito donde apela de la decisión dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, el Tribunal con la misma, oye la apelación de ambos efectos. En consecuencia, remítase al Juzgado Superior en lo Civil, para que conozca de la apelación interpuesta. II MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO Esta Alzada como órgano superior asume el conocimiento pleno de la controversia, y en tal sentido, tiene plena jurisdicción sobre el asunto apelado, lo que le permite descender a las actas procesales y revisar todo lo acontecido durante el desarrollo del item procesal. Ahora bien, De conformidad con lo establecido en el ordinal 3° del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, la controversia en el caso bajo análisis quedó planteada en los siguientes términos. Alegatos de la parte actora: “(…) Que en fecha trece (13) de Marzo de Dos Mil Dieciocho (2018), se realizó Audiencia Conciliatoria en el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario, de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, con los ciudadanos: Cesar Augusto Díaz Figueredo y Mariela Carlina Díaz Figueredo, Titulares de las Cédulas de Identidad, N° V-15.297.184 y N° V-10.988.786, respectivamente y nuestros Abogados. En esta Audiencia se acordó y así se extrae textualmente del Acta que se firmó, los siguiente: “…La parte demandante Mariela Carlina Díaz Figueredo, ofrece a la parte demandada Cesar Augusto Díaz Figueredo, pagar la cantidad de seiscientos millones de bolívares con cero céntimos (600.000.000,00) por el cincuenta por ciento (50%) de los derechos de propiedad que le corresponden al demandado sobre el bien inmueble tipo vivienda…”. Es de señalar, que la vivienda, es propiedad de ambos, Ciudadanos: Cesar Augusto Díaz Figueredo y Mariela Carlina Díaz Figueredo, según documento de compra de protocolizado ante la Oficina de Registro Público de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos del estado Cojedes, el día veintinueve (29) de Agosto del año Dos Mil Dieciséis (2016), registrado bajo el numero: 43, folios: 226 al 230, tomo 3, protocolo primero, tercer trimestre del año Dos Mil Dieciséis (2016). Que en esa misma fecha Trece (13) de Marzo de Dos Mil Dieciocho (2.018) y, en presencia del Ciudadano Juez, Abogado: Alfonso Elías Caraballo Caraballo. Esta Ciudadana: Mariela Carlina Díaz Figueredo, me ofreciópagar la suma antes indicada y así quedo en el escrito de la siguiente forma: “1º Un primer pago de trescientos millones de bolívares con cero céntimos (300.000.000,00), dentro de los veinte (20) días siguientes a la presente fecha, es decir con una fecha límite pautada para el día dos (2) de abril de 2018, y 2º) La cantidad de trescientos millones de bolívares con cero céntimos (300.000.000,00), en pagos mensuales y consecutivos de Cien millones de bolívares con cero céntimos (100.000.000,00), a partir del primer pago, es decir a ser cancelados así: 2.1).La cantidad d Cien millones de bolívares con cero céntimos (100.000.000,00), el día dos (2) de mayo del año 2018; 2.2). La cantidad d Cien millones de bolívares con cero céntimos (100.000.000,00), el día dos (2) de junio del año 2018; y 2.3. La cantidad d Cien millones de bolívares con cero céntimos (100.000.000,00), el día dos (2) de julio del año 2018…”. [Que] del mismo modo, ofreció pagar intereses sobre el punto 2º, o sea sobre la cantidad de: Trescientos Millones de Bolívares con Cero Céntimos (300.000.000,00), restantes, texto que extraigo textualmente del mismo acuerdo, el cual expresa, “… Queda entendido que a la precitada cantidad indicada en el aparte 2º, se le aplicaran los intereses establecidos por el Banco Central de Venezuela a las tasa activas del mercado, a los fines de reconocer el hecho notorio de la inflación y devaluación monetaria…”. Es preciso destacar, que sobre este pago, se solicitó una experticia contable, a fin de que se determinara el monto a cancelar por cada mes, por parte de la Ciudadana: MARIELA CARLINA DÍAZ FIGUEREDO, antes identificada y, que con base al siguiente extracto del acuerdo: “… 2º La cantidad de trescientos millones de bolívares con cero céntimos (300.000.000,00), en pagos mensuales y consecutivos de Cien millones de bolívares con cero céntimos (100.000.000,00), a partir del primer pago, es decir a ser cancelados así: 2.1.La cantidad d Cien millones de bolívares con cero céntimos (100.000.000,00), el día dos (2) de mayo del año 2018; 2.2. La cantidad d Cien millones de bolívares con cero céntimos (100.000.000,00), el día dos (2) de junio del año 2018; y 2.3. La cantidad d Cien millones de bolívares con cero céntimos (100.000.000,00), el día dos (2) de julio del año 2018…”. Por lo que debería pagar: Intereses de los primeros Trescientos Millones (300.000.000,00 Bs.), mas Cien Millones Bolívares con Cero Céntimos (100.000.000,00 Bs.) de Capital, el dos de Mayo; Intereses de los Doscientos Millones (200.000.000,00 Bs.), mas Cien Millones Bolívares con Cero Céntimos (100.000.000,00 Bs.), de Capital, el dos de Junio e, Intereses de los Cien Millones (100.000.000,00 Bs.), mas Cien Millones Bolívares con Cero Céntimos (100.000.000,00 Bs.), de Capital que restaba, finalizando así el compromiso, el dos de Julio de dos Mil Dieciocho (2018), porque como es evidente se le dio un crédito sobre esos montos. Para esta experticia contable, el Licenciado: Mario Augusto Febres Méndez, titular de la cedula de identidad numero: V-3.215.851, quien fuera designado y juramentado por el tribunal para tales fines, se limitó a calcular solo los intereses moratorios, tal como se evidencia en los folios 131 al 143, del anexo “A”, que se entrega en copia certificada por el Tribunal Segundo De Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario, de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, de esta demanda. Que con relación a la primera condición de pago, la Ciudadana: Mariela Carlina Díaz Figueredo, supra identificada, sobre la cantidad De Trescientos Millones de Bolívares con Cero Céntimos (300.000.000,00 Bs.), sin cargo de interés, la cual debería pagarse, a fecha límite del dos (2) de abril de dos mil dieciocho (2018). Esta Ciudadana, cancela únicamente la cantidad de CIEN MILLONES (100.000.000,00 Bs.), en fecha: dos (2) de Abril de Dos Mil Dieciocho (2018), pago que se observa según folios: 87 y vuelto más el 89, del anexo “A”, que se entrega en copia certificada por el Tribunal, y que fuera consignada por el abogado de la Ciudadana: Mariela C. Díaz F., que en virtud de este incumplimiento se le solicito al ciudadano Juez que realizara el exhorto al pago en las condiciones y cantidades establecidas, motivo por el cual, según auto de folio 92, del anexo “A”, certificado por este Juzgado, se les INSTA a cumplir voluntariamente a labrevedad posible con la diferencia. Posteriormente, en fechas: Once (11) de Abril, consignan comprobante de Dos (2) depósitos de fechas: Seis (6) de Abril de Dos Mil Dieciocho (2018), por las cantidades de Setenta y Cinco Millones De Bolívares (75.000.000,00 Bs.) y, Veinticinco Millones de Bolívares (25.000.000,00 Bs.), tal como se evidencia, en los folios: 93 al 95, del anexo “A”, y finalmente, en fecha: Dieciséis (16) de Abril de Dos Mil Dieciocho (2018), consignan otro comprobante por depósito de Cien Millones De Bolívares (100.000.000,00 Bs.), del anexo “A”. Que lo ocurrido con este primer pago, Ciudadano Juez, evidencia el hecho ilícito, que trajo consigo un daño material a mi persona, ya que en virtud de lo acordado en la audiencia de fecha Trece (13) de Marzo de Dos Mil Dieciocho (2.018), comprometí estos recursos para la adquisición de una vivienda que estaba al lado de mi casa y, para la cual acorde pagar, la cantidad de doscientos cincuenta millones de bolívares (250.000.000,00 Bs.), que si no los cancelaba el día cuatro (4) de Abril, la negociación ya no tendría efectos. Aclaro, que, con el acuerdo con mi hermana, Ciudadana: Mariela Carlina Díaz Figueredo, para cederle los derechos de propiedad que me corresponden del cincuenta por ciento (50%), sobre el bien inmueble tipo vivienda, yo me quedaría sin casa y lo más natural es que con el producto de este acuerdo consiga otro inmueble. Que en ocasión al segundo pago, pautado para el día Dos (2) de Mayo, nuevamente cancela con retraso, esto ocurrió el día Once (11) de Mayo, lo que se evidencia en los folios: 109 y 110, del anexo “A”, certificado por el Tribunal Segundo De Primera Instancia En Lo Civil, Mercantil, Del Tránsito Y Bancario, De La Circunscripción Judicial Del Estado Cojedes, Por La Cantidad De Cien Millones (100.000.000,00 Bs.), así como, unos cálculos de intereses que no se corresponden a lo acordado e intereses de mora, por el retraso de los TRESCIENTOS MILLONES (300.000.000,00 Bs.), que debió cancelar inicialmente sin cargo de interés, el día Dos (2) de Abril, consignado por su abogado, los cuales consta en los folios: 111, 112 y 114 del expediente, que se anexa marcado con el Literal “A”. De esta forma, la Demandante reconoce el pago extemporáneamente y, de igual forma, para esta fecha, nuevamente el juez, como Autoridad del Tribunal Segundo, provee auto Instando a la Ciudadana: Mariela Carlina Díaz Figueredo, antes identificada, a cancelar la cantidad cierta, por intereses de los Trescientos Millones (300.000.000,00 Bs.), al Dos (2) de Mayo e intereses de mora, de los Primeros Trescientos Millones (300.000.000,00 Bs.), a pagar Dos (2) de Abril. Evidenciándose nuevamente, el daño anteriormente planteado, ya que Yo, Cesar Augusto Díaz Figueredo, antes identificado, en virtud de haber perdido la adquisición del inmueble ubicado al lado de mi casa, el cual previa para mis hijos, ahora había adquirido un nuevo compromiso para el traspaso de un inmueble, en fecha: Veintisiete (27) de Abril de Dos Mil Dieciocho (2018), con la Ciudadana: Naileth Josefina Garaban Tovar, venezolana, mayor de edad, casada, de Oficio de Docente, titular de la Cédula de Identidad N° V-15.485.924, domiciliada en el Sector la Palma, Vía Macanilla, Parcela S/N, Municipio San Carlos, del estado Cojedes, mediante Documento Privado, por la cantidad de: Seiscientos Millones De Bolívares Con Cero Céntimos (600.000.000,00 Bs.), que por no honrarlo, fue este declarado nulo, ya que su periodo era de Dos (2) meses, con fecha de vencimiento del Veintisiete (27) de Junio de Dos Mil Dieciocho (2018). Original que se anexa, marcado con el Literal “B”. Que llegamos al mes de junio, correspondiéndole el pago de Cien Millones De Bolívares (100.000.000,00 Bs.) y los intereses del Doscientos Millones De Bolívares (200.000.000,00 Bs.), pero esto no sucedió y, por el contrario, se presenta en el Mes de Julio, con los pagos de junio y Julio, sin Intereses, ni Intereses Moratorios, tal como se puede observar en los folios: 138, 139 y 140 del anexo “A”. Es por ello, que pierdo la posibilidad de adquirir un nuevo inmueble, representando esto un daño patrimonial para mi familia y ahora tengo la obligación de entregar los derechos de mi Cincuenta (50%) de la vivienda que poseía con mi hermana, ciudadana: Mariela Carlina Díaz Figueredo.Alegatos de la parte demandada en su escrito de contestación: Omissis… …Que rechaza, niego y contradigo en todas sus partes la acción judicial incoada en mi contra por el mencionado demandante, por carecer de base y fundamento tanto respecto de los hechos alegados como del derecho invocado. Que alega el accionante de autos, en fecha 16 de marzo de 2018, el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de esta misma Circunscripción Judicial (Exp. N° 5.912) homologó la transacción judicial que allí celebramos el ciudadano César Augusto Díaz Figueredo (quien es mi legítimo hermano) y yo, respecto a mi demanda incoada en su contra por partición y liquidación de comunidad ordinaria de un bien: la casa de habitación situada en Carrera 16, barrio Los Pocitos, sobre una extensión de terreno de trescientos metros cuadrados (300 m2) que pertenece a ambos en propiedad según documento protocolizado en la Oficina de Registro Público de los Municipios San Carlos y Ezequiel Zamora de este Estado Cojedes en fecha 29 de agosto de 2016 bajo el N° 43, folios 226 al 230, tomo 3°, protocolo primero, tercer trimestre de dos mil dieciséis (2016), y por virtud de la cual yo me comprometí a pagarle un total de seiscientos millones de bolívares fuertes (Bs. 600.000.000,oo) a razón de una primera mitad (Bs. 300.000.000,oo) dentro de los veinte días siguientes, esto es, hasta antes del 2 de abril de dos mil dieciocho (2018); y la otra mitad restante, en tres partes de cien millones (Bs. F. 100.000.000,oo) cada una el día dos (2) de mayo, el dos (2) de junio, y el dos (2) de julio de dos mil dieciocho (2018). Que como el día dos (2) de abril de dos mil dieciocho (2018) mediante transferencia bancaria y comprobante consignado en el respectivo expediente, le pagué una primera parte de cien millones (Bs. F. 100.000.000,oo), luego el seis (6) de abril de dos mil dieciocho (2018) hice otro abono de cien millones (Bs. F. 100.000.000,oo) en dos transferencias de setenta y cinco (Bs. F. 75.000.000,oo) y veinticinco millones (Bs. F. 25.000.000,oo) y después, otro de cien millones (Bs. F. 100.000.000,oo) en fecha dieciséis (16) de abril del mismo año, de lo cual se evidencia que el atraso en que incurrí por motivos ajenos a mi voluntad, fue tan ínfimo de muy escasos días, prácticamente imperceptible, que no alcanza para calcular la tasa anual de intereses aplicable ni siquiera para la correspondiente a un mes, por haber sido un retraso ínfimo de muy escasos días. Que la segunda mitad (de trescientos millones Bs. F.) la