TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA.
PODER JUDICIAL.

JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO COJEDES.
Años: 206º y 157º.-

I.- Identificación de las partes, la causa y la decisión.-
Demandante: Antonio Rafael Pérez Pereira, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad número V.14.325.944, y domiciliado en la ciudad de Acarigua estado Portuguesa.
Apoderados judiciales: Elton Leonides Cáceres Fernández, Reynaldo Mujica Mendoza y Raúl Jesús Lara Colmenares, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad con los Nros. V- 16.157.558. 16.425.858 y V- 3.517.159, abogados en ejercicio, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado (Inpreabogado) bajo los números 111.351, 122.321 y 134.444, con domicilio procesal en la calle Manrique cruce con Salias, edificio primavera, primer piso, oficinas Nº 2 y 4, de la ciudad de San Carlos estado Cojedes.-

Demandado: Instituto de Desarrollo Habitacional Urbano y Rural (INDHUR) del estado Cojedes, en la persona de su representante legal Nathalie Peña.

Motivo: Retardo Perjudicial.
Sentencia: Perención Anual de la Instancia (Interlocutoria con fuerza definitiva).
Expediente Nº 5597.-

II.- Recorrido procesal de la causa.-
Se inició el presente juicio mediante demanda incoada en fecha doce (12) de agosto del año 2013, por el ciudadano Antonio Rafael Pérez Pereira, asistido por el abogado Elton Leonides Cáceres Fernández, contra el ciudadano Instituto de Desarrollo Habitacional Urbano y Rural (INDHUR), en la persona de su representante legal Nathalie Peña, todos identificados en autos y previa distribución de causas, correspondió su conocimiento a este Juzgado. Por auto de fecha trece (13) de agosto del año 2013, se le dio entrada a la demanda, anotándose en el libro respectivo, bajo el Nº 5597.
En fecha veinticinco (25) de septiembre del año 2013, el Tribunal dicto sentencia interlocutoria declarando:
PRIMERO: Su Competencia para conocer de la presente demanda incoada por el ciudadano Antonio Rafael Pérez Pereira, asistido por el abogado Elton Leonides Cáceres Fernández, contra el Instituto de Desarrollo Habitacional Urbano y Rural (INDHUR), del estado Cojedes.
SEGUNDO: ADMITE la presente demanda incoada por el ciudadano Antonio Rafael Pérez Pereira, asistido por el abogado Elton Leonides Cáceres Fernández, contra el Instituto de Desarrollo Habitacional Urbano y Rural (INDHUR), del estado Cojedes.
TERCERO: Se ORDENA la citación del Instituto de Desarrollo Habitacional Urbano y Rural (INDHUR), del estado Cojedes, en la persona de su representante legal Nathalie Peña, para que asista al acto de nombramiento de expertos, el segundo (2º) día de despacho siguiente a que conste en autos la última de las citaciones, a las diez (10: 00 a.m) de la mañana, conforme a lo establecido en los artículos 1422 y siguientes del Código Civil en concordancia con los artículos 452, 453 y 454 del Código de Procedimiento Civil.
CUARTO: Se ORDENA la citación del Instituto de Desarrollo Habitacional Urbano y Rural (INDHUR), del estado Cojedes, en la persona de su representante legal Nathalie Peña, para que presencie la inspección judicial a llevarse a cabo por este Tribunal en el lugar indicado en el libelo de la demanda, el tercer (3º) día de despacho siguiente a que conste en autos la última de las citaciones, a las diez (10:00 a.m) conforme a lo establecido en el artículo 1428 y siguientes del Código Civil en concordancia con el artículo 472 y siguientes del Código de Procedimiento Civil.
QUINTO: CITESE mediante oficio, acompañado de copia certificada de todo el expediente, ala ciudadana Dra. Marle García, en su carácter de Procuradora General del estado Cojedes.…
En la misma fecha se libro orden de comparecencia junto con recibo y oficio Nº 05-343-262-2013, dirigido a la Procuraduría General del estado Cojedes.
