REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
EN SU NOMBRE
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES
San Carlos 7 de noviembre del 2017
Años: 207º y 158º
CAPITULO I
IDENTIFICACIÒN DE LAS PARTES
DEMANDANTE:
APODERADO
JUDICIAL:
HILAL FADELLAH KANSSOL, venezolano, mayor de edad, casado, titular de la cédula de identidad Nº V-7.562.456.
DAVID BONITO PÉREZ, abogado en ejercicio inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 16.211.
DEMANDADO:
MOTIVO:
SENTENCIA:
EXPEDIENTE: JOSÉ RAMÓN OLIVEROS y ENMA MONTOYA DE LUJAN, venezolanos, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-7.538.617 y V-356.136 respectivamente.
Cobro de Bolívares (Transito).
Interlocutoria (Prescripción de la Ejecución).
2880.
CAPITULO II
ANTECEDENTES
Se inicia el presente juicio mediante demanda por motivo de COBRO DE BOLÍVARES, presentada por el abogado DAVID BONITO PÉREZ, abogado en ejercicio inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 16.211, en su carácter de apoderado judicial del ciudadano HILAL FADELLAH KANSSOL, venezolano, mayor de edad, casado, titular de la cédula de identidad Nº V-7.562.456, contra JOSÉ RAMÓN OLIVEROS y ENMA MONTOYA DE LUJAN, venezolanos, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-7.538.617 y V-356.136 respectivamente.
En fecha seis (6) de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro (1984), el tribunal dicto sentencia definitiva mediante la cual declaró con lugar la demanda intentada por HILAL FADELLAH KANSSOL, contra JOSÉ RAMÓN OLIVEROS y ENMA MONTOYA DE LUJAN, plenamente identificados en autos, y en consecuencia declara civilmente responsables del accidente de tránsito en cuestión a los mencionados ciudadanos JOSÉ RAMÓN OLIVEROS y ENMA MONTOYA DE LUJAN, en sus caracteres de conductor y propietaria del vehículo Marca Dodge, Tipo Sedan, Color Blanco, Modelo 1975, Serial de Motor 318P-16891, Serial de Carrocería A6-24283, Matriculado bajo el Nº AAD-808 y de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1185 del Código Civil y 23 de la Ley de Tránsito Terrestre, los condena a pagar la cantidad de DIECIOCHO MIL BOLÍVARES (Bs. 18.000,00) por concepto de Indemnización por daños materiales, ocasionados con motivo del accidente de tránsito que originó estas actuaciones.
En fecha veinticinco (25) de octubre de 2017, la Jueza Provisoria abogada Marvis María Navarro, se aboca al conocimiento de la presente causa.
Por auto de fecha primero (1º) de noviembre de dos mil diecisiete (2017), el tribunal reanuda la causa en el estado en que se encuentra.
CAPITULO III
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR:
Examinadas como han sido las actas procesales que componen el presente expediente, constata este Tribunal que la causa se encuentra paralizada desde el año 1984, en estado de ejecución de sentencia.-
Del orden cronológico de las actuaciones descritas anteriormente, se constata que una vez dictada sentencia por este Tribunal que declaró con lugar la demanda intentada por el ciudadano por HILAL FADELLAH KANSSOL, contra JOSÉ RAMÓN OLIVEROS y ENMA MONTOYA DE LUJAN, plenamente identificados en autos, hasta la presente fecha la parte demandante no realizó ningún acto de impulso procesal tendente a activar la prosecución del juicio, esto es, con miras a llevar a cabo la continuidad del proceso, es decir la culminación del juicio.
En este orden de ideas, tenemos que el artículo 1.977 del Código Civil Venezolano, expresamente dispone:
“.-- Todas las acciones reales se prescriben por veinte años y las personales por diez, sin que pueda oponerse a la prescripción la falta de título ni de buena fe, y salvo disposición contraria de la Ley.
La acción que nace de una ejecutoria se prescribe a los veinte años, y el derecho de hacer uso de la vía ejecutiva se prescribe por diez años.…”. Subrayado y negrita del Tribunal
En atención a lo anterior, este Tribunal observa que está claramente evidenciado que desde la fecha en que el Tribunal dictó la sentencia definitiva que declaró con lugar la demanda en fecha 6 de febrero de 1984, hasta la presente fecha, NO SE VERIFICÓ NINGÚN ACTO DE IMPULSO PROCESAL por las partes. Ahora bien, en el presente caso transcurrió sobradamente el lapso de veinte (20) año que nuestro Código Civil Venezolano Vigente requiere como supuesto de prescripción de la instancia, sin que dentro del mismo efectivamente se hubiere verificado ningún acto de impulso procesal, lo que en criterio de esta Juzgadora, y conforme a la más autorizada doctrina, esto representa la negligencia de las partes en impulsar la ejecución transcurriendo más de veinte (20) año sin que la parte demandante, hubiere ejercido tal ejecución, y siendo que era deber de la parte actora impulsarlo, al no hacerlo en tal forma, dejando transcurrir más de veinte (20) año de paralización de la ejecución, es evidente que el caso se subsume dentro de la previsión contenida en el artículo 1.977 del Código Civil venezolano, por lo que se hace procedente declarar consumada la prescripción de la fase de ejecución. Así se decide.-
CAPITULO IV
DECISIÓN
En consideración a lo anteriormente expuesto, este TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara lo siguiente:
PRIMERO: La prescripción de la fase de ejecución, por haber operado el abandono del trámite en el presente proceso, configurado en la falta de impulso imputable a las partes, como antes se dejó claramente establecida en este fallo. ASÍ SE DECIDE. SEGUNDO: Asimismo, en virtud de lo anterior, se da por terminada la presente causa y se ordena remitir en su debida oportunidad el presente Expediente al Archivo Judicial de esta Circunscripción Judicial, a los fines de su resguardo.
Publíquese y Regístrese, incluso en la página Web de este Tribunal. Déjese copia certificada por Secretaria del presente fallo, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 1.384 del Código Civil y a los fines previstos en los ordinales 3 y 9 del artículo 72, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Dada, firmada y sellada en la Sala de despacho del JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, DEL TRANSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES, en San Carlos, a los siete (7) días del mes de noviembre de dos mil diecisiete (2017). Años: 207º de la Independencia y 158º de la Federación.
La Jueza provisoria,
Abg. Marvis María Navarro
La Secretaria Suplente,
Abg. Zuly Josefina Herrera Montiel.
En la misma fecha, siendo la una de la tarde (01:00 p.m.), se publicó la anterior sentencia.
La Secretaria Suplente,
Abg. Zuly Josefina Herrera Montiel.
Exp. Nº2880
MMN/ZJHM/Marleny
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