comencé a pagar con un primer abono transferencia de cien millones (Bs. F. 100.000.000,oo) el día once (11) de mayo de 2018 (el que correspondía el 2 de mayo) es decir, con un retraso igualmente por motivos ajenos a mi voluntad, de nueve (9) días; y los dos últimos abonos de cien millones cada uno, el día primero (1°) y dos (2) de julio de 2018 mediante transferencias cuyos comprobantes, a cargo de mi cuenta en Fondo común, corren insertos al folio 139 del expediente N° 5912 del Juzgado Segundo de Primera Instancia; y a cargo de Banesco, respectivamente, inserto al folio 140. Que con respecto al cálculo de los intereses de mora calculados en ciento cuarenta y nueve millones setecientos cincuenta mil bolívares (Bs. F. 149.750.000,oo), se observa que el demandante aplica la tasa de interés anual completa sobre los montos adeudados desde el comienzo y que iban quedan restando a medida que yo fui efectuando cada abono, como si el cálculo (de la tasa de interés moratorio) fuese por todo el año, cuando la verdad es que la mora en que incurrí entre cada abono fue tan sólo de muy escasos días de uno a otro y desde la fecha inicial estipulada para el pago de cada una de las dos partes principales en que se fraccionó el acuerdo, y las tres partes en que se fraccionó. Que es importante destacar que en la causa (Exp. Nº 5912) ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia, a los folios 131 al 133, riela experticia contable suscrita por el Lcdo. Mario Augusto Febres Méndez, para la cualutilizó la aplicación de las tasas activas provenientes de la consulta de los seis principales bancos comerciales del país, información procesada por el Banco Central de Venezuela en su página Web. www.bcv.org.ve de dos millones novecientos ochenta y un mil setecientos ochenta bolívares con ochenta y dos céntimos (Bs. 2.981.780,82), según las tablas y anexos que el experto acompañó y donde se observa: - Primer pago (abril 2018) a la tasa de interés 29,93% atraso de un día sobre Bs. F. 300.000.000,oo arroja Bs. 180.246,58 de intereses de mora. Al haberse hecho el 2 de abril el abono de Bs. 100.000.000,oo, y restar Bs. 200.000.000, se efectúa un segundo abono el 6 de abril de 2018 (4 días de retraso) que a su vez causa Bs. 360.493,15, y que suma Bs. 540.739,73; y con respecto al tercer abono de Bs. 100.000.000,oo el 16 de abril (14 días de retraso) causó Bs. 600.821,92 de intereses de mora para un subtotal correspondiente a este mes de Bs. 1.141.561,64. - Segundo pago (11 mayo 2018) a la tasa de interés 20,99%, abono de Bs.100.000.000,oo (9 días de retraso) arroja Bs. 517.561,64 de intereses moratorios. - Tercer pago (junio 2018) a la tasa de interés 20,99%, abono de Bs. 100.000.000,oo (23 días de retraso), causó Bs. 1.322.547,53 de intereses de mora. Que para un total de dos millones novecientos ochenta y un mil setecientos ochenta bolívares con ochenta y dos céntimos (Bs. 2.981.780,82), como intereses de una mora que deja de causarse desde el momento en que terminé de efectuar el pago de manera definitiva con el último abono del dos (2) de julio de 2018. Desde entonces sólo sería reclamable indexación sobre el mencionado monto de intereses de mora, pero ya no más intereses por tal concepto sobre la deuda, ya que, desde esa fecha, la mora desapareció. Que Alega pues el demandante, que con ese retraso en que incurrí, por demás está decir, debido a causas ajenas totalmente a mi voluntad-, de uno (1), cuatro (4) y catorce (14) días en cancelar en tres partes iguales esa primera mitad de lo acordado, cometí en su perjuicio un hecho ilícito que le ocasionó perder la posibilidad de adquirir en compra una casa situada en sector La Palma, vía Macanilla, Municipio Ezequiel Zamora que le ofertó la ciudadana Naileth Josefina Garabán Tovar por la cantidad de seiscientos millones de bolívares, por lo cual invoca y acompaña como prueba de ello un documento privado supuestamente celebrado el 27 de abril de este mismo año para pagarlo en dos (2) meses, esto es, con fecha tope hasta el 27 de junio de 2018 y que por no honrarlo “fue declarado nulo”. Que cabe recordar que para atribuirse responsabilidad civil por hecho ilícito y por ende reclamar indemnización de daños y perjuicios en base a lo dispuesto en el Art. 1185 del Código Civil, el agente debe haber obrado con intención, o bien por imprudencia o negligencia; y en su narrativa de los hecho como fundamento de su pretensión, el accionante no menciona que yo haya incurrido en ese retraso porque lo haya hecho intencionalmente, es decir, con dolo, ni de manera culposa (imprudencia ni negligencia) por cuanto, ya como lo aduje anteriormente, fue por causas ajenas a mi voluntad, de modo que si le pude con tal ínfimo retraso de escasos días, haberle ocasionado algún daño, no lo hizo dolosa ni culposamente como para que ello me haga sujeto de responsabilidad civil por hecho ilícito, ni el mismo demandante tampoco si quiera lo menciona. Que conviene destacar que ese alegato que invoca, de la oferta de venta de una casa que le hizo esa ciudadana, a través de ese papel que acompaña como supuesta prueba documental al que pretende dar apariencia de documento privado y que acompaña a su escrito libelar como anexo marcado “B”, resultan manifiestamente insuficientes para sustentar un alegato de la proporción y dimensión que el demandante alega, como lo es una indemnización por seis mil millones de bolívares (Bs. 6.000.000.000,oo), que según su versión, yo le ocasioné al haber incurrido en un retraso de uno, cuatro y catorce días al cancelar en tres partes iguales esa primera mitad de trescientos millones (Bs. F. 300.000.000,oo)de lo que acordamos en la transacción homologada, ya que, al no estar autenticado (notariado) ese documento, al no tener pues fecha cierta, carece de eficacia probatoria; de modo que, para fabricarse una causa de daños y perjuicios, cualquiera puede inventar e improvisar un documento manuscrito y en acuerdo con otra persona, darle apariencia de legalidad, invocándolo como documento privado emanado de un tercero colocándole fecha anterior para ser ratificado según el Art. 431 del CPC a través de la prueba testimonial y hacerlo quedar como cierto. Qué sucede que al versar ese supuesto compromiso sobre un bien inmueble, tenía que haberse otorgado mediante escritura pública o al menos auténtica (notariada) y más aún, por tratarse de un monto que en mucho excede de dos mil bolívares, conforme a lo dispuesto en el Art. 1387 del Código Civil, por lo cual, resulta evidentemente inviable e improcedente el alegato de hecho ilícito civil y por ende, responsabilidad de tal índole por daños y perjuicios, además de que, no por el hecho de que, aun cuando fuese cierto y ese compromiso (oferta de venta) hubiese existido por ese monto y para cumplirlo en ese plazo, ello tampoco me haría condenable por tal concepto, toda vez de que ese alegato que hace el accionante respecto a que, al no haber honrado su compromiso (el pago que ofertó de seiscientos millones de bolívares fuertes) “quedó anulado” carece de asidero desde todo punto de vista, ya que en materia de derecho privado, y Derecho Civil contractual, prevalece la autonomía de la voluntad de las partes. Que no existen normas de orden público que rijan ese supuesto contrato (oferta de venta), que sean imperativas, sino que como todas las de materia contractual (derecho privado) son supletorias, sólo suplen la voluntad de las partes; aun habiéndose vencido ese supuesto plazo que dice que asumió de dos meses para “honrar” ese supuesto compromiso, la oferente bien pudo haberlo esperado por cinco (5) días más; si en verdad ese plazo se vencía, en el caso de que en verdad ese contrato privado se suscribió y existía, que a todas luces se evidencia que fue inventado posteriormente para sustentar el concepto de daños y perjuicios en mi contra en esa infundada demanda, el veintisiete (27) de junio, y yo terminé de pagarle, abonándole las últimas dos partes de cien millones (Bs. F. 100.000.000,oo) cada una el primero (1°) y dos (2) de julio de dos mil dieciocho (2018). Que aunado que efectivamente, el acuerdo o transacción judicial homologada desde el momento mismo en que se celebró, dejó establecido que el tercer y último abono (de cien millones Bs. F.) de la segunda parte de trescientos millones, debía efectuarse el día dos (2) de julio, por cuanto esos tres últimos abonos debían ser de cien millones el 2 de mayo, cien millones el 2 de junio y cien millones el 2 de julio de 2018; de modo que, aun y cuando yo hubiese puntualmente cumplido con los dos primero abonos de esa segunda mitad (el 2 de mayo y el 2 de junio de 2018) de todas maneras faltaba un tercer y último abono de cien millones el 2 de julio como efectivamente lo hice. Que el infundado e improvisado alegato (a todas luces inventado) del demandante, de que perdió por ello la posibilidad de comprar una casa en el sector La Palma vía Macanilla, no sirve para sustentar un alegato en mi contra de haberle ocasionado con mi retraso, unos daños y perjuicios como los que pretende de manera tan aberrante y exagerada, ya que él mismo afirma que el plazo para pagarle a su supuesta vendedora, vencía el veintisiete (27) de junio de 2018; que ni aun que fuese cierto, eso le ocasionaría perder “la posibilidad de adquirir un nuevo inmueble” pues en caso de que esa ciudadana Naileth Josefia Garabán Tovar, no quisiese venderle esa casa situada en La Palma, ello no impide que el demandante hiciese uso de otra opción para adquirir un inmueble que le sirviese de casa propia de habitación como existen muchas, de modo que ese alegato según el cual, a no haberle yo pagado en las fechas exactas estipuladas en la transacción, le hice perder la posibilidad de obtener o comprar una vivienda o inmueble para vivir, resulta totalmente infundado, además de que, como ya expliqué, ese supuesto compromiso y oferta de compraventa que celebró, se observa desde todo punto de vista dudoso, al carecer de laprueba auténtica que amerita una convención que tenga por objeto un bien inmueble; lo cual deja al descubierto la actuación de mala fe del demandante y su abogado, y que evidentemente implica faltar al deber de las partes y de los abogados de litigar con apego a la honestidad y probidad. Que no basta para invocar el daño en la parte afectiva, emocional o psíquica, el simple incumplimiento o retraso ínfimo de escasos días como ocurrió en el presente caso, como para hacer procedente una reclamación por “daño moral” sólo por pretender basarse en el enunciado del Art. 1196 del Código Civil, ni menos aun por un monto exagerado, desproporcionado y tan carente de fundamento como el que invoca el demandante, al manifestar sin sentido práctico ni explicación alguna, que lo estima en quinientos millones de bolívares. Que conteste ha sido la jurisprudencia patria y la doctrina que el daño moral como tal, proveniente de un supuesto hecho ilícito, que por las razones antes expuestas, no se cometió ni tiene por ende, el demandante, forma de sustentarlo de manera lógica ni coherente, no es objeto de prueba, sino de estimación, pero ello, desde luego, siempre y cuando esté comprobado que estamos en presencia en verdad de un hecho ilícito, que por lo escaso del número de días, se trató de un ínfimo retraso que no causa mora a la tasa de interés anual, ni aplica si quiera a la de un mes ni a la de medio mes, sino que sólo fue de muy escasos días, de lapsos de días que para cálculo de intereses de mora mensual o anual se hacen imperceptibles, y lo cual hace pues de manera evidente, que no proceda reclamación por daño moral, en el mismo entendido de que, por tal “retraso” o mora, el demandante se vio impedido de adquirir otra casa para habitar haciendo uso de la oferta de venta que supuestamente le hizo la ciudadana Naileth Josefina Garabán Tovar sobre un inmueble situado en el sector La Palma, que por las razones antes expuestas, se evidencia que es un alegato que carece totalmente de veracidad por pretender sustentarse en un papel al que se pretende dar apariencia de documento privado, careciendo de eficacia probatoria frente a terceros al no constar en documento público ni auténtico, opción que según él, no pudo ejercer al no haber podido “honrar el compromiso” en el plazo de dos meses que supuestamente le estipuló la susodicha que se vencía el 27 de junio de 2018 por un monto de Bs. F. 600.000.000,oo siendo que desde el momento en que ese supuesto compromiso lo asumió (dizque el 27 de abril 2018) ya él sabía que mi obligación la terminaría de cumplir en una fecha tope correspondiente al último abono de cien millones de Bs. el 2 de julio de ese mismo año. Que al no haber de todos modos podido ejercer esa opción con el total del monto supuestamente ofrecido para el 27 de junio, el hecho ilícito, como ya expliqué anteriormente, no lo cometí, ni por ende hace viable reclamación alguna por “daño moral”. Además de que ese alegato que hace acerca de que al no haber podido a dicha fecha “honrar” ese compromiso, el mismo “quedó anulado” carece de asidero por cuanto la nulidad de una convención por vicios o falta de los requisitos esenciales a todo contrato, no aplican al incumplimiento o a la falta de pago en la fecha tope prevista, ya que la aceptación de un pago extemporáneo (con 5 días de retraso como en este caso, que fueron los que transcurrieron desde el 27 de junio hasta el 2 de julio) no constituía impedimento para que la supuesta oferente lo aceptase en base al principio de la autonomía de la voluntad de las partes que rige en materia contractual u obligaciones de Derecho Privado, de modo que se trata de