TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

EN SU NOMBRE: EL
JUZGADO SUPERIOR AGRARIO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES

-I-
De las partes
Recurrente: ASOCIACION CIVIL NAZARET, inscrita al Registro Civil del Municipio Falcón ahora municipio Tinaquillo del estado Cojedes, en fecha 30 de abril del 2003, bajo el Nº 22, folio de 72 al 75, Tomo II, Protocolo 1, de los libros respectivos, representada por la Ciudadana DILCIA DE JESUS JIMENEZ SALAZAR, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad Nº V-10.322.373 y domiciliada en la Calle Ricaurte, Casa Nº 30-18 de San Isidro I, Tinaquillo estado Cojedes, en su condición de Presidenta de la Asociación Civil.
Apoderado Judicial: ANAVITH GISELA MORENO JIMENEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-14.899.709, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 136.488 y domiciliada procesalmente en la Calle Sucre entre Calles Manrique y Libertad, Edificio General Manuel Manrique, Piso 2, Oficina Unidad de Defensa Pública, San Carlos estado Cojedes, en su condición de Defensora Pública Agraria del estado Cojedes.
Recurrido: INSTITUTO NACIONAL DE TIERRAS (I.N.Ti.), adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Decisión: Sentencia Interlocutoria-Inadmisibilidad Sobrevenida del Recurso de Nulidad.
Expediente: Nº 974-17.
-II-
Antecedentes
En fecha 24 de febrero de 2017, la Abogada Anavith Gisela Moreno Jiménez, en su condición de Defensora Pública Primera Agraria adscrita a la Unidad Regional del estado Cojedes y en representación de la Asociación Civil Nazaret, presentó formal Recurso de Nulidad.
En fecha 24 de febrero de 2016, el Tribunal le dio entrada al Recurso de Nulidad.
En fecha 02 de marzo de 2017, la Abogada Anavith Gisela Moreno Jiménez, en su condición de Defensora Pública Primera Agraria adscrita a la Unidad Regional del estado Cojedes y en representación de la Asociación Civil Nazaret, consigno copia del Acta de Requerimiento de fecha 24 de febrero de 2017.
En fecha 03 de marzo de 2017, se admitió el mencionado Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, y se ordenó la notificación de la Procuraduría General de la República, del Instituto Nacional de Tierras (I.N.Ti.) en la persona de su Presidente, así como la notificación de los terceros que hayan sido notificados o participado en vía administrativa.
En fecha 22 de marzo de 2017, mediante diligencia la Abogada Anavith Gisela Moreno Jiménez, con el carácter de autos, consignó los fotostatos necesarios para que previa certificación se practiquen las notificaciones ordenadas.
En fecha 23 de marzo de 2017, este Tribunal ordenó certificar por secretaría los fotostatos consignados mediante la diligencia anterior, a objeto de su remisión con los oficios de notificación a los Órganos correspondientes, ordenadas en el auto de admisión de fecha 03 de marzo de 2017.
En fecha 10 de julio de 2017, la Abogada Erika de Lourdes Canelón de Pérez se Abocó al conocimiento de la presente causa, y ordenó la Notificación de la parte recurrente.
En fecha 14 de julio de 2017, se libro la notificación correspondiente.
En fecha 18 de septiembre de 2017, presentó diligencia el Ciudadano Alfredo Morales, en su carácter de Alguacil Titular, en la cual consigna la Boleta de Notificación librada a la Asociación Civil Nazaret, siendo recibida por la Abogada Anavith Gisela Moreno Jiménez, con el carácter de autos, siendo ordenada agregar al expediente.
En fecha 02 de octubre de 2017, se dejó constancia del vencimiento del término para la reanudación de la presente causa.
En fecha 29 de noviembre de 2017, el Secretario Titular de este Juzgado consigno copias debidamente certificadas de actuaciones que corren insertas en el expediente Nª 970-17 (nomenclatura interna de este Juzgado), la cual fuere ordenada en dicho expediente, mediante auto de fecha 03 de noviembre de 2017.
Ahora bien, con vista a lo anteriormente explanado pasa este Juzgado Superior Agrario a pronunciarse en relación a la situación presentada en los siguientes términos.
