Recibida por distribución la presente solicitud, en fechadiecisiete (17) de junio de 2019del Tribunal Distribuidor, bajo el N° 5061, presentada por el ciudadano Fedor Augusto Suarez Blanco, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-10.342.243, debidamente asistido por e lAbogado NewhaartYoffre Angulo Blanco, inscrito en el Inpreabogado bajo el N°. 136.452, contra su cónyuge la ciudadanaRosalía Rivera De Suarez,venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V-6.966.088; para solicitar se declare el divorcio, conforme a lo establecido en el artículo 185 del Código Civil y concatenado con las sentencia 693 y 1070 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, alegando como causalesel desamor, desafecto e incompatibilidad de caracteres, que hacen imposible la vida en común como cónyuges.
El solicitante consigno junto a la solicitud las siguientes pruebas instrumentales acta de matrimonio y copias de cedulas de identidad de ambos cónyuges solicitantes.
Igualmente los cónyuges declararon en su solicitud, que la celebración del matrimonio civil se llevó a cabo enfecha treinta y uno(31) de mayo de 2006, por ante elTribunal de municipio de los municipios San Carlos y Rómulo Gallegos del estado Cojedes.
Que fijaron su domicilio conyugal en la urbanización San Ramón II, calle “C”, casa Nº.80-A, en la ciudad de San Carlos, municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes.
Que de hecho han estado separados desde elaño dos mildiez(2010), sin que haya mediado entre ellos reconciliación alguna.
Que durante la unión conyugal no procrearonhijos.
Que durante la unión conyugal, adquirieron bienes que liquidar. Que en virtud de que se dan todos los supuestos previstos en el artículo 185-A del Código Civil y lo establecido con carácter vinculante por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en las sentencia 693- 1710, solicitan en consecuencia, se proceda a disolver el vínculo conyugal que los une.
En fecha veinte (20) de juniode 2019, se le dio entrada a la presente solicitud, quedando anotada bajo el número CA-239-2019, admitiéndose en esta misma fecha y se acordó librar boleta de citación a la Fiscalía Cuarta del Ministerio Público con competencia en el Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del estado Cojedes, así como a la cónyuge demandada.
En fecha seis (6) de agosto del año 2019,el alguacil de este tribunal, mediante diligencia consigna la boleta de citación, realizada efectivamente a la parte demandada.
Posteriormente, en fecha nueve (9) de agosto del año 2019, comparece la ciudadana Rosalía Rivera de Suarez, parte accionada en la presente solicitud y consigna escrito, convalidando la solicitud de divorcio incoada por su cónyuge demandante.
En fecha dieciocho (18)de septiembre del año 2019, el alguacil de este tribunal, mediante diligencia consigna la boleta de citación, realizada efectivamente a la Fiscal del Ministerio Publico.
Subsiguientemente, en fecha diecinueve (19) de septiembre del año 2019, se aboca al conocimiento de la causa el Abogado Sergio Raúl Tovar, Juez Provisorio de este despacho.
En fecha treinta (30) de septiembre del año 2019, se ordenó agregar el oficio Nº 09-FP4-0435-2019-O, emanado de la Fiscalía Cuarta con competencia en materia de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, Civil e Instituciones Familiares del Ministerio Público de esta Circunscripción Judicial; donde emite su opinión favorable respecto a la solicitud de divorcio 185-A, por cuanto considera que cumple con todos los requisitos exigidos en la Ley; por lo que, no tiene observaciones que realizar para su procedencia.
-III-
MOTIVACIÓN
Siendo la oportunidad procesal para decidir la solicitud de divorcio 185-A, este Tribunal, observa lo siguiente.
De las actas se desprenden, que el objeto de la pretensión de los solicitantes lo constituye la extinción del vínculo conyugal que les une, alegando como causalesel desamor, desafecto e incompatibilidad de caracteres, que hacen imposible la vida en común como cónyuges a través del divorcio.
En tal sentido, resulta imperativo señalar que la naturaleza de la acción o juicio de divorcio lo que persigue es poner fin al vínculo legalmente constituido a través del matrimonio, por haber incurrido alguno de los cónyuges en una de las causales que de forma expresa estableció el legislador en el código sustantivo, sin embargo, la doctrina y la jurisprudencia han venido señalando una tesis que profesa el divorcio como remedio, como una solución al problema que representa la subsistencia del matrimonio cuando el vínculo se ha hecho intolerable, cuando ya estaba roto, aunque subsistía, independientemente de que esa situación pueda imputársele a alguno de los cónyuges; es por elloque la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia Nº 693, de fecha 02 de junio de 2015, con ponencia de la magistrada Carmen Zuleta de Merchán, realizó una interpretación constitucionalizante del artículo 185 del Código Civil, estableciendo, con carácter vinculante, que las causales de divorcio contenidas en el referido artículo no son taxativas, por lo cual, cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia N° 446/2014, incluyéndose el mutuo consentimiento, expresándolo de la manera siguiente:
“…Es indiscutible para esta Sala Constitucional que quien se une en matrimonio aspira y se compromete a las obligaciones que de tal institución derivan, definidas en el encabezamiento del artículo 137 del Código Civil cuando establece: “Con el matrimonio el marido y la mujer adquieren los mismos derechos y asumen los mismos deberes. Del matrimonio deriva la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente”.
