REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA TRIBUNAL SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES San Carlos, 25 de noviembre del año 2019 209º y 159º SENTENCIA Nº: EXPEDIENTE Nº: 1163 JUEZA: Abg. Marvis María Navarro. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES: DEMANDANTE: Jhoan Miguel Páez y JoseviaJusneuvia Moreno Cuicas, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad números V-18.320.311 y V-16.012.830, de este domicilio. APODERADO JUDICIAL: Abogado Juan Pablo Rodríguez Flores, Venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-6.881.771, inscrito por ante el Instituto de Previsión Social del Abogado Bajo el Nº 41.714 con domicilio procesal en la calle Fernando Figueredo cruce con Avenida Bolívar, Nro 7-17, Tinaquillo estado Cojedes.. DEMANDADO: Luis Enrique Machado Lamus, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 541.881, de este domicilio. ABOGADO ASISTENTE: Abogado Orlando Pinto Aponte, Inscrito ante el instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 19.131. MOTIVO: Oferta Real de Pago CAPITULO I ANTECEDENTES Se inició la presente demanda por motivo de Oferta Real de Pago, mediante escrito libelar presentado en el Tribunal (Distribuidor) de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos, Tinaco y Lima Blanco de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, por los ciudadanos Jhoan Miguel Páez y JoseviaJusneuvia Moreno Cuicas, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad números V- 18.320.311 y V-16.012.830, asistidos por el profesional del derecho Juan Paulo Rodríguez Flores, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-6.881.771, inscrito en el Instituto de Previsiones Social del Abogado (Inpreabogado) bajo el Nº 41.714. Mediante auto de fecha 02 de Julio del año 2019, se deja constancia que se dio por recibido expediente del Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos, Tinaco y Lima Blanco de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, el cual fue remitido mediante oficio Nº 055-19 de fecha 01 de julio de 2019. Dándosele entrada para esa misma fecha, en consecuencia, se deja transcurrir cinco (5) días de despachos siguientes para que las partes si así lo consideren soliciten la Constitución de Asociados de conformidad con lo establecido en el artículo 118 del Código de Procedimiento Civil. Mediante auto de fecha 10 de Julio del año 2019, esta alzada deja constancia del vencimiento del lapso para que las partes soliciten constitución de asociados, en consecuenciase Fija veinte (20º) días de despacho siguientes a este para que las partes inmersas en la presente controversia consignen sus informes. En fecha 14 de agosto del año 2019, comparece el abogado Orlando Pinto Aponte, apoderado judicial del ciudadano Luis Enrique Machado Lemus, parte demandada, a los fines de consignar escrito de informes. Siendo agregado por auto de misma fecha. Mediante diligencia de fecha 14 de agosto del 2019, suscrita por los ciudadanos Jhoan Miguel Páez y Josevia Jusneuvia Moreno Cuicas, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad números V-18.320.311 y V-16.012.830, confieren Poder Apud Acta al abogado Matías Pino Menesini, venezolano, mayor de edad, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) bajo el Nº 94.858, titular de la cedula de identidad Nº V-5.744.534. Agregado a las actas procesales en misma fecha. En fecha 14 de agosto del año 2019, comparecen los ciudadanos Jhoan Miguel Páez y Josevia Jusneuvia Moreno Cuicas, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad números V-18.320.311 y V-16.012.830, asistidos por el abogado Matías Pino Menesini, venezolano, mayor de edad, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (I.P.S.A.) bajo el Nº 94.858, parte demandante, a los fines de consignar escrito de informes. Siendo agregado por auto de misma fecha. Mediante auto de fecha 14 de agosto del 2019, se deja constancia del vencimiento del lapso de consignación de informes, siendo consignado por oportunamente por ambas partes. En consecuencia esta superioridad deja transcurrir el lapso de ocho (8) días de despacho para que las partes consignen observaciones al informe presentado. Mediante escrito de fecha 25 de septiembre del 2019, suscrito por el abogado Orlando Pinto Aponte, apoderado judicial del ciudadano Luis Enrique Machado Lemus, parte demandada, a los fines de presentar observaciones al informe. Siendo agregado por auto de esa misma fecha. Mediante auto de fecha 25 de septiembre del año 2019, se deja constancia del vencimiento del lapso para la consignación de observaciones a los informes presentados por la parte actora en la presente Litis, en consecuencia se deja transcurrir el lapso de sesenta (60) días continuos, para dictar la correspondiente sentencia, de conformidad con lo enunciado en el articulo 521 eiusdem. Mediante diligencia de fecha 27 de septiembre del 2019, suscrita por el apoderado judicial Matías Pino, solicita le sean expedidas copias simples de los folios 130 y 131 del presente expediente. Siendo agregada por auto de fecha 30 de septiembre del 2019. Mediante escrito de fecha 30 de septiembre del 2019, suscrito por el abogado Matías Rafael Pino Menesini, apoderado judicial de la parte demandante, a los fines de presentar observaciones a los informes. Siendo agregado por auto de esa misma fecha. Revisadas como han sido las actuaciones llevadas por esta alzada; se procede a verificar las actuaciones llevadas por el tribunal Aquo, a los fines de comprobar que se hayan resguardado las garantías constitucionales, así como un debido proceso: El libelo de la demanda, fue presentado en fecha 19 de diciembre del año 2018, por los ciudadanos Jhoan Miguel Páez y Josevia Jusneuvia Moreno Cuicas, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad números V-18.320.311 y V-16.012.830, asistidos por el profesional del derecho Juan Paulo Rodríguez Flores, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V-6.881.771, inscrito en el Instituto de Previsiones Social del Abogado (Inpreabogado) bajo el Nº 41.714., contra el ciudadano Luis Enrique Machado Lamus,venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-541.881, ante el Tribunal (Distribuidor) de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos, Tinaco y Lima Blanco de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, correspondiendo según el sorteo la distribución al Tribunal Primero de Municipio Ordinario Ejecutor de Medidas de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos, Tinaco y Lima Blanco de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes. Mediante auto de fecha 09 de enero del 2019, el tribunal de la causa le dio entrada bajo el Nº5797/19, asimismo, se ordena el resguardo del cheque Nº00009827, en la caja fuerte del tribunal previa certificación de la misma. Mediante diligencia de fecha 19 de febrero del año 2019, suscrita por la ciudadana Josevia Jusneuvia Moreno Cuicas, debidamente asistida por la abogada Nadeida Vadillo, actuando en su condición de defensora publica segunda auxiliar civil, administrativo, especial inquilinato para la defensa del derecho a la vivienda, mediante la cual solicita muy respetuosamente se fije fecha día y hora para el traslado del tribunal ante la dirección habitacional del ciudadano Luis Enrique Machado, se acuerda de conformidad lo solicitado mediante auto de fecha 20 de febrero de 2019, en consecuencia el tribunal fija oportunidad para el día 28/02/2019, a las diez de la mañana (10:00a.m), a fin de proceder a la oferta real de pago. Mediante auto de fecha 6 de marzo del año 2019, el tribunal fija nueva oportunidad para la práctica de referida oferta, para el tercer (3er) día de despacho siguiente al de hoy, a las diez de la mañana (10:00a.m). Mediante auto de fecha 18 de marzo del 2019, siendo las diez de la mañana (10:00a.m), oportunidad fijada para el traslado y constitución de este tribunal, en el lugar de autos, a los fines de materializar la oferta real de pago a favor del ciudadano Luis Enrique Machado Lamus, plenamente identificado en autos y por cuanto, a esta hora no comparecieron los solicitantes, ni apoderado judicial alguno, que represente sus derechos e intereses, se declara desierto el acto. Mediante diligencia de fecha 9 de abril del año 2019, suscrita por la ciudadana Josevia Jusneuvia Moreno Cuicas, debidamente asistida por la abogada Nadeida Vadillo, actuando en su condición de Defensora Publica Segunda Auxiliar Civil, Administrativo, Especial Inquilinato para la Defensa del derecho a la Vivienda, mediante la cual solicita muy respetuosamente se fije una nueva fecha para la materialización de la oferta, ante la dirección habitacional del ciudadano Luis Enrique Machado, se acuerda de conformidad lo solicitado mediante auto de fecha 12 de abril de 2019, en consecuencia el tribunal fija oportunidad para el día 02/05/2019, a las nueve de la mañana (9:00a.m), a fin de proceder a la oferta real de pago. En fecha 02 de mayo de 2019, mediante diligencia suscrita por el ciudadano Luis Enrique Machado Lamus, asistido por el abogado Orlando Pinto Aponte, mediante la cual se da por citado en el presente procedimiento de oferta real de pago, y simultáneamente rechaza la referida oferta real de pago, en consecuencia este tribunal ordena el depósito del dinero ofrecido, en la cuenta de este tribunal signado con el Nº 01750065110000002252 del Banco Bicentenario, en tal sentido se insta a la parte oferente a consignar cheque de gerencia por la cantidad de DIEZ MIL SETECIENTOS ONCE BOLIVARES CON 17/100 (Bs. 10.711,17), a nombre de este juzgado, mediante auto de fecha 08 de mayo de 2019. Mediante auto de fecha 02 de mayo de 2019, siento las nueve de la mañana (9:00a.m), oportunidad fijada para el traslado y constitución de este tribunal, en el lugar indicado enautos, a esta hora no comparecieron los solicitantes, ni apoderado judicial alguno, que represente sus derechos e intereses, se declara desierto el acto. En fecha 8 de mayo de 2019, es consignado escrito de rechazo por el ciudadano Luis Enrique Machado Lemus, asistido por el abogado en ejercicio Orlando Pinto Aponte, constante de 8 folios con anexos A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K. Mediante diligencia de fecha 9 de mayo de 2019, suscrita por la ciudadana Moreno Josevia, asistida por la abogada Nadeida Vadillo, mediante la cual solita copias certificadas del folio 30 el cual se encuentra inserto en el expediente 5797-19, siendo acordadas mediante auto de misma 10 de Mayo 2019. Mediante diligencia de fecha 13 de mayo de 2019, suscrita por la ciudadana Moreno Josevia, asistida por la abogada Nadeida Vadillo, mediante la cual consigna cheque de gerencia Nº 00009847, a nombre del tribunal, en atención al auto de fecha 08 de mayo de 2019, el tribunal ordena resguardar el referido cheque en la caja fuerte y dejar copia certificada, y una vez realizado el depósito, agréguese al expediente mediante auto de 14 de mayo de 2019. Mediante auto de fecha 20 de mayo de 2019, la abogada Catalina Pérez, Secretaria Accidental de este tribunal hace constar: la entrega del cheque de gerencia Nº 00009827 numero de control 4846, a la ciudadana Josevia Moreno, debidamente asistida por la abogada Nadeida Vadillo, cheque emitido por el Banco Bicentenario, por un monto de Bs. 10.711,17 a la orden del ciudadano Luis Enrique Machado Lamus. Mediante diligencia de fecha 20 de mayo del 2019, suscrita por el ciudadano Luis Enrique Machado Lemus, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V- 541.881, confieren Poder Apud Acta a los abogados Orlando Pinto Aponte, Jesús Manuel López Brizuela y Orelys Mariana Pinto Zapata, el tribunal hace constar el otorgamiento mediante auto de misma fecha. En fecha 23 de mayo de 2019, es presentado escrito de pruebas por el ciudadano Luis Enrique Machado Lemus, asistido por el abogado Orlando Pinto, por cuanto las mismas no son manifiestamente ilegales ni impertinentes, se admiten cuanto a lugar en derecho, salvo su apreciación en la definitiva mediante auto de fecha 28 de mayo de 2019. Mediante diligencia de fecha 28 de mayo de 2019, suscrita por la ciudadana Josevia Moreno, asistida por la abogada Nadeida Vadillo, solicita copias