-III-
Motivos de hecho y de derecho para decidir
De conformidad con lo previsto en el ordinal cuarto (4º) del artículo 243 de la norma adjetiva aplicable, por remisión expresa del artículo 173 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, ésta Juzgadora pasa a establecer los motivos de hecho y derecho en los cuales fundamentara la presente decisión, a cuyo efecto, considera conveniente realizar lo siguiente:
En el presente caso se ha formulado un Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, con el propósito de obtener la nulidad del Acto Administrativo emanado del Instituto Nacional de Tierras (I.N.Ti.), emanado en Reunión Nº 545-13, de fecha 25 de septiembre de 2013, mediante el cual acordó Otorgar Garantía de Permanencia Socialista Agraria y Carta de Registro Agrario Nº 910150092013RDGP238130, a favor de los Ciudadanos LUIS CALDERIN ROJAS Y ANNY MARTINEZ MARTINEZ, titulares de la Cédula de Identidad Nº V-19.668.636 y V-19.723.836, sobre un lote de terreno denominado DOÑA NIVIA, ubicado en el Sector Valle Fresco, Parroquia Tinaquillo, Municipio Tinaquillo del estado Cojedes, por una superficie de CUATRO MIL SETENCIENTOS SESENTA Y OCHO METROS CUADRADOS (4.768 M2), alinderado de la siguiente manera: NORTE: Paso de Servidumbre de Hidrocentro; SUR: Quebrada S/N; ESTE: Quebrada S/N y Terreno Baldíos y OESTE: Iglesia Evangélica y Urbanización Porta Chuelo, en tal sentido, atendiendo la competencia especifica establecida en los artículos 151, 156, 157 y la Disposición Final Segunda de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que comprende el conocimiento de los recursos o acciones que se intenten contra cualquiera de los actos administrativos agrarios dictados por los órganos administrativos en materia agraria, consecuencialmente debe este Tribunal ratificar su competencia para conocer del presente Recurso Contencioso Administrativo de Anulación, toda vez que el acto presuntamente lesivo de derechos constitucionales y legales emana de una autoridad agraria cuyo control jurisdiccional no está atribuido a ningún otro Tribunal de la República. Así se decide.
-i -
de la Revisión de los Requisitos de Admisibilidad
Sobre este aspecto, se precisa, que la revisión de causales de admisibilidad procede en cualquier estado y grado de la causa por ser dichas causales de orden público. A tal efecto puede el Juez revisar si una acción es admisible en cualquier momento, aún culminada la sustanciación de la causa en el momento de dictar sentencia definitiva, de lo que se infiere que dicha revisión no precluye en ningún momento, esto de conformidad con lo establecido por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, mediante sentencia Nº 2134 de fecha 09 de Octubre de 2001.
Es por ello, que a los efectos de dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia, en la Sala Especial Agraria, es pertinente realizar las siguientes consideraciones preliminares: efectivamente el Recurso Contencioso Administrativo Agrario, se encuentra actualmente establecido en el Capítulo II, artículos 156 y siguientes de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, enunciando su carácter extraordinario restablecedor de las presuntas situaciones administrativas infringidas, disponiendo para tal fin los principios del procedimiento agrario establecidos en el artículo 155 ejusdem, tales como: el principio de inmediación, concentración, brevedad, oralidad, publicidad y carácter social del proceso agrario, pues es evidente que las violaciones de carácter administrativo requieren ser protegidas de manera inmediata. Este recurso se encuentra consagrado y regulado por la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, estableciéndose de esta forma los supuestos violatorios para su interposición. Dispone esta Ley la procedencia del presente recurso en contra de cualquier hecho, acto u omisión provenientes de los órganos administrativos originados por diversas situaciones acaecidas con los particulares, grupos u organizaciones, que hayan violado, violen o amenacen con violar cualquier etapa del procedimiento administrativo.
Bajo esa perspectiva, es oportuno delimitar que el auto que se dicta en materia de admisión en el Contencioso Administrativo, si bien es cierto y en principio no prejuzga sobre el fondo, sino que constatado que se llenan los requisitos fundamentales y de orden público para dar curso a las mismas, se ordena tramitarla, con el fin que en el fallo definitivo se analice y examine todo lo referente a la acción instaurada, momento en el cual el juez contencioso administrativo en uso de sus poderes conferidos por ley, podrá de oficio o a petición de parte y antes del pronunciamiento de la sentencia de mérito, y dado su estricto orden público de los requisitos de admisibilidad, volver a revisar el cumplimiento de los mismos, pudiendo declararla inadmisible de ser el caso.