Asimismo, es indudable que el cónyuge, aun habiéndose comprometido moral y jurídicamente a esa relación, puede con posterioridad y debido a innumerables razones sobrevenidas estar interesado en poner fin al matrimonio. Ese interés debe traducirse en un interés jurídico procesal, de acudir a los órganos jurisdiccionales e incoar una demanda donde pueda obtener una sentencia que ponga fin al vínculo conyugal.
Desde luego que esa posibilidad no está negada y el ordenamiento jurídico ofrece como mecanismo la demanda de divorcio, empero cuando se limita éste de manera irrestricta a una tipificación que en la actualidad luce sumamente estrecha, nos encontramos frente a un vacío, que hace nugatorio el núcleo central del derecho por lo menos en lo que al libre desarrollo de la personalidad y a la tutela judicial efectiva se refiere, específicamente a obtener una sentencia judicial favorable que tutele la libertad del individuo de decidir un importante aspecto de su vida, a través del divorcio, frente a una regulación pre constitucional escasa, incapaz de satisfacer las expectativas creadas frente a las vicisitudes de la vida y las nuevas tendencias sociales.
De la tangibilidad de estos derechos debe concluirse que la previsión del artículo 185 del Código Civil, que establece una limitación al número de las causales para demandar el divorcio, deviene insostenible de cara al ejercicio de los derechos constitucionales ya comentados devenidos de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esto es el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad y a obtener una tutela judicial efectiva. Es decir, que en la actualidad resulta vetusto e irreconciliable con el ordenamiento constitucional, el mantenimiento de un numerus clausus de las causales válidas para accionar el divorcio frente a la garantía de los derechos fundamentales del ciudadano al libre desarrollo de la personalidad y a la tutela judicial efectiva.
IV
Ahora bien, vista las anteriores consideraciones realizadas en torno a la institución del divorcio, analizada e interpretada, en aplicación directa e inmediata de los derechos fundamentales al libre desarrollo de la personalidad y la tutela judicial efectiva, previstos en los artículos 20 y 26, respectivamente, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala Constitucional realiza una interpretación constitucionalizante del artículo 185 del Código Civil, y declara, con carácter vinculante, que las causales de divorcio contenidas en el artículo 185 del Código Civil no son taxativas, por lo cual cualquiera de los cónyuges podrá demandar el divorcio por las causales previstas en dicho artículo o por cualquier otra situación que estime impida la continuación de la vida en común, en los términos señalados en la sentencia N° 446/2014, ampliamente citada en este fallo; incluyéndose el mutuo consentimiento.
Osmisis…
En consecuencia, deberán los Tribunales (…) permitir con base en la doctrina contenida en el presente fallo tramitar conforme al procedimiento de jurisdicción voluntaria, las solicitudes de divorcio de mutuo consentimiento que presenten ambos cónyuges, sin más exigencias que el acta de matrimonio y de nacimiento de los niños, niñas y adolescentes de que se trate, así como el acuerdo previo de los cónyuges acerca de las instituciones familiares, esto es, lo relativo a la responsabilidad de crianza del o los menores de edad que hubiesen procreado, la responsabilidad de crianza y custodia, obligación de manutención y régimen de convivencia familiar, a efectos de que sean evaluados por el Juez de niños, niñas y adolescentes y determinar si son convenientes para los niños, niñas o adolescentes de que se trate y conferir la homologación, en caso de que no lo sea el Juez o Jueza ordenará su corrección…”
Por otra parte, el matrimonio no puede pensarse como un vínculo que obligue a los cónyuges a vivir juntos como sanción o represalia por su conducta (matrimonio castigo). Por el contrario, el matrimonio debe ser enfocado como una institución que une a los cónyuges por su común y recíproco afecto. Como consecuencia de lo anterior, en aquellos casos de matrimonios en los cuales sea demostradamente imposible la expectativa de una vida en común armoniosa y, en protección tanto de los cónyuges, como de sus hijos comunes -si los hubiere- y de la sociedad en general, la única solución posible es el divorcio como vía jurídica para la disolución del vínculo matrimonial; no como castigo a determinadas conductas de alguno de los cónyuges.
Establecido lo anterior, este Tribunal pasa a verificar si se cumplen con todos los presupuestos procesales contenidos para decretar el divorcio conforme a los criterios jurisprudenciales anteriormente mencionados. Al respecto observa:
Primero: De los autos se evidencia, que los ciudadanosFedor Augusto Suarez Blanco y Rosalía Rivera de Suarez, antes identificados, contrajeron matrimonio civil por ante el Tribunal de municipio de los municipios San Carlos y Rómulo Gallegos del estado Cojedes, en fecha treinta y uno (31) de mayo dela año 2006, según consta del acta de matrimonio inserta bajo el Nº 13, Folio 18 al 19,año 2006, consignada a tales efectos (folios03 al 4), la cual posee pleno valor probatorio, por tratarse de un documento público, de conformidad con lo establecido en los artículos 1.357, 1.359 y 1.360 del Código Civil, en concatenación con lo dispuesto en el encabezamiento del artículo 429 del Código de Procedimiento Civil.
