REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

CORTE DE APELACIONES

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA EN SU NOMBRE CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO COJEDES CORTE DE APELACIONES San Carlos, 06 de Marzo de 2018. 207° y 159° RESOLUCIÓN: N° HG212018000040. ASUNTO PRINCIPAL: Nº HP21-P-2015-007355. ASUNTO: HK21-X-2018-000001. JUEZ PONENTE: GABRIEL ESPAÑA GUILLEN. MOTIVO: INCIDENCIA DE INHIBICIÓN. DECISIÓN: CON LUGAR LA INHIBICIÓN. Según Listado de Distribución emanado de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) de la Oficina de Alguacilazgo de este Circuito Judicial Penal, en fecha 27 de Febrero de 2018, correspondió a esta Corte de Apelaciones el conocimiento de la incidencia de inhibición de fecha 24 de Enero de 2018, constante de Sesenta y seis (66) folios útiles, propuesta por la Abogado INMACULADA COROMOTO FONSECA GRANADILLO, Juez Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, en el asunto identificado con el alfanumérico N° HP21-P-2015-007355. Tal remisión se hizo, a los fines de que esta Sala actuando de manera colegiada como lo establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, conozca y emita decisión en relación a la inhibición planteada por la mencionada Jueza en fecha 24 de Enero de 2018. En fecha 05 de Marzo de 2018, se dio cuenta en Sala de las presentes actuaciones y se designó ponente al Juez Gabriel España Guillén, a quien le fueron remitidas las actuaciones en la misma fecha. Efectuada la lectura de las actuaciones contenidas en el presente expediente, y en específico la exposición inhibitoria declarada por la Juez INMACULADA COROMOTO FONSECA GRANADILLO, la Sala pasa a decidir en los siguientes términos: I DE LA FORMA EN QUE DEBE PLANTEARSE LA INHIBICIÓN En relación a este punto el artículo 92 del Código Orgánico Procesal Penal dispone lo siguiente: “La inhibición se hará constar por medio de un acta que suscribirá el funcionario inhibido o funcionaria inhibida”. (Negritas y cursiva añadidas). Entendiéndose así, que la inhibición propuesta por un Juez debe constar en acta suscrita por el mismo. II DE LA NATURALEZA DE LA INHIBICIÓN Doctrinariamente, la inhibición constituye el acto en virtud del cual el Juez, u otro funcionario judicial, requieren separarse del conocimiento del asunto por estar vinculados, en forma calificada por la Ley, con las partes o con el objeto del proceso. El autor patrio RENGEL ROMBERG (1987) en su Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano, Pág. 409, define la inhibición como "el acto del Juez de separarse voluntariamente del conocimiento de una causa concreta, por encontrarse en una especial posición o vinculación con las partes o con el objeto de ella, prevista por la ley como causa de recusación" (Cursivas añadidas). Al hilo de lo anterior, esta Sala en anteriores decisiones sobre el Thema Decidendum, ha venido estableciendo que el Juez inhibido debe exponer de manera clara y determinada la quaestio facti, es decir el hecho o hechos que constituyen el motivo de inhibición, indicando las circunstancias de modo, tiempo y lugar que contribuyan a singularizar la causal invocada. Adicionalmente debe igualmente establecer la quaestio iuris, esto es la causa legal de su inhibición, en la cual subsume o adecua el hecho declarado en concreto. III DEL FUNDAMENTO DE LA INHIBICIÓN PLANTEADA Observa esta Corte, que en el caso examinado la Juez planteante de la presente incidencia de inhibición Abogada INMACULADA COROMOTO FONSECA GRANADILLO, fundamenta su inhibición (folios 62 y 63) en la causal contenida en el artículo 89 numeral 7 del Código Orgánico Procesal Penal, al expresar lo siguiente: “…Quien suscribe INMACULADA COROMOTO FONSECA GRANADILLO jueza Tribunal Primero Primera Instancia en función de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, en el presente asunto HP21-P-2015-007355 seguida en contra de JUAN BAUTISTA REYES acusado por la presunta comisión del delito de: HOMICIDIO CALIFICADO, previstos y sancionado en el Articulo 406 del Código Penal, SE EVIDENCIA DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO QUE LOS HECHOS SON LOS MISMOS acusados a los ciudadanos YOVANI VALERA a quien esta juzgadora le DICTO SENTENCIA ABSOLUTORIA y el texto integro de la sentencia