TSJ Regiones - Decisión

República Bolivariana de Venezuela
Poder Judicial
Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y
Bancario de la circunscripción judicial del estado Cojedes.
Años: 207º y 159º.-

I.- Identificación de las partes, la controversia y la decisión.-
Demandante: Sociedad mercantil Molino Redasa, C.A., inscrito en el registro mercantil llevado en ese momento por el Juzgado Segundo de Primera Instancia Civil y Mercantil de la circunscripción judicial del estado Trujillo, en fecha tres (3) de marzo del año 1989, asentada bajo el número 66, tomo 110 y cuya última reforma estatutaria quedo asentada bajo el número 31, tomo 21-A, del veintinueve (29) de marzo del año 2005, inscrita ante el Registro Mercantil Segundo del estado Carabobo .-
Apoderados Judiciales: Gerardo Núñez Díaz y Antonio Rafael García Rodríguez, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad números V.5.757.049 y V.15.716.060 en su orden, profesionales del derecho inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado) bajo los números 98.605 y 114.764 respectivamente, todos de este domicilio.-

Demandada: Fundación para el Desarrollo Agrario (Funda Prodeco), protocolizada el veintisiete (27) de enero del año 1997, ante la Oficina Subalterna de Registro Público de los municipios San Carlos y Rómulo Gallegos del estado Cojedes, bajo el número 2, tomo 2, protocolo primero, primer trimestre del año indicado, en la persona de su presidente ciudadano Salvador Argenis Pellegrino Mendoza, venezolano, mayor de edad, agricultor, identificado con la cédula número V.12.766.925 y de este domicilio.-
Apoderado Judicial: Nelson Rojas Villegas, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V.9.170.881, profesional del derecho inscrito en el Inpreabogado bajo el número 31.431 y domiciliado en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, inicialmente y posteriormente, Orlando Pinto Aponte, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número V.3.044.352, profesional del derecho inscrito en el Inpreabogado bajo el número 19.131 y de este domicilio.-

Motivo: Cobro de bolívares ( Procedimiento por Intimación).-
Sentencia: Pérdida de interés procesal (Interlocutoria con fuerza definitiva).-
Expediente Nº 4648.-