De tal modo que es fundamental aclarar, que el contencioso administrativo es una jurisdicción especial, diferente a la ordinaria, que debido a la naturaleza jurídica de su mismo objeto arriba señalado que no es otro que el de conocer y resolver el mérito de anulación de actos administrativos, la declaratoria de la responsabilidad de la administración y el restablecimiento de los derechos subjetivos lesionados por la actividad administrativa, esta doble función del contencioso administrativo: por una parte garantía de control y por otra de justicia, elementos de una jurisdicción, a saber: Es una jurisdicción plena y no una simple jurisdicción de revisión, de donde es posible deducir ante los Tribunales de tal jurisdicción todas las pretensiones en relación con los actos de la Administración. Efectivamente es una verdadera instancia jurisdiccional. Dado este carácter, no es de sorprender que el Juez Contencioso-Administrativo tenga plenos poderes, que no están limitados, ni en su inicio, desenvolvimiento y resolución, constituyendo poderes bastante amplios, que le permiten intervenir directamente en el juicio, controlar el procedimiento y sus actos y actuar de oficio, y dentro de los cuales encontramos uno muy especial, del que adolece el Juez Civil, como lo es el de examinar de oficio, in limine litis, las demandas y por consiguiente rechazarlas si observa que no se cumplen los presupuestos procesales o no se llenan los requisitos de la acción.
Bajo esta perspectiva, estamos en presencia entonces de un poder muy particular, que en absoluto este sistema de admisibilidad de las demandas en el Contencioso Administrativo no es ni remotamente similar del Procedimiento Civil, en donde, la admisión de la demanda constituye una actuación de mero trámite. En materia civil el juez no tiene atribución alguna en lo que se refiere a la admisibilidad de la demanda: toda la carga de alegación y las impugnaciones contra las faltas o defectos de los presupuestos procesales, o de los requisitos constitutivos de la acción, están confiados a la iniciativa de la parte demandada; no es el Juez Civil, quien tiene que revelar in limine los motivos de inadmisibilidad de una demanda.
De tal manera que la función de Justicia, del contencioso administrativo, consistente en procurar la seguridad jurídica constitucional, se constituye en la razón de ser de ese poder, y el respeto de la legalidad el norte de la actuación del Juez Contencioso Administrativo, es evidente que este Juez (El Contencioso Administrativo) tenga la facultad de controlar el cumplimiento de aquellas normas, cuya inobservancia constituye una violación del principio de la legalidad que él está llamado a garantizar.
Cumplimiento que está obligado a constatar desde el primer momento en que se le solicita su intervención como Juez Contencioso Administrativo, lo cual ocurre al momento de someter a su consideración la admisión de la acción que se propone, pues ningún sentido tendría llevar adelante un proceso en violación del orden legal; de allí el llamado a pronunciarse sobre el cumplimiento de todas y cada una de las causales establecidas, evitando de ese modo la iniciación de un proceso inútil, desembarazando además a la Sala de causas que serían en definitiva rechazadas por violación de la Ley.
La primera labor del Juez sustanciador en sede contencioso administrativa agraria, carga y facultad a la vez, es la de examinar si la acción que se propone se encuentra o no en alguno de los supuestos de inadmisibilidad previstos por la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y en un sistema reforzado Contencioso Administrativo Agrario, en las Disposiciones previstas en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en los Capítulos II, III y IV del Título V de la Ley Adjetiva Agraria, y sobre dichos requisitos pronunciarse admitiéndola o rechazándola, de acuerdo al cumplimiento o no de dichos requisitos, en salvaguarda del cumplimiento de la Ley; legalidad que está llamada a garantizar el Juez Contencioso Administrativo.
Igualmente, sobre lo anteriormente expuesto la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, se expresó en los siguientes términos:
“…La jurisprudencia constante y reiterada de esta Sala, ha establecido que en la jurisdicción contencioso-administrativa no puede obviarse la labor inquisitiva que debe desarrollar el juez, lo cual le impone, principalmente, preservar la legalidad de la actuación de la administración pública y la búsqueda permanente de la verdad, en virtud de lo cual debe revisar siempre el acto administrativo originalmente impugnado, con la finalidad de establecer, no sólo su conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, sino además calificar o valorar si dichas actuaciones inciden de alguna manera en derechos, valores y principios de oficio, y dentro de los poderes que la Ley le ha conferido, algún pronunciamiento que responda a la necesaria protección y defensa de los mismos.
Así las cosas, en el caso bajo análisis resulta indiscutible que al haber apreciado el juez de la causa, presuntas violaciones de normas de orden público, como son todas aquellas que consagran garantías y derechos constitucionales, y que acarrean por ende la nulidad absoluta de las actuaciones administrativas que las transgreden, estaba no sólo habilitado, sino obligado, a declararla de oficio, aún en el supuesto de que las partes no lo hubiesen señalado y con preferencia a otras cuestiones alegadas.