certificadas de los folio 73, 74, 75, 76. En fecha 30 de mayo de 2019, es consignado escrito de pruebas por la abogada Nadeida Vadillo, con carácter de Defensora Publica Segunda Civil y Administrativa Especial Inquilinaria y para la Defensa del Derecho a la Vivienda (e) adscrita a la Defensa Pública del estado Cojedes, actuando en representación de los ciudadanos Johan Páez y Josevia Moreno, según requerimiento de fecha 18 de enero de 2019, por cuanto las mismas no son manifiestamente ilegales, ni impertinentes, se admiten en cuanto ha lugar en derecho, salvo su apreciación en la definitiva, mediante auto de fecha 04 de junio de 2019. Mediante diligencia de fecha 03 de junio de 2019, suscrito por el ciudadano Orlando Pinto, asistido por el abogado Luis Machado, a fin de solicitar que desestime, no le dé entrada al escrito de promoción de pruebas presentado por los oferentes. Se dicto sentencia interlocutoria con fuerza definitiva, en fecha 13 de junio de 2019, donde declara Primer Inadmisible la Oferta Real de Pago planteada por los oferentes Segundo no hay condenatoria en constas debido a la naturaleza del dispositivo del presente fallo.Mediante diligencia de fecha 25 de junio de 2019, suscrita por la ciudadana Josevia Moreno, asistida por la abogada Nadeida Vadillo, por cuanto solicita copias simples de los folios 93 al 99. Mediante diligencia de fecha 25 de junio de 2019, suscrita por la ciudadana Josevia Moreno, asistida por la abogada Nadeida Vadillo, apelo a la decisión emanada por este tribunal de fecha 13 de junio del año 2019, en consecuencia este tribunal oye la apelación en ambos efectos y se ordena remitir este expediente al juzgado Superior Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, remítase con cómputos de días de despacho desde la fecha de admisión, mediante auto de fecha 01 de julio de 2019. Mediante auto de fecha 02 de Julio del año 2019, se deja constancia que se dio por recibido expediente del Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos, Tinaco y Lima Blanco de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, el cual fue remitido mediante oficio Nº 055-19 de fecha 01 de julio de 2019. Dándosele entrada para esa misma fecha, en consecuencia, se deja transcurrir cinco (5) días de despachos siguientes para que las partes si así lo consideren soliciten la Constitución de Asociados de conformidad con lo establecido en el artículo 118 del Código de Procedimiento Civil. II MOTIVOS DE HECHO Y DE DERECHO Esta Alzada como órgano superior asume el conocimiento pleno de la controversia, y en tal sentido, tiene plena jurisdicción sobre el asunto apelado, lo que le permite descender a las actas procesales y revisar todo lo acontecido durante el desarrollo del ítem procesal. Ahora bien, la controversia en el caso bajo análisis quedó planteada en los siguientes términos. Alegatos de la Parte Actora en su Libelo de Demanda: “OMISSIS… … que presentamos ante este tribunal OFERTA DE PAGO a favor del ciudadano Luis Enrique Machado Lamus, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de la cedula de identidad Nº V-541.881 y de este domicilio, conforme a los artículos 1306 al 1313 del vigente Código Civil Venezolano. … que suscribimos con el ciudadano Luis Enrique Machado Lamus, ante identificado, una PROMESA BILATERAL DE COMPRA VENTA sobre un bien inmueble constituido por una vivienda unifamiliar, la cual tiene un área aproximada de construcción de SETENTA METROS CUADRADOS (70 Mts2) y la parcela de terreno sobre el cual se encuentra construido, distinguida con el Nº 1D-04 de la manzana D, la cual consta de un área aproximada de CIENTO NOVENTA Y OCHO METROS CUADRADOS CON SEIS DECIMETROS CUADRADOS (198,06 mts2), formando parte dicho inmueble del Conjunto Urbanístico Residencial y Comercial denominado Urbanización Santa Clara, situado al lado sur de la Urbanización Canta Claro de la ciudad de San Carlos Estado Cojedes y comprendida dentro de los siguientes linderos y medidas particulares siguientes: Norte: Avenida principal de canta claro, en 07 metros, más 03 metros; Sur:Parcela 1D-05, en 10 metros; Este:calle 05, en 17 metros; Oeste:parcela 1D-03, en 20 metros y le corresponde un porcentaje de condominio de 0,142 %. … que el inmueble le pertenece al ciudadano Luis Enrique Machado Lamus, según se evidencia del Documento debidamente Registrado ante la Oficina de Registro Publico del Municipio San Carlos y Rómulo Gallegos del Estado Cojedes, bajo el Nº 41, folios 335 al 339, tomo 12, Protocolo Primero, Cuarto Trimestre, de fecha 26 de Diciembre de dos mil once (2.011), cuyo documento consigno en copia simple marcada con la letra “A”.… que la PROMESA BILATERAL DE COMPRA VENTA celebrada entre nosotros y el ciudadano Luis Enrique Machado Lamus, fue debidamente Homologada por la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda Cojedes (SUNAVI), en Acta de Audiencia Conciliatoria realizada en fecha 18 de julio de 2018, expediente Nro SUNAVI:2018-018736, el cual consignamos en copia anexa marcado “B”. … que del citado acuerdo de PROMESA BILATERAL DE COMPRA VENTA se observa lo siguiente: en su cláusula PRIMERA, que la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda Cojedes (SUNAVI), impartió la respectiva Homologación del acuerdo bilateral de compra-venta sobre el inmueble arriba identificado, así como la aceptación de ambas partes del precio o justo valor, que los funcionarios adscritos a la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Cojedes fijarían mediante Avalúo efectuado por ellos al inmueble arriba identificado; y en su cláusula SEGUNDA se estableció el lapso de seis (6) meses, periodo dentro del cual las partes realizaríamos la operación de compra-venta y pago respectivo del inmueble, una vez efectuado el avalúo del inmueble. … que en fecha 14 de agosto del año 2018, la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda Cojedes (SUNAVI), libro boleta de Notificación, mediante la cual hace del conocimiento de las partes, que de acuerdo a Providencia Administrativa Nro JV-FC-0015-2018, en expediente llevado por ese ente administrativo signado con el Nro SUNAVI:2018-018736, decide otorgarle un justo valor, estableciéndose que el precio del mismo es de NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO BOLIVARES FUERTES CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS (Bs. F 979.319.425,86), los cuales una vez efectuada la reconversión a bolívares soberanos, de conformidad con la reconversión monetaria efectuada por el Gobierno Nacional, queda en la cantidad de NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES BOLIVARES CON DIECINUEVE BOLIVARES SOBERANOS (Bs S 9.793,19). … que hemos vivido una verdadera odisea, pues, el ciudadano Luis Enrique Machado Lamus, antes identificado, se ha negado a recibirnos el pago de todas las formas posibles, negando inclusive a reconocer el acuerdo efectuado y homologado por la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda Cojedes (SUNAVI), así como el justo valor fijado por dicho organismo del cual el mencionado ciudadano estuvo de acuerdo, y del cual fue debidamente notificado, cuya Providencia administrativa consigno en copia fotostática marcada “C”. … que ha sido imposible una reunión efectiva con él antes identificado ciudadano para concretar la venta del inmueble, lo cual y hace ver o indicar que el hoy oferido pretende esperar el vencimiento del lapso acordado, para justificar nuestro incumplimiento en el convenio irse por el procedimiento de desalojo. … que procedo a cumplir uno a uno los requisitos exigidos por el artículo 1.307 del Código Civil, así: 1º Realizamos la OFERTA REAL DE PAGO al ciudadano LUIS ENRIQUE MACHADO LAMUS, antes identificado, quien es el propietario del inmueble, vendedor obligado por el convenio, a recibir el pago y trasladarnos la propiedad del mismo, por lo que es un ACREEDOR CAPAZ. 2º Nosotros, JHOAN MIGUEL PAEZ Y JOSEVIA JUSNEUVIA MORENO CUICAS, realizamos el pago por tener la condición de Optantes Compradores, según el acuerdo debidamente homologado y que es un verdadero contrato bilateral de compra-venta celebrado entre nosotros. 3º Pagamos en este acto al ciudadano Luis Enrique Machado Lamus, la cantidad de DIEZ MIL SETENCIENTOS ONCE BOLIVARES SOBERANOS CON DIECISIETE CENTIMOS (Bs. S 10.711,17), que comprende la cantidad del Capital adeudado de NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES BOLIVARES SOBERANOS CON DIECINUEVE CENTIMOS (Bs. S 9.793,19), más los intereses de mora calculados desde el día 14 de agosto del año dos mil dieciocho (2018) al 18 de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), por un monto de setecientos veintidós bolívares soberanos con doce céntimos (Bs. S 722,12), más la cantidad de ciento noventa y cinco bolívares soberanos con ochenta y seis céntimos (Bs. S 195,86), que equivale al dos por ciento (2%) del monto total entre capital e intereses para cubrir cualquier gasto líquidos e Ilíquidos, según cálculos realizados por el licenciado Mario Augusto Febres Méndez, contador público colegiado bajo el Nº 9.029, el cual consigno marcada “D”4º El pago de la obligación contenida en la promesa bilateral de compra venta es a favor del ciudadano Luis Enrique Machado Lamus, antes identificado, a quien debíamos pagarle en totalidad dentro del lapso de seis (6) meses contados a partir del día efectivo de la aceptación por ambas partes del justo precio, según avalúo realizado por los funcionarios adscritos y designados por la superintendencia nacional de arrendamiento de vivienda Cojedes (SUNAVI). 5º En el presente caso se cumple la condición pactada en el acuerdo debidamente homologado y que es un verdadero contrato bilateral de compraventa. 6º El ciudadano Luis Enrique Machado Lamus antes identificado, se negó y se ha negado reiteradamente a recibir el pago, y a entregar los documentos de propiedad del inmueble, a pesar que en muchas oportunidades hemos intentado que nos aceptase el mismo, por lo que solicitamos que esta oferta real de pago se haga personalmente al indicado ciudadano en su domicilio, el cual procedo a indicar: urbanización samanes II, casa mochima “O”, numero 54, San Carlos, municipio San Carlos (hoy Ezequiel Zamora) del estado Cojedes. 7º Esta oferta real de pago se solicita sea realizada por un tribunal de la república con competencia para conocer de jurisdicción voluntaria y ubicada en jurisdicción del domicilio del acreedor, con lo que se cumple con el ordinal 7º del artículo 1307 del código civil. …que a fin de que materialice el cumplimiento de nuestra obligación y de por PROCEDENTE y VALIDO EL PAGO, con la conducente CONDENATORIA EN COSTAS al precitado ciudadano, conforme a lo indicado en el artículo 825 del código de procedimiento civil. … que a los efectos de estimar las costas y costos de este proceso, estimo esta OFERTA DE PAGO en la cantidad a pagar, que asciende a la suma de DIEZ MIL SETECIENTOS ONCE BOLIVARES SOBERANOS CON DEICISIETE CENTIMOS (Bs S 10.711,17), equivalentes en unidades Tributarias a: Seiscientos Treinta punto cero seis, (630.06 U.T)., Por su parte en la oportunidad correspondiente la parte demandada consigna escrito de contestación de demanda, alegando lo siguiente: “OMISSIS… … que soy propietario de una vivienda unifamiliar, la cual tiene un área aproximada de construcción de SETENTA METROS CUADRADOS (70Mts.2) y la parcela de terreno sobre el cual se encuentra construida, distinguida con el Nº ID-04 de la Manzana D, la cual consta de un área aproximada de CIENTO NOVENTA Y OCHO METROS CUADRADOS CON SEIS DECIMETROS CUADRADOS (198,06 Mts.2), formando parte dicho inmueble del Conjunto Urbanístico Residencial y Comercial, denominado Urbanización Santa Clara, situado al lado Sur de la Urbanización Canta Clara, situado al lado sur de la Urbanización Canta Claro, de esta ciudad de San Carlos, estado Cojedes y comprendida dentro de los linderos y medidas particulares siguientes: NORTE: Avenida principal de Cantaclaro, en 07 Metros, más 03 metros; SUR: Parcela ID- 05, el 10 Metros; ESTE: Calle 05, en 17 Metros; OESTE: Parcela ID-03, en 20 Metros y le corresponde un porcentaje de condominio de 0,142%, el inmueble antes descrito, me pertenece según consta de documento protocolizado por ante la