II.- Recorrido procesal de la causa.-
Se inició la presente causa mediante demanda incoada en fecha dieciséis (16) de marzo del año 2006, por el abogado Antonio Rafael García Rodríguez, en su carácter de apoderado judicial de la Sociedad mercantil Molino Redasa, C.A., en contra de la Fundación para el Desarrollo Agrario (Fundaprodeco), en la persona de su presidente ciudadano Salvador Argenis Pellegrino Mendoza, venezolano, correspondiendo su conocimiento por Distribución a este Juzgado y dándosele entrada el veintiuno (21) de marzo del año 2006 y se anotó en el libro respectivo bajo el número 4648; instándose por auto veinticuatro (24) de marzo del año 2006, a la parte actora, a que consignase los estatutos de la demandada, protocolizados en fecha veintisiete (27) de enero del año 1997, ante la Oficina Subalterna de Registro Público de los municipios San Carlos y Rómulo Gallegos del estado Cojedes, bajo el número 2, tomo 2, protocolo primero, primer trimestre del año indicado, a los fines de pronunciarse sobre la admisión de la demanda; siendo presentada copia simple de la misma el diez (10) de abril del año 2006, por el apoderado judicial de la parte actora abogado Antonio Rafael García Rodríguez.
En fecha veintiuno (21) de abril del año 2006, se dictó sentencia interlocutoria, que declaró Improcedente la tramitación del juicio por el procedimiento de intimación y ordenó su admisión y trámite por el procedimiento ordinario y por auto de la misma fecha, se admitió la demanda y se ordenó la citación de la parte demandada una vez la parte actora coloque a disposición del tribunal los medios para el emplazamiento.
Por diligencia del cinco (5) de mayo del año 2006, el abogado Nelson Rojas Villegas, identificado con la cédula número V.9.170.881, e inscrito en el Inpreabogado bajo el número 31.431, alegó ser apoderado judicial de la demandada Funda Prodeco y solicitó copias simples, que fueron acordadas por auto del nueve (9) de mayo del año 2006, siendo solicitado por el apoderado judicial de la parte actora Antonio Rafael García Rodríguez, se dé por citado a la parte demandada conforme al artículo 216 del Código de Procedimiento Civil en fecha diecisiete (17) de mayo del año 2006, pedimento que fue negado por el tribunal mediante auto del diecinueve (19) de mayo del año 2006, por cuanto no consta en actas poder que acredite tal cualidad del abogado Nelson Rojas Villegas.
Mediante diligencia del nueve (9) de junio del año 2006, el apoderado judicial de la parte actora Antonio Rafael García Rodríguez, consignó copia simple del documento poder que acredita al abogado Nelson Rojas Villegas, como apoderado judicial de Funda Prodeco, ratificando su solicitud del diecisiete (17) de mayo del año 2006 y peticionando se realice el computo de los días de despacho transcurridos desde que el apoderado judicial de la parte demandada actuó en el expediente; siendo acordada la citación tacita de la parte demandada a partir de la consignación del poder por parte de la parte actora mediante auto del trece (13) de junio del año 2006.
En fecha veintiuno (21) de julio del año 2006, se dejó constancia del vencimiento del lapso de contestación de la demanda, sin que la parte demandada haya hecho uso de tal derecho; y por nota de secretaria del tres (3) de agosto del año 2006, la ciudadana Secretaria de este Tribunal dejó constancia que la parte actora promovió pruebas, venciendo el lapso de promoción el día veinte (20) de septiembre del año 2006, sin que la parte demandada promoviese prueba alguna, siendo agregado a las actas el escrito de promoción de pruebas de la parte actora el veintiuno (21) de septiembre del año 2006, siendo admitidas las pruebas por auto del veintiséis (26) de septiembre del año 2006.
