REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CORTE DE APELACIONES

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA



EN SU NOMBRE
CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ESTADO COJEDES
CORTE DE APELACIONES

San Carlos, 06 de diciembre de 2017
207º y 158º

RESOLUCIÓN HG212017000297.
ASUNTO PRINCIPAL: HP21-R-2017-000239
ASUNTO: HG21-X-2017-000057
JUEZA DIRIMENTE: MARÍA MERCEDES OCHOA.
MOTIVO: INHIBICIÓN JUEZ GABRIEL ESPAÑA GUILLÉN.
DECISIÓN: CON LUGAR LA INHIBICIÓN.


I
ANTECEDENTES

De conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 98 del Código Orgánico Procesal Penal, corresponde a la Jueza III de esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, actuando en su condición de integrante de la Corte de Apelaciones pronunciarse sobre la Inhibición propuesta por el ABOGADO GABRIEL ESPAÑA GUILLÉN, Juez Integrante de esta Corte de Apelaciones en la causa signada con el alfanumérico HP21-R-2017-000239, contentiva del recurso de apelación de auto interpuesto por el Abogado Wilfredo Alfonso López Medina Fiscal Provisorio Octavo del Ministerio Público, en la causa seguida en contra del acusado CARLOS MANUEL ESTRADA QUIROZ, por la presunta comisión del delito de SECUESTRO.

El presente asunto ingresó mediante cuaderno separado a este despacho, el 04 de Diciembre de 2017 en esa misma oportunidad se dio cuenta en Sala y se designó Jueza Dirimente a la Abogada María Mercedes Ochoa, quien con tal carácter suscribe la presente decisión.

Verificado el cumplimiento de los requisitos de forma en la inhibición propuesta, quien suscribe procede de seguida a decidir la cuestión planteada previa las siguientes consideraciones:

II
DE LA INHIBICIÓN

En fecha 04 de Diciembre de 2017, ingresó a este Despacho, la inhibición planteada por el ABOGADO GABRIEL ESPAÑA GUILLÉN, Juez Integrante de esta Corte de Apelaciones en el asunto distinguido con el alfanumérico HP21-R-2017-000239, con fundamento en el artículo 89 numeral 7, en concordancia con el artículo 90, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, en los siguientes términos:

“…Quien suscribe, GABRIEL ESPAÑA GUILLÉN, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. 9.662.512 en mi carácter de Juez integrante de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Cojedes, he decidido INHIBIRNE de conocer la causa identificada con el alfanumérico HP21-R-2017-000239, toda vez que de la revisión de las actuaciones que conforman la presente causa que sube a esta alzada con motivo del recurso de apelación de auto, interpuesto por el Abogado Wilfredo Alfonso López Medina, Fiscal Provisorio de la Fiscalía Octava del Ministerio Público, en contra de la decisión dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal en fecha 13 de Septiembre de 2017, a través de la cual acordó la sustitución de la medida de privación judicial preventiva de libertad por la medida de Presentación Periódica UNA (01) vez al mes, de conformidad con el numeral 3 del artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal,a favor del ciudadano CARLOS MANUEL ESTRADA QUIROZ, en la causa identificada con el alfanumérico HJ21-P-2016-000034, por la comisión del delito de SECUESTRO, en virtud de haber suscrito en fecha 15-09-2016 resolución judicial en la causa HP21-R-2016-000182 con motivo de recurso de apelación de auto, mediante la cual se acordó: “…PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación de auto interpuesto por la Abogada Ivis Sonaly Lizcano, Fiscal Auxiliar Octava del Ministerio Público. SEGUNDO: SE CONFIRMA la decisión recurrida dictada en fecha 31 de mayo de 2016 y publicado el texto íntegro en fecha 13 de junio de 2016, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, en la causa seguida en contra del acusado DIEGO ARMANDO MALUENGA FIGUEROA, por la comisión del delito de COMPLICIDAD EN EL DELITO DE SECUESTRO. TERCERO: Se fija acto de imposición para el martes 20 de septiembre de 2016 a las 10:00 a.m. Así se decide…”. Ahora bien observado como ha sido que la presente causa contentiva de recurso de apelación de auto, interpuesto por el Abogado Wilfredo Alfonso López Medina, Fiscal Provisorio de la Fiscalía Octava del Ministerio Público, recae sobre los mismos hechos, es por lo que propongo INHIBICIÓN, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 89 numeral 7 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual dispone: “…Por haber emitido opinión en la causa con conocimiento de ella, o haber intervenido como fiscal, defensor o defensora, experto o experta, intérprete o testigo, siempre que, en cualquiera de estos casos, el recusado se encuentre desempeñando el cargo de Juez o Jueza…”. En razón de lo antes expuesto, resulta ajustado a derecho INHIBIRME del conocimiento de la presente causa, ya que por disposición expresa del artículo 89 numeral 7 mencionado, constituye una razón fundada y valedera que me impide conocer de la presente causa. Solicito asimismo que sea declarada con lugar la presente inhibición, en razón de haber sido propuesta conforme al dispositivo contenido en el artículo 90 eiusdem, en relación con el artículo mencionado supra. Fórmese cuaderno separado con copia certificada de la presente acta y de la decisión que originó la presente inhibición, a los fines de que sea designado un Juez Dirimente. Es Justicia que esperamos en San Carlos, a los Veintinueve (29) días del mes de Noviembre de 2017. Años: 207° de la Independencia y 158° de la Federación. .….” (Copia Textual y cursiva de la Sala).