fue leído el dia 24 de enero de 2018 por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO previstos y sancionado en el Articulo 406 del Código Penal ordinal 1 y con motivo al debate oral y publico celebrado Luego que este Tribunal “Valoro” Las Testimoniales de todos los medios de pruebas promovidos por el fiscal del ministerio publico que son los mismos medios de pruebas promovidos en el presente asunto seguido al ciudadano JUAN BAUTISTA REYES. Siendo que del auto de apertura a juicio oral y publico se observa que son los mismos medios de pruebas los promovidos por el ministerio publico, los cuales ya fueron evacuados y valorados por este tribunal de juicio 01 en el debate oral celebrado en relación al acusado YOVANI VALERA y en que se evidencia los mismos hechos y las mismas victimas profiriendo esta juzgadora una sentencia absolutoria en favor de YOVANNI VALERA con motivo a los mismo hechos ocurridos. Siendo que este tribunal procedió a publicar la sentencia absolutoria y tal pronunciamiento ameritó el conocimiento de los hechos que ahora serán objeto del juicio a celebrarse en relación A JUAN BAUTISTA REYES. Es una obligación del funcionario quien al tener conocimiento que en su persona existe una causal de inhibición para que opere la misma, está obligado a declararla sin esperar a que se le recuse. Tal obligación cobra mayor relevancia cuando el funcionario público de que se trate influye sobre el mérito de la controversia, situación bajo la cual la inhibición pasará a ser de orden público, de lo cual deriva que la no declaratoria de la misma bajo el conocimiento de que se está incurso en ésta- podría generar la nulidad del procedimiento por la violación de la garantía constitucional al debido proceso y del juicio a celebrarse en relación al ciudadano JUAN BAUTISTA REYES. Y considerando que en función de Jueza de juicio 01, concluí el debate oral y publico iniciado al ciudadano YOVANNI VALERA y como puede evidenciarse de la sentencia definitiva proferida por este tribunal anexa en copia certificada emití opinión sobre los mismos hechos, no puede esta Juzgadora seguir conociendo del presente asunto signado con el numero HP21-P-2015-007355, porque de hacerlo comprometería mí objetividad al momento de decidir y juzgar al ciudadano JUAN BAUTISTA REYES, desvirtuando la finalidad del proceso, que se vería afectado al existir una contaminación del juicio oral y publico y tiene el acusado JUAN BAUTISTA REYES la oportunidad en esta misma instancia de ser juzgado por un juez imparcial, neutral, que no este prejuiciado. Siendo ello así, observa quien suscribe, que al entrar a conocer del fondo de la causa por justificativo legal y procedente, que procuró el conocimiento de los mismos hechos y de los mismos medios de pruebas así como produjo una Sentencia Definitiva con motivo a un debate oral y publico donde esta juzgadora valoro todos y cada uno de los medios de pruebas que ahora serán evacuado en relación al ciudadano JUAN BAUTISTA REYES. Como juez he participado en una serie de actos jurisdiccionales en la fase de juzgamiento, implicando toda esa actividad procesal, entre otros, el pronunciamiento de la Sentencia para YOVANNI VALERA, luego de haber evaluado para sentenciar todas y cada una de los medios de pruebas que integran el acervo de la causa y que evidentemente aluden a los mismo hechos que ahoran serán objeto del contradictorio en relación al ciudadano JUAN BAUTISTA REYES. Sabido es que en el nuevo iter procesal el mismo Juez no debe conocer sobre hechos que ya ha juzgado, pues, se presenta una indeseable situación, cual es, que el Juez ante quien debe presentarse los acusados JUAN BAUTISTA REYES para determinar su responsabilidad o no en los hechos acusados ya tiene un criterio formado, criterio éste que dimana de la circunstancia inocultable de haber conocido y emitido importantes pronunciamientos en la misma etapa del proceso con respecto a otros coacusados. Ello indudablemente trasluce la posibilidad de conculcarse al acusado JUAN BAUTISTA REYES, la garantía del juzgamiento por un Juez imparcial que tiene todo justiciable, conforme a lo dispuesto en los Artículos 49. 