una pretensión desde todo punto de vista temeraria, improcedente e manifiestamente infundada, que transgrede el deber de las partes de litigar de buena fe. Que solicita que el presente escrito sea admitido y sustanciado conforme a Derecho y apreciado en su justo valor por la sentencia que declare; SIN LUGAR, la infundada demanda incoada en mi contra por el ciudadano César Augusto Días Figueredo.Según el principio de Exhaustividad previsto en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, que obliga a los jueces a valorar y analizar todas cuantas pruebas fueran producidas en juicio, este Tribunal pasa a revisar las pruebas presentadas en su oportunidad procesal por las partes en la presente causa: Pruebas Documentales presentadas por el actor: 1. Copias Certificada emitida por la secretaria del Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario, de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, donde se desprende del legajo de copia varias actuaciones que corresponden al expediente N° 5912, nomenclatura interna de ese tribunal, del cual se desglosa así: acta de audiencia conciliatoria y sentencia dictada por ese tribunal, de fecha 16 de marzo del 2018, donde homologa acuerdo llegado entre las partes; diligencia presentada donde consignan referencia bancaria con el N° 012516516, por un monto de Bs. 100.000.000,00, del banco Bicentenario, por la ciudadana Mariela Carolina Díaz Figueredo, de fecha 02/04/2018, donde se desprende que manifiesta consignar en los siguientes días lo correspondiente a Bs. 200.000.000,00, manifestando al igual excusas, que por fuerza mayor se le imposibilito cancelar el monto completo acordado, así como de tener la buena voluntad de dar fiel cumplimiento con la cantidad restante, pudiéndose verificar tal recibo en las copias consignadas por el actor como medio de prueba; que fue emitido auto de fecha 10 de abril del 2018, donde el tribunal orden sean cancelados los intereses del monto restante equivalente a Bs. 200.000.000,00, a partir del 03/04/2018, por lo que la insto a cumplir voluntariamente a la brevedad posible con la diferencia del pago establecido para el 2/4/2018; que en fecha 11/04/2018, fue presentada diligencia, por el abogado Héctor Matute, consignando comprobante de operaciones N° 76616270, del Banco Mercantil, por u monto de Bs. 75.000.000,00, de fecha 06-04-2018 y depósito de banco N° 0108040671160129, por un monto de Bs. 25.000.000,00, de fecha 06-04-2018, del banco Mercantil, cancelando la cantidad de Bs. 100.000.000,00, por lo que manifiesta garantizar la primera forma de pago acordada en audiencia conciliatoria de fecha 13-03-2018, agregándose a la misma las dos formas de pago especificadas; diligencia de fecha 16/04/2018, donde el abogado Héctor Matute, consigna comprobante de pago, bajo el N° de operación 79637390, por un monto de Bs. 100.000.000,00, de fecha 14-04-2018, del banco Mercantil; en fecha 14 de mayo del 2018, mediante diligencia suscrita por el abogado Héctor Matute, donde procede a realizar el aporte de intereses moratorios correspondientes a los Bs. 300.000.000,00, consignado transferencia N° 87345585, de fecha 08-05-2018, por un monto de Bs. 1.134.246,58, del banco BOD, manifestando en la misma, dar fiel cumplimiento al primer acuerdopactado en la audiencia conciliatoria, consignando e la misma recibo de transferencia N° 94583949, de fecha 11-05-2018, por un monto de Bs. 100.000.000,00, del Banco Provincial, transferencia N° 88570864, de fecha 11- 05-2018, por un monto de Bs. 5.671.232,88, por concepto de pago de intereses moratorios de 9 días de atraso, siendo que el pago era el 2-05-2018, trasferencia N° 88571018, de fecha 11-05-2018, por un monto de Bs. 567.123,28, pago de interés pactados del moto correspondiente al mes, tasa fijada por el Banco Central de Venezuela, anexo consignada a la misma; auto de fecha 8 de mayo del 2018, donde el tribunal insta a la ciudadana Mariela Carlina Díaz Figueredo, a cumplir voluntariamente con la diferencia de pago establecido para el 2-04- 2018, debiendo imputar intereses de mora, debiendo cancelar la cantidad de Bs. 184.601.999,88; informe de experticia remitida a ese tribunal Segundo de Primera Instancia Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, remitido por el Licenciado Mario Augusto Febres Méndez, titular de la cédula de identidad N° V-3.215.851, cumpliendo con el mandato en su condición de experto designado, donde de sus conclusiones en el cuarto particular expresa que deberán ser pagados por concepto de intereses moratorios calculados sobre las cantidades comprendidas no solventes, la constituye la sumatoria en su totalidad la cantidad de Bs. 2.981.780,82, que contempla el estudio realizado tomando como fecha de término el día 25-06- 2018, que corresponde al ajuste monetario determinado en la presente experticia; tabla de cálculo de intereses moratorios, donde se desprende un total intereses e anexo 1+anexo2+anexo 3 Bs. 2.981.780,82; diligencia suscrita por el abogado Héctor Matute, de fecha 2 de julio del 2018, con el fin de consignar copias de transferencias correspondientes a los meses junio y lulio las cuales forman parte del convenio de pago, referente a la audiencia conciliatoria de fecha 13-03-2018, transferencia N°IB0029557699, banco Fondo Común por un monto de Bs. 100.000.000,00, correspondiente al mes de junio, de fecha 02-07- 2018 y recibo N° 9693236711, banco Banesco, por un monto de Bs. 100.000.000,00, correspondiente al mes de julio de fecha 01-07-2018, anexo al mismo los recibos. Anexo distinguido con la letra “A”, que riela a los folios8 al 34, que del mismo se desprende, el acuerdo que dio origen a la presente demanda y que la demandada manifestó excusa de su atraso de la primera aparte del acuerdo, terminando su cancelación el día 14-05-2018, cancelando los intereses moratorios 8-05-2018, por un total de Bs. 190.840.356,00 de interés por día de atraso en los pagos correspondiente a los Bs. 300.000.000,00, a los 9 días de atraso del monto del mes de mayo correspondiente a Bs. 100.000.000,00 y pago de interés pactados del moto correspondiente al mes, tasa fijada por el Banco Central de Venezuela, así como el último pago acordado en la transacción que se consignó 2-07-2018, siendo esa la fecha tope pautada por las partes de la última cancelación, que por o haber sido impugnadas yestar debidamente certificadas por el órgano jurisdiccional, se le otorga pleno valor probatorio de conformidad a lo previsto en el artículo 429 concatenado con los artículos 1.357 y 1.359 del Código Civil. Así se decide. 2. Documento privado, señalado como título Oferta de Traspaso por Derecho de Posesión, suscrito por la ciudadana Naileth Josefina Garaban Tovar y Cesar Augusto Díaz Figueredo, con fecha 27-04-2018, así mismo fue consignado documento, de Permiso de Construcción, para la Vivienda, que evidencia la existencia del inmueble, que fue dado en traspasos de derechos de posesión a la parte demándate en la presente Litis, en fecha 27 de abril del 2018, por un monto de Bs. 600.000.000,00 y dando un plazo de dos (2) meses contado a partir de la firma del contrato, documento privado que fue debidamente ratificado por la otorgante, es por lo que este tribunal lo valora a tenor de lo dispuesto en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide. PRUEBAS TESTIMONIALES: 1) ANYELI CAROLINA PAZ PAZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 21.566.667, domiciliadaen la carretera Vía Boca Toma, casa Nª sin número, ubicada al lado del instituto Nacional de servicios INASS, Agustín Capobianco Sánchez, primer sector de la parroquia de San Carlos de Austria del municipio Ezequiel Zamora estado Cojedes, siendo evacuado tal y como se desprende del acta que riela al folio 66 y 67, en fecha 11 de enero del año 2019, evidenciándose que el testigo fue conteste en su interrogatorio, que no hubo repreguntas y se desprendió de sus dichos, que no conoce a la ciudadana Naileth Josefina Garaban Tovar pero que al ciudadano Cesar Augusto Díaz Figueredo, si porque es de la comunidad vive a dos cuadra de su casa; que conocía sobe el negocio que se estaba haciendo entre ellos y se acordó hacer; que para el mes de abril tiene conocimiento del documento que ellos firmaron; que el lapso de del acuerdo era de aproximadamente dos meses; que el documento firmado quedo desierto, reconozco mi firma del documento; dicho este que le solo le da convicción a quien revisa la decisión del juez A-quo, que existió una negociación privada entre los ciudadanos Naileth Josefina Garaban Tovar y Cesar Augusto Díaz Figueredo, sobre un bien inmueble, y que el mismo como lo dijo la testigo fue desierto, asimismo no se desprende de sus dichos los motivos y razones del porque, no fue materializada la venta; dichos que se aprecia de conformidad con lo previsto en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide. 2) NAILETH JOSEFINA GARABAN TOVAR. venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 15.485.924, domiciliada sector la Palma, vía macanilla, parcela S/N municipio Ezequiel Zamora estado Cojedes, siendo evacuado tal y como se desprende del acta que riela al folio 68 y 69, en fecha 11 de enero del año 2019, evidenciándose que el testigo fue conteste en su interrogatorio, que no hubo repreguntas y se desprendió de sus dichos, que conoce de vista al ciudadano Cesar Augusto Díaz Figueredo; que celebraron una oferta entre ellos y que fue el 27 deabril, le dio un plazo de dos meses, le dije que no y anularon el contrato porque no llego con la plata; que el valor de la oferta era de Bs. F 600.000.000,00; que dio un lapso de 2 meses, no fue materializada la venta; que si suscribió la veta del inmueble con el ciudadano Cesar Augusto Díaz Figueredo; reconoce la suscripción de la oferta de traspaso de derechos de posesión; dicho este que solo le da convicción a quien decide, que existió una negociación privada entre la testigo ciudadana Naileth Josefina Garaban Tovar y Cesar Augusto Díaz Figueredo, sobre un bien inmueble, y que el mismo como lo dijo la testigo, lo anularon por no llegar con la plata, y que se celebró el 27 de abril y le otorgó un plazo solo de dos meses para cancelar el monto pautado de Bs. F 600.000.000,00; dichos que se aprecia de conformidad con lo previsto en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide. 3) El testimonio del ciudadano ANTONIO JOSE BENITEZ PADRON, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº 9.531.003, domiciliado en la urbanización Aeropuerto, casa 85-07, primer sector de la parroquia de San Carlos de Austria del municipio Ezequiel Zamora estado Cojedes, no se desprende haber sido evacuado su testimonio por el tribunal a-quo. III CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Quedando planteado el problema, pasa esta Juzgadora a realizar las siguientes observaciones. En la oportunidad de presentar los informes, la Parte actora, expresó lo siguiente: Omissis … En fecha trece de marzo de dos mil dieciocho (2018), se realizó la audiencia conciliatoria en el TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRANSITO Y BANCARIO, DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES, entre los ciudadanos CESAR AUGUSTO DIAZ FIGUEREDO y MARIELA CARLINA DIAZ FIGUEREDO y los abogados asistentes en presencia del ciudadano Juez, abogado Alfonso Elías Caraballo Caraballo, acordando la parte demandante Mariela Carlina Díaz Figueredo y en la que ofrece a la parte demandada Cesar Augusto Díaz Figueredo, pagar la cantidad de seiscientos millones de bolívares con cero céntimos (600.000.000,00) por el cincuenta por 50% de los derechos de propiedad que le corresponde al demandado sobre el bien inmueble tipo vivienda. Dicho ofrecimiento, lo realizo en la forma de pago siguiente: “1º un primer pago de trescientos millones de bolívares con cero céntimos (300.000.000,00), dentro de los veinte (20) días siguientes a la presente fecha, es decir con una fecha limite pautada para el día 2 de abril de 2018, y 2º La cantidad de trescientos millones de bolívares con cero céntimos (300.000,00), en pagos mensuales y consecutivos de cien millones de bolívares con cero céntimos (100.000.000,00), el día 2 de junio de 2018; 2.3. la cantidad de cien millones de bolívares con cero céntimos (100.000.000,00), el día dos de julio de 2018. Del mismo modo, ofreció pagar intereses sobre la cantidad de: Trescientos millones de bolívares con cero céntimos (300.000.000,00) comprometidos en tres (03) cuotas de fechas: 2 de mayo, 2 de junio y 2 de julio de 2018, a los que se le aplicaran los intereses establecidos por el Banco Central deVenezuela a las tasas del mercado, a los fines de reconocer el hecho notorio de la INFLACION Y DEVALUACION MONETARIA…… DE LA CONTESTACION DE LA DEMANDA: ….En fecha 25 de septiembre de 2018, la ciudadana MARIELA CARLINA DIAZ FIGUEREDO, consigno el escrito de contestación de la demanda, el cual expone la siguiente forma: Del acuerdo y cumplimiento: 1. Admite la existencia del ACUERDO HOMOLOGADO, POR EL TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCIPCION JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES. 2. Que este ACUERDO HOMOLOGADO, es por los derechos de una casa en el Barrio “Los Pocitos”, carrera: 16, cuyo terreno contiene 300 metros cuadrados de superficie, los cuales pertenecen a MARIELA CARLINA DIAZ FIGUEREDO y CESAR AUGUSTO DIAZ FIGUEREDO, según documento de fecha: veintinueve (29) de agosto de dos mil dieciséis (2016(, N 43, folios 226 al 230, Tomo 3, protocolo: Primero, Tercer Trimestre de dos mil dieciséis (2016), por la cual se comprometió a pagar la cantidad de SEISCIENTOS MILLONES DE BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (600.000.000,00…………………………………………. DE LOS INTERESES DE MORA: Que los intereses de Mora por 149.750.000,00 Bolívares que alega la parte actora ciudadano CESAR AUGUSTO DIAZ FIGUEREDO, en ellos, está aplicando la totalidad de los intereses del año. Que en el expediente 5912, folios 131 al 133 riela experticia contable del licenciado: MARIO AUGUSTO FEBRES MENDEZ, en la cual aplico las tasas de los seis principales bancos comerciales del país, información que es presentada por el Banco Central de Venezuela, y que cuyo monto es de: DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA CON OCHENTA Y DOS BOLIVARES ( 2.291.780,82 Bs) DE LA IMPROCEDENCIA DE DAÑOS Y PERJUICIOS: 1 Que el retraso en el que incumplió la ciudadana MARIELA CARLINA DIAZ FIGUEREDO, fue de diecinueve (19) días, pero que es improbable que no haya podido honrar el compromiso contraído de compra del inmueble. Por lo que no incurrió en ilícito de Daños y Perjuicios y, que no hubo manera culposa (imprudencia e negligencia), además que este incumplimiento fue por causas ajenas a su voluntad y que dicho retraso no fue doloso, por lo que no se hace reparable civilmente. 