Oficina de Registro Público de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos del estado Cojedes, en fecha 26 de diciembre de 2011, bajo el Nº 41, folios 335 al 339, tomo 12, protocolo primero, cuarto trimestre del año 2011, cuyo documento de propiedad, fue acompañado por los oferentes en copia simple y obra inserto a los folios del 09 al 13, ambos inclusive del presente expediente. … que suscribí un contrato de arrendamiento con la empresa mercantil DISTRIBUIDORA CONFICENTRO CA, inscrita por ante el Registro Mercantil del estado Cojedes, en fecha 30 de mayo de 2014, bajo el Nº 50, Tomo 7-A-RM325, representada en ese acto por la ciudadana Yside Josefina Blanco Álvarez, quien es venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V- 10.328.066. En conformidad con la Clausula tercera del referido contrato de arrendamiento, el cual se acompaña al presente escrito distinguido “A”, las partes de mutuo acuerdo fijamos un lapso de duración de seis (06) meses, contados a partir del 01-11-2016, hasta el 01-05-2017, es de hacer notar, que en la Clausula Decima Sexta, se deja constancia de la existencia de equipos electrodomésticos, enseres y demás utensilios que quedan en posesión de LAARRENDATARIA, de los cuales se especifican en inventario que igual se anexa al presente escrito, distinguido “B”. … que luego de celebrado el contrato de arrendamiento del inmueble de mi propiedad con la referida empresa DISTRIBUIDORA CONFICENTRO CA, a través de su representante YSIDE JOSEFINA BLANCO ALVARES, me entero que el señor JHOAN MIGUL PAES y JOSEVIA JUSNEUVIA MORENO, ocupan de forma ilegal, arbitraria, abusiva, es decir sin causa que los legitime mi vivienda, ya que en modo alguno yo he firmado contrato de arrendamiento con ellos; no obstante, ante este hecho irregular y por cuanto la representante de la ARRENDATARIA, ciudadana YSIDE JOSEFINA BLANCO ALVAREZ se desapareció y mas nunca tuve contacto con ella, acepte de buena fe hacer los recibos de pago de los alquileres a nombre del señor JHOAN MIGUEL PAEZ, tal como se evidencia del talón de los respectivos recibos de cancelación de los meses comprendidos de diciembre de 2016 a enero de 2018, ambos inclusive, que se acompaña un legajo de los mismos, numerados del 01 al 12, distinguidos como anexo “C”. … que considero de interés informar al tribunal que los mencionados ciudadanos ocupan mi vivienda, y usas el mobiliario que aún permanece en la misma, totalmente gratis desde el mes de febrero del 2018, a lo que va de año, mayo de 2019. … que mediante comunicación con fecha de acuse de recibo el 03-04-2017, se le hace saber a la ARRENDATARIA inicial, la no renovación del contrato de arrendamiento, por tanto a la fecha de vencimiento del mismo, el cual se verifica el 01 de mayo de 2017, debe hacer entrega del inmueble totalmente desocupado, libre de personas, cosas y en las mismas buenas condiciones en que lo recibió. Anexo “D”. … que insistiendo y reiterando la exigencia de entrega de la vivienda, a lo cual siempre se negaron, reiterando la exigencia de entrega de la vivienda, a lo cual siempre se negaron, utilizando artificios, engaños, mentiras, abusando de mi buena fe, ya que me daban una fecha para desocupar y no era así; por ejemplo, la ultima fecha que me dieron para desocupar la vivienda de mi propiedad fue el 31 de enero de 2018, razón por la cual le hizo un recordatorio por escrito, con fecha 23 de enero de 2018, a cuyo efecto, me traslade a la vivienda para entregársela personalmente, a uno cualquiera de los ocupantes, los cuales se negaron a recibirla. Anexo “E” … que recurrí ante SUNAVI, a fin de agotar la vía administrativa y posteriormente proceder al desalojo de los ocupantes irregulares de mi vivienda. …que el día 18 de julio de 2018, se dio la AUDIENCIA CONCILIATORIA, de cuya acta, a efectos de interés del caso, destaco lo siguiente: FIJACION DEL PRECIO DE MUTUO ACUERDO., quedo establecido en dicha acta, que el precio de venta del inmueble se fijaría de mutuo acuerdo, sin tomar en consideración el “JUSTO VALOR” que pudiese asignarle el SUNAV, (Omissis) TERMINO PARA LA COMPRAVENTA, que el termino que se fijo para la realización de la compra venta fue de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de notificación de la providencia de justo valor del inmueble, (Omissis) INCUMPLIMIENTO Y AGOTAMIENTO DE LA VIA ADMINISTRATIVA, en dicho particular segundo de la referida Acta de la Audiencia Conciliatoria del día 18 de agosto de 2018, igual quedo establecido, que una vez fenecido el termino de los seis (6) sin que haya materializado la venta del inmueble por causas imputable a los inquilinos, hoy oferentes, JHOAN MIGUEL PAEZ Y JOSEVIA JUSNEUVIA MORENO, queda expedita la vía para interponer la demanda de desalojo por ante los tribunales competentes, (Omissis). FIJACION DEL CANON DE ARRENDAMIENTO, (Omissis), tal como se desprende de la Providencia Administrativa del SUNAVI Nº JV-FC-0015-2018, cuya BOLETA DE NOTIFICACION fue recibida y firmada por mí, el 22-08-2018; tal como se evidencia de mi firma al pie de la misma, (Omissis), como Anexo “F”. Del Rechazo Específico de la Oferta Real. Primero: (Omissis),. Rechazo y niego de forma categórica, que sea Acreedor de los Oferentes y que ellos sean mis deudores, así como inexistente la obligación de pagar suma de dinero alguno por parte de los oferentes y yo de recibirlo, pues no se ha materializado la compra venta del inmueble de mi propiedad y en ningún momento se ha otorgado documento alguno de donde pueda surgir la obligación de pago y en consecuencia es inexistente una pretendida mora, que pudiera dar lugar al presente procedimiento de oferta real de pago, (Omissis). Segundo: rechazo y niego que el precio de venta del inmueble de mi propiedad, según “justo valor” MISERABLE, VIL, INDIGNO, INACEPTABLE, fijado por “funcionarios del SUNAVI” sea la cantidad de NOVECIENTOS SETENTA YNUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO BOLIVARES FUERTE CON OCHENTA Y SEIS CENTIMOS (Bs. F 979.319.425,86), equivalente hoy día, luego de la reconvención monetaria, a la cantidad de NUEVE MIL SETESCIENTOS NOVENTA Y TRES BOLIVARES SOBERANOS CON DIECINUEVE CENTIMOS (Bs.S 9.793,19),monto este que hoy no alcanza para comprar medio cartón de huevos, o dos panes canilla, ni siquiera para comprar medio kilo de queso blanco, (omissis), a sabiendas de que ambas partes acordamos fijar el precio de venta en NUEVE MIL DOLARES ($9.000,00), de los cuales los oferentes debían cancelar como primer pago la cantidad de CINCO MIL DOLARES, ($5.000,00), fraccionado en dos pagos; uno de DOS MIL DOLARES, ($2.000,00), que serian entregados el dia 20 de noviembre de 2018; y otro por TRES MIL DOLARES ($3.000,00) para ser entregados el 20 de diciembre de 2018; y el saldo deudor; es decir la cantidad de CUATRO MIL DOLARES ($4.000,00), seria cancelada por los oferentes, dentro de un lapso máximo de DOCE (12) meses, contados a partir de la fecha cierta de la firma del documento previamente acordado entre ambas partes y enviado a la dirección del correo electrónico jhoanmiguel30@gmail.com, el cual se acompaña al presente escrito como anexo “G”. … que fue tanta mi insistencia, desde reunirnos y concretar la venta, que al fin el día 23 de diciembre de 2018, el oferente Jhoan Páez, se apersono en la oficina de mi abogado Orlando Pinto y allí me hizo entrega de la cantidad de MIL DOLARES ($1.000,00), al cual me firmo un recibo, dejándose constancia en el mismo, (Omissis), dicho recibo acompañado al presente escrito distinguido como Anexo “H”. … que así mismo queda opuesto a los oferentes, mensaje de whatsapp del oferente Jhoan Páez, con fecha 06 de diciembre de 2018, hora 1,43 pm, que textualmente expresa, (…Omissis...) “buenas tardes cuando tenga los $ le aviso”. (Ver mensaje 05 del 06-12-2018, que forma parte del legajo Anexo I. Tercero: igualmente niego y rechazo que los oferentes han vivido una verdadera odisea, ya que me he negado a recibirles el pago de todas las formas posibles, cosa que no es cierto, ya que una vez acordado el precio de la vivienda, fueron innumerables las veces que intente reunirme con ellos, a fin de finiquitar los detalles para la venta, la forma, oportunidad y conveniencia del pago y la firma del documento respectivo, que como se dijo antes, fue enviado a la dirección del correo electrónico jhoanmiguel30@gmail.com suministrada por el señor Jhoan Páez. En ese sentido, y con el fin de desvirtuar la falaz, tendenciosa y maliciosa mentira de los oferentes, pongo a disposición del tribunal los innumerables mensajes enviados vía whatsapp, al teléfono móvil Nº 0426-2596323, perteneciente al mismo ciudadano, los cuales se acompañan en legajo en orden cronológico numerados del 01 al 09, ambos inclusive distinguidos como Anexo “I”, igualmente y con el mismo propósito, es decir, demostrar las mentiras de los oferentes, se acompaña un legajo de los correos electrónicos enviados a jhoanmiguel30@gmail.com, como Anexo “H”. … que dichos correos electrónicos, se acompañan al presente escrito como Anexo “J” y “K” …(Omissis)… que ciudadana juez, no habiendo demostrado los oferentes los requisitos necesarios previstos en los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 1.307 del Código Civil, requisitos concurrente y de impretermitible cumplimiento de, ya que al falta uno solo de ellos es más que suficiente para declarar invalida el ofrecimiento de pago. … que en consecuencia por no cumplirse con los dos requisitos para la procedencia de la oferta real de pago y de depósito, previsto en el artículo 1.306 del Código Civil, la presente oferta real de pago debe declararse invalida por su manifiesta improponibilidad; y por no cumplir con las condiciones de validez prevista en los numerales 1, 2, 3,4 y 5 del artículo 1.307 ejusdem. Según el principio de Exhaustividad previsto en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal pasa a revisar las pruebas presentadas en su oportunidad procesal por las partes en la presente causa: PRUEBAS PROMOVIDAS EN LA OPORTUNIDAD LEGAL POR LA PARTE ACTORA: Del Valor y Merito de los Autos:1) Acta de Requerimiento de fecha 18 de enero del año 2019, en la cual la ciudadana Josevia Moreno, manifiesta su voluntad de ser asistido y representado por esta Defensoría Publica Segunda Civil y Administrativa Especial Inquilinaria y para la Defensa Del Derecho a la Vivienda, por ante este Tribunal, en la solicitud de la Oferta Real de Pago, marcada con la letra “A” 2) Acta de la Audiencia Conciliatoria de fecha 18-07-2019 por ante la Coordinación Regional de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas en la cual participaron los ciudadanos: Jhoan Páez y Josevia Moreno, la cual adjunto en copias certificadas por la Coordinación Regional de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Viviendas del estado Cojedes, marcada con la letra “B” 3) Providencia Administrativa Nro: MC-COJ-005-19, de fecha 09 de mayo del 2019 emitida por la Coordinación Regional de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda del Estado Cojedes, donde se Homologa, el acuerdo realizado entre los ciudadanos, Josevia Moreno (inquilino) y el ciudadano Luis Machado (propietario), en audiencia conciliatoria realizada el día 18 de julio del año 2018, se consignan copias certificadas por la coordinación Regional de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas del estado Cojedes, marcadas con la letra “C”. 4) Copia Certificada en un folio útil de la Providencia Nº IF-JV-FC-0015-2018 de fecha 14 de agosto de 2018 emitido Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, al ciudadano Luis Machado, en la cual regula el justo valor del inmueble cuyo valor fue de Novecientos Setenta y Nueve Millones Trescientos Diecinueve Mil Cuatrocientos Veinticinco con Ochenta y Seis Céntimos (Bs. 979.319.425,86), en consecuencia regulo el canon máximo de arrendamiento por la cantidad de cuatro millones, Ochenta Mil Cuatrocientos Noventa y Siete con Sesenta y Uno (Bs. 4.080.497,61), certificadas por la Coordinación Regional de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Viviendas del Estado Cojedes, marcada con la letra “D”. 