En fecha veintinueve (29) de octubre del año 2013, mediante diligencia suscrita por el ciudadano Antonio Rafael Pérez Pereira, asistido por el abogado Elton Leonides Cáceres Fernández, le otorgo poder Apud Acta al precitado profesional del derecho y así como a los abogados Reinaldo Mujica Mendoza y Raúl Jesús Lara Colmenares, a quienes, el Tribunal por auto de la misma fecha acordó tenerlos como apoderados judiciales del demandante de autos.
Mediante diligencia de fecha veintinueve (29) de octubre del año 2013, compareció el ciudadano Antonio Rafael Pérez Pereira, asistido por el abogado Elton Leonides Cáceres Fernández, consignó los emolumentos a los fines de practicar la citación de la demandada, la cual fue acordada por auto de fecha treinta y uno (31) de octubre del año 2013.
En fecha trece (13) de enero del año 2014, compareció el alguacil Titular Denison Infante, consignando el recibo debidamente firmado por la ciudadana Nathalie Peña, en su carácter de representante Legal del Instituto de Desarrollo Habitacional Urbano y Rural (INDHUR). Asimismo en esta misma fecha hizo constar que el oficio Nº 05-343-262-2013, dirigido a la Procuraduría General del estado Cojedes, fue entregado en la Oficina correspondiente y recibido por la ciudadana Lolimar Núñez.
Por escrito presentado en fecha catorce (14) de enero del año 2014, el abogado Elton Leonides Cáceres Fernández, en su condición de apoderado judicial de la parte demandante, solicito prorroga para el nombramiento de expertos y para la práctica de la inspección, el cual fue agregado a las actas en la misma fecha.
El día dieciséis (16) de enero del año 2014, oportunidad para que tuviera lugar la práctica de la inspección judicial acordada en sentencia de fecha veinticinco (25) de septiembre del año 2013, se dejo constancia que la parte ejecutante no compareció ni por si, ni por medio de apoderado alguno.
Por auto de fecha diecisiete (17) de enero del año 2014, visto el escrito por el abogado Elton Leonides Cáceres Fernández, en su carácter de autos, el Tribunal instó a la parte interesada manifestar las fechas para el nombramiento de expertos y práctica de la inspección Judicial solicitada.
Mediante diligencia de fecha veintidós (22) de septiembre del año 2014, compareció el abogado Ramón Solórzano Ruíz, en su carácter de autos, solicitó expedir las copias simples, el cual fue acordado por auto de fecha veintinueve (29) de septiembre del año 2014.
III.- Consideraciones para decidir acerca de la perención de la instancia.-
Ora, observa este jurisdicente que la presente causa se encuentra paralizada desde el día diecisiete (17) de enero del año 2014, por lo que este sentenciador visualiza desde ya que operó la perención de la instancia, no obstante, previo su pronunciamiento acerca de la declaratoria de extinción de la instancia por perención, debe este Órgano Subjetivo Judicial Pro Tempore Ex Necesse (Por el tiempo que sea necesario), realizar las siguientes consideraciones doctrinarias y legales acerca de esa institución, realizando un análisis acerca de los orígenes históricos de esta figura jurídica encontramos al jurista patrio oriundo del estado Cojedes Dr. Arminio Borjas, quien en sus comentarios al Código de Procedimiento Civil de 1916 (T.II., 1973; pp.239-241) indicaba lo siguiente:
Tanto en los antiguos como en los modernos tiempos, ha sido reconocida la necesidad de evitar que los litigios se prolonguen indefinidamente y que perdure así la incertidumbre respecto del dominio y de los demás derechos que tiene el hombre sobre las cosas. La negligencia de las partes en agitar el curso de los procesos y la de los Jueces de dictar las decisiones que les pongan término, han sido siempre parte que ese estado anormal de las relaciones humanas, pues no otra cosa son las controversias judiciales, se alargue en el tiempo y se agrave con él, ahondando divisiones y resentimientos.
Se ha debatido entre los eruditos en la materia si en las legislaciones de la edad antigua era conocida la institución de la perención, tal como existe en el Derecho de nuestros días, es decir, si en aquéllas consistía, como en éste, en la extinción de la instancia a causa del abandono en que las partes dejan el juicio, por no ejecutar durante determinado tiempo acto alguno de procedimiento.