En atención a las consideraciones precedentemente expuestas, considera la Sala que habiendo fundamentado el a quo su decisión en presuntas violaciones de índole constitucional, podía haberlas apreciado de oficio y decidir conforme a las mismas, sin incurrir en extrapetita, ni viciar su decisión por incongruente, razón por la cual se desestima la denuncia que en ese sentido hiciera la parte apelante. Así se decide” (Sentencia Nº 1070 de la Sala Político-Administrativa de fecha 10 de julio de 2003, con ponencia del magistrado Hadel Mostafá Paolini, caso: J.F. Mecánica Industrial C.A., Exp. Nº 2001-774)…”
En concordancia con lo anteriormente expuesto, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, estableció los motivos por los cuales el juez agrario puede negar tal admisión.
En tal sentido, el artículo 160 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario establece que las acciones y recursos contemplados en el Título V deberán (es de carácter imperativo) interponerse por escrito por ante el Tribunal competente, cumpliendo (es decir de obligatorio cumplimiento) con los siguientes requisitos:
1. Determinación del acto cuya nulidad se pretende.
2. Acompañar copia simple o certificada del acto, actuación o contrato cuya nulidad se pretende, o señalamiento de la Oficina Pública u organismo en que se encuentran, y los datos que lo identifiquen.
3. Indicación de las disposiciones constitucionales o legales cuya violación se denuncia.
4. Acompañar instrumento que demuestre el carácter con que se actúa. En caso de que tal carácter provenga de la titularidad de un derecho real, identificará el inmueble, con expreso señalamiento de sus linderos y copia certificada de los documentos o títulos que acreditan la titularidad aludida.
5. Los documentos, instrumentos o cualquier otra prueba que se estime conveniente acompañar.
De igual forma el artículo 162 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, establece los requisitos que deben cumplir los recursos de nulidad que se intenten contra los actos administrativos emanados de los entes agrarios, los cuales a criterio de esta Sentenciadora deben ser analizados a los fines de su admisión o por el contrario su inadmisión, entre las cuales destacan:
“1. Cuando así lo disponga la ley. (Subrayado del Tribunal)
2. Si el conocimiento de la acción o el recurso corresponde a otro organismo jurisdiccional, caso en el cual el Tribunal declinará la causa en el Tribunal competente.
3. En caso de la caducidad del recurso por haber transcurrido los sesenta (60) días continuos desde la publicación del acto en la Gaceta Oficial Agraria o de su notificación, o por la prescripción de la acción. (Subrayado del Tribunal)
4. Cuando sea manifiesta la falta de cualidad o interés del accionante o recurrente.
5. Cuando se acumulen pretensiones que se excluyan mutuamente, o que sean contrarias entre si o cuyos procedimientos sean incompatibles.
6. Cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar la admisibilidad de la demanda. (Subrayado del Tribunal)
7. Cuando exista un recurso paralelo.
8. Cuando el correspondiente escrito resulte ininteligible o contradictorio que haga imposible su tramitación o contenga conceptos ofensivos o irrespetuosos.
9. Cuando sea manifiesta la falta de representación que se atribuye el actor.
10. Cuando habiéndose recurrido en vía administrativa, no hayan transcurrido los lapsos para que ésta decida.
11. Cuando no se haya agotado el antejuicio administrativo de las demandas contra los entes agrarios.
12. Cuando no se haya agotado la instancia conciliatoria o de avenimiento que correspondan de conformidad con la ley.
13. Cuando la pretensión sea manifiestamente contraria a los fines de la presente Ley y de los preceptos constitucionales que rigen la materia.
Contra la decisión que declare inadmisible el recurso podrá apelarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes.
No se admitirá apelación contra el auto que acuerde la admisión del recurso o acción principal. En todo caso, los opositores podrán hacer valer, junto con las razones de fondo, los motivos por los cuales estimen la inadmisibilidad del mismo, los cuales serán decididos, junto a los primeros, en la sentencia definitiva…”
En este mismo orden de ideas, establece el artículo 19, párrafo 6 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (publicada en Gaceta Oficial Nº 39.522 de fecha 01 de octubre de 2010), que: …
…Omissis…“Se declara inadmisible la demanda, solicitud o recurso cuando así lo disponga la ley; o si el conocimiento de la acción o recurso compete a otro tribunal; o si fuere evidente la caducidad o prescripción de la acción o recurso intentado; o cuando se acumulen acciones o recursos que se excluyan mutuamente o cuyos procedimientos sean incompatibles; o cuando no se acompañen los documentos indispensables para verificar si la acción o recurso es admisible; o cuando no se haya cumplido el procedimiento administrativo previo a las demandas contra la República, de conformidad con la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República; o si contiene conceptos ofensivos o irrespetuosos; o es de tal modo ininteligible que resulte imposible su tramitación; o cuando se manifiesta la falta de representación o legitimidad que se atribuye al demandante, recurrente o accionante; o en la cosa juzgada…“…Omissis…(Subrayado del Tribunal)
En virtud de lo antes expuesto, es por ello que habiendo sido designada como Jueza Provisoria de este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, en reunión de fecha 01 de junio de 2017, estando debidamente juramentada en fecha 30 de junio de 2017, asumiendo el cargo en fecha 06 de julio de 2011, estando la parte recurrente notificada del abocamiento de fecha 10 de julio de 2017, y en atención a las consideraciones antes explanadas pasa esta juzgadora a examinar y revisar de oficio el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad, contenidos en los artículos 160 y 162 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, a cuyo efecto determina:
1º En cuanto a este particular, la admisión del presente recurso resultaría contrario a la ley, en virtud de que el encabezado del artículo 162 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, dispone que podrán declararse inadmisible las acciones y recursos interpuestos, entre otros motivos cuando así lo disponga la ley, es por ello y luego de una revisión minuciosa y exhaustiva al presente Recurso de Nulidad, pudo evidenciar esta Sentenciadora que el presente Recurso de Nulidad fue interpuesto fuera del lapso permitido por la Ley.