3 Constitucional; 1° y 7° COPP; 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Conviene precisar de igual modo, que el COPP proclama como garantía irrestricta, irrenunciable e inviolable, la imparcialidad del juez que conozca de la causa con prescindencia de la etapa en que se halle el proceso, y hacer concurrir a un acusado ante una Audiencia de Juicio Oral y Público frente a un Juez que conoció de los mismos hechos y que valoro los mismos medios de pruebas con motivo a una sentencia definitiva de otros coacusados (con un criterio ya formado), equivale tanto como a permitir una desigualdad en perjuicio del procesado. Por manera que surge así, -como acontece en el presente caso- una pérdida involuntaria de la imparcialidad del juez por efecto del conocimiento previo de la causa que ha tenido. Ello constituye una situación que con arreglo a lo dispuesto en el ordinal 7° del Artículo 89 del código orgánico procesal penal determina la insoslayable necesidad para la suscrita, de inhibirse del conocimiento de la presente causa, como en efecto lo hago, en salvaguarda también del cardinal principio procesal del debido proceso y de la igualdad de las partes. Es menester que el que ha de conocer este basado en el principio de objetividad e imparcialidad, principios rectores del proceso oral, siendo mí obligación INHIBIRME de conocer en esta fase del proceso, de conformidad con lo establecido en el artículo 90 en relación con el numeral 7 del artículo 89, ambos del Código Orgánico Procesal Penal que establecen: Artículo 90. "Los funcionarios a quienes sean aplicables cualesquiera de las causales señaladas en el artículo anterior, deberán inhibirse del conocimiento del asunto sin esperar a que se les recuse". Artículo 89. 7. Por haber emitido opinión en la causa con conocimiento de ella”, en concordancia con el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. A los fines de garantizar la transparencia, idoneidad y sanidad del proceso, debo hacer valer mi incompetencia subjetiva en la que estoy incurso ya que inequívocamente se ha afectado mi capacidad subjetiva de juzgamiento por haber emitido opinión en la causa. Mi fuero interno como persona y como operario de justicia penal, se ven afectados circunstancia que me imposibilita seguir conociendo del asunto legal inconcreto, considerando los pronunciamientos explanados en la audiencia de juicio oral y publico por esta Juzgadora. Probándose lo alegado con las copias certificadas que acompaño contentiva de: sentencia definitiva dictada al acusado YOVANNI VALERA y la copia del auto de apertura a juicio de mismo asunto penal, se ordena la remisión del asunto a la brevedad a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos. En consecuencia a los fines de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 97 del Código Orgánico Procesal Penal, se ordena formar cuaderno separado para el trámite de la Inhibición planteada y se remite la actuación original a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial Penal, a los fines de su redistribución, hasta tanto se produzca el pronunciamiento, por parte de la Corte de Apelaciones. Remítase de inmediato a la Corte de Apelaciones la inhibición planteada. Notifíquese a las partes. Es todo…”. (Copia textual y cursiva de la Sala). IV DE LA COMPETENCIA Debe previamente esta Sala determinar su competencia para conocer del presente asunto y, a tal efecto observa: Establece el artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial: “La inhibición o recusación de los jueces en los Tribunales unipersonales serán decidida por el Tribunal de alzada, cuando ambos actuaren en la misma localidad; y en el caso contrario los suplentes, por el orden de su elección, decidirán en la incidencia o conocimiento del fondo, cuando la recusación o inhibición sean declaradas con lugar por el Tribunal de alzada o por ellos mismos, a menos que hubiere en la localidad otro Tribunal de igual categoría y competencia, caso en el cual deberán ser pasados a éste los autos a los fines del conocimiento de la incidencia o del fondo del asunto, en caso de ser declaradas con lugar la recusación o inhibición. Las causas criminales no se paralizaran, sino que las actas serán enviadas a otro Tribunal de la misma categoría, si lo hubiere, para continuar el procedimiento”. (Negritas y cursiva añadidas). Ahora bien, por cuanto en el presente caso se somete al conocimiento de la Sala, la