En Roma, bajo el imperio del sistema formulario, los judicia legitima, es decir, los juicios que se ventilaban entre ciudadanos romanos, en el propio recinto de la urbe capitolina o dentro del perímetro de una milla alrededor de sus murallas, competían al conocimiento de Jueces romanos de duración permanente, y en ellos la instancia subsistía mientras no llegase, más o menos tardíamente, a dictar la sentencia definitiva. Pero la Lex Julia judiciorum privatorum dispuso que, transcurrido que fuese un año y medio después de promovido el juicio, sin que hubiere recaído dicho fallo, la instancia debía quedar extinguida de pleno derecho, y no podría ser intentada nuevamente. Respecto de todos los demás juicios, llamados judicia quae imperio continentur, porque estaban fundados en la potestad jurisdiccional del Pretor, y cuyo conocimiento competía al Juez designado al efecto por éste, se extinguía al cesar los poderes anuales de dicho Magistrado tamdiu valent quandiù, is, qui ea praecepit, imperium habebit. No era el hecho de que el Juez o de la parte la que hacia cesar la instancia, y por ello ésta podía ser instaurada nuevamente obteniéndose para el mismo negocio otra formula del nuevo Magistrado.
Cuando el sistema de la cognitio extraordinaria sustituyó completamente al formulario, todos los juicios se hicieron imperio continentia, y dejó de tener aplicación la lex Julia; pero como al mismo tiempo los Magistrados, aunque elegidos anualmente, se convirtieron casi en vitalicios, el límite de la instancia no quedó, como antes, circunscrito a la duración anual de los poderes de aquél, y las causas todas pudieron caer en indefinida paralización por culpa de los litigantes, sin que por ello se extinguiesen la instancia ni el derecho de volverla a proponer. Para remediar tal estado de las cosas, dictó Justiniano su Constitución Properandum, que pasó a ser en el Códex la ley 13 del Titulo De judiciis, con la cual, para evitar que los litigios se hiciesen eternos, durando más que la vida del hombre, se ordenó que fuesen indefectiblemente sentenciados dentro de tres años después de su comienzo: non ultra trienni metas, post litem contestatam, esse protrahendas. Los jueces debían allanar todos los obstáculos que se opusieran a ello, y si el actor, llamado por tres veces durante los seis últimos meses del trienio, dejaba de comparecer, debían dictar el fallo con los recaudos, aún insuficientes, que tuvieran a mano, y hasta podían absolver de la instancia al demandado, condenando en las costas al demandante, non solum parten fugientem observatione judicii relaxare, sed etiam in omnes expensas eam condemnare.
Es evidente que la ley Properandum no instituía la genuina perención de la instancia, y, limitándose a fijar un lapso de tres años de actividad procesal que no debía ser excedido para la definición del litigio por sentencia, no determinaba qué efectos producía el transcurso de ese lapso sin que el pleito estuviere sentenciado, al paso que la perención actual extingue la instancia si, durante un tiempo determinado, llega a cesar completamente la actividad del proceso, aunque ello no obsta a que las partes, interrumpiendo ese término cada vez que esté a punto de vencerse, impidan que se consuma la extinción de la instancia y logren hacer interminable el estado de paralización procesal.
En el Derecho canónico y las legislaciones medievales se imitó la expresada Constitución de Justiniano, con ligeras variantes relativas al lapso que ella fijaba; pero como en las antiguas Ordenanzas francesas el transcurso del lapso de inactividad procesal, que al principio fue de un año y se elevó hasta tres posteriormente, extinguía la instancia, y aun se llegó a establecer que la instancia perimida debía tenerse por no intentada y sin virtualidad bastante para interrumpir la prescripción que estuviere corriendo, los expositores, al sondear los orígenes de la moderna perención, sostienen diferentes pareceres, atribuyéndoles unos al Derecho romano anterior a Justiniano, otros a la Constitución Properandum y otros al antiguo Derecho francés, a jure verè gallico.