En consonancia, con lo anterior, el particular tercero del artículo 162 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, establece que la caducidad opera transcurridos los sesenta días continuos desde la publicación del acto en la Gaceta Oficial Agraria o de su notificación.
Sobre el tema de la caducidad nuestra jurisprudencia patria ha sido copiosa, siendo oportuno plasmar algunos de tales criterios, como a continuación La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 00163 del 05 de febrero de 2002, con ponencia del Magistrado Dr. LEVIS IGNACIO ZERPA, expediente N° 2001-0314, señaló:
“…Al respecto, esta Sala observa: En primer lugar, debe precisarse que la caducidad es un plazo que concede la ley para hacer valer un derecho o ejercer una acción, con un carácter fatal, es decir, que una vez transcurrido dicho plazo, el derecho no puede ser ejercitado, lo cual conduce a que el interesado pierda la posibilidad que le concedía la ley. Por otra parte, debe la Sala aclarar que la prescripción y la caducidad son dos institutos jurídicos distintos, con sólo una afinidad constituida por el transcurso del tiempo, pudiendo interrumpirse la prescripción, no así la caducidad.”…
En este sentido, la Sala Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia del 20 de enero de 2004, con ponencia del Magistrado Dr. JUAN RAFAEL PERDOMO en el expediente N° AA60-S-2003-000567, señala lo siguiente:
“…La Sala observa: La Casación Venezolana ha establecido que hay caducidad cuando el ejercicio de un derecho o la ejecución de un acto, depende de que lo sea dentro de un espacio de tiempo predeterminado, ya sea por disposición legal o por convenio de las partes interesadas; es decir, que el término está así tan identificado con el derecho, que transcurrido aquél se produce la extinción de éste, por lo que bastaría comprobar dicho transcurso para dar por sentado que el derecho-habiente remiso renunció a su derecho si dejó de actuar cuando le era obligatorio hacerlo. La caducidad hace que la acción carezca de existencia y no pueda ser materia de debate judicial…”. Cabe agregar que, producida la caducidad, decae la tutela jurisdiccional y el proceso debe extinguirse. …”. “…la caducidad se produce inexorablemente por el transcurso del tiempo fijado legalmente y nunca se suspende…”. “…es de derecho público y además de orden público y, por lo tanto, de oficiosa comprobación y declaración por el Juez. como principio general de derecho, la caducidad, al ser consagrada expresamente en la legislación, no puede ser derogada, ni modificados los términos perentorios que la hacen aplicable, sino a través de normas explícitas…”.
Siguiendo con el mismo orden de ideas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia del 12 de agosto de 2005 con ponencia del Magistrado Dr. FRANCISCO ANTONIO CARRASQUERO LÓPEZ, en el expediente N° 04-3051, dejó sentado:
“…Sobre este particular, en sentencia N° 364 del 31 de marzo de este mismo año, (caso Hotel, Bar, Restaurant, C.A.), se asentó: “(…) Este lapso de caducidad creado por el legislador tiene como función primordial el mantenimiento de la paz social, y resulta ser un presupuesto de validez para el ejercicio de la acción. En este sentido, señala el procesalista Enrique Véscovi: ´(…) si se ha producido la caducidad de la acción, no podrá constituirse la relación válida. Luego, si estamos ante un plazo de caducidad y éste ha vencido, irremisiblemente faltará el presupuesto procesal y el juez podrá decidirlo, aunque la otra parte no lo oponga´. (Ver. Enrique Véscovi: Teoría General del Proceso. Editorial Temis Librería. Bogotá-Colombia 1984, Pág. 95)…”. “…tratándose de un lapso de caducidad él es fatal, y desde que nace comienza a surtir los efectos extintivos de la acción, a menos que ella se interponga…”.