Mediante auto del veintinueve (29) de noviembre del año 2006, se dejó constancia del vencimiento del lapso de pruebas y se fijó el décimo quinto (15º) día de despacho siguiente, a los fines de que las partes presenten sus Informes, siendo presentado informe por la parte actora el diez (10) de enero del año 2007 y por la parte demandada, el doce (12) de enero del año 2007; siendo agregados ambos escritos a las actas en las fechas indicadas.
El primero (1º) de marzo del año 2007, el apoderado judicial de la parte actora Antonio Rafael García Rodríguez, presentó escrito solicitando se declare confesa a la parte demandada; siendo agregado a las actas en la misma fecha.
Por auto del tres (3) de abril del año 2007, el tribunal difirió su pronunciamiento para dentro de los treinta (30) días continuos siguientes, conforme al artículo 251 del Código de Procedimiento Civil.
El tres (3) de mayo del año 2007, se dictó sentencia interlocutoria, que anulo las actuaciones realizadas en el presente expediente y repuso la causa al estado de admisión de la demanda.
Mediante diligencia del once (11) de mayo del año 2007, el apoderado judicial de la parte actora Antonio Rafael García Rodríguez, apeló de la decisión proferida por este Tribunal, oyéndose la apelación en un solo efecto, ordenando remitir copia certificada de todo el expediente al Juzgado Superior competente una vez que la parte actora provea los medios para su reproducción.
Por auto del diecisiete (17) de septiembre del año 2017, quien suscribe, se aboco al conocimiento de la presente causa y ordenó la notificación de las partes, librando las correspondientes boletas, siendo notificado el apoderado judicial de la parte demandada abogado Orlando Pinto Aponte el día primero (1º) de octubre del año 2007, y dándose por notificado el apoderado judicial de la parte actora Antonio Rafael García Rodríguez, el día nueve (9) de octubre del año 2007.
El trece (13) de noviembre del año 2007, el abogado Orlando Pinto Aponte en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada, solicitó se declare desistida la apelación en un solo efecto formulada por la parte actora, la cual fue negada por auto del dieciséis (16) de noviembre del año 2007, remitiendo copia certificada de todo el expediente al Juzgado Superior competente.
Por auto del veinticuatro (24) de febrero del año 2011, se acordó solicitar información al Juzgado Superior Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, informe sobre el estado de la apelación remitida, recibiéndose información del citado juzgado indicando que la había declinado la competencia para conocer del recurso de apelación en un solo efecto ante el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la circunscripción judicial de la Región Centro Norte, con sede en la ciudad de Valencia.
Por auto del trece (13) de febrero del año 2017, se ordenó notificar a las partes a los fines de que manifiesten su interés en que se tramite la causa, pues, la sentencia del tres (3) de mayo del año 2007, anuló las actuaciones realizadas en el presente expediente y repuso la causa al estado de admisión de la demanda, librándose la correspondiente boleta a la parte actora, la cual fue debidamente practicada.-