2 Que el documento carece de autenticidad (notarial) lo que no se hace responsable del compromiso adquirido por las partes. 3 Que la prueba fue inventada para sustentar el daño y perjuicio lo que la hace inviable porque canceló la totalidad el 02 de julio de 2018. 4 Que efectivamente del acuerdo homologado, se cancela el tercer y cuarto pago en su totalidad, el 01 de julio de 2018 5 Que es infundado e improvisado y no sirve para fundar sustentar lo alegado en su contra por lo que se está actuando de mala fe. 6 No tiene validez por ser un documento privado y para ser oponible a terceros debe ser público. DE LA IMPROCEDENCIA DEL DAÑO MORAL 1 Que el retraso es de escasos días para pretender Daño Moral. 2 Que cita una jurisprudencia en relación al Daño Moral y no la ofrece para consulta……… 3 Que se alega, que no se puede hablar incumplimiento por no poder comprar el inmueble, ya que el pago se efectuó el 2 de julio de 2018. 4 Que el no haberse comprado en fecha 27 de junio de 2018, no le responsabiliza, ni se hace viable el reclamo de Daños y Perjuicios. 5 Que el documento carece de registros esenciales y que el retraso desde el 27 de junio hasta el 02 de julio de 2018, no constituye impedimento para que la supuesta oferta la aceptase con base al principio de autonomía de las partes que rige la materia contractual y obligaciones del derecho privado.DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRPION JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES. En sentencia de fecha 14 de agosto de dos mil nueve 2019, el tribunal se pronuncia declarando SIN LUGAR la demanda: DAÑOS CIVILES; DAÑOS Y PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL ACUERDO HOMOLOGADO, en los términos siguientes: 1. Que del ACUERDO HOMOLOGADO, firmado en fecha: trece (13) de Marzo de dos mil dieciocho (2018), se estima que es fidedigna con valor probatorio, de conformidad con los artículos: 395,429 y 509 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los artículos 1354,1357, 1358 y 1359 del Código Civil. 2. Con relación al documento Privado, es desechado por cuanto no ofrece elementos de convicción, por no guardar relación con los hechos objetos de la demanda. 3. Que los testigos uniformemente y no cayeron en contradicción, por cuanto conocen el negocio que existía entre los ciudadanos CESAR AUGUSTO DIAZ FIGUEREDO, y NAILETH JOSEFINA GARABAN TOVAR, no incurriendo en exageraciones. Aun así, no le da valor probatorio, porque no guarda relación con los hechos y cita el 1387 del Código Civil. 4. Que la parte demandada, no promovió probanzas y no aclara el objeto de los testigos y documento privado………………………………… El hecho ilícito, de incumplir un ACUERDO HOMOLOGADO, en el TRIBUNAL SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION DEL ESTADO COJEDES, trajo consigo el daño material a mi representado, ya que este no puedo adquirir una vivienda digna para su familia, por lo que se quedaría sin casa y lo más natural es que con el producto de este acuerdo, consigna otro inmueble para sus hijos, perdiendo dicha posibilidad mi representado y obligándose a entregar los derechos de propiedad del 50% de la vivienda a la ciudadana MARIELA CARLINA DIAZ FIGUEREDO. Del referido escrito de informe, no se detecta, que el recurrente haya invocado algún vicio, en que haya incurrido el Tribunal de Instancia en la sentencia proferida en fecha 14 de agosto del 2019; sin embargo, al haber ejercido el recurso dentro del lapso correspondiente, esta alzada realizar las revisiones adecuadas al debido proceso, la sentencia dictada, a fin de verificar que no exista, ningún vicio previsto en la norma procesal, como lo alegado y probado en las actas procesales, todo de conformidad a lo previsto en los artículos 2, 26, 49, 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, concatenado con los artículos 7, 10, 12, 13 y 15 del Código de Procedimiento Civil. IV MOTIVACIONES PARA DECIDIR Quedando planteado el problema, y analizada las actas que conforman el presente expediente, es por lo que se extrae para convicción de quien decide, en búsqueda de la verdad, del anexo marcada con la letra “A” (Folio del 10 al 13) contentiva de copia certificada de la sentencia del A-quo Expediente Signado Nº 5912, ahora bien, verifica esta superioridad, que dicho A-quo mediante sentencia interlocutoria con fuerza Definitiva, de fecha 16 marzo del año 2018,declaro: Omissis… …en fecha 13 de marzo del año 2018, el tribunal dejo constancia de la continuación de la audiencia conciliatoria con la comparecencia de la partedemandante ciudadana María Carlina Díaz Figueredo, asistida por el abogado Héctor enerve Matute Castro, así como la comparecencia de la parte demandada ciudadano Cesar Augusto Díaz Figueredo, asistido por el abogado Jhon Fitgerait Rivero, quienes llegaron a las siguientes conclusiones: …la parte demandante María Carlina Díaz Figueredo, ofrece la parte de demandada Cesar Augusto Díaz Figueredo pagar la cantidad de seiscientos millones de bolívares con cero céntimos (Bs. 600.000.000,00), por el cincuenta por ciento (50%) de los derechos de propiedad que le corresponden al demandado sobre el bien inmueble tipo vivienda construido sobre un lote de terreno de 300 mts2, pertenecientes al municipio san Carlos (hoy Ezequiel Zamora) del estado Cojedes, ubicado en la carrera 16, barrio los Pocitos, cuyos linderos son: (omissis…) para ser pagados de la siguiente manera: 1º un primer pago de trescientos millones de bolívares con cero céntimos ( (Bs 300.000.000,00) dentro de los veinte (20) días siguientes a la presente fecha es decir, con una fecha limite pautada para el día lunes dos (02) de abril del año 2018, y 2º la cantidad de trescientos millones de bolívares con cero céntimos (Bs 300.000.000,00) en pagos mensuales y consecutivos de cien millones de bolívares con cero céntimos(Bs 100.000.000,00), a partir del primer pago, es decir, a ser cancelados así: 2.1. la cantidad de cien millones de bolívares con cero céntimos (Bs 100.00.00,00) el día dos (02) de junio del año 2018, y 2.3. la cantidad de cien millones de bolívares con cero céntimos (Bs 100.000.000,00) el día dos (02) de julio del año 2018. Queda entendido que la precitada cantidad indicada en el aparte 2º, se le aplicara los intereses establecidos por el banco central de Venezuela a las tasas activas del mercado, a los fines de reconocer el hecho notorio de la inflación y devaluación monetarias. Por su parte el ciudadano cesar Augusto Díaz Figueredo, acepta la oferta de pago realizada y cede plena propiedad a la ciudadana Mariela Carlina Díaz Figueredo el cincuenta por ciento (50%) de los derechos de propiedad que le corresponde al demandado…omissis…. Ambas partes solicitan al tribunal homologue el presente convencimiento y le dé fuerza de ley, y se dé por terminado el presente expediente una vez cumplido con los pagos establecidos archivándose la causa. El tribunal vista la exposición de las partes y por cuanto, mediante la conciliación llegaron a la terminación del proceso usando los medios alternativos de resolución de conflictos, establecidos en el articulo258 de la constitución de la república Bolivariana de Venezuela en concordancia con el artículo 257 del código de procedimiento civil (…)…. … es así, como una vez realizada la transacción de mutuo consentimiento y voluntad entre las partes en conflicto, la misma cobra lafuerza de ley por imperio del Código Civil, sustituyendo este, la voluntad que eventualmente pudo haber manifestado el órgano jurisdiccional a través de la sentencia y poniendo fin a la controversia mediante la mutua concesión entre ellas, estableciéndose reciprocas obligaciones mediante las disposiciones que rigen al contrato. Siendo ello así, es la voluntad de las partes, que, mediante un medio de autocomposición procesal, modifica lo ordenado por el fallo dictado por este tribunal, solo dejándole la labor propia de la fase ejecutiva del proceso en lo concernientea tal transacción, una vez que esta haya sido debidamente homologada previo el cumplimiento de los requisitos de ley. Igualmenteuna vez dictado el fallo, las partes pueden celebrar la transacción para determinar mediante la forma de dar cumplimiento al indicado fallo, modificando inclusive los parámetros de la sentencia, en virtud del principio que rige el procedimiento civil , el cual sereconoce a las partes como dueñas del proceso contenido en el artículo 525 del Código de Procedimiento Civil , el cual constituye que las partes podrán de mutuo acuerdo y de forma expresa que conste en el expediente, realizar actos de autocomposición procesal respecto al cumplimiento de la sentencia. Así se concluye. Dicho lo anterior, se evidencia del acta conciliatoria de fecha 13 de marzo del año 2018, (FF, 77 y vuelto), que la parte demandante María Carlina Díaz Figueredo, asistida por el abogado Héctor Eneve Matute Castro, así como la parte demandada Ciudadano Cesar Augusto Díaz Figueredo, asistido por el abogado Jhon Fitgerait Rivero, celebraron de forma voluntaria un contrato de transacción, haciendo reciprocas concesiones conforme a lo establecido por ellos en su texto y poniendo fin a la presente controversia, con el cual se cumple con el requisito establecido en el artículo 1713 del Código Civil, en concordancia con los artículos 255, 256, y 525 del código de procedimiento civil. Así se evidencia. A modo de conclusión, en virtud de que el contrato de transacción fue celebrado válidamente entre las partes y el tercero, las cuales poseen capacidad para disponer de las cosas comprendidas en la transacción, haciéndose mutuas concesiones y habiéndose solicitado recíprocamente la homologación de la misma, tal como se desprende del mencionado contrato de transacción, siendo este una forma autónoma de poner fin a la presente controversia, fundada en el principio de autonomía de las partes, en sustitución de la forma natural y ordinaria de la terminación de un procedimiento judicial mediante la sentencia o sobre la forma en que deba cumplirse la misma, y , verificándose además que el mencionado contrato de transacción no es contrario a derecho o a normas de orden público, es por lo que, resulta forzoso para este sentenciador declarar la procedencia de la homologación solicitada, mediante acta conciliatoria de fecha trece de marzo del año 2018, debiéndose impartir carácter de cosa juzgada a la transacción celebrada por las partes y el tercero en la definitiva de la presente decisión. Así se establece… omissis… …. Declara Homologado la Transacción celebrada en fecha trece (13) de marzo del año 2018, por la ciudadana Mariela Carlina Díaz Figueredo (…) y por el ciudadano Cesar Augusto Díaz Figueredo (…) en el juicio pro Partición y Liquidación de la Comunidad de Bienes, y acuerda tenerlo como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, conforme a lo previsto en los artículos 255, 256 y 262 del Código de procedimiento civil (…)” Ahora bien, el caso de marras, incurre sobre un conflicto, que nace a raíz de un acuerdo transaccional, que fue debidamente homologado y que posteriormente para julio del 2018, fue intentada, la demanda por daños y perjuicios de la homologación dictada, por el Juez del Tribunal Segundo de Primera Instancia Civil, de esta Circunscripción Judicial; pues, dentro de la figura de las homologaciones, se fijan derechos o intereses, el cual es sometido, bilateralmente, a consideración jurisdiccional, para que el mismo sea homologado, ello es investido en autoridad de Sentencia, con el objeto, que el avenimiento de derechos alcance autoridad de cosa Juzgada y el cumplimiento de las obligaciones consagradas en el acuerdo, debe ser exigidos su cumplimiento ahí convenidos, por el procedimiento de ejecución de Sentencia.