Asimismo, la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia del 10 de noviembre de 2005, con ponencia de la Magistrado Dra. CARMEN ELVIGIA PORRAS DE ROA, en el expediente N° AA60-S-2004-001834, estableció:
“…siendo la caducidad un plazo que concede la ley para hacer valer un derecho mediante el ejercicio de la acción, con un carácter fatal, es decir, que una vez transcurrido dicho lapso el derecho no puede ser ejercido, lo cual conduce a que el interesado pierda la posibilidad que le concedía la ley…”.
En criterio más reciente del 16 de mayo de 2007, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Dr. Pedro Rafael Rondón Haaz, en el expediente N° 06-1461, se reiteró que por ser la caducidad de la acción un plazo que no admite interrupción ni suspensión, el mismo transcurre fatalmente y su vencimiento implica extinción de la acción para ejercer el derecho que se pretende hacer valer.
Por su parte, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, ley especial aplicable al caso bajo examen, establece en su artículo 179 lo siguiente:
Artículo 179. El lapso de caducidad de los recursos contenciosos administrativos contra cualesquiera de los Actos Administrativos Agrarios será de sesenta (60) días continuos, contados a partir de la notificación del particular o de su publicación en la Gaceta Oficial Agraria y en un diario de mayor circulación regional.
En cuanto a la forma de computar los días continuos en esta materia especial Contencioso Administrativa Agraria, es claro, puntual y preciso el artículo 181 ejusdem:
Artículo 181. Se entenderán como días continuos, aquellos días calendario, sin que su cómputo se vea alterado por los días feriados o no laborables. En todo caso, el período de vacaciones judiciales no será computado para ningún lapso.
Cabe señalar que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el 20 de octubre de 2006 con ponencia del Magistrado Dr. Pedro Rafael Rondón Haaz en el expediente N° 06-1058, dejó sentado:
“…Ahora bien, para que la caducidad pueda computarse válidamente es imprescindible que el recurrente haya sido correctamente notificado del acto que afecta sus derechos o intereses pues, de lo contrario, no comienza a transcurrir ningún lapso…”.
El artículo 179 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario establece que la caducidad opera trascurridos que sean sesenta días a contar desde la notificación del particular o desde la publicación del acto administrativo en la Gaceta Oficial Agraria.
En el caso de autos, quedaron establecidos de las actas que conforman el presente expediente, dos (02) hechos en que la parte recurrente tuvo conocimiento de la existencia del Acto Administrativo recurrido, pues la Parte Recurrente da a entender que tuvo conocimiento de manera informal de la existencia del acto administrativo impugnado en fecha 25 de enero del presente año, con ocasión a las resultas del oficio Nº ORT-COJ-CG-00007/17 de fecha 18 de enero de 2017 y que fuere recibido en la Coordinación de la Unidad de Defensa Pública del estado Cojedes (inserto al folio87), en la cual la Oficina Regional de Tierras da respuesta al oficio Nº DP1-170 de fecha 21 de diciembre de 2016 (inserto al folio 86), y en el cual solicitó información sobre si se había otorgado algún tipo de instrumento a favor de la Asociación Civil Nazaret o en su defecto a los Ciudadanos Ligia Ramona Martínez de Martínez, Luis Johan Calderin Rojas, Anny del Carmen Martínez Martínez y Francisco José Martínez Rodríguez, sin embargo, de una revisión minuciosa y exhaustiva a las copias certificadas ordenadas agregar a los autos y cuyos originales cursan en el expediente Nº 970-17 (nomenclatura interna de este Juzgado) teniendo conocimiento esta Sentenciadora por Notoriedad Judicial, se desprende el primer hecho o circunstancia de que la parte recurrente, Asociación Civil Nazareth, tenía conocimiento de la existencia del acto administrativo confutado, así se observa a los folios 143 al 148 del presente expediente, que en fecha 04 de junio de 2014 la Ciudadana Dilcia de Jesús Jiménez, actuando en su condición de Presidenta de la Asociación Civil Nazaret, consigno 02 escritos, con lo cual al haber actuado en el Asunto HP21-P-2012-001573 y dejar constancia de manera expresa de los pedimentos que realizó, se debe entender notificada tácitamente de todas y cada una de las actuaciones contenidas en el Asunto llevado por ante la Jurisdicción Penal, incluida la existencia del Acto Administrativo recurrido y desde dicha fecha, es decir desde el 04 de junio de 2014 al 24 de febrero de 2017, transcurrieron aproximadamente 942 días continuos, lo cual supera en demasía el lapso de treinta (30) días continuos para recurrir, conforme lo establece el Parágrafo Segundo del Articulo 17 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario (no siendo computable únicamente y por vía de excepción el período de vacaciones judiciales en el presente asunto). Así se establece.