III.- Consideraciones para decidir acerca de la pérdida de interés.-
Ahora bien, se observa en el caso de marras que no existe actuación posterior a la fecha once (11) de mayo del año 2007, oportunidad en la cual el apoderado judicial de la parte actora Antonio Rafael García Rodríguez, apeló de la decisión proferida por este Tribunal el tres (3) de mayo del año 2007, anulando las actuaciones realizadas en el presente expediente y reponiendo la causa al estado de admisión de la demanda, oyéndose la apelación en un solo efecto, ordenando remitir copia certificada de todo el expediente al Juzgado Superior competente una vez la parte actora provea los medios para su reproducción, habiendo transcurrido sobradamente más de diez (10) años de tal inactividad, lapso equiparable al de la prescripción de las acciones personales, entre las que se encuentra el cobro de bolívares, conforme al artículo 1977 del Código Civil, no demostrando interés en el trámite del proceso, excediendo esa inactividad con creces el lapso de un (1) año, con lo que, se hace evidente una total pérdida de interés de la parte demandante en movilizar la presente acción. Así se observa.-
Acerca de la Pérdida de Interés se hace preciso analizar el criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia número 793/2007 del dos (2) de mayo, ponente magistrado Dr. Francisco Carrasquero, expediente signado 2002-1038 (Caso: Procurador del Distrito Metropolitano de Caracas), la cual haciendo uso de la doctrina, estableció respecto al Interés procesal lo siguiente:
Es criterio reiterado de esta Sala Constitucional que el derecho de acceso a los órganos jurisdiccionales, enmarcado en el derecho a la tutela judicial efectiva, previsto en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es ejercido mediante la acción, la cual presenta, entre otros requisitos esenciales, al interés procesal, elemento que deviene de la esfera del derecho individual ostentado por el solicitante y que le permite elevar y mantener una determinada situación jurídica ante los tribunales. De este modo, el ejercicio de la acción no responde a una simple abstracción para el particular que lo invoca, sino que constituye un requisito cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión.
Al respecto, entre otras consideraciones sobre el interés procesal, esta Sala ha sostenido lo siguiente:
“...A juicio de esta Sala es un requisito de la acción, que quien la ejerce tenga interés procesal, entendido éste como la necesidad del accionante de acudir a la vía judicial para que se declare un derecho o se le reconozca una situación de hecho a su favor.
Si teóricamente es irrelevante ir a la vía judicial para obtener la declaratoria del derecho o el reconocimiento o constitución de la situación jurídica, o para preservar un daño, la acción no existe, o de existir, se extingue, si cesa la necesidad de incoar la actividad jurisdiccional.
(...)
Esta pérdida de interés puede o no existir antes del proceso u ocurrir durante él, y uno de los correctivos para denunciarlo si se detecta a tiempo, es la oposición de la falta de interés. Pero igualmente puede ser detectada por el juez antes de admitir la demanda y ser declarada en el auto que la inadmite, donde realmente lo que se rechaza es la acción y no el escrito de demanda. El artículo 6, numerales 1, 2, 3, 5 y 8 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales es una evidencia de tal poder del juez...” (Sentencia n° 956 del 1 de junio de 2001, caso “Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero”)
En tal sentido, en la sentencia N° 2.996 del 4 de noviembre de 2003, caso: “Rufo Alberto Guédez Falcón”, esta Sala Constitucional, luego de citar la decisión parcialmente transcrita, precisó que:
“...la opinión de Ugo Rocco sobre el punto es resumida por Monroy Cabra, en los siguientes términos:
Rocco sostiene que el interés para accionar ‘no es otra cosa que el elemento sustancial del derecho de acción, y, concretamente aquel interés que, tutelado jurídicamente por el derecho procesal adjetivo, constituye el derecho de acción’. Y que el juez debe hacer un juicio de utilidad, parangonando los efectos de la providencia jurisdiccional requerida con la utilidad que de tal providencia puede seguirse para quien la requiere, respecto de una determinada relación jurídica. Es decir, debe analizarse la utilidad actual, y para ello se debe indagar si la falta de la providencia jurisdiccional le causa daño o perjuicio. Si hay perjuicio, hay interés para accionar o para contradecir; y si no lo hay, no existe tal interés. Este interés debe ser concreto y actual. En cuanto a que sea concreto, ha de referirse a una providencia concreta, referente a una concreta relación jurídica y respecto de una acción singular y particular, individualizada, ejercida por un sujeto determinado. Y actual, en cuanto es tomado en el momento mismo en que la acción es ejercida’ (Marco Gerardo Monroy Cabra. Derecho procesal civil. Parte general. Medellín. Dike. 4ta ed. 1996. p. 282-283).
“Finalmente, Enrico Tullio Liebman, al sostener que las condiciones o requisitos de existencia de la acción son el interés para accionar y la legitimación, asienta de manera contundente que:
‘Sólo si concurren estas condiciones puede considerarse existente la acción y surge para el juez la necesidad de proveer sobre la demanda, para acogerla o rechazarla (…) La ausencia aun de una sola de ellas induce carencia de acción y puede ser puesta de relieve, aun de oficio, en cualquier grado del proceso (…)
El interés para accionar es el elemento material del derecho de acción y consiste en el interés para obtener la providencia solicitada (…) El interés para accionar surge de la necesidad de obtener del proceso la protección del interés sustancial; presupone por eso la lesión de este interés y la idoneidad de la providencia demandada para protegerlo y satisfacerlo. Sería, en efecto, inútil tomar en examen la demanda para conceder (o negar) la providencia pedida, en el caso de que en la situación de hecho que viene dibujada no se comprenda afirmada una lesión del derecho o interés que se alega frente a la contraparte, o si los efectos jurídicos que se esperan de la providencia sean, de cualquier modo ya adquiridos, o si la providencia es por sí misma inadecuada o inidónea para remover la lesión, o finalmente si la providencia pedida no puede pronunciada, por no admitirse por la ley (ejemplo, la prisión por deudas) (…)
En conclusión, el interés para accionar está dado por la relación jurídica entre la situación antijurídica que se denuncia y la providencia que se pide para ponerle remedio mediante la aplicación del derecho, y esta relación debe consistir en la utilidad de la providencia, como medio para adquirir por parte del interés lesionado la protección acordada por el derecho...’