inhibición planteada por el profesional del Derecho INMACULADA COROMOTO FONSECA GRANADILLO, Juez Primero de Primera Instancia Estadal y Municipal en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, en la causa signada con el alfanumérico HP21-P-2015-007355 (Nomenclatura interna del Tribunal de Juicio Nº 01), esta Sala congruente con lo establecido en la norma citada ut-supra se declara competente para conocer la exposición inhibitoria declarada por el mencionado Juez. Así se decide. V MOTIVACIONES PARA DECIDIR Determinada la competencia, pasa la Sala a pronunciarse sobre la incidencia de inhibición planteada en el caso de autos, y a tal fin, observa: La inhibición, es un acto volitivo del Juez, pues considera afectada su objetividad, siendo que la génesis de esta institución mantiene sus cimientos en la obligación moral, impuesta por la ley, que tiene el Juez o funcionario judicial de separarse del proceso cuando en el existan causas que comprometan su imparcialidad; teniendo como norte el respeto que debe tener con ocasión a su cargo a las partes y a él mismo como persona investida de una autoridad judicial. Asimismo, sostiene el autor Moreno Brandt Carlos E. (“El Proceso Penal Venezolano”, Editores Hermanos Vadell, Caracas-Venezuela, Año 2004) lo siguiente: “…Definimos entonces la inhibición como la obligación que tiene el Juez que conozca que por su especial vinculación con las personas o con los hechos del proceso existe en su persona alguna causa de recusación, a declararla sin aguardar a que se le recuse, conforme se lo impone el art. 87 ejusdem, cuya norma le impone igualmente el deber de hacerlo si son recusados y estiman procedente la causal invocada. Agregando que contra la inhibición no habrá recurso alguno. De acuerdo pues a la citada disposición, la inhibición puede ser clasificada en espontánea, cuando el juez motu propio, es decir, de manera voluntaria, se separa del conocimiento del caso por existir una causa de recusación en su contra, y provocada, cuando adopta tal conducta después de haber sido recusado…”. (Copia textual y cursiva de la Sala). Así las cosas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, dejó asentado en sentencia N° 2917de fecha 13 de diciembre de 2004, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán: “…esta Sala debe reiterar que la figura de la inhibición es producto de una manifestación volitiva del decidor, ya que sólo éste es capaz de conocer si, efectivamente, es su persona existe algún motivo que pueda comprometer su imparcialidad. Así lo reconoce nuestra legislación que obliga al funcionario judicial a separarse de la causa, cuando encuentre que en su persona existe una causal de recusación (artículos 84 del Código de Procedimiento Civil y 87 del Código Orgánico Procesal Penal)…”. (Copia textual y cursiva de la Sala). Por lo que el derecho a un proceso con todas las garantías, incluye la imparcialidad objetiva del juzgador. Al respecto ha sostenido el autor Tomas Gui Mori (Jurisprudencia Constitucional 1981 -1995, Estudio y reseña completa de las primeras 3052 sentencias del TC. Editorial Civitas, S. A Madrid, 1997, Pág. 369): “…El derecho a un Juez imparcial, según reiterada doctrina del TC siguiendo la del TEDH (caso de Cubre y Piersack), constituye una garantía fundamental de la Administración de Justicia de un Estado de Derecho, inherente a los derechos fundamentales al Juez Legal y a un proceso con todas las garantías, salvaguardando su neutralidad no sólo en los aspectos subjetivos sino también en los objetivos, referidos éstos a la vinculación que haya podido tener con la materia objeto del proceso, especial intensidad cuando la misma persona fue juzgador de instancia y órgano revisor de lo entonces resuelto…”. (Copia textual y cursiva de la Sala). Por otra parte, la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, ha dejado asentado en Sentencia de fecha 11 de febrero de 2003, con ponencia del Magistrado Levis Ignacio Zerpa, expediente N° 2002-0894: “La inhibición es un deber y un acto procesal del juez, mediante el cual decide separarse voluntariamente del conocimiento de una causa, por considerar que existe una vinculación entre su persona y las partes procesales, que en forma suficiente sea capaz de comprometer su imparcialidad para