Ciertamente, aun cuando el verdadero origen de la Perención es debatido por la Doctrina, lo cierto es, que nuestro Código de Procedimiento Civil de 1916 en su artículo 201 acogió como lapso de Perención para la extinción de la instancia el de los tres (3) años, reformando el término de cuatro (4) que había sido establecido en nuestra norma adjetiva procesal desde el código de 1873 y sucesivamente reiterado en los códigos de 1880, 1897 y 1904. Nuestro vigente Código de Procedimiento Civil de 1986 modificó nuevamente el lapso de perención y lo redujo a un (1) año e introdujo además como una novedad inexistente hasta el momento, que la inactividad del juez después de vista la causa no produce tal perención, estableciendo en su Libro Primero, Capítulo IV, artículo 267 que “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención”. Así lo establece.-
Aunada a la perención por inactividad de las partes por más de un (1) año cuando tenían la carga de ejecutar algún acto de procedimiento, nuestra norma adjetiva Civil agregó otras tres (3) formas novedosas y distintas a la inactividad anual de extinguir la instancia, las dos (2) primeras por inactividad del demandante por más de treinta (30) días continuos al momento de cumplir con su obligación de impulsar la citación del demandado, en el primer caso, una vez admitida la demanda y en el otro, una vez reformada la demanda antes de la citación; y un tercer caso, cuando suspendido el proceso por muerte de alguno de los litigantes o por haber perdido el carácter con que obraba, los interesados dejasen transcurrir más de seis (6) meses sin realizar las gestiones legales para su continuación o prosecución, indicando el citado artículo 267 del Código de Procedimiento Civil en sus apartes lo siguiente:
También se extingue la instancia:
1º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.
2º Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de la reforma de la demanda, hecha antes de la citación, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado.
3º Cuando dentro del término de seis meses contados desde la suspensión del proceso por la muerte de alguno de los litigantes o por haber perdido el carácter con que obraba, los interesados no hubieren gestionado la continuación de la causa, ni dado cumplimiento a las obligaciones que la ley les impone para proseguirla.
Agrega que la indicada institución opera de pleno derecho, precisando el artículo 269 del texto adjetivo civil venezolano vigente que “La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente”. Así se precisa.-
En ese orden de ideas, según el autor patrio Ricardo Henríquez La Roche en su obra Código de Procedimiento Civil (T.II, 2004; pp.344-346), al referirse a la perención indica:
Un proceso puede extinguirse anormalmente, n o por actos, sino por omisión de las partes. Perención (de perimire, destruir) de la instancia es la extinción del proceso que se produce por su paralización durante un año, en el que no se realiza acto de impulso procesal alguno. La perención es el correctivo legal a la crisis de actividad que supone la detención prolongada del proceso. Toda paralización contiene el germen de la extinción de la instancia, que puede llegar o no a producirse según se den o no las condiciones legales que la determinan.
…
El fundamento del instituto de la perención de la instancia reside en dos distintos motivos: de un lado, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso (elemento subjetivo) y de otro, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos para ahorrar a los jueces deberes de cargo innecesarios. <> (cfr. CHIOVENDA, JOSÉ: Principios…, II p.428).
La perención constituye un expediente práctico sancionatorio de la conducta omisiva de las partes que propende a garantizar el desenvolvimiento del proceso hasta su meta natural que es la sentencia, entendida como el acto procesal que dirime el conflicto de intereses (uti singulis) y cumple adicionalmente la función publica de asegurar la necesaria continuidad del derecho objetivo (uti civis), declarando su contenido y haciéndolo cumplir.
El interés procesal está llamado a operar como estimulo permanente del proceso. Si bien la demanda es ocasión propicia para activar la función jurisdiccional, no se puede tolerar la libertad desmedida de prolongar al antojo o reducir la dinámica del juicio a un punto muerto. La función pública del proceso (cfr comentario al Art. 14)-sic- exige que éste, una vez iniciado, se desenvuelva rápidamente, hasta su meta natural que es la sentencia.