5) Copia Certificada en dos folios útiles del Acta levantado el día 31 de Octubre del año 2018, donde se realiza el retiro de los enseres, pertenecientes al ciudadano Luis Enrique Machado, los cuales se encontraban en el inmueble en conflicto, emitido Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, “E” PRUEBAS PROMOVIDAS EN LA OPORTUNIDAD LEGAL POR LA PARTE DEMANDADA: Instrumentales 1) Instrumento de propiedad de la vivienda, protocolizado por ante la oficina de Registro Público de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos del estado Cojedes, en fecha 26 de diciembre de 2011, bajo el Nº 41, folios 335 al 339, tomo 12, protocolo primero, cuarto trimestre del año 2011, acompañado por los oferentes con el libelo de demanda 2) Contrato de arrendamiento que suscribí con la empresa mercantil DISTRIBUIDORA CONFICENTRO CA, representada en ese acto por la ciudadana Yside Josefina Blanco Álvarez, el cual se acompaño al escrito de rechazo a la solicitud de oferta real, distinguido como Anexo A. 3) Recibos a nombre Jhoan Páez, numerados del 01 al 12, acompañados al escrito de rechazo a la solicitud de oferta real, distinguidos como Anexo “C” 4) Rechazo a la solicitud de oferta real como Anexo “D”.5) Comunicación, con fecha 23 de enero de 2018, acompañada al escrito de rechazo a la oferta real, Anexo “E”. 6) Acta de la audiencia Conciliatoria del día 18 de agosto de 2018, la cual fue acompañada por los oferentes en su libelo de oferta real como Anexo “B”. 7) Providencia Administrativa del SUNAVI Nº. JV-FC-0015-2018, acompañada con el escrito de contestación de la demanda como Anexo “F”. 8) “RECIBO” , de fecha 23 de diciembre de 2018, dicho recibo se acompaño al escrito de rechazo de la oferta real, distinguido como Anexo “H”. 9) Mensaje de whatsapp del oferente Jhoan Miguel Páez, con fecha 06 de diciembre de 2018, hora 1,43 pm, que textualmente expresa. (…Omissis…) “buenas tardes cuando tenga los $ le aviso”... (Ver mensaje 05, del 06-12-2018, que forma parte del legajo Anexo I. 10) Documento enviado a la dirección del correo electrónico jhoanmiguel30@gmail.com, suministrado por el señor Jhoan Páez, el cual se acompaño al escrito de contestación de la oferta real, como Anexo “G”. 11) Oposición a los oferentes innumerables mensajes electrónicos enviados vía whatsapp, al teléfono móvil Nº 0426-2596323, perteneciente al oferente Jhoan Miguel Páez, los cuales se acompañaron con el escrito de rechazo a la oferta real, un legajo en orden cronológico numerados del 01 al 09, ambos inclusive distinguidos como Anexo “I”. 12) Oposición a los oferentes, correos electrónicos enviados a la dirección jhoanmiguel30@gmail.com, perteneciente al oferente Jhoan Miguel Páez los cuales se acompañaron al escrito de rechazo de la oferta real, como Anexo “J” y “K”. III CONSIDERACIONES PARA DECIDIR Quedando planteado el problema, pasa esta Juzgadora a realizar las siguientes observaciones. ALEGATOS DE LA PARTE DEMANDANTE EN SU ESCRITO DE INFORMES OMISSIS… “… que del escrito liberar, se observa que la finalidad de la oferta real y el depósito fue solamente como forma de pago, por cuanto el acreedor se negó a recibirlo, con el objeto de liberarnos del pago o de la mora en que pudiéremos incurrir por culpa del acreedor y así fue solicitada en el escrito liberar y no como lo alega en el sentencia, que hubo diferencias entre las partes en cuanto al precio del inmueble, que si el pago ofertado se ajustaba o no a las existencias contractuales contempladas en el mismo contrato, ya que esos alegatos, fueron expuestos únicamente por la parte demandada y que a todo evento rechazamos y negamos por ser falsos, sacando la juez “a-quo” conclusiones sobre alegatos expuestos por el demandado de autos y que eran ajenos a esta pretensión. … que la oferta real no es un medio de defensa que ejercita el deudor contra las pretensiones de su acreedor, sino que es un medio especial de pago que extingue la obligación y al cual acude de deudor, facultado por la ley (1306 C.C), cuando el acreedor se rehúsa voluntariamente a recibirlo, de allí, que en materia de oferta real solo se ventila la validez o nulidad de la oferta derivado de los requisitos legales correspondientes (1307 C.C.), cuestión esta que no observo en el presente juicio la juez “a-quo” y de allí la nulidad de la sentencia que aquí recurre. OMISSIS… … que la juez “a-quo” se abstuvo de pronunciarse sobre lo solicitado en el escrito liberar, bajo la justificación errónea que el procedimiento de oferta real y deposito es un proceso no contencioso, con lo que se desnaturaliza el derecho a la tutela judicial efectiva, cuando se defiere el pronunciamiento expreso, positivo y preciso a la instauración de otro proceso. … que la juez a-quo no emitió un pronunciamiento sobre la verificación de que si se cumplían o no las condiciones de modo, tiempo y lugar del pago ofrecido, mas bien, prejuzgando sobre los deberes y derechos de las partes de la relación contractual.… que el demandado de autos acudió de manera voluntaria y debidamente asistido por abogados de su confianza por ante el ente oficial encargado de los procesos de arrendamiento de inmuebles para vivienda en la ciudad de San Carlos estado Cojedes, y ante el funcionario instructor, el cual es competente para realizar acuerdos conciliatorios en sede administrativa a los fines de preservar la paz social, manifestó a traces de su rúbrica, la aceptación de la venta del inmueble y se estableció un plazo que se iniciaría una vez el órgano administrativo emitiera el precio del justo valor del inmueble. (OMISSIS). … que la fijación del valor del inmueble el cual es una facultad expresa de esa institución por ministerio de la Ley culmino según providencia administrativa de fecha 14 de agosto de 2018, mediante boleta de notificación al ciudadano Luis Machado, que fue recibida en fecha 22 de agosto de 2018, y de cuyo acto administrativo el citado ciudadano no interpuso recurso alguno. (OMISSIS)… … que solicitamos se declare CON LUGAR la apelación y en secuencia se revoque la sentencia dictada por la Juez a-quo y se declare valida la oferta real y pago por nosotros formulada contra del ciudadano Luis Machado, suficientemente identificado en actas. ALEGATOS DE LA PARTE DEMANDADA EN SU ESCRITO DE INFORMES OMISSIS… “…que su obligación de pago deviene de la existencia de una promesa bilateral de compra venta de un inmueble propiedad de mi representado, cosa que no es cierto, ya que en modo alguno existe, se firmo documento alguno que haga surgir de manera inequívoca la voluntad de las partes de ligarse mediante un documento de opción de compra venta, sino que ello surge del Acta de la audiencia Conciliatoria realizada el día 18 de julio de 2018, donde ambas partes se comprometieron a crear y fijar las condiciones preparatorias para la celebración a futuro, dentro de un término de seis (6) meses, el respectivo contrato de compra venta de la vivienda de propiedad de mi representado, previo pago del precio, que posterior a dicha audiencia y de mutuo acuerdo fijaron las partes, y que es totalmente distinto al fijado por el SUNAVI. … que ellos han vivido una verdadera odisea, porque mi representado se ha negado insistentemente a recibir el precio fijado por el SUNAVI, también se negó y rechazo este alegato, ya que en modo alguno mi conferente se ha NEGADO a recibirles el pago. Lo cierto es, que una vez acordado el precio de la vivienda de mutuo acuerdo, fueron innumerables las veces que mi mandante intento reunirse con ellos, a fin de finiquitar los detalles para la venta, la forma, oportunidad y conveniencia del pago y la firma del documento respectivo. (OMISSIS)… … que al haber considerado el juzgado que podía tenerse como válida la oferta, no obstante que no estaba cumplida la condición bajo la cual se contrajo la deuda y obligación, infringió el numeral 5º del artículo 1.307 del código de procedimiento civil. En tal efecto, si el acreedor tuviera un derecho legitimo para negarse a firmar o vender el inmueble, por la sencilla razón de que pudiera considerar que el deudor incumplió el contrato, y deseara invocar la clausula penal, perdería sentido este procedimiento por cuanto en otro juicio, se declararía que l deudor incumplió el contrato y tendría entonces el acreedor que devolver lo recibido y en consecuencia la venta que se obligo protocolizar estaría viciada de nulidad. En consecuencia, esta sala declara procedente la denuncia de infracción por errónea interpretación del numeral 5º del artículo 1.307 del código civil. …que del criterio jurisprudencial que precede, el cual es de obligatoria observancia para los Tribunales de la República, tenemos que, en virtud de la naturaleza de la acción propuesta en la que se pretende el cumplimiento de un inexistente contrato de promesa bilateral de compraventa, a través del presente procedimiento de oferta real de pago, no procede en derecho, tal como acertadamente lo aprecio la recurrida en su sentencia de merito, con apoyo de la doctrina y jurisprudencia ut supra citadas. Pero además de lo anterior, ciudadana juez, son presupuestos materiales para que la parte accionante pueda tener éxito en su pretensión, que exista un adecuado relato de los hechos, que esos hechos puedan subsumirse dentro de la norma general y abstracta que se invoca como causa legal para proceder a la demanda y la comprobación de sus alegatos y afirmaciones mediante la prueba oportuna, idónea y pertinente. Es indudable, que los oferentes, además de la causa ya señalada por las cual se le declaro inadmisible la solicitud de oferta real de pago, igualmente no cumplió con uno de las condiciones o presupuestos deprocedencia para una sentencia de merito favorable, como lo es no haber aportado al proceso la prueba pertinente en respaldo de sus afirmaciones, es decir la prueba de los presupuestos facticos contenidos en los artículos 1.306 y 1.307 del Código Civil, tales es el caso el carácter de deudores de los oferentes y de acreedor de mi representado, que la suma ofertada sea de plazo vencido, que mi representado haya rehusado a recibir el pago, que la condición se haya cumplido. En fin, por no existir prueba alguna en los autos que evidencie el cumplimiento de los dos requisitos para la procedencia de la oferta real y de depósito, previstos en el artículo 1.306 del Código Civil; ni tampoco sobre las condiciones o requisitos de validez previstas, en los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 1.307 ejusdem, requisitos concurrentes y de impretermitible cumplimiento de, ya que al faltar uno solo de ellos es más que suficiente para declarar invalida el ofrecimiento de pago; es la razón por la cual con el debido respeto solicito que se declare sin lugar la apelación ejercida por lo oferentes sobre la sentencia de merito proferida por el a-quo en fecha 16-06-2019 SIENDO LA OPORTUNIDAD CORRESPONDIENTE LA PARTE DEMANDADA PRESENTA SU ESCRITO DE OBSERVACIONES A LOS INFORMES: “Omissis… …que del criterio jurisprudencial que precede, el cual es de obligatoria observancia para los Tribunales de la República, tenemos que, en virtud de la naturaleza de la acción propuesta en la que se pretende el cumplimiento de un inexistente contrato de promesa bilateral de compraventa, a través del presente procedimiento de oferta real de pago, no procede en derecho, tal como acertadamente lo aprecio la recurrida en su sentencia de merito, con apoyo de la doctrina y jurisprudencia ut supra citadas. De modo que al declarar inadmisible la demanda, es inoficioso entrar a considerar y emitir pronunciamiento sobre otros aspectos, ya que no hay materia de fondo sobre el cual pronunciarse la Juez de la recurrida; pero no obstante, a manera de ilustración ya que esto formaría parte de la sentencia de fondo, que no es el caso, es válido reiterar, que la parte accionante para que su demanda pueda prosperar en derecho debe cumplir con presupuestos materiales, entre ellos un adecuado relato de los hechos, que esos hechos puedan subsumirse dentro de la norma general y abstracta que se invoca como causa legal para proceder a la demanda y la comprobación de sus alegatos y afirmaciones mediante la prueba oportuna, idónea y pertinente. Es indudable, que los oferentes, además de la causa ya señalada por las cuales se le declaro inadmisible la solicitud de oferta real de