Segundo: Alegaron los solicitantes, que fijaron su domicilio conyugal, siendo el último, en la urbanización San Ramón II, calle “C”, casa Nº.80-A, en la ciudad de San Carlos, municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes.
Tercero: Los referidos ciudadanosFedor Augusto Suarez Blanco y Rosalía Rivera de Suarez,admitieron que se encuentran separados, no existiendo fecha determinadapara cuando ocurrió el hecho, ya que ambas parte señalan fechas diferentes desde que efectivamente se separaron, pero si quedo demostrado el alejamiento de ambos consortes, configurándose de esta manera la cuestión fáctica o separación de hecho.
Cuarto: Los referidos ciudadanos, admitieron que durante su unión no procrearonhijos.
Quinto: Los referidos ciudadanos, declararon y dejaron constancia, que durante el matrimonio,adquirieron un inmueble que según el solicitante es parte de los bienes adquirido durante el matrimonio y la cónyuge demandada asevera que el mismo no le pertenece a los bienes del matrimonio, lo cual deberá resolverse mediante una demanda de solitud de liquidación de bienes gananciales, adquirido durante el matrimonio, una vez que quede la sentencia de divorcio definitivamente firme; por lo que, el tribunal no tiene materia sobre la cual pronunciarse. Así se declara.
Sexto: Notificada como quedó la FiscalíaCuarta del Ministerio Público, la misma opinó favorablemente, sobre la presente solicitud.
Conforme a lo anterior, el procedimiento establecido en el artículo 185-A del Código Civil, tiene como característica la no contradicción del divorcio, pues las partes manifiestan voluntariamente la separación de hecho del vínculo conyugal, dando ello origen a la jurisdicción graciosa.
La norma en cuestión regula lo referido a la figura del divorcio, bajo el especial supuesto según el cual, producto de la ruptura de la vida en común se genera la separación de hecho alegada por alguno de los cónyuges por más de (5) años, procediendo la declaratoria del mismo, siempre y cuando el otro cónyuge convenga en ello y no exista negativa del mismo u objeción por parte del Ministerio Público.
Ahora bien, en vista de la gran cantidad de casos que no encontraban vía de arreglo, debido a la tradicional aplicación taxativa del artículo 185 del Código Civil y, dado el carácter pre-constitucional de este instrumento normativo, la doctrina y, ahora, las jurisprudencia constitucionalizante del Máximo Tribunal de la República, han dado respuesta definitiva a una realidad ineludible: Hay vínculos matrimoniales que deben ser disueltos, aunque los motivos para hacerlo no aparezcan expresamente indicados en el listado de causales de divorcio contenido en el aludido artículo; proporcionando la referida sentencia, necesarias vías de solución a situaciones intolerables que de mantenerse, resultan perjudiciales para los cónyuges, los hijos y la sociedad en general. Por lo que ahora, los motivos que se pueden alegar, no se limitan a los que establece el artículo 185 del Código Civil. Se pueden invocar, además de las causales tradicionales, cualesquiera otras, siempre que sean de tal naturaleza que impidan la continuidad de la vida en común y puedan ser constatadas en el marco del juicio, a través de los medios de prueba legalmente aceptados.
Por consiguiente, del análisis de las actas procesales, y conforme a la sentencia parcialmente transcrita, constatada la libre manifestación de voluntad de los cónyuges, de poner fin al vínculo matrimonial que los une, en virtud de existir una separación o ruptura de la vida en común,generada por el desafecto y la incompatibilidad de caracteres, habiéndose alegado estas causales, con el fin de obtener una sentencia que disuelva el vínculo jurídico que une a los cónyuges, demostrándose, efectivamente, que se encuentran llenos los extremos según lo exigido por el artículo 185-A del Código Civil y lo establecido con carácter vinculante por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en las sentencia 693- 1710, para la procedencia de la disolución del vínculo matrimonial que une a los ciudadanos Fedor Augusto Suarez Blanco y Rosalía Rivera de Suarez,pues de lo contrario, se verían lesionados derechos constitucionales como el libre desenvolvimiento de la personalidad, la de adquirir un estado civil distinto, el de constituir legalmente una familia, y otros derechos sociales que son intrínsecos a la persona, siendo así mismo,innecesario la realización de un contradictorio, cuando uno de los cónyuges manifieste como causal de divorcio, la incompatibilidad de caracteres o el desafecto para con el esposo o la esposa, ya que es suficiente el deseo de no seguir en matrimonio por parte del cónyuge solicitante para que se decrete el divorcio,y no existiendo ni objeción ni rechazo contra la presente solicitud, en consecuencia, debe ser declarada con lugar, tal y como se establecerá en el dispositivo del presente fallo. Así se decide.
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