Sobre el interés procesal, el maestro Italiano Piero Calamandrei señaló lo siguiente:
“El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional” (“Instituciones de Derecho Procesal Civil”. Volumen I, “La Acción”, p. 269, Ediciones Jurídica Europa América, Buenos Aires, 1973).

En el marco de las observaciones anteriores se observa, que el 9 de mayo de 2006, esta Sala ordenó a la parte accionante que manifestara si mantenía interés en la presente causa y tal como se evidencia del expediente, se practicó la correspondiente notificación el 13 de junio de 2006, luego de lo cual, transcurrió el lapso de treinta días otorgado, sin que se produjera la actuación requerida, por lo que resulta forzoso para esta Sala Constitucional declarar el decaimiento de la acción por pérdida del interés procesal y dar por terminado el procedimiento. Así se declara (Negrillas y subrayado de este Tribunal).

No obstante, para el análisis de la precitada decisión considera este sentenciador que es necesario traer a colación la “sentencia líder” número 956/2001, en materia de pérdida de interés procesal, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha primero (1º) de junio, con ponencia del magistrado Dr. Jesús Eduardo Cabrera Romero, expediente signado 2000-1491 (Caso: Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero), donde se precisó:
La pérdida del interés procesal que causa la decadencia de la acción y que se patentiza por no tener el accionante interés en que se le sentencie, surge en dos claras oportunidades procesales. Una, cuando habiéndose interpuesta la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin (Negrillas de esta instancia)…
Para que se declare la perención o el abandono del trámite (artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales), es necesario que surja la instancia o el trámite, que se decrete la admisión del proceso, pero si surge un marasmo procesal, una inactividad absoluta en esta fase del proceso, ¿cómo podrá argüirse que ese accionante quiere que se le administre justicia oportuna y expedita, si su proceder denota lo contrario?, ¿Para qué mantener viva tal acción, si uno de sus elementos: el interés procesal ha quedado objetivamente demostrado que no existe?.
La otra oportunidad (tentativa) en la que puede decaer la acción por falta de interés, es cuando la causa se paraliza en estado de sentencia. Tal parálisis conforme a los principios generales de la institución, no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido. Es indiscutible que ese actor no quiere que lo sentencien, por ello ni incoa un amparo a ese fin, ni una acción disciplinaria por denegación de justicia, ni pide en la causa que le fallen. No es que el Tribunal va a suplir a una parte la excepción de prescripción no opuesta y precluída (artículo 1956 del Código Civil), la cual sólo opera por instancia de parte y que ataca el derecho del demandante, sino que como parámetro para conocer el interés procesal en la causa paralizada en estado de sentencia, toma en cuenta el término normal de prescripción del derecho cuyo reconocimiento se demanda.…
En los tribunales reposan procesos que tienen más de veinte años en estado de sentencia, ocupando espacio en el archivo, los cuales a veces, contienen medidas preventivas dictadas ad eternum, y un buen día, después de años, se pide la sentencia, lo más probable ante un juez distinto al de la sustanciación, quien así debe separarse de lo que conoce actualmente, y ocuparse de tal juicio. ¿Y es que el accionante no tienen ninguna responsabilidad en esa dilación?.
A juicio de esta Sala sí. Por respeto a la majestad de la justicia (artículo 17 del Código de Procedimiento Civil), al menos el accionante (interesado) ha debido instar el fallo o demostrar interés en él, y no lo hizo. Pero, esa inacción no es más que una renuncia a la justicia oportuna, que después de transcurrido el lapso legal de prescripción, bien inoportuna es, hasta el punto que la decisión extemporánea podría perjudicar situaciones jurídicas que el tiempo ha consolidado en perjuicio de personas ajenas a la causa. Tal renuncia es incontrastablemente una muestra de falta de interés procesal, de reconocimiento que no era necesario acudir a la vía judicial para obtener un fallo a su favor.
De allí, que considera la Sala, a partir de esta fecha, como interpretación del artículo 26 Constitucional, en cuanto a lo que debe entenderse por justicia oportuna, que si la causa paralizada ha rebasado el término de la prescripción del derecho controvertido, a partir de la última actuación de los sujetos procesales, el juez que la conoce puede de oficio o a instancia de parte, declarar extinguida la acción, previa notificación del actor, en cualquiera de las formas previstas en el artículo 233 del Código de Procedimiento Civil, si ello fuere posible, y de no serlo, por no conocer el tribunal dónde realizar la notificación, o no poder publicar el cartel, con la fijación de un cartel en las puertas del tribunal. La falta de comparecencia de los notificados en el término que se fije, o las explicaciones poco convincentes que exprese el actor que compareciere, sobre la causa de su inactividad y los efectos hacia terceros que ella produjo, las ponderara el juez para declarar extinguida la acción.
Todo ello, sin perjuicio de las sanciones a los jueces por la dilación cometida.
Está consciente la Sala que hay tribunales sobrecargados de expedientes por decidir, provenientes de la desidia en la estructuración del poder judicial, y por ello resultaría contrario al Estado de Derecho y de Justicia que en dichos tribunales se aplicara estrictamente la doctrina expuesta en este fallo, por lo que la Sala considera que cuando los términos de prescripción de los derechos ventilados sean de un año o menos, vencido un año de inactividad en estado de sentencia, sin impulso del actor, si en el año siguiente al de la prescripción no hay impulso de su parte, se tendrá tal desidia procesal como muestra inequívoca que los accionantes perdieron el interés procesal en dicha causa, y así se declara (Negrillas y subrayados de la Sala).