pago, igualmente no cumplió con uno de las condiciones o presupuestos de procedencia para una sentencia de merito favorable, como lo es no haber aportado al proceso la prueba pertinente en respaldo de sus afirmaciones, es decir la prueba de los presupuestos facticos contenidos en los artículos 1.306 y 1.307 del Código Civil, tales es el caso el carácter de deudores de los oferentes y de acreedor de mi representado, que la suma ofertada sea de plazo vencido, que mi representado haya rehusado a recibir el pago, que la condición se haya cumplido. En fin, por no existir prueba alguna en los autos que evidencie el cumplimiento de los dos requisitos para la procedencia de la oferta real y de depósito, previstos en el artículo 1.306 del Código Civil; ni tampoco sobre las condiciones o requisitos de validez previstas, en los numerales 1, 2, 3, 4 y 5 del artículo 1.307 ejusdem, requisitos concurrentes y de impretermitible cumplimiento de, ya que al faltar uno solo de ellos es más que suficiente para declarar invalida el ofrecimiento de pago; es la razón por la cual con el debido respeto solicito que se declare sin lugar la apelación ejercida por lo oferentes sobre la sentencia mediante el cual se declaro inadmisible de demanda por último, solicito el presente escrito de informes sea agregado a los autos, se aprecie los alegatos contenidos en el mismo, con todos los pronunciamientos procedentes y se declare sin lugar la apelación realizada por los oferentes. SIENDO LA OPORTUNIDAD CORRESPONDIENTE LA PARTE DEMANDANTE PRESENTA SU ESCRITO DE OBSERVACIONES A LOS INFORMES: “Omissis… … que el escrito de observaciones realizado por el apoderado judicial del demandado de autos de fecha 25 de septiembre de 2019, en el cual señala que los oferentes ejercieron y ejecutaron todos los actos procesales, sin obstáculos, ni impedimentos de ningún tipo; sin embargo, ese no es el vicio delatado en los informes presentados oportunamente, toda vez que se alego que la sentenciaque aquí se recurre, y que declara inadmisible la petición de oferta real de pago y consecuente deposito, incurre en el vicio de incongruencia negativa, al no decidir de manera expresa, positiva, y precisa con arreglo a las excepciones y defensas opuestas contenida en el Numeral 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil. … que el alegato del apoderado judicial dista de lo explanado en el escrito de informes, el cual a todo evento ratifico el escrito de informes en todo su contenido en este acto. … que en sus observaciones que los oferentes demandaron el cumplimiento de su supuesto contrato de promesa bilateral de compra venta, de allí que la sentencia dictada por la juez “a-quo” lo que hace es aplicar la doctrina de la sala de Casación Civil; dicho alegato esta apartado de la realidad de la pretensión de mis representados, por cuanto no es un supuesto contrato, es un convenimiento suscrito por el ciudadano Luis Machado, quien de manera voluntaria y debidamente asistido por el citado abogado, por ante el ente oficial encargado de los procesos de arrendamiento de inmuebles para vivienda en la ciudad de San Carlos estado Cojedes y ante el funcionario instructor, firmo dicho acuerdo, en el cual es claro y sin ambigüedad que el ente oficial encargado de los procesos de arrendamiento de inmuebles para vivienda en la ciudad de San Carlos estado Cojedes iba a fijar el valor del inmueble, y que el lapso para la venta del inmueble seria de seis (6) meses contados a partir de la fecha de notificación de la providencia de justo valor del inmueble. … que la fijación del valor del inmueble el cual es una facultad expresa de esa institución por ministerio de la ley, culmino según providencia administrativa de fecha 14 de agosto de 2018, mediante boleta de notificación al ciudadano Luis Machado, que fue recibida en fecha 22 de agosto de 2018, y de cuyo acto administrativo el citado ciudadano no interpuso recurso alguno. … que mis mandantes en ejerció de la tutela judicial efectiva acudieron a la instancia jurisdiccional a realizar la oferta real de pago con la finalidad de extinguir la deuda, por cuanto el acreedor se negó a recibir el pago, como es el caso aquí planteado y no como malintencionadamente lo explana el apoderado del demandado de autos, ya que en ningún momento mis patrocinados pretendieron el cumplimiento de la obligación. … que dicho alegato carece de fundamentación alguna, ya que mis mandantes hicieron lo que debían de hacer conforme a las disposiciones contenidas en los artículos 1306 y 1307 del Código Civil; la cual es procedente. … que se observa que el procedimiento de oferta se hizo a requerimiento de los deudores, motivo por el cual colocaron a disposición del tribunal la suma debida a los fines que a su vez la ofreciera al acreedor en el lugar donde se encuentra la cosa objeto del precio debido y domicilio de los deudores; el cual una vez realizado se negó a recibirlo. … que se evidencia que la juez “a-quo” actuó fuera de su competencia e infringió el debido proceso, en razón de que no considero, para la inadmisión de oferta, la incertidumbre o indeterminación de la verdadera obligación, incurriendo en una clara vulneración del criterio que con carácter vinculante estableció esta Sala Constitucional con respecto a la tutela judicial efectiva, a la defensa y al debido proceso. Que por cuanto, los diversos argumentos de la parte demandada en su escrito de observaciones han quedado desvirtuados con los alegatos, citas doctrinales y jurisprudenciales que ha transcrito anteriormente, razón por la cual solicito que este Tribunal declare CON LUGAR la apelación interpuesta. IV MOTIVACIONES PARA DECIDIR Corresponde a esta Alzada emitir pronunciamiento acerca de las diferentes defensas que alegaron las partes inmersas en la presente litis, la cual origino la apelación de la sentencia Interlocutoria con Fuerza Definitiva, de fecha 13 de junio de 2019, en donde el Juzgado A quo, declaró Inadmisible la Oferta Real de Pago, por no ser la vía idónea para dilucidar las diferencias existentes entre las partes, sino que debe resolverse por la vía contenciosa. En atención al referido anuncio, la recurrente en su escrito de informes expone lo siguiente: “la sentencia que declara inadmisible la pretensión de oferta real de pago y consecuentedeposito, incurre en el vicio de incongruencia negativa, al no decir de manera expresa, positiva y precisa con arreglo a las excepciones y defensas opuestas contenidas en el numeral 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, en conexión con el artículo 12, eiusdem, encontrándose en el artículo 244 ibidem sancionada la contravención del artículo 243, con la nulidad de la sentencia, por cuanto los requisitos exigidos por el legislador en la formación de la sentencia son de estricto orden público”.. que revisando la misma y en razón a los criterios asumidos por el Máximo Tribunal, en relación a la incongruencia, ha manifestado: “el vicio de incongruencia que constituye infracción del artículo 12 y del ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, tiene lugar cuando el sentenciador no decide todo lo alegado o no decide solo sobre lo alegado por las partes, en las oportunidades procesales señaladas para ello: en principio, en el escrito de demanda, en la contestación o en los informes cuando en estos se formulen peticiones, alegatos o defensas que, aunque no aparezcan contenidas en la demanda o en su contestación, pudieran tener influencia determinante en la suerte del proceso, como serian los relacionados con la confesión ficta, reposición de la causa y otras similares, que de acuerdo con reiteradas jurisprudencias, el sentenciador esta en el deber de resolver en forma expresa, positiva y precisa… de lo antes expuesto, se evidencia que en acatamiento a lo dispuesto en el ordinal 5º del artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, el juez en la sentencia debe de manera clara y precisa decidir todos los puntos objeto del debate, porque de no hacerlo, incurre en el vicio de incongruencia…”Código de Procedimiento Civil y Normas Complementarias, eruditos Prácticos LEGIS, enero 2005-enero 2006pag. 196. Revisado como ha sido lo que agrega la sala, sobre el vicio anunciado, así como las actas procesales, se considera oportuno que en atención, a que la sentencia hoy recurrida dictada por el Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos, Tinaco y Lima Blanco de la Circunscripción Judicial del Estado Cojedes, en fecha 13 de junio del 2019, fue publicada en la oportunidad que prevé el artículo 825 del Código de Procedimiento Civil el cual prevé: “…Artículo 825 Expirado el término de pruebas, el Juez decidirá sobre la procedencia o improcedencia de la oferta y del depósito, dentro del plazo de diez días. Si el Juez declarare válidos la oferta y el depósito quedará libertado el deudor desde el día del depósito. En la condena en costas se incluirán los gastos ocasionados por el procedimiento de oferta y depósito. En la sentencia el Tribunal hará determinación expresa asignando los intereses devengados por las cantidades de dinero que hayan sido depositadas, a quien corresponda. (Negrillas y subrayado agregado)…” Del articulo transcrito, se desprende que la juez debió pronunciarse sobre la procedencia o improcedencia de la presente solicitud, sin embargo la juez de instancia declaro “inadmisible la oferta real de pago”, considerando oportuno traer como referencia lo aclarado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia N° 2.864, expediente 11- 1155, del 10 de diciembre de 2004, ratificada mediante decisión Nº 3.267, expediente 05-1538, del 28 de octubre de 2005, también de ésa Sala, estableció la diferencia existente entre las figuras de la inadmisibilidad y la improcedencia, en los siguientes términos: “…Así, la pretensión es admisible, cuando se da cumplimiento a los requisitos legales (generalmente de orden público) que permiten la tramitación de una causa, pero su declaratoria en modo alguno implica un pronunciamiento sobre el mérito del asunto debatido en el proceso. Por interpretación en contrario, la inadmisibilidad de la pretensión tiene lugar por la insatisfacción de esas exigencias que –sin que sea vista la causa– impiden la constitución del proceso.Ahora bien, la «procedencia o improcedencia de la pretensión», es propia de un pronunciamiento de fondo (incidental o definitivo) y está necesariamente referida al mérito del asunto debatido en la incidencia o en el proceso, según el caso; es decir, a la aceptación que de un pedimento determinado hace el órgano jurisdiccional. Caso contrario, el tribunal declarará «sin lugar» o «improcedente» la pretensión, pero –en principio– luego de haber sustanciado el proceso….”