- Es decir, la transacción, puede celebrarse en cualquier estado y grado, antes de la sentencia definitiva, y que, de no vulnerarse ningún derecho, debidamente revisadopor el Juez que lleva la causa, puede proceder a Homologarlo, con autoridad de cosa Juzgada, en los mismos términos presentados por las partes en el proceso. Toda transacción, como indica el Tribunal Supremo “produce el efecto de sustituir una relación jurídica controvertida, por otra cierta y no controvertida, extinguiendo los derechos y acciones de las que trae causa y originando nuevos vínculos y obligaciones. De tal manera que, no se pueden plantear cuestiones que afecten a las situaciones preexistentes a la transacción, que han perdido la protección jurídica al ser transigidas”. Por tanto, la transacción provoca el nacimiento de nuevos vínculos u obligaciones, en sustitución de los extinguidos, o la modificación de éstos, por lo que tiene carácter novatorio, sustituyendo la situación controvertida, por otra cierta e incontrovertida. Lo anterior, no impide que puedan surgir controversias respecto a lo transigido, pero es obvio, que las mismas deben circunscribirse y limitarse a las obligaciones o derechos contraídos, como consecuencia de la referida transacción, por ser, ese el nuevo contrato concluido entre las partes para resolver sus diferencias, y, por tanto, en ningún caso se pueden plantear cuestiones que afecten a las situaciones previas a la transacción que han sido modificadas por ésta. Ahora bien, las obligaciones adquiridas en la transacción, se considerarán cumplidas o incumplidas conforme a las normas establecidas con carácter general en el Código Civil, al no existir un precepto legal que establezca otra cosa, ni deducirse de ellos. El contrato de transacción (como todo contrato) debe recaer sobre un objeto cierto, real o posible, determinado o susceptible de determinación. La ley no exige requisitos de forma para la validez del contrato de transacción, por tanto, es posible realizar la transacción en forma oral. Sin embargo, es requisito esencial el consentimiento recíproco de ambas, libre y definitivo (que no dé lugar a dudas), sin que pueda considerarse otorgado por la mera interpretación subjetiva de las conductas de las partes. Por ello, la transacción, solo puede afectar a quienes de forma expresa o tácita transigieron, quedando obligados por el mismo. El contenido y alcance de las obligaciones, queda específicamente fijado por las concesiones convenidas, que se interpretarán de forma estricta. Por ello, la transacción solo comprende los objetos expresados determinadamente en ella, o que, por una inducción necesaria de sus palabras, deban reputarse comprendidos en la misma. Por tanto, los términos literales del contrato son los que obligan a las partes siempre, que no dejen lugar a dudas sobre la intención de las partes, en caso contrario, entrarían en juego los artículos 1.281 al 1.289 del Código Civil. Partiendo, como lo ha hecho esta instancia, revisado un poco, sobre la figura de la transacción, pasamos a revisar los tres puntos enfocados por el recurrente en sus alegatos, al apuntar la presente Litis, en tres aspectos a solicitar: 1) la cantidad de ciento cuarenta y nueve millones setecientos cincuenta mil cincuenta bolívares con cero céntimos (Bs. 149.750.000,00) por concepto de intereses no pagado y establecidosen acuerdo conciliatorio, homologado por el tribunal, tal como consta en el acta el cual expresa: “Queda entendido que la precitada cantidad indicada en el aparte 2º, se le aplicara los intereses establecidos por el banco central de Venezuela a las tasas activas del mercado, a los fines de reconocer el hecho notorio de la inflación y devaluación monetarias.”. 2) la cantidad de quinientos millones de bolívares con cero céntimos (Bs. 500.000.000,00) por concepto de daño moral. Que acompañan a los materiales y deben ser indemnizados para permitir la Restitución In Integrum o reparación integral, por los procedimiento y afecciones sufridas, debiendo ser resarcido en todo aquello en lo que haya sido dañado, por concepto de: pago de transporte, pago por la expedición de documentos, pagos por el evaluó de experto contable, pagos por copias simples y certificadas, horas invertidas en diligencias, tiempo de espera y así como los gastos de representación legal.3)La cantidad de seis mil millones de bolívares con cero céntimos (Bs. 600.000.000,00) por concepto de daños y perjuicios por no haber podido adquirir los inmuebles, motivado al incumplimiento (no hacer) del acuerdo homologado. Tres puntos debatidos en la presente Litis. Siendo considerable revisarlos como otra instancia, para lo cual la iniciamos desde la presente perspectiva: Como, primer punto “los intereses no pagados y establecidos en el acuerdo conciliatorio, homologado por el tribunal, tal como consta en el acta”, desde esta perspectiva, pasamos a verificar, que se estableció en el acuerdo homologado en fecha 16 de marzo del 2018, en el asunto 5912. (Nomenclatura interna) Tribunal Segundo de Primera Instancia Civil, Mercantil del Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, relacionado con intereses, que élega el actor, “Intereses No Pagados”; desprendiéndose lo siguiente: “1º un primer pago de trescientos millones de bolívares con cero céntimos ( (Bs 300.000.000,00) dentro de los veinte (20) días siguientes a la presente fecha es decir, con una fecha limite pautada para el día lunes dos (02) de abril del año 2018, y 2º la cantidad de trescientos millones de bolívares con cero céntimos (Bs 300.000.000,00) en pagos mensuales y consecutivos de cien millones de bolívares con cero céntimos(Bs 100.000.000,00), a partir del primer pago, es decir, a ser cancelados así: 2.1. la cantidad de cien millones de bolívares con cero céntimos (Bs 100.00.00,00) el día dos (02) de junio del año 2018, y 2.3. la cantidad de cien millones de bolívares con cero céntimos (Bs 100.000.000,00) el día dos (02) de julio del año 2018. Queda entendido que la precitada cantidad indicada en el aparte 2º, se le aplicara los intereses establecidos por el banco central de Venezuela a las tasas activas del mercado, a los fines de reconocer el hecho notorio de la inflación y devaluación monetarias. Es prudente resaltar, que, de las pruebas aportadas, por el actor y debidamente revisadas, por esta alzada, se desprende a la copia certificada, marcada como anexo “A”, que fueron señalados y reconocidos por el actor los pagos realizados por la obligada; sin embargo, los intereses que alega, es sobre el punto señalado en el acuerdo como “2”, que se encuentra antes trascrito y marcado en negrilla, cumpliéndolo la demandada de la siguiente manera:1) Transferencia N° 94583949, de fecha 11-05-2018, por un monto de Bs. 100.000.000,00, del Banco Provincial. 2) Transferencia N° 88570864, de fecha 11-05-2018, por un monto de Bs. 5.671.232,88, por concepto de pago de intereses moratorios de 9 días de atraso, siendo que el pago era el 2-05-2018. 3) Trasferencia N° 88571018, de fecha 11-05-2018, por un monto de Bs. 567.123,28, pago de interés pactados de la moto correspondiente al mes, tasa fijada por el Banco Central de Venezuela. 4) Transferencia N° IB0029557699, banco Fondo Común por un monto de Bs. 100.000.000,00, correspondiente al mes de junio, de fecha 02-07- 2018. 5) Recibo N° 9693236711, banco Banesco, por un monto de Bs. 100.000.000,00, correspondiente al mes de julio de fecha 01-07-2018. De los pagos, realizados al acuerdo transaccional, debidamente homologado, en el segundo punto que fueron pactados“los intereses establecidos por el banco central de Venezuela a las tasas activas del mercado, a los fines de reconocer el hecho notorio de la inflación y devaluación monetarias”; se desprende que la ciudadana Mariela Carlina Díaz Figueredo, cancelo en el mes de mayo específicamente 11-05-2018, el aporte correspondiente al primer monto acordado para ese mes, que era por cien millones de bolívares con cero céntimos (Bs. 100.000.000,00) al igual se desprende la cancelación, de los intereses por mora de los 9 días de atraso, más el pago de intereses pactados al monto acordado, por un monto de cinco millones seiscientos setenta y un doscientos treinta y dos bolívares con ochenta y ocho céntimos (Bs. 5.671.232,88);ahora no se evidencia pago, de intereses del mes de junio ni de julio, solo la cancelación de la cuota que correspondía a esos meses; razón por la cual deben ser cancelados por la obligada ciudadana Mariela Carlina Díaz Figueredo, a fin de dar fiel cumplimiento, al acuerdo llegado entre las partes, en la transacción, debidamente homologada, en fecha 13 de marzo del 2018, que las partes proveyeron, que en atención al 2° aparte del acuerdo, debían cancelarse el monto de trescientos millones de bolívares con cero céntimos (Bs. 300.000.000,00) por cuotas mensuales correspondiente a los meses mayo, junio y julio, por un monto de cien millones de bolívares con cero céntimos (Bs. 100.000.000,00) cada una, le adicionaron al referido monto de cada mes los intereses establecidos por el banco central de Venezuela a las tasas activas del mercado, a los fines de reconocer el hecho notorio de la inflación y devaluación monetarias” y que, de los cuales la obligada, cancelo los intereses correspondiente al mes de mayo, no evidenciándose de las pruebas aportadas, que haya cancelados los intereses inflacionarios correspondiente a los meses junio y julio, solo cancelado la deuda completa adquirida en el acuerdo transaccional, situación está que conlleva a este órgano superior a declarar, que debe la ciudadana Mariela Carlina Díaz Figueredo, dar cumplimiento al pago de los intereses, correspondientes a la cuota de cien millones de bolívares con cero céntimos (Bs. 100.000.000,00) de cada mes es decir: intereses correspondiente al monto de la cuota de la mensualidad del mes de junio que era Bs. 100.000.000,00, (denominación actual Bs. S. 100.000,00) y los intereses de la cuota del mes de julio Bs.100.000.000,00, (denominación actual Bs. S. 100.000,00), aplicándole la correspondiente Indexación Monetaria, equivalente desde el 02-06-2018, fecha en que le correspondía, cancelar la cuota del mes de junio a la fecha de la publicación de la presente sentencia. Así se determina. En cuanto, a los otros puntos enfocados por el actor en su petitorio, como es el daño moral y daños y perjuicios, ocasionados por la demandada, al no incumplir a cabalidad con el acuerdo homologado y que el mismo indica en sus alegatos que “es evidente la ocurrencia de un hecho ilícito”, no podemos dejar a un lado, determinar que se ha referido como hecho ilícito, para lo cual reseñamos a continuación: “El hecho ilícito es, como todo acto contrario al ordenamiento jurídico vigente, generado por la intención, la imprudencia, impericia, negligencia mala fe, abuso de derecho e inobservancia normativa de una persona (agente) que tiene por contrapartida una responsabilidad civil en favor de otra persona (perjudicado o víctima) que debe cubrir el agente del daño. El artículo 1.185 del Código Civil Venezolano refiere: El que, con intención, o por negligencia o por imprudencia, ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo. Debe igualmente reparación quien haya causado un daño a otro, excediendo, en el ejercicio de su derecho, los límites fijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual le ha sido conferido ese derecho. Los caracteres principales del derecho ilícito son: 1.- El hecho que lo genera consisten en un acto voluntario y culposo por parte del agente. La voluntariedad implica que el acto del agente le es plenamente imputable. 2.- Se origina en el incumplimiento o inejecución de una conducta preexistente que el legislador no la especifica expresamente, pero la presupone en todo sujeto de derecho y la sanciona con la obligación de reparar. Esa conducta preexistente se deduce del contexto del artículo 1185 del Código Civil y consiste en una actuación negativa (no hacer) del sujeto de derecho, que radica en no causar daños a otros por intención, negligencia o imprudencia. 3.- El incumplimiento culposo de la conducta preexistente referida debe causar un daño. La producción del daño es fundamental para que el hecho ilícito produzca su efecto principal: la reparación del daño, o sea, la responsabilidad civil. De no causarse un daño, nada habrá que reparar y el incumplimiento culposo de la conducta preexistente será irrelevante desde el punto de vista del Derecho Civil. 4.