De las supra transcritas sentencias se deduce que:
1º Opera dicha pérdida de interés en los supuestos establecidos en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil (perención anual, semestral y mensual), norma rectora y aplicable supletoriamente, figura jurídica que tiene enunciación en otros textos legales especiales, tales como la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales (artículo 25), que la contemplan y que establecen los momentos procesales en que debe la parte dar impulso a la acción, so pena de ser sancionado con la extinción de la instancia o perención y la negativa de interposición de la acción nuevamente hasta transcurrir el lapso de noventa (90) días.
2º Aunado a los supuestos anteriores, la Sala, haciendo una interpretación del artículo 26 Constitucional y tomando en cuenta la realidad del sistema jurídico venezolano, ha detectado dos (2) momentos procesales donde se hace imperiosa la participación del justiciable, quien con su impulso, ratifica su voluntad de solicitar al Estado su intervención en el conflicto de intereses en el cual se encuentra inmerso, los cuales son: A) Interpuesta la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin; y B) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, si la misma rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido.
3º La pérdida de interés a la que se refieren los fallos trascritos supra, versa sobre causas o procedimientos que pertenecen a la jurisdicción contenciosa, por cuanto hace alusión expresa a la “Acción”, como elemento esencial de la litis y la puesta en funcionamiento de la jurisdicción contenciosa en búsqueda de la solución de un conflicto interpersonal actual y no a una previsión, tal como se constituye la jurisdicción voluntaria, donde no hay acción sino petición o solicitud. Así se analiza.-
En el caso que nos ocupa, vista la acentuada inactividad procesal por parte de quien es el interesado en que la causa se tramitase, denotando no existir un interés jurídico actual, conforme al artículo 16 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con el artículo 1977 del Código Civil aplicable por analogía, tal como lo precisó nuestro máximo Tribunal en Sala Constitucional y visto que el apoderado judicial de la parte actora sociedad mercantil Molino Redasa, C.A., apeló de la decisión proferida por este Tribunal el tres (3) de mayo del año 2007, anulando las actuaciones realizadas en el presente expediente y reponiendo la causa al estado de admisión de la demanda, oyéndose la apelación en un solo efecto, ordenando remitir copia certificada de todo el expediente al Juzgado Superior competente una vez la parte actora provea los medios para su reproducción, evidenciándose que desde el día once (11) de mayo del año 2007, no ha demostrado interés en impulsar el proceso, es decir, desde hace más de diez (10) años, no ha solicitado a este Tribunal se pronuncie sobre la admisión de la causa; en consecuencia, entiende este Órgano Institucional Judicial que la parte demandante ha perdido el interés en su pretensión y así lo declarará expresamente en el dispositivo del fallo. Así se concluye.-

IV.- Decisión.-
Por las razones expuestas, éste Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la circunscripción judicial del estado bolivariano de Cojedes, Administrando Justicia en nombre de las ciudadanas y ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la Ley y conforme a derecho declara Extinguido el Proceso Ex officio (de oficio) en virtud de haberse configurado la Pérdida de Interés en el proceso que por Cobro de Bolívares intentó la sociedad mercantil Molino Redasa, C.A., mediante su apoderado judicial abogado Antonio Rafael García Rodríguez contra la Fundación para el Desarrollo Agrario (Funda Prodeco), todos plenamente identificados en actas y en consecuencia, se declara Terminado el proceso y se ordena su archivo. Así se decide.-
No hay condenatoria en costas en virtud de no haberse trabado la litis y no resultar totalmente vencida alguna de las partes, por interpretación en contrario del artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.-
Publíquese y regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión conforme a lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.-
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la circunscripción judicial del estado bolivariano de Cojedes, con sede en San Carlos de Austria, a los dieciocho (18) días del mes de abril del año dos mil dieciocho (2018). Años: 207º de la Declaración de Independencia y 159º de la Federación.-
El Juez Provisorio,
Abg. Alfonso Elías Caraballo Caraballo.
El Secretario Temporal,
Abg. César José Pandares Sánchez.
En la misma fecha de hoy, se publicó y registró la anterior sentencia, siendo las tres de la tarde (03:00 p.m.).-
El Secretario Temporal,
Abg. César José Pandares Sánchez.
Expediente Nº 4648.-
AECC/CjPs.-