. Del texto jurisprudencial supra citado la Sala colige que, siguiendo los lineamientos expuestos en la citada decisión, se debe señalar que el pronunciamiento de admisibilidad o inadmisibilidad que realice un órgano jurisdiccional, se encuentra vinculado a la concurrencia o no de los requisitos previos que deben cumplirse necesariamente a los fines de darle curso a la tramitación de una determinada pretensión; mientras que la improcedencia comprende un pronunciamiento de fondo una vez que el órgano jurisdiccional ha admitido la pretensión, es decir, sobre el mérito de ésta, la cual puede ser in liminelitis, es decir, atendiendo a los principios de economía y celeridad procesal, el órgano jurisdiccional puede negar -previamente a su tramitación- el examen de la misma cuando no tenga visos de prosperar en la definitiva…” Ahora bien, por cuanto quedo claro que el tribunal de instancia, debió pronunciar su sentencia si era procedente o improcedente la oferta real de pago; sin embargo es importante precisar que se desprende de la sentencia, que la juez expresa en la misma lo siguiente: “…quien aquí decide acoge el criterio citado, en tal sentido, analizadas como han sido las actas procesales, se deprende que en este asunto, entre los oferentes y inferidos en apariencia existe un vinculo jurídico relativo a una promesa bilateral de venta de un inmueble constituido por una casa de habitación, contenido en el acta de audiencia conciliatoria, celebrada ante la Superintencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda Cojedes (SUNAVI) en fecha 18 de julio del 2018. Bajo este contexto es menester analizar el objeto, sentido y alcance de la oferta planteada según las aspiraciones de los oferentes con el fin de resolver si el presente procedimiento es el idóneo para resolver el planteamiento de los oferentes, y al respecto advierte esta jurisdicente que mediante la instauración de este procedimiento se pretende pagar el precio total de la venta del inmueble con la consecuencia jurídica del otorgamiento del documento definitivo de compra venta ante el Registro Subalterno no siendo idónea esta vía para dilucidar las diferencias existente entre las partes en cuanto al precio del inmueble, ni para establecer si el pago ofertado se ajusta o no a las existencias contractuales contempladas en el mismo contrato por la cual resulta forzoso que la presente controversia sea decidida, no por este procedimiento especial voluntario sino por la vía judicial contenciosa, mediante la interposición de la correspondiente demanda atreves de la cual ambos contratantes expongan sus posturas las defiendan, desplieguen su actividad probatoria y el juzgador competente emita como consecuencia de todo lo actuado, alegado y probado, una resolución judicial que dirima el conflicto. Y así se declara…” subrayado del tribunal. Por lo que en atención a lo invocado por la juez y adminiculándolo con lo previsto en el artículo 825 del Código de Procedimiento Civil, se detecta no un vicio de incongruencia negativa como lo anuncio la recurrente, en virtud de que la misma reviso cada uno de los alegatos así como las pruebas aportadas al proceso, declarando la sentencia a su criterio; sin embargo este Juzgado Superior en razón a sus facultades detecta un vicio de absolución de la instancia previsto en el artículo 244 de la misma norma procesal, el cual consiste como lo señala Aristides Rengel Romber, en su tratado de derecho procesal, en lo siguiente: “…uno de los requisitos intrínsecos de forma de la sentencia, es que debe contener decisión expresa, positiva y precisa. La absolución de la instancia es lo contrario: el juez, fundado en que las pruebas no suministran toda la convicción para dictar sobre la pretensión, deja en suspensión la suerte del litigio, dando por quito o libre al demandado, con la posibilidad de que sea planteado la misma litis, con nuevoselementos probatorios aportados por el actor, hoy día ha dicho la corte- es sumamente raro que ocurra el vicio de absolución de la instancia, pues la normativa procesal ha consagrado principios radicales que aseguren la erradicación definitiva de tal vicio…” pág. 202, del Código de Procedimiento Civil y Normas Complementaria, Editos Practicos Leguis. Asimismo lo ha determinado sentencia TSJ-SCC N° 117 del 13 de marzo de 2015, entre otras “…debe recordarse que el vicio de absolución de la instancia se produce cuando el juzgador “…no se pronuncia ni a favor ni en contra de alguna de las partes intervinientes en el proceso, o sea, se abstiene de producir un fallo condenatorio o absolutorio…”. Revisión doctrinario y jurisprudencial, que le hacen determinar a quién decide, que la juez en su pronunciamiento dejo asentado que no era la vía idónea para dilucidar las diferencias existentes entre las partes por lo que determina “…resulta forzoso que la presente controversia sea decidida, no por este procedimiento especial voluntario sino por la vía judicial contenciosa…”. Siendo que de los medios probatorios admitidos por la misma y revisados en su motivación, estaban dadas las circunstancia para determinar con lo previsto en el artículo 825 del Código de Procedimiento Civil, donde especifica que el juez decidirá sobre la procedencia o improcedencia de la oferta o del depósito, por lo que el juzgador en lugar de pronunciarse sobre la improcedencia o procedencia de la solicitud de oferta real de pago, resolvió declararla inadmisible, teniendo esta alzada que declarar que la sentencia dictada en fecha 13 de junio del 2019, por el Tribunal Primero de Municipio San Carlos, y Rómulo Gallegos Tinaco y Lima Blanco de esta Circunscripción Judicial, adolece del vicio de absolución de la instancia. Así se establece. Ahora bien, determinado como ha sido el vicio de absolución de la instancia, es por lo que corresponde a esta alzada de conformidad a lo previsto en el artículo 209 del Código de Procedimiento Civil, el cual ordena al tribunal resolver también sobre el fondo de del litigio, realizarla en los siguientes términos: Así las cosas, de la revisión exhaustiva de las actas que conforman el presente expediente, y en atención al análisis cognitivo del caso se observa, que el objeto de conocimiento en esta segunda instancia se contrae, en que los ciudadanos: Johan Miguel Páez y Josevia Jusneuvia Moreno Cuicas, presentan Oferta Real de Pago a favor del Ciudadano Luis Enrique Machado Lamus, y en el cual alegan, presentar esta oferta con el fin de dar cumplimiento con su obligación en el acuerdo debidamente Homologando y que es un verdadero contrato bilateral de compra venta celebrado entre ellos,con el ciudadano Luis Enrique Machado Lamus, este último, se ha negado reiteradamente a recibirles el pago y cumplir con su obligación de suministrarle los documentos necesarios para la elaboración de los documentos definitivos de propiedad, cumpliendo así con los artículos 1159, 1160, 1264 y 1488 del Código Civil, pues sin esos documentos, no les es posible cumplir con lo ordenado en el artículo 1491 del mismo código, pues los costos son calculados por la oficina de Registro Público de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos del Estado Cojedes. Por su parte, el ciudadano Luis Enrique Machado Lemus, expone que no existe documento firmado, que haga surgir de manera inequívoca la voluntad de las partes de ligarse mediante documento de opción de compra/venta, sino que aquello surge del acta de la Audiencia conciliatoria realizada el día 18 de julio de 2018, donde ambas partes se comprometieron a crear y fijar las condiciones preparatorias para la celebración a futuro dentro de un término de seis (06) meses, el respectivo contrato de compra venta de la vivienda de su propiedad, previo al pago del precio, que posteriormente a la audiencia fijaron las partes y que es totalmente distinto al fijadopor SUNAVI; por tanto a la fecha del 19-12-2018, en que los ciudadanos Jhoan Miguel Páez y Josevia Jusneuvia Moreno, presentaron escrito de oferta real de pago, no se ha materializando la venta, por lo tanto no hay obligación de pago, no hay obligación de recibirlo, en razón de que no es el acreedor de los oferentes, ni tampoco ellos sean sus deudores. Quedando planteado el problema, considera prudente, quien aquí suscribe, comentar sobre criterios doctrinarios, jurisprudenciales y Legales, que han venido conociendo sobre esta materia. En atención, a los requisitos para la validez de la oferta real de pago y el depósito subsiguiente de la cosa debida el Código Civil preceptúa: “…Artículo 1306 Cuando elacreedor rehúsa recibir el pago, puede el deudor obtener su liberación por medio del ofrecimiento real y del depósito subsiguiente de la cosa debida. Los intereses dejan de correr desde el día del depósito legalmente efectuado, y la cosa depositada queda a riesgo y peligro del acreedor. Artículo 1.307 Para que el ofrecimiento real sea válido es necesario: 1º Que se haga al acreedor que sea capaz de exigir, o a aquél que tenga facultad de recibir por él. 2º Que se haga por persona capaz de pagar. 3º Que comprenda la suma íntegra u otra cosa debida, los frutos y los intereses debidos, los gastos líquidos y una cantidad para los gastos ilíquidos, con la reserva por cualquier suplemento. 4º Que el plazo esté vencido si se ha estipulado en favor del acreedor. 5º Que se haya cumplido la condición bajo la cual se ha contraído la deuda. 6º Que el ofrecimiento se haga en el lugar convenido para el pago, y cuando no haya convención especial respecto del lugar del pago, que se haga a la persona del acreedor, o en su domicilio, o en el escogido para la ejecución del contrato. 7º Que el ofrecimiento se haga por ministerio del Juez. (Destacado agregado). Por su parte, el Código de Procedimiento Civil, al respecto, dispone: Artículo 819 La oferta real se hará por intermedio de cualquier juez territorial del lugar convenido para el pago y cuando no haya convención especial respecto del lugar del pago, en el domicilio o residencia del acreedor o en el lugar escogido para la ejecución del contrato. El escrito de la oferta deberá contener: 1º El nombre, apellido y domicilio del acreedor. 2º La descripción de la obligación que origina la oferta y la causa o razón del ofrecimiento. 3º La especificación de las cosas que se ofrezcan. (Resaltado añadido). Artículo 825 Expirado el término de pruebas, el Juez decidirá sobre la procedencia o improcedencia de la oferta y del depósito, dentro del plazo de diez días. Si el Juez declarare válidos la oferta y el depósito quedará libertado el deudor desde el día del depósito. En la condena en costas se incluirán los gastos ocasionados por el procedimiento de oferta y depósito. En la sentencia el Tribunal hará determinación expresa asignando los intereses devengados por las cantidades de dinero que hayan sido depositadas, a quien corresponda. (Negrillas y subrayado agregado)…· De los artículos antes trascritos, tal y como fue anunciado en la sentencia de la Sala Constitucional, cuyo ponente fue la Magistrada Gladys Gutiérrez Alvarados, de fecha 10 de marzo del 2015, donde quedo expresado lo siguiente: “si bien no se desprende de forma expresala existencia o certeza de la obligación como uno de los requisitos de validez de la oferta y del depósito, ello se infiere de forma clara cuando se hace referencia al acreedor, deudor, cosa debida, pago, liberación, pues tales elementos subjetivos y materiales u objetivos no pueden existir técnicamente sino por causa de una obligación, y, precisamente, la consecuencia lógica de la declaración de la validez de la oferta y el depósito, no es otra que la extinción de la obligación cuyo cumplimiento se oferta, para que, con ella, se produzca la liberación del deudor; es decir, no puede existir una oferta válida si no existe una obligación determinada de cuya certeza surja de forma indubitable la identificación de la cosa debida, pues, no debe otorgársele validez a una oferta que no determine explícitamente la obligación y, con ésta, de la cosa debida, en razón de que no se puede obligar al acreedor a recibir una cosa distinta, aun cuando ésta tenga un valor igual o superior a la debida (ex artículo 1290 CC)De igual forma, tampoco puede dársele validez a la oferta cuando se cuestione la obligación cuyo pago se ofrece y de los elementos de prueba no se verifique de forma indubitada su existencia, pues, la decisión al respecto sólo compete al órgano jurisdiccional que conozca de la relación jurídica sustancial de donde ésta hubiese surgido, pues, de lo contrario, pudiese ocasionarse una violación a la tutela judicial efectiva, a la defensa y al debido proceso de alguno de los justiciables, tal cual sucedió en el caso de autos, debido a que el proceso donde se ventile la relación sustancial tendrá mayor garantía para la alegación, contradicción, pruebas y conclusiones que aquél donde se dilucide la validez de una oferta real de pago.”