- El incumplimiento culposo de la conducta preexistente debe ser ilícito, es decir, no debe ser tolerado, consentido, ni amparado por el ordenamiento jurídico positivo.” Asimismo, se hace necesario anunciar la sentencia de la Sala de Casación Civil, del Tribunal Supremo de Justicia, N° 744, de fecha 16 de noviembre del 2017, Caso: MAQUIVIAL C.A. contra FUNDACIÓN RUSA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS, el cual expreso sobre la responsabilidad por hecho ilícito, lo siguiente: “…Establecido lo anterior, se debe señalar que esta Sala de Casación Civil, de manera reiterada ha venido estableciendo, que para que proceda la responsabilidad civil contractual deben, sin lugar a dudas, concurrir ciertos elementos o circunstancias de hecho, los cuales son: eldaño, la culpa, el incumplimiento y el vínculo de causalidad. Estos elementos, además de ser necesarios, deben ser analizados por el juzgador para poder determinar la existencia de la misma y por ende, para poder declarar la procedencia de su reclamo. Dicho lo anterior, se debe destacar que si bien es cierto que en el fallo impugnado el juez superior, de una forma particular, justificó su condenatoria en la procedencia del reclamo de la indemnización por daños y perjuicios solicitada por la demandada en su reconvención, realizando un esbozo respecto al régimen de responsabilidad extracontractual o por hecho ilícito, aun y cuando la naturaleza de la relación que existe entre las partes de este juicio, se deriva de un contrato de obra, no puede pasar por alto esta Sala que el ad quem en el presente asunto cumplió de una forma efectiva con su tarea de operador de justicia para la búsqueda de la verdad, pues, pese a su inapropiada exposición, logró comprobar de un estudio de las actas, y así lo expuso en su fallo, que en el presente asunto se encuentran dados todos y cada uno de los presupuestos de hecho necesarios para la procedencia de una indemnización por daños y perjuicios por responsabilidad civil contractual, pues en la sentencia estableció la existencia del incumplimiento culposo en el que incurrió la empresa Maquivial, C.A., respecto al contrato de obra suscrito con la Fundación Rusa para la Construcción de Viviendas, el daño ocasionado a la Fundación Rusa para la Construcción de Viviendas por el incumplimiento contractual en el que incurrió la accionante, y también, la relación de causalidad que existe entre el daño y el incumplimiento contractual en el que incurrió la empresa Maquivial, C.A. Por lo tanto, el hecho de que el juez superior haya realizado toda una inapropiada argumentación para complementar su condenatoria con base en el régimen de responsabilidad extracontractual, cuando el deber ser, hubiese sido que realizara su condenatoria conforme con el régimen contractual de responsabilidad civil, en nada podría influir en el fondo de lo decidido en el fallo recurrido, pues al estar presente en el juicio todos y cada uno de los presupuestos o elementos necesarios contemplados en nuestro ordenamiento jurídico para el resarcimiento de un daño y para la procedencia de la responsabilidad civil, la conclusión ante este supuesto de hecho, siempre va a ir dirigido hacia la procedencia del reclamo de los daños y perjuicios por no haber la empresa Maquivial, C.A., ejecutado a cabalidad sus obligaciones contraídas en el contrato de obra N° FCVAAA-2011-CT-001. En consecuencia, a pesar de que en el presente asunto el juez superior incurrió en una falsa aplicación del artículo 1.185 del Código Civil, y a su vez, en una falta de aplicación del artículo 1.271 eiusdem, dichas infracciones considera esta Sala de Casación Civil que carece de relevancia o de fuerza para modificar el dispositivo del fallo impugnado y decretar consecuencialmente, la nulidad de la sentencia impugnada, pues al estar dados en el presente juicio todos y cada uno de los presupuestos necesarios para la procedencia de una indemnización por daños y perjuicios, señalados anteriormente, se encuentra, de una forma suficiente, justificada la procedencia de la condenatoria por daños y perjuicios que se deriva del impugnado. Aunado a lo anterior, debe señalarse que de ordenar esta Sala de Casación Civil, la anulación del fallo impugnado por haber incurrido el mismo en los vicios de fondo detectados, con el fin de que el juez de reenvío dicte una decisión fundamentando la condenatoria del pago de la indemnización bajo el régimen de responsabilidad contractual, considera esta Sala que se infringen los postulados constitucionales contenidos en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pues incurriríamos en una reposición inútil, ya que el resultado de la nueva decisión, al estar presente los elementos necesarios para la procedencia de la responsabilidad civil, como es el caso de autos, siempre va a estar inclinada hacia elresarcimiento del daño originado por el incumplimiento contractual en el que incurrió la recurrente.” Entonces, como se ha establecido en la referida sentencia, así como el Código Civil, que debe estar comprobado el incumplimiento como el daño y la culpa por parte del obligado, a los fines de determinar, si en la presente Litis fue revisados tales supuestos, para dictar el fallo la jueza de instancia, este juzgado superior pasa adminicular, las pruebas aportadas, como los alegatos esgrimidos por las partes, iniciando con el incumplimiento: para lo que se extrae de la prueba marcada “A”, presentada por el actor, como son los pagos realizada por la obligada, en este caso la demandada ciudadana Mariela Carlina Díaz Figueredo, lo cual efectuó de la siguiente manera: 1) Referencia bancaria con el N° 012516516, por un monto de Bs. 100.000.000,00, del banco Bicentenario, por la ciudadana Mariela Carolina Díaz Figueredo, de fecha 02/04/2018. 2) comprobante de operaciones N° 76616270, del Banco Mercantil, por un monto de Bs. 75.000.000,00, de fecha 06-04-2018 y depósito de banco N° 0108040671160129, por un monto de Bs. 25.000.000,00, de fecha 16-04-2018, del banco Mercantil, cancelando la cantidad de Bs. 100.000.000,00. 3) Aporte de intereses moratorios correspondientes a los Bs. 300.000.000,00, consignado transferencia N° 87345585, de fecha 08- 05-2018, por un monto de Bs. 1.134.246,58, del banco BOD. 4) Transferencia N° 94583949, de fecha 11-05-2018, por un monto de Bs. 100.000.000,00, del Banco Provincial. 5) Transferencia N° 88570864, de fecha 11-05-2018, por un monto de Bs. 5.671.232,88, por concepto de pago de intereses moratorios de 9 días de atraso, siendo que el pago era el 2-05-2018. 6) Trasferencia N° 88571018, de fecha 11-05-2018, por un monto de Bs. 567.123,28, pago de interés pactados de la moto correspondiente al mes, tasa fijada por el Banco Central de Venezuela. 7) Transferencia N° IB0029557699, banco Fondo Común por un monto de Bs. 100.000.000,00, correspondiente al mes de junio, de fecha 02-07- 2018. 8) Recibo N° 9693236711, banco Banesco, por un monto de Bs. 100.000.000,00, correspondiente al mes de julio de fecha 01-07-2018. como se desglosa, de los alegatos y de la prueba marcada “A”, copias de recibos de pagos, puntualizándose cada pago anteriormente, donde el primer pago inicio el día 02-04-2018 y culminándolo el 02-07-2018, correspondiendo al monto pautado total de seiscientos mil bolívares con cero céntimos (Bs. 600.000.000,00)sin embargo, no es menos cierto, que se evidencia de cada fechas de pago, que el primer aporte de trescientos mil bolívares con cero céntimos (Bs. 300.000.000,00) fue cancelado en partes, desde el día 02-04-2018 al 16-04-2018, desprendiéndose tres (3) pagos con cuatro (4) y diez (10) días de diferencia entre uno y otros, para el cumplimiento del primer aporte, asimismo la ciudadana Mariela Carlina Díaz Figueredo, realizo la cancelación de los intereses por mora, del primer pago, el día 08-05-2018, por un monto de un millón ciento treinta y cuatro mil doscientos cuarenta y seis bolívares con cincuenta y ocho céntimos (Bs. 1.134.246,58) demostrado con tal acto, la buena fe, decumplir con la obligación acordada en fecha 13 de marzo del 2018 y homologada en fecha 16 de marzo del mismo año, concatenándose, con dichas pruebas y con el alegato de la actora en el escrito de contestación, donde ratifica lo que fue expresado en cada diligencia donde consigno, el cual manifiesto “atraso en que incurrí, por motivos ajenos a su voluntad”, que para quien decide, nuca demostró una intención maliciosa de no incumplir en dichos pagos, asimismo se confirma, con las diligencias presentadas en fecha 04-04-2018,dondeconsigno el abono, del primer aporte de la deuda, realizada en fecha 2-4-2018e invoco que en los próximos días hábiles, seria amortizado el pago pendiente de Bs. 200.000.000,00, del primer aporte acordado, la cual textualmente explano“…expresa excusas por cuanto debido a inconvenientes presentado de fuerza mayor motivado a la situación económica se le imposibilita hacer el pago de acuerdo a lo pautado en el acta de conciliación, manifiesta tener la buena voluntad del fiel cumplimiento con la cantidad de dinero restante de esta primera parte…” y que continuo manifestando en cada diligencia, presentada con sus recibos de cancelación el fiel cumplimiento. Conducta esta que, no puede ser tomada como intencional, negligente ni de mala fe; mas pone en manifiesto la conducta de buena fe, asumida por la demandada en lacausa N° 5912, por motivo de partición y liquidación de la comunidad ordinaria, sobre el acuerdo llegado entre las partes, y que fue debidamente homologado, no se evidencia una conducta de hecho ilícito, por cuanto la misma debe ser “…El que, con intención, o por negligencia o por imprudencia, ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo…”. No siendo demostrada la mala voluntad del deudor, de no querer cancelar la deuda asumida y mucho menos se desprende la imprudencia de tener la intención de causar el atraso. Así se establece. Por lo que, no estando demostrado un hecho ilícito, pasamos a revisar, como fue enfocado el Daño moral, alegado por el actor, en virtud a que, lo determino de la siguiente manera: “…acompañan a los materiales y deben ser indemnizados para permitir la Restitución In Integrum o reparación integral, por los procedimiento y afecciones sufridas, debiendo ser resarcido en todo aquello en lo que haya sido dañado, por concepto de: pago de transporte, pago por la expedición de documentos, pagos por el evaluó de experto contable, pagos por copias simples y certificadas, horas invertidas en diligencias, tiempo de espera y así como los gastos de representación legal…”. A fin de revisar las pruebas promovidas por el actor, debemos referirnos primero, que se ha referido, para determinar y sancionar por daño moral en este tipo de acciones, para lo cual se expone: N° de Expediente: 07-109 N° de Sentencia: RC.00493 Tema: Daño moral Materia: Derecho Procesal Civil Asunto: Noción. Naturaleza. Causa que lo origina: (...)El daño moral es, por exclusión, el daño no patrimonial; es el daño que no recae directamente sobre el patrimonio de una persona, o que cayendo sobre bienes objetos, ocasione o no lesión material en los mismos, causa una perturbación anímica en su titular, cualquier quesea el derecho que sobre ellos se ostente. El daño moral es, pues, daño espiritual, daño inferido en derechos de la estricta personalidad, o en valores que pertenecen más al campo de la afección que de la realidad material, económica. El daño moral es la lesión ocasionada en los bienes no económicos de una persona, o la repercusión afectiva desfavorable producida por los daños materiales. Es decir, no excluye la circunstancia de que el daño moral pueda originarse y de hecho se origine en multitud de ocasiones, unido o como consecuencia de ofensas o daños causados en los bienes patrimoniales o económicos del ofendido, pero cuidando de distinguir en todo caso los unos de los otros. (Sentencia de fecha 23 de marzo de 1992, caso: Juana Bautista Díaz de Salazar y otros, contra Evaristo Gómez Rincones). Por esa razón, la naturaleza del daño moral es extracontractual, y tiene por causa el hecho ilícito o el abuso de derecho, de conformidad con lo previsto en el artículo 1.185 del Código Civil, el cual dispone: ...omissis... De acuerdo con la norma citada, el hecho ilícito y el abuso de derecho son capaces de producir daños, los cuales no son tolerados ni consentidos por el ordenamiento jurídico, motivo por el cual generan responsabilidad civil, en las que están comprendidos tanto los daños materiales como los morales, por disposición del artículo 1.196 del Código Civil. (...) Del referido comentario realizado, debemos revisar, si el deudor, tuvo una intención, negligencia que haya causado daño al otro el cual debe repararlo, es decir debe haber un daño ilícito, para que prospere el daño moral, siendo que por cuanto no fue demostrado ni percibido, por este juzgado superior el hecho ilícito, anunciado por el actor, no es menos cierto que en razón al petitorio realizado en la presente litis, debe ser pronunciado punto por punto, a fin de que no exista ningún silencio por parte del tribunal; sin embargo observamos del petitorio realizado en ocasión, a lo que apreció el actor, que le ocasiono la obligada ciudadana Mariela Carlina Díaz Figueredo, al atrasarse en días en cada pago, que ambas partes acordaron mediante transacción, determinando como daño moral lo siguiente: “…los procedimiento y afecciones sufridas, debiendo ser resarcido en todo aquello en lo que haya sido dañado, por concepto de: pago de transporte, pago por la expedición de documentos, pagos por el evaluó de experto contable, pagos por copias simples y certificadas, horas invertidas en diligencias, tiempo de espera y así como los gastos de representación legal…”. Ahora bien, desde este orden de ideas, en razón al alegato dado, por el actor como daño moral, debemos aclararle que el mismo debe ser comprobado y que debe ir de la mano con el hecho ilícito, sin embargo, es bueno seguir invocando, lo que la Sala Civil, sigue acogiendo sobre el daño moral, para lo que apuntamos: “…Sentencia de la Sala de Casación Civil “El daño moral es la lesión a los sentimientos del hombre que por su espiritualidad no son susceptibles de una valoración económica. En relación con la corrección monetaria, la doctrina expresa que la inflación no afecta a la víctima en su personalidad moral o espiritual, en sus afectos o sentimientos, y queda sujeta a la fijación del juez en la sentencia. La indexación o corrección monetaria rige solamente para el pago de las prestaciones sociales debidas al trabajador al momento de la terminación del contrato, lo cual excluye la indexación por daño moral…”.Omisis… Ahora bien, de acuerdo al criterio expuesto en la doctrina transcrita, el daño moral sigue estando excepto de prueba, por lo tanto, lo que se requiere ser probado, es el hecho ilícito, que causó las lesiones o heridas. En consecuencia, se reitera, que la recurrida incurrió en el vicio de ultrapetita, como ya fue resuelto en el texto de este mismo fallo…”. Sala de casación civil, de fecha 26 de abril del 2000, ponente Mag. Franklin Arrieche. Tomando en consideración, lo anunciado por la Sala Civil, en atención al daño moral, del cual no se desprende de los alegatos, ni de las pruebas del caso que nos ocupa, que de la transacción celebrada por las partes en el procedimiento de Partición, llevado en el asunto N° 5912, por el Tribunal Segundo de Primera Instancia Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, las mismas partes, hoy en el presente asunto por daños y perjuicios, establecieron su propia sentencia en razón al acuerdo llegado, y que el deber, era cumplir tal obligación asumida por la ciudadana Mariela Carlina Díaz Figueredo, por un monto de seiscientos millones de bolívares con cero céntimos (Bs. 600.000.000,00) por ceder el 50% de los derechos de propiedad que le corresponde al demandado sobre el bien inmueble tipo vivienda, derechos obtenidos por herencia, colocando ambos, fecha de pago que iba desde el 02- 04-2018 al 02-07-2018, para cubrir la totalidad de la deuda, siendo demostrado que la obligada cumplió dentro de ese plazo, con el monto acordado en la transacción, y que el atraso se dio de escasos días, excusándose y anunciando el fiel cumplimiento de su parte, con el acuerdo, tal es así, que se desprende la cancelación, de los intereses por mora y manifestando las razones y motivos del atraso; asimismo no se desglosa claramente, ni existen pruebas suficientes, que haya otorgado a quien decide la convicción, de cuál fue la actitud negligente por parte del obligado, que afecto emocionalmente al ciudadano Cesar Augusto Díaz Figueredo, para solicitar el pago de daño moral, en ocasión a la transacción; sin embargo a los fines de que un juez, pueda tener un pronunciamiento en razón al daño moral, se debe considerar los puntos esbozados, como los siguientes: “…De igual forma en la condena de daño moral, el juez en su motivación debe tomar en cuenta los siguientes supuestos: 1.