juzgar, y siendo que estos conflictos afectan la autoridad del juez en las atribuciones que les conciernen para el conocimiento de determinados casos, menoscaban la persona del sentenciador y comprometen su imparcialidad.” (Copia textual y cursiva de la Sala). Mantener la imparcialidad en un proceso judicial, es una de las fundamentales obligaciones de un Juez, motivo este por el cual al estar en presencia de cualquier sospecha, diferencia, desconfianza, a un temor, y simple conjetura, puede hacer dudar de la imparcialidad del Juez, quien debe ser un probo representante de la dignidad, investido de la autoridad de juzgar a sus similares, por lo que la función del Juez, debe contar con la más absoluta independencia moral. Ahora bien, esta Sala observa que la inhibición planteada por la ciudadana ABOGADA INMACULADA COROMOTO FONSECA GRANADILLO, en su condición de Juez Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, se encuentra ajustada a derecho, por cuanto “SE EVIDENCIA DEL AUTO DE APERTURA A JUICIO QUE LOS HECHOS SON LOS MISMOS acusados a los ciudadanos YOVANI VALERA a quien esta juzgadora le DICTO SENTENCIA ABSOLUTORIA y el texto integro de la sentencia fue leído el dia 24 de enero de 2018 por la presunta comisión de los delitos de HOMICIDIO CALIFICADO previstos y sancionado en el Artículo 406 del Código Penal ordinal 1 y con motivo al debate oral y público celebrado Luego que este Tribunal “Valoro” Las Testimoniales de todos los medios de pruebas promovidos por el fiscal del ministerio publico que son los mismos medios de pruebas promovidos en el presente asunto seguido al ciudadano JUAN BAUTISTA REYES. Siendo que del auto de apertura a juicio oral y público se observa que son los mismos medios de pruebas los promovidos por el ministerio público, los cuales ya fueron evacuados y valorados por este tribunal de juicio 01 en el debate oral celebrado en relación al acusado YOVANI VALERA y en que se evidencia los mismos hechos y las mismas victimas profiriendo esta juzgadora una sentencia absolutoria en favor de YOVANNI VALERA con motivo a los mismo hechos ocurridos”. Siendo que este tribunal procedió a publicar la sentencia absolutoria y tal pronunciamiento ameritó el conocimiento de los hechos que ahora serán objeto del juicio a celebrarse en relación A JUAN BAUTISTA REYES, siendo ello un motivo que afecta su competencia subjetiva como juez para conocer del asunto en referencia, indicando además que se encuentra afectado el principio de imparcialidad al cual debe responder de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, circunstancia ésta que cuestiona los fines perseguidos en el ejercicio de sus atribuciones como son LA EQUIDAD, IMPARCIALIDAD, IDONEIDAD y TRANSPARENCIA en la aplicación y cumplimiento del ordenamiento jurídico, fundamentando su inhibición en la causal contemplada en el artículo 89 numeral 7, en relación con el artículo 90, todos del Código Orgánico Procesal Penal. El artículo 89 numeral 7 del Código Orgánico Procesal Penal, establece lo siguiente: “…Los jueces y juezas, los o las fiscales del Ministerio Público, secretarios o secretarias, expertos o expertas e intérpretes, y cualesquiera otros funcionarios o funcionarias del Poder Judicial, pueden ser recusados o recusadas por las causales siguientes: … 7. Por haber emitido opinión en la causa con conocimiento de ella, o haber intervenido como fiscal, defensor o defensora, experto o experta, intérprete o testigo, siempre que, en cualquiera de estos casos, el recusado se encuentre desempeñando el cargo de Juez o Jueza…”. (Copia textual y cursiva de la Sala). Al respecto establece el artículo 90 del Código Orgánico Procesal Penal, lo siguiente: “…Los funcionarios o funcionarias a quienes sean aplicables cualesquiera de las causales señaladas en el artículo anterior deberán inhibirse del conocimiento del asunto sin esperar a que se les recuse. Igualmente lo harán si son recusados o recusadas y estimen procedente la causal invocada. Contra la inhibición no habrá recurso alguno…”. (Copia textual y cursiva de la Sala). Asimismo establece el artículo 97 del Código Orgánico Procesal Penal, lo siguiente: “La recusación o la inhibición no detendrán el curso del proceso, cuyo conocimiento pasará inmediatamente, mientras se decide la