III
RESOLUCIÓN DE LA INHIBICIÓN

Para decidir se observa:

La inhibición, es un acto volitivo del Juez, pues considera afectada su objetividad, y siendo que la génesis de esta institución mantiene sus conocimientos en la obligación moral impuesta por la ley que tiene el juez o funcionario judicial de separarse del proceso cuando en el existan causas o motivos que éste considere que comprometan su imparcialidad. Teniendo como norte el respeto que debe tener al cargo que desempeña, la consideración con las partes involucradas en el litigio y así él mismo.

Al respecto, sostiene el Autor Moreno Brandt Carlos E., “El Proceso Penal Venezolano”, Editores Hermanos Vadell, Caracas-Venezuela, Año 2004, lo siguiente:

“…Definimos entonces la inhibición como la obligación que tiene el Juez que conozca que por su especial vinculación con las personas o con los hechos del proceso existe en su persona alguna causa de recusación, a declararla sin aguardar a que se le recuse, conforme se lo impone el art. 87 ejusdem, cuya norma le impone igualmente el deber de hacerlo si son recusados y estiman procedente la causal invocada. Agregando que contra la inhibición no habrá recurso alguno. De acuerdo pues a la citada disposición, la inhibición puede ser clasificada en espontánea, cuando el juez motus-propio, es decir, de manera voluntaria, se separa del conocimiento del caso por existir una causa de recusación en su contra, y provocada, cuando adopta tal conducta después de haber sido recusado…”.

Así las cosas, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, ha dejado asentado en Sentencia de fecha 13 de diciembre de 2004, con ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán, en Sentencia N° 2917:

“…esta Sala debe reiterar que la figura de la inhibición es producto de una manifestación volitiva del decidor, ya que sólo éste es capaz de conocer si, efectivamente, es su persona existe algún motivo que pueda comprometer su imparcialidad. Así lo reconoce nuestra legislación que obliga al funcionario judicial a separarse de la causa, cuando encuentre que en su persona existe una causal de recusación (artículos 84 del Código de Procedimiento Civil y 87 del Código Orgánico Procesal Penal)… (Negrillas añadidas).

Por lo que el derecho a un proceso con todas las garantías, incluye necesariamente la imparcialidad objetiva del juzgador, lo cual garantizará una verdadera justicia equitativa. En total comprensión con lo antes señalado, encontramos que el jurista TOMAS GUI MORI, en su obra: Jurisprudencia Constitucional 1981 -1995, Estudio y reseña completa de las primeras 3052 sentencias del TC. Editorial Civitas, S.A Madrid, 1997, Pág 369.