- La importancia del daño. 2.- El grado de culpabilidad del autor. 3.- La conducta de la víctima, sin cuya acción no se hubiera producido el daño. 4.- La llamada escala de los sufrimientos morales, valorándolos, pues no todos tienen la misma intensidad, por las distintas razones que puedan influir en ellos, para llegar a una indemnización razonable, equitativa, humanamente aceptable. 5.- El alcance de la indemnización, y 6.- Los pormenores y circunstancias que influyeron en su ánimo para fijar el monto de la indemnización por daño moral. Así se decide. – (Cfr. Sentencia de la Sala Constitucional N° 606, de fecha 11 de agosto de 2017, expediente N° 2017-0558 y decisión de esta Sala N° 848, del 10 de diciembre de 2008, expediente N° 2007-163, caso: Antonio Arenas y otros, en representación de sus hijas fallecidas Danyali Del Valle (†), Yumey Coromoto (†) y Rosangela Arenas Rengifo (†), contra SERVIQUIM C.A., y otra)…”.Que, en razón a tales especificaciones, esgrimidas, en la sentencia invocada, en el caso que nos ocupa, el actor enfoco el daño moral, en lo que respecta a las diligencias relacionadas al pago del acuerdo homologado, así como el gasto del experto designado en el asunto N° 5912, y en el costo de honorarios profesionales, no desprendiéndose en ningún momento, de los alegatos esgrimidos por el ciudadano Cesar Díaz, identifico cual es la “conducta de víctima” que le lesión los sentimientos del acuerdo debidamente homologado y que la ciudadana Mariela Díaz, cancelo con días de atraso algunas cuotas, con previo anuncio en el expediente de la causa Nº 5912; no pudiendo este juzgado detectar el daño moral, solicitado por el ciudadano Cesar Augusto Díaz Figueredo. Así se establece. Por cuanto, existe un tercer punto solicitado por el actor, en su petitum como es “daños y perjuicios” por no haber podido adquirir los inmuebles, motivado al incumplimiento (no hacer) del acuerdo homologado”. En relación a este punto que solicita el actor la indemnización por cuanto alega el mismo, en atención a este punto lo siguiente: “…Que lo ocurrido con este primer pago, Ciudadano Juez, evidencia el hecho ilícito, que trajo consigo un daño material a mi persona, ya que en virtud de lo acordado en la audiencia de fecha Trece (13) de Marzo de Dos Mil Dieciocho (2.018), comprometí estos recursos para la adquisición de una vivienda que estaba al lado de mi casa y, para la cual acorde pagar, la cantidad de doscientos cincuenta millones de bolívares (250.000.000,00 Bs.), que si no los cancelaba el día cuatro (4) de Abril, la negociación ya no tendría efectos. Aclaro, que, con el acuerdo con mi hermana, Ciudadana: Mariela Carlina Díaz Figueredo, para cederle los derechos de propiedad que me corresponden del cincuenta por ciento (50%), sobre el bien inmueble tipo vivienda, yo me quedaría sin casa y lo más natural es que con el producto de este acuerdo consiga otro inmueble. Que en ocasión al segundo pago, pautado para el día Dos (2) de Mayo, nuevamente cancela con retraso, esto ocurrió el día Once (11) de Mayo, lo que se evidencia en los folios: 109 y 110, del anexo “A”, certificado por el Tribunal Segundo De Primera Instancia En Lo Civil, Mercantil, Del Tránsito Y Bancario, De La Circunscripción Judicial Del Estado Cojedes, Por La Cantidad De Cien Millones (100.000.000,00 Bs.), así como, unos cálculos de intereses que no se corresponden a lo acordado e intereses de mora, por el retraso de los TRESCIENTOS MILLONES (300.000.000,00 Bs.), que debió cancelar inicialmente sin cargo de interés, el día Dos (2) de Abril, consignado por su abogado, los cuales consta en los folios: 111, 112 y 114 del expediente, que se anexa marcado con el Literal “A”. De esta forma, la Demandante reconoce el pago extemporáneamente y, de igual forma, para esta fecha, nuevamente el juez, como Autoridad del Tribunal Segundo, provee auto Instando a la Ciudadana: Mariela Carlina Díaz Figueredo, antes identificada, a cancelar la cantidad cierta, por intereses de los Trescientos Millones (300.000.000,00 Bs.), al Dos (2) de Mayo e intereses de mora, de los Primeros Trescientos Millones (300.000.000,00 Bs.), a pagar Dos (2) de Abril. Evidenciándose nuevamente, el daño anteriormente planteado, ya que Yo, Cesar Augusto Díaz Figueredo, antes identificado, en virtud de haber perdido la adquisición del inmueble ubicado al lado de mi casa, el cual previa para mis hijos, ahora había adquirido un nuevo compromiso para eltraspaso de un inmueble, en fecha: Veintisiete (27) de Abril de Dos Mil Dieciocho (2018), con la Ciudadana: Naileth Josefina Garaban Tovar, venezolana, mayor de edad, casada, de Oficio de Docente, titular de la Cédula de Identidad N° V-15.485.924, domiciliada en el Sector la Palma, Vía Macanilla, Parcela S/N, Municipio San Carlos, del estado Cojedes, mediante Documento Privado, por la cantidad de: Seiscientos Millones De Bolívares Con Cero Céntimos (600.000.000,00 Bs.), que por no honrarlo, fue este declarado nulo, ya que su periodo era de Dos (2) meses, con fecha de vencimiento del Veintisiete (27) de Junio de Dos Mil Dieciocho (2018). Original que se anexa, marcado con el Literal “B”. negrilla del tribunal. Desde esta perspectiva anunciada por el actor, en sus alegatos, nos conseguimos un primer punto, que no fue probado como fue el daño ocasionado a la adquisición de una primera vivienda, por cuanto no existe ningún documento que acredite la existencia de tal negociación, situación que al haber aportado elementos que den indicio del mismo, se tienen como no cierta; sin embargo existe un segundo punto invocado por el actor, como es la adquisición de una vivienda, donde presento un documento privado suscrito entre los ciudadanos Naileth Josefina Garaban Tovar y el demandante ciudadano Cesar Augusto Díaz Figueredo, que fue ratificado mediante testimonio por la otorgante, situación que conlleva a su apreciación en el punto controvertido de daños y perjuicios alegados, sin embargo, quien decide evidencia varias pautas importantes, a fin de tal determinación como es: 1) que la oferta de traspaso celebrada y denominada por los otorgantes, entre sus pautas acordaron, una duración del contrato, de dos (2) meses contados a partir de la firma del documento; 2) que el valor de la oferta fue de seiscientos millones de bolívares (Bs. 600.000.000,00); 3) que fue celebrado el contrato en fecha 27 de abril del 2018. Tomando en cuenta dichos puntos, deben irse enlazando con lo alegado material probatorio, donde nos encontramos, que para el 27 de abril del 2018, fecha en que inicia la oferta de traspaso, el ciudadano Cesar Augusto Díaz, ya había recibido como medio de pago del acuerdo homologado, la cantidad de trescientos millones de bolívares (Bs. 300.000.000,00) tal y como se desprende del anexo marcado “A”, presentado por el actor, donde deja ver a quien decide que la ciudadana Mariela Díaz Figueredo, cancelo dicho monto en las fechas comprendidas desde 02-04-2018 al 16-04-2018, fecha estas, antes del compromiso adquirido por el actor, de forma privada y ajea a los acuerdos llegados por las partes, para adquirir una vivienda; que no se desprende del acuerdo, que dentro de la homologación, quedara establecido el destino de dicho dinero, sin embargo fue cumplido con cuatro y catorce días de atraso la primera parte del acuerdo homologado; ahora bien, se desprende que el pago correspondiente al mes de mayo del segundo punto, del acuerdo, fue cancelado en fecha 11-05-2018, nueve (9) días, después de lo pactado, pero que estaba dentro del acuerdo suscrito mediante documento privado por el actor, venciendo los dos meses (2) del acuerdo asumido por el actor para la adquisición de una vivienda, el día 27 de junio del 2018, fecha esta que solo le compete a responsabilidad del adquiriente de la vivienda ciudadano Cesar Augusto Díaz Figueredo , mas no a la ciudadana Mariela Carolina Díaz Figueredo, envirtud a que en acuerdo asumido por la misma, estaba estipulado hasta el día 02 de julio del 2018, fecha tope para culminar con el acuerdo transaccional debidamente homologado, desprendiéndose que la misma tenía pendiente por cancelar junio y julio del 2018, por un monto de Bs. 100.000.000,00 c/u más los interés correspondiente a cada mes en razón a la taza del Banco central de Venezuela, como fue homologado en fecha 16 de abril del 2018, convicción esta asumida por esta jueza y que para determinar que se ha considerado sobre daños y perjuicios, tenemos: “…El Daño: en materia delictual, se responde por toda clase de daño causado, salvo el daño indirecto, que no es considerado como indemnizable en virtud de lo dispuesto por el artículo 1.275 del Código Civil, que expresamente lo excluye: “Aunque la falta de cumplimiento de la obligación resulte de dolo del deudor, los daños y perjuicios relativos a la pérdida sufrida por el acreedor y a la utilidad que se le haya privado, no debe extenderse sino a los que son consecuencia inmediata y directa de la falta de cumplimiento de la obligación”. Código Civil Venezolano. Emilio Calvo Baca. Comentado y Concordado, Ediciones Libra. Año 2002. “…Quedan sujetos a la indemnización de los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad, y los que de cualquier modo contravinieren al tenor de aquéllas.» Al margen de lo que se indica en dicho precepto, los Juzgados y Tribunales vienen exigiendo que la reparación indemnizatoria requiere no sólo una conducta incumplidora de una parte, sino también y además que concurra un daño o perjuicio causado a la contraparte real y efectivo y que sea derivado de aquel incumplimiento con una relación de causa a efecto. «Por ello, el solo hecho de que la sentencia de instancia establezca que ha concurrido el incumplimiento contractual del demandado, no permite apreciar generada sin más la obligación de indemnizar, sino que ésta nace de la consideración de que además haya existido un perjuicio cierto, aquel que se indemniza, sin el que no puede darse lugar a condena». La doctrina que mantiene la posibilidad de nacimiento del deber de indemnizar por el simple incumplimiento se refiere a supuestos en que el incumplimiento determina por sí mismo un daño o perjuicio, una frustración en la economía de la parte, en su interés material o moral, lo que ocurre cuando su existencia se deduce necesariamente del incumplimiento o se trata de daños patentes…”. Los daños y perjuicios por incumplimiento contractual comprenden la pérdida sufrida y la ganancia dejada de obtener, es decir, el DAÑO EMERGENTE y LUCRO CESANTE. No obstante, el hecho de que se declare el incumplimiento contractual no necesariamente conlleva la indemnización de daños y perjuicios, porque han de acreditarse su realidad y concretarse por quien se reclaman, como nos dice reiterada jurisprudencia, «dicha indemnización no va ineludiblemente ligada o es consecuencia necesaria del incumplimiento o del cumplimiento anormal del contrato, siendo preciso demostrar la existencia real y efectiva de aquéllos para que dicha obligación indemnizatoria pueda ser exigible». Considero interesante la Sentencia del Tribunal Supremo de 29.03.2001 sobre la indemnización de daños y perjuicio por incumplimiento contractual donde se manifiesta en resumen lo siguiente:«Es cierto que la Jurisprudencia de esta Sala ha venido declarando en numerosas Sentencias que el incumplimiento puede dar lugar «per se» a la indemnización, pero ello no significa que se haya abandonado la doctrina general de que el incumplimiento contractual no genera el desencadenamiento inexorable de los daños y perjuicios y su reparación, y que, por ende, incumbe a la parte reclamante la carga de la prueba de su existencia y cuantía…”.Fracisco Sevilla Caceres, 21 de julio del 2019. Negrilla y subrayado del tribunal. Tomando como premisa, que para que se puede determinar, daños y perjuicios, debe estar demostrado el incumplimiento de las obligaciones, por causa de dolo, negligencia o morosidad, como lo hemos apreciado, en los distintos puntos desarrollados, en la presente sentencia, cuando tocamos, hecho ilícito y daño moral, estando las mismas siempre de la mano, para comprobar cualquiera de ellas, debe haber una conducta de intención dolosa, premeditación e intención culposa, de no cumplir con la responsabilidad contractual adquirida, o encontrándose demostrada en la presente Litis, en virtud a la manifestación invocada por la ciudadana Mariela Carlina Díaz Figueredo, de cumplir con lo pactado, y en ir presentando sus depósitos de pago al igual que sus intereses por días de atraso, en las oportunidades que se le imposibilito, como la manifestó, en sus alegatos, de no hacerla a la fecha pautada, por lo que en atención a este criterio expresado y a la convicción que ha tenido quien decide en el presente asunto, considera importante puntualizar, lo siguiente: “…En cuanto al incumplimiento, existen muchos tipos de obligaciones –no todas dinerarias– y varias clases de incumplimientos. No todos los incumplimientos tienen la misma consideración ni deben recibir el mismo tratamiento. En primer lugar, hay que distinguir dos grandes grupos de incumplimientos:  Los incumplimientos provisionales, que son los de mora del deudor, se consideran también cumplimientos tardíos de las obligaciones, puesto que todavía existe la posibilidad de que el deudor pague.  