. Subrayado del tribunal. Ahora bien, en razón a las pruebas consignadas por las partes, se desprende que la presente oferta real de pago, nace de la manifestación que realiza la actora, a fin de materializar el cumplimiento de una obligación, que invoca haber celebrado las partes en audiencia conciliatoria, dirigida por el Ministerio del Poder Popular para Habita y Vivienda, en fecha 18 de julio del 2018, que riela al folio 83 al 84, de las actas procesales, donde esta superioridad pasa a revisar a fin de comprobar si se encuentra en cónsona con lo previsto en el articulo antes anunciado 1.307 del Código Civil Venezolano, para lo cual se sustrae de la misma lo siguiente de forma textual: “…OMISIS Seguidamente se le otorga el derecho a réplica a la ciudadana JOSEVIA JUSNEIVIA MORENO CUISCA, manifestando lo siguiente: “aceptamos la propuesta de la venta pero por un lapso de seis meses para poder gestionar todos los trámites para la compra”. Seguidamente se toma la palabra a la ciudadana instructora manifestando que opina el ciudadano LUIS ENRIQUE MACHADO LAMUS, ya identificado, del lapso para finiquitar la venta manifestó lo siguiente: “LUIS ENRIQUE MACHADO LAMUS ya identificado, acepta los seis meses y de no cumplirse en ese lapso, se continua el procedimiento de desalojo”. A tal efecto toma la palabra la funcionaria instructora, ya identificada, quien expone: que vista las situaciones planteada por las partes en conflicto debe indicar que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 9 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra los Desalojos y Desocupaciones Arbitrarias de Viviendas, se deja constancia que no hubo consenso entre las partes; por lo cual en esta acta se pautara lo acordado. Es todo. En virtud a lo anterior se evidencia que los comparecientes a esta audiencia conciliatoria han logrado por medio de la audiencia una solución alterna al conflicto, libre de apremio y coacción, por lo tanto se fijan los términos del consenso alcanzado de la siguiente manera. De conformidad con lo previsto en los artículos 1.713 y siguientes del Código Civil, en relación con los artículos 255 y siguientes del Código de Procedimiento Civil los cuales se aplican supletoriamente por remisión del 163 de la Ley Para la Regularización y Control de los Arrendamientos de viviendas, se HOMOLOGA el consenso alcanzado por las partes involucradas en autos, consiste en:PRIMERO: De conformidad con lo previstoen los artículos 1.713 y siguientes del Código Civil, en relación con los artículos 255 y siguientes del Código de Procedimiento Civil los cuales se aplican supletoriamente por remisión del 163 de la Ley Para la Regularización y Control de los Arrendamientos de viviendas, se HOMOLOGAla solicitud hecha por la parte actora, consistente en que para el momento de la venta del inmueble funcionarios adscrito a esta Superintendencia nacional, se constituya en el lugar donde se encuentra y realice una Inspección Técnica para dejar constancia del estado en que se encuentran los bienes arrendados (muebles e inmuebles) que están identificados en el contrato de arrendamiento y fijar un justo valor del inmueble. SEGUNDO: el lapso para la venta del inmueble en relación a este procedimiento serán de seis (06) meses contados a partir de la fecha de notificación de la providencia de justo valor del Inmueble. De no lograrse la venta del inmueble y la responsabilidad del incumplimiento de lo convenido recaiga sobre los inquilinos o accionados de este procedimiento, dará lugar al accionante a accionante a ejercer sus acciones antes los tribunales competentes para lograr el desalojo pacifico del inmueble. TERCERO: se otorga el lapso un lapso de tres (03) que comenzara a partir del siguiente a esta audiencia para retirar los enceres que en el expediente se describe a través de un inventario. CUARTO: en caso de que no se cumpla total y cabalmente el acuerdo alcanzado aquí homologado, la parte afectada por el incumplimiento queda habilitada para intentar por la vía judicial la ejecución de lo convenido, por lo tanto, para todos los efectos legales ulteriores se considerara agotada la instancia administrativa y, en consecuencia SE ENTIENDE HABILITADA LA VÍA JUDICIAL, a los fines de que los tribunales de la República competentes en la materia conozcan de la ejecución del acuerdo aquí homologado, de acuerdo al criterio sentado por la decisión Nº 8, publicada en fecha 20-1-2014, emanada de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en el Expediente AA10-L-2013-000086. CUARTO: RESPECTO A LAS NORMAS DE CONVIVIENCIA, las partes se comprometen en este acto y ante esta Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, a dar cumplimiento al contenido del presente convenio siguiendo las máximas normas de convivencia establecidas en las Leyes Venezolanas Vigentes. Es todo termino se Leyó con forme vista…” subrayado del tribunal. Examinando sobre la homologación celebrada, antes transcrita, se desprende en el segundo particular lo siguiente “…SEGUNDO: el lapso para la venta del inmueble en relación a este procedimiento serán de seis (06) meses contados a partir de la fecha de notificación de la providencia de justo valor del Inmueble. De no lograrse la venta del inmueble y la responsabilidad del incumplimiento de lo convenido recaiga sobre los inquilinos o accionados de este procedimiento, dará lugar al accionante a accionante a ejercer sus acciones antes los tribunales competentes para lograr el desalojo pacifico del inmueble….”. Negrilla del tribunal. Condición esta que conlleva a quien decide, a realizar un análisis del acuerdo suscrito, por las partes en el presente asunto, así como en el expediente administrativo llevado por la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda, donde se otorgaron un lapso de seis (6) meses para concretar la venta del inmueble dado en arrendamiento, que no se desprende de dicho acto que se haya especificado las condiciones de la venta, sino que la superintendente María Margarita Farfán Martin, dejo a las partes la responsabilidad de cumplir con las condiciones de la venta, sin que se desprenda de las actas acuerdo pautando la venta del inmueble entre las partes, por lo que a criterio de quien decide, no existe una obligación determinada de cuya certeza surja de forma indubitable; que trayendo tal perspectiva a lo que nos prevé elartículo1.307 del Código Civil, y que del mismo, se desprenden los requisitos que deben cumplirse para que sea viable una Oferta Real de Pago, y que en losordinales tercero y cuartoel cual nos expresa el legislador lo siguiente:“…OMISIS… 3ºQue el plazo este vencido si no se ha estipulado a favor del acreedor 4ª Que se haya cumplido la condición bajo la cual se ha contraído la deuda…”. Cuando leemos, tales ordinales, nos tenemos que ir a los previsto en el artículo 1.214 del Código Civil, que es el plazo o termino estipulado para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato “se presume establecido en beneficio del deudor, a no ser que del contrato mismo o de otras circunstancias, resultarse haberse propuesto a favor del acreedor, o de las partes”, por lo que nos encontramos con un plazo, que en el caso que nos ocupa existe un plazo, pero para que las partes lleguen a un acuerdo de compra venta, no especificándose forma ni condiciones de pago, sino de realizar por la superintendencia un justo valor que en razón a la providencia que riela al folio 17, era para establecer el canon de arrendamiento, y que de no lograrse la venta del inmueble, dará lugar al acciónate ejercer sus acciones antes el tribunal competente de desalojo, condición de venta que no quedaron claras, situación esta que nos conlleva analizar el ordinal 4º antes especificado, que no es más que si la condición hace depender la existencia de la obligación de pagar de un acontecimiento futuro e incierto, siempre que la misma sea una condición suspensiva, ello determina que la deuda no puede considerarse existente hasta tanto se cumpla la condición convenida por las partes, la cual deberá cumplirse de la manera como la misma han querido o entendido verosímilmente que lo fuese, análisis dado por Abdon Sánchez Noguera, Manual de Procedimientos Especiales Contenciosos, 2da edición, ediciones paredes, pág. 519, no cumpliendo dicho acuerdo con la expresada causal, en virtud a que existía un plazo pendiente para que acordaran tal venta, que fue de seis (6) meses y no se desprende de las actas tal cumplimiento, por cuanto el mismo es considerado futuro e incierto. Desde esta misma perspectiva, debemos tener presente que en la oferta real de pago, nos encontramoscon una figura de acreedor, a quien se le va a exigir el cumplimiento de la obligación pero más que eso, debe ser bajo la figura de condiciones de la exigencia de esa obligación, donde las mismas deben estar especificadas y aceptadas, es decir asumidas por las partes contrayentes, lo que me permite arraigarme al análisis realizadopor la Sala Constitucional, donde ha expresado,que la validez de la oferta y del depósitono pueden existir técnicamente, sino por causa de una obligación, y, precisamente, la consecuencia lógica de la declaración de la validez de la oferta y el depósito, no es otra que la extinción de la obligación cuyo cumplimiento se oferta, para que, con ella, se produzca la liberación del deudor; es decir, no puede existir una oferta válida si no existe una obligación determinada de cuya certeza surja de forma indubitable la identificación de la cosa debida, pues, no debe otorgársele validez a una oferta que no determine explícitamente la obligación, De igual forma, tampoco puede dársele validez a la oferta cuando se cuestione la obligación cuyo pago se ofrece, y de los elementos de prueba no se especificacuál es la obligación, por no estar determinada una venta, y mucho menos el monto ofertado, por cuanto quedo “especificado que para el momento de la venta del inmueble, funcionarios adscritos a esa superintencia se constituirán en el lugar donde se encuentran y realizaran una inspección técnica para dejar constancia el estado en que se encuentran los bienes arrendados (muebles e inmuebles) y fijaran un justo valor”, que de la misma no se desprenden si el justo valor, es para la fijación del canon de arrendamiento o para ser tomado como referencia para la venta del inmueble, asimismo no se desprende a las actas, que las partes hayan materializado como bien lo establecieron en la SuperintendenciaNacional de Arrendamientos de Vivienda, “que de no lograrse la venta del inmueble y la responsabilidad del incumplimiento de lo convenido recaiga sobre los inquilinos o accionados de este procedimiento, que como sanción dará lugar al accionante a ejercer sus acciones antes los tribunales competentes para lograr el desalojo pacifico del inmueble”, quedando claro que eran las partes quienes tenían que materializar la negociación de la venta del inmueble hoy objeto de litigio,situación está que como ya se ha expresado, la obligación no puede estar determinada a un compromiso que se asumió a materializarse en un lapso de seis (6) meses y que como lo determina la doctrina las partes tenían el trabajo de presentar una negociación que no es más que: “un proceso en donde los agentes interesados en llegar a un acuerdo sobre un asunto en particular, intercambian información, promesas y aceptan compromisos formales. En este sentido, la negociación se suele dar en forma de diálogo entre las partes, en donde cada uno tiene interés en lo que la otra parte tiene o puede ofrecer pero no está dispuesto a aceptar todas sus condiciones. De esta forma, cada parte busca que la otra ceda en algo su postura para poder llegar a un punto de acuerdo aceptable por ambos.”