“…El derecho a un Juez imparcial, según reiterada doctrina del TC siguiendo la del TEDH (caso de Cubre y Piersack), constituye una garantía fundamental de la Administración de Justicia de un Estado de Derecho, inherente a los derechos fundamentales al Juez Legal y a un proceso con todas las garantías, salvaguardando su neutralidad no sólo en los aspectos subjetivos sino también en los objetivos, referidos éstos a la vinculación que haya podido tener con la materia objeto del proceso, especial intensidad cuando la misma persona fue juzgador de instancia y órgano revisor de lo entonces resuelto…”

Por otra parte, la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, ha dejado asentado en Sentencia de fecha 11 de febrero de 2003, con ponencia del Magistrado Levis Ignacio Zerpa, expediente N° 2002-0894:

“La inhibición es un deber y un acto procesal del juez, mediante el cual decide separarse voluntariamente del conocimiento de una causa, por considerar que existe una vinculación entre su persona y las partes procesales, que en forma suficiente sea capaz de comprometer su imparcialidad para juzgar, y siendo que estos conflictos afectan la autoridad del juez en las atribuciones que les conciernen para el conocimiento de determinados casos, menoscaban la persona del sentenciador y comprometen su imparcialidad.”

Mantener la imparcialidad en un proceso judicial, es una de las fundamentales obligaciones de un Juez, motivo este por el cual al estar en presencia de cualquier sospecha, diferencia, desconfianza, temor o simple conjetura que pueda hacer dudar de la imparcialidad del juez, quien debe ser un probo representante de la dignidad investido de la autoridad decisoria de sus similares, por lo que la función del juez debe contar con la más absoluta independencia moral.

Ahora bien, esta Juzgadora considera que la inhibición planteada por el ABOGADO GABRIEL ESPAÑA GUILLÉN Juez Integrante de esta Corte de Apelaciones, se encuentra ajustada a derecho, pues a claras luces resulta evidente la circunstancia alegada por el referido Juez, ya que de la revisión de las actuaciones que conforman la presente causa que sube contentiva del recurso de apelación de auto interpuesto por el Abogado Wilfredo Alfonso López Medina, Fiscal Provisorio Octavo del Ministerio Público, guarda relación con el asunto principal N° HJ21-P-2016-000034 la presente inhibición obedece al hecho de haber conocido como Juez de la Corte de Apelaciones, por cuanto en fecha 15 de Septiembre de 2016, el juez GABRIEL ESPAÑA GUILLÉN emitió pronunciamiento en el asunto N° HP21-R-2016-000182 (nomenclatura interna de la Corte), el cual guarda relación con el asunto principal antes referido, con motivo del recurso de apelación de auto mediante la cual se acordó en esa oportunidad declarar: “...PRIMERO: DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación de auto interpuesto por la Abogada Ivis Sonaly Lizcano, Fiscal Auxiliar Octava del Ministerio Público. SEGUNDO: SE CONFIRMA la decisión recurrida dictada en fecha 31 de mayo de 2016 y publicado el texto íntegro en fecha 13 de junio de 2016, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Funciones de Control de este Circuito Judicial Penal, en la causa seguida en contra del acusado DIEGO ARMANDO MALUENGA FIGUEROA, por la comisión del delito de COMPLICIDAD EN EL DELITO DE SECUESTRO. TERCERO: Se fija acto de imposición para el martes 20 de septiembre de 2016 a las 10:00 a.m. Así se decide.…”

Siendo además, como fueren invocados por el juez inhibido los artículos siguientes:

El artículo 89 numeral 7 del Código Orgánico Procesal Penal, establece lo siguiente:

“…Los jueces y juezas, los o las fiscales del Ministerio Público, secretarios o secretarias, expertos o expertas e intérpretes, y cualesquiera otros funcionarios o funcionarias del Poder Judicial, pueden ser recusados o recusadas por las causales siguientes:

7. Por haber emitido opinión en la causa con conocimiento de ella, o haber intervenido como fiscal, defensor o defensora, experto o experta, intérprete o testigo, siempre que, en cualquiera de estos casos, el recusado se encuentre desempeñando el cargo como Juez o Jueza...”. (Copia textual).