Los incumplimientos definitivos, cuando el deudor se niega a cumplir con su obligación. Dentro de la segunda categoría se pueden distinguir dos posibilidades según haya actuado el deudor:  De forma negligente o culposa  De forma dolosa o con mala intención En el primer caso, el incumplimiento culposo se produce por la falta de diligencia debida en el cumplimiento, en este caso el deudor no tiene la mala voluntad de incumplir, pero actúa con descuido, no emplea la previsión y diligencia apropiadas y a consecuencia de todo ello ocurre el incumplimiento. En el segundo caso el incumplimiento doloso implica una mala fe por parte del deudor y una intención deliberada de no cumplir la obligación, puesto que el deudor es perfectamente consciente que va a causar un perjuicio al deudor. En ambos casos el deudor incurre en responsabilidades que suponen indemnizar al acreedor de los daños y perjuicios causados. No obstante la responsabilidad en caso de haber actuado con culpa – negligencia– es menor que la de haber actuado con dolo –mala intención–puesto que el derecho distingue entre el deudor negligenteque no tiene mala fe y el doloso que actúa de forma deliberada. En caso de dolo el deudor deberá responder de todos los daños y perjuicios derivados de su falta de cumplimiento…”. Que, de lo señalado, no se desprende del acervo, probatorio, puedan dar la convicción, de un incumplimiento doloso, asemejándose más a un incumplimiento provisional, por cuanto fue tardío, pero con explicación y con el ánimo manifestado por parte de la obligada, de querer cumplir con lo pactado, en transacción celebrada por las partes en fecha 13 de abril del año 2018, en el asunto N° 5912, nomenclatura interna del Tribunal Segundo de Primera Instancia Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, no teniendo más razones de hecho, para quien decide, que pronunciar, que no están dados los extremos para declarar los Daños y Perjuicios, aquí solicitado, por el ciudadano Cesar Augusto Díaz Figueredo. Así se establece. - En razón, a la revisión realizada, a los alegatos presentados por el actor en el petitum, los cuales fueron estudiados por esta alzada, donde se desprende que el mismo lo fue planteado en tres solicitudes como fue: 1) la cantidad de ciento cuarenta y nueve millones setecientos cincuenta mil cincuenta bolívares con cero céntimos (Bs. 149.750.000,00) por concepto de intereses no pagado y establecidos en acuerdo conciliatorio, homologado por el tribunal, tal como consta en el acta el cual expresa: “Queda entendido que la precitada cantidad indicada en el aparte 2º, se le aplicara los intereses establecidos por el banco central de Venezuela a las tasas activas del mercado, a los fines de reconocer el hecho notorio de la inflación y devaluación monetarias.”. 2) la cantidad de quinientos millones de bolívares con cero céntimos (Bs. 500.000.000,00) por concepto de daño moral. Que acompañan a los materiales y deben ser indemnizados para permitir la Restitución In Integrum o reparación integral, por los procedimiento y afecciones sufridas, debiendo ser resarcido en todo aquello en lo que haya sido dañado, por concepto de: pago de transporte, pago por la expedición de documentos, pagos por el evaluó de experto contable, pagos por copias simples y certificadas, horas invertidas en diligencias, tiempo de espera y así como los gastos de representación legal.3)La cantidad de seis mil millones de bolívares con cero céntimos (Bs. 600.000.000,00) por concepto de daños y perjuicios por no haber podido adquirir los inmuebles, motivado al incumplimiento (no hacer) del acuerdo homologado; y que como se desprende en el desarrollo de la presente sentencia, se revisó punto por punto, pudiendo denotar esta alzada que de la sentencia proferida por el Tribunal Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil del Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial donde declaro: “Sin Lugar la Demanda por Daños y Perjuicios, Derivado del Incumplimiento del Acuerdo Homologado”, y que en su motiva engloba el petitorio y con motivación lo resuelve, sin que se desprenda que haya analizado el primer punto solicitado, por el actor como es: “…1) omisis… intereses no pagado y establecidos en acuerdo conciliatorio, homologado por el tribunal, tal como consta enel acta el cual expresa: “Queda entendido que la precitada cantidad indicada en el aparte 2º, se le aplicara los intereses establecidos por el banco central de Venezuela a las tasas activas del mercado, a los fines de reconocer el hecho notorio de la inflación y devaluación monetarias.”; del cual se desprende efectivamente del anexo marcado como “A”, como medio de pruebas, que la ciudadana Mariela Carlina Díaz Figuero, no consigno deposito o recibo que justificara la cancelación de los referidos intereses acordados, en razón al monto correspondiente al mes de junio y al mes de julio, los cuales debían ser cancelados con la cuota fijada, para la cancelación de la deuda asumida de pago, encontrándose este Juzgado superior con que la sentencia no se evidencia pronunciamiento al respecto, debiendo configurarse el vicio, de Incongruencia Negativa, la cual ha sido definida de la siguiente manera: “…Omisis… Consideraciones sobre el vicio de incongruencia La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia señaló en sentencia reciente las modalidades que puede adoptar el vicio de incongruencia del fallo. Este vicio por lo general adopta dos modalidades: la incongruencia positiva, la cual ocurre cuando el juez extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial que le fue sometido, o la incongruencia negativa, cuando el juez omite el debido pronunciamiento sobre alguno de los términos del problema judicial. Igualmente, esta Sala ha señalado reiteradamente que el vicio de incongruencia puede presentarse en forma compleja, siendo el caso cuando el juez tergiversa los alegatos planteados por las partes en la demanda o contestación. Este último supuesto puede ser considerado como un caso de incongruencia mixta, porque deja de resolver lo pedido y resuelve algo diferente. Sala de Casación Civil, Magistrado Ponente: Francisco Velázquez, Expediente: 2015-000548, feb. 23/16 “…La incongruencia prevista como vicio por defecto de actividad en el artículo 243, numeral 5° del Código de Procedimiento Civil, aplicable por criterio jurisprudencial a la Casación Social, señala que toda sentencia debe contener “decisión expresa positiva y precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas”. La incongruencia ha sido definida por la jurisprudencia desde sus dos modalidades, a saber, la modalidad conocida como incongruencia positiva, que se suscita cuando el juez extiende su decisión más allá de los límites del problema judicial al cual fue sometido; teniendo como aspectos de la misma, a los supuestos de "ultrapetita", cuando se otorga más de lo pedido, y a los de "extrapetita", cuando de otorga algo distinto de lo pedido. Con respecto a la segunda modalidad, la cual seidentifica como incongruencia negativa, debe señalarse que la misma se verifica cuando el juez omite el debido pronunciamiento sobre algunos de los términos del problema judicial, teniendo como aspecto fundamental a los supuestos de "citrapetita", esto es, cuando se deja de resolver algo pedido u excepcionado…” De lo relatado, en cuanto al vicio de incongruencia, podemos verificar que el vicio detectado en la presente sentencia revisada, corresponde a incongruencia negativa, que es una de los tres tipos de incongruencia determinadas y definidas por el legislador y que las mismas, han sido configurada en la causal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, la cual la determina: “…5º Decisión expresa, positivay precisa con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia…”. La incongruencia, es requisito indispensable para que la sentencia pueda cumplir a cabalidad con el principio de “axhaustividad”, que le es inherente y según el cual se debe resolver, sobre lo alegado y probado en autos y así dar cumplimiento a la exigencia legislativa contemplada en el artículo 12 del Código de Procedimiento Civil, que no, es más, que el juez debe pronunciarse sobre lo alegado. Siendo así, este Juzgado Superior de conformidad a lo previsto en el artículo 209 concatenado con lo previsto en el 244 del Código de Procedimiento Civil, procede anular la sentencia proferida en fecha 14 de agosto del 2019, por el Tribunal Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil del Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial donde declaro: “Sin Lugar la Demanda por Daños y Perjuicios, Derivado del Incumplimiento del Acuerdo Homologado”, para lo cual ya existiendo un pronunciamiento, en cada punto analizado, por este Juzgado Superior, se hace en los siguientes términos: Primero: Con Lugar la apelación ejercida, por el apoderado judicial del ciudadano Cesar Augusto Díaz Figueredo, abogado John Fitgerait Rivero, mediante escrito presentado en fecha 20 de septiembre del 2019. Segundo: Parcialmente Con Lugar la demanda, por Daños y Perjuicios derivados de acuerdo Homologado, por lo que se dicta, de la siguiente manera: 1) Se condena al pago de los intereses, a la tasa del banco central de Venezuela, activas del mercado, correspondientes a la cuota, del mes de junio, que fue determinada por las partes, equivalente a cien millones de bolívares (Bs. 100.000.000,00,)con (denominación actual Bs. S. 100.000,00) y los intereses de la cuota del mes de julio, que fue de cien millones de bolívares (Bs. 100.000.000,00,) con(denominación actual Bs. S. 100.000,00) que ya fueron cancelados dichos montos por la obligada, sin los intereses acordados, en el 2do punto de la transacción debidamente homologada, en fecha 16 de marzo del 2018, por el Tribunal Segundo de Primera Instancia Civil, Mercantil del Tránsito y Bancario de esta Circunscripción Judicial, debiendo aplicándole la correspondiente Indexación Monetaria, desde el 02- 06-2018, fecha en que le correspondía, cancelar el interés de la cuota del mes de junio a la fecha de la publicación de la presente sentencia.2) No ha lugar, la Indemnización por Daño Moral y Daños y Perjuicios, alegados por el actor, en virtud de que no fue demostrado el hecho Ilícito, configurado en el artículo1.185 del Código de Procedimiento Civil. Tercero: Se Anula, la Sentencia de fecha 14 de agosto del 2019, dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia Civil, Mercantil del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes. Cuarto: No Se condena a la parte demandada, a pagar a la actora las costas del proceso, por no haber resultado totalmente vencida, de conformidad con lo previsto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.- VI DECISIÓNEn consecuencia, este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Con Lugar la apelación ejercida, por el apoderado judicial del ciudadano Cesar Augusto Díaz Figueredo, abogado John Fitgerait Rivero, mediante escrito presentado en fecha 20 de septiembre del 2019. SEGUNDO: Parcialmente Con Lugar la demanda, por Daños y Perjuicios derivados de acuerdo Homologado, intentada por el ciudadano Cesar Augusto Díaz Figueredo, Titular de la cédula de identidad Nº V-15.297.184, debidamente asistido por el profesional del derecho ciudadano John Fitgerat Rivero, Inscrito en el Instituto de Previsión Social del abogado bajo el N° 251.947, en contra de la ciudadana Mariela Carlina Díaz Figueredo, titular de la cédula de identidad N° V- 10.988.786. TERCERO: No Se condena a la parte demandada, a pagar a la actora las costas del proceso, por no haber resultado totalmente vencida, de conformidad con lo previsto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. Publíquese, regístrese y cópiese. Remítase el expediente en su oportunidad al Tribunal de la causa. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, en San Carlos a los tres (3) días del mes de marzo del año dos mil veinte (2.020). Años: 212 de la Independencia y 164º de la Federación. Abg. Marvis María Navarro Jueza Ponente Abg. Enir Alejandra Rosales Guerra Jueza Asociada Abg. Rodolfo Antonio Rodríguez Lozada Jueza Asociada La Secretaria Abg. Gloria Linares En la misma fecha se publicó la anterior sentencia, siendo las tres minutos de la tarde (03:00.p.m.). La Secretaria Abg. Gloria Linares Definitiva (Civil) Exp. Nº 1176