De igual forma, el segundo hecho o circunstancia de que la parte recurrente tuvo conocimiento de la existencia del Acto Administrativo recurrido, se desprende al folio 166 del presente expediente, que la Ciudadana Dilcia de Jesús Jiménez, en fecha 04 de octubre de 2016, solicitó ante el Tribunal de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes la designación de un Abogado Público por carecer de los medios necesarios, apreciándose al folio 169 del presente expediente, que mediante oficio Nº UR-CO-2016-841 de fecha 13 de octubre de 2016, la Coordinadora de la Unidad de Defensa Pública del estado Cojedes informo la designación de la Abogada Anavith Moreno, como Defensora Pública Agraria de la Asociación Civil Nazaret.
Apreciándose igualmente de las actas, que en fecha 31 de octubre de 2016 (actuación inserta a los folios 171 al 173 del presente expediente), la Abogada Anavith Moreno, actuando en su carácter de autos, interpuso una solicitud de Regulación de Competencia, lo cual dio origen e inicio a la apertura del expediente signado con la nomenclatura Nº 970-17, llevada por este Juzgado Superior, y desde dicha fecha, es decir desde el día 31 de octubre de 2016 hasta el día 24 de febrero de 2017 (fecha de la interposición del presente recurso de nulidad), transcurrieron aproximadamente ciento catorce (114) días continuos, lo cual supera en demasía el lapso de treinta (30) días continuos para recurrir, conforme lo establece el Parágrafo Segundo del Articulo 17 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, excluyendo de dicho computo el periodo comprendido desde el día 21 de diciembre de 2016 hasta el día 06 de enero de 2017 (ambas fechas inclusive), en virtud del periodo de goce de las vacaciones judiciales. Así se establece.
Todos los señalamientos anteriormente transcritos y que corren en los autos que conforman el presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad, hacen evidenciar que la Asociación Civil Nazaret, inscrita ante el Registro Civil del Municipio Falcón ahora Municipio Tinaquillo del estado Cojedes, en fecha 30 de abril del 2003, bajo el Nº 22, folio de 72 al 75, Tomo II, Protocolo 1, de los libros respectivos, en un primer momento, en fecha 04 de junio de 2014, la Ciudadana Dilcia de Jesús Jiménez Salazar, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la Cédula de Identidad Nº V-10.322.373 y domiciliada en la Calle Ricaurte, Casa Nº 30-18 de San Isidro I, Tinaquillo estado Cojedes, en su condición de Presidenta de la Asociación Civil, y finalmente en un segundo momento en fecha 31 de octubre de 2016, la Abogada Anavith Gisela Moreno Jiménez, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-14.899.709, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 136.488 y domiciliada procesalmente en la Calle Sucre entre Calles Manrique y Libertad, Edificio General Manuel Manrique, Piso 2, Oficina Unidad de Defensa Pública, San Carlos estado Cojedes, en su condición de Defensora Pública Agraria del estado Cojedes, tuvieron conocimiento de manera tacita de la existencia del Acto Administrativo que atacan en el presente juicio, ya que actuaron e incluso realizaron pedimentos en el expediente que era llevado por ante el Juzgado de Primera Instancia Agraria de esta Circunscripción Judicial y cuyas copias certificadas de dichas actuaciones corren insertas en el presente expediente, por lo cual se cumplió su fin, es decir su notificación o puesta en conocimiento de la existencia del Acto Administrativo recurrido, ajustándose a lo expuesto anteriormente sobre el momento a partir del cual comienza a correr la caducidad.
En este orden de ideas y en asunto análogo al caso que se resuelve, en sentencia del 17 de octubre de 2006 dictada por la Sala Especial Agraria de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia con ponencia del Magistrado Dr. OMAR ALFREDO MORA DÍAZ, en el expediente N° AA60-S-2006-000417, se estableció:
“…La precitada caducidad de sesenta (60) días para ejercer el Recurso Contencioso Administrativo que trata de revertir los efectos del acto administrativo dictado por el ente agrario, está establecida, de igual forma, en la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en su artículo 190 en el cual señala:…Dada la declaratoria de caducidad de la acción propuesta es menester señalar que el artículo 173 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, relativo a las causales de inadmisibilidad de un recurso o acción- en el marco del contencioso administrativo especial agrario-, establece en su numeral 3 que no se admitirá una acción o recurso de esta naturaleza “En caso de la caducidad del recurso por haber transcurrido los sesenta (60) días continuos desde la publicación del acto en la Gaceta Oficial Agraria o de su notificación, o por la prescripción de la acción…”.