Al respecto establece el artículo 90 del Código Orgánico Procesal Penal, lo siguiente:

“…Los funcionarios o funcionarias a quienes sean aplicables cualesquiera de las causales señaladas en el artículo anterior deberán inhibirse del conocimiento del asunto sin esperar a que se les recuse.
Igualmente lo harán si son recusados o recusadas y estimen procedente la causal invocada…” (Copia textual).

En consecuencia es de hacer notar, que la imparcialidad de los Juzgadores está determinada por el hecho que no existan en su conducta situaciones que comprometan o puedan comprometer la probidad y la objetividad de su fallo. En el Derecho Procesal se determina la imparcialidad del Juzgador, mediante diversas causales, de inhibición o recusación, que constituyen un conjunto de situaciones hipotéticas, que comprometen la parcialidad de aquel funcionario judicial actuante en una causa. Por consiguiente, siendo la inhibición el derecho que asiste al funcionario judicial, de separarse del conocimiento de aquellas causas, en las cuales se vea comprometida su imparcialidad u objetividad, y por ende, constituyendo un deber u obligación de mantener la sana y cabal administración de justicia, con el debido respeto de la garantía de ser juzgado por un Juez imparcial y el debido proceso, establecido en nuestra Ley Penal Adjetiva y Tratados Internacionales, y toda vez, que los funcionarios judiciales comprendidos en cualquiera de los casos que expresa el artículo 89 ejusdem, se deben inhibir del conocimiento del asunto, sin esperar que los recusen, es por lo que resulta procedente y ajustado a derecho, declarar CON LUGAR la inhibición propuesta por el ABOGADO GABRIEL ESPAÑA GUILLÉN Juez Integrante de esta Corte de Apelaciones, de conformidad con lo establecido en los artículos 89 numeral 7 y 90 ambos del Código Orgánico Procesal Penal. En consecuencia, se aparta del conocimiento de este asunto al Juez antes mencionado.

En virtud de la declaratoria anterior se ACUERDA convocar a un Juez Suplente de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, para que en el orden de su elección y conforme a la lista emanada de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, colegiadamente conozca del asunto planteado signado bajo el alfanumérico HP21-R-2017-000239, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ofíciese lo conducente. Cúmplase lo ordenado. ASÍ SE DECLARA.

IV
DISPOSITIVA

Por las razones antes expuestas, quien suscribe procediendo con el carácter de Jueza Dirimente de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: Se declara CON LUGAR la Inhibición propuesta por el ABOGADO GABRIEL ESPAÑA GUILLÉN Juez Integrante de esta Corte de Apelaciones, de conformidad con lo establecido en los artículos 89 numeral 7 y 90, ambos del Código Orgánico Procesal Penal. En consecuencia, se aparta del conocimiento del asunto HP21-R-2017-000239 el Juez antes mencionado. SEGUNDO: SE ACUERDA convocar a un Juez Suplente de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, para que en el orden de su elección y conforme a la lista emanada de la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, colegiadamente conozca del asunto planteado signado bajo el alfanumérico HP21-R-2017-000239, todo de conformidad con lo establecido en el artículo 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ofíciese lo conducente. Cúmplase lo ordenado. ASÍ SE DECLARA.

Publíquese, regístrese, diarícese y comuníquese lo conducente. Déjese copia autorizada.
Dada, firmada y sellada, en la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Cojedes, en San Carlos, a los Seis (06) días del mes de Diciembre de Dos mil Diecisiete (2017). Años 207º de la Independencia y 158º de la Federación.



MARÍA MERCEDES OCHOA
JUEZA DIRIMENTE


LUZ MARINA GUTIÉRREZ
SECRETARIA

La anterior decisión se publicó en la fecha indicada siendo las 11:08 horas de la mañana.


LUZ MARINA GUTIÉRREZ
SECRETARIA



MMO/lmg/Jm.-