. Y por cuanto lo que debe determinar los Jueces de la República,es sólo los requisitos intrínsecos de la oferta real, contenidos en el artículo 1.307 del Código Civil, más no cualquiera otra situación o formalidad que se suscite en el juicio, salvo que sea una circunstancia que se traduzca en indefensión de las partes; tomando en consideración que los solicitantes expresan en su escrito libelar al folio tres (3) que:”…es así que, ciudadano(a) juez(a) acudo ante usted para hacer la presente oferta de pago del precio del citado inmueble, para dar cumplimiento con mi obligación en el ACUERDO DEBIDAMENTE HOMOLOGADO Y QUE ES UN VERDADERO contrato bilateral de compra-venta celebrado entre nosotros, con el ciudadano LUIS ENRIQUE MACHADO LEMUS…”siendo prudente aclarar en razón a lo manifestado, que es una promesa bilateral de compra venta y cuáles son sus características: …”Los contratos de promesa bilateral de compraventa son contratos preparatorios o preliminares, en el sentido de que sólo producen el efecto de obligar a las partes a celebrar entre sí un futuro contrato. Éstos deben contener los elementos esenciales del ulterior contrato, de manera que en él debe constar la perfecta y clara voluntad de las partes de restar en el futuro el consentimiento para la compraventa, sin que ello signifique la consumación del contrato definitivo. Asimismo, estos contratos son en la actualidad de gran utilidad para los ciudadanos y su uso ha sido muy frecuente para la adquisición de bienes inmuebles, ya que para comprar un inmueble se requiere el cumplimiento de ciertas formalidades previas, como por ejemplo, la solvencia de impuestos municipales, presentación del comprobante de vivienda principal, impuesto sobre inmuebles urbanos, certificación de gravámenes, entre otros, necesarios para la celebración del contrato definitivo; y la utilización de tales contratos ha sido de gran provecho especialmente cuando se solicita un préstamo a un Banco o Institución Financiera para la compra del inmueble. Dentro de las características de los contratos preparatorios podemos mencionar las siguientes: Es un precontrato, ya que prepara la celebración de otro contrato. Es autónomo, ya que cada uno de los contratantes tiene el derecho de exigir que el otro se preste a la estipulación del contrato definitivo. Es principal, ya que subsiste con independencia del contrato futuro. Produce efectos personales, ya que no es traslativo ni constitutivo de derechos reales, sino que por el contrario engendra una obligación de hacer, es decir, prestarse para la celebración de un futuro contrato. Pueden ser bilaterales o unilaterales, según se obliguen ambas partes o una sola a celebrar el contrato prometido. (José Mejía Altamirano. Contratos Civiles. Teoría y práctica. p. 195) De manera que el contrato que se examina, consignado como documento fundamental de la demanda, es un contrato de promesa bilateral de compraventa, cuya naturaleza es la de un contrato preparatorio, pues constituye un acuerdo de voluntades en el cual ambas partes contratantes se comprometen a celebrar el contrato futuro, en este caso elcontrato de compraventa propiamente dicho.(...) sentencia Nº RC.00358, número de expediente 09-51, de fecha 08-07-09. Por lo antes analizando, este tribunal de alzada discurre que el documento que los actores presentan para considerar viable la presente Oferta Real de pago, donde no cumple a criterio de quien decide con los numerales 3º y 4º, previstas en el artículo 1.307 del Código Civil, así como específicamente lo precise en el desarrollo de la misma, por lo que no es posible que el presente ofrecimiento sea válido. Así se determina. Desde esta misma perspectiva, es importante analizar otro documento público administrativo que fue consignado a las actas, al folio 17, donde los accionantes alegan al folio seis (6) que: “el pago de la obligación contenida en la PROMESA BILATERAL DE COMPRA VENTA es a favor del ciudadano LUIS ENRIQUE MACHADO LEMUS, antes identificado, a quien debíamos pagarle en total dentó del lapso de seis (06) meses contados a partir del día efectivo de la aceptación por ambas partes del justo precio, según avaluó realizado por los funcionarios adscritos a la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda Cojedes (SUNAVI)…”que revisando las clausulas de la referida homologación, se sustrae que en el mismo se asentó sobre el justo valor lo siguiente: “…PRIMERO: De conformidad con lo previsto en los artículos 1.713 y siguientes del Código Civil, en relación con los artículos 255 y siguientes del Código de Procedimiento Civil los cuales se aplican supletoriamente por remisión del 163 de la Ley Para la Regularización y Control de los Arrendamientos de viviendas, se HOMOLOGA la solicitud hecha por la parte actora, consistente en que para el momento de la venta del inmueble funcionarios adscrito a esta Superintendencia nacional, se constituya en el lugar donde se encuentra y realice una Inspección Técnica para dejar constancia del estado en que se encuentran los bienes arrendados (muebles e inmuebles) que están identificados en el contrato de arrendamiento y fijar un justo valor del inmueble…”negrita y subrayado del tribunal. Pudiendo sustraer de la prueba presentada que la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda Coordinación Cojedes, emana una Providencia Administrativa, en fecha 14 de agosto de 2018, en el asunto Nº 2018-018736, que de la Narrativa dejan sentado: “..en fecha 18 de julio del 2018, en audiencia conciliatorio el ciudadano LUIS ENRIQUE MACHADO MALUS, venezolano, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cédula de identidad Nº 542.881, sus condición de propietario, solicito el inicio del Procedimiento Administrativo para la determinación del justo valor y fijación del canon de arrendamiento el cual origina las presentes actuaciones y peticiona la notificación a los ciudadanos JHOAN MIGUEL PAEZ Y JOSEBIA JUSNEVIA MORENO CUICAS, ambos de nacionalidad, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titulares de las cedulas de identidad Nos. 18.820.311, V-16.012.830 en su condición de arrendatarios.Omisis… DECISION: por lo anteriormente expuesto, esta Superintendencia, decide: PRIMERO: se determina el justo valor y fijación del canon de arrendamiento del inmueble que se encuentra ubicado en la Urbanización San Clara, lado Sur de la Urbanización Canta Claro, casa Nº 1D-04, Municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes. OMISIS… CUARTO: la presente providencia administrativa entrara en vigencia a partir de que conste en el expediente administrativo las respectivas notificaciones de los arrendatarios y el arrendador que mantienen la relación arrendaticia sobre el inmueble que se encuentra ubicado en “Urbanización Canta Claro, casa Nº 1D-04, Municipio Ezequiel Zamora del estado Cojedes”.Prueba esta le otorga plena convicción, a quiendecide que fue determinado como quedo claro, es monto de canon de arrendamiento que se determina por el justo valor delinmueble, tal y como lo contemplan losartículos73 y 78 de la Ley para la Regulación y Control de los Arrendamientos de Vivienda, el cual establece: “…Artículo 73: Para la determinación del valor del inmueble (VI), la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda deberá utilizar los elementos científicos que se enuncian en este articulo así como cualquier otro, en función de mejorar que se establezca en función del justo y la garantía de los fines supremos en materia de arrendamiento establecidos en eta Ley. 1. Valor de reposición. 2. Dimensiones del inmueble. 3. Valor de depreciación. 4. Vulnerabilidad sismática. 5. Región geográfica. Artículo 78: Obteniendo el valor del inmueble de conformidad a lo establecido en los artículos precedente, se debe aplicar la siguiente fórmula: CA=(VI/12)*%RA En donde: 1. CA= valor del canon de arrendamiento. 2. VI= valor del inmueble, de acuerdo en lo establecido en el artículo 73 de la presente ley. 3. % RA= el porcentaje de rentabilidad anual de acuerdo a lo establecido en el artículo 77 de la presente ley…” Que, siguiendo a lo antes referido, se debe determinarse como lo hizo la Superintendencia el justo valor, para fijar el canon de arrendamiento, que fue lo que solicito el ciudadano Luis Enrique Machado Lemus, en la oportunidad de la audiencia conciliatoria y así lo describe la providencia,asi como se desprende de la defensa del ciudadano Luis Machado, al vuelto del folio 35, en el capítulo V, particular segundo:”…rechazo y niego que el precio de venta del inmueble de mi propiedad, “según justo valor”omisis… fijados por “funcionarios de SUNAVI” sea la cantidad de NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO BOLÍVARES FUERTE CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs. F 979.319.425,86) equivalente hoy día, luego de la reconvención monetaria, a la cantidad de nueve mil setecientos noventa y tres bolívares soberanos con diecinueve céntimos (Bs. S. 9.793,19). Omisis…”defensa esta que cumple con el razonamiento jurisprudencial antes señalado, por la Sala Constitucional específicamente “De igual forma, tampoco puede dársele validez a la oferta cuando se cuestione la obligación cuyo pago se ofrece y de los elementos de prueba no se verifique de forma indubitada su existencia…” por lo que asumido tal razonamiento por esta jurisdicente, lo más ajustado en derecho y garantizando el derecho fundamental como es el Derecho a la Defensa no es posible que se ha configurado la validez del depósito,es por lo que se ratifica que no es posible que el presente ofrecimiento sea válido. Así se determina. Analizadas las actas procesales, que conforman el presente asunto, donde dela revisión de los alegatos de las partes, las pruebas, así como de los Informes Presentados en esta Instancia, quien decide, tomo como pruebas fundamentales para verificar la procedencia e improcedencia de la presente oferta real de pago, los documento públicos administrativospresentados como medios de pruebas por las partes y que se encuentran a los folios 83 al 87, que dieron origen a la presente solicitud de Oferta Real de pago, donde de los análisis realizados por esta alzada, se determino que no cumple con los numerales 3º y 4º previstas en el artículo 1.307 del Código Civil, es por lo no es posible que el presente ofrecimiento sea válido, siendo que lo más ajustado en derecho es declarar: Primero: Con Lugar el presente recurso, anunciado contra la sentencia dictada por el Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos, Tinaco y Lima Blanco de esta Circunscripción Judicial, en fecha 13 de junio del 2019, por la ciudadana Josevia Jusneuvia Moreno Cuicas, en fecha 25 de julio del 2019. Segundo; que de conformidad a lo previsto en el artículo 209 del Código de Procedimiento Civil, se Revoca la Decisión dictada por el Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos, Tinaco y Lima Blanco de esta Circunscripción Judicial, en fecha 13 de junio del 2019, mediante la cual declaro “Inadmisible la presente Oferta Real de Pago, por lo que se declara Improcedente la oferta Real De Pago, de conformidad a lo previsto en el Artículo 825 del Código de Procedimiento Civil. Tercero: En Razón a la Improcedencia de la Oferta Real de Pago, se ordena la entrega del dinero depositado en la Cuenta el Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos, Tinaco y Lima Blanco de esta Circunscripción Judicial, para fondos de terceros a la solicitante ciudadana Josevia Jusneuvia Moreno Cuicas y que fue depositada en fecha 14 de mayo del 2019.. Cuarto: No hay pronunciamiento sobre costas procesales en razón de la naturaleza de la decisión dictada. Así se decide.- V DECISIÓN Por los fundamentos expuestos, este TRIBUNAL SUPERIOR EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, se declara: Primero: Con Lugar el presente recurso, anunciado contra la sentencia dictada por el Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos, Tinaco y Lima Blanco de esta Circunscripción Judicial, en fecha 13 de junio del 2019, por la ciudadana Josevia Jusneuvia Moreno Cuicas, en fecha 25 de julio del 2019. Segundo: Se Revoca la Decisión dictada por el Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos, Tinaco y Lima Blanco de esta Circunscripción Judicial, en fecha 13 de junio del 2019, mediante la cual declaro “Inadmisible la presente Oferta Real de Pago”. Tercero: Se declara Improcedente la oferta Real De Pago, de conformidad a lo previsto en el Artículo 825 del Código de Procedimiento Civil. Cuarto: Se ordena la entrega del dinero depositado en la Cuenta el Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios San Carlos y Rómulo Gallegos, Tinaco y Lima Blanco de esta Circunscripción Judicial, para fondos de terceros a la solicitante ciudadana Josevia Jusneuvia Moreno Cuicas y que fue depositada en fecha 14 de mayo del 2019. Quinto: No hay pronunciamiento sobre costas procesales en razón de la naturaleza de la decisión dictada de conformidad a lo previsto en el artículo 281 del Código de Procedimiento Civil. PUBLÍQUESE. REGÍSTRESE.Dada, firmada y sellada en la Sala de despacho del Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes; en San Carlos a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de dos mil diecinueve (2019). Años: 209º de la Independencia y 200º de la Federación. La Jueza Provisoria Abg. Marvis María Navarro La Secretaria Abg. Gloria Linarez En la misma fecha se publicó la anterior sentencia, siendo las doce del medio día (12:00 m.d). La Secretaria Abg. Gloria Linarez Interlocutoria Con Fuerza Definitiva Exp: 1163