incidencia, a quien deba sustituir conforme a la ley. Si la recusación o la inhibición fuere declarada con lugar, el sustituto continuará conociendo del proceso, y en caso contrario, pasará los autos al inhibido o inhibida, recusado o recusada”. (Copia textual y cursiva de la Sala). Es de hacer notar, que la imparcialidad del Juzgador está determinada, por el hecho que no existan en su conducta situaciones que comprometan o puedan comprometer la probidad y la objetividad de su fallo. En el Derecho Procesal se determina la imparcialidad del Juzgador, mediante diversas causales, de inhibición o recusación, que constituyen un conjunto de situaciones hipotéticas, que comprometen la parcialidad de aquel funcionario judicial actuante en una causa. Por consiguiente, siendo la inhibición el derecho que asiste al funcionario judicial, de separarse del conocimiento de aquellas causas, en las cuales se vea comprometida su imparcialidad u objetividad, y por ende, constituyendo un deber u obligación de mantener la sana y cabal administración de justicia, con el debido respeto de la garantía de ser juzgado por un Juez imparcial y el debido proceso, establecido en nuestra Ley Penal Adjetiva y Tratados Internacionales, y toda vez, que los funcionarios judiciales comprendidos en cualquiera de los casos que expresa el artículo 89 del Código Orgánico Procesal Penal, se deben inhibir del conocimiento del asunto, sin esperar que los recusen, y por cuanto en reiteradas inhibiciones han cursado por ante esta Corte de Apelaciones las cuales se han declarado con lugar las mismas, considera quien acá decide que no han cambiado las condiciones que motiven un criterio distinto, razón por la cual resulta procedente y ajustado a derecho, declarar CON LUGAR LA INHIBICIÓN, propuesta por la ABOGADA INMACULADA COROMOTO FONSECA GRANADILLO, en su condición de Juez Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, conforme a la causal contemplada en el artículo 89 numeral 7 ejusdem y artículo 90 ibídem. En consecuencia, se aparta del conocimiento del asunto Nº HP21-P-2015-007355 al Juez antes mencionado, ordenándosele, al Juez a quien se haya remitido la causa principal, seguir conociendo de la misma y se acuerda oficiarlo sobre el contenido de la presente decisión, dando cumplimiento a la decisión con carácter vinculante N° 1175 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, de fecha 23-11-2010. Así se declara. VI DISPOSITIVA Por lo antes expuesto, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: Con lugar la inhibición propuesta por la ABOGADA INMACULADA COROMOTO FONSECA GRANADILLO, en su condición de Juez Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, conforme a la causal contemplada en el artículo 89 numeral 7 y artículo 90 del Código Orgánico Procesal Penal. En consecuencia, se aparta del conocimiento del asunto Nº HP21-P-2015-007355 al Juez antes mencionado, ordenándosele, al Juez a quien se haya remitido la causa principal, seguir conociendo de la misma y se acuerda oficiarle sobre el contenido de la presente decisión, dando cumplimiento a la decisión con carácter vinculante N° 1175 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con la ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, de fecha 23-11-2010. Así se declara. Publíquese, regístrese, diarícese y comuníquese lo conducente. Déjese copia de la decisión recaída en esta incidencia. Remítase el presente cuaderno de incidencias a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, a los fines de que el mismo sea remitido al Juzgado que este conociendo actualmente la causa principal. Dada, firmada y sellada, en la Sala de Audiencias de Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, en San Carlos a los Seis (06) días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete (2017). Años 207º de la Independencia y 159 ° de la Federación.- GABRIEL ESPAÑA GUILLÉN PRESIDENTE DE LA CORTE DE APELACIONES (PONENTE) FRANCISCO COGGIOLA MEDINA MARÍA MERCEDES OCHOA JUEZ SUPERIOR JUEZ SUPERIOR LUZ MARINA GUTIÉRREZ LA SECRETARIA La anterior decisión se publicó en la fecha indicada siendo las 11:07 horas de la mañana.- LUZ MARINA GUTIÉRREZ LA SECRETARIA RESOLUCIÓN: N° HG212018000040. ASUNTO PRINCIPAL: Nº HP21-P-2015-007355. ASUNTO: HK21-X-2018-000001. GEG/FCM/MMO/LMG/rm