En criterio de quien sentencia, conforme a las precedentes consideraciones, las normas transcritas y jurisprudencias citadas sirven para corroborar el carácter fatal propio de la caducidad, en el sentido de que el lapso establecido por el legislador no se interrumpe ni puede verse alterado, cambiado o modificado, el cual corre irremediablemente desde que nace y que paralelamente va consumiéndose la oportunidad para ejercer la Acción o el Recurso de que se trate (no siendo computable únicamente y por vía de excepción el período de vacaciones judiciales en el presente asunto).
Es por ello y conforme a los razonamientos anteriormente expuestos, y dada la facultades que tiene esta Juzgadora en Materia Contencioso Administrativa Agraria, forzosamente debe declarar INADMISIBLE de manera sobrevenida el presente recurso contencioso administrativo de nulidad, por cuanto se configuró los supuestos previstos en los numerales 1 y 3 del artículo 162 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en razón de haberse evidenciado la caducidad del presente Recurso Contencioso Administrativo de Nulidad. Así se decide.
De igual forma este Tribunal, debe dejar sentado que en el presente fallo no se prejuzga en forma alguna sobre la validez o no del acto administrativo recurrido en vía de nulidad, sólo se verificó de oficio las causales de inadmisibilidad, concretamente las señaladas en los numerales 1 y 3 del artículo 162 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario. Así se declara.
-IV-
DECISIÓN
Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, Administrado Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, debe forzosamente declarar INADMISIBLE de manera sobrevenida el presente recurso contencioso administrativo de nulidad, por cuanto se configuró los supuestos previstos en los numerales 1 y 3 del artículo 162 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, seguido por la Ciudadana Abogada ANAVITH GISELA MORENO JIMENEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad Nº V-14.899.709, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 136.488 y domiciliada procesalmente en la Calle Sucre entre Calles Manrique y Libertad, Edificio General Manuel Manrique, Piso 2, Oficina Unidad de Defensa Pública, San Carlos estado Cojedes, en su condición de Defensora Pública Agraria del estado Cojedes y en representación de la ASOCIACION CIVIL NAZARET, inscrita ante la Oficina de Registro Civil del Municipio Falcón ahora Municipio Tinaquillo del estado Cojedes, en fecha 30 de abril del 2003, bajo el Nº 22, folio de 72 al 75, Tomo II, Protocolo 1, de los libros respectivos, contra el Acto Administrativo dictado por el Directorio del Instituto Nacional de Tierras (I.N.Ti.), emanado en Reunión Nº 545-13, de fecha 25 de septiembre de 2013, mediante el cual acordó Otorgar Garantía de Permanencia Socialista Agraria y Carta de Registro Agrario Nº 910150092013RDGP238130, a favor de los Ciudadanos LUIS CALDERIN ROJAS Y ANNY MARTINEZ MARTINEZ, titulares de la Cédula de Identidad Nº V-19.668.636 y V-19.723.836, sobre un lote de terreno denominado DOÑA NIVIA, ubicado en el Sector Valle Fresco, Parroquia Tinaquillo, Municipio Tinaquillo del estado Cojedes, por una superficie de CUATRO MIL SETENCIENTOS SESENTA Y OCHO METROS CUADRADOS (4.768 M2), alinderado de la siguiente manera: NORTE: Paso de Servidumbre de Hidrocentro; SUR: Quebrada S/N; ESTE: Quebrada S/N y Terreno Baldíos y OESTE: Iglesia Evangélica y Urbanización Portachuelo.
No hay condenatoria en costas por la naturaleza de la presente decisión.
Notifíquese a las partes y a la Procuraduría General de la República según lo establecido en el artículo 166 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y 112 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma al Decreto con Rango y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.
Publíquese, Regístrese y Déjese copia certificada de la presente decisión.
Dada, firmada y sellada en la Sala de despacho del Juzgado Superior Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Cojedes, en San Carlos a los cuatro (04) días del mes diciembre de dos mil diecisiete (2017). Años: 207º de la Independencia y 158° de la Federación.

La Jueza Provisoria,
Abg. ERIKA DE LOURDES CANELON DE PÈREZ

El Secretario,
Abg. ARMANDO J. CHIRIVELLA P.
En la misma fecha se dictó y publicó la anterior decisión siendo las 09:30 de la mañana, quedando anotada bajo el Nº 0969-2017.

El Secretario,
Abg. ARMANDO J. CHIRIVELLA P.

ELCDP/ajchp
Exp. Nº 974-17