Por ello, el juez puede denunciar de oficio y a su arbitrio la perención de la instancia. Pero esta potestad del juez tiene dos límites, a saber: a) cuando las partes están de acuerdo en continuar el juicio, pues el interés público no reside en la caducidad del proceso sino en la pendencia indefinida; luego, si hay garantía de que el proceso continuará, porque así lo desean ambas partes de consuno-sic-, el juez no debería declarar extinguido el proceso aunque ya haya pasado el año de inactividad. B) El interés público en la perención de la instancia no significa que no exista un momento preclusivo para la perención de la instancia en lo que a las partes se refiere. Si uno de los litigantes actúa en el proceso después de un año de inactividad, sin solicitar la perención, se apropia de los efectos de la pendencia de la litis y por tanto revalida tácitamente el proceso (Art. 213); por lo que no habría deber en el juez de atender positivamente la solicitud de perención que ese litigante haga posteriormente. Por eso creemos que no es del todo exacto el criterio sustentado por la Corte en Sentencia 16-3-89 (Pierre Tapia, O.: ob. Cit. Nº 3, p.94) transcrita abajo.
En base a tales asertos, podemos con plena certeza concluir, que nuestro legislador concibió distintas formas de extinguir la instancia por perención, como sanción establecida a la inactividad de las partes, instituyendo como norma general en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, la Perención Anual (Encabezado de la norma); y en los apartes, las perenciones breves de treinta (30) días (ordinales 1º y 2º) y la de sesenta (60) días (ordinal 3º); todas ellas como causales de extinción de la instancia por inactividad de la parte demandante en los apartes 1º y 2º y de ambas en el encabezado y 3º aparte que le corresponde impulsar el proceso, la cual trae como consecuencia la sanción de no poder interponer nuevamente la demanda pasados que sean noventa (90) días de declarada tal perención de la instancia, como sanción a esta falta de diligencia. Así se analiza.-
Ahora bien, no existiendo en el caso de marras actuación alguna por parte de la demandante desde el día diecisiete (17) de enero del año 2014, fecha en que el Tribunal insto a la parte interesada para que manifestara las fechas para el nombramiento de expertos y práctica de la inspección judicial solicitada, evidenciándose de actas que ha transcurrido más de un (1) año calendario, sin incluir el periodo correspondiente a vacaciones judiciales comprendidos entre los días veinticuatro (24) de diciembre de los años 2014 y 2015 al seis (6) de enero de los años 2015 y 2016, ambas fechas inclusive y al receso judicial, incluyendo los días desde el quince (15) de agosto al quince (15) de septiembre de los años 2014, 2015 y 2016, ambas fechas inclusive, sin que la actora haya realizado algún acto tendente a impulsar la continuación del presente juicio, obligación ésta que establece la ley como carga de la demandante y siendo que dicha falta de actuación procesal, es uno de los requisitos necesarios para la procedencia de la perención, cuya consumación es deber de la parte accionante evitar; en consecuencia, se verifica el supuesto de Perención de la Instancia (anual), como desde ya lo avizoraba este jurisdicente, por lo que forzosamente debe este Tribunal declarar extinguida la instancia en virtud de haber operado en el presente proceso la perención anual, contemplada en el encabezado del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, lo cual hará de forma expresa en la dispositiva del presente fallo. Así se establece.-
IV.- Decisión.-
Por las razones expuestas, éste Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la circunscripción judicial del estado bolivariano de Cojedes, Administrando Justicia en nombre de las ciudadanas y ciudadanos de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la Ley y conforme a derecho declara Extinguida la Instancia por haber operado la Perención (Anual) en el juicio de Retardo Perjudicial, intentado por el ciudadano Antonio Rafael Pérez Pereira, asistida por el abogado en ejercicio Elton Leonides Cáceres Fernández, en contra del Instituto de Desarrollo Habitacional (INDHUR), en la persona de su representante legal Nathalie Peña, todos identificados en actas. Así se declara.-
No hay condenatoria en costas conforme al artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.-
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión, conforme a lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.-
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la circunscripción judicial del estado Cojedes, en San Carlos de Austria, a los ocho (8) días del mes de noviembre del año dos mil dieciséis (2016). Año 206º